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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00065-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00065-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña. SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2023-00065-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de abril de 2024

Demandante: Harold Sua Montaña
Demandados: Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República, periodo 2023-2024
Rad: 11001-03-28-000-2023-00065-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00065-00
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado: MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN CUARTA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA, PERÍODO 2023-2024

Temas: Conformación de las mesas directivas de las comisiones
constitucionales permanentes y legales del Congreso de la
República. Participación de minorías

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala la demanda presentada por el señor Harold Sua Montaña, en
nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, en contra del acto de elección de la Mesa
Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la
República, periodo 2023-2024, contenido en el Acta 014 del 26 de julio de 2023
de la sesión plenaria de dicha comisión, publicada en la Gaceta del Congreso de
la República, identificada con el número 1223 de 2023.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y las pretensiones

1. En el escrito de la demanda, el actor formuló las siguientes pretensiones:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Harold Sua Montaña
Demandados: Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República, periodo 2023-2024
Rad: 11001-03-28-000-2023-00065-00

Estando establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo la procedencia de nulidad de los actos electorales o
de contenido electoral a través del medio de control de nulidad electoral, se
pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad del acto
mediante el cual fue elegida la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Senado de la República para el periodo 2023-
2024 sin aún estar efectuada su publicación en la forma prevista en el inciso 1°
del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y por la causal denominada ‘expedición irregular’ prevista en el
inciso primero del artículo 137 del mencionado código en virtud de su remisión
establecida en el inciso primero del artículo 275 de ese mismo código.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones expuso, en síntesis, los siguientes:

2. Anotó que el 26 de julio de 2023 se reunieron los integrantes de la Comisión
Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la República, según la citación
y orden del día expedidos por la Mesa Directiva del período 2022-2023, con el
objetivo de postular, elegir y posesionar a su presidente y vicepresidente para el
período 2023 – 2024.

3. Indicó que, según la Ley 1909 de 2018, el partido denominado de la U se
declaró en independencia1 al gobierno actual, según consta en la Resolución
4066 de 2023 del Consejo Nacional Electoral ─en adelante CNE─.

4. No obstante, señaló que la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del
Senado de la República eligió: i) en la presidencia de la Mesa Directiva a un
integrante del partido de la U, senador Juan Felipe Lemos Uribe 2; y ii) en la
vicepresidencia a la senadora Aida Yolanda Avella Esquivel que pertenece a «la
coalición política de voto no preferente que tuvo el mayor número de escaños

1 «Artículo 6. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno, so pena de

considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser sancionadas de oficio por
la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas deberán optar por: 1. Declararse en oposición.
2. Declararse independiente. 3. Declararse organización de gobierno […]».
2 El demandante indicó en la demanda «quienes actualmente integran la comisión cuarta

constitucional permanente del senado han elegido para la presidencia de la misma durante el
periodo 2023-2024 a uno de los ciudadanos representantes del susodicho partido conservador
como presidente […]». Se debe aclarar que el senador Juan Felipe Lemos Uribe es un integrante
del partido De la U.

2

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asignados por partido o movimiento político de acuerdo con el formulario E-26
SEN y resolución E-3332 de 2022 del Consejo Nacional Electoral».

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. Según el demandante, el acto cuya nulidad se solicita está viciado de nulidad
por estar incurso en una de las causales genéricas de nulidad del artículo 137 del
CPACA, esto es, «expedición irregular […] en virtud de su remisión establecida
en el inciso primero del artículo 275 de ese mismo código»; e infracción de las
normas en las que debía fundarse el acto, particularmente, del i) «[E]l inciso
primero del artículo 209 de la Constitución Política en aplicación […] con el inciso
primero del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, por configuración del supuesto
previsto en el artículo 3 […] e inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992
en aplicación conjunta con el inciso final del artículo 262 constitucional por
configuración del supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley 5ª de 1992»; ii) «[E]l
artículo 6 de la Ley 3ª de 1992 interpretada sistemáticamente con los dos últimos
incisos del artículo 21 de la Ley 5ª de 1992 y artículos 59 y 60 de la Ley 4ª de
1913 en virtud del artículo 3 de la Ley 5ª de 1992».

El actor desarrolló el concepto de violación, así:

i) Indebida integración de la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Senado de la República, período 2023-2024

6. Argumentó que, conforme a la sentencia C-122 de 2011 de la Corte
Constitucional, que analizó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 40 de
la Ley 5ª de 1992, frente a la composición de la comisiones constitucionales
permanentes y comisiones legales, se pueden «generar distintas posibilidades
de composición de las mesas directivas»; por ejemplo «que una mesa esté
compuesta por un miembro del partido mayoritario y un miembro del partido
minoritario de coalición o por dos miembros de partidos minoritarios, por uno de
coalición y otro de oposición o por un miembro de un partido minoritario neutral y
por un miembro de un partido de oposición o de coalición, siempre y cuando sean
de distintos partidos o movimientos políticos», con lo que se determina el
concepto de «minorías».

7. Anotó que el déficit normativo frente a la exigencia de garantizar la
participación de partidos y movimientos minoritarios en la elección de mesas
directivas de las comisiones constitucionales y legales de los cuerpos colegiados

3

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se suple con la aplicación subsidiaria del artículo 3 de la Ley 5 de 1992, según el
cual «cuando en el presente reglamento no se encuentre disposición aplicable,
se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos
semejantes y, en su defecto, la jurisprudencia y la doctrina constitucional». Por
tanto, aludió a que es posible aplicar el inciso segundo del artículo 40 de la Ley
5ª de 1992 y el inciso final del artículo 262 de la Constitución Política, que prevén
no solo la composición, periodo y elección de los dignatarios de las mesas
directivas, sino también determina el alcance de la palabra «minorías».

8. Sostuvo que los magistrados que integran en la actualidad la Sección Quinta
del Consejo de Estado han considerado en otra oportunidad3 que el objeto de las
anteriores disposiciones es «alcanzar la representación política y democrática en
aquellas corporaciones públicas en las que los partidos políticos minoritarios no
tienen una participación significativa».

9. Señaló que «la ausencia de precepto alguno para garantizar en la elección de
presidencia de senado la imparcialidad de la función administrativa exigida por el
inciso primero del artículo 209 constitucional daría pie a aplicar en lo pertinente
la protección de la declaratoria política de independencia prevista en el inciso
primero del artículo 27 de la ley 1909 de 2018 a efectos de evitar una eventual
afectación de dicha declaratoria política con el ejercicio de tal cargo» (sic a toda
la cita).

10. Afirmó que «elegir en la presidencia de una comisión legal de Senado o
Cámara de Representantes a cualquier ciudadano congresista de un partido cuya
declaración política es de independencia afecta la imparcialidad de la función
administrativa al implicar sustancialmente una independencia cuya perseveración
corre el riesgo de fenecerse en el ejercicio del mencionado cargo».

11. Finalmente, indicó que, en la vicepresidencia de la respectiva comisión,
tampoco puede estar alguien perteneciente a la coalición política con más del
15% de la votación válida en la circunscripción nacional del Senado de la
República, «sin posibilidad de determinar cuáles de esos votos corresponden
específicamente a cada uno de esos partidos por tratarse de una lista cerrada al
punto de compartir así la fuerza electoral o músculo político obtenida (sic)».

3 Se refirió en forma concreta a la sentencia del 24 de noviembre de 2022, acumulado con los

expedientes 2022-00038-00 y 2022-00065-00 [no identificó el magistrado ponente].

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ii) La citación y orden del día para la fecha de elección de la Mesa Directiva
de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la
República fueron expedidos por una autoridad sin competencia

12. Expresó que «el artículo 10 de la Ley 5ª prescribe «[…] que los miembros de
una mesa directiva de comisión constitucional permanente la ejercen “para un
periodo de (1) año, del mismo modo como se dispone para la elección del
presidente y vicepresidente de las Cámaras”, el cual “inicia el 20 de julio” según
el inciso cuarto del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992».

13. Expuso que el artículo 80 de la Ley 5 de 1992 supedita la fijación de los
órdenes del día a las respectivas mesas directivas y, bajo tal entendimiento, el
artículo 84 ibid. precisa que las citaciones se deben hacer oportunamente, por lo
que «el competente para ello viene (sic) siendo los ciudadanos congresistas
elegidos como presidente y vicepresidentes de la legisladora (sic) donde han de
surtir efectos tales actos».

14. Aseguró que a los elegidos como presidente y vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la
República para el periodo 2022-2023 no les «compete fijar órdenes del día ni citar
a los ciudadanos representantes para fechas posteriores al año en el que dura
su permanencia en dichos cargos».

15. Advirtió que la sesión en virtud de la cual se llevó a cabo la elección
cuestionada se realizó con fundamento en una citación y orden del día expedidos
por autoridades sin competencia. Para apoyar esta afirmación, sostuvo que, al
corresponderle a la Mesa Directiva de cada legislatura establecer reuniones del
Congreso de la República en determinadas fechas dentro de su periodo, era
imperativo realizar dicha reunión en el plazo previsto en el artículo 87 de la Ley 5
de 1992, de manera armónica con las siguientes disposiciones: inciso segundo
del artículo 6 de la Ley 3 de 1992, últimos incisos del artículo 21 de la Ley 5 de
1992, y artículos 59 y 60 de la Ley 4 de 1913. Por consiguiente, la elección
demandada debió realizarse a más tardar al octavo día de instalación de las
células legislativas.

5

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1.4. Contestación de la demanda

16. La senadora Aida Yolanda Avella Esquivel se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se acreditaron los
supuestos fácticos y jurídicos que las soportan.

17. Adujo que la postulación como vicepresidenta de la Comisión Cuarta
Constitucional permanente del Senado de la República se hizo por la mayoría de
los senadores de los diferentes partidos políticos que integran la comisión, y por
votación fue elegida en ese cargo, la cual se llevó a cabo según la normativa que
rige la materia, tal como se evidencia en el Acta 014 del 26 de julio de 2023,
publicada en la Gaceta 1223 de 2023 y en el video de la transmisión de la sesión.

18. Manifestó que la citación a la sesión fue convocada por instrucciones de la
Mesa Directiva en cabeza del entonces presidente, Paulino Riascos Riascos, y
firmada por el secretario, Alfredo Rocha Rojas.

19. En cuanto al orden del día, mencionó que fue expedido por el presidente,
vicepresidenta, secretario y subsecretario de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República, el cual fue publicado en la página web
de la corporación.

20. Sostuvo que el acto de elección demandado se llevó a cabo el 26 de julio de
2023, es decir, seis días siguientes a la instalación de la legislatura el 20 de julio
de 2023, dentro de los términos establecidos en el artículo 6 de la Ley 3 de 1992.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. De la medida de suspensión provisional

21. En acápite expreso de la demanda, el actor solicitó la suspensión provisional
de los efectos del acto de elección. Sin embargo, solamente se refirió a la
elección de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Senado de la República. Se observó que nada
señaló respecto del presidente. La medida cautelar la pidió con fundamento en
que la señora Aida Yolanda Avella Esquivel no representa un partido o
movimiento político minoritario, razón por la cual no debió ser elegida para dicha
dignidad, en los términos del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992.

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22. Mediante auto del 13 de septiembre de 2023, se corrió traslado a los
demandados y al Ministerio Público de la solicitud de suspensión de los efectos
del acto acusado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley
1437 de 2011. Los senadores Juan Felipe Lemos Uribe y Aida Avella Esquivel,
así como el Ministerio Púbico, presentaron escritos en los que se pronunciaron
sobre la medida cautelar solicitada.
23. Por auto del 2 de noviembre de 2023, se negó la medida cautelar de
suspensión provisional.

1.5.2. Auto que resuelve excepciones previas, fija el litigio, decreta pruebas
y dispone dictar sentencia anticipada

24. A través de proveído del 12 de enero de 2024, se advirtió de la procedencia
de dictar sentencia anticipada, de conformidad con lo establecido en el numeral
1º del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, toda vez que se trata de un asunto
de pleno derecho y no había pruebas por practicar.

25. Por lo anterior, con el valor que les asigna la ley se decretaron como pruebas
los documentos aportados con la demanda y la contestación, y se dispuso oficiar
al Consejo Nacional Electoral para que certificara «el porcentaje de la coalición
denominada Pacto Histórico en las elecciones congregacionales 2022-2026» y
de esta manera «probar que los partidos integrantes de dicha coalición no pueden
estimarse como partidos minoritarios al obtener conjuntamente más del 15 % de
los votos válidos de la circunscripción nacional de senado», es pertinente y por
tanto la misma será decretada pues tiene relación directa con el cargo de
«indebida integración de la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República, período 2023-2024».

26. Asimismo, el litigio quedó fijado en los siguientes términos:

Considera el despacho que el litigio se contrae a determinar si debe anularse la
elección de los señores Juan Felipe Lemos Uribe y Aida Yolanda Avella Esquivel,
como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Senado de la República, contenido en el Acta 014
del 26 de julio de 2023 de la sesión plenaria de dicha comisión, publicada en la
Gaceta del Congreso de la República, identificada con el número 1223 de 2023
por transgredir las siguientes disposiciones:

i) «[E]l inciso primero del artículo 209 de la Constitución Política en aplicación […]
con el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, por configuración del

7

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supuesto previsto en el artículo 3 […] e inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5ª
de 1992 en aplicación conjunta con el inciso final del artículo 262 constitucional por
configuración del supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley 5ª de 1992».

ii) «[E]l artículo 6 de la Ley 3ª de 1992 interpretada sistemáticamente con los dos
últimos incisos del artículo 21 de la Ley 5ª de 1992 y artículos 59 y 60 de la Ley 4ª
de 1913 en virtud del artículo 3 de la Ley 5ª de 1992».

Para resolver esos aspectos suponía, entre otras cosas, establecer si el acto de
elección acusado está viciado de nulidad por las siguientes razones:

i) La sesión en la que se llevó a cabo las elecciones demandadas se realizó con
fundamento en una citación y orden del día expedidas por autoridades sin
competencia, pues a los elegidos como presidente y vicepresidente de la Mesa
Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la
República para el periodo 2022 -2023 no les correspondía «fijar órdenes del día ni
citar a los ciudadanos representantes para fechas posteriores al año en el que dura
su permanencia en dichos cargos».

ii) Las elecciones demandadas no tuvieron lugar a la semana siguiente después
de que se instaló el Congreso de la República, lo cual desconoce el artículo 6 de
la Ley 3ª de 1992, el artículo 87 de la Ley 5ª de 1992, últimos incisos del artículo
21 de la Ley 5ª de 1992 y artículos 59 y 60 de la Ley 4ª de 1913.

En efecto, el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 3ª de 1992 prevé de manera
puntual una fecha para la elección y conformación de las comisiones
constitucionales y legales. A juicio del demandante, como no existe una norma
específica que establezca el día que procede la designación de las mesas
directivas de aquellas, debe aplicarse la citada disposición para tales efectos. La
normativa en comento indica que «la elección de las Comisiones se hará a partir
de la semana siguiente de instalada la Corporación». Por lo tanto, corresponde a
los integrantes de cada comisión del congreso realizar elecciones, como la sub
judice, a cualquier hora y día a la semana posterior a la fecha en que se procedió
a instalar la respectiva célula legislativa.

iii) No se aplicó la regla subsidiaria del artículo 3 de la Ley 5ª de 1992,
específicamente la remisión al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5ª de 1992
en concordancia con el inciso final del artículo 262 de la Constitución Política, que
prevén no solo la composición, periodo y elección de los dignatarios de las mesas
directivas, sino también determina el alcance de la palabra «minorías». Por tanto,
el no reservar para los partidos políticos minoritarios, la vicepresidencia en la
referida comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5 de
1992, se transgredieron las garantías del Estatuto de Oposición.

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iv) Se afectó la participación de los partidos políticos minoritarios y la imparcialidad
de la función administrativa al elegir a un congresista para la presidencia de una
comisión constitucional permanente, cuyo partido o movimiento político tiene una
declaración de independencia, con lo que se desconoce «la imparcialidad de la
función administrativa» prevista en el artículo 209 de la Constitución Política y el
artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.

v) En la vicepresidencia de la respectiva comisión no puede estar un integrante
perteneciente a la coalición política del «Pacto Histórico» con más del 15% de la
votación válida obtenida en la circunscripción nacional del Senado de la República,
«sin posibilidad de determinar cuáles de esos votos corresponden específicamente
a cada uno de esos partidos por tratarse de una lista cerrada al punto de compartir
así la fuerza electoral o músculo político obtenida (sic)».

27. Finalmente, dispuso correr traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión por escrito, de conformidad con el artículo 181 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el numeral
1º del artículo 182 A ibidem, modificada por la Ley 2080 de 2021 y del artículo
296 de la misma codificación, y al agente del Ministerio Público para que, si a
bien lo consideraba, rindiera concepto.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Demandante

28. Alegó de conclusión en el siguiente sentido:

Respetando el ordinal primero de la sentencia proferida en el proceso 11001- 03-
28-000-2023-00068-00 dada la motivación de las notificadas al suscrito el 1 de
marzo de 2024 estando todavía pendiente de decisión la tutela interpuesta a raíz
de dicho ordinal entre otros aspectos procesales del proceso del mismo
recientemente admitida y ya ha efectuado el suscrito pronunciamiento sobre las
pruebas y excepciones surtidas en el proceso del traslado del asunto, dicho sujeto
descorre el mencionado traslado diciendo simplemente estar seguro de negar esta
corporación la nulidad pretendida al venir siendo coherente con su determinación
sobre los supuestos de hecho y derecho del proceso de dicho traslado acontecida
desde sentencia del 1 de diciembre de 2024 hasta la fecha y con ello vaciarse toda
expectativa de persuadir a través de esta actuación y las otras ya mencionadas.

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1.7.2. Juan Felipe Lemos Uribe

29. Presentó escrito de alegaciones para señalar que la elección demandada se
ajustó al reglamento interno del Congreso de la República.

30. Indicó que los integrantes de la mesa directiva saliente realizaron la
convocatoria para la elección de los nuevos miembros para el periodo 2023-2024,
función que legalmente le corresponde, pues ninguna autoridad puede
desprenderse del ejercicio de sus competencias hasta que sea debidamente
remplazada por quien deba sucederla, como lo dispone el artículo 38, numeral
18 de la Ley 1952 de 2019.

31. Expresó que el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 prevé el derecho de la
oposición para ocupar las mesas directivas de la plenaria del congreso, las
asambleas departamentales, los concejos, mas no a las comisiones
constitucionales.

32. Concluyó con la manifestación referente a que el artículo 27 de la referida Ley
1909 de 2018 no resulta aplicable a la elección acusada de ilegal, toda vez que
prevé la consecuencia jurídica de la incompatibilidad para el ejercicio de cargos
dentro del gobierno nacional.

1.7. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
los siguientes términos:

32. Los congresistas que fijaron el orden del día y citaron a la reunión del 26 de
julio de 2023 tenían la competencia para hacerlo, de conformidad con el artículo
38 de la Ley 5ª de 1992.

33. Adicionalmente, puso de presente que era imposible que dicha sesión hubiera
sido convocada y se le impartiera el orden del día por quienes fueran los
miembros de la mesa directiva para la legislatura 2023-2024 ─como lo pretende
el demandante─ toda vez que aquellos para esa fecha no habían sido elegidos,
y la finalidad de la reunión era, precisamente, adelantar el proceso de
escogencia.

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34. Advirtió que el orden del día de la sesión del 26 de julio de 2023 fue suscrito
por el secretario y la sesión fue presidida por el presidente saliente del periodo
2022-2023, por lo que la actuación de la Comisión Cuarta Constitucional se
adecuó a lo previsto en el reglamento interno del Congreso.

35. Señaló que el artículo 6º de la Ley 3ª de 1992 se refiere expresamente a la
«elección de las Comisiones», es decir, a la elección de los representantes que
integran cada una de las respectivas comisiones constitucionales permanentes,
mas no a la de las mesas directivas de estas, ya que para ese propósito la norma
aplicable es el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992, el cual establece
que «[e]n tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes y Comisiones
Legales habrá un Presidente y un Vicepresidente, elegido por mayoría cada uno
separadamente (…) y bajo el procedimiento establecido en el artículo 136 de la
misma norma». Esta última norma «no establece el límite temporal al que refiere
el hoy accionante, razón por la que no se puede señalar que hubo una elección
por fuera de tiempo».

36. Adicionó que si en caso de que se aplicara el período establecido en el
artículo 6° de la Ley 3ª de 1992, las objeciones presentadas por el demandante
tampoco se ajustarían a la prohibición contenida en dicha norma, ya que en
aquella se señaló únicamente que la elección se haría «a partir de la semana
siguiente de instalada la Corporación», es decir que se impuso un límite inicial
pero no uno final de tiempo para realizar la elección de los integrantes de la mesa
directiva.

37. En cuanto a la supuesta vulneración del inciso segundo del artículo 40 de la
Ley 5 de 1992, aseveró que la participación de las minorías aplica en las mesas
directivas de Senado y Cámara, pero no respecto de las comisiones
constitucionales permanentes.

38. Respecto de la transgresión del artículo 209 de la Constitución Política y el
artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, precisó que estas normas se refieren a la
prohibición de designar en cargos de autoridad política, civil o administrativa en
el Gobierno Nacional a algunos autoridades con unas calidades especificas al
interior de la organización que se declara en independencia, y dentro de un
periodo determinado, situación que dista de lo ocurrido en la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente, pues esta no solo no hace parte del poder ejecutivo,
sino que adicionalmente se trató de un proceso democrático al interior de ella,
que dio como resultado la elección que se censura.

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39. En este orden de ideas, aseguró que se deben negar las pretensiones de
nulidad del acto de elección de la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
Constitucional Permanente del Senado de la República, por cuanto i) la sesión
del 26 de julio de 2023 fue citada, presidida y se fijó el orden del día por
autoridades con competencia para tal fin; ii) dicha sesión no fue extemporánea;
y iii) no se trasgredió la protección de la declaratoria de independencia.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

40. La Sala es competente para decidir en única instancia la presente demanda
de nulidad electoral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
149 de la Ley 1437 de 20114, modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación5.

2.2. Cuestión previa

41. El 5 de marzo de 2024, el demandante durante la etapa de traslado de
alegatos de conclusión afirmó «estar seguro de negar esta corporación la nulidad
pretendida al venir siendo coherente con su determinación sobre los supuestos
de hecho y derecho del proceso de dicho traslado acontecida desde sentencia

4 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.
<Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y
transición normativa en el artículo 86. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los
siguientes asuntos: (…)
De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus
Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden
nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del
Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal
General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
5 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el

artículo 1° del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).
Artículo 13.- “DISTRIBUCIÓN DE LOS NEGOCIOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
Sección Quinta:
(…)
3-. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos”.

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del 1 de diciembre de 2024 hasta la fecha y con ello vaciarse toda expectativa de
persuadir a través de esta actuación y las otras ya mencionadas».

42. La Sala infiere que de la manifestación realizada por el actor subyace un
inconformismo ante una supuesta falta de objetividad de la Sección Quinta para
resolver las pretensiones de la demanda, frente a lo cual se advierte que no
estructura propiamente una recusación en el memorial de alegatos de conclusión,
por las siguientes razones: i) el demandante no identificó ninguna causal prevista
en el ordenamiento jurídico para controvertir la independencia e imparcialidad de
los funcionarios judiciales, sino que hizo alusión de manera vaga, imprecisa y
abstracta a estar seguro de que se negarán las pretensiones de la demanda, ii)
no demostró ni argumentativa ni probatoriamente su dicho y, en esa medida, no
aludió en su escrito a ninguna causal de recusación.

43. Así las cosas, por tratarse de prohibiciones que alteran excepcionalmente el
ejercicio natural de la competencia judicial y que no pueden ser objeto de
deducción por analogía ni de interpretaciones subjetivas, se concluye que no
existió una petición de recusación porque no se invocó ninguna causal en contra
de los magistrados que integran la Sección Quinta con la idoneidad de interrumpir
el conocimiento del asunto sometido a su consideración6.

2.3. El acto acusado

44. El acto cuestionado se trata de la elección de la Mesa Directiva de la Comisión
Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la República7, contenida en el
Acta 014 del 26 de julio de 2023, legislatura 2022-2026, de la sesión plenaria de
esa comisión.

2.4. Problema jurídico

45. La parte demandante sustentó su demanda en el hecho que el acto enjuiciado
se encuentra viciado de nulidad por infringir los artículos: i) 209 de la Constitución
Política; ii) 27 de la Ley 1909 de 2018, inciso primero, por configuración del
supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley 5ª de 1992; iii) 40 de la Ley 5ª de
1992, inciso segundo; iv) 4 de la Ley 649 de 2001, literales a) y b), por

6 Esta consideración se reitera de lo advertido por la Sala en la sentencia del 24 de agosto de

2023 en el proceso de nulidad electoral con radicado 11001-03-28-000-2022-00313-00.
7 Integrada por Juan Felipe Lemos Uribe y Aida Yolanda Avella Esquivel, como presidente y

vicepresidenta.

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configuración del supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley 5 de 1992 y 87 de
la Ley 5 de 1992.

46. Conforme con la fijación del litigio efectuada en providencia del 12 de enero
de 2024, corresponde a la Sala determinar:

i) Si la sesión en la que se llevó a cabo la elección demandada se realizó con
fundamento en una citación y orden del día expedidas por autoridades sin
competencia.
ii) Si se transgredió el plazo de la elección demandada, la cual no tuvo lugar la
semana siguiente después de que se instaló el Senado de la República, con lo
cual se desconoció el artículo 6 de la Ley 3 de 1992, el artículo 87 de la Ley 5 de
1992, últimos incisos del artículo 21 de la Ley 5 de 1992 y artículos 59 y 60 de la
Ley 4ª de 1913.

iii) Si se transgredió el inciso 1° del artículo 209 de la CP, en concordancia con el
inciso 1° del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.

iv) Si no se aplicó la regla de remisión del artículo 3 de la Ley 5 de 1992,
específicamente el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 en
concordancia con literales a) y b) del artículo 4 de la Ley 649 de 2001 y el inciso
final del artículo 262 de la Constitución Política.

2.5. Análisis de las censuras

47. De conformidad con la metodología adoptada, se absolverán los reproches
de la demanda, a saber:

2.5.1. Falta de competencia de la autoridad que realizó la citación y el orden
del día de la reunión en que se llevó a cabo la sesión electoral de los
miembros de la mesa directiva, periodo 2023-2024

48. El actor considera que el presidente y vicepresidenta de la Mesa Directiva de
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente, período 2022-2023, no tenían
competencia para citar y fijar el orden del día de la reunión en la que se realizó
la elección cuestionada.

49. Lo anterior, al afirmar que «el competente para ello viene (sic) siendo los
ciudadanos congresistas elegidos como presidente y vicepresidentes de la

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legisladora (sic) donde han de surtir efectos tales actos», razón por la cual indicó
que se debieron tener en cuenta los artículos 408, 809, 8410 y 8711 de la Ley 5ª de
1992.

50. Al respecto, la Sala considera que este cargo no tiene vocación de
prosperidad, de conformidad con el análisis que procede a realizar.

51. El orden del día del 26 de julio de 2023 fue suscrito y convocado por quienes
fungían como presidente y vicepresidente de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República, es decir, Paulino Riascos Riascos,
como presidente, y Laura Ester Fortich Sánchez, como vicepresidenta, elegidos
para la legislatura 2022-2023.

52. Se pone de presente que la mesa directiva 2022-2023 tenía la competencia
para citar y establecer el orden del día de la reunión en donde se elegiría al
presidente y vicepresidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente
para el periodo 2023-2024, tal y como lo establece el artículo 38 de Ley 5ª de
1992:

Artículo 38. Presidentes y secretarios provisionales. La primera sesión del
período legislativo del Senado y la Cámara de Representantes será presidida
por el respectivo Congresista que en la última legislatura hubiere cumplido
tal función; en su defecto, el vicepresidente de la misma corporación, y en último
término quien ocupe el primer lugar en el orden alfabético de los apellidos. // Como

8 «Artículo 40. Composición, período y no reelección. La Mesa Directiva de cada Cámara se

compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos separadamente para un período de
un año y a partir del 20 de julio. Las Minorías tendrán participación en las Primeras
Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento
mayoritario entre las minorías. // Ningún Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa
Directiva dentro del mismo cuatrienio constitucional. Las Mesas Directivas de las Cámaras, y de
sus Comisiones, serán renovadas cada año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y
ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.
Parágrafo. En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes y Comisiones Legales
habrá un presidente y un vicepresidente, elegido por mayoría cada uno separadamente y sin que
pertenezcan al mismo partido o movimiento político».
9 «Artículo 80. Elaboración y continuación. Las respectivas Mesas Directivas fijarán el orden del

día de las sesiones plenarias y en las Comisiones Permanentes. Cuando en una sesión no se
hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en la siguiente continuará el mismo orden
hasta su conclusión»
10 «Artículo 84. Citaciones. La citación de los Congresistas a las sesiones plenarias y a las de las

Comisiones debe hacerse expresamente por la secretaría y en oportunidad».
11 «Artículo 87. Iniciación de labor legislativa. Al día siguiente de instaladas las sesiones del

Congreso, cada una de las Cámaras se reunirán por separado en el recinto legislativo destinado
para ello, a fin de dar comienzo a su labor constitucional».

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Secretarios actuarán los Subsecretarios de las respectivas corporaciones. A falta
de éstos, el presidente de cada una de las Cámaras designara un Senador o un
Representante (ad hoc), según el caso. // Los presidentes y secretarios
provisionales cumplirán su función hasta tanto se efectúen las elecciones
correspondientes y se proceda a su posesión en los términos de ley. (se
destaca)

53. En providencias del 7 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024, la Sala
infirió de la anterior disposición lo siguiente12: i) que la primera sesión del periodo
legislativo del Senado y Cámara de Representantes es presidida por el respectivo
congresista que en la última legislatura hubiere cumplido tal función; y ii) se
entiende igualmente que la primera reunión en las comisiones constitucionales,
legales o accidentales debe ser presidida por el congresista que cumplió esa
competencia en el período anterior.

54. En ese orden de ideas, es evidente que la competencia de quien presidía la
Comisión Cuarta Constitucional Permanente 2022-2023 del Senado de la
República cesó hasta que se eligió a la mesa directiva para el periodo 2023-2024,
pues así se observa en la parte inicial del acto atacado, el cual fue clausurado
por los señores Juan Felipe Lemos Uribe y Aida Yolanda Avella Esquivel─, en
las condiciones de presidente y vicepresidenta, periodo legislativo 2023-2024:

55. Las anteriores razones conducen a afirmar: i) que la fijación del orden del día
para la sesión del 26 de julio de 2023 fue establecida por una autoridad revestida
de competencia, y ii) que no era materialmente posible que dicha sesión fuese
convocada y que se fijara el orden del día por la nueva mesa directiva 2023-2024

12
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre del 2023, rad. 11001-03-28-
000-2023-00067-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 8 de febrero de 2024, rad.
11001-03-28-000-2023-00068-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. «La Sala destaca que si bien
esta norma [artículo 38 de Ley 5ª de 1992] no menciona expresamente a las comisiones
constitucionales, legales o accidentales, de su contenido se entiende que, quien debe presidir la
primera reunión en la nueva legislatura, en la que se realizará la elección de nuevos directivos,
será quien haya ostentado esa calidad en el periodo anterior.

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─como lo reclama el demandante─, toda vez que aquellos para esa fecha no
habían sido elegidos.

56. Por otra parte, el artículo 80 del Reglamento del Congreso precisa que el
orden del día de las reuniones lo fija la mesa directiva y el artículo 84 de la misma
norma aclara que la respectiva citación la realiza la secretaría de cada
corporación.

57. El orden del día de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del
Senado de la República se suscribió por el secretario y la sesión fue presidida
por el presidente saliente del periodo 2022-2023.

58. En consecuencia, no se observa que se hubiera presentado alguna
irregularidad en cuanto a la supuesta falta de competencia para citar y fijar el
orden del día de la sesión de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del
Senado de la República en la que se realizó la elección, pues a quien le
correspondía hacerla era la mesa directiva electa para la legislatura 2022-2023.

2.5.2. Expedición irregular: la elección demandada no tuvo lugar a la
semana siguiente después de que se instaló el Senado de la República, con
lo que se desconoció el artículo 6 de la Ley 3 de 1992, el artículo 87 de la
Ley 5 de 1992, últimos incisos del artículo 21 de la Ley 5 de 1992 y artículos
59 y 60 de la Ley 4 de 1913

59. El demandante sostuvo que la reunión de elección debió hacerse en el octavo
día calendario luego de transcurrida la instalación de las células legislativas. Por
tanto, como la reunión se hizo el 26 de julio del 2023, se transgredió el artículo
87 de la Ley 5ª de 1992 y el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 3 de 1992.

60. En aras de guardar cohesión en la conformación de las decisiones judiciales
proferidas por la Sección Quinta, es pertinente manifestar que en similares
pronunciamientos13 se precisó que si bien el artículo 6º de la Ley 3ª de 1992
establece que «la elección de las comisiones se hará a partir de la semana
siguiente de instalada la Corporación», lo cierto es que dicha norma se refiere a
la conformación de esos órganos, luego no es aplicable a los supuestos de

13 En este mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de la Sección Quinta. Consejo de Estado,

Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre del 2023, rad. 11001-03-28-000-2023-00067-00.
MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 8 de febrero de 2024, rad. 11001-03-28-000-2023-
00068-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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designación de los miembros de las mesas directivas de las comisiones
constitucionales permanentes.

61. Ante el déficit de regulación normativa, el artículo 40 de la Ley 5 de 1992
dispone que las mesas directivas de las cámaras y comisiones serán renovadas
cada año y que en las comisiones habrá un presidente y vicepresidente:

Artículo 40. Composición, período y no reelección. La Mesa Directiva de cada
Cámara se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos
separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.

Las Minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas
Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario
entre las minorías.

Ningún Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del
mismo cuatrienio constitucional.
Las Mesas Directivas de las Cámaras, y de sus Comisiones, serán renovadas cada
año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros
podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.

PARÁGRAFO. En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes
y Comisiones Legales habrá un presidente y un vicepresidente, elegido por
mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político (énfasis fuera del texto).

62. Respecto al planteamiento consistente en determinar la fecha de la elección
de la mesa directiva de las comisiones, la Sección Quinta en las decisiones
citadas anteriormente ─7 de diciembre de 2023 y 8 de febrero de 2024 14─
estableció que, aunque la norma no disponga un plazo especifico, debe
entenderse que la designación se tiene que hacer en la primera reunión
convocada en cada comisión:

De la disposición transcrita se extrae que las mesas directivas tanto de las cámaras
como de sus comisiones se deben renovar cada año para la legislatura que se inicia
el 20 de julio, sin que ninguno de sus miembros pueda ser reelegido en el mismo

14 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre del 2023, rad. 11001-03-28-

000-2023-00067-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra (párrafo 2.5.2, p. 15); sentencia del 8 de
febrero de 2024, rad. 11001-03-28-000-2023-00068-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil (párrafo
106, p. 21).

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cuatrienio constitucional. Sin embargo, no establece un plazo perentorio para la
elección del presidente y vicepresidente de las comisiones.

Luego, debe entenderse que, ante la ausencia de un término legal previsto
para ello, la elección de la mesa directiva para cada legislatura debe ocurrir en
la primera sesión convocada por cada comisión. (se destaca).

63. De acuerdo con los anteriores elementos, se observa que la elección de la
Mesa Directiva de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de
la República se llevó a cabo el 26 de julio del 2023, fecha en la que se surtió la
primera reunión en la nueva legislatura y, en ese sentido, no se advierten razones
para declarar la prosperidad del cargo.

64. Tal como lo precisó esta Sala en sentencia del 8 de febrero de 2024 15, si se
aplica hipotéticamente el artículo 6 de la Ley 3 de 1992, también se alcanzaría la
misma conclusión de que no existió irregularidad, pues la elección demandada
se llevó a cabo en la semana siguiente de instalado el Congreso de la República;
dicho de otro modo, aquella ocurrió el 20 de julio del 2023 y la reunión en la que
se hizo la designación de la mesa directiva de la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República se agotó el 26 del mismo mes y año.

65. Por otra parte, el demandante trae a colación el contenido del artículo 87 de
la Ley 5 de 1992, el cual contiene:

Artículo 87. Iniciación de labor legislativa. Al día siguiente de instaladas las
sesiones del Congreso, cada una de las Cámaras se reunirán por separado en el
recinto legislativo destinado para ello, a fin de dar comienzo a su labor
constitucional.

66. De la disposición citada, es posible advertir que aquella únicamente regula el
inicio de la labor legislativa. Sin embargo, no fija una fecha para llevar a cabo la
elección de las mesas directivas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes del Senado de la República, por lo que esta norma no es aplicable
a los supuestos de hecho que convocan el caso concreto.

67. El actor también alegó que no se aplicaron los dos últimos incisos del artículo
21 de la Ley 5 de 1992; no obstante, se advierte que el artículo 21 establece las

15 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de febrero de 2024, rad. 11001-03-28-000-

2023-00068-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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fechas para citar a los congresistas para la elección del contralor general de la
República, del vicepresidente de la República en el caso de falta absoluta y a los
magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura. De igual forma, se advierte que la citada disposición no es aplicable
al caso que se analiza.

68. En conclusión, el actor no probó el cargo de expedición irregular del acto de
elección demandado y, por el contrario, se evidenció que la Ley 5 de 1992 no
reguló el aspecto concerniente al plazo para la elección de la mesa directiva de
las Comisiones Constitucionales Permanentes.

2.5.3. Infracción de normas: la elección la Comisión Cuarta Constitucional
Permanente del Senado de la República desconoció el inciso 1° del artículo
209 de la Constitución Política, en aplicación conjunta con el inciso 1° del
artículo 27 de la Ley 1909 de 2018 y el artículo 3 de la Ley 5 de 1992

69. Este reproche lo sustenta el demandante en que la elección de un congresista
como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado
de la República cuya declaración política es de independencia «afecta la
imparcialidad de la función administrativa al implicar sustancialmente una
independencia cuya preservación corre el riesgo de fenecerse en el ejercicio del
mencionado cargo ni en la vicepresidente de la misma puede estar uno
perteneciente a la coalición política con más del 15% de la votación válida en la
circunscripción nacional de senado (sic)».

70. Se debe anotar que el actor incurre en imprecisiones, pues señaló que «a
efectos de evitar una eventual afectación de su independencia en cargos
directivos» se debe aplicar el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1909 de
2018». No obstante, esta disposición determina un supuesto de salvaguarda de
las organizaciones políticas declaradas en independencia, cuya teleología
normativa es que sus integrantes no ingresen a los respectivos gobiernos
mediante ofrecimientos burocráticos.

71. Ahora, a pesar de este yerro de orden normativo, teniendo en cuenta que el
demandante para sustentar la infracción normativa parte del supuesto de la
declaración política de «independencia» del partido De la U, al que pertenece el
señor Juan Felipe Lemos Uribe, se analizará si es viable aplicar la inhabilidad
prevista en el artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, concebida para i) quienes sean
o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, gobierno y control de las

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organizaciones políticas declaradas en independencia y ii) para quienes hayan
sido candidatos a cargos de elección popular avalados por ellos, elegidos o no,
y, de serlo, si se acredita con su actuar la vulneración reclamada.

72. Para resolver el anterior planteamiento, se tiene que el artículo 6 de la Ley
1909 de 2018 prevé el deber de las colectividades de hacer su declaración
política, a saber:

Artículo 6o. Declaración política. Dentro del mes siguiente al inicio del Gobierno,
so pena de considerarse falta al régimen contenido en la Ley 1475 de 2011 y ser
sancionadas de oficio por la Autoridad Electoral, las organizaciones políticas
deberán optar por:

1. Declararse en oposición.
2. Declararse independiente.
3. Declararse organización de Gobierno.

Las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo como
presidente de la República, gobernador o alcalde se tendrán como de Gobierno o
en coalición de Gobierno. En consecuencia, mientras dure su mandato no podrán
acceder a los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas de
oposición o independientes, en la presente ley.

PARÁGRAFO. Las organizaciones políticas podrán por una sola vez y ante la
Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de
Gobierno (se destaca).

73. El artículo 27 de la Ley 1909 de 2018 dispone lo siguiente:

Artículo 27. PROTECCIÓN A LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA. No
podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el
Gobierno, ni dentro de los doce (12) meses siguientes a su retiro de la organización
política, mientras se mantenga la declaración de independencia:

a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, Gobierno,
control y administración de las organizaciones políticas declaradas en
independencia, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y
municipales.

b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos,
elegidos o no.

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Permanente del Senado de la República, periodo 2023-2024
Rad: 11001-03-28-000-2023-00065-00

74. La disposición transcrita prevé una inhabilidad para aquellos que han
pertenecido a un partido político declarado en independencia, consistente en la
imposibilidad de desempeñar cargos públicos que comporten el ejercicio de
autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, ni dentro de los doce
meses siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga
dicha declaración.

75. Cabe recordar que la declaratoria política que regula la Ley 1909 de 2018 no
puede entenderse como un derecho subjetivo de cada miembro del partido o
movimiento. Por el contrario, se erige como una decisión de la colectividad, la
cual no puede ser modificada de forma individual. Tal como se consignó
anteriormente, el artículo 6 ibidem regula el deber de las colectividades de hacer
su declaración política, a saber: i) en oposición, ii) independencia o iii) como
organización de gobierno.

76. No obstante, la Sala considera que la norma citada de inhabilidad no puede
extenderse a la elección de quienes ocupan los cargos de presidente o
vicepresidente en las mesas directivas del Congreso.

77. En ese mismo sentido se pronunció la Sala en decisiones recientes, en las
que precisó que aquellos que ocupan las mesas directivas de las comisiones no
ejercen ninguna autoridad de las descritas anteriormente y, por tanto, no aplica
la inhabilidad de la norma mencionada:

No obstante, la norma citada líneas atrás, la cual prevé una inhabilidad para
desempeñar cargos públicos de quienes han sido parte de organizaciones
declaradas en independencia al gobierno, se refiere al ejercicio de funciones que
comporten autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, es decir, en el
sector central de la rama ejecutiva del poder público. No puede trasladarse dicho
precepto normativo a la elección de quienes ocupan los cargos de presidente o
vicepresidente en las mesas directivas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes del Congreso16

78. Tal como se mencionó en las disposiciones referenciadas, se trata de
escenarios diferentes: la elección de las mesas directivas en el Congreso de la
República supone la designación de quienes dirigirán las reuniones legislativas

16 En este mismo sentido se pronunció la jurisprudencia de la Sección Quinta. V. Consejo de

Estado, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre del 2023, rad. 11001-03-28-000-2023-
00067-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 8 de febrero de 2024, rad. 11001-03-28-
000-2023-00068-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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que tienen lugar en cada una de las Cámaras y sus comisiones. De manera que,
ser designado en tales dignidades no comporta el ejercicio de autoridad política,
civil o administrativa en los términos previstos en la normativa referida.

79. Por ello, la petición del señor Harold Eduardo Sua Montaña en cuanto a que
se aplique el artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, no tiene fundamento.

2.5.4. El acto demandado se expidió en detrimento del derecho de
participación de las minorías políticas, previsto el artículo 40 de la Ley 5ª
de 1992

80. El sustento del reproche consiste en señalar que la elección de la
vicepresidenta de la Comisión Cuarta Permanente Constitucional Permanente
del Senado de la República constituye una infracción del artículo 40 de la Ley 5
de 1992, toda vez que el cargo en mención debía ser provisto con un(a)
congresista que pertenezca a un partido político o movimiento minoritario. Sin
embargo, la señora Aida Yolanda Avella Esquivel «pertenece a la coalición
política con más del 15% de la votación válida en la circunscripción nacional de
senado del cual resultado elegido sin posibilidad de determinar (sic) cuáles de
esos votos corresponden específicamente a cada uno de esos partidos por
tratarse de una lista cerrada al punto de compartir así fuerza electoral o músculo
político obtenida (sic)».

81. Ahora bien, para la integración de las mesas directivas de las comisiones
constitucionales permanentes el mismo Reglamento del Congreso prevé en el
parágrafo del artículo 40 las pautas para su elección:

Artículo 40. Composición, período y no reelección. La Mesa Directiva de cada
Cámara se compondrá de un presidente y dos vicepresidentes, elegidos
separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.

Las Minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas
Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario
entre las minorías.

Ningún Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del
mismo cuatrienio constitucional.

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Las Mesas Directivas de las Cámaras, y de sus Comisiones, serán renovadas cada
año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros
podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.

PARÁGRAFO. En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes y
Comisiones Legales habrá un presidente y un vicepresidente, elegido por
mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político. (Énfasis fuera del texto).

82. La Sección Quinta del Consejo de Estado en decisiones recientes del 5 17 y
1218 de octubre de 2023 precisó que el artículo 40 de la Ley 5 de 1992 introdujo
varios elementos relevantes a la estructura de las mesas directivas de cada
Cámara, los cuales resaltó, así: i) el factor orgánico y temporal; ii) el derecho de
participación de las minorías; iii) la prohibición de reelección y iv) la imposibilidad
de que integrantes de un mismo partido o movimiento político pertenezcan a
mesas directivas de comisiones constitucionales permanentes y legales.

83. En el curso de este proceso, en la decisión del 2 de noviembre de 2023 ─auto
que admitió la demanda y negó la suspensión provisional─, se dijo que la anterior
norma contiene varios elementos.

84. En efecto, la disposición consagra pautas para la elección de las mesas
directivas de cada cámara, las cuales se compondrán de un presidente y dos
vicepresidentes, elegidos para un periodo de un (1) año. Acto seguido, se indica
que las minorías deben tener participación en las primeras vicepresidencias de
las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes.

85. La norma prevé, además, que ningún congresista podrá ser reelegido en la
mesa directiva dentro del mismo cuatrienio constitucional. Por último, en el
parágrafo de la referida disposición, de manera específica, el legislador dispuso
una pauta especial respecto a las Comisiones Constitucionales Permanentes y
Legales: habrá un presidente y un vicepresidente, elegido por mayoría, sin que
pertenezcan al mismo partido o movimiento político.

86. De una lectura detallada de la norma es posible advertir que las mesas
directivas del Senado y la Cámara de Representantes tienen una regulación

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; auto del 5 de

octubre de 2023, rad. 03-28-000-2023-00062-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta; auto del 12 de

octubre de 2023, rad. 1001-03-28-000-2023-00061-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra (E).

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distinta a la que se prevé para las Comisiones Constitucionales Permanentes y
Legales:

87. En primer lugar, se observa que las mesas directivas de las cámaras ─baja y
alta─ se componen de manera distinta, a las de las comisiones que las integran.
Por un lado, las primeras cuentan con dos vicepresidentes a diferencia de las
comisiones en las que solo se designa a uno.

88. En segundo lugar, cuando la norma hace alusión a la participación de las
«minorías», se refiere únicamente a las mesas directivas del Senado y Cámara
de Representantes, mas no a sus comisiones. En efecto, se destaca que la
disposición bajo análisis sostiene que «las minorías tendrán participación en las
Primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y Cámara».

89. En tercer lugar, cuando la norma se refiere a la composición de las mesas
directivas de las comisiones constitucionales permanentes y legales, establece
que: i) se conforman por un presidente y un vicepresidente, ii) elegidos por
mayoría cada uno separadamente y iii) sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político.

90. De manera que el artículo 40 de la Ley 5 de 1992 no prevé la participación
de las minorías en las mesas directivas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes y Legales del Congreso. Tan solo hace referencia a dicha
intervención cuando se trata de elegir los primeros vicepresidentes del Senado y
la Cámara de Representantes. De hecho, el único requisito adjetivo que exige la
norma para la elección de la mesa directiva de las comisiones que integran el
Congreso, es que sus integrantes no pertenezcan al mismo partido o movimiento
político.

91. De conformidad con las anteriores pautas, se tiene que la mesa directiva de
la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado de la República eligió
por mayoría tanto al presidente como a la vicepresidenta, cada uno
separadamente, sin que pertenezcan al mismo movimiento político, pues como
quedó reseñado líneas atrás, el señor Juan Felipe Lemos Uribe pertenece al
partido de la U (independencia) y la señora Aida Yolanda Avella Esquivel al
partido Unión Patriótica (coalición de gobierno).

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92. No puede soslayarse que la composición de las mesas directivas de las
plenarias del Congreso, entiéndase Cámara de Representantes y Senado de la
República, es diferente a las de las comisiones.

93. Por consiguiente, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

94. Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral
promovida por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña.

SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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