Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00067-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2023-00067-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2023-00067-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de diciembre de 2023
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Germán Alcides Blanco Álvarez y otro
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00067-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2023-00067-00
Demandante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandados: GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ Y ALEJANDRO
ALBERTO VEGA PÉREZ – MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN
PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL SENADO DE
LA REPÚBLICA, PERIODO 2023-2024
Temas: Conformación de las mesas directivas de las comisiones
constitucionales y legales del Congreso de la República.
Participación de partidos políticos de oposición.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido por el
señor Harold Eduardo Sua Montaña contra el acto que declaró la elección de Germán
Alcides Blanco Álvarez y Alejandro Alberto Vega Pérez, presidente y vicepresidente
respectivamente, de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, contenido en el Acta 01 de 1° de agosto de 2023.
1. ANTECEDENTES
1.1 La demanda
El señor Harold Eduardo Sua Montaña, en nombre propio, presentó el 4 de septiembre
de 2023, demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado
en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó:
(…) se pretende entonces a través de dicho medio de control la nulidad del acto
mediante el cual fue elegida la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado 2023-2024 sin aún estar efectuada su publicación en la forma
prevista en el inciso 1° del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo y por la causal denominada ‘expedición irregular’ prevista
en el inciso primero del artículo 137 del mencionado código en virtud de su remisión
establecida en el inciso primero del artículo 275 de ese mismo código.
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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña
Demandados: Germán Alcides Blanco Álvarez y otro
Radicado: 11001-03-28-000-2023-00067-00
1.2. Hechos
Precisó que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta
personal de la red social X (antes Twitter) aseguró: «La coalición política pactada como
mayoría ha terminado en el dia (sic) de hoy por decisión de unos presidentes de
partido».
Mencionó que, al cabo de esa intervención, los partidos Conservador y de La U
modificaron su declaración política a independientes. Mientras que las agrupaciones
Liberal, Comunes y Alianza Verde permanecieron de gobierno. Por su parte, en
oposición se encuentran Verde Oxígeno, Cambio Radical y Centro Democrático según
respuesta del Consejo Nacional Electoral a un derecho de petición presentado por él.
Anotó que los senadores que integran la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República, eligieron a su mesa directiva para la legislatura 2023-
2024, en reunión realizada el 1° de agosto de 2023 en atención a la citación y orden
del día expedidos con ese propósito por quienes el 20 de julio de 2022 fueron elegidos
para ejercer esas dignidades durante la legislatura 2022-2023.
Destacó que, el senador Alejandro Alberto Vega Pérez fue elegido como
vicepresidente de la referida comisión, quien pertenece a una agrupación política cuya
declaración política continúa de gobierno en los registros del Consejo Nacional
Electoral (Partido Liberal), sin importar las declaraciones que rindió el presidente de la
República en sus redes sociales.
Comentó que, por su parte, el senador Germán Alcides Blanco Álvarez fue elegido en
dicha reunión como presidente de la mencionada comisión pese a pertenecer a uno
de los partidos o movimientos políticos cuya declaración política fue modificada a
independencia (Partido Conservador).
Expuso que dos de los tres partidos actualmente registrados en el Consejo Nacional
Electoral con declaratoria de oposición, hicieron su postulación al cargo de presidente
de la referida comisión. Mientras que, dos de las agrupaciones que continúan en la
coalición de gobierno, sugirieron como candidato para la misma dignidad, al senador
Alexander López Maya. No obstante, afirmó que la referida coalición (a través de la
senadora María José Pizarro) había acordado proponer a dicho congresista al cargo
de vicepresidente de la Comisión Primera del Senado. Por lo tanto, tal proposición no
podía ser concurrente (presidente y vicepresidente) «por instrucción de los ciudadanos
senadores integrantes de la mesa directiva de la legislatura inmediatamente anterior».
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
Sustentó que el acto de elección demandado, mediante el cual se designó a la Mesa
Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
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República, se encuentra viciado de nulidad con fundamento en las causales de
infracción de normas superiores, falta de competencia y expedición irregular.
Como fundamento de lo anterior, destacó, en resumen, lo siguiente:
1.3.1. Falta de competencia
Aseguró que la citación y el orden del día de la reunión donde fue llevada a cabo la
elección objeto de demanda, fueron expedidos por personas sin competencia para
ello. Como soporte de dicha afirmación, indicó que, al corresponderle a la mesa
directiva de cada legislatura establecer reuniones del Congreso en fechas dentro de
su periodo, era imperativo realizar la referida reunión en el término previsto en el
artículo 87 de la Ley 5 de 1992.
Expuso que el artículo 80 del Reglamento del Congreso supedita la fijación de los
órdenes del día a las respectivas mesas directivas y, el artículo 84 de esa misma
norma precisa que las citaciones se deberán hacer oportunamente, por lo que «el
competente para ello viene (sic) siendo los ciudadanos congresistas elegidos como
presidente y vicepresidentes de la legisladora (sic) donde han de surtir efectos tales
actos».
Indicó que los elegidos como presidente y vicepresidente de la mesa directiva de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, para el
periodo 2022-2023, no les «compete fijar órdenes del día ni citar a los ciudadanos
representantes para fechas posteriores al año en el que dura su permanencia en
dichos cargos». En suma, advirtió que la sesión en donde se llevó a cabo la elección
cuestionada se realizó con fundamento en una citación y orden del día expedidas por
personas sin competencia para ello.
1.3.2. Desconocimiento de la fecha que prevé la ley para llevar a cabo la elección.
Destacó que el inciso segundo del artículo 6 de la Ley 3 de 1992 prevé de manera
puntual una fecha para la elección de las comisiones. Con todo, como no existe una
norma específica que establezca el día que procede la designación de las mesas
directivas de aquellas, debe aplicarse la citada disposición para tales efectos.
Anotó que, la normativa en comento indica que: «la elección de las Comisiones se hará
a partir de la semana siguiente de instalada la Corporación». Por lo tanto, sostuvo que
corresponde a los integrantes de cada comisión del congreso realizar elecciones,
como la sub judice, a cualquier hora y día a la semana posterior a la fecha en que se
procedió a instalar la respectiva célula legislativa.
Mencionó que, no obstante, ello no ocurrió así pues la elección demandada no tuvo
lugar a la semana siguiente después de que fue instalada la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República.
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1.3.3. Desconocimiento de los artículos 18 y 27 de la Ley 1909 de 2018.
Aseguró que las postulaciones de quienes fueron elegidos en la mesa directiva de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, infringe lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 209 constitucional «en aplicación conjunta
con el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018 por configuración del
supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley 5 de 1992».
Anotó que, ante la ausencia de precepto alguno para garantizar que en la elección de
la mesa directiva de las comisiones se observe «la imparcialidad de la función
administrativa exigida por el inciso primero del artículo 209 constitucional» con
fundamento en el artículo 3 de la Ley 5 de 1992, es posible aplicar el inciso primero
del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018 a prevención de una eventual afectación de la
mencionada imparcialidad.
Afirmó que los partidos de oposición tienen derecho a participar en las mesas
directivas de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018. Tal
prerrogativa da lugar a sugerir candidatos a los cargos reservados a las minorías
dentro de las mesas directivas de las comisiones del Congreso, en los términos
previstos en la sentencia C-122 de 2011 en la que se precisó que: «teniendo en cuenta
que los partidos políticos de oposición pueden ser en determinadas ocasiones los más
vulnerables, se hace un llamado al Congreso para que cuando ocurra esta situación
se de participación en las mesas directivas a estas agrupaciones en consonancia con
los principios de pluralismo político y representatividad».
Precisó que afecta la imparcialidad de la función administrativa elegir a un congresista
para la presidencia o vicepresidencia de una comisión constitucional permanente, cuyo
partido o movimiento político tiene una declaración de independencia. También atenta
contra ese principio, proponer a un senador para presidir la comisión, cuya postulación
la hizo uno o varios partidos de oposición para evitar «verse comprometida la
declaratoria de independencia en el ejercicio del cargo». Asimismo, no reservar para
la oposición o las minorías la vicepresidencia en las referidas comisiones.
Afirmó que realizar la postulación, elección y votación de «uno de los cargos de la
mesa directiva de cualquier comisión del congreso una vez surtida la postulación,
elección y votación del restante desconoce el estar exigido en el literal 1 del artículo 2
de la ley quinta de 1992 el aplicar las normas del congreso “para impulsar eficazmente
el desarrollo de las labores de todo orden del Congreso” por cuanto de esa manera el
derecho de postulación de las bancadas del congreso completado estaría reducido a
las opciones que políticamente ocasionaría la elección surtida primero atiendo a
acuerdos previamente pactados entre los diferente partidos y movimientos políticos
como las normas han de ceñirse las postulaciones sobre todo cuando una de estas
básicamente pretende postular en uno de dichos cargos a quien otra postulado»1
1
La cita corresponde al texto original incluso con errores.
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2. Contestación de la demanda
2.1. Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República
Aclararon que quien debía presidir la primera sesión de la Comisión Primera
Constitucional Permanente, era el presidente que había sido elegido en este cargo en
la legislatura anterior. En este sentido, el senador Fabio Raúl Amín Saleme, que fungió
en dicha dignidad para el periodo 2022 – 2023, cumplió con sus funciones hasta el
momento en que se produjo la nueva elección del presidente de esa célula legislativa
y se procedió con el inmediato acto de posesión e inicio del ejercicio de las funciones
previstas en el artículo 43 de la Ley 5 de 1992.
Explicaron que el artículo 6º de la Ley 3ª de 1992, que menciona el accionante, es
aplicable cuando inicia el cuatrienio constitucional y la correspondiente plenaria
aprueba la integración de cada una de las comisiones constitucionales permanentes.
Destacaron que la elección «a partir de la semana siguiente», de cara a la citada
norma, no es un término perentorio, sino el plazo mínimo que debe transcurrir entre la
instalación del nuevo cuatrienio constitucional, la correspondiente legislatura y la
integración de las comisiones. Sin embargo, la disposición en comento no es aplicable
en el caso bajo análisis, pues se trata de la elección de la mesa directiva para la
segunda legislatura del cuatrienio constitucional 2022-2026.
Anotaron que el artículo 21 de la Ley 5 de 1992, también citado por el accionante, hace
referencia a los funcionarios elegidos por el Congreso de la República en pleno, esto
es: el contralor general de la República, el vicepresidente de la República, cuando
corresponda, los miembros del Consejo Nacional Electoral y los miembros de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Con todo, la norma específica aplicable para
la elección de los miembros de las correspondientes mesas directivas es el artículo 40
de la Ley 5 de 1992.
Resaltaron que en la sesión del 1° de agosto de 2023 se procedió, por parte de la
Comisión Primera del Senado, a la elección del presidente y vicepresidente de esta
célula legislativa, en los términos previstos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5
de 1992. Como lo menciona el propio accionante, el presidente elegido para la
legislatura 2023-2024 pertenece al Partido Conservador y el vicepresidente hace parte
del Partido Liberal.
Explicaron que al ser una facultad de la mesa directiva de la correspondiente comisión
fijar el orden del día, tal como se establece en el artículo 80 de la Ley 5 de 1992 y lo
señala el accionante, no existe ninguna circunstancia que hubiese obligado al
directorio anterior a realizar la citación para la postulación y elección de nuevos
dignatarios dentro de una fecha máxima legal establecida.
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Comentaron que, a pesar de lo confuso del último cargo planteado por el actor, se
logra interpretar que se estaría alegando una presunta vulneración de las
disposiciones legales en lo relacionado con la integración de la mesa directiva de
conformidad con lo previsto en el Estatuto de la Oposición – Ley 1909 de 2018.
Mencionaron que no es de recibo el argumento del accionante relacionado con el
desconocimiento de la protección de la declaración de independencia de que trata el
artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, al haber elegido como presidente de la Comisión
Primera del Senado de la República a un integrante de un partido bajo dicha
declaración.
Sustentaron que la protección de la declaratoria de independencia hace referencia a
cargos en el gobierno, no a dignidades dentro del Congreso de la República. El objetivo
de esta disposición, que es también aplicable a las organizaciones que se declaren en
oposición conforme lo prevé el artículo 29 de la Ley 1909 de 2018, es evitar que, a
través del ofrecimiento de cargos en el Gobierno Nacional, departamental o distrital,
según corresponda, se busque limitar el ejercicio de los derechos que corresponden a
las organizaciones políticas de oposición e independientes.
Señalaron que, en relación con la participación en las mesas directivas de las
organizaciones independientes, no se puede interpretar como un intento de limitar esta
declaración política toda vez que, no solo no son cargos en la Rama Ejecutiva, sino
que además se eligen a través del sistema de mayorías, mediante voto secreto, tal
como lo permite el artículo 133 de la Constitución y 136 de la Ley 5ª de 1992. Además,
explicaron que la participación de las organizaciones políticas de oposición en las
mesas directivas se debe garantizar en las correspondientes plenarias de conformidad
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018.
Expusieron que, con las mesas directivas de las comisiones legales y constitucionales
del Congreso, la disposición aplicable es la prevista en el artículo 40 de la Ley 5 de
1992. Sin embargo, aquella debe ser interpretada de manera armónica y sistemática
con el estatuto de la oposición y la sentencia C-018 de 2018 al ser consideradas en
«conjunto» para habilitar la participación según la representación popularmente
obtenida por cada organización política. Igualmente, con lo dispuesto en la sentencia
C-122 de 2011.
Precisaron que, aun cuando ni la norma constitucional y legal ni la jurisprudencia
establecen la obligatoriedad de la participación de la oposición en las mesas directivas
de las comisiones constitucionales, en el caso específico de la mesa directiva de la
Comisión Primera de Senado, las organizaciones de oposición, esto es, los partidos
Centro Democrático y Cambio Radical, postularon la candidatura del presidente que
resultó mayoritariamente elegido.
Resaltaron que, en ese sentido, las organizaciones políticas declaradas en oposición
al gobierno nacional con asiento en la Comisión Primera del Senado, previo respaldo
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mayoritario, definieron la elección del presidente, por lo que sí se cuenta con una
representación implícita al interior de la mesa.
Agregaron que, en el caso del vicepresidente, la postulación que obtuvo el respaldo
mayoritario la realizó uno de los partidos con declaración política de gobierno con
representación en la Comisión Primera de Senado, esto es, el Partido Liberal
Colombiano, el cual, como lo señala el accionante cuenta con una declaración política
como partido de gobierno. Es decir que, no solo la oposición, sino también la coalición
de gobierno, cuenta con representación en la mesa directiva de la Comisión Primera
Constitucional Permanente de Senado para la legislatura 2023 – 2024; hechos que
garantizan la imparcialidad a la que hace énfasis el accionante.
3. Trámite Procesal
En el curso del proceso se profirieron las siguientes providencias: i) auto del 7 de
septiembre de 2023 por medio del cual se requirió copia del acto de elección
demandado con la constancia de publicación en la Gaceta del Congreso de la
República, la comunicación y/o notificación; ii) auto del 18 de septiembre de 2023
mediante el cual se dispuso la admisión de la demanda; iii) auto del 26 de octubre de
2023 mediante el cual se decretaron las pruebas, se fijó el litigio, se dispuso el trámite
de sentencia anticipada, se corrió traslado para alegar de conclusión a las partes y,
durante el mismo término, al Ministerio Público para que rindiera concepto.
4. Alegatos de conclusión
4.1. Demandante2
Reiteró los argumentos de la demanda e insistió que el artículo 6 de la Ley 3 de 1992
sí resulta aplicable para la elección de las mesas directivas. Asimismo, reiteró que el
orden del día y su convocatoria fueron expedidos por personas sin competencia para
ello.
Comentó que la elección cuestionada no se llevó a cabo en el término legal previsto,
pues la parte demandada incluso aceptó que se hizo por fuera de aquel, a pesar de
que la parte pasiva considera que no hay un término máximo para llevarla a cabo.
Destacó que no es válido que los partidos de oposición postulen a un candidato que
pertenece a un partido cuya declaración política es independiente al gobierno, en tanto
que les correspondía solo a los integrantes de la oposición un lugar en la mesa
directiva. En todo caso, sostuvo que la vicepresidencia de la mesa directiva le
correspondía postular a los partidos políticos minoritarios, de acuerdo con la sentencia
C-122 de 2011.
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Índice 40 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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4.2. Demandados3
Dentro del término legal, el presidente y vicepresidente de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República, remitieron sus alegatos de
conclusión.
Reiteraron que no hay una fecha exacta para que se realice la elección de las
comisiones ni tampoco para que se realice la instalación y la elección de las mesas
directivas de las comisiones, como lo sugiere el demandante. Insistieron que el artículo
6 de la Ley 3 de 1993 no resulta aplicable al caso concreto.
Destacaron que, contrario a lo afirmado por el actor, el artículo 38 de la Ley 5 de 1992,
establece que, quien debía presidir la primera sesión de la Comisión Primera del
Senado de la República y quien tenía la competencia para convocar y fijar el orden del
día correspondiente, era quien había cumplido tal función en la legislatura anterior.
Señalaron que la protección de la declaratoria de independencia que indica el
accionante se refiere a cargos en el gobierno y en general en la administración, no a
dignidades dentro del Congreso de la República.
Afirmaron que resulta incorrecta la interpretación que hace el demandante del artículo
18 de la Ley 1909 de 2018. Según el actor, los integrantes de partidos de oposición
solo podrían postular miembros de sus propios partidos para la conformación de las
mesas directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de
la República, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 referido. Esta interpretación
resulta contraria al contenido especial de dicha disposición cuyo tenor literal hace
referencia únicamente a la elección de las mesas directivas de las plenarias de las
corporaciones públicas, mas no a la elección de las comisiones que se integren al
interior de dichas corporaciones. En consecuencia, los partidos políticos declarados
en oposición tienen libertad de postular para tales mesas directivas a quienes
consideren que les dan garantías de imparcialidad.
5. Concepto del Ministerio Público4
La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó a esta
Corporación negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos:
Expuso que no le asiste razón al actor, al indicar que la elección acusada estuvo
presidida y fue convocada, por personas sin competencia para ello. Así, sostuvo que,
dado que se trataba de la primera sesión de dicha comisión dentro del nuevo período
legislativo -el cual había empezado a contabilizarse desde el 20 de julio anterior - quien
debía citarla y darle su orden del día era aquel que ostentó el cargo de presidente de
3
Índice 38 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Índice 98 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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la mesa directiva dentro de la anterior legislatura, en este caso, el senador Fabio Raúl
Amín Sáleme.
Agregó que era materialmente imposible que dicha sesión fuese convocada y se le
diese su orden del día por quienes fueran los miembros de la mesa directiva para la
legislatura 2023-2024 -como lo pretende el demandante- toda vez que aquellos para
esa fecha no habían sido elegidos. Precisamente, la reunión convocada tenía como
objeto dicha elección.
Señaló que, contrario a lo sugerido por el actor, la norma aplicable para la elección de
las mesas directivas de las comisiones constitucionales y legales del Congreso es el
artículo 40 de la Ley 5 de 1992 y no el artículo 6 de la Ley 3 de 1992. En ese orden,
en la disposición que resulta aplicable no se prevé un límite temporal al que refiere el
hoy accionante, razón por la que no se puede afirmar que hubo una elección por fuera
del término legal establecido.
Sostuvo que los partidos de gobierno como los independientes - por postulación de los
de oposición- obtuvieron representación y participación en la mesa directiva de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado. Además, dicho cuerpo de
dirección hace parte de la rama legislativa y no de la ejecutiva, motivo por el cual no le
es aplicable la prohibición contenida en el artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, que trata
sobre la protección de la declaratoria de independencia, razón por la que se debe
negar el cargo.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de
las ritualidades previstas en la ley procesal y, por lo tanto, sin que obre causal de
nulidad que afecte la actuación, procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a
resolver previas las siguientes:
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sala es competente para decidir la presente demanda de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 149 de la Ley 1437 de 20115, modificado por el
artículo 24 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo
5
Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de
sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala
disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los actos de
elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema
de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo
directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la
nulidad del acto de nombramiento del Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General
de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del Vicedefensor del Pueblo.
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080 de 12 de marzo de 2019, por el cual se expide el reglamento interno de la
corporación.
2.2. Acto acusado
Acta 01 de 1° de agosto de 20236, en la que consta la elección de los señores Germán
Alcides Blanco Álvarez y Alejandro Alberto Vega Pérez, como presidente y
vicepresidente respectivamente, de la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República, periodo 2023-2024.
2.3. Problema jurídico
Tal como se estableció en el auto del 26 de octubre de 2023, el litigio se contrae a
determinar si debe anularse la elección de los señores Germán Alcides Blanco Álvarez
y Alejandro Alberto Vega Pérez, como presidente y vicepresidente, respectivamente,
de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República,
contenido en el Acta 01 de 1° de agosto de 2023.
Con tal propósito, es necesario establecer si el acto de elección acusado está viciado
de nulidad por falta de competencia, expedición irregular e infracción de normas
superiores, por cuanto: i) la sesión en donde se llevó a cabo la elección cuestionada
se realizó con fundamento en una citación y orden del día expedidas por personas sin
competencia para ello, ii) la elección demandada no tuvo lugar a la semana siguiente
después de que fue instalada la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República, lo cual desconoce el artículo 6 de la Ley 3 de 1992 y, iii) no
se observó la normativa aplicable para la conformación de las mesas directivas de las
comisiones constitucionales y legales del Congreso, en desmedro de la participación
de los partidos políticos minoritarios y/o de oposición, en contravía de «la imparcialidad
de la función administrativa» previsto en el artículo 209 constitucional y
desconocimiento del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.
De conformidad con los anteriores cuestionamientos, la Sala abordará los siguientes
ejes temáticos: i) el marco normativo de las causales genéricas de infracción de
normas superiores, falta de competencia y expedición irregular y, ii) el caso concreto.
2.4. Marco normativo: infracción de normas superiores, falta de competencia y
expedición irregular
La causal de infracción de normas superiores ha sido considerada por la jurisprudencia
del Consejo de Estado como un vicio nulidad de los actos administrativos (e igualmente
de los actos de elección) en el que se hace una contrastación formal y objetiva de la
actuación expedida en relación con normas jerárquicamente superiores. En efecto,
esta Sección se ha pronunciado puntualmente en los siguientes términos:
…para la configuración de esta causal de nulidad se debe demostrar, en primer
6 Publicada en la Gaceta del Congreso 1202 del 4 de septiembre de 2023.
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lugar, que las disposiciones que se estiman infringidas por el acto acusado,
integran el bloque normativo que le sirve de marco jurídico, es decir, que regulan
la materia en la que se inscribe su objeto y declaración de voluntad; y en segundo
lugar, que en efecto al confrontar el acto con tales normas surje (sic) su violación
por contradicción o desconocimiento. En este sentido, la Sección ha sintetizado los
principales escenarios en que se produce la infracción de norma superior, así:
(i) Falta de aplicación de la norma, situación que se presenta luego de que la
autoridad que profiere el acto ignora la existencia del presupuesto normativo, o
conociéndolo, no lo aplica en el asunto que la ocupa;
(ii) Aplicación indebida de la norma, la cual se presenta luego de que las reglas
jurídicas empleadas por la autoridad para fundar el acto, no se conforman a la
situación fáctica del caso a tratar, como consecuencia de una equivocación en la
valoración y escogencia de la disposición normativa;
(iii) Interpretación errónea de la norma, consistente en el entendimiento desatinado
del precepto o preceptos que sustentan el asunto por resolver.7
Por su parte, la falta de competencia es una causal genérica de nulidad de los actos
administrativos prevista en el artículo 137 del CPACA, la cual también puede ser
invocada en el medio de control de nulidad electoral de acuerdo con lo establecido en
el artículo 275 ibídem. La competencia, entendida como la atribución dada a los sujetos
públicos para actuar como legítimo portador de la voluntad administrativa, no solo
constituye, dentro de la dogmática jurídica, un elemento de la estructura del acto
administrativo, sino un fundamento del Estado constitucional y democrático de
derecho, en tanto que da validez y legitima la acción de las autoridades.
Sobre el particular, esta Sección ha precisado:
Este presupuesto procesal tiene sus raíces en un principio medular del Estado
demoliberal propio del siglo XVIII, producto de la revolución francesa, el principio
de legalidad, según el cual, todo acto que emane del Estado debe estar regido por
la ley y no por la voluntad o arbitrio de las personas. En nuestra Carta Política de
1991, este principio fue consagrado en varias disposiciones, como límite al
ejercicio del poder político, que busca proscribir todo tipo de actos arbitrarios o
contrarios a derecho, para garantizar la vigencia de un orden político, económico
y social justo.
Así entonces, se afirma por la doctrina y la jurisprudencia que la competencia es
un concepto que se refiere a la titularidad de una determinada potestad, la cual es
fijada por el ordenamiento jurídico, toda vez que es el propio derecho el que
prescribe el modo, forma y condiciones de producción de las normas jurídicas y su
ejercicio por parte de los órganos públicos.
Así las cosas, se tiene que, la competencia es expresa, por lo que debe estar
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 9 de
septiembre de 2021. Rad: 23001-23-33-000-2020-00004-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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prescrita en la ley, lo que implica que no se presume, ni puede deducirse por
analogía; es improrrogable, esto es, que no puede ser renunciada ni extendida,
sea por acuerdo entre particulares o entre ellos y la administración, y es
indelegable, lo que significa que las autoridades no pueden despojarse de una
atribución, sino por autorización expresa de la ley.
De observarse lo anterior, se tendrá que la competencia ejercida o atribuida se
cumplió de forma adecuada; en caso contrario, el acto jurídico producido estaría
afectado de un vicio invalidante que acarrea su nulidad8.
Finalmente, sobre la expedición irregular esta Sala Electoral ha precisado que se trata
de un vicio de nulidad de los actos que se materializa cuando se vulnera el
procedimiento determinado para la formación y expedición de un acto administrativo,
o para efectos del caso, de un acto de elección. Es decir, cuando la actuación se
adelanta con anomalías en el trámite lo que genera cuestionamientos en la forma en
la que se profirió.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de verificar la referida irregularidad, es
determinar cuál es la norma a la que el procedimiento administrativo debió ceñirse. Por
lo tanto, es necesario tener plena claridad sobre el trámite que la ley y/o la Constitución
previeron para la formación de una determinada actuación, ya que solo en esa medida
se puede examinar si se presentó o no alguna irregularidad. En suma, la causal de
nulidad por expedición irregular se configura cuando se acredita la existencia de
alguna anomalía en el proceso de formación del acto, que desconoce el trámite
previsto legal o constitucionalmente9.
2.5. Caso concreto
Como viene de explicarse, le corresponde a la Sala resolver las censuras formuladas
por el actor, lo que impone determinar si el acto de elección está viciado de nulidad
por los cargos propuestos, los cuales se abordarán individualmente así:
2.5.1 Falta de competencia de quien realizó la citación y el orden del día de la
reunión en que se llevó a cabo la elección cuestionada
El demandante sostiene que los elegidos como presidente y vicepresidente de la mesa
directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, para el periodo 2022-2023, no les «compete fijar órdenes del día ni citar a
los ciudadanos representantes para fechas posteriores al año en el que dura su
permanencia en dichos cargos». En síntesis, advirtió que la sesión en donde se llevó
a cabo la elección cuestionada se realizó con fundamento en un orden del día expedido
por personas sin competencia para ello.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 20 de
octubre de 2022. Radicado: 17001-23-33-000-2022-00005-02. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Providencia del 3 de agosto
de 2015. Radicado: 11001-03-28-000-2014-00128-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Sobre el particular, se tiene que, el orden del día para la sesión en que tuvo lugar la
elección demandada, el 1° de agosto de 2023, fue suscrito y convocado por quienes
fungían como presidente y vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República, elegidos para la legislatura 2022-2023.
Según se tiene, artículo 38 de Ley 5 de 1992 establece lo siguiente:
Artículo 38. Presidentes y Secretarios provisionales. La primera sesión del
período legislativo del Senado y la Cámara de Representantes será presidida
por el respectivo Congresista que en la última legislatura hubiere cumplido
tal función; en su defecto, el Vicepresidente de la misma corporación, y en último
término quien ocupe el primer lugar en el orden alfabético de los apellidos.
Como Secretarios actuarán los Subsecretarios de las respectivas corporaciones.
A falta de éstos, el Presidente de cada una de las Cámaras designara un Senador
o un Representante (ad hoc), según el caso.
Los presidentes y secretarios provisionales cumplirán su función hasta tanto se
efectúen las elecciones correspondientes y se proceda a su posesión en los
términos de ley. (Negrita fuera del texto)
Como se lee de la disposición transcrita, la primera sesión del periodo legislativo del
Senado y Cámara de Representantes será presidida por el respectivo congresista que
en la última legislatura hubiere cumplido tal función. Aun cuando la norma no se refiere
expresamente a las comisiones constitucionales, legales o accidentales, se entiende
igualmente que, quien debe presidir la primera reunión, en la que procede la elección
de nuevos directivos, naturalmente debe ser quien se haya desempeñado en la
legislatura anterior como tal.
Luego, la mesa directiva de la legislatura 2022-2023, esto es, los senadores Fabio
Raúl Amín Saleme y Aida Marina Quilcué Vivas, tenían la competencia para establecer
el orden del día de la reunión en donde se elegiría a los nuevos presidente y
vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República para el periodo 2023-2024. Nótese que el artículo 80 del Reglamento del
Congreso precisa que el orden del día de las reuniones lo fijará la mesa directiva y el
artículo 84 aclara que la respectiva citación la hará la secretaría de cada corporación.
De modo que, resulta evidente que la competencia de quien presidía la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la República en la legislatura 2022-
2023 cesó únicamente hasta que se eligió a la mesa directiva de esa Corporación para
el periodo 2023-2024. En tales condiciones, naturalmente quienes fijaron el orden del
día para la sesión del 1°de agosto de 2023 tenían la facultad legal para hacerlo.
En suma, no resulta razonable exigir, bajo la tesis del demandante, que quien
establezca el orden del día sea la nueva mesa directiva que aún no se ha conformado,
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pues precisamente la convocatoria cuestionada tenía como asunto la elección de los
nuevos presidente y vicepresidente de la legislatura 2023-2024. Por lo tanto, a quien
le correspondía fijar el orden del día para llevar a cabo la elección que ahora se
demanda, era la mesa directiva electa para la legislatura 2022-2023.
Así las cosas, no se acredita la falta de competencia invocada por el accionante razón
por la cual se deniega el cargo.
2.5.2. Expedición irregular: la elección demandada no tuvo lugar a la semana
siguiente después de que fue instalada la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República, lo cual desconoce el artículo 6 de la Ley
3 de 1992
Para el demandante, el inciso segundo del artículo 6° de la Ley 3 de 1992 prevé de
manera puntual una fecha para la elección y conformación de las comisiones
constitucionales y legales. Con todo, como no existe una norma específica que
establezca el día que procede la designación de las mesas directivas de aquellas, debe
aplicarse la citada disposición para tales efectos.
Anotó que, la normativa en comento indica que «la elección de las Comisiones se hará
a partir de la semana siguiente de instalada la Corporación». Por lo tanto, sostuvo que
corresponde a los integrantes de cada comisión del congreso realizar elecciones,
como la sub judice, a cualquier hora y día a la semana posterior a la fecha en que se
procedió a instalar la respectiva célula legislativa.
Mencionó que, no obstante, ello no ocurrió así pues la elección demandada no tuvo
lugar a la semana siguiente después de que fue instalada la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República, aquella se llevó a cabo solo
hasta el 1º de agosto de 2023.
Sobre el particular, resulta preciso citar el contenido del artículo 6° de la Ley 3 de 1992,
el cual dispone:
ARTÍCULO 6o. Las Comisiones Permanentes se elegirán por el sistema de
cociente electoral, previa inscripción de listas, sin embargo, si los partidos y
movimientos políticos representados en la respectiva Cámara se ponen de
acuerdo en una lista total de las Comisiones, o de algunas de ellas, éstas se
votarán en bloque.
La elección de las Comisiones se hará a partir de la semana siguiente de
instalada la Corporación.
Es obligación de los miembros del Congreso, formar parte de alguna de las
Comisiones Permanentes, pero únicamente se podrá ser integrantes de una de
ellas.
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Como se lee, la norma regula la elección de las comisiones constitucionales
permanentes del Congreso de la República. Debe recordarse que tanto el Senado
como la Cámara de Representantes se organizan bajo Comisiones Constitucionales
Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o
de ley referente a los asuntos de su competencia10. Luego, de acuerdo con la
normativa citada, dichas comisiones se elegirán por el sistema de cociente electoral,
previa inscripción de listas, a partir de la semana siguiente de instalada la corporación.
De manera que, es preciso diferenciar en este punto que, la elección que regula el
artículo invocado por el accionante se refiere a la conformación de las comisiones
constitucionales permanentes. Sin embargo, para la integración de la mesa directiva
de tales comisiones, la norma aplicable resulta ser el artículo 40 de la Ley 5 de 1992,
que prevé:
ARTÍCULO 40. COMPOSICIÓN, PERÍODO Y NO REELECCIÓN. La Mesa
Directiva de cada Cámara se compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes,
elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.
Las Minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas
Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario
entre las minorías.
Ningún Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del
mismo cuatrienio constitucional.
Las Mesas Directivas de las Cámaras, y de sus Comisiones, serán renovadas cada
año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros
podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.
PARÁGRAFO. En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes
y Comisiones Legales habrá un Presidente y un Vicepresidente, elegido por
mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político. (énfasis fuera del texto).
De la disposición transcrita se extrae que, las mesas directivas tanto de las cámaras
como de sus comisiones, se deben renovar cada año para la legislatura que se inicia
el 20 de julio, sin que ninguno de sus miembros pueda ser reelegido en el mismo
cuatrienio constitucional. Sin embargo, no establece un plazo perentorio para la
elección del presidente y vicepresidente de las comisiones. Luego, debe entenderse
que, ante la ausencia de un término legal previsto para ello, la elección de la mesa
directiva para cada legislatura debe ocurrir en la primera sesión convocada por cada
comisión.
Así las cosas, tampoco se acredita la expedición irregular del acto de elección
demandado, en los términos expuestos por el actor, toda vez que el Reglamento del
10
Artículo 1º de la Ley 3 de 1992.
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Congreso no prevé una fecha perentoria para la elección de las mesas directivas de
las comisiones constitucionales permanentes.
2.5.3. Infracción de normas: conformación de las mesas directivas de las
comisiones constitucionales y legales del Congreso, en desmedro de la
participación de los partidos políticos minoritarios y/o de oposición, en contravía
de «la imparcialidad de la función administrativa» previsto en el artículo 209
constitucional y desconocimiento del artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.
En este cargo, el demandante encuentra dos reparos puntalmente: i) se afecta la
imparcialidad de la función administrativa elegir a un congresista para la presidencia o
vicepresidencia de una comisión constitucional permanente, cuyo partido o movimiento
político tiene una declaración de independencia y, ii) también atenta contra ese
principio, proponer a un senador para presidir la comisión, cuya postulación la hizo uno
o varios partidos de oposición para evitar «verse comprometida la declaratoria de
independencia en el ejercicio del cargo».
Asimismo, el demandante asegura que no reservar para los partidos políticos que se
han declarado en oposición al gobierno o que son minoritarios, la vicepresidencia en
las referidas comisiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5
de 1992, desconoce lo previsto en el Estatuto de Oposición.
Finalmente, afirma que la presidencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente, le correspondía a la oposición, sin embargo, fue elegido un senador cuyo
partido tiene una declaración política independiente. Además, la vicepresidencia
también había sido acordada por la coalición de gobierno, a favor del senador
Alexander López, sin que pudiera postularse indistintamente a aquel para la
presidencia de la mesa directiva.
Con la claridad anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora, por
las siguientes razones.
• Las garantías para la independencia: la presunta violación del inciso 1° del
artículo 209 de la CP, en concordancia con el inciso 1° del artículo 27 de la Ley
1909 de 2018
Para el demandante, al elegir al congresista Germán Alcides Blanco Álvarez como
presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, pese a pertenecer a uno de los partidos o movimientos políticos cuya
declaración política fue modificada a independencia, se desconoce «la imparcialidad
de la función administrativa» prevista en el artículo 209 de la Constitución Política y el
artículo 27 de la Ley 1909 de 2018.
Sobre el particular, es preciso citar el artículo 27 de la Ley 1909 de 2018, el cual prevé
lo siguiente:
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ARTÍCULO 27. PROTECCIÓN A LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA. No
podrán ser designados en cargos de autoridad política, civil o administrativa en el
Gobierno, ni dentro de los doce (12) meses siguientes a su retiro de la organización
política, mientras se mantenga la declaración de independencia:
a) Quienes sean o hayan sido integrantes de los órganos de dirección, Gobierno,
control y administración de las organizaciones políticas declaradas en
independencia, tanto de los niveles nacional, departamentales, distritales y
municipales.
b) Quienes hayan sido candidatos a cargo de elección popular avalados por ellos,
elegidos o no.
La disposición transcrita establece un escenario claro de protección a la autonomía de
las organizaciones políticas independientes, para que determinados miembros que la
componen no puedan ser atraídos por los respectivos gobiernos mediante
ofrecimientos burocráticos11 y de esta manera se busque limitar el ejercicio de los
derechos que corresponden a las organizaciones políticas independientes. En ese
sentido prevé una inhabilidad para aquellos que han pertenecido a un partido político
declarado en independencia, para desempeñarse en cargos que comporten el ejercicio
de autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, dentro de los 12 meses
siguientes a su retiro de la organización política, mientras se mantenga dicha
declaración.
Cabe recordar que, la declaratoria política que regula la Ley 1909 de 2018, no puede
entenderse como un derecho subjetivo de cada miembro del partido o movimiento; por
el contrario, se erige como una decisión de la colectividad la cual no puede ser
modificada de forma individual. Así, el artículo 6 de la Ley 1909 de 2018, consagra el
deber de las colectividades de hacer su declaración política, a saber: i) en oposición,
ii) independencia o iii) como organización de gobierno.
No obstante, la norma citada líneas atrás, la cual prevé una inhabilidad para
desempeñar cargos públicos de quienes han sido parte de organizaciones declaradas
en independencia al gobierno, se refiere al ejercicio de funciones que comporten
autoridad política, civil o administrativa en el gobierno, es decir, en el sector central de
la rama ejecutiva del poder público. No puede trasladarse dicho precepto normativo a
la elección de quienes ocupan los cargos de presidente o vicepresidente en las mesas
directivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso.
Se trata de escenarios diferentes: la elección de las mesas directivas en el Congreso,
supone la designación de quienes dirigirán las reuniones legislativas que tienen lugar
en cada una de las cámaras y sus comisiones. De manera que, ser designado en tales
dignidades de ninguna manera comporta el ejercicio de autoridad política, civil o
administrativa en los términos previstos en la normativa referida.
11
Corte Constitucional, sentencia C-018 de 2018.
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Por lo tanto, no puede invocarse, como erradamente lo señala el actor, una afectación
a la declaratoria de independencia del Partido Conservador Colombiano, al haberse
elegido al señor Germán Alcides Blanco Álvarez -quien milita en dicho partido- como
presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República. Por el contrario, con dicha elección, se garantiza de mejor manera el
pluralismo político en la integración de la mesa directiva de dicha comisión.
Además, tal y como lo manifestaron la parte demandada y el Ministerio Público , dicha
protección de la independencia, no se puede interpretar como un intento de limitar esta
declaración política. Como se advirtió, los puestos en la mesa directiva no
corresponden a cargos en la rama ejecutiva y, en todo caso, aquellos se eligen a través
del sistema de mayorías, mediante voto secreto, tal como lo prevé el artículo 133 de
la Constitución y 136 de la Ley 5ª de 1992. Luego, tampoco puede afirmarse, como lo
hace el demandante, que con dicha elección se desconoce el artículo 209 de la
Constitución Política que prevé el principio de imparcialidad de la función
administrativa. Dicha afirmación, además, no fue debidamente sustentada y
desarrollada por el actor, pues se limitó a indicar que se desconocía el referido principio
por el solo hecho de la declaración política de independencia de quien fue elegido
como presidente.
Adicionalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-122 de 2011, desde una
interpretación sistemática del inciso segundo del artículo 112 de la Constitución
Política, precisó que: «no se puede inferir que el derecho de participación en las mesas
directivas del Congreso se dé únicamente para los partidos y movimientos políticos de
oposición».
• Desconocimiento del artículo 18 de la Ley 1909 de 2018 y el artículo 40 de la
Ley 5 de 1992.
Para el accionante, se desconoce lo previsto en el Estatuto de Oposición, no reservar
para los partidos políticos que se han declarado en oposición al gobierno o que son
minoritarios, la vicepresidencia en las referidas comisiones. Teniendo en cuenta,
además, lo previsto en el artículo 40 de la Ley 5 de 1992.
De otro lado, según se advierte del escrito de demanda, los integrantes de los partidos
de oposición, solo podrían postular miembros de sus propios partidos para la
conformación de las Mesas Directivas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes del Congreso de la República, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
18 referido.
Al respecto, el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 18. PARTICIPACIÓN EN MESAS DIRECTIVAS DE PLENARIAS DE
CORPORACIONES PÚBLICAS DE ELECCIÓN POPULAR. Las organizaciones
políticas declaradas en oposición y con representación en la
correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al
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menos una de las posiciones de las mesas directivas de las Plenarias del
Congreso de la República, las asambleas departamentales, los concejos
distritales y de capitales departamentales. Los candidatos para ocupar la plaza
que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas
organizaciones.
La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas
no podrá volver a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en
oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.
Esta representación debe alternarse en períodos sucesivos entre hombres y
mujeres.
(Énfasis fuera del texto).
Como se lee, las organizaciones políticas declaradas en oposición y con
representación en la corporación pública respectiva, tendrán participación en las
mesas directivas de las plenarias del Congreso de la República, entre otros.
Igualmente, se precisa que los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a
la oposición, solo podrán ser postulados por dichas organizaciones.
En el asunto bajo estudio se advierte del Acta 01 del 1° de agosto de 2023 que contiene
la elección demandada, que la postulación y elección del presidente y vicepresidente
de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, tuvo
lugar bajo los siguientes términos:
Elección del presidente12
Candidatos Filiación política Organizaciones Votos
postulantes
Cambio Radical – Partido
Germán Blanco Partido Conservador – de oposición 13
Álvarez declaración
independiente Centro Democrático –
Partido de oposición
Comunes – Partido
Alexander López Maya Coalición Pacto Gobierno.
Histórico – coalición de 8
gobierno Coalición Pacto
Histórico – Coalición de
Gobierno
12
Cuadro modelo expuesto por el Ministerio Público.
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Elección del vicepresidente13
Candidatos Filiación política Organizaciones Votos
postulantes
Alejandro Vega Pérez Partido Liberal – Partido Partido Liberal – Partido
Gobierno Gobierno 12
Julián Gallo Cubillos Partido Comunes – Coalición Pacto Histórico
Partido Gobierno – Coalición de Gobierno 8
De lo anterior se evidencia que el congresista demandado, Germán Alcides Blanco
Álvarez, de una organización política independiente, fue postulado para la presidencia
de la Comisión Primera Constitucional Permanente, por dos partidos de oposición:
Cambio Radical y Centro Democrático. Sin embargo, uno de los candidatos fue
postulado por la coalición Pacto Histórico de gobierno.
Por su parte, en la elección del congresista Alejandro Vega Pérez, del Partido Liberal,
organización de gobierno, fue postulado por el mismo partido. Su contrincante, fue
candidato del Partido Comunes, que también hace parte de la coalición de gobierno.
No obstante, es preciso distinguir en este estado de la discusión, sobre cuáles mesas
directivas recae la disposición prevista en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018. La
norma se refiere expresamente a la participación de los partidos políticos de oposición
en las mesas directivas de plenarias de corporaciones públicas de elección popular.
En efecto, particularmente el Congreso de la República, es una corporación que se
conforma por dos cámaras: de Representantes y el Senado. Cada una de aquellas, se
integra a través de comisiones constitucionales permanentes, legales, especiales y
accidentales. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 5 de 1992, el Congreso se reúne
en un solo cuerpo únicamente en los casos determinados por la Constitución Política.
Cuando la Ley 5 de 1992, se refiere a las plenarias del Congreso, se traduce a las
reuniones que se llevan a cabo por la totalidad de los integrantes de cada una de sus
cámaras o por la corporación pública en su integridad. Es decir, la plenaria de la
Cámara y Senado tiene en consideración la reunión de todos los representantes y
senadores, sin distinguir las comisiones.
De modo que, cuando el artículo 18 de la ley 1909 de 2018 se refiere a la participación
de la oposición a través de al menos una de las posiciones de las mesas directivas de
las plenarias del Congreso de la República, hace alusión a los directivos de la Cámara
de Representantes y del Senado de la República, no de sus comisiones.
13
Cuadro modelo expuesto por el Ministerio Público.
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Nótese que, para la integración de las mesas directivas de las comisiones
constitucionales permanentes, el mismo Reglamento del Congreso prevé en el
parágrafo del artículo 40 las pautas para su elección:
ARTÍCULO 40. COMPOSICIÓN, PERÍODO Y NO REELECCIÓN. La Mesa
Directiva de cada Cámara se compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes,
elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio.
Las Minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas
Directivas de Senado y Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario
entre las minorías.
Ningún Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del
mismo cuatrienio constitucional.
Las Mesas Directivas de las Cámaras, y de sus Comisiones, serán renovadas cada
año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros
podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.
PARÁGRAFO. En tratándose de Comisiones Constitucionales Permanentes
y Comisiones Legales habrá un Presidente y un Vicepresidente, elegido por
mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político. (Énfasis fuera del texto).
De una lectura detallada de la norma es posible advertir que las mesas directivas del
Senado y la Cámara de Representantes tienen una regulación distinta a la que se
prevé para las Comisiones Constitucionales Permanentes y Legales. En primer lugar,
se observa que las mesas directivas de las cámaras se componen de manera distinta,
a las de las comisiones que las integran. Por un lado, las primeras cuentan con dos
vicepresidentes a diferencia de las comisiones en las que solo se designa a uno.
En segundo lugar, cuando la norma hace alusión a la participación de las minorías, se
refiere únicamente a las mesas directivas del Senado y Cámara de Representantes,
mas no de sus comisiones. Nótese que la disposición bajo análisis sostiene que «las
Minorías tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas
Directivas de Senado y Cámara».
En tercer lugar, cuando la norma prevé la composición de las mesas directivas de las
Comisiones Constitucionales Permanentes y Legales, establece que: i) se conforman
por un presidente y un vicepresidente ii) elegidos por mayoría cada uno
separadamente y, iii) sin que pertenezcan al mismo partido o movimiento político.
De modo que, el artículo 40 de la Ley 5 de 1992 no exige la participación de las
minorías y la oposición en las mesas directivas de las Comisiones Constitucionales
Permanentes y Legales del Congreso. Tan solo hace referencia a dicha intervención,
cuando se trata de elegir los primeros vicepresidentes del Senado y la Cámara de
Representantes. De hecho, el único requisito adjetivo que exige la norma para la
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elección de la mesa directiva de las comisiones que integran el Congreso, es que sus
integrantes no pertenezcan al mismo partido o movimiento político.
En el asunto de la referencia, se tiene que la mesa directiva de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República, se eligió por mayoría tanto al
presidente como vicepresidente, cada uno separadamente14, sin que pertenezcan al
mismo movimiento político, pues como quedó reseñado líneas atrás, el señor Germán
Alcides Blanco Álvarez pertenece al Partido Conservador (independiente) y el señor
Alejandro Vega Pérez al Partido Liberal (coalición de gobierno).
En gracia de discusión, aun cuando se aceptara la tesis del demandante, lo cierto es
que fue la oposición quien postuló al señor Germán Alcides Blanco Álvarez, como
presidente de la comisión. Aun cuando dicho congresista pertenece a un partido
político con declaración de independencia, se entendería que la libertad de
configuración de los partidos sobre quién postular, debe respetarse, sin que se advierta
el desconocimiento de las normas que precisan la materia.
Ahora, no puede dejarse de lado que la composición de las mesas directivas de las
plenarias del Congreso, entiéndase Cámara de Representantes y Senado de la
República, es diferente a las de las comisiones.
Debe insistirse en que, la norma del artículo 40 de la Ley 5 de 1992 y el artículo 18 del
Estatuto de la Oposición, promueven la participación de los partidos políticos
minoritarios y de oposición, respecto de una de las dignidades que corresponden a la
mesa directiva de Cámara y Senado. Nótese que la conformación de aquellas
comprende al presidente, primer y segundo vicepresidente, es decir, hay 3 dignidades
para escoger. El Reglamento del Congreso promueve la participación de los
movimientos minoritarios con representación en el congreso en las primeras
vicepresidencias de las plenarias del Congreso. Lo propio promueve la Ley 1909 de
2018 respecto de las organizaciones políticas declaradas en oposición. Sin embargo,
dichas figuras (primera y segunda vicepresidencia) no está prevista para las
comisiones.
Luego, si se trasladaran tales disposiciones al caso de las comisiones constitucionales
permanentes y legales del Congreso, se tendría como resultado que las mesas
directivas de aquellas siempre deberían estar integradas por la oposición y por los
partidos políticos minoritarios. Ello podría implicar que se tenga que excluir -en cada
legislatura- a los partidos con declaración política de independencia y a los de
gobierno. Con todo, en las plenarias de la Cámara de Representantes y Senado de la
República sí es posible incluir y promover dicha participación, en tanto que se integran
por un presidente y dos vicepresidentes.
En ese orden de ideas, no resulta admisible la tesis del actor, toda vez que la
regulación tanto constitucional como legal y reglamentaria, prevén con claridad la
14
Según se advierte del acta que contiene el acto de elección.
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integración de las mesas directivas de las comisiones constitucionales, que se
diferencian de las plenarias del Congreso. En este caso, se reitera, la composición de
la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, solo exigía que la elección del presidente y vicepresidente se hiciera de
manera separada, lo cual se hizo. Además, que pertenecieran a partidos políticos
diferentes, que en efecto se cumplió.
Asimismo, tampoco es acertada la interpretación que efectúa el accionante de la
sentencia C-122 de 2011 de la Corte Constitucional. En esa oportunidad, dicha
corporación se limitó a estudiar el parágrafo del artículo 40 de la Ley 5 de 1992, por
vicios de forma. Ello con fundamento en que la participación de las minorías en las
mesas directivas de las referidas comisiones debió ser tramitada por ley estatutaria.
Sobre el particular, la Corte precisó que la elección de las mesas directivas de las
comisiones constitucionales permanentes y comisiones legales no es un derecho de
la oposición, que necesite ser regulado mediante ley estatutaria, sino una materia
propia del ejercicio de la actividad legislativa, que debe ser regulado a través de la Ley
Orgánica del Reglamento del Congreso. En consecuencia, declaró exequible la norma
demandada.
Igualmente, aclaró que, teniendo en cuenta la regulación que estableció el legislador
en el parágrafo del artículo 40 al afirmar que «En tratándose de Comisiones
Constitucionales Permanentes y Comisiones Legales habrá un presidente y un vicepresidente,
elegido por mayoría cada uno separadamente y sin que pertenezcan al mismo partido o
movimiento político» dicha normatividad puede generar distintas posibilidades de
composición de las mesas directivas.
Por ejemplo, la Corte Constitucional precisó, a modo de ilustración, que una mesa
directiva de una comisión constitucional permanente, bien puede estar compuesta por:
i) un miembro del partido mayoritario y un miembro del partido minoritario de coalición,
ii) por dos miembros de partidos minoritarios, iii) por uno de coalición y otro de
oposición o, iv) por un miembro de un partido minoritario neutral y por un miembro de
un partido de oposición o de coalición, siempre y cuando sean de distintos partidos o
movimientos políticos.
Con todo, tal enunciación que hizo el máximo órgano constitucional a modo de
ejemplo, no se constituye en una obligación o deber de las comisiones a la hora de
elegir su mesa directiva. Como quedó claro en párrafos precedentes, solo debe
garantizarse que el presidente y el vicepresidente pertenezcan a partidos políticos
diferentes. De cualquier forma, aun cuando se aceptara la tesis del actor, se insiste
que la oposición postuló a quién finalmente fue elegido presidente de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, por lo que es posible
advertir su participación y representación en la mesa directiva, aun cuando el
congresista elegido pertenezca a un partido político declarado en independencia.
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Finalmente, el demandante asegura que la vicepresidencia de la comisión había sido
acordada por la coalición de gobierno, a favor del senador Alexander López, sin que
pudiera postularse indistintamente a aquel para la presidencia de la mesa directiva. No
obstante, el accionante no desarrolla ni sustenta dicha afirmación, pues se limita a
indicar que la coalición de gobierno no podía postular a la presidencia de la comisión,
a quien ya se había acordado postular como vicepresidente. Con todo, no se advierte
de qué manera dicho cambio comporta una irregularidad en la formación del acto de
elección que se demanda, si se tiene en cuenta, además, que el congresista Alexander
López no resultó elegido en dicha dignidad.
Visto así el asunto, la Sala negará las pretensiones de la demanda toda vez que
ninguno de los cargos formulados por el demandante se acreditó.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida
por el ciudadano Harold Eduardo Sua Montaña.
SEGUNDO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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