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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07555-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07555-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07555-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-07555-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-07555-01
Demandante HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad electoral.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Harold Eduardo Sua
Montaña contra la sentencia de 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de diciembre de 2023, el señor Harold Eduardo Sua Montaña interpuso acción
de tutela, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Dejar sin valor ni efecto la sentencia que se cuestiona.
2. Remitir al Consejo Superior de la Judicatura el proceso con radicado 11001-03-28-000-
2023-00067- 00 con el propósito de asignárselo a funcionarios judiciales laboralmente
ajenos y con igual experiencia a quienes profirieron la mencionada sentencia dada la
exigencia de garantía de imparcialidad objetiva desarrollada en sentencia Gustavo Petro
vs Colombia.
3. Una vez hecho el reparto acabado de indicar, procedan los avocados a la misma a decidir
sobre las pretensiones del proceso precitado en un tiempo igual al utilizado para proferir
la sentencia motivo de esta acción de tutela».

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En el año 2023, el señor Harold Eduardo Sua Montaña interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral contra el acto mediante el
cual fue elegida la Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado 2023-2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-07555-01
Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

El señor Harold Eduardo Sua Montaña sostuvo, entre otros cargos, que la
sesión en la cual se llevó a cabo la elección cuestionada se realizó con
fundamento en una citación y orden del día expedidas por personas sin
competencia para ello, puesto que tales gestiones fueron realizadas por la
mesa directiva de la legislatura 2022-2023. A su juicio, «a los elegidos como
presidente y vicepresidentes de comisión tercera constitucional permanente de cámara
en la legislatura 2022- 2023 no les compete fijar órdenes del día ni citar a los ciudadanos
senadores para fechas posteriores al año en cual dura su permanencia en dichos cargos»,

El Consejo de Estado, Sección Quinta conoció en única instancia el asunto,
bajo el radicado Nro. 11001-03-28-000-2023-00067-00.

2.2. Mediante sentencia de 7 de diciembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Quinta negó las pretensiones de la demanda pues consideró, entre otras
razones, que la primera sesión del periodo legislativo del Senado y Cámara de
Representantes debe ser presidida por el respectivo congresista que en la
última legislatura haya cumplido tal función. Aseveración que fundamentó en
el artículo 38 de Ley 5 de 1992 que establece lo siguiente:
«Artículo 38. Presidentes y Secretarios provisionales. La primera sesión del período legislativo
del Senado y la Cámara de Representantes será presidida por el respectivo Congresista que
en la última legislatura hubiere cumplido tal función; en su defecto, el Vicepresidente de la
misma corporación, y en último término quien ocupe el primer lugar en el orden alfabético de
los apellidos».

Precisó que, pese a que la norma no se refiere expresamente a las comisiones
constitucionales, legales o accidentales, de esta se desprende que quien debe
presidir la primera reunión, en la que procede la elección de nuevos directivos,
es la persona que se haya desempeñado en la legislatura anterior como tal.
Por consiguiente, concluyó que la mesa directiva de la legislatura 2022-2023
tenía la competencia para establecer el orden del día de la reunión en la cual
se elegiría a los nuevos presidente y vicepresidente de la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República para el periodo 2023-
2024.

Agregó que no es razonable exigir que quien establezca el orden del día sea
la nueva mesa directiva que aún no se ha conformado, pues precisamente la
convocatoria cuestionada tenía como asunto la elección de los nuevos
presidente y vicepresidente de la legislatura 2023-2024. Por lo tanto, a quien
le correspondía fijar el orden del día para llevar a cabo la elección demandada
era la mesa directiva electa para la legislatura 2022-2023.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, el actor aseguró que la Sección Quinta incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, puesto que en la sentencia controvertida no hizo alusión a las
pruebas decretadas, especialmente al «orden del día y mensaje de datos de la contraparte
procesal respectiva»; así como tampoco tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 3° de
1992 del cual se desprende que en el caso hubo una falta de competencia de la
mesa directiva por haberse expedido la citación y orden del día de la elección
cuestionada en cabeza de quienes para ese momento ya habían culminado el
periodo de un año establecido en la referida norma.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Mediante auto de 18 de diciembre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Harold Eduardo Sua Montaña contra el Consejo de
Estado, Sección Quinta; se vinculó en calidad de terceros con interés a los
señores Germán Alcides Blanco Álvarez y Alejandro Alberto Vega Pérez, en
su calidad de presidente y vicepresidente respectivamente de la Mesa
Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República, a los demás miembros de esa Comisión y al presidente de esa
corporación; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. La Secretaría General del Senado de la República sostuvo que la
competencia de quien dirigía la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República en la legislatura 2022-2023 terminó hasta que se
eligió a la mesa directiva de esa célula legislativa para el periodo 2023-2024.
Por ende, aseguró que quienes fijaron el orden del día para la sesión del 1 de
agosto de 2023 tenían la facultad legal para hacerlo.

De otra parte, afirmó que «la correcta aplicación de la disposición prevista en el
artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, debe hacerse referida a la participación de los partidos
políticos de oposición de al menos una de las posiciones de las mesas directivas del pleno
tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes, no de las
Comisiones Constitucionales o legales». Por lo tanto, aseguró que en el caso la
conformación de la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República solo requería que la elección del
presidente y vicepresidente se realizara de manera separada y que
correspondieran a partidos políticos disímiles; condiciones que se cumplieron.

Por otro lado, manifestó que el actor no sustentó los requisitos de
procedibilidad ni las causales específicas de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Razón por la cual solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Quinta sostuvo que la tutela interpuesta no
cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, puesto que lo
perseguido por el tutelante es reabrir el debate jurídico ya resuelto por el juez
de instancia.

En todo caso, refutó la aseveración del tutelante según la cual no se hizo un
análisis del artículo 10 de la Ley 3° de 1992. La autoridad judicial aseveró que
para resolver el asunto era necesario acudir a la integralidad de las normas
que rigen la materia. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 38 y 80 de
la Ley 5 de 1992 se concluyó que quien debe presidir la primera reunión en las
comisiones del Congreso, en la que procede la elección de nuevos directivos,
naturalmente debe ser quien se haya desempeñado en la legislatura anterior
como tal.

Por consiguiente, la Sección Quinta aseguró que la mesa directiva de la
legislatura 2022-2023 tenía competencia para establecer el orden del día de
la reunión en el cual se elegiría a los nuevos presidente y vicepresidente de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República para
el periodo 2023-2024.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Resaltó que el artículo 10 de la Ley 3° de 1992 prevé únicamente la
conformación de las mesas directivas de las comisiones constitucionales y
legales del Congreso y el periodo de sus dignatarios. De manera que para
resolver el reparo formulado por el actor, respecto a la competencia para
presidir la reunión en que fueron elegidos los demandados, resultaba
necesario efectuar el análisis legal expuesto en la providencia controvertida.

Así las cosas, sostuvo que las afirmaciones del actor no demuestran ni siquiera
remotamente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, pues
es evidente que no se incurrió en ninguna actuación irregular o alejada del
ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 5 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela a falta de
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Sobre el defecto fáctico alegado, aseveró que el actor únicamente adujo que no se
hizo alusión a las pruebas decretadas, principalmente al orden del día y el mensaje
de datos de la contraparte procesal, sin explicar por qué estas eran importantes para
la solución del caso y si tenían la potencialidad para cambiar la decisión. Tampoco
esbozó alguna razón adicional para considerar configurado el presunto defecto.

Con relación al defecto sustantivo, la autoridad judicial aseguró que el accionante
solamente mencionó que la Sección Quinta no estudió una de las normas que él
estimó violadas, como lo es el artículo 10 de la Ley 3° de 1992. Al respecto, el juez
de tutela manifestó que el actor no indicó el motivo por el cual las normas aplicadas
por la autoridad judicial accionada no resultan pertinentes y por qué la que él
menciona sí lo es. Del mismo modo, tampoco expuso si las disposiciones
empleadas son claramente inaplicables al caso ya sea porque perdieron vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales
se han aplicado. En suma, para la autoridad judicial el tutelante «no expuso ningún
motivo real, serio y coherente para encontrar configurado el mentado defecto».

Agregó que la insistencia del accionante sobre la aplicación del artículo 10 de la Ley
3° de 1992 evidencia la falta de relevancia constitucional, pues el debate que
pretende plantear no corresponde a una discusión con incidencia en sus derechos
fundamentales, sino a una controversia meramente legal que parte de una lectura
exegética y descontextualizada de la norma. Bajo la interpretación del actor, ningún
congresista podrá convocar la reunión para la elección de nuevos dignatarios ni fijar
el orden del día, en razón a la finalización de su periodo.

Asimismo, sostuvo que el asunto no es de relevancia constitucional porque los
reproches formulados en la demanda de tutela hacen referencia a la interpretación
que de la ley hizo la autoridad judicial accionada, «mas no de actuaciones procesales
concretas que incidan en los derechos subjetivos del actor».

Finalmente, resaltó que en la providencia controvertida la Sección Quinta explicó
que no existía absolutamente ninguna irregularidad en que la citación y el orden del
día de la primera reunión, en la cual se escogió la mesa directiva para la legislatura
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2023-2024, haya sido elaborada por los anteriores dignatarios, puesto que dicha
circunstancia está permitida en la Ley 5 de 1992. Puntualmente, el artículo 38 de tal
ley dispone que «la primera sesión del período legislativo del Senado y la Cámara de
Representantes será presidida por el respectivo Congresista que en la última legislatura hubiere
cumplido tal función».

6. Impugnación

El tutelante impugnó la sentencia de primera instancia en los siguientes términos:
«El sustento del alegado defecto sustantivo tildado en el fallo de “ningún motivo real, serio y
coherente” no es otro que haber hecho la entidad accionada un análisis normativo dejando de
lado dos normas estimadas violadas en el libelo cuando las mismas estructuran cada uno de
los cargos a un punto en el cual su omisión da sin duda alguna a la negación de las
pretensiones del actor pues la violación alegada del artículo 6 de la ley 3 de 1992, literal 1 del
artículo 2 de la ley quinta y artículo 27 de la ley 1909 de 2018 es a todas luces inexistente
desde la sola literalidad de los mismos en vez de dándoles un alcance dentro del margen de
analogía permitido en el artículo 3 de la ley quinta de 1992 ni tan siquiera mencionado en la
motivación de la sentencia sub judice pese a estarlo en el libelo ni mucho menos exigir para
la elección de vicepresidencia de comisiones constitucionales, legales y especiales del
Congreso la postulación exclusiva de miembros de partidos minoritarios o en su defecto de
oposición literalmente regidas a cada una de las plenarias del mismo si involuntaria o
conscientemente se desconoce estar supeditas en el artículo 10 de la ley 3 de 1992 a “del
mismo modo como se dispone para la elección del Presidente y Vicepresidente de las
Cámaras”.
(…) solicitó (sic) respetuosamente la revocación de la sentencia de tutela de primera instancia
y en su lugar se acceda a lo pretendido en el proceso de la misma pues de no haber ocurrido
lo enumerado en este escrito la decisión habría sido favorable a ello desde un juicio de validez
a la motivación de la sentencia sub judice tendiente a determinar básicamente desde los
elementos de juicio brindados y material documental anexado en el escrito tutelar omisión de
analizar otras disposiciones y valorar las apreciaciones del accionante teniendo la
potencialidad de implicar la prosperidad de los cargos sustento de la nulidad pretendida en el
proceso origen de la mencionada sentencia».

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19911, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir

1 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
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todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Así, la Corte
Constitucional ha indicado que la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional, como
presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala
establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar improcedente
la tutela interpuesta por considerar que no se cumplía con el requisito de relevancia
constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos los demás
requisitos generales de procedibilidad, se determinará si al proferir la sentencia de
7 de diciembre de 2023, en el marco del medio de control bajo el radicado Nro.
11001-03-28-000-2023-00067-00, se incurrió en los defectos alegados por el
accionante.

4. Requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra providencia
judicial

4.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie

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de requisitos generales2 y especiales3 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia
de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la
fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela
y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

4.2. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»5. Es necesario que el

2 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
(iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
3 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i)
defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y
(viii) defecto por violación directa de la Constitución.
4 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5 Ibidem.
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interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con argumentos suficientes contra las decisiones de los jueces, que
se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con
una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural6.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante
el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”7.

Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las

6 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales. En caso de que se trate de los mismos argumentos es factible que
el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando
como una instancia adicional.

En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en
los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.

5. Análisis del caso

5.1. Con fundamento en las reglas señaladas, la Sala considera que la acción de
tutela analizada no cumple con el primer criterio expuesto previamente
consistente en que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza
o vulneración de derechos fundamentales. Como se indicó, este alude a que
la acción de tutela no puede utilizarse para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del
objeto de la acción de tutela.

Justamente, en la demanda del medio de control, la parte actora argumentó
que «quienes actualmente integran la Comisión Primera Constitucional Permanente
eligieron mesa directiva el 1 de agosto de 2023 en atención a citación y orden del día
expedidos con ese propósito por quienes el 20 de julio de 2022 fueron elegidos para
ejercer la mesa directiva de la comisión tercera constitucional permanente de la cámara
durante la legislatura 2022-2023».

Asimismo, aseguró que «a los elegidos como presidente y vicepresidentes de
comisión tercera constitucional permanente de cámara en la legislatura 2022- 2023 no les
compete fijar órdenes del día ni citar a los ciudadanos senadores para fechas posteriores
al año en cual dura su permanencia en dichos cargos. De modo que, la reunión donde fue
llevada a cabo la elección sub judice se hizo acatando una citación y un orden del día
cuya expedición la efectuaron personas sin competencia para tal fin».

Por su parte en el escrito de tutela, el accionante alegó «la falta de competencia
alegada por haberse expedido la citación y orden del día de la elección cuestionada en
cabeza de quienes para ese momento ya habían culminado el periodo de un año
establecido en el artículo 10 de la ley 3 de 1992».

Los reparos expuestos en el escrito de tutela fueron objeto de debate en el
medio de control. Así se desprende del contenido de la sentencia de 7 de
diciembre de 2023:

«2.5.1 Falta de competencia de quien realizó la citación y el orden del día de la reunión en que
se llevó a cabo la elección cuestionada
El demandante sostiene que los elegidos como presidente y vicepresidente de la mesa
directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, para
el periodo 2022-2023, no les «compete fijar órdenes del día ni citar a los ciudadanos representantes
para fechas posteriores al año en el que dura su permanencia en dichos cargos». En síntesis, advirtió
que la sesión en donde se llevó a cabo la elección cuestionada se realizó con fundamento en
un orden del día expedido por personas sin competencia para ello.

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Demandante: Harold Eduardo Sua Montaña

Sobre el particular, se tiene que, el orden del día para la sesión en que tuvo lugar la elección
demandada, el 1° de agosto de 2023, fue suscrito y convocado por quienes fungían como
presidente y vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de
la República, elegidos para la legislatura 2022-2023. Según se tiene, artículo 38 de Ley 5 de
1992 establece lo siguiente:
[…]
Como se lee de la disposición transcrita, la primera sesión del periodo legislativo del Senado
y Cámara de Representantes será presidida por el respectivo congresista que en la última
legislatura hubiere cumplido tal función. Aun cuando la norma no se refiere expresamente a
las comisiones constitucionales, legales o accidentales, se entiende igualmente que, quien
debe presidir la primera reunión, en la que procede la elección de nuevos directivos,
naturalmente debe ser quien se haya desempeñado en la legislatura anterior como tal.
Luego, la mesa directiva de la legislatura 2022-2023, esto es, los senadores Fabio Raúl Amín
Saleme y Aida Marina Quilcué Vivas, tenían la competencia para establecer el orden del día
de la reunión en donde se elegiría a los nuevos presidente y vicepresidente de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado de la República para el periodo 2023-2024.
Nótese que el artículo 80 del Reglamento del Congreso precisa que el orden del día de las
reuniones lo fijará la mesa directiva y el artículo 84 aclara que la respectiva citación la hará la
secretaría de cada corporación.
De modo que, resulta evidente que la competencia de quien presidía la Comisión Primera
Constitucional Permanente del Senado de la República en la legislatura 2022- 2023 cesó
únicamente hasta que se eligió a la mesa directiva de esa Corporación para el periodo 2023-
2024. En tales condiciones, naturalmente quienes fijaron el orden del día para la sesión del
1°de agosto de 2023 tenían la facultad legal para hacerlo.
En suma, no resulta razonable exigir, bajo la tesis del demandante, que quien establezca el
orden del día sea la nueva mesa directiva que aún no se ha conformado, pues precisamente
la convocatoria cuestionada tenía como asunto la elección de los nuevos presidente y
vicepresidente de la legislatura 2023-2024. Por lo tanto, a quien le correspondía fijar el orden
del día para llevar a cabo la elección que ahora se demanda, era la mesa directiva electa para
la legislatura 2022-2023.
Así las cosas, no se acredita la falta de competencia invocada por el accionante razón por la
cual se deniega el cargo».

En criterio de la Sala la acción de tutela interpuesta no supera el requisito de
la relevancia constitucional, pues no se advierte ningún vínculo entre la
decisión judicial controvertida y los derechos fundamentales del tutelante.
Lejos de tal escenario, en el caso tan solo se vislumbra el desacuerdo de este
último con la providencia dictada por la Sección Quinta de esta Corporación,
decisión que no implica una afectación directa a sus derechos, pues versa
sobre un asunto de naturaleza pública que en nada se vincula con la situación
particular del actor. Por eso no hay un real cuestionamiento iusfundamental,
en relación con la providencia judicial atacada sino, una inconformidad del
actor con la decisión adoptada por el juez de la causa que resultó desfavorable
a sus intereses.

A juicio de la Sala, no se encuentra ninguna amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales del señor Harold Eduardo Sua Montaña, pues la
decisión judicial controvertida no entraña una afectación subjetiva de sus
derechos fundamentales. Se trata, más bien, de un asunto que no trasciende
el ámbito de la legalidad y por ende no podría concluirse que el asunto es de
eminente relevancia constitucional.

Se recuerda que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales sólo se justifica cuando el juez incurre en un defecto que impacta los
derechos fundamentales de quien la invoca, sin que sea admisible que se

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limite a exponer una cuestión de mera legalidad o de desacuerdo con el
contenido de la providencia, pues tales asuntos corresponden a la órbita
exclusiva del juez natural de la causa.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional se ha enfatizado que la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal»8.

5.2. Adicionalmente, otra razón por la cual no se cumple con el requisito de
relevancia constitucional radica en que el accionante no desplegó una carga
argumentativa mínima.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que tratándose de tutela contra
providencias judiciales la argumentación del accionante debe estar dirigida a
demostrar una trasgresión evidente del debido proceso, a argumentar en qué
defectos incurrió la autoridad judicial accionada y específicamente a explicar
por qué dichos defectos se configuran en el caso. De manera que el requisito
de relevancia constitucional implica que el juez verifique que la parte actora
cumpla con una carga argumentativa mínima.

No basta, entonces, enunciar el referido defecto ni elaborar afirmaciones que
carezcan de soporte argumentativo. La razón de exigir tal carga argumentativa
radica en que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional.
Solo procede bajo los supuestos especiales desarrollados
jurisprudencialmente.

En el caso analizado se observa que el accionante manifestó su desacuerdo
con la decisión adoptada por la Sección Quinta de la corporación, por
considerar que la mesa directiva no tenía competencia para citar y disponer el
orden del día de la sesión en la cual se eligió la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Constitucional Permanente del Senado 2023-2024. Se entiende,
entonces, que ese es su reparo contra la providencia atacada.

Ahora bien, la Sala no desconoce que el actor mencionó que en el caso se
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. Sin embargo, su única justificación
para fundamentar tales cargos consistió en que, por una parte, no se hizo
«alusión en la sentencia sub judice de la apreciación del accionante de las pruebas
decretadas sobre todo del orden del día y mensaje de datos de la contraparte procesal»;
y por la otra, tampoco se tuvo en cuenta el artículo 10 de la Ley 3° de 1992
que en su criterio «dan lugar a la falta de competencia alegada por haberse expedido
la citación y orden del día de la elección cuestionada en cabeza de quienes para ese
momento ya habían culminado el periodo de un año».

A lo cual agregó en el escrito de impugnación que se dejaron «de lado dos
normas estimadas violadas en el libelo cuando las mismas estructuran cada uno de los
cargos a un punto en el cual su omisión da sin duda alguna a la negación de las
pretensiones del actor pues la violación alegada del artículo 6 de la ley 3 de 1992, literal
1 del artículo 2 de la ley quinta y artículo 27 de la ley 1909 de 2018 es a todas luces
inexistente desde la sola literalidad de los mismos».

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

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En ese orden de ideas, aunque hubo una mención al nombre de los defectos,
el accionante no indicó por qué el orden del día y el mensaje de datos eran
pruebas susceptibles de modificar la decisión. Puntualmente, sobre el defecto
fáctico, debe tenerse en cuenta que para que este se configure es necesario
que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna
manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega en la
decisión cuestionada. En otras palabras, este defecto supone que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta
absolutamente inadecuado para el caso concreto. En consecuencia, la
argumentación del accionante debe estar dirigida a demostrar por qué las
pruebas que en su criterio no tuvo en cuenta el juez conducían a conceder sus
pretensiones. Argumentación que en el caso bajo análisis no se expuso,
siquiera someramente.

Lo anterior es extensible al defecto sustantivo aludido por el tutelante, cuyo
único fundamento consistió, en palabras del actor, en que la autoridad judicial
pasó por alto que «una de las normas estimadas violadas en el escrito genitor es el
artículo 10 de la ley tercera de 1992»; a lo cual agregó, en la impugnación, que la
autoridad accionada efectuó un «análisis normativo dejando de lado dos normas
estimadas violadas en el libelo». Sin embargo, no se justificó por lo menos
brevemente la razón por la que dicha norma era la que regía el asunto bajo
controversia.

Así las cosas, aunque en el escrito de tutela el actor plasmó cuál era su
inconformidad (la relacionada con la falta de competencia de la mesa directiva), lo
cierto es que no desplegó una carga argumentativa mínima que demostrara la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo alegados.

5.3. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.
De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra
providencias judiciales, como mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que
de manera reiterada se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no

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hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, primero, porque el reproche expuesto en el escrito de
tutela es una reproducción de los cargos presentados en el medio de control; y
segundo, porque no se cumplió con la carga mínima argumentativa requerida
cuando la acción de tutela se emplea para controvertir providencias judiciales.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia mediante la
cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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