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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2023-00478-01

Fecha
17 de octubre de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2023-00478-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de agosto del 2024, dictada por Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del acto de elección de Diana Carolina Peña Higgins como concejal de Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024- 2027, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial de concejal, la cual se hará efectiva a la ejecutoria de la sentencia. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 08001-23-33-000-2023-00478-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

17 de octubre de 2024

Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00478-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 08001-23-33-000-2023-00478-01
Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandado: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de Sabanalarga
(Atlántico), periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por celebración y gestión de contratos, numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 1° de agosto del 2024, dictada por Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Jairo Eduardo Echavarría Altamar1 solicitó que se anulara la elección de Diana
Carolina Peña Higgins, como concejal de Sabanalarga (Atlántico), período 2024 - 2027,
porque, en su criterio, está incursa en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 por celebrar un contrato con la Gobernación del
Atlántico y por gestionar un negocio jurídico con ISA Intercolombia SA ESP.

2. Fundamentos fácticos, normativos y concepto de la violación

2. La parte actora mencionó que, la demandada está inhabilitada, pues el 29 de
marzo de 2023, suscribió el contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión Nro.
202301277 con la Gobernación del Atlántico2, el cual, el 29 de septiembre de la misma
anualidad, fue prorrogado por tres meses, estando, en ambos eventos, dentro del periodo
prohibitivo.

3. Manifestó que, se ejecutaron actividades en el municipio de Sabanalarga
(Atlántico), tales como la «atención a víctimas residentes en esa municipalidad e incluidas

1 Si bien presentó la demanda en nombre propio, lo cierto es que al momento de allegar el escrito de

subsanación lo hizo mediante apoderado judicial, a quien se le reconoció personería al momento de admitir
el medio de control.
2 «Para brindar acompañamiento en la ejecución e implementación de la política pública de prevención,

protección, atención, asistencia y reparación integral de víctimas en los centros regionales de atención a
víctimas del Departamento del Atlántico».

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Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
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y registradas en el Sisbén», configurando el elemento territorial de la causal de nulidad
invocada.

4. Al respecto, indicó que, según los informes de ejecución, la demandada realizó
«apoyo y acompañamiento jurídico en las jornadas descentralizadas de servicios de
atención al ciudadano, llevadas a cabo en los municipios del Departamento»3. (Sic)
(Subrayado del texto de la demanda)

5. De igual forma, adujo que, en el informe de ejecución suscrito por Diana Carolina
Peña Higgins, con relación al periodo comprendido entre el 29 de junio al 28 de julio de
2023, se indicó que «reali[zó] 23 asesorías presenciales. (en Sabanalarga) (…)» e incluyó
el listado de personas atendidas en aquella oportunidad.

6. Del mismo modo, describió las actividades desplegadas por la demandada, de
conformidad con los informes de ejecución de los periodos comprendidos entre el 29 de
julio al 28 de septiembre de 2023, destacando que, en esos meses, realizó «apoyo y
acompañamiento jurídico en las jornadas descentralizadas de servicios de atención al
ciudadano, llevadas a cabo en los municipios del Departamento».

7. Señaló que, a excepción de una de las personas mencionadas en los cuadros de
los informes de ejecución, les fueron impartidas asesorías por parte de la demandada,
las que se encuentran registradas en el Sisbén del municipio de Sabanalarga (Atlántico),
es decir que, a juicio del actor, residen allí y «son usuarias de los servicios de oferta
estatal que se realiza o materializa en dicho municipio para la población más pobre y
vulnerable».

8. Así pues, según la cláusula vigésima cuarta del contrato el lugar de ejecución es
el «Departamento del Atlántico» (sic); por tanto, para el actor, es dable concluir que el
desempeño de las actividades también comprende el municipio de Sabanalarga, lugar
donde fue electa, como concejal.

9. Por otro lado, afirmó que Diana Carolina Peña Higgins, como presidenta de la
Junta de Acción Comunal del corregimiento de Isabel López, del municipio de
Sabanalarga, celebró el 25 de abril de 2023 un contrato de donación con Isa
Intercolombia SA ESP, con apoyo del PNUD4, para recibir «multiplicidad de instrumentos
musicales y accesorios para la práctica del arte musical».

10. Al respecto, sostuvo que ISA Intercolombia SA ESP es una entidad pública
descentralizada del orden nacional, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 489 de
1998, pues se trata de una empresa de servicios públicos mixta, organizada como una
sociedad por acciones regida por las Leyes 142 y 143 de 1994, es decir, con un
componente accionario mayoritariamente estatal.

11. En tal sentido, adujo que la demandada intervino, dentro del periodo inhabilitante,
de manera directa en la gestión de ese negocio jurídico, el cual terminó con la entrega de
los elementos objeto de la donación, el 12 y 25 de abril de 2023, como se evidencia de

3 Señaló que tales actividades se desarrollaron en los periodos comprendidos entre 29 de marzo al 28 de

julio de 2023.
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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las actas suscritas por ella, en calidad de presidente de la junta de acción comunal de
Isabel López, corregimiento del municipio de Sabanalarga, con dicha empresa.

12. Por su parte, adujo que este contrato, por ser de donación, es de carácter
consensual y no requiere ritualidades específicas o solemnes, pues con las actas de
recibo se prueba la configuración y perfeccionamiento de la relación jurídica surgida entre
la empresa de energía y la junta de acción comunal. Sin embargo, aclaró que así dicha
relación negocial no se denomine como «donación», podría entenderse como «un
verdadero contrato o negocio jurídico conocidos como “atípicos” o “innominados”», los
cuales, son verdaderas operaciones jurídicas que surten efectos y consecuencias de
diversa naturaleza.

13. Así pues, concluyó que la demandada obtuvo ventajas y favorecimientos que
vulneran la igualdad de las elecciones populares, lo cual afectó también la moralidad
pública como principio fundante y constitutivo del Estado social de derecho, pues, aunque
esta gestión generó beneficio frente a terceros, también terminó en un provecho personal
y directo en su aspiración política.

3. Trámite inicial

14. En auto de 18 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección B, admitió la demanda y ordenó las respectivas notificaciones.

4. Contestaciones

4.1. Diana Carolina Peña Higgins (demandada)

15. Mediante apoderado judicial5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, para
lo cual indicó que, no existe sustento jurídico ni probatorio que acredite que se encuentra
incursa en causal de inhabilidad alguna.

16. Al respecto, manifestó que, con relación a la inhabilidad por celebración de
contratos, aunque celebró un negocio jurídico con el departamento del Atlántico, lo cierto
es que en el «capítulo particular» se estableció como el lugar de ejecución la «Dirección
CALLE 40#45-46, Ubicación: COLOMBIA, Atlántico, Barranquilla», por tanto, al no
desarrollarse la actividad contractual en el municipio de Sabanalarga, donde fue electa,
no puede establecerse la configuración de la causal de nulidad alegada.

17. Informó que el objeto contractual siempre se circunscribió a la «prestación de
servicios de apoyo a la gestión para brindar acompañamiento en la ejecución e
implementación de la política pública de prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral de víctimas en los centros regionales de atención a víctimas del
departamento del Atlántico»; por lo cual, la prestación del servicio solo se dio en «i)
Centro Regional de Barranquilla – Corregimiento Juan Mina, vía 11 # 8a -25; y ii) Centro
Regional de Soledad – Calle 18 # 51- 69 barrio Las Ferias. Ubicación geográfica y
territorial que nada tiene que ver con el municipio de Sabanalarga».

5 Orlando Lineros Velasco.

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18. En tal razón, concluyó que no puede establecerse la configuración de la inhabilidad
endilgada, puesto que el contrato no se ejecutó en el municipio donde fue electa, a saber,
Sabanalarga (Atlántico), pues todas las actividades desplegadas fueron en la ciudad de
Barranquilla.

19. Así pues, manifestó que en ninguno de los informes de ejecución se indicó que las
actividades hubieran sido desplegadas en el municipio de Sabanalarga (Atlántico).
Además, en dichos documentos, existen pruebas fotográficas que evidencian el
desarrollo de labores en el centro regional donde se ejecutaron las funciones del contrato.

20. Por otra parte, con relación a la inhabilidad por haber intervenido en la gestión de
negocios con ISA Intercolombia SA ESP, por la presunta configuración de un contrato de
donación, manifestó que, aunque existió un acuerdo de participación de terceros entre
esa empresa y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, suscrito con
el propósito de mejoramiento de las condiciones de vida de la población y proyectos de
beneficio comunitario, afirmó que no participó en el.

21. Para lo cual, indicó que, en su condición de presidente de la junta de acción
comunal del corregimiento de Isabel López, no suscribió ningún tipo de acuerdo ni
intervino en la celebración de contrato con ISA Intercolombia SA ESP, razón por la que
no existe ninguna relación jurídica o negocial con dicha entidad.

22. En tal sentido, las manifestaciones realizadas por el actor carecen de veracidad y
solo pretenden inducir en error al juez, pues no existe prueba alguna que permita concluir
que se configuró el elemento objetivo de la causal de inhabilidad.

23. Al respecto, indicó que no hay certeza de que el «acta de cierre del proyecto de
beneficio comunitario conexiones para el desarrollo», tomado mediante captura de
pantalla, corresponda a la red social de Facebook oficial de la junta de acción comunal
de Isabel López, por tanto, no es posible ser valorado como mensaje de datos, tal y como
lo establece el artículo 247 del CGP, pues «no mantuvo el formato en que fue generado,
enviado o recibido, o en algún formato que reproduzca con exactitud».

24. Además, afirmó que, en su condición de presidente de la junta de acción comunal,
no recibió instrumentos musicales ni los respectivos accesorios.

25. Finalmente, formuló las excepciones de «ausencia de la causal invocada de
nulidad electoral que establece el numeral 5° del artículo 275 del C.P.A.C.A., frente a la
causal del artículo 40 de la Ley 617 de 2000», «inexistencia de circunstancias fácticas,
jurídicas y probatorias para la configuración de la causal de nulidad electoral», «ausencia
de material probatorio. Atore non probante, reus absolvitur» y «excepción innominada»,
con fundamento en lo antes expuesto.

26. La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) por medio de representante,
indicó que presta un rol en el proceso de escrutinio únicamente de apoyo técnico y
logístico, actuando como secretaria de las comisiones escrutadoras, sin injerencia en la
decisión de fondo. En tal sentido, solicitó la excluya como parte responsable en el proceso
electoral, pues no tiene competencia para modificar o anular actos declaratorios de
elección ni para intervenir en el proceso de escrutinio más allá de sus funciones técnicas.

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27. El Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentó que no tiene responsabilidad en
el presente proceso, ya que no participó en la inscripción de la candidatura de la
demandada ni fue informado sobre ninguna posible inhabilidad. Por tanto, solicitó ser
desvinculado de la demanda, puesto que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la
revocatoria de dicha inscripción antes de las elecciones.

5. Trámite posterior

28. En auto proferido el 14 de marzo del 2024, el magistrado conductor citó a audiencia
6
inicial , la cual se llevó a cabo el 3 de abril de la misma anualidad y en la que se decretaron
las pruebas aportadas con la demanda y la contestación, y las requeridas por Diana
Carolina Peña Higgins. Además, se fijó el litigio en los siguientes términos:

Si hay lugar o no a declarar la nulidad del acto que declaró la elección de Diana Carolina
Peña Higgins como concejal del Municipio de Sabanalarga (acta de escrutinio municipal E-
26 de 7 de noviembre de 2023), con fundamento en los cargos expuestos en el concepto
de la violación de la demanda, esto es, por haber desatendido la demanda, el régimen de
inhabilidades previsto en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual se
modificó por el artículo 40 de la Ley 617 del 2000. Lo anterior por haber celebrado la señora
Diana Carolina Peña Higgins, según el cargo, contrato con la Gobernación del Atlántico
dentro del periodo de inhabilidad previsto por el legislador y por gestionar negocio jurídico
con ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., mientras la señora Diana Peña ejerció la labor de
presidenta de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Isabel López, en el
Municipio de Sabanalarga. (Sic)

6. Alegatos de conclusión en primera instancia

29. Jairo Eduardo Echeverría Altamar (demandante) reiteró, los argumentos de la
demanda y precisó que, de conformidad con la cláusula quinta del contrato, además de
las obligaciones de la contratista también debía cumplir con las contenidas en la ley y las
normas que modifiquen, reemplacen o sustituyan, y las específicas de la propuesta, junto
con aquellas contenidas en los estudios previos de la contratación.

30. En tal sentido, de la propuesta que presentó la contratista, parte de los documentos
precontractuales obrantes en la plataforma SECOP, se puede evidenciar dentro de sus
actividades las siguientes:

«BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA PERSONALIZADA REQUERIDA POR LAS VÍCTIMAS
QUE ACUDEN A LOS CENTROS REGIONALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO O QUE LA SOLICITAN A TRAVÉS
DE LOS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
DISPUESOTS EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS».

«APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LAS JORNADAS DESCENTRALIZADAS
DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LLEVADAS A CABO EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO». (Subrayado del escrito de alegatos).

31. En consecuencia, dentro del organigrama de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se encuentra que la población usuaria puede
recibir atención presencial, en el departamento del Atlántico, en «dos (2) CENTROS

6 Y se negó la solicitud de nulidad propuesta por la parte demandante.

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REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS -CRAV - y cinco (5) PUNTOS DE ATENCIÓN
– PAV -. Estos últimos funcionan donde no hay CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS. En ese esquema de atención presencial aparece el PAV SABANALARGA,
ubicado en la Calle 22 a # 16 b - 103 barrio centro de Sabanalarga».

32. Por tanto, con base en tales apreciaciones y en los informes de ejecución
presentados por la demandada, se encuentra acreditado que también ejecutó actividades
en el municipio donde fue electa y, en consecuencia, están demostrados los elementos
configurativos de las inhabilidades endilgadas.

33. Diana Carolina Peña Higgins (demandada) reiteró los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda y sostuvo que, de acuerdo con la certificación emitida por
la Gobernación del Atlántico, requerida por el tribunal, el lugar de ejecución del contrato
y específicamente los servicios prestados se desarrollaron en los dos centros regionales
de atención a las víctimas, ubicados en el corregimiento de Juan Mina del distrito de
Barranquilla y el municipio de Soledad, por tanto, no se configura el elemento territorial
de la inhabilidad por celebración de contratos.

34. Con relación al cargo de nulidad por intervenir en la gestión de negocios con ISA
Intercolombia SA ESP, adujo que el coordinador del equipo socio ambiental de proyectos
de la Dirección Ambiental y Social de la entidad, en respuesta al requerimiento realizado
por el tribunal, manifestó que «no se ha suscrito contrato alguno con la señora, DIANA
CAROLINA PEÑA HIGGINS, ni con ningún miembro de la Junta de Acción Comunal
del Corregimiento de Isabel López durante la ejecución del Programa de beneficio
comunitario, considerando, como se mencionó anteriormente, que el proyecto fue
ejecutado a través de los aliados PNUD y la Fundación Barco. Así mismo tampoco se ha
establecido relación laboral alguna durante la etapa constructiva del proyecto asociada a
alguna actividad del proyecto con algún miembro de dicha comunidad» (sic).

35. De igual forma, puso de presente la respuesta de la jefe de proyectos conexiones
para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aportado con la contestación
de la demanda, según la cual «durante la fase de implementación, el proceso de
adquisición de instrumentos musicales, herramientas y demás elementos identificados
en el proyecto, se realizó a través de procesos administrativos propios del PNUD
(compras menores), proceso de adquisición realizado directamente con proveedores
propios de la región, las dotaciones fueron entregadas bajo el acompañamiento del
comité de control social del Proyecto de Beneficio Comunitario PBC y el comité de padres
de familia de la banda musical» (sic).

36. En tal sentido, con base en tales pruebas, concluyó que no existió ningún vínculo
contractual con la junta de acción comunal del corregimiento de Isabel López y la
demandada, por lo que tampoco se acreditó la presunta gestión o celebración de
negocios con la empresa ISA Intercolombia SA ESP.

37. La RNEC reiteró los argumentos expuestos y solicitó nuevamente su
desvinculación.

38. El CNE guardó silencio.

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7. Concepto del Ministerio Público

39. El procurador delegado luego de hacer un recuento normativo y jurisprudencial de
la causal de inhabilidad por intervenir en la gestión de negocios y celebración de
contratos, manifestó que, en el presente caso, no se encuentran acreditados los
elementos estructuradores de la inhabilidad, puesto que:

i) Aunque la demandada celebró contrato con la Gobernación del Atlántico dentro
del año anterior a las elecciones, no se probó que este se hubiera ejecutado en el
municipio de Sabanalarga, donde fue elegida. El contrato y su prórroga establecen
que la ejecución de las actividades debía realizarse en Barranquilla y Soledad,
no en Sabanalarga.

Adujo que la parte demandante no aportó pruebas suficientes para demostrar que
la demandada realizó actividades contractuales presenciales o virtuales en
Sabanalarga, por lo que no se configura la inhabilidad.

ii) Con relación a la gestión de negocios que la demandada supuestamente realizó
con ISA Intercolombia SA ESP para entregar instrumentos musicales y enseres a
la comunidad de junta de acción comunal de Isabel López, concluyó que no se
suscribió ningún contrato entre la demandada y la empresa.

Además, del documento suscrito por el coordinador del Equipo Socio Ambiental
Proyectos de ISA Intercolombia SA ESP confirma que no existió relación
contractual ni entrega directa de bienes a la demandada o a la Junta de Acción
Comunal que ella presidía. Además, las pruebas aportadas por el demandante
(fotografías y pantallazos de redes sociales) no son suficientes ni permiten
establecer con certeza que estos hechos se hayan materializado.

8. Sentencia de primera instancia

40. Previo a abordar el estudio de fondo de la controversia, el 1° de agosto de 2024 el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, declaró probadas
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formuladas por la RNEC y el
CNE, para lo cual indicó que no tenían competencia en la revisión de causales subjetivas
de nulidad electoral o en los requisitos legales de la candidata.

41. Ahora bien, el a quo, al estudiar el problema jurídico suscitado, decidió negar las
pretensiones de la demanda. Para tal efecto, sostuvo que no fue posible establecer que
la demandada hubiera suscrito negocio jurídico alguno con la empresa de servicios
públicos domiciliarios, situación que impidió concluir que se encontrara inhabilitada para
aspirar al Concejo Municipal de Sabanalarga, pues, los instrumentos entregados por
dicha empresa no se hicieron en el marco de una actividad contractual con la junta de
acción comunal a cargo de la ahora accionada.

42. Al respecto, precisó que estos bienes fueron donados en desarrollo de un
programa social con las comunidades, sin que de ello se pueda establecer un beneficio
patrimonial o extrapatrimonial que permita determinar que Diana Carolina Peña Higgins
estuviera inmersa en la causal de inhabilidad endilgada.

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43. Por otra parte, con relación al contrato estatal suscrito entre la implicada y el
departamento del Atlántico, aunque fue celebrado dentro del periodo inhabilitante, no se
configura la causal de inhabilidad dado que no se estableció el elemento territorial o
geográfico de esta.

44. En tal sentido, el a quo concluyó que el negocio jurídico tuvo como lugar de
ejecución los centros de atención a las víctimas del conflicto armado ubicados en el
corregimiento de Juan Mina, del distrito de Barranquilla y el municipio de Soledad, tal y
como lo acreditan las certificaciones aportadas por la gobernación del Atlántico, pues en
ellas se precisó que la demandada cumplió sus obligaciones contractuales,
específicamente en dichas locaciones.

45. En consecuencia, al no establecerse la configuración de los cargos de nulidad
propuestos, negó las pretensiones de la demanda.

8. Recurso de apelación

46. El demandante7 manifestó que el tribunal no abordó adecuadamente la
interpretación del contrato, específicamente las cláusulas sobre el lugar de ejecución
(cláusula vigésima cuarta) y las obligaciones del contratista (cláusula quinta), que
mencionan las actividades que debía desarrollar en el departamento del Atlántico;
situación que, adujo, se encuentra acreditada en los informes de ejecución presentados
por la demandada, puesto que prestó atención a la población de Sabanalarga en el punto
municipal de atención a víctimas de esa entidad territorial.

47. Indicó que el tribunal no hizo manifestación alguna respecto de la naturaleza
jurídica del contrato de donación, frente a la gestión de negocio y su configuración,
correspondiente a la relación jurídica de la demandada con ISA Intercolombia SA ESP,
pues, únicamente, manifestó, con base en el documento allegado por la empresa y en el
que se adujo que la accionada no celebró contrato alguno, obviando, por parte del
juzgador de instancia, que con la labor «ad honorem» de ella, obtuvo un beneficio
electoral en la época previa a la contienda política.

48. Precisó que, aunque no exista un documento denominado textualmente como
«CONTRATO DE DONACIÓN», lo cierto es que, la encartada sí realizó gestiones
prohibidas.

49. En efecto, el apelante argumenta que Diana Carolina Peña Higgins, en su calidad
de presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Isabel López, gestionó
un contrato de donación con la empresa estatal ISA Intercolombia SA ESP dentro del año
anterior a las elecciones, lo cual, incluyó la entrega de instrumentos musicales y enseres
a la comunidad, lo que, según el apelante, constituye inhabilidad por la gestión de
negocios con entidad estatal.

50. Para concluir, el recurrente critica que el tribunal no le dio valor probatorio a los
informes presentados por la concejal, que contienen información sobre la atención a

7 Mediante apoderado judicial, abogado Jorge Luis Oñoro Pájaro.

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población en el punto de atención a víctimas de Sabanalarga, ni a las pruebas
documentales sobre la gestión de negocios y el contrato con ISA Intercolombia SA ESP.
Esta relación de actividades se realizó dentro del periodo de inhabilidad, según el
apelante, y deberían haber sido considerados como confesiones.

9. Trámite en segunda instancia

51. El 20 de septiembre del 20248, se admitió la apelación y se ordenaron los
respectivos traslados de ley.

10. Alegatos de conclusión en segunda instancia

52. La demandada9 se opuso al recurso formulado, para lo cual concluyó que debe
confirmarse la decisión y reiteró los argumentos expuestos durante el curso del proceso.

53. El demandante10, insistió en las razones presentadas, haciendo énfasis en que el
contrato con la Gobernación del Atlántico sí fue ejecutado, parcialmente, en el municipio
de Sabanalarga (Atlántico), configurando todos los elementos estructuradores de la
inhabilidad; e igualmente, reiteró que la demandada, como presidente de la junta de
acción comunal del corregimiento Isabel López perteneciente al municipio donde fue
electa, gestionó y celebró un contrato con Isa Intercolombia SA ESP.

11. Concepto del Ministerio Público

54. La procuradora delegada, realizó un análisis detallado de las causales de
inhabilidad formuladas, para lo cual indicó:

55. Con relación a la gestión de negocios con la empresa ISA Intercolombia SA ESP
manifestó que para que se configure dicha causal de nulidad es necesaria la
demostración de diligencia dirigidas a obtener un beneficio propio o de terceros a través
de la entidad pública contratante. Sin embargo, de las pruebas, concluyó que no hubo
contrato ni gestión alguna entre Diana Carolina Peña Higgins y la empresa de energía,
pues los bienes entregados provinieron de un programa social suscrito con la ONU y la
Fundación Barco, y no de una gestión contractual o precontractual por parte de la
accionada.

56. Respecto de la relacionada con la celebración de contratos, concluyó que, aunque
se encuentran acreditados los elementos temporal, material y subjetivo, no se configuró
el territorial, puesto que las actividades derivadas del contrato se ejecutaron en
Barranquilla y Soledad, y no en Sabanalarga, lugar donde resultó electa concejal la
demandada.

57. Precisó que, no basta con que el contrato tenga un alcance territorial amplio, como
se dispuso en la presente controversia (departamento del Atlántico), sino que lo esencial
es probar que las actividades relacionadas con el contrato se ejecutaron en el municipio
específico donde la persona fue electa, es decir, Sabanalarga, lo cual no fue demostrado.

8 Índice 7 Samai.
9 Índice 11 Samai.
10 Índice 13 Samai.

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Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00478-01

Por tanto, al no haber ejecución efectiva del contrato en dicha municipalidad, no se puede
configurar el elemento territorial y considerar establecida la causal de inhabilidad
formulada.

58. En consecuencia, solicitó confirmar la decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

59. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.a11 de la Ley 1437 de 2011,
así como también el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que
se trata de la apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, y es la Sección Quinta, en este caso, quien
debe resolver el asunto, porque se demandó la elección de Diana Carolina Peña Higgins
como concejal del municipio de Sabanalarga (Atlántico), periodo 2024-2027 (art. 13 del
Reglamento).

2. Problema jurídico

60. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos, se deberá determinar si se
revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección B, en cuanto negó las pretensiones de la demanda contra el acto
de elección de Diana Carolina Higgins, como concejal del municipio de Sabanalarga
(Atlántico) periodo 2024-2027.

61. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala verificará únicamente si se configura
el elemento territorial12, estructural de la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000;
es decir, si la demandada celebró «(…) contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o
cumplirse en el respectivo municipio o distrito».

62. Lo anterior, en virtud a que respecto de los otros elementos constitutivos de la
causal de inhabilidad existe consenso entre las partes, pues, actualmente, solo se debate
si el negocio jurídico, celebrado entre la demandada y la Gobernación del Atlántico, debía
ejecutarse en el municipio donde fue electa.

11Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad del acto
de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales,
de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos
superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de
las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen
por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto
original)
12 Lo anterior, debido a que los reproches del demandado se circunscriben únicamente respecto de este

elemento y no formuló reproche alguno con relación al material, temporal o modal. Por tanto, esta Sala no
hará pronunciamiento alguno al respecto.

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63. Además, también deberá establecerse si la demandada gestionó y celebró un
contrato de «donación» o «innominado» con la empresa estatal ISA Itercolombia SA ESP,
dentro del año anterior a las elecciones, pues a juicio del actor, Diana Carolina Higgins,
como presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Isabel López, parte
del municipio donde fue electa, gestionó la entrega de instrumentos musicales y enseres
a la comunidad, lo que conllevaría la configuración de la inhabilidad endilgada.

64. Con el propósito de dar solución a los cuestionamientos antes planteados, la Sala
abordará la segunda instancia desde los siguientes tópicos: i) alcances de la inhabilidad
contenida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994; ii) de la inhabilidad por
celebración de contratos, iii) de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios
con entidades públicas, y iv) el caso concreto.

3. Alcances de las inhabilidades contenidas en el numeral 3 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994

65. Según el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 199413 «[q]uien dentro del año
anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito», quedarán inhabilitados para
inscribirse como candidatos o ser concejales municipal o distrital, en el respectivo
municipio.

66. Debe precisarse que para que se configure dicha causal de inhabilidad, la norma
dispuso un margen temporal, el cual corresponde al año inmediatamente anterior a la
fecha de elección.

67. Esta Sección14 ha concluido, frente al objeto de la causal de la inhabilidad, que:

La teleología de esta inhabilidad es preventiva y proteccionista de la igualdad de los
aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en la relación del
candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esa condición
de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor
trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades
públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie, deduzca o
concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse
ante los electores para obtener los votos. ( Énfasis del texto original)

68. Con relación al objeto preventivo de estas inhabilidades la Sección precisó:

13 «No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades
públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito».
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia 3 de agosto de

2015, radicado 11001-03-28-000-2014-00051-00.

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[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y proteccionista de la
igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo el propósito de precaver vicios en
la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de
esa condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios
de mayor trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las
entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que el electorado asocie,
deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello
acreditarse ante los electores para obtener los votos. 15

69. En cuanto a la celebración de contratos y la gestión ante entidades públicas debe
advertirse que, aunque tengan identidad de propósito, y que, por regla general, cuando
se habla de gestión estas apunten a la celebración de contratos, se debe precisar que
son causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a conductas que
ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas.16

70. Si bien en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 existen tres
escenarios inhabilitantes, para la presente controversia el estudio se centrará en dos de
ellos, a saber, la celebración de contratos con entidades públicas y la intervención en la
gestión con entidades estatales.

4. Inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas

71. Frente a este concepto inhabilitante, vale la pena resaltar que la jurisprudencia de
esta Sección17 ha indicado que la celebración de contratos requiere para su
estructuración los siguientes elementos configurativos:

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro del año
anterior a la elección
Espacial Que el contrato deba cumplirse o ejecutarse en la
circunscripción en la cual debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para
propósito terceros. En este aspecto, es importante poner de presente
que la Sección ha concluido que los beneficios
extrapatrimoniales también pueden dar lugar a la
materialización de la inhabilidad18.

15 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate sentencia de 27 de septiembre de 2018,

Rad. 11001-03-28-000-2018-00015-00.
16 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, sentencia de 18 de noviembre de

2021, radicado 41001-23-33-000-2019-00555-01.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 18 de mayo de 2023,

radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00; MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 26 de mayo de 2022,
radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate,
sentencia de 1 de diciembre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00058-00.
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y, sentencia

del 27 de noviembre de 2008. Rad. 68001231500020070066901. MP Filemón Jiménez Ochoa.

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72. De igual forma, se ha indicado que la inhabilidad «se configura con la celebración
efectiva del respectivo contrato estatal dentro del lapso contemplado por la norma,
independiente del momento de su ejecución o liquidación».19

73. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia, no es suficiente con que se pruebe el
elemento temporal, material y territorial de la inhabilidad, sino que además es necesario
que se acredite que la suscripción del contrato estatal aportó beneficios patrimoniales o
extra patrimoniales al candidato o a terceros20 y, además, sobre la concurrencia de
dichos requisitos, esta Sección reiteró en providencia del 2 de junio de 2022 21 que los
supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta alguno de ellos no se
configura la inhabilidad.

74. Esta Sala ha concluido que no podrá ser elegido «quien haya intervenido en la
celebración de contratos con entidades públicas. Es decir, uno de los elementos centrales
de la inhabilidad es lo relativo al contrato, pues solo la celebración de ese negocio jurídico
configurará el verbo rector de la conducta proscrita por el legislador»22.

75. Esta Sección ha precisado respecto del análisis de la presente causal inhabilitante
que:

[E]l análisis de la norma objeto de estudio debe realizarse única y exclusivamente desde
la óptica de la finalidad de la inhabilidad.

Lo anterior, porque cuando se alegan aquellas inhabilidades que tienen que ver con la
celebración o gestión de contratos, el juez electoral no las analiza desde la perspectiva
contractual o del medio de control de controversias contractuales, sino desde la finalidad
con la que el legislador estableció esa restricción como limitación al derecho a elegir y ser
elegido.

En consecuencia, el estudio de las etapas precontractual, contractual o pos contractual que
se relacionan con los supuestos de hecho consagrados en la norma objeto de estudio debe
abordarse desde el propósito del proceso electoral y no desde las teorías propias del
contrato, habida cuenta que una cosa es examinar un contrato estatal en relación o frente
a la inhabilidad y otra muy distinta estudiarlo desde la perspectiva contractual; v.gr. en el
medio de control previsto en el artículo 141 del CPACA. (Énfasis del texto original)

76. Así pues, con base en los precedentes jurisprudenciales citados en precedencia,
se abordará el estudio de la causal inhabilitante contenida en el artículo 43 de la Ley 136
de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y definir si la demandada
incurrió en ella.

5. Intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 13001-23-33-

000-2018-00417-01. Providencia del 30 de mayo de 2019. M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
20Consejo de Estado, Sección quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación
11001032800020140005100. CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
21 Ver entre otras las providencias de esta Sección radicados 11001-03-28-000-2022-00074-00, 50001-23-

33-000-2020-00013-01; 11001-03-28-000-2018-00080-00.
22 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 30 de mayo de 2019,

radicado 13001-23-33-000-2018-00417-01.

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77. Respecto de la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios ante
entidades públicas, la jurisprudencia ha identificado cuatro (4) presupuestos para su
configuración23:

(i) Elemento temporal, consistente en que dicha conducta prohibida se realice
dentro del año anterior a la elección.

(ii) Elemento geográfico, que dirige la atención al lugar donde se gestionaron los
negocios lo cual debe coincidir con el municipio o distrito o departamento de la
elección respectiva.

(iii) Elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y
comprobadas del demandado ante la entidad pública para lograr un fin
patrimonial o extra patrimonial, independientemente de su éxito.

(iv) Elemento subjetivo, relacionado con el interés propio o de terceros que
motiva las gestiones adelantadas.

78. En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la
gestión de negocios se ha relacionado con una conducta personal y activa del futuro
candidato ante una entidad pública con la que aspira a celebrar un negocio jurídico u
obtener una respuesta favorable frente a un interés patrimonial o extrapatrimonial.

79. Ahora bien, no toda diligencia que se adelante con una autoridad pública configura
la causal, pues debe tratarse de una conducta útil, trascendente y potencialmente
efectiva, para cuya valoración también interesa el móvil, causa o aspecto modal24. De ahí
que las actuaciones que se atribuyan la demandada deban estar debidamente probadas
y no ser el resultado de meras inferencias o deducciones subjetivas.25

6. Caso concreto

80. De acuerdo a lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral, Sección B negó las pretensiones de la demanda al no tener por acreditado el
elemento territorial de la inhabilidad por celebración de contratos, y porque tampoco se
acreditó la presunta suscripción de contrato por la demandada con la empresa ISA
Itercolombia SA ESP que permitiera concluir que existió vinculo jurídico, con el cual se

23 Ver entre otras: Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicado 15001-23-33- 000-

2019-00630-01, providencia del 12 de agosto de 2021. MP, Luis Alberto Álvarez Parra. Consejo de Estado.
Sección Quinta. expediente Radicado No. 11001-03-28-000-2014-00051-00, sentencia de 3 de agosto de
2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, demandada: Ana María Rincón Herrera, Representante
a la Cámara por el departamento del Huila. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta. Expediente 66001-23-33-000-2015-00475-01, providencia del 25 de agosto de 2016. M.P.
Alberto Yepes Barreiro.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de abril de 2009, Rad.

11001-03-15- 000-2007-00581-00. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sección Primera, sentencia de 6 de
octubre de 2017, Rad. 63001-23- 33-000-2016-00327-01. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Sección Quinta,
sentencia de 11 de agosto de 2016, Rad. 50001-23- 33-000-2015-00647-01. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 23 de octubre

de 2008, Rad. 07001-23-31-000-2007-00083-01. M.P. María Nohemí Hernández Pinzón; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de octubre de 2023, MP,
Luis Alberto Álvarez Parra, radicado 11001-03-28-000-2022-00057-00 (principal).

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pudiera establecer algún beneficio patrimonial o extrapatrimonial para configurar la causal
de inhabilidad por intervención en la gestión de negocios con entidad pública.

81. Ahora bien, con el fin de dar un orden sistemático al análisis de la controversia, la
Sala dividirá el estudio frente a cada una de las causales de inhabilidad formuladas, a
saber: i) celebración de contratos y, ii) gestión de negocios.

i) Celebración de contrato con la Gobernación del Atlántico

82. La Sala, al contrastar los argumentos expuestos por las partes, evidencia que, para
el demandante, el contrato suscrito entre Diana Carolina Peña Higgins y la Gobernación
del Atlántico se ejecutó, parcialmente, en el municipio de Sabanalarga donde fue electa,
pues del objeto contractual, el lugar de ejecución, la propuesta parte de los estudios
previos y los informes de ejecución, es dable concluir que las obligaciones contractuales
debían desplegarse en el departamento del Atlántico, zona geográfica que contiene el
municipio donde resultó elegida la demandada.

83. En suma, adujo que con los informes de ejecución se probó que la demandada
prestó atención a la población de Sabanalarga en el punto municipal de atención a
víctimas de esa entidad territorial, y que, contrario a lo expuesto por la accionada, no
solamente prestó sus servicios en los centros regionales de atención a la población
víctima del conflicto armado, ubicados en el corregimiento de Juan Mina y el municipio
de Soledad.

84. Sobre el particular, la Sala advierte que para que se configure la inhabilidad
invocada no importa si el objeto contractual se cumplió o no, sino que debe estudiarse
el lugar en el que debía ejecutarse o cumplirse26, tal y como lo dispone el numeral 3
del artículo 43 de la Ley 136 de 1994.

85. Ahora bien, de la lectura detallada del contrato suscrito entre la demandada y la
Gobernación del Atlántico, se puede evidenciar en la cláusula primera que se estableció
el objeto de este, así:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR
ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN
INTEGRAL DE VÍCTIMAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

86. Para la Sala es dable concluir que la labor contratada es la prestación de servicios
y apoyo a la gestión en la prevención, protección, atención, asistencia y reparación a las
víctimas del conflicto armado en los Centros Regionales de Atención, tal y como lo
certificó la gobernación del Atlántico a víctimas de dicho departamento, pues físicamente,
de acuerdo con lo precisado por la entidad territorial, la demandada brindó atención a los
usuarios en:

26 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez, sentencia de 10 de octubre de

2024, radicado 54001-23-33-000-2023-00254-01.

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87. No obstante, del contrato en mención también se advierte, en la cláusula quinta,
que, además, de las obligaciones contenidas en la ley, ella debía cumplir las «derivadas
de la propuesta y aquellas contenidas en los estudios previos de la contratación», por lo
que resulta necesario revisar tales documentos y los anexos al contrato27, para
establecer, más allá de toda duda si, efectivamente, las actividades pactadas debían ser
ejecutadas únicamente en los centros regionales de atención existentes en Soledad y
Juan Mina, como lo indicó la Gobernación del Atlántico, o si por el contrario también
debían ejecutarse en el punto de atención del municipio de Sabanalarga, lugar donde fue
elegida concejal, como lo afirmó el demandante.

88. Ahora bien, aunque de la cláusula vigésima cuarta del contrato, se advierta que el
lugar de ejecución correspondiente era el departamento del Atlántico, y el domicilio
contractual era la ciudad de Barranquilla, esta Sala de decisión, en reciente
pronunciamiento, manifestó que «no es posible asimilar el domicilio contractual de las
partes, que se utiliza para efectos, por ejemplo, de notificaciones, con el lugar de
ejecución del contrato, que corresponde al territorio en el que deben cumplirse las
obligaciones pactadas»28.

89. Así pues, de las actividades específicas contenidas en el cuadro anexo, de los
estudios previos y en la certificación emitida por la gobernación del Atlántico, se tiene que
debía cumplir con las siguientes:

BRINDAR ASESORIA JURIDICA PERSONALIZADA REQUERIDA POR LAS VICTIMAS
QUE ACUDEN A LOS CENTROS REGIONALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO O QUE LA SOLICITAN A TRAVES
DE LOS CANALES OFICIALES DE COMUNICACIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO
DISPUESTOS EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS.

ATENDER LAS PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS
USUARIOS DEL SERVICIO QUE ACUDEN AL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS QUE COMPROMETAN LA GESTIÓN Y/O ACCIÓN DE LA SECRETARIA DEL
INTERIOR.

ASISTIR A LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LAS JORNADAS DESCENTRALIZADAS
DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO, LLEVADAS A CABO EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.

27 Como lo advirtió la parte actora desde la demanda.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez, sentencia de 10 de octubre de

2024, radicado 54001-23-33-000-2023-00254-01; MP. Gloría María Gómez Montoya, sentencia de 20 de
junio de 2024, radicado 63001-23-33-000-2023-00102-02.

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APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS
DISTINTAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y
REPARACION A VICTIMAS -SNARIV-

BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE SOCIALIZACION DE OFERTA INSTITUCIONAL
A LA POBLACION VICTIMA DEL DEPARTAMENTO A TRAVES DE LOS DIFERENTES
MEDIOS DISPUESTOS.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE FICHAS Y/O
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CENTRO REGIONAL DE VICTIMAS Y
DIFERENTES CANALES DE ATENCION, PARA TRAMITES DE LA POBLACION,
DISPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.29

90. De lo expuesto en estos documentos, se evidencia que Diana Carolina Peña
Higgins tenía la obligación de brindar asesoría jurídica personalizada requerida por las
víctimas del conflicto armado que acudieran a los centros regionales o a los puntos de
atención de víctimas en el departamento del Atlántico. En tal sentido, para esta Sala de
decisión, tal circunstancia implica que el contrato podía ser ejecutado en los municipios
que tuvieran estos dos espacios de atención a las víctimas, comprendidos en el
departamento del Atlántico por:

• Centro Regional de Barranquilla – Corregimiento Juan Mina, vía 11 # 8a -25.
• Centro Regional de Soledad – Calle 18 # 51- 69 barrio las ferias.
• Punto de Atención Sabanalarga – Alcaldía de Sabanalarga, calle 21 # 18 – 46,
piso 2.
• Punto de Atención Santo Tomás – Centro Integral de Desarrollo
• Punto de Atención Suán – Centro Integral de Desarrollo, carrera 22 # 8 – 56.
• Punto de Atención Malambo – Bloque B de las instalaciones de la Alcaldía de
Malambo, calle 10A # 15-20.30

91. Así pues, tal y como lo afirmó el demandante, se encuentra el municipio de
Sabanalarga, lugar donde resultó electa la demandada.

92. Sin embargo, esta Sección no puede pasar por alto que el numeral 13 de los
estudios previos dispuso, respecto del lugar de ejecución contractual, que este sería en
«los Municipios del Departamento del Atlántico; especialmente, el Distrito de
Barranquilla».

93. En tal sentido, al hacer un estudio integral de las normas que regulan la prestación
del servicio de la UARIV, el contrato suscrito por la demandada, los estudios previos y
los informes de ejecución, es dable concluir que las funciones desplegadas por ella, al
brindar atención a las víctimas del conflicto armado, se llevaron, a modo general, así:

I) Asesoría y acompañamiento jurídico que requirieran las víctimas del
conflicto armado que acudan tanto a los centros regionales de atención
como a los puntos municipales.

29 Sic a toda la cita.
30 https://www.unidadvictimas.gov.co/noticias/55771-2/

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00478-01

II) Apoyo y acompañamiento jurídico en las jornadas descentralizadas de
servicios de atención al ciudadano, llevadas a cabo en los municipios del
departamento.

94. Adicionalmente, de los informes de ejecución se extrae textualmente que la
demandada realizó:

Asesoría jurídica virtual y/o telefónica requerida por las víctimas o que la solicitan a través
de los canales oficiales de comunicación de atención al usuario dispuestos en las distintas
plataformas.

Se atendió de manera presencial a personal victima debidamente registrada en el R.U.V.
en el centro regional de atención de víctimas CRAV (Soledad), realizando asesorías,
derecho de petición, recurso de Apelación a los actos administrativos emitidos por la unidad
de víctimas.

Verificación de datos de datos de beneficiarios víctimas del armado conflicto en la
plataforma vivanto.

Encuentros Territoriales comunitarios la restitución de tierras y territorios (Centro Regional
Juan Mina)

Reunión con el coordinador del centro regional de víctimas para la coordinación de eventos
del mes de septiembre del presente año en el C.R.A.V.31 Juan Mina.

Se atendió de manera presencial a personal victima debidamente registrada en el R.U.V.
en el centro regional de atención de victimas CRAV (Juan Mina), realizando asesorías,
derecho de petición, recurso de Apelación a los actos administrativos emitidos por la unidad
de víctimas.

Encuentros Territoriales comunitarios la restitución de tierras y territorios en los diferentes
municipios del Departamento del Atlantico.

Acompañamiento y asesoría con las ofertas institucionales realizadas en los diferentes
municipios del departamento. (sic)

95. Así pues, es claro, de los informes presentados, que siempre precisó los lugares
donde desplegó las actividades tendientes a la asesoría y acompañamiento jurídico de
las víctimas, es decir, los centros de atención regional a las víctimas de Juan Mina y
Soledad, y adicionalmente los municipios, sin describirlos, del departamento del Atlántico,
es decir, todo el territorio que lo comprende, así:

Obligación Producto
Apoyo y acompañamiento jurídico en Encuentros Territoriales comunitarios
las jornadas descentralizadas de la restitución de tierras y territorios.
servicios de atención al ciudadano,
llevadas a cabo en los municipios del
departamento.
Apoyo y acompañamiento jurídico en Acompañamiento y asesoría con las
las jornadas descentralizadas de ofertas institucionales realizadas en los
servicios de atención al ciudadano, diferentes municipios del departamento.

31 Centro regional de atención de atención a las víctimas.

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Demandante: Jairo Eduardo Echeverría Altamar
Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00478-01

llevadas a cabo en los municipios del
Departamento

96. Por otra parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV) indicó que los centros regionales de atención «se caracterizan porque están
articulados con otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (SNARIV) a nivel nacional y territorial; tienen una infraestructura propia y
el número de orientadores capacitados para prestar el servicio puede superar las diez
personas»32.

97. Sin embargo, aunque con relación a los puntos de atención a las víctimas la misma
UARIV manifestó que «son espacios más pequeños, e incluso se pueden encontrar en
las alcaldías municipales. En estos últimos solo se brinda información relacionada con
servicios de la Unidad»33, no obstante, no existe prueba alguna, que permita concluir,
que la demandada no podía prestar sus servicios en todo el territorio del departamento,
porque el contenido de los estudios previos, como de los informes de ejecución, se
describen tareas desarrolladas, textualmente, «en los diferentes municipios del
departamento», de lo cual se puede concluir que, así debía desarrollarlas.

98. Sumado a todo lo anterior, en el expediente reposa, junto con los informes de
ejecución, un listado de personas, y su consecuente verificación en el portal web del
Sisbén, que fueron atendidas por la demandada en la ejecución contractual,
específicamente en desarrollo de las «jornadas descentralizadas de servicios de atención
al ciudadano, llevadas a cabo en los municipios del Departamento», donde se evidencia
que residen en el municipio de Sabanalarga, y que en virtud de dicha ejecución
contractual, se evidencia el efectivo desarrollo de sus actividades en el municipio donde
se eligió.

99. Por lo tanto, resulta notorio para esta Sala que, aunque los centros regionales y
los puntos de atención de las víctimas presentan diferencias estructurales, respecto de
los servicios que pueden brindar a la comunidad, lo cierto es que de los estudios previos
y los informes de ejecución, se concluye que la demandada pudo haber desplegado
actividades al interior del municipio donde se eligió concejal, pues allí también debía
realizar actividades tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales,
configurando así la causal de inhabilidad endilgada.

100. Así pues, debe precisarse que, contrario a lo manifestado por el Ministerio Público,
«la ejecución efectiva del contrato» no es el elemento estructurador de la inhabilidad,
pues de la literalidad de la norma que lo contiene es claro que basta con establecer que
la demandada debía ejecutar las obligaciones contractuales en el municipio donde fue
electa.

101. Por tanto, al estar demostrado, tanto en el contrato, como en los estudios previos
que lo integraron y la propuesta realizada por la demandada, para esta Sala, se encuentra

32 https://www.unidadvictimas.gov.co/que-diferencia-hay-entre-centros-regionales-y-los-puntos-de-
atencion-victimas/
33 Ídem.

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Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
Radicado: 08001-23-33-000-2023-00478-01

estructurado el elemento territorial que la configura; razón por la que se declarará la
nulidad de la elección de acuerdo a lo expuesto en la presente providencia.

ii) Gestión de negocios con la empresa ISA Intercolombia SA ESP

102. Ahora bien, sea lo primero advertir que, según la fijación del litigio, la conducta
sobre la cual se trabó la litis, es la gestión de negocios ante una entidad pública y no
respecto de la causal por celebración de contratos, por tanto, con base en este margen
conceptual se abordará el estudio del cargo.

103. Al respecto, el demandante consideró que la demandada desplegó actividades
tendientes a la obtención de un contrato de «donación» o «innominado» con la empresa
estatal ISA Intercolombia SA ESP dentro del año anterior a las elecciones, pues a juicio
del actor, Diana Carolina Higgins, como presidente de la junta de acción comunal del
corregimiento de Isabel López, ubicado en el municipio de Sabanalarga, gestionó la
entrega de instrumentos musicales y enseres a la comunidad, lo que conllevaría la
configuración de la inhabilidad endilgada.

104. Sobre esto, se destaca, que, en el plenario reposa oficio de 20 de junio de 2024,
expedido por el coordinador del Equipo Socio Ambiental Proyectos de la empresa ISA
Intercolombia SA ESP, en el que informó que, dicha empresa, no ha suscrito contrato
alguno con Diana Carolina Peña Higgins ni con ningún miembro de la junta de acción
comunal del municipio de Isabel López.

105. Por otra parte, se encuentra en el expediente actas de cierre del «proyecto de
beneficio comunitario conexiones para el desarrollo» de 12 y 25 de abril de 2023, de las
cuales se puede evidenciar que la demandada, como presidente de la junta de acción
comunal del corregimiento de Isabel López, participó en la entrega de dotación de
herramientas y materiales para el fortalecimiento de la JAC, en el marco del programa
mencionado.

106. Sin embargo, aunque la accionada suscribió tales documentos, estos no
demuestran gestión alguna de negocios, pues corresponden al fin último objeto de un
contrato del que no tiene conocimiento en esta instancia la Sala, contrario a ello, no se
demostró la existencia de algún hecho o acto anterior a la celebración del referido
contrato en el que esté involucrada la demandada, en ejercicio de alguna clase de
diligencia en interés propio o de tercero, de manera directa o por interpuesta persona; lo
que pone en evidencia, que no se probó que esta ciudadana adelantó ninguna gestión y
tampoco intervino, de manera personal, directa y activa en actos previos al citado acuerdo
de voluntades, en el que participó la mencionada entidad pública.

107. En tal sentido, aunque el demandante considera que existió interés por parte de la
demandada en la gestión del negocio celebrado entre la ISA Intercolombia SA ESP, de
los documentos obrantes no se puede establecer que así hubiera ocurrido, pues las actas
de recibo de dichos elementos son insuficientes para demostrar la configuración de la
causal de nulidad alegada, en virtud de que, como se indicó, no se acreditó el reproche
referente a la intervención en la gestión para la celebración de contrato con una entidad
pública.

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108. Al respecto debe precisarse que, de conformidad con lo señalado en el marco
teórico, la gestión está determinada por la realización de actos que conduzcan a la
celebración del contrato, circunstancia que en el presente asunto no ocurrió, pues la
entrega de los elementos objeto de donación, fue producto de un programa desarrollado
entre ISA en alianza con la Fundación Barco y las Naciones Unidas para el Desarrollo,
tal y como se evidencia de las actas de entrega obrantes en el expediente.

109. Así pues, valga la pena advertir en el marco de la causal de gestión de negocios
que, aunque el demandante alude es a la ejecución de un contrato innominado o de
donación y su naturaleza, la norma, como ha sido entendida por esta Sala, y la
controversia hoy suscitada, hacen referencia, específicamente, a la causal de inhabilidad
por gestión de negocios, es decir, todos los actos previos para celebrar el contrato estatal
y, en el presente caso, no se demostró que la demandada hubiera adelantado actividades
tendientes a celebrar contrato alguno entre ISA Intercolombia SA ESP, como tampoco se
probó su suscripción. En consecuencia, esta Sala de Decisión despachará
negativamente este cargo de nulidad.

6. Conclusión

110. De conformidad a las consideraciones expuestas y dado que, en este preciso
asunto se encuentra acreditado el elemento territorial (que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito) configurativo de la inhabilidad
derivada de la celebración de contratos es lo procedente revocar la sentencia de primera
instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B, por las razones que se expusieron en la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de agosto del 2024, dictada por Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, DECLÁRASE la nulidad del acto de elección
de Diana Carolina Peña Higgins como concejal de Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-
2027, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, cancélase la credencial de concejal, la cual se hará
efectiva a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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Demandada: Diana Carolina Peña Higgins, concejal de
Sabanalarga, Atlántico, periodo 2024-2027
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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