RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2023-00463-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00463-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 73001-23-33-000-2023-00463-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 1 de agosto de 2024 y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 73001-23-33-000-2023-00463-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01
Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, como alcalde del municipio de
Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027

Tema: Inhabilidad para ser alcalde - artículo 95 numeral 3 de la Ley
136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Luego de que la ponencia presentada por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
para la sala del 8 de mayo de 2025 no obtuviera la votación necesaria para su
aprobación, fue remitida a la magistrada que sigue en turno y, por ende, ahora funge
como ponente.

Acorde con lo expuesto, procede la Sala1 a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el demandado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 1 de agosto de 2024, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad del acto de elección demandado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano José Arley Piedrahita, actuando a través de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011,
presentó demanda el 12 de diciembre de 20232 en la que solicitó la nulidad del
formulario E-26 ALC del 31 de octubre de la misma anualidad, por medio del cual se
declaró la elección del señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz como alcalde del municipio de
Carmen de Apicalá (Tolima) para el periodo constitucional 2024-20273.

1.2. Hechos

2. Sostuvo el demandante lo siguiente:

3. El 30 de noviembre de 2021, el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en calidad de
representante legal de la sociedad Constructora Camino del Olimpo S.A.S. presentó

1
Con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya en atención a que el proyecto presentado por el magistrado Omar
Joaquín Barreto Suárez en la sala del 8 de mayo de 2025 no obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación.
2
Expediente digital SAMAI (primera instancia) – Índice 00001
3
Expediente digital SAMAI (primera instancia) – Índice 00003 «4_ED_20230463DEMANDAPD»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

una solicitud ante la administración municipal de Carmen de Apicalá (Tolima), en la que
propuso, bajo la modalidad de dación en pago, la construcción de las siguientes obras:
«Planta de tratamiento de aguas PETAR» por un costo de $2.141.060.663,4; «Línea de
conducción La Cajita», por valor de $981.324.427 y «Colector la Palmara» por la suma de
$1.306.025.077,70, afirmando que se encontraba en capacidad de entregar dichas
obras como parte de pago del valor de las licencias de construcción requeridas para los
proyectos Lagos del Olimpo etapas 1, 2 y 3, que costaban, en su orden, la suma de:
$1.610.145.640, $1.240.659.352 y $1.897.796.800, y reconocería en efectivo, a favor
de la Secretaría de Hacienda municipal la suma de $380.898.599,94.

4. La propuesta fue examinada por el comité evaluador del municipio, conformado por
el alcalde municipal, el secretario general y de gobierno, los secretarios de hacienda y
de planeación, quienes «recomendaron» acogerla, atendiendo, además, las facultades
de recibir bienes bajo la modalidad de dación en pago conferidas mediante acuerdo del
Concejo Municipal.

5. El 15 de diciembre de 2021 se suscribió el «Acta de Dación en Pago» entre el alcalde
en representación del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y el señor Luis Ángel
Gutiérrez Ortiz, como representante legal de la Constructora Camino del Olimpo S.A.S.,
en la cual, la «Constructora aceptó que adeudaba al municipio la suma de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS ($4.809.308.768), por concepto de licencias de construcción y el municipio
aceptó el pago parcial de esta suma mediante bienes y servicios. Esto es, mediante la
ejecución de las obras de planta de tratamiento de aguas, línea de conducción de la Cajita y el
colector La Palmara por valor de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON UN CENTAVO
($4.428.410.168,1), en un plazo no mayor al día 30 de noviembre de 2022. La suma restante
sería pagada en dinero.».

6. El 25 de noviembre de 2022, por solicitud del señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz en su
condición de representante legal de la Constructora Camino del Olimpo S.A.S., se
suscribió una «MODIFICACIÓN AL ACTA DE DACIÓN DE PAGO», mediante la cual se
variaron las cláusulas sexta, octava, décima primera y décima tercera del acta inicial, en
cuanto al plazo estipulado para la entrega de las obras que sería el 15 de junio de 2023
«a no ser que exista fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado» y el pago del dinero
en efectivo para el 24 de febrero del mismo año; se acordó que el señor Gutiérrez Ortiz
autorizaba a la administración municipal para revocar los actos administrativos que
otorgaban las licencias, en caso de incumplir las fechas establecidas y para el pago del
valor excedente.

7. El 23 de febrero de 2023, se reunieron nuevamente el alcalde municipal de Carmen
de Apicalá (Tolima) y el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz y suscribieron una nueva
modificación al acta de dación en pago del 15 de diciembre de 2021, consistente en el
ajuste de precios en la construcción del PTAR La Palmara, que llevó a la reforma de la
cláusula décima tercera en cuanto a que las obras que faltaban por ejecutar tendrían un
costo de $2.436.322.770,44, «que se refiere a la construcción de la PTAR LA Palmara y el
valor de la licencia de construcción de la etapa 3 ajustada al año 2023 es por la suma de
$2.198.298.232, más el saldo a favor de la alcaldía por la suma de $192.949.975,36, para un
total de $2.391.248.207,36 y menos el valor de la PTAR La Palmara $2.436.322.770,44,
quedando un saldo a favor del contribuyente por la suma de $45.074.563,08.». Acordaron que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

el ente territorial no haría reconocimientos en dinero por valores superiores o por obras
adicionales ejecutadas y que el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en su condición de
representante legal de la Constructora Camino del Olimpo S.A.S., renunciaba a
cualquier reclamación presente o futura.

8. El 28 de julio de 2023, el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz inscribió su candidatura
como aspirante a la alcaldía municipal de Carmen de Apicalá (Tolima), coavalado por
los partidos Liberal Colombiano y Centro Democrático, no obstante, el 14 de agosto del
mismo año, el ciudadano José Arley Piedrahita solicitó ante el CNE la revocatoria de
dicha inscripción por considerar que aquél se encontraba inhabilitado por la causal
establecida en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000, la cual fue resuelta negativamente mediante la
Resolución 10966 del 26 de septiembre de 2023, confirmada a través de la Resolución
12583 del 5 de octubre siguiente.

9. El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las elecciones territoriales, resultando
elegido el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz con el 57.85% de los votos, declarándose
como alcalde municipal de Carmen de Apicalá (Tolima) mediante el Acta de Escrutinio
Municipal E-26 ALC del 31 de octubre del mismo año, para el período constitucional
2024-2027.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

10. Señaló como vulnerado el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000 y dijo que, en este caso, la inhabilidad que se
considera materializada, es la relativa a la celebración de contratos cuya finalidad es la
de «garantizar la igualdad de las elecciones, dado que la celebración de un contrato estatal
puede otorgar notoriedad al contratista frente al electorado».

11. Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado4, es claro que cualquier
modificación a un contrato previamente establecido constituye una convención y por lo
tanto configura la inhabilidad consagrada en la norma invocada, y aunque el «contrato de
dación en pago» celebrado con el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) el 15 de
diciembre de 2021 no se encuentra dentro del término previsto en el artículo 95.3 de la
Ley 136 de 1994, las modificaciones logradas por el acuerdo de voluntades de las
partes del 25 de noviembre de 2022 y del 23 de febrero de 2023, sí ocurrieron dentro
del período inhabilitante, esto es, dentro del año anterior a la elección del señor Luis
Ángel Gutiérrez Ortiz como alcalde de ese municipio.

12. Sostuvo que las obras que constituían el objeto del contrato de dación en pago,
permitieron que el demandado tuviera una posición privilegiada en relación con los
restantes candidatos, incluso, a lo largo de la campaña electoral, el señor Gutiérrez

4
Citó entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación 11001032800020140005100.
CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de julio de 2009 radicación
110010328000200600115-00 (acumulado), Nº interno 4056 CP Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Auto de dos (02) de agosto de dos mil dieciocho (2018, radicación número: 13001-23-33-000-2018-00394-01. Consejero ponente:
Alberto Yepes Barreiro; Consejo Estado, Sección Quinta, Sentencia de 7 de junio de 2016, radicación 11001-03-28-000-2015-
00051-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. Ddo: Oneida Pinto Rayeth; CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, sentencia de treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019). Radicación número:
13001-23-33-000-2018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419-00). Consejero ponente: ALBERTO YEPES
BARREIRO.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

Ortiz hizo alusión en distintos escenarios, que se encontraba ejecutando obras a favor
del municipio, lo que implicó, sin duda, una ruptura del principio de igualdad electoral.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

13. Mediante providencia del 29 de febrero de 2024, se admitió el medio de control5 y
se negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto demandado6; se dispuso
su notificación al demandado, al Ministerio Público, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral. Igualmente se aceptó como tercero
impugnador al señor Antonio José París Márquez.

14. Surtidas las notificaciones de rigor, el demandado, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el tercero impugnador y el Consejo Nacional Electoral, se pronunciaron en
los siguientes términos:

14.1. El demandado7, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la
demanda porque no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o inegibilidad de
orden constitucional o legal para inscribirse y ser elegido como alcalde del municipio de
Carmen de Apicalá (Tolima).

14.2. Dijo que la suscripción del acta de dación en pago con el alcalde del municipio de
Carmen de Apicalá (Tolima) ocurrió el 15 de diciembre de 2021, es decir, no se
encuentra dentro del término previsto en la norma para que se estructure la causal de
inhabilidad, ya que las elecciones tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023.

14.3. Que las modificaciones al contrato de dación en pago suscritas el 25 de noviembre
de 2022 y el 23 de febrero de 2023, no conllevaron a la alteración de la esencia del
negocio jurídico inicial, pues las variaciones en el plazo y el precio no constituyen uno
nuevo, ya que son actividades propias de su ejecución.

14.4. Citó la sentencia C-300 de 2012 de la Corte Constitucional, para indicar que el
demandado no suscribió un nuevo contrato y tampoco un contrato adicional, pues las
simples modificaciones que se efectuaron no afectaron los elementos esenciales del
acuerdo inicial, es decir, el objeto contractual permaneció sin modificación alguna.

14.5. Formuló las excepciones que denominó «inaplicabilidad e inexistencia de la causal de
inhabilidad prevista en el artículo 37 numeral 3 de la Ley 617 de 2000 por falta del supuesto
jurídico establecido en la norma» e «inaplicabilidad e inexistencia de la causal de nulidad
electoral prevista en el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 numeral 5 por falta del supuesto
jurídico establecido en la norma».

14.6. La Registraduría Nacional del Estado Civil8, a través de apoderado, dijo que se
encuentra en imposibilidad jurídica para pronunciarse frente a las pretensiones de la
demanda, ya que el acto demandado no fue proferido por esa entidad y por ello,
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

5
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «058AUTOADMITEDEM_00020230046300ELECTO»
6
Consideró que el proceso estaba en «una etapa prematura para definir si la citada acta con sus modificaciones constituye un
contrato o una forma de extinguir obligaciones tributarias a través de la dación en pago (…)». Además, advirtió que era necesario
determinar si las actas modificatorias podían considerarse una nueva celebración de contrato, dentro del lapso de la inhabilidad.
7
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «072_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda»
8
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «068_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

14.7. El señor Antonio José París Márquez9, tercero impugnador, se opuso a todas y
cada una de las pretensiones de la demanda, ya que el «ACTA DE DACIÓN DE PAGO»,
se suscribió el 15 de diciembre de 2021, esto es, en una fecha lejos de encontrarse
dentro del período inhabilitante y los documentos modificatorios del 25 de noviembre de
2022 y 23 de febrero de 2023, tienen como antecedente para su suscripción, el objeto
central consignado en el acta de dación en pago, debiéndose tener como un solo acto
contractual y no puede considerarse individualmente como lo pretende el actor.

14.8. Que lo que constituye la inhabilidad es la intervención en la celebración de
contratos y no su ejecución, razón por la cual, la fecha que se debe tener en cuenta
para que se configure la causal invocada relacionada con la celebración de contratos,
es el momento de la suscripción del contrato y no su ejecución10.

14.9. El Consejo Nacional Electoral11, a través de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones ya que no se configuran los presupuestos de la causal
subjetiva alegada, no obstante, propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que la controversia gira en torno a los requisitos, calidades y
condiciones de elegibilidad de los candidatos, y por ello, es al propio candidato y al
partido que avaló su candidatura, a quienes les compete pronunciarse y demostrar que
aquél cumple con dichas condiciones.

15. En auto del 7 de mayo de 202412, se dio aplicación al numeral 1° del artículo 182A
de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 con el
ánimo de dictar sentencia anticipada; en dicha providencia se declararon no probadas
las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y por el Consejo Nacional Electoral; se fijó el
litigio13; se decretaron las pruebas documentales invocadas por las partes; se
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado común por
el término de 10 días, para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión y el
Ministerio Público el concepto de fondo si a bien lo tenía.

1.5. Sentencia de primera instancia14

16. El 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las
pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección del señor Luis Ángel
Gutiérrez Ortiz como alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima), contenida
en el formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, al encontrar satisfechos los
presupuestos exigidos en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
9
Expediente digital SAMAI Índice 00003 «074_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda_Indice_41»
10
Citó la sentencia del Consejo de Estado, proferida el 31 de agosto de 2006, Rad. 4033, MP. Reinaldo Chavarro Buriticá y la
sentencia C-618 de 1997 de la Corte Constitucional.
11
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) Índice 00026 «52_MemorialWeb_Respuesta(.pdf)»
12
Expediente digital SAMAI Índice 00003 «083Auto ordena cor_000-2023-00463-00 EL»
13
Consistió en «determinar la legalidad del Acta de escrutinio E-26 ALC y del Formulario E-27 de fecha 31 de octubre de 2023 que
declaró la elección del señor LUIS ÁNGEL GUTIÉRREZ ORTIZ como alcalde municipal de Carmen de Apicalá - Tolima para el
periodo 2024 – 2027. // Para ello deberá determinarse si el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz vulneró el régimen de inhabilidades
descrito en el artículo 95 de la Ley 1994 modificada por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, al celebrar en calidad de representante
legal de la Constructora Caminos del Olimpo S.A.S. sendas modificaciones al acuerdo de cesión en pago celebrado con el
Municipio de Carmen de Apicalá dentro del año inmediatamente anterior a la inscripción y, a su elección como alcalde de ese
municipio, lo que implicó una posible ruptura del principio de igualdad electoral o si, por el contrario, no debe accederse a dicha
solicitud, al no encontrarse configuradas las causales de inhabilidad y por ende, la de anulación electoral contemplada en el
numeral 5 del artículo 275 del C. de P.A. y de lo C.A.»
14
Expediente digital SAMAI Índice 00003 «099Sentencia de Pr_00020230046300SENTEL»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

17. Para llegar a la anterior conclusión, inicialmente analizó la figura de «la dación en
pago», para indicar que consiste en que el acreedor acuerda con el deudor el pago de la
obligación mediante una prestación diferente a la inicialmente pactada, con el
cumplimiento de las solemnidades legales en la transmisión del dominio de los bienes y
en la práctica, además de frecuente, es conveniente en casos en los que el deudor no
puede cumplir la obligación en la forma como la contrajo y el acreedor, ante la
imposibilidad de recibir el pago, acepta alguna especie que puede serle útil o enajenarla
a fin de satisfacer el crédito.

18. Que en este caso, para efectos de la inhabilidad relativa a la celebración de
contratos, debe tenerse en cuenta que haya un perfeccionamiento, es decir, que se
configure un acuerdo de voluntades entre las partes (deudora y acreedora) sobre el
objeto y el precio y que se eleve a escrito, para lo cual se remite al artículo 41 de la Ley
80 de 1993, lo que se traduce en que, la dación en pago celebrada el 15 de diciembre
de 2021, puede considerarse como un contrato estatal «en virtud de la naturaleza del
acuerdo de voluntades que suscribieron las partes…».15

19. Acto seguido se ocupa de la verificación de las modificaciones celebradas el 25 de
noviembre de 2022 y el 23 de febrero de 2023 y precisó que, sin lugar a duda, el
contrato de dación en pago se celebró por fuera del período inhabilitante, no obstante,
estas sí ocurrieron dentro del término inhabilitante comprendido entre el 29 de octubre
de 2022 y el 29 de octubre de 2023.

20. Que las citadas modificaciones no son un típico acto de ejecución, ya que las partes
de la dación en pago, no solo debieron volver a deliberar sobre el acuerdo ya instituido,
sino que también tuvieron que elevarlo a escrito dado que lo acordado modificaba los
elementos esenciales del contrato, como el plazo, cantidades, precios, valor o
contraprestación e incluso el objeto y/o cláusulas que no guardaban relación con
circunstancias de «caso fortuito o fuerza mayor», con las que estas se sustentaron,
constituyéndose en elementos que imponen, no solo una fuente -diferente a la original-
de derechos y obligaciones para las partes, sino un deber al juez de lo electoral de
analizar a la luz del ordenamiento jurídico sobre la materia.

21. Citó la sentencia del 30 de mayo de 2019 de esta corporación16 y dijo que la
postura allí consignada debe ser acogida por ser la doctrina jurisdiccional mas reciente
de esta Sección, la cual establece una regla para abordar el análisis de la inhabilidad
controvertida, ya que «desde la perspectiva electoral toda “prórroga”, “otro sí”, “modificación”
“adición”; constituye un contrato o convención en los términos del Código Civil y la Ley 80 de
1993, que de darse los demás elementos para el efecto, consolida la inhabilidad objeto de
estudio.», es decir, los actos modificatorios del 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero
de 2023 constituyeron en cada oportunidad, un contrato o convención, los cuales fueron
celebrados por el demandado en calidad de representante legal de la Constructora
Camino del Olimpo S.A.S. dentro del año anterior a su elección, de los cuales no solo

15
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Magistrado Ponente: Alberto
Montaña Plata, providencia del 8 de abril de 2024, Radicación: 250002336000-2017-00310-01 (67208), Actor: Inversiones
Financieras, Inmobiliarias y Agropecuarias Infinagro, Demandado: Nación – Ministerio de Justicia - Rama Judicial – Cámara de
Comercio de Bogotá – Jorge Arango Mejía (árbitro), Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)
16
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 30 de mayo de 2019. Expediente acumulado: 13001-23-33-000-2018-00417-
01 (2018-00394-00, 2018-00416-00 y 2018-00419-00),
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

se benefició a título propio, sino que logró su prórroga, incluso, hasta el período
electoral.

22. Encontró probados los elementos temporal y material u objetivo, el subjetivo y el
territorial, pues las modificaciones se suscribieron dentro del año anterior a la elección
del demandado, fue este quien las suscribió en interés propio o de terceros y su
ejecución ocurrió en el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima), para concluir, que es
procedente acceder a las pretensiones, ante la materialización de la conducta proscrita
en la norma, imponiéndose la declaratoria de nulidad del acto de elección demandado.

23. Por último, nuevamente analizó y declaró no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por la Registraduría Nacional del Estado
Civil y por el Consejo Nacional Electoral.

1.6. Recurso de apelación

24. La parte demandada mediante escrito del 18 de septiembre de 202417, apeló la
anterior providencia y expuso que el Tribunal se apartó del ordenamiento jurídico y de la
jurisprudencia del Consejo de Estado, relacionada con aspectos como la solemnidad de
los contratos estatales, la regla establecida frente al contrato nuevo, adiciones o
modificaciones al primigenio y que la sentencia del 7 de mayo de 201918 en la que se
sustentó la decisión cuestionada no se torna en precedente, ya que los hechos y las
situaciones son diferentes a las que se plantean en este caso, pues allí se analizó una
tipología contractual distinta que corresponde a un contrato de prestación de servicios,
respecto del cual, mediante un otrosí, se modificó el plazo y se generaron actividades
adicionales que conllevaron a un valor mayor, lo que constituyó un contrato adicional
propiamente dicho.

25. Que como lo dijo el Tribunal, el acuerdo primigenio de «Dación en Pago» fue
suscrito el 15 de diciembre de 2021, se encuentra por fuera del período inhabilitante, sin
embargo, el análisis y valor probatorio atribuido a las actas de ejecución del objeto
contractual, modificatorias del plazo de entrega de las obras y al ajuste de precios,
desconoce las reglas jurisprudenciales que pacíficamente ha venido sosteniendo desde
hace muchos años esta corporación, tal y como lo citó en la contestación de la
demanda.

26. Afirmó, que el contenido de la modificación suscrita el 25 de noviembre de 2022,
llevan a concluir que el objeto contractual no sufrió alteraciones, pues las obras y sus
cantidades no fueron afectadas con respecto al contrato primigenio, simplemente la
estructuración principal del acto modificatorio estuvo referida al plazo para la entrega de
la PTAR, pues la línea de conducción La Cajita y el Colector La Palmara ya habían sido
entregadas, es decir, dicha modificación no constituyó un nuevo contrato o un contrato
adicional.

27. Dijo que la segunda modificación celebrada el 23 de febrero de 2023 no fue suscrita
por el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, no obstante, al analizar jurídicamente su
17
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «106_MemorialWeb_Recurso-RecursoApelacionRad»
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, MP: Alberto Yepes Barreiro, providencia del siete (07) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00417-01 (2018-00394-00, 2018-00416-00, 2018-
00419-00), Actor: Daliz del Carmen González Vergara, Procuraduría General de la Nación, Alberto Marín Zamora, Robinson Pérez
Ruiz, Demandado: Antonio Quinto Guerra Varela- Alcalde de Cartagena- PERÍODO 2016-2019
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

contenido, se concluye que correspondió a un ajuste del valor de las licencias de
construcción, en el entendido que los impuestos, tasas y contribuciones se actualizan
anualmente, aspectos que se relacionan con el equilibrio contractual y lograr la
correlatividad y equivalencia en su contenido económico, la cual tampoco constituye un
nuevo contrato o un contrato adicional, pues no modifica el objeto contractual del
acuerdo que nació a la vida jurídica el 15 de diciembre de 2021.

28. Por lo anterior, el demandado no está incurso en la causal de inhabilidad para ser
elegido alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) como equivocadamente lo
decidió el a quo, apartándose de las normas que rigen la contratación estatal y de la
prolífera jurisprudencia de las altas cortes sobre el particular, como es el caso de la
reciente decisión proferida por el Consejo de Estado19.

29. Finalmente indicó que un negocio jurídico de dación en pago suscrito el 15 de
diciembre de 2021 para el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el municipio,
esto es, casi dos años antes de la fecha de las elecciones, no puede llevar a concluir,
como lo hizo el a quo, que hubo un posible beneficio electoral y menos aún las
modificaciones del 25 de noviembre de 2022 y del 23 de febrero de 2023, que se
dirigieron a elementos no esenciales de la naturaleza de aquél negocio jurídico, las
cuales no concretan ni configuran los elementos de la causal de inhabilidad endilgada.

1.7. Auto que concedió el recurso de apelación

30. El Tribunal Administrativo del Tolima, el 9 de octubre de 2024, concedió el recurso
interpuesto20.

1.8. Actuaciones relevantes en segunda instancia

31. Mediante auto del 7 de noviembre de 202421, se admitió el recurso de apelación
presentado por el demandado y lo dejó a disposición por tres días al demandante;
igualmente se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales.

32. El Demandante se pronunció frente al recurso22 y dijo que la sentencia del 30 de
mayo de 2019 que el demandado afirma no aplicar a este asunto, sí constituye un
precedente judicial relevante, ya que presenta similitudes fácticas y circunstancias que
permiten su aplicación a esta causa, en la cual se establece que las modificaciones,
adiciones u otrosí realizados a un contrato inicial, pueden, bajo ciertas circunstancias,
ser consideradas como un nuevo contrato a efectos de la configuración de inhabilidades
en el ámbito electoral, cuando se suscriben dentro del período inhabilitante.

32.1. Que las modificaciones realizadas al contrato inicial que el demandado intenta
justificar con motivos de fuerza mayor, es una interpretación inapropiada, ya que no
están acreditados los supuestos que presuntamente la configuran y se trata de una
postura del apelante que no está contemplada como una excepción a la causal

19
Citó: CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrada Ponente:
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Radicación:
Nulidad electoral 68001-23-33-000-2024-00116-01 Demandante: María Fernanda Colmenares Becerra Demandado: John
Alexander Vivas Ramos, concejal de Piedecuesta -Santander período constitucional 2024-2027.
20
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «125AutoConcedeAp_20230046300NELECTORA»
21
Expediente digital SAMAI – Índice 00005
22
Expediente digital SAMAI – Índice 00010
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

invocada. Además, no es objeto del presente medio de control, tratar de subjetivizar el
régimen jurídico de las inhabilidades para ser elegido, utilizando argumentos de
eximentes de responsabilidad que no son aplicables al caso concreto.

32.2. En cuanto a que el demandado no obtuvo ningún beneficio en campaña respecto
de las obras realizadas, más allá de encontrar probado el elemento subjetivo de la
inhabilidad, es claro que hubo un interés patrimonial dirigido a saldar una obligación
dineraria, pero lo preocupante, es que en período de campaña electoral se atribuyó
como suyas las obras realizadas, con el fin de sacar ventaja frente a los demás
candidatos, ganar confianza en el electorado y además, confundir a los electores, tal y
como se acredita con el video aportado con la demanda.

32.3. En el escrito de alegatos de conclusión23, trajo a colación los artículos 275.5 del
CPACA y 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de
2000 y dijo que la conducta que materializa la inhabilidad, es la intervención directa en
la celebración efectiva de contratos dentro del lapso contemplado por la norma.

32.4. Que en este caso el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz celebró un contrato de
dación en pago con el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima), el cual fue suscrito por
el alcalde municipal en representación de la entidad territorial el día 15 de diciembre de
2021. Es claro que este primer acuerdo de voluntades no se encuentra dentro del
término previsto en la norma, sin embargo, este fue modificado mediante dos acuerdos
de voluntades dentro del término inhabilitante, pues se llevaron a cabo dentro del año
anterior a la inscripción y a la elección del demandado, se ejecutaron en la
circunscripción territorial de Carmen de Apicalá (Tolima), de manera que en este caso
se encuentran acreditados los elementos exigidos en la norma.

32.5. Reiteró que el demandado al momento de la campaña electoral se encontraba
ejecutando las obras pactadas y con ello se acreditaba ante el electorado para obtener
votos, además que se estaba ante continuas tratativas con las autoridades municipales
por las sucesivas prórrogas pactadas al contrato original.

33. El Demandado por su lado24, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, insistiendo en que las modificaciones realizadas al acta de dación en pago
suscrita el 15 de diciembre de 2021, son circunstancias referidas a su ejecución que no
configuran la inhabilidad endilgada.

33.1. Resaltó que el acta del 23 de febrero de 2023 no fue suscrita por el demandado,
pero si se analiza el contenido, su objeto fue realizar una revisión y actualización de los
precios con el fin de no romper el equilibrio contractual entre las partes, aspecto que no
hace parte de la esencia del contrato inicial sino de su ejecución.

34. La Registraduría Nacional del Estado Civil25, reiteró la falta de legitimación en la
causa por pasiva alegado en primera instancia, en atención a sus competencias
constitucionales y legales.

23
Expediente digital SAMAI – Índice 00015
24
Expediente digital SAMAI – Índice 00011
25
Expediente digital SAMAI – Índice 00020
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

35. El tercero impugnador26 dijo que el acta de dación en pago suscrito entre las
partes del 15 de diciembre de 2021, provino de la autorización que el Concejo Municipal
le dio al alcalde para extinguir obligaciones tributarias o deudas de los ciudadanos de
Carmen de Apicalá (Tolima), la cual no corresponde a un contrato propiamente dicho,
sino que se trata de una forma de satisfacer obligaciones a favor del municipio y por
ello, sus modificaciones tampoco tienen connotación contractual, por lo tanto, no se
cumple con uno de los requisitos de la causal invocada.

35.1. No obstante lo anterior y de admitirse que la dación en pago es un contrato, las
modificaciones no suponen la variación de su objeto contractual, sino que fueron actos
de ejecución, que no configuran la inhabilidad. Adicionalmente, la segunda acta fue
suscrita por una persona distinta al demandado, pese a que «de manera inexplicable o tal
vez por la mecánica de las plantillas que es costumbre manejar en el sector público» allí
aparece consignado su nombre, por lo tanto, ese documento no nació a la vida jurídica
ni debió ser el soporte de la sentencia apelada.

35.2. En cuanto al beneficio electoral o económico, discutió el análisis realizado al video
aportado al expediente, ya que pese a la ausencia de cadena de custodia, entre otras
falencias, le dio valor probatorio, no obstante, lejos de ser de «amplia circulación»,
hubiera bastado verificar en las redes sociales para establecer que a él no tenía acceso
el electorado del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y por lo mismo, no puede
dársele el alcance otorgado en la primera instancia para establecer el beneficio en
cabeza del demandado, como lo concluyó el a quo.

36. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado27, rindió concepto,
en el que luego de referirse a los hechos de la demanda, la decisión de primera
instancia y el marco normativo y jurisprudencial de la causal de inhabilidad invocada,
dijo que se aparta del sentido del fallo de primera instancia y de los argumentos de la
parte demandante, ya que la Sala Electoral, desde el año 2019 28, ha advertido que las
modificaciones, adiciones u otrosí de los contratos, surten los mismos efectos de una
«suscripción o celebración de contrato originaria», en lo que atañe al régimen de
inhabilidades electorales.

37. Precisó que de acuerdo con su análisis y que con base en los elementos fácticos y
jurídicos traídos a colación, y con las particularidades del presente caso, la sentencia
apelada debe ser revocada toda vez que, del material probatorio allegado al plenario,
no es posible afirmar de manera fehaciente la incursión del demandado en la
inhabilidad prescrita en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo
37.3 de la Ley 617 de 2000, al existir duda frente a la efectiva confluencia de los
criterios de temporalidad, territorialidad, objetividad y el subjetivo, que materializan
taxativamente la causal, la cual debe ser resuelta en favor del demandado, en garantía
de su derecho fundamental a ser elegido, al igual que del sufragio activo de los
electores mayoritarios.

26
Expediente digital SAMAI – Índice 00016
27
Expediente digital SAMAI – Índice 00012
28
Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Radicado (2018-00394-00, 2018-00416-00 y
2018-00419-00). M.P. Alberto Yepes Barreiro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

38. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15029 y 152.7.a)30 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado31.

2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 1 de agosto de 2024, mediante la
cual accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección del
señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz como alcalde del municipio de Carmen de Apicalá
(Tolima) periodo constitucional 2024-2027, al encontrar demostrada en este proceso la
inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 9532 de la Ley 136 de 1994 modificado
por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

40. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección popular;
(ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada y; (iii) el caso concreto.

2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular33

41. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen los
ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como acceder
a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y transparencia, según lo
disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El derecho a la participación política,
específicamente, ha sido erigido como derecho fundamental, tal como se desprende de
varios pronunciamientos de la Corte Constitucional. En tal sentido, ha expresado este
alto tribunal:

Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y dentro
de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los derechos
fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la dirección política
de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la autodeterminación de la
persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo.34

29
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
30
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos
a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…), de los alcaldes municipales y distritales; (…)»
31
Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado
32
«ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel
municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los
contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio. (…)»
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra,
Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
34
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 11
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

42. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el interés
general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso de las
personas a la función pública35. Dentro de estas limitaciones encontramos el régimen
de inhabilidades, como restricciones que tienen como finalidad « garantizar que a los
cargos de elección popular se presenten personas probas y carentes de antecedentes
negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no ostenten condiciones de privilegio
por cuenta de vinculaciones con el Estado que desequilibren la contienda electoral»36.

43. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha señalado que
el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante»37. Asimismo, en la
realización del principio democrático38 esta Sala ha reconocido que estos regímenes
tienen como finalidad «prevenir afrentas contra las condiciones normales en las que se deben
desarrollar los procesos electorales, producto de las situaciones personales de los
aspirantes»39. También, ha indicado la jurisprudencia:

(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública,
para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad,
posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen
servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad.

Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y
moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos.40

44. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis, situaciones
o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser candidato41, que unas
veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la condena a pena privativa de
la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que debe guiar la contienda política, como
las que tienen que ver con el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos por
parte del candidato antes de las elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio
democrático.

2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada

45. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para los
alcaldes, entre otras, la siguiente causal:

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-00087-
03(IJ).
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
38
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
39
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
40
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
41
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya verificación le
impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en términos prácticos, la Sección
Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas condiciones expresas en normas que
definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 12
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni
designado alcalde municipal o distrital:

(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así
mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado
en el respectivo municipio. (…) (Se destaca).

46. Acorde a lo anterior, de este tipo normativo se desprenden tres situaciones
diferenciadas, las cuales, a su vez, consagran hipótesis que constituyen inhabilidades
autónomas o independientes, así: i) aquella relativa a la intervención en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital, ii) la relacionada con la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, y iii) la
referida a haberse desempeñado como representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio.

47. Comoquiera que el problema planteado tiene que ver con una de las situaciones
descritas en la norma invocada, esto es, haber celebrado contratos en el año anterior
a las elecciones, el cual deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, en
interés propio o de terceros, procede la Sala, seguidamente, a estudiar los elementos
de la referida inhabilidad, previo a decidir el caso concreto.

48. Es abundante la jurisprudencia de la Corporación sobre la inhabilidad por
celebración de contratos encaminada a preservar la igualdad entre los candidatos que
participan en una contienda electoral, en relación con el supuesto de existir un vínculo
contractual, jurídicamente relevante con el Estado, potencialmente ventajoso, y que sin
duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de elección popular. Al
respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha manifestado lo siguiente:

Este supuesto de inhabilidad busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos que se
rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene desequilibrios en la contienda
electoral que puedan derivarse de los beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de
sus gestiones o contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y
prácticas corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un candidato
aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública o sobre otros
proponentes.42

49. En punto a la celebración de contratos, la Sección Quinta ha discurrido sobre su
finalidad en los siguientes términos:

[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional –de
hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del proceso
electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una confusión entre
intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en nombre propio o de terceros

42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de 2019, Rad. 2018-02417.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

en la celebración de un contrato con la administración, en principio defiende los intereses
particulares frente a los intereses del Estado”; y del otro, “obstaculiza el aprovechamiento de
recursos públicos para desfigurar los procesos electorales.43

50. Así mismo, como factores configurativos de la causal, la Sala ha identificado los
siguientes: (i) un elemento temporal, previsto en la norma, según el cual, el contrato
ha debido celebrarse dentro del año anterior al certamen electoral; (ii) un elemento
espacial o geográfico que lo constituye el lugar donde se ejecutó o ha debido
cumplirse el contrato, esto es, el mismo municipio en que el candidato aspira a ser
alcalde; (iii) un elemento material u objetivo, consistente en la conducta de
suscripción o celebración del contrato con entidades públicas y; (iv) un elemento
subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que persigue la celebración
del contrato estatal44.

51. Para que se configure la causal de inhabilidad, es necesaria la concurrencia de
todos y cada uno de los mencionados elementos.

52. Ahora, en cuanto a la configuración del elemento material u objetivo de la causal de
inhabilidad analizada, acorde con los efectos que generan las modificaciones y/o
adiciones al contrato celebrado, cuya discusión centra el debate en esta instancia, esta
Sala Electoral recientemente precisó que no toda modificación al negocio jurídico inicial
edifica dicho elemento referido a la «celebración de contratos», dado que solamente una
alteración del objeto implicaría un nuevo acuerdo45. En esa ocasión se precisó:

98. De una parte, se tiene que los contratos deben ejecutarse conforme con las condiciones
inicialmente pactadas, las cuales son el resultado de todos los procedimientos específicos
para la selección del contratista por parte de la entidad pública. A pesar de ello, se ha
reconocido que es procedente modificar el acuerdo de voluntades, cuando sea necesario
para lograr su finalidad específica y, de esta manera, materializar los objetivos del Estado
que se buscan con su celebración46.

99. Una revisión del estatuto contractual vigente, dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 del
2007 y 1474 del 2011, pone de presente que no se consagra una reglamentación detallada
sobre el particular, dado que no se encuentran definiciones de estas figuras, ni se determina
su alcance frente a los negocios jurídicos primigenios. No sobra indicar, que la única
manifestación efectuada por el legislador corresponde a los límites para adicionar valores,
contenidos en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

(…)

105. La anterior caracterización impone una importante conclusión a este juez contencioso
electoral: al momento de estudiar la modificación de un contrato en ejecución, se debe
determinar, con especial cuidado si, con ello, las partes de este incurren realmente en la
celebración de un nuevo negocio jurídico y así edificar la configuración del ingrediente
normativo referido a la «celebración de contratos», pues es claro que no en todos los
eventos es así.

106. Por lo dicho, resulta importante determinar si, en efecto, independiente de la
denominación que se dé al documento, el acuerdo de voluntades se dirige de forma
indefectible a establecer nuevas condiciones frente al objeto pactado originalmente y

43
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 2019-00926.
44
Ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2020-00013; sentencia de
3 de septiembre de 2020, Rad. 2020-00010; sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. 2018-00080.
45
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de 2025. MP Gloria María
Gómez Montoya. Radicación: 68001-23-33-000-2024-00043-02 (Principal) – 68001-23-33-000-2024-00116-00 (Acumulado)
46
Ley 80 de 1993, “Artículo 41. Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre
acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

determinar los consecuentes cambios en otros aspectos de la esencia, como la
contraprestación, e incluso, la alteración con la inclusión de nuevas obligaciones u
actividades a desarrollar, que varíen sustancialmente el contrato primigenio.

107. Una conclusión diferente a lo anterior no edifica la condición objetiva que exige la norma
inhabilitante, en tanto ello escapa de la órbita y de la literalidad del evento que allí se
consagró por el legislador, por lo que, se reitera, es dicha acción y no otra diferente, la que
se debe prevenir a efectos de cumplir con la teleología buscada.

108. Así las cosas, en cada caso concreto, se deberá determinar si la modificación al
contrato inicialmente pactado implica la celebración de un nuevo negocio jurídico, y con
fundamento esa (sic) circunstancia, edificar la inhabilidad en comento.

(…)

110. Esto es así, por cuanto bajo dicha visión, se garantiza que la condición objetiva de la
inhabilidad, esto es, la «celebración de contratos», se entienda configurada cuando las
modificaciones al negocio jurídico con el Estado implican un verdadero y novedoso acuerdo
de voluntades respecto de elementos esenciales del mismo, siendo esta la actuación que la
norma busca prevenir que ocurra dentro del período inhabilitante, para no generar el
desequilibrio en la elección por voto popular. (…).

53. De lo anterior se infiere, que la alteración de aspectos meramente accidentales no
configura el elemento material u objetivo contenido en la norma inhabilitante, pues
entenderlo de otra manera, implicaría una interpretación extensiva a eventos que no
fueron consagrados por el legislador, ya que, en estricto sentido, aquellas
modificaciones no pueden entenderse como «celebración de contratos», que, de paso,
conlleven a una restricción de derechos políticos injustificada.

2.5. Caso concreto

54. En el caso bajo estudio, se encuentra acreditado y no es objeto de discusión, que el
señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz: i) fue elegido alcalde municipal de Carmen de Apicalá
(Tolima) para el periodo constitucional 2024-2027, como se desprende del Formulario
E-26 ALC del 31 de octubre de 2023 aportado con la demanda47; ii) que el 15 de
diciembre de 2021 se suscribió el «ACTA DE DACIÓN EN PAGO CELEBRADA ENTRE
EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA (TOLIMA) Y EL SEÑOR LUIS ANGEL
GUTIERREZ ORTIZ, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S.»48; iii) que el 25 de noviembre de
2022 se acordó una «MODIFICACIÓN AL ACTA DE DACIÓN EN PAGO CELEBRADA
ENTRE EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALA (TOLIMA) Y EL SEÑOR LUIS
ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S.»49; y que iv) el 23 de febrero de
2023, se hizo otra «MODIFICACIÓN AL ACTA DE DACIÓN EN PAGO CELEBRADA
ENTRE EL MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ (TOLIMA) Y EL SEÑOR LUIS
ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S.»50.

55. El Tribunal de primera instancia consideró que, aunque el acta de dación en pago
data del 15 de diciembre de 2021, esto es, por fuera del período inhabilitante, las dos

47
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «024_ED_ANEXO20FORMULURIO.pdf»
48
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «008_ED_ANEXO4ACTADELCON.pdff»
49
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «013_ED_ANEXO9MODIFICACION.pdf»
50
Expediente digital SAMAI – índice 00003 «015_ED_ANEXO11MODIFICACIO.pdf»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 15
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

modificaciones sí ocurrieron dentro del término comprendido entre el 29 de octubre de
2022 y el 29 de octubre de 2023 y que estas no son un típico acto de ejecución, toda
vez que en ellas las partes no solo debieron volver a deliberar sobre el acuerdo ya
instituido, sino que también tuvieron que elevarlo a escrito dado que lo acordado
modificaba los elementos esenciales del contrato, como el plazo, cantidades, precios,
valor o contraprestación e incluso el objeto y/o cláusulas que no guardaban relación con
circunstancias de «caso fortuito o fuerza mayor», con las que se sustentaron.

56. Contrario a lo concluido por el a quo, la parte demandada en su apelación, afirmó
que el análisis y el valor probatorio atribuido a las actas de ejecución del objeto
contractual, en las que se modificó el plazo de entrega de las obras y se ajustaron los
precios, desconoce las reglas jurisprudenciales de esta corporación, pues aquellas no
constituyen un nuevo contrato o uno adicional, ya que no modifican el objeto del
acuerdo que nació a la vida jurídica el 15 de diciembre de 2021.

57. Es pertinente advertir, que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión».

58. Además, el artículo 322 ibidem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que «será
suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la providencia
apelada».

59. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley».

60. De conformidad con lo anterior, la competencia de la Sección en este caso se limita
a verificar si las modificaciones del 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023,
al «ACTA DE DACIÓN EN PAGO» suscrita el 15 de diciembre de 2021, constituyen
verdaderos contratos adicionales que se enmarquen dentro del elemento material u
objetivo de la inhabilidad alegada como lo concluyó el a quo, o en su defecto, por
tratarse de actos ocurridos durante la ejecución del acuerdo inicial, dirigidos a
elementos no esenciales de la naturaleza de aquel negocio jurídico, no concretan ni
configuran los elementos de la causal invocada.

61. Mediante el acuerdo de dación en pago celebrado el 15 de diciembre de 2021 entre
el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en calidad de representante legal de la Constructora
Camino del Olimpo S.A.S. y el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima)51, la sociedad
se comprometió a la realización de las siguientes obras: «1. PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES - PETAR», «2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA CAJITA» y «3.
COLECTOR LA PALMARA», por valor de $4.428.410.168,1 y la consignación de un
excedente en efectivo por la suma de $380.898.599,94, como pago a favor del
municipio, de unas licencias de construcción para los proyectos «Lagos del Olimpo

51
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «008_ED_ANEXO4ACTADELCON.pdf»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 16
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

Etapa 1», «Lagos del Olimpo Etapa 2» y «Lagos del Olimpo Etapa 3», cuyo valor
ascendía a la suma de $4.809.308.768.

62. Como se desprende del citado acuerdo, el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en
calidad de representante legal de la Constructora Camino del Olimpo S.A.S., se
comprometió a realizar unas obras de infraestructura de los servicios de acueducto y
alcantarillado bajo las especificaciones allí descritas, en un plazo no mayor al 30 de
noviembre de 2022, a menos que exista fuerza mayor o caso fortuito debidamente
probado52.

63. El 25 de noviembre de 2022, el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, en calidad de
representante legal de la Constructora Camino del Olimpo S.A.S., solicitó la ampliación
del plazo por 7 meses para la entrega de las obras, contados a partir del 1 de diciembre
de 2022, «…en razón al fuerte invierno que se ha presentado durante todo el año, lo cual no ha
permitido obtener los rendimientos deseados, como en la construcción del colector, el cual se
localiza sobre el área de cause de la quebrada la palmara, lo que implica cambios repentinos y
continuos en su caudal, lo cual generó suspensiones constantes en la ejecución de la obra; de
igual manera la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, está localizada sobre un
terreno que genera durante períodos de lluvia escorrentía superficial, que afectó los
movimientos de tierra y procesos constructivos, como armado de hierro y colocación de
formaleta.»53.

64. Producto de dicha solicitud, en la misma fecha, el señor Germán Mogollón Donoso
en su condición de alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y Luis Ángel
Gutiérrez Ortiz, como representante legal de la constructora, acordaron una
«MODIFICACIÓN AL ACTA DE DACIÓN DE PAGO» de bienes y servicios suscrita el 15 de
diciembre de 2021, en los siguientes términos:

(…) CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta del acta de dación en pago que
se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos: “El
contribuyente por su parte se compromete a realizar las obras en las cantidades antes
descritas, y en los sitios y puntos de la jurisdicción del Carmen de Apicalá (Tolima), a más
tardar el día 15 de junio de 2023”.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula octava del acta de dación en pago que se
suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos: “El
señor LUIS ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número
93.469.225 del Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal de la
Constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT 901.112.360-6, se compromete a
entregar las obras referidas en el presente a más tardar el día 15 de junio de 2023 a la
alcaldía del municipio del CARMEN DE APICALA (Tolima), a no ser que exista fuerza mayor
o caso fortuito debidamente probado”.

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR la cláusula decima primera del acta de dación en pago
que se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos:
“Conforme lo dispone el artículo 97 y siguientes del CPACA, el señor LUIS ANGEL
GUTIERREZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.469.225 del
Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal de la Constructora
CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT 901.112.360-6, autoriza y da su consentimiento con la
firma del presente documento, para que la administración municipal revoque los actos
administrativos que otorgan las licencias de construcción en caso que a más tardar el día
15 de junio de 2023, no se haga entrega real y efectiva de las obras ya mencionadas. En

52
Cláusulas sexta y octava del acuerdo de dación en pago
53
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «012_ED_ANEXO8SOLICITUDDE.pdf»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 17
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

caso que no se cancele el valor reliquidado el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil
veintitrés (2023), se procederá a la revocatoria de los actos administrativos referidos al
otorgamiento de las licencias, con el correspondiente pago inmediato de las construcciones
realizadas que se encuentren terminadas a la fecha que se tome la decisión por parte de la
administración.”.

CLAUSULA CUARTA: MODIFICAR la cláusula decima tercera del acta de dación en pago
que se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos:
“El señor LUIS ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 93.469.225 del Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal
de la Constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT 901.112.360-6, deberá pagar el día
veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023), el valor del excedente de las
licencias de construcción referido al valor que corresponde al año 2023 debidamente
actualizado, considerando las obras que son entregadas en el año 2022, referidas a la línea
de conducción la Cajita y el Colector la Palmara, por lo que el valor aquí establecido es la
diferencia que efectivamente debe ser cancelado a favor del ente territorial.

CLAUSULA QUINTA: Las demás clausulas del acta de dación en pago que se suscribió el
día 15 de diciembre de 2021, continúan inmodificables y siguen siendo de obligatorio
cumplimiento por parte del contribuyente. (Las negrillas son del texto original). (Sic a toda la
cita)

65. Por solicitud del señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, presentada el 22 febrero de 2023,
el día 23 del mismo mes y año54 se realizó una nueva modificación al acta de dación en
pago celebrada el 15 de diciembre de 2021, de la cual se extraen los siguientes
apartes:

(…) Que, en virtud de los anteriores considerandos, se establecen las siguientes
cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula primera del acta de dación en pago que se
suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos:

“El señor LUIS ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 93.469.225 del Carmen de Apicalá (Tolima), en su condición de Representante legal
de la Constructora CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S., NIT 901.112.360-6., se compromete a
realizar las siguientes obras para el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de
acueducto y alcantarillado, conforme a los siguientes ítems a ejecutar:

(…)

El costo total de las obras es por la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($4.723.672.275,14).”.

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula segunda del acta de dación en pago que
se suscribió el día 15 de diciembre de 2021, la cual quedará en los siguientes términos:

“Las obras que recibió la alcaldía del Carmen de Apicalá (Tolima) en el año 2022 son por la
suma de $2.287.349.504,7 más la consignación que realizó el contribuyente por la suma de
$380.898.599,94, para un total de $2.668.248.104,64, por lo que se cancelaron las licencias
de construcción del año 2022, de la siguiente forma: Proyecto Lagos del Olimpo etapa 1 y
2 que tiene un valor de “2.861.189.080, quedando un saldo a favor de la administración
municipal por la suma de $192.949.975,36.

La licencia de construcción actualizada a los precios del año 2023 que faltarían por afectar,
es de la ETAPA 3 por valor de $2.198.298.232, por lo que debe considerarse lo siguiente:

54
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «015_ED_ANEXO11MODIFICACIO.pdf»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 18
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

a. PTAR la Palmara a precios del 2023: $2.436.322.770,44.
b. Saldo a favor de la administración municipal año 2022: $192.949.975,36
c. Valor a cancelar de la licencia de construcción de la Etapa 3: $2.198.298.232

Saldo a favor alcaldía: $192.949.975,36
Licencia etapa 3. Precio 2023: $2.198.298.232
Valor total: $2.391.248.207,36
Menos valor PTAR la Palmara. 2023: $2.436.322.770,44
Saldo a favor del contribuyente: $45.074.563,08”

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR la cláusula décimo tercera del acta de dación en pago
que se suscribió el día 9 de junio de 2022 (sic), la cual quedará en los siguientes términos:

“CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: El valor de las obras que faltan por ejecutar son por la
suma de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y CUANTO (sic)
CENTAVOS ($2.436.322.770,44) que refiere a la construcción de la PTAR la Palmara y el
valor de la licencia de construcción de la etapa 3 ajustada al año 2023 es por la suma de
$2.198.298.232, más el saldo a favor de la alcaldía por la suma de $192.949.975,36, para un
total de $2.391.248.207,36 y menos el valor de la PTAR la Palmara $2.436.322.770,44,
quedando un saldo a favor del contribuyente por la suma de $45.074.563,08

PARÁGRAFO: El contribuyente declara y acepta con la firma de la presente modificación a
la dación en pago, que está de acuerdo en su totalidad a lo que llegaron las partes, y
además que, la alcaldía del municipio del Carmen de Apicalá (Tolima) no hará
reconocimiento en dinero de valores superiores a lo que se cancela por la obligación
tributaria, por lo que desde ya renuncia el señor LUIS ANGEL GUTIERREZ ORTIZ, en su
condición de representante legal de la CONSTRUCTORA CAMINOS DEL OLIMPO S.A.S. a
una reclamación en dinero presente y futura, es decir, que la alcaldía no hace
reconocimientos económicos en dinero por obras adicionales ejecutadas.”.

La presente acta de modificación a la dación en pago se firma a los veintitrés (23) días del
mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), las demás clausulas continúan
inmodificables, pero considerando el acta suscrita el día 25 de noviembre de 2022. (…). (Las
negrillas son del texto original). (Sic a toda la cita)

66. Frente a esta modificación, resulta oportuno advertir que, aunque el demandado
alega no haberla suscrito, el análisis que inicialmente emprenderá la Sala se
circunscribe a verificar si la misma constituye una actuación propia de la ejecución del
acuerdo de voluntades fechado el 15 de diciembre de 2021, o en su defecto,
corresponde a una adición contractual o un contrato adicional, caso en el cual se
procederá a verificar y resolver dicha afirmación.

67. En primer lugar, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sección55, ni la
ejecución de las obligaciones contractuales, ni la liquidación del negocio jurídico,
permiten la configuración de la causal de inelegibilidad por la celebración de contratos
con entidades públicas, es decir, la causal que nos ocupa se configura por la
celebración del contrato más no por su ejecución efectiva, comoquiera que esas
actividades se ubican por fuera de los supuestos que contemplan las respectivas
normas, es decir, con posterioridad a su celebración56.

55
Radicado nro. 11001-03-28-000-2022-00051-00. Demandado: Gabriel Ernesto Parrado Durán, representante a la Cámara por el
departamento del Meta –período 2022-2026. M. P. Rocío Araújo Oñate. Reiterada en sentencia del 27 de octubre de 2022, nulidad
electoral nro. 11001-03-28-000-2022-00054-00. Demandada: Ingrid Marlén Sogamoso Alfonso - Representante a la Cámara por el
departamento de Boyacá, periodo 2022 – 2026. M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 19 de noviembre de 2020, M.P: Rocío
Araújo Oñate, radicado No. 50001-23-33-000-2020-00001-01,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 19
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

68. Previo a la verificación del contenido de las actas modificatorias referidas
anteriormente, se tiene que el acuerdo de dación en pago celebrado el 15 de diciembre
de 2021 entre el municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y la Constructora Camino del
Olimpo S.A.S., representada por el señor Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, consistió en la
realización y entrega de unas obras de infraestructura de los servicios de acueducto y
alcantarillado denominadas «1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
PETAR», «2. LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA CAJITA» y «3. COLECTOR LA PALMARA», por
valor de $4.428.410.168,1, el cual constituía parte de pago a favor del municipio de
unas licencias de construcción para los proyectos «Lagos del Olimpo Etapa 1», «Lagos
del Olimpo Etapa 2» y «Lagos del Olimpo Etapa 3», que costaban la suma de
$4.809.308.768. Adicionalmente, la constructora se comprometió a realizar una
consignación en efectivo por $380.898.599,94, para completar el valor total de las
licencias de construcción por los proyectos urbanísticos referidos, obras que debían ser
entregadas en un plazo no mayor al 30 de noviembre de 2022.

69. En este orden de ideas, es claro que en dicho acuerdo de voluntades se estableció
de manera precisa su objeto y el término dentro del cual la Constructora Camino del
Olimpo S.A.S. debía cumplir y hacer entrega de los bienes con los cuales haría el pago
a favor del ente territorial, aspectos sobre los cuales giraron las modificaciones
consignadas en las actas del 25 de noviembre de 2022 y 23 de febrero de 2023.

70. La modificación calendada el 25 de noviembre de 2022 consistió en la ampliación
del plazo establecido para la entrega de las obras prometidas en pago, definiendo como
nueva fecha, a más tardar, el día 15 de junio de 2023. Por su lado, la modificación del
23 de febrero de 2023, consistió en un ajuste de los valores de una de las obras a
ejecutar57 y del costo de una de las licencias de construcción58, lo que sin lugar a dudas
encuadra dentro de actos de ejecución del acuerdo celebrado el 15 de diciembre de
2021 y no en el objeto del acuerdo.

71. Así las cosas, de la revisión de los documentos detallados anteriormente se infiere,
que las pluricitadas modificaciones al «ACTA DE DACIÓN EN PAGO» suscrita entre las
partes el 15 de diciembre de 2021, no implicó que se hubiere celebrado un nuevo
negocio jurídico, dado que lo cierto es que se trató de situaciones ocurridas durante
ejecución las obras acordadas, que no implican una modificación sustancial a lo
pactado inicialmente; entenderlo de otra manera conlleva a una aplicación extensiva de
la norma inhabilitante.

72. Así las cosas, la Sala concluye que, contrario a lo decidido por a quo, el elemento
material u objetivo de la inhabilidad no se encuentra satisfecho en el presente caso, ya
que las modificaciones hechas al «ACTA DE DACIÓN EN PAGO», no constituyen ningún
acuerdo adicional o un nuevo contrato como lo afirma el demandante, lo que impone
revocar la decisión de primera instancia y en su lugar negar las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

57
construcción de la PTAR la Palmara
58
«Proyecto Lagos del Olimpo etapa 3»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 20
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Arley Piedrahita
Demandado: Luis Ángel Gutiérrez Ortiz,
alcalde del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) periodo 2024-2027
Radicación: 73001-23-33-000-2023-00463-01

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 1 de agosto de 2024 y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Salva voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 21
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.