Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00143-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2024-00143-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2024-00143-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 850012333000202400143021
Recurso de apelación contra la sentencia de 29 de octubre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare
Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
TESIS: CONFIGURACIÓN DE COSA JUZGADA PREVISTA EN ARTÍCULO 1º,
PARÁGRAFO, DE LA LEY 1881 DE 2018
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la
accionante y el procurador 53 Judicial II Administrativo de Casanare
contra la sentencia de 29 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, por medio de la cual se denegó
la pérdida de investidura del concejal de Yopal (Casanare), señor
ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN, por hechos
relacionados con el ejercicio del período constitucional 2024-2027.
I.- ANTECEDENTES
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las
providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia, podrán confrontarse de forma virtual.
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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00143 02
Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
I.1.- La ciudadana DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del
señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN, concejal de
Yopal (Casanare), por hechos relacionados con el período
constitucional 2024-2027, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de
19942, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003, esto es por violación del régimen de inhabilidades, luego
de haber celebrado los contratos de prestación de servicios 3052 de
1o. de febrero de 2023 y 3405 de 21 de junio de 2023 con la
Secretaría de Salud Departamental de Casanare, esto es dentro del
año anterior a las elecciones, cuyas actividades se ejecutaron en ese
mismo municipio.
I.2.- En apoyo de su pretensión, la solicitante adujo, en síntesis, que
el accionado, quien aceptó la convocatoria que le hizo la presidenta
del Concejo de Yopal (Casanare), mediante oficio TRD: 100.34.4.1-
0478 de 12 de septiembre de 2024, para ocupar una curul vacante
en esa corporación, tomó posesión de esta a pesar de haber
celebrado los contratos de prestación de servicios 3052 de 1o. de
febrero de 2023 y 3405 de 21 de junio de 2023 con la Secretaría de
Salud Departamental de Casanare, dentro del año anterior a las
elecciones de 29 de octubre de 2023, cuyas actividades se ejecutaron
en el mismo municipio, de conformidad con los informes de
actividades rendidos por el contratista.
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de
los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.
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Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
Adujo que, por lo tanto, el concejal incurrió en la inhabilidad prevista
en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617, al intervenir en la celebración y ejecución de dichos
contratos dentro del año anterior al día de las elecciones, por lo que
estaba inhabilitado para participar en la contienda electoral y, por
ende, para ocupar el cargo de concejal de Yopal (Casanare). Y que
tal conducta la hizo en forma dolosa.
I.3.- El concejal, a través de apoderado, contestó la solicitud
oponiéndose a la desinvestidura, para lo cual manifestó, en síntesis,
que, si bien suscribió dos contratos de prestación de servicios
profesionales con el departamento de Casanare, en el año 2023,
estos fueron ejecutados en municipios distintos a Yopal (Casanare),
por lo que no se configuró la causal de inhabilidad del artículo 40,
numeral 3 de la Ley 617, que modificó el artículo 43 de la Ley 136.
Alegó que la norma no prohíbe la suscripción de contratos, sino su
ejecución en el municipio donde se aspira al cargo, respecto de lo
cual la jurisprudencia del Consejo de Estado exige la concurrencia de
elementos objetivos (celebración del contrato y ejecución en el
municipio dentro del año anterior a la elección) y subjetivos (dolo o
culpa grave) para que se configure la inhabilidad.
Manifestó haber actuado bajo buena fe calificada, habiendo
consultado previamente a un abogado especializado quien le indicó
que no existía inhabilidad alguna. Y que, en caso de error, este sería
leve o levísimo, pero no grave, pues no vulneró el bien jurídico
tutelado por la figura de pérdida de investidura, como lo exige la
jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 29 de octubre de 2025, denegó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual sostuvo, de
manera preliminar, que no podía decretarse la cosa juzgada en el
presente asunto, toda vez que si bien el proceso de nulidad electoral
con radicación 85001233300020240011100 también fue promovido
contra el concejal ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN, por
la misma causal de trasgresión al régimen de inhabilidades, y debido
a que celebró los contratos de prestación de servicios profesionales
3052 de 1o. de febrero de 2023 y 3405 de 12 de junio de 2023 con
el departamento de Casanare, circunstancias idénticas que motivan
la solicitud de desinvestidura, lo cierto es que la sentencia de 15 de
octubre de 2025, proferida en primera instancia, con la que se
denegaron las pretensiones, aún no estaba en firme porque el actor
interpuso recurso de apelación contra ese fallo, el cual permanecía
para decisión de fondo en el Consejo de Estado.
Sostuvo que, en el clausulado de los contratos 3052 de 1o. de marzo
de 2023 y 3405 de 22 de junio de 2023, se estipuló que el primero
se ejecutaría en los municipios de Casanare: Chámeza, Monterrey,
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva, mientras que el segundo
debía cumplirse en los de Aguazul, Maní, Nunchía y Orocué, entes
territoriales en los cuales le fueron practicadas deducciones por
concepto del impuesto de industria y comercio.
Mencionó que, revisados el contrato 3052 de 1o. de marzo de 2023,
en el que el accionado como contratista presentó los informes de
actividades 2 y 4, y el contrato 3405 de 22 de junio de 2023, en el
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Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
que presentó el informe de actividades 1, se pudo establecer que, si
bien aquel asistió a distintas reuniones adelantadas en las
instalaciones de la Secretaría de Salud Departamental, cuya sede se
encuentra en Yopal (Casanare), no pudo establecerse con claridad
que su comparecencia a las mismas haya acontecido en ejecución de
los referidos contratos, como para que se configurara la inhabilidad
aludida, razón por la que denegó la pretensión de desinvestidura.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS
III.1.- La actora interpone recurso de apelación con el que solicita
que se revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, se decrete la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual menciona que esa
providencia adolece de un ‘error de hecho por falta de valoración
probatoria e inobservancia de pruebas conducentes’, lo que llevó a la
incorrecta conclusión de que no se acreditó el elemento objetivo de
la causal de la inhabilidad, es decir, que supuestamente no se probó
el elemento territorial, y consecuentemente, hubo vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
A su vez, aduce un error en la valoración del elemento subjetivo (dolo
o culpa grave), toda vez que la conducta del accionado demuestra
culpa grave por la desatención del deber de cuidado, o el dolo por la
intención de quebrantar la norma. Y que actuó con ausencia de
debida diligencia, de forma consciente y volitiva, y, a pesar de este
precedente directo y grave, aceptó la curul en el Concejo de Yopal
(Casanare), lo que solo puede explicarse como una desatención
inexcusable del deber de cuidado que configura la culpa grave o el
dolo directo de continuar en el cargo a pesar de la restricción legal.
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III.2.- Por su parte, el procurador 53 Judicial II Administrativo de
Casanare también interpone recurso de apelación contra la referida
sentencia, con el que solicita su revocatoria y, en consecuencia, que
se decrete la pérdida de investidura del accionado, con fundamento
en que, inexplicablemente, el Tribunal dejó de referirse a hechos de
la solicitud debidamente probados por la actora y que se refieren a
otros informes de ejecución, situaciones fácticas soportadas dentro
del proceso con pruebas documentales, omitiéndose así la obligación
de analizarlas y valorarlas, lo que constituye una vulneración al
debido proceso judicial y una clara denegación de justicia.
Alega que basta constatar el contenido mismo de los informes,
pruebas documentales que no fueron desconocidas por accionado y/o
tachadas como falsas, para llegar a una conclusión diametralmente
contraria a la entronizada por la autoridad judicial. Y que no existe
sustento fáctico ni probatorio alguno que le permita al Tribunal
desconocer y dar un alcance distinto a los medios probatorios
documentales legalmente aportados al expediente, y mucho menos
para edificar una tesis ambigua sobre inexistencia de certeza
respecto a que la ejecución de algunas actividades contractuales en
el municipio de Yopal (Casanare), tuvieron relación con los contratos
firmados.
Señala que la accionante efectuó expresa manifestación sobre el
elemento subjetivo de la conducta del concejal, para lo cual aludió y
aportó los medios probatorios que corroboraron su planteamiento, es
decir, que cumplió con la obligación legal y jurisprudencial antes
aducida. Y que, aplicando las reglas de la sana crítica y de la
experiencia, así como la lógica y el sentido común, resulta claro que
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la actuación desplegada por el accionado, respecto de asumir el cargo
de concejal de Yopal (Casanare), estando inhabilitado para ser
elegido y también para aceptar el llamado a ocupar la curul, no está
plenamente justificada porque no lo hizo bajo la convicción invencible
de que no estaba vulnerando prohibición legal alguna y por tanto su
conducta no puede adecuarse al principio de buena fe exenta de
culpa.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, se descorrió así:
IV.1.- El accionado solicita que se confirme la sentencia apelada que
denegó su desinvestidura, para lo cual pone de presente que en el
proceso de nulidad electoral 85001233300020240011101, surtido en
la Sección Quinta del Consejo de Estado, se profirió sentencia de 5
de febrero de 2026, mediante la cual se confirmó la sentencia de 15
de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, con la que se negaron las pretensiones de la demanda
contra el llamamiento al accionado a ocupar la curul de concejal de
Yopal (Casanare), para el periodo constitucional 2024-2027.
Aduce que, en síntesis, la Sección Quinta del Consejo de Estado
consideró que no se acreditó el elemento territorial de la inhabilidad
por celebración de contratos prevista en el artículo 43, numeral 3, de
la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, pues, aunque
asistió a actividades en Yopal (Casanare), tales como mesas,
jornadas de movilidad y seguridad vial, e incluso las reportó en
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informes, dichas actuaciones fueron entendidas como apoyos
logísticos o actividades accesorias sin capacidad de modificar el
objeto ni el lugar pactado de ejecución de los contratos 3052 y 3405
de 2023, los cuales estaban limitados para cumplirse en otros
municipios del departamento; y que, respecto del contrato 3405, se
destacó la insuficiencia probatoria para confirmar la realización y
ubicación de la reunión alegada en Yopal (Casanare), por lo que no
se configuró la causal de inhabilidad invocada.
Por lo demás, insiste en sus argumentos de defensa, expuestos
desde la contestación de la solicitud de desinvestidura.
IV.2.- El procurador delegado de Intervención 10: Quinto ante el
Consejo de Estado, presentó Concepto 44-26 de 12 de febrero de
2026, a través del cual solicita que se revoque la sentencia apelada
y, en consecuencia, se decrete la pérdida de investidura del
accionado, toda vez que si las actividades desarrolladas por él como
contratista no guardaran relación con la ejecución contractual, no
habrían sido incluidas como soporte del cumplimiento de las
obligaciones en los informes que presentó, con fundamento en los
cuales se le reconocieron y pagaron sus honorarios.
Indica, respecto al elemento subjetivo, que el accionado debía saber
que estaba incurso en una causal de inhabilidad que le impedía
aceptar el cargo para el cual fue llamado, máxime si se tiene en
cuenta que asumió la curul en reemplazo del señor MICHAEL
JONATHAN CASTRO NIÑO, a quien se le decretó la pérdida de
investidura con fundamento en la misma causal.
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Omite alusión alguna a la posible configuración de cosa juzgada a
partir de la sentencia de 4 de febrero de 2026, mediante la cual se
confirmó la sentencia de 15 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, radicación
85001233300020240011101, con la que se negaron las pretensiones
de la demanda electoral contra el llamamiento al accionado a ocupar
la curul de concejal de Yopal (Casanare), para el período
constitucional 2024-2027.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Cuestión previa: De la cosa juzgada respecto del proceso
de nulidad electoral 85001233300020240011101 surtido
contra el concejal ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN
La existencia de la cosa juzgada supone que la sentencia cuestionada
sea idéntica con la anterior en su objeto y causa, entendiéndose por
el primero la pretensión jurídica analizada y, por la causa, los hechos
en que se funda dicha pretensión, así como el sustento normativo de
la misma.
El artículo 1º de la Ley 1881, modificado por el artículo 4º de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 20194, establece que la pérdida de
investidura es un juicio de tipo subjetivo, de naturaleza
sancionatoria, y dispone, en forma expresa e inequívoca, la necesaria
acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del servidor, como
presupuesto para la prosperidad de este medio de control. Esta
norma prevé:
4 “[…] Por el cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
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“[…] Artículo 1o. <Artículo modificado por el artículo 4º de la
Ley 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de
los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida
de investidura establecidas en la Constitución.
Se observará el principio del debido proceso conforme al
artículo 29 de la Constitución Política.
Parágrafo. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una
misma conducta haya dado lugar a una acción electoral
y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el
primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro
proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en
relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio
es exclusivo del proceso de pérdida de investidura.
En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura
hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de
nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva
de la causal […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Como se observa del contenido de la norma transcrita, dentro del
proceso de pérdida de investidura se debe garantizar el principio del
debido proceso y el principio del non bis in idem5, entendido como la
prohibición de ser juzgado o procesado dos veces por los mismos
hechos, “[…] la cual no queda limitada o circunscrita a la proscripción
de una doble sanción, sino también a la imposibilidad de someter a
la persona a dos juicios con fundamento en los mismos hechos o
circunstancias tipificadores de la respectiva conducta […]”.6
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de
octubre de 2021, radicación 68001-23-33-000-2020-00829-01, consejero ponente Roberto Augusto
Serrato Valdés.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 12 Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura, sentencia de 7 de julio de 2023, número único de radicación 11001-03-15-
000-2023-01743-00 (PI), consejero ponente Fredy Ibarra Martínez.
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Los artículos 17, 21 y 22 de la Ley 1881, en cuanto al fenómeno de
la cosa juzgada, su remisión normativa a las leyes 1437 de 18 de
enero de 20117 y 1564 de 12 de julio de 20128 en los aspectos no
contemplados, y su aplicación a los procesos de pérdida de
investidura de miembros de corporaciones públicas territoriales,
determina lo siguiente:
“[…] Artículo 17. No se podrá admitir solicitud de pérdida
de la Investidura de un congresista en el evento de
alegarse los mismos hechos que sirvieron de
fundamento a las causales sobre las cuales ya se haya
pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias en
estos procesos producen efectos de cosa juzgada […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los
demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el
Código General del Proceso en lo que sea compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] Artículo 22. Las disposiciones contenidas en esta ley
serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos
de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por su parte, el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable
por remisión del artículo 306 de la Ley 1437, prevé:
“[…] Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
7 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
8 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones
[…]”.
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que el anterior y entre ambos procesos haya identidad
jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del
segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que
figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre
vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si
se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los
demás casos […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Frente al fenómeno de la cosa juzgada, la Sección ha determinado:
“[…] Para desatar la controversia planteada por el apelante, es
necesario recordar que el fenómeno de la cosa juzgada impide
que los asuntos decididos sean nuevamente sometidos a
debate judicial, lo cual es reflejo de la garantía constitucional
de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, contenida en
el artículo 29 de la Carta Política.
(…)
Para que se presente el fenómeno de la cosa juzgada, la
doctrina9 siguiendo los parámetros del citado artículo 303 del
Código General del Proceso, ha resaltado que se deben reunir
los siguientes elementos:
«(…) Para que obre se requiere:
1.- Que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia dictada. Si en el primer proceso la
sentencia no está ejecutoriada, no opera la excepción de cosa
juzgada sino la de pleito pendiente (…).
2.- Que ese nuevo proceso sea entre unas mismas partes, o,
como lo anota el art. 303, que “haya identidad jurídica de
partes”.
(…)
3.- Que el nuevo proceso verse sobre un mismo objeto (art.
303). Tal como lo dice con acierto la Corte, “el objeto de la
demanda consiste en las prestaciones o declaraciones que se
reclaman a la justicia”, que son precisamente los puntos sobre
los cuales versa la parte resolutiva de la sentencia; Devis
señala que el “objeto del proceso lo constituye el derecho
reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en
9 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio., Código General del Proceso, Bogotá D.C., DUPRE Editores, 2016.
Páginas 688-690.
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relación con una cosa o varias cosas determinadas, o la relación
jurídica declarada según el caso”.
(…)
4.- Que el nuevo proceso se adelante por la misma causa que
originó el anterior. La causa es la razón por la cual se demanda;
los motivos que se tienen para pedir al Estado determinado
sentencia. Esos motivos, por disposición del art. 82 del CGP,
deben aparecer expresados en toda demanda y surgen de los
hechos de ella, por cuanto de su análisis es como se puede
saber si en verdad existe identidad de causa.»
En lo que tiene que ver con los procesos de pérdida de
investidura, el fenómeno de la cosa juzgada tiene plena
aplicación en virtud del artículo 15 de la Ley 144 de 1994: (…)
Ese orden de ideas, esta Sección10, ha encontrado
pertinente la aplicación del fenómeno de cosa juzgada
en los procesos de pérdida de investidura, en la
siguiente forma:
«(…) 3.1 La figura de la cosa juzgada.
La cosa juzgada es una institución de tipo procesal que se
predica de las sentencias que adquieren el carácter de firmeza,
a fin de salvaguardar el principio de la seguridad jurídica.
Desde esta perspectiva, es un efecto que se produce por
la firmeza que cobra una decisión judicial que pone fin a
un proceso y resuelve el fondo del asunto planteado en
él, de forma tal que se genera la imposibilidad de dictar
una nueva decisión sobre un asunto que tenga el mismo
objeto y la misma causa.
La identidad de objeto y de causa se presenta cuando
coinciden tanto en la decisión que está en firme como en
el nuevo proceso puesto a conocimiento del juez, los
hechos y fundamentos de derecho (causa petendi) y la
situación jurídica o pretensión procesal (objeto).
(…)
También se ha sostenido con acierto, que la cosa juzgada
garantiza el principio de non bis in ídem, dado que
impide el que se pueda abrir el debate jurídico que
encontró fin en una decisión judicial, de forma que se
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Marco Antonio Velilla Moreno (E), sentencia de 18 de julio de 2012, número único de radicado 07001-
23-31-000-2011-00065-01(PI).
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Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
proscribe que el afectado con la decisión sea juzgado dos
veces por un mismo hecho […]”11 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
Y la Sala Plena, determinó:
“[…] Al respecto, el Consejo de Estado ha resaltado que, como
se desprende del tenor literal de esta disposición, con ella se
busca salvaguardar el principio de non bis in idem como
garantía fundamental del derecho al debido proceso del
congresista, elemento transversal de los procesos
sancionatorios y derecho fundamental de aplicación
inmediata de quien está sometido a esta clase de juicios12.
De ahí que, si se dan los supuestos para ello, el juez está obligado,
incluso de oficio, a analizar si en el asunto sometido a su
consideración se materializa la excepción de cosa juzgada13.
Lo anterior implica establecer que se encuentran acreditados los
elementos propios de esta figura, esto es, que exista igualdad
de partes, de objeto y de causa entre estos procesos. Así,
tanto la nulidad electoral como la pérdida de investidura
deben dirigirse contra el mismo congresista14, fundarse en
los mismos hechos y referirse a la misma causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, para
concluir que se materializa el fenómeno de la cosa juzgada […]”15
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
noviembre de 2016, número único de radicación 81001-23-33-003-2016-00001-01 (PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
12 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2021, radicación 68001-23-
33-000-2020-00829-01, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, en la que se explicó:
“[…] El postulado del non bis in idem, es una garantía que resulta extensiva al campo del ius puniendi
del Estado. Dicho principio se “proyecta, complementa y realiza” en la aplicación del principio
constitucional de cosa juzgada. De allí que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional “[…] pensar
en la noción de ‘cosa juzgada’ sin hacerlo a la vez en el non bis in ídem, es prácticamente un sin
sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona
dos veces por el mismo hecho, está haciendo referencia a ambas”, de tal suerte que no resulta
posible concebir una institución jurídica sin la otra. // El principio del non bis in idem, así considerado,
tiene una triple dimensión: (i) es un derecho fundamental de aplicación directa e inmediata; (ii) es
un principio dirigido a las autoridades judiciales con el fin de impedir que una persona sea juzgada
dos veces por los mismos hechos y (iii) constituye un límite al legislador en ejercicio de su libertad
de configuración normativa […]”.
13 Idem.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de junio de 2015,
número único de radicación 11001-03-15-000-2013-00115-00(PI), consejero ponente Alberto
Yepes Barreiro. Citada en Sección Primera, sentencia de 25 de febrero de 2021, número único de
radicación 25000-23-15-000-2019-00217-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de noviembre
de 2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-05556-02, consejero ponente Nicolás
Yepes Corrales.
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Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
En cuanto a la identidad de partes, esta Corporación ha aclarado que:
“[…] tratándose de la pérdida de la investidura, por su
naturaleza pública, la identidad de partes no se puede
entender como se hace en un proceso contencioso ordinario,
en cuanto cualquier ciudadano puede interponerla, razón por
la que no se puede pretender que el demandante en un
proceso y otro sea el mismo. // Por tanto, en esta clase de
procesos solo se exige esa identidad en cuanto al demandado
–parte pasiva-, por cuanto por disposición constitucional, el
Ministerio Público siempre tendrá que participar y cualquier
ciudadano puede demandar la pérdida […]”16.
V.1.1.- En el asunto bajo examen, el accionado puso de presente
que en el proceso de nulidad electoral con radicación
85001233300020240011101, la Sección Quinta del Consejo de
Estado profirió la sentencia de 5 de febrero de 2026, mediante la cual
denegó la nulidad de la Resolución 134 de 9 de septiembre de 2024,
por medio de la cual se le hizo llamamiento a ocupar una curul
vacante en el Concejo de Yopal (Casanare), por lo restante del
período constitucional 2024-2027, razón por la que se habría
configurado la cosa juzgada respecto de todos los aspectos juzgados
en el asunto bajo examen, excepto con relación a su culpabilidad.
Tal como ocurre en el caso concreto, en ese proceso de nulidad
electoral, el actor consideró que la elección cuestionada era nula en
virtud de lo previsto en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, puesto que habría
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de junio de 2015,
número único de radicado 11001-03-15-000-2013-00115-00(PI), consejero ponente Alberto Yepes
Barreiro.
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Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
celebrado los contratos de prestación de servicios 3052 de 1o. de
febrero de 2023 y 3405 de 21 de junio de 2023 con la Secretaría de
Salud Departamental de Casanare, dentro del año anterior a las
elecciones de 29 de octubre de 2023, cuyas actividades
supuestamente se ejecutaron en Yopal (Casanare), de conformidad
con los informes de actividades rendidos por el entonces contratista.
Para efectos de establecer si en el presente asunto se configura el
fenómeno de la cosa juzgada, se realizará un cuadro comparativo
entre los dos procesos:
Nulidad electoral Pérdida de investidura
85001233300020240011101 85001233300020240014302
Demandado: concejal de Yopal (Casanare), señor Accionado, concejal de Yopal (Casanare),
ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO
PINZÓN
Pretensión Pretensión
Que se declare la nulidad de la Resolución 134 de 9 Que se decrete la pérdida de investidura del
de septiembre de 2024 del Concejo de Yopal concejal de Yopal (Casanare), señor
(Casanare), por medio de la cual se hizo el ANDERSSON ALONSO CARRILLO
llamamiento del señor ANDERSSON ALONSO PINZÓN, por hechos relacionados con el
CARRILLO PINZÓN para ocupar una curul vacante ejercicio del periodo constitucional 2024-
como concejal del municipio de Yopal (Casanare), 2027.
para el resto del periodo constitucional 2024-2027.
Síntesis de los hechos Síntesis de los hechos
Para los comicios del 29 de octubre de 2023, el Mediante sentencia del 23 de mayo de
Partido Social de la Unidad Nacional «la U» inscribió2024 se declaró la nulidad parcial del
una lista de 17 candidatos al Concejo Municipal de acto de elección E-26, en lo que
Yopal, dentro de los cuales se encontraban los respecta a la declaratoria de la elección
señores Michael Jonathan Castro, Wilson María del señor Michael Jonathan Castro Niño
García Pesca y Andersson Alonso Carrillo Pinzón. como concejal del municipio de Yopal
para el periodo 2024-2027 por el
Previo a la realización del certamen democrático, la Partido de la Unión por la Gente (Partido
Oficina de Trasparencia de la Presidencia de la de la U). decisión que fue confirmada
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República elaboró un listado de aspirantes que se por la Sección Quinta del Consejo de
encontraban inhabilitados, dentro de los cuales Estado en sentencia del 25 de julio de
estaba el demandado. 2024.
A pesar de ello, el señor Andersson Alonso Carrillo Notificada en debida forma a las partes
Pinzón, participó en las elecciones del 29 de octubre y comunicada la decisión al Concejo
de 2023 y ocupó el tercer lugar en la lista a la que Municipal de Yopal, este, mediante la
pertenecía; no obstante, no logró ocupar un asiento Resolución núm. 134 del 9 de
en la corporación municipal. septiembre de 2024, declaró la vacancia
absoluta de la curul del concejal
Frente al señor Michael Jonathan Castro Niño, MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO,
quien logró obtener una curul en el concejo como consecuencia de la nulidad
municipal, la Sección Quinta del Consejo de electoral decretada por el Tribunal
Estado1, el 25 de julio de 2024, confirmó en Administrativo de Casanare y
segunda instancia la declaratoria de nulidad de confirmada por el Consejo de Estado,
su elección. además dispuso el procedimiento para
su remplazo.
En firme la anterior decisión, mediante
Resolución 134 del 9 de septiembre de 2024, se
declaró la vacancia absoluta de la curul Mediante oficio con radicado TRD:
ocupada por el señor Castro Niño y se procedió100.34.4.1-0478 DEL 12 DE SEPTIEMBRE
a realizar el llamamiento de quien seguía en el
DE 2024, enviado, vía correo electrónico, la
orden descendente en votación dentro de la presidenta del concejo de Yopal, ofició al
lista del Partido de la U para el Concejo de señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón,
Yopal. solicitando que se manifestara sobre la
ocupación de la curul en el concejo de Yopal
El 14 de septiembre de 2024, tomó posesión el por el partido de la U, en cumplimiento de la
señor Andersson Alonso Carrillo Pinzón como Resolución 134 del 9 de septiembre de 2024,
miembro del Concejo Municipal de Yopal. allí se indicó que el debería informar si
aceptaba o no la curul, y que en caso
afirmativo debía aportar, tanto de manera
física, los documentos exigidos por el art. 1°
de la Ley 190 de 1995 y por el Reglamento
Interno de la Concejo.
El 12 de septiembre de 2024 el señor
Andersson Alonso Carrillo Pinzón, dio
respuesta al llamamiento para ocupar la
curul de concejal de la ciudad de Yopal,
manifestando “ACEPTAR LA CURUL
PARA EL PERIODO 2024-2027 EN EL
CONCEJO DE YOPAL".
Radicados los documentos respectivos
el 14 de septiembre de 2024, en acto
protocolario en las instalaciones del
Concejo Municipal de Yopal, tomó
posesión el señor Alonso Carrillo
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Pinzón, mediante acta de posesión núm.
008 del 2024, como nuevo concejal del
municipio de Yopal.
Causal de nulidad electoral: Causal de pérdida de investidura:
Inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 3, de Inhabilidad prevista en el artículo 43,
la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40, de numeral 1, de la Ley 136 de 1994,
la Ley 617: modificada por el artículo 40, de la Ley 617:
“[…] Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo “[…] Artículo 43. Inhabilidades. <Artículo
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No
como candidato ni elegido concejal municipal o podrá ser inscrito como candidato ni elegido
distrital: concejal municipal o distrital:
3. Quien dentro del año anterior a la elección 3. Quien dentro del año anterior a la
haya intervenido en la gestión de negocios ante elección haya intervenido en la gestión
entidades públicas del nivel municipal o de negocios ante entidades públicas del
distrital o en la celebración de contratos con nivel municipal o distrital o en la
entidades públicas de cualquier nivel en interés celebración de contratos con entidades
propio o de terceros, siempre que los contratos públicas de cualquier nivel en interés
deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo propio o de terceros, siempre que los
municipio o distrito [...]”. contratos deban ejecutarse o cumplirse
en el respectivo municipio o distrito
[...]”.
Concepto de violación Explicación de la causal de pérdida de
investidura
La parte actora consideró que la elección cuestionada
es nula en virtud de lo dispuesto en el artículo 43.3 El señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO
de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40.3 PINZÓN, para el año 2023, cuando estaba en
de la Ley 617 de 2000, por cuanto el demandado vigencia la prohibición establecida en el
celebró contratos de prestación de servicios en artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que
interés propio con el Departamento de modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
Casanare, específicamente con la Secretaría de numeral 3 “… o en la celebración de contratos
Salud, dentro de los 12 meses anteriores a su con entidades públicas de cualquier nivel en
elección, los cuales se ejecutaron en Yopal. interés propio o de terceros, …”, suscribió
los siguientes contratos de prestación
Para justificar su reproche, relató que el de servicios profesionales con el
demandado el 1º de febrero de 2023 suscribió Departamento de Casanare, Secretaría
el contrato SECOP II-CAS -FDS-CDPSP-073- de Salud Departamental:
2023-3052, por un periodo de 4 meses a partir de
la fecha señalada y con plazo de ejecución hasta el SECOP II-CAS -FDS-CDPSP-073-2023-
31 de mayo de la referida anualidad. El objeto de este 3052 DEL 1/02/2023 y SECOP II-CAS -
era «Realizar acciones de inspección y vigilancia a FDS-CDPSP-344-2023-3405 DEL
establecimientos y/o objetos de alto riesgo en salud 21/06/2023.
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ambiental de los municipios de Chámeza, Monterrey,
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del En el contrato núm. SECOP II-CAS -FDS-
Departamento de Casanare». CDPSP-073-2023 con número interno
3052 del 1 de febrero de 2023 el señor
Si bien, según el objeto del contrato este debía ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN
ejecutarse en determinados municipios, lo cierto es ejecutó actividades en la ciudad de Yopal,
que el demandado realizó actividades en Yopal, esto de acuerdo con el informe de
donde se encuentra la Secretaría de Salud. actividades núm. 2 del 12 de abril de
Como soporte de su dicho hizo la siguiente 2023, el cual fue avalado por la supervisora
relación: del contrato, en el que manifiesto que
participó en la mesa de movilidad
• Informe de actividades No. 2 del 12 de abril departamental realizada en los días 13 y 22
de 2023, avalado por la supervisora del contrato, de marzo de 2023, según la información
donde se consignó que el demandado participó los allegada por la secretaria de educación dicha
días 13 y 22 de marzo de la referida anualidad, en la mesa se realizó en la Sala de Análisis de
mesa de movilidad departamental que se realizó en Registro de la Secretaría de Salud
«la Sala de Análisis de Registro de la Secretaría de Departamental, con sede en la ciudad de
Salud Departamental, con sede en la ciudad de Yopal.
Yopal». Además, en la última, fungió como trascriptor
del acta No. 001. Pero en la sesión del 22 de marzo de 2023,
además de asistir a la misma, fungió como
• Informe No. 4 del 2 de junio de 2023, “transcriptor del acta núm. 001”, lo que
refrendado por la supervisora. En la actividad 7 demuestra que dicha actividad la realizó y
relacionó su acompañamiento en una reunión ejecutó en el municipio de Yopal, violando el
intersectorial vial, que se llevó a cabo en la calzada régimen de inhabilidades señaladas en la
Yopal- Aguazul, el 19 de mayo de 2023 -según Ley.
información obtenida en la red social Facebook de la
Gobernación de Casanare-. Explicó que de las En el mismo contrato, pero en el
imágenes que acompañan la publicación se logra informe núm 4 de fecha 2 de junio de
observar al demandado en dicho evento. 2023, el cual fue avalado por la supervisora
del contrato, indica en la actividad núm. 7
Agregó que, si bien se informó por parte de la que realizó acompañamiento en la actividad
Secretaría de Salud que esta actividad no hacía parte intersectorial vial.
de las obligaciones contractuales del demandado,
para el demandante, la misma conlleva el Hay que señalar que, de acuerdo con el
cumplimiento de elemento territorial de la objeto contractual, las actividades que él
inhabilidad, toda vez que lo relacionó en el informe realizaba eran para los municipios de
respectivo como parte de «las demás actividades Chámeza, Monterrey, Sabanalarga,
relacionadas con el objeto contractual y asignadas Tauramena y Villanueva del Departamento
por el supervisor del contrato». de Casanare, pero esta actividad la realizó en
la jurisdicción del municipio de Yopal, la cual
Sobre la gestión documental (archivo), afirmó el fue reportada en el informe núm. 4 que
actor que es una actividad que se cumple en la presentó el 2 de junio de 2024, informe que
Secretaría de Salud del departamento que tiene sede fue avalado por la supervisión del contrato.
en Yopal.
La concesionaria Covioriente en oficio del 21
Además, hizo referencia al contrato de de octubre de 2024, en respuesta a un
prestación de servicios SECOP II-CAS -FDS- derecho de peticiíon realizado por un
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CDPSP-344-2023, con número interno 3405 del ciudadano, indicó que el 19 de mayo de 2023
21 de junio de 2023, suscrito con la misma se realizó una campaña de seguridad vial
dependencia que el anterior, con un plazo de denominada “Encarrílate”, la cual se
ejecución de 6 meses, cuyo objeto era realizar desarrolló en la vereda Upamena del
inspección sanitaria a establecimientos u objetos de municipio de Yopal en el PR100+300 de la
alto riesgo en salud ambiental y como lugar de Ruta Nacional, y en la cual participó el señor
ejecución Aguazul, Maní, Nunchía y Orocué en del Andersson Carrillo
Departamento de Casanare, del que a partir de su y por la cual presentó cuenta de cobro y la
ejecución denotó actividades en Yopal, así: solicitud de pago de honorarios.
• Según el informe No. 1 del 31 de julio de 2023 Ahora bien, en relación con el contrato de
el demandado participó en la jornada de movilidad prestación de servicios profesionales SECOP
segura y asistencia técnica en MPG. II-CAS -FDS-CDPSP-344-2023, con
número interno 3405 del 21 de junio de
• El informe No. 3 del 26 de septiembre de 2023, el señor Andersson Carrillo también
2023, da cuenta de la asistencia a la capacitación ejecutó ciertas actividades en el municipio de
realizada por el INVIMA en temas de medidas Yopal, esto de acuerdo con el informe de
sanitarias de seguridad, proceso administrativo actividades núm. 1 presentado el 31 de
sancionatorio y normatividad (virtual2). julio de 2023, el cual fue avalado por la
supervisora del contrato, en él manifestó, en
• En el informe No.6 del 28 de noviembre de relación con la actividad núm. 8, que
2023, el demando hizo presencia en la mesa de participó en la jornada de movilidad segura
entornos saludables COTSA, celebradas en el realizada el 30 de junio de 2023.
auditorio La Ceiba del CAD ubicado en Yopal.
En el mismo contrato, pero en el informe
A partir de lo dicho, concluyó que se configuraron los núm. 3 presentado el 26 de septiembre
elementos de la inhabilidad, a saber: i) el temporal, de 2023, en relación con la actividad núm.
por cuanto suscribió 2 contratos dentro de los 12 8 indica que participó de la asistencia técnica
meses anteriores a la elección; ii) territorial, al haber realizada por el Invima sobre medidas
ejecutado obligaciones contractuales en el municipio sanitarias de seguridad, proceso
de Yopal, donde fue llamado como concejal; y iii) administrativo sancionatorio y normatividad.
subjetivo, en la medida en que el demandado tenía
conocimiento de la causal y también, pudo Y en el informe núm. 6 presentado del 22
asesorarse sobre la materia. de diciembre de 2023, el señor Andersson
Carrillo manifestó que participó en la Mesa de
Entornos Saludables - COTSA, realizada el 28
de noviembre de 2023, dicha mesa, de
acuerdo con la planilla de asistencia, se
realizó en el Auditorio La Ceiba del CAD,
ubicado en la ciudad de Yopal.
El señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO
PINZÓN, en el 2023 era candidato al concejo
de la ciudad de Yopal por el Partido de la U,
pero al haber suscrito y ejecutado en la
ciudad de Yopal los contratos de prestación
de servicios 3052 del 1 de febrero de 2023 y
3405 del 21 de junio de 2023 estaba incurso
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en la inhabilidad contenida en el numeral 3°
del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que
modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994,
al intervenir en la celebración de dichos
contratos dentro del límite temporal de doce
(12) meses anteriores al día de las
elecciones, por lo que se considera que el
señor Carrillo Pinzón estaba inhabilitado para
participar en la contienda electoral y por
ende para ocupar el cargo de concejal del
municipio de Yopal.
De acuerdo con lo anterior, el señor
Andersson Alonso Carrillo Pinzón, de forma
dolosa, evadió lo preceptuado en el régimen
de inhabilidades establecidas en la Ley 136
de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000;
ya que con los informes de actividades
presentados en ejecución de los contratos de
prestación de servicios profesionales núms.
3052 del 1 de febrero de 2023 y 3405
del 21 de junio de 2023, se demuestra
que ejecutó actividades en el municipio
de Yopal, las cuales fueron avaladas por la
supervisora del contrato, señora Pilar del
Rocío Perilla Colmenares, para el pago de sus
honorarios.
El señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO
PINZÓN, en ejecución de los contratos
indicados anteriormente, realizó el cobro de
sus honorarios por las actividades
desarrolladas de conformidad con lo
establecido en los contratos suscritos por él
y el departamento de Casanare, Secretaría
de Salud Departamental, tal y como se
demuestra en cada una de los informes de
actividades que se allegan como pruebas y
que fueron avalados por la supervisora del
mismo.
Como quiera que el señor ANDERSSON
ALONSO CARRILLO PINZÓN al haber
suscrito y ejecutado dos (2) contratos
de prestación de servicios en los 12
meses anteriores a las elecciones de
alcaldías, gobernación y concejo para el
periodo 2024-2017, las cuales se
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realizaron el 29 de octubre de 2023,
vulneró el régimen de inhabilidades
establecida en el numeral 3° del artículo
40 de la Ley 617 de 2000.
La causal de pérdida de investidura que se le
endilga al señor ANDERSSON ALONSO
CARRILLO PINZÓN, concejal del municipio de
Yopal, Casanare, nombrado a partir del 14 de
septiembre de 2024, es la comisión de la
inhabilidad prevista en el artículo 43,
numeral 3, de la Ley 136, modificado por el
artículo 40, de la Ley 617.
Sentencia de 5 de febrero de 2026, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
consejera ponente Gloria María Gómez
Montoya
(fue notificada17 y quedó ejecutoriada18 el 13
de febrero de 2026 a las
5:00 p. m.)
Síntesis de las consideraciones para resolver
el caso concreto
2.6.1.1. Contrato de prestación de servicios
3052 suscrito por el demandado el 1º de
febrero de 2023
El recurrente concretó su reproche en que el a quo,
le otorgó mayor valor a la prueba testimonial y a la
declaración de parte del demandado que a las
documentales (contratos e informes) que dan cuenta
de que los acuerdos de voluntades se ejecutaron en
el municipio de Yopal, como lo señala el informe de
ejecución 2 del 12 de abril de 2023, en el que se
advierte que el demandado admitió su participación
en la mesa de movilidad departamental celebrada en
la citada territorialidad el 22 de marzo de 202356, lo
que se puede corroborar con el acta de reunión de
ese día, donde se encuentra consignado el nombre
del señor Andersson Carrillo, quien fungió como
persona encargada de su elaboración.
17 Índice 15, SAMAI.
18 Índice 17, SAMAI.
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En el informe 4 se registró que participó en la
actividad intersectorial de seguridad vial, en la vereda
Upamena del municipio de Yopal, así como la
realización de un archivo documental en la sede de la
secretaría que queda en la referida territorialidad.
El juzgador de instancia valiéndose de las
declaraciones consideró que se trató de una labor de
apoyo, que no fue con el propósito de ejecutar el
negocio jurídico, aspecto que para el recurrente dista
de la realidad en la medida en que fue reportado
como actividad para el cumplimiento contractual.
Para atender el cuestionamiento del demandante, es
pertinente aludir a los elementos de juicio que se
encuentran en el expediente, esto es los estudios
previos que son del 27 de enero de 2023, donde se
observan algunos aspectos relevantes: (…)
El contrato 3052 del 1º de febrero de 2023, el cual
suscribió el demandado con el Departamento de
Casanare (Secretaría de Salud) del que se observan
las siguientes particularidades: (…)
En relación con el acuerdo de voluntades que se viene
relatando, existen en el plenario: el «informe parcial
de actividades No. 2 del CONTRATO DE
PRESTANCIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.
3052 (…)», así como el 4, los cuales fueron suscritos
por el demandado y la señora Pilar del Rocío Perilla
Colmenares como supervisora de este, donde consta
que se verificaron las actividades relacionadas en el
documento, en el ítem «E» que se denomina
«ACTIVIDADES DESARROLLADAS». En dichos
documentos se consignó lo siguiente: (…)
Igualmente, reposa un archivo Excel que se
denomina «PLANTILLA PARA AGREGAR INFORME DE
ACTIVIDADES. EN LA PRIMERA COLUMNA
CONSECUTIVO, EN LA SEGUNDA COLUMNA
DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO, EN LA TERCERA
COLUMNA PORCENTAJE EJECUTADO, EN LA CUARTA
COLUMNA LA ACTIVIDAD REFRENCIADA» donde se
corrobora la citada información: (…)
Por su parte, se encuentra el documento denominado
«Primera Mesa Técnica de Movilidad Segura (marzo
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22 de 2023) ACTA No 001», en este se consignan,
entre otros, los siguientes datos:
• Fecha: «Yopal, 22 de marzo de 2023»
• Lugar: Sala de análisis de riesgo secretaria de salud
departamental
• Asistentes: «(...)Secretaría departamental de salud
(…)»
• «DESARROLLO: 1. Saludo por parte de la secretaría
de salud. La ingeniera Pilar Perilla – secretaria de
salud, da un saludo (…)»
• De las misma se fijaron los siguientes
compromisos: «crear un perfil digital de la mesa de
movilidad; hablar con los diferentes medios de
comunicación y oficina de prensa para la divulgación;
solicitar apoyo a algunas instituciones y a la
secretaría de educación para la gestión mediante las
universidades y colegios del concurso para el diseño
de la mascota, logo y perfil digital; identificar los
puntos de mayor accidentalidad en los municipios a
intervenir y realizar acciones y medidas de
prevención como iluminación, señalización y oficial a
quien tenga las competencias y; gestionar la
vinculación de artistas de la cultura llanera como el
Cholo Valderrama o Walter Silva para la
implementación de un jingle o canción de promoción
e invite a la prevención de accidentes.
Al finalizar, se observa una nota que indica lo
siguiente: Transcriptor Nidia Cortés-Andersson
Carrillo.
Un anexo de lista de asistencia, en la que el
demandante sostiene que en la casilla número 9
aparece la firma del demandado.
La certificación del 15 de julio de 2025 en donde la
Secretaría de Salud de Casanare indica que «en el
marco de la actividad, “las demás actividades
relacionadas con el objeto contractual, y asignadas
por el supervisor del contrato” realizó acciones de
apoyo logístico para el desarrollo de la mesa de
Movilidad Segura (relacionada en informe 2) y la
Jornada Intersectorial de Seguridad Vial, en el
Corredor vial Yopal-Aguazul (informe 4)».
En atención a lo anterior, se tiene en este caso que el
30 de julio de 2025, se llevó a cabo la audiencia de
pruebas en la que se escuchó el interrogatorio de
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parte del demandado, se recibieron las declaraciones
de Nidia Cortez Peralta (contratista) y Pilar Perilla en
calidad de supervisora, de las cuales resulta relevante
destacar los siguientes apartes: (…)
En atención al reproche del recurrente, la Sala indica
que de los estudios previos y el contrato 3052 que
suscribió el demandado, se infieren que el objeto se
debía desarrollar en los municipios de Chámeza,
Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva en
el departamento del Casanare, también, se resalta
que las mismas territorialidades se contemplaron
como el lugar de ejecución del acuerdo de
voluntades.
De hecho, obran en el expediente un gran número de
pruebas que demuestran, el cumplimiento del objeto
contractual en los municipios mencionados en el
párrafo anterior, especialmente las contenidas en los
índices SAMAI 30, 31, 132, 133, 141, 144 y 145,
relativas a la «inspección y vigilancia a
establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud
ambiental».
A partir de los referidos documentos, la Sala
estima que el municipio de Yopal no se
encontraba previsto como lugar de desarrollo
del objeto contractual o de ejecución del
acuerdo de voluntades. Es por ello que, la
Sección precisa que el objeto del contrato
resulta ser un aspecto medular que regenta la
relación contractual y que a su vez se relaciona
directamente con la ejecución; en relación con
ello la Sección Tercera de esta corporación, ha
indicado que «esta particularidad de la contratación
estatal determina que la ejecución del objeto
contractual sea un asunto vertebral y es por esto que
la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten
conjurar factores o contingencias que puedan
conducir a su paralización o inejecución»19.
En ese sentido, encuentra la Sección que el
objeto del contrato fija un parámetro dentro del
cual deben ejecutarse las obligaciones
19 Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de
junio de 2011, número único de radicación 85001-23-31-003-1998-00070-01(18836), consejero
ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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contractuales, en especial para el caso que se
analiza, donde se puede extraer del mismo
acuerdo de voluntades, que las actividades y su
desarrollo se circunscribían a unos municipios
específicos del Departamento de Casanare,
dentro de los cuales no se encuentra incluido
Yopal.
Sobre el particular se tiene que el objeto
contractual, no puede ser modificado de forma
simple, sino que se requiere hacer un nuevo
contrato o a través de uno adicional, para poder
efectuar alguna variación sobre este tópico. En
ese sentido, esta sala especializada20 ha
determinado, lo siguiente: «Ahora bien, respecto de
la configuración del elemento material u objetivo de
la inhabilidad endilgada al demandado, acorde con
los efectos que generan las modificaciones o
adiciones al contrato celebrado, cuya discusión centra
el debate en esta instancia, esta Sala Electoral
recientemente determinó la postura jurisprudencial
que gobierna estos asuntos y, en tal sentido, precisó
que no toda modificación al negocio jurídico inicial
edifica dicho elemento referido a la «celebración de
contratos», dado que solamente una alteración del
objeto implicaría un nuevo acuerdo.»
• Informe 2
De conformidad con el análisis de estos documentos,
se tiene que en el informe de ejecución del contrato
No. 2, el demandado advierte que participó en la
mesa de movilidad departamental realizada el 22 de
marzo de 2023, que tuvo lugar en el municipio de
Yopal.
A partir de las declaraciones practicadas en la
audiencia de pruebas, los exponentes se centraron en
determinar que la participación del demandado en
esta actividad, no estaba relacionada con el objeto
contractual y por otro, que se limitó a una labor de
apoyo o logística (conectar computadores y el
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de junio de 2025, Rad. 68001-23-33-000-
2023-00767-03, consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra. Tesis reiterada en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de enero de 2025, Rad. 68001-
23-33-000-2024-00043-02, consejera ponente Gloria María Gómez Montoya y sentencia del 5 de
junio de 2025, Rad. 73001-23-33-000-2023-00463-01, consejera ponente Gloria María Gómez
Montoya.
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manejo del video) sobre la cual no obtuvo ninguna
clase de remuneración.
Se advierte, que la actividad ejecutada por el
demandado y que sustenta el reproche del
demandante, no estaba relacionada con el
objeto contractual, por un lado al considerar
que el referido elemento, estuvo debidamente
delimitado y consistió en «realizar acciones de
inspección y vigilancia a establecimientos
y/objetos de alto riesgo de salud ambiental», y
por otro, teniendo en cuenta que se definió
expresamente, que la ejecución tendría lugar
en «los municipios de Chámeza, Monterrey,
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del
departamento de Casanare».
Ahora bien, la Sala no desconoce que, si bien el
demandado podía realizar algunas actividades en el
municipio de Yopal, particularmente por cuanto allí se
encontraba la sede de la Secretaría de Salud del
departamento – con quien suscribió el acuerdo de
voluntades -, e incluso reportártelas en su informe de
ejecución, ello no quiere decir que la asistencia
a una reunión o jornada de seguridad, hubiera
implicado la variación del lugar de ejecución de
la relación negocial.
Tampoco podría admitirse que se trata de una
modificación al objeto o al lugar de ejecución
contractual, porque como atrás se indicó, ello
requiere de estrictas formalidades (como por
ejemplo un contrato adicional) y no puede esta
Sala especializada tomar la labor realizada por
el contratista, consignada en su informe, como
una variación al acuerdo de voluntades, pues
como se explicó, para ello hubiese sido
necesario un nuevo contrato.
• Informe 4
Por otra parte, respecto al informe N 4 de este
contrato, debe precisarse, que si bien el demandante
en su escrito inicial y en el recurso de alzada insiste
en que la labor de gestión documental se desarrolló
en Yopal no aportó ningún elemento de juicio
para sustentar su dicho, y además, debe
tenerse en cuenta que en efecto, por ser el
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lugar donde se encuentra la secretaria de salud
del departamento, podía realizar actividades
como la que se advierte, sin embargo, no por
ese simple hecho podría endilgársele que fuera
en cumplimiento del objeto contractual, pues
harían falta pruebas que así lo demostraran.
En lo que hace a la actividad intersectorial de
seguridad vial, el demandante hizo alusión a una
serie de fotografías tomadas de la red social
Facebook de la Gobernación de Casanare60 en donde
afirma, aparece el señor Carrillo Pinzón, imagen en la
que se establece la siguiente reseña «Es por ello que,
ayer viernes 19 de mayo, se adelantó sobre la vía
Yopal-Aguazul, un espacio de socialización sobre
responsabilidad vial, uso de elementos de protección
y claves para ser buenos actores viales». De las
cuales se destacan las siguientes donde se logra
identificar al demandado: (imágenes).
En la publicidad que todavía obra en la página de
Facebook de la Gobernación de Casanare, se logra
ver al demandado portando una camisa azul claro,
junto a una comitiva, dentro de la cual se destaca a
la supervisora del contrato Pilar Perilla, quien puede
identificarse con gorra negra, imágenes que permiten
advertir que el señor Carrillo Pinzón asistió al evento
como dice en su declaración y lo afirma la señora
Perilla, sin embargo, no puede perderse de vista que
según la limitación del objeto contractual, la actividad
ejecutada por el señor Carrillo Pinzón, no guarda
ninguna relación con el propósito del acuerdo de
voluntades, esto es, la salubridad e inspección y
vigilancia de establecimientos de riesgo, como
tampoco con el lugar de ejecución.
Por su parte, la concesionaria COVIORIENTE S.A.S. a
través de su representante legal, atendió una petición
del demandante, en la que dispuso que «en su
calidad de sociedad privada, no expide ningún tipo de
certificación sobre actividades que se hayan realizado
con instituciones públicas y/o privadas; sin embargo
informa al peticionario que el 19 de mayo de 2023,
se realizó campaña de seguridad vial denominada
“encarrílate”, la cual se desarrolló en la vereda
Upamena del municipio de Yopal en el PR100+300 de
la Ruta Nacional».
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Sobre este aspecto, en el informe No. 4 se puede
corroborar que el demandado mencionó haber
participado de esa actividad y de hecho así lo ratifica
en su declaración y lo confirman los testigos, en esa
medida, aunque los declarantes aseguran que el
evento tuvo lugar en una vía nacional, lo cierto
es que, de la documental, quien tiene a su cargo
la administración de la calzada, determinó que
pertenecía al municipio de Yopal.
En ese orden de ideas, para la Sección es claro que
de conformidad con el reporte de actividades 4, el
demandado, asistió a la campaña de seguridad
vial en Yopal, pero también, que esta actividad
no guardaba relación con el objeto contractual,
y el lugar de ejecución estuvo circunscrito
únicamente a cuestiones sanitarias en los
municipios Chámeza, Monterrey, Sabanalarga,
Tauramena y Villanueva en el Departamento
del Casanare.
También la Sala reitera, que por ser Yopal el lugar
donde se encuentra la secretaria de Salud del
Departamento de Casanare, era posible que el
demandado en ocasiones tuviera que realizar algunas
actividades, como por ejemplo, aquellas que se
describen por el demandante, o simplemente, para
presentar sus informes contractuales, en esa
medida no encuentra esta especializada, en
manera alguna, relación entre las acciones
efectuadas por el señor Carillo Pinzón con el
lugar de ejecución y el objeto del contrato.
En efecto, la Sección estima que en la ejecución
de un contrato como el que se analiza, puede
existir actividades accesorias o
complementarias, que no necesariamente
guardan relación alguna como el objeto o el
lugar de ejecución, como, por ejemplo,
asistencia a capacitaciones o reuniones,
acompañamiento o meramente logísticas.
Además, debe agregarse que si bien, se
reportaron actividades que se realizaron en el
municipio de Yopal, tal circunstancia no
acredita que el objeto del contrato se hubiera
ejecutado en esta territorialidad, pues se
reitera, se encontraban debidamente
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delimitado, en esa medida para que fuera
posible que el acuerdo de voluntades se
materializara en la capital de Casanare, se
debía realizar un contrato adicional.
En vista de lo anterior, la sala concluye que del
contrato no se extrae que pudiera ejecutarse
en Yopal.
2.6.1.2. Del contrato de prestación de servicios
3405 suscrito por el demandado el 21 de junio
de 2023
En este reproche precisa el recurrente que, con el
informe No.1 del contrato se puede asegurar que el
demandado incurrió en la inhabilidad endilgada, toda
vez que asistió a la mesa de movilidad que se realizó
el 30 de junio de 2023 en el corredor vial Yopal-
Aguazul, ubicación que hace parte de la vereda
Upamena perteneciente al municipio de Yopal, como
quedó demostrado en el informe que allegó la
concesionaria vial y que le asignó un porcentaje de
ejecución del 16.66.
Para atender el cuestionamiento del demandante, es
pertinente aludir a los elementos de juicio que se
encuentra en el expediente, esto es los estudios
previos del 8 de junio de 2023, donde se observan,
algunos aspectos relevantes: (…)
Por su parte, en consonancia con el documento antes
descrito, se tiene el contrato 3405 del 21 de junio de
2023, el cual suscribió el demandado con el
departamento de Casanare (Secretaría de Salud)
donde se observan las siguientes particularidades:
(…)
En el informe No. 1 del 31 de julio de 2023 indica que
asistió a la jornada de movilidad segura del día 30 de
junio de 2023: (…)
Más allá de lo dicho por el demandado en su reporte
de cumplimiento del contrato, en el que hizo
mención de la participación en una jornada de
movilidad segura el 30 de junio de 2023,
además de la certificación del 15 de julio de
2025, donde se mencionó «que en el marco de
la actividad, “las demás actividades
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relacionadas con el objeto contractual y
asignadas por el supervisor del contrato”
realizó acciones de apoyo logístico para el
desarrollo de las jornadas intersectoriales de
seguridad vial en el corredor Yopal-aguazul
(30/06/2024 (sic)) y socialización de la
situación de los establecimientos educativos de
los municipios objeto en el marco de la mesa de
entornos Saludables del Consejo Territorial de
salud ambiental COSTA», las pruebas que se
encuentran en el plenario solamente se limitan
a que el señor Carrillo Pinzón asistió a una
actividad de este tipo en el marco del contrato
3052 antes analizado y que tuvo lugar en la
misma localización pero que se efectuó el 19 de
mayo de 2023.
En ese sentido, la Sala no desconoce que el señor
Carrillo y la supervisora aseguraron que éste,
asistió a una reunión en el corredor Yopal-
Aguazul, sin embargo, no se tiene certeza si
dicha manifestación alude a la que tuvo lugar el
19 de mayo del 2023 o la que se realizó el 30
de junio siguiente y no se cuenta con más
soportes para dilucidar ese aspecto, más allá de
lo descrito en el informe que se analiza y las
referidas declaraciones.
Lo anterior quiere decir que no existen elementos
de juicio para poder corroborar si, en efecto, se
llevó a cabo la reunión que presuntamente
ocurrió el 30 de junio de 2023 y si esta fue en
el municipio de Yopal.
En esa medida, la prueba allegada el
expediente no logró demostrar el elemento
territorial de la inhabilidad endilgada, y si se
hubiera podido despejar que en efecto dicha
reunión se realizó no sería posible que el
demandado, hubiese cumplido el objeto
contractual en el municipio que afirma el
demandante, pues éste quedó circunscrito al tema
de «…acciones de inspección y vigilancia a
establecimientos y/objetos de alto riesgo de salud
ambiental y su cumplimiento a los municipios de
«Aguazul, Mani, Nunchia y Orocue del departamento
de Casanare».
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También hizo referencia a que el demandado
participó en capacitaciones virtuales (informe 3), que
se entienden ejecutadas en el municipio de Yopal, sin
embargo, no aportó ninguna normatividad o
elementos de juicio para soportar su afirmación
en este aspecto. Para el efecto se enuncia el
respectivo informe y las imágenes: (…)
Ahora bien, de haberse encontrado que en la citada
territorialidad se adelantaron las acciones que
reprocha la parte actora, no por ello puede decirse
que el demandado desarrolló el contrato en
Yopal, por cuanto carece de soporte probatorio,
la relación de esta actividad con el objeto
contractual y su lugar de ejecución, pues la
asistencia a capacitaciones, constituye un
apoyo para el mejoramiento del desarrollo de
sus obligaciones.
Como último cuestionamiento relativo a este
contrato, mencionó que asistió a la mesa de entornos
saludables COTSA en el auditorio La Ceiba en la
Gobernación de Casanare. Al respecto, se tiene
que dicha actividad se encuentra por fuera el
periodo inhabilitante, toda vez que se llevó a
cabo del 28 de noviembre de 2023, como se
puede apreciar del reporte de asistencia: (…)
2.6.1.3. Otras consideraciones
El demandante en su escrito de apelación cuestiona
que el a quo al delimitar la competencia aseguró que
se analizaba un acto electoral distinto al del señor
Carrillo Pinzón, no obstante, al estudiar la sentencia
de primer grado, esta colegiatura estima que ese
yerro no impidió que el juzgador de instancia
profiriera una decisión acorde con lo pedido en la
demanda, por lo que esta equivocación no tiene la
entidad de afectar la sentencia impugnada.
Además, debe precisarse que la demanda puede
edificarse en un número determinado de hechos, y
no por ello en la providencia deben quedar plasmados
en la misma forma, dado que el juez como conductor
del proceso puede delimitarlos en los principales y no
por eso se incurre en una irregularidad.
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Así mismo, se observó que el tribunal, realizó un
estudio de las circunstancias fácticas propuestas por
el actor, los elementos de juicio tanto documentales
como testimoniales en conjunto, para dar la solución
al caso concreto, inclusive esta Sala arribó a la misma
conclusión como quedó explicado ampliamente en el
análisis que se efectuó de forma antecedente.
Se destaca que el a quo, no omitió valorar las
pruebas de la presunta ejecución de los
contratos en el municipio de Yopal, por el
contrario, a partir de ellas fue que arribó a la
conclusión de negar las pretensiones de la
demanda, por cuanto no encontró relación
entre las labores desplegadas por el
demandado y el lugar donde debía cumplirse el
contrato.
También, debe decirse que, a partir de los
testimonios, se pudo observar que el
demandado participó en diversas actividades
colaborativas en el municipio de Yopal, pero
esas actuaciones, no guardaron relación con el
objeto contractual que se analizó.
Conclusión
En ese sentido luego de determinar que la
ejecución contractual no se podía efectuar en el
municipio de Yopal por la limitación que se fijó
en los acuerdos de voluntades a
territorialidades específicas, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia,
mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
Corolario de lo analizado a través del cuadro comparativo, la Sala
evidencia identidad fáctica y jurídica entre el proceso electoral con el
asunto que aquí se debate, en lo atinente a la causal de violación al
régimen de inhabilidades, específicamente la prevista en el artículo
43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, esto es, por haber celebrado el accionado los contratos de
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prestación de servicios 3052 de 1o. de febrero de 2023 y 3405 de 21
de junio de 2023 con la Secretaría de Salud Departamental de
Casanare dentro del año anterior a las elecciones, cuyas actividades
aparentemente se habrían ejecutado en ese mismo municipio,
circunstancias que ya fueron estudiadas en detalle, abordadas in
extenso y desvirtuados por la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la sentencia de 5 de febrero de 2026, la cual permanece
debidamente ejecutoriada desde el 13 de febrero de 2026.
Para la Sala no cabe duda de que, bajo los mismos argumentos de
hecho y de derecho, similares pruebas, y razonamiento para
acreditar la configuración de la referida inhabilidad, el accionante de
la pérdida de investidura procuró la misma causa judicial que el actor
de la nulidad electoral, motivo por el que todos los elementos
incluidos en la solicitud de desinvestidura que conducían a la
demostración de la prohibición del artículo 43, numeral 3, de la Ley
136, fueron íntegramente resueltos y denegados en la sentencia de
5 de febrero de 2026, sin que, por lo mismo, sea factible proferir otra
providencia resolviendo de fondo el mismo asunto, lo que
transgrediría el principio non bis in idem protegido en el artículo 1º,
parágrafo, de la Ley 1881.
De conformidad con lo verificado, la Sala, en garantía del principio
non bis in idem, y como quiera que la misma conducta del accionado
—celebración de los contratos de prestación de servicios 3052 de 1o.
de febrero de 2023 y 3405 de 21 de junio de 2023 con la Secretaría
de Salud Departamental de Casanare, dentro del año anterior a las
elecciones, lugar de ejecución: área urbana y rural de los municipios
de Chámeza, Monterrey, Sabanalarga, Tauramena y Villanueva del
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departamento de Casanare; y área urbana y rural de los municipios
de Aguazul, Maní, Nunchía y Orocué del departamento de Casanare,
respectivamente—, dio lugar a una acción electoral
(85001233300020240011101) cuyo fallo ejecutoriado fue proferido
antes que el de pérdida de investidura, aquel hará tránsito a cosa
juzgada sobre este, en lo que se refiere a la no demostración de su
elemento objetivo.
En tal sentido, la Sala revocará la sentencia de 29 de octubre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
denegó la solicitud de pérdida de investidura y, en su lugar,
procederá a declarar probado el fenómeno de la cosa juzgada, en lo
que concierne al elemento objetivo de la causal de violación del
régimen de inhabilidades previsto en el artículo 43, numeral 3, de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, atribuida al
concejal de Yopal (Casanare), señor ANDERSSON ALONSO
CARRILLO PINZÓN, luego de la celebración de los contratos de
prestación de servicios 3052 de 1o. de febrero de 2023 y 3405 de 21
de junio de 2023 con la Secretaría de Salud Departamental de
Casanare, para así estarse a lo resuelto en la sentencia de 5 de
febrero de 2026, número único de radicación
85001233300020240011101, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
Consecuente con lo anterior, y ante la ausencia del elemento objetivo
en el asunto bajo examen, la Sala se abstendrá de adelantar el
estudio del elemento subjetivo de la invocada causal de inhabilidad
con fines de pérdida de investidura.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 29 de octubre de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
SEGUNDO: DECLARAR la cosa juzgada en los términos del artículo
1º, parágrafo, de la Ley 1881, en lo que concierne al elemento
objetivo de la causal de violación del régimen de inhabilidades
previsto en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por
el artículo 40 de la Ley 617, atribuida al concejal de Yopal (Casanare),
señor ANDERSSON ALONSO CARRILLO PINZÓN, y, como
consecuencia de ello, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia de 5 de
febrero de 2026, número único de radicación
85001233300020240011101, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la demanda
electoral.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 4 de junio de 2026.
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Número único de radicación: 85001 23 33 000 2024 00143 02
Solicitante: DUDLEY ASTRID GARCÍA RIVEROS
PABLO ANDRES CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente
GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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