Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05940-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-05940-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-05940-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05940-01
Accionante: Diana Carolina Peña Higgins
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de nulidad electoral. Anula acto de elección de tutelante
como concejal. Inhabilidad por celebración de contratos / MODIFICA PARA
DECLARAR IMPROCEDENCIA – No cumple el presupuesto de relevancia
constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 27 de noviembre de 2024 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo constitucional
reclamado.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 1º de noviembre de 2024, la señora Diana Carolina Peña Higgins promovió
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, “igualdad y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública”,
debido proceso y “defensa y contradicción en materia probatoria”1.
2.
Solicitó se dejara sin efectos la sentencia de 17 de octubre de 2024, emitida dentro
del proceso de nulidad electoral2 que instauró el señor Jairo Eduardo Echeverría
Altamar en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección
como concejal de Sabanalarga para el período 2024-2027, al haber incurrido en la
causal de inhabilidad enunciada en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de
19943, por celebrar un contrato de prestación de servicios con la gobernación del
Atlántico y gestionar un negocio jurídico con ISA Intercolombia S. A. E. S. P.
1 También hace referencia a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.
2 Expediente 08001-23-33-000-2023-00478-01.
3 “Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
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3.
En la providencia acusada se revocó la decisión adoptada el 1º de agosto de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones ordinarias,
para en su lugar, acceder a estas. Se consideró (i) frente a la celebración del contrato
con la gobernación del Atlántico, que de sus estudios previos y los informes de
ejecución, era dable concluir que la demandada pudo haber desplegado actividades
al interior del ente territorial donde fue elegida como concejal, pues allí se describen
tareas desarrolladas “en los diferentes municipios del departamento”; y (ii) en cuanto
a la gestión de negocios con la empresa ISA Intercolombia S. A. E. S. P., consistente
en entrega de instrumentos musicales y enseres a la comunidad, que no se podía
establecer ese supuesto fáctico de las pruebas aportadas, pues las actas de recibo
de dichos elementos son insuficientes para ello.
4.
La parte actora afirmó que se incurrió en defecto fáctico, pues no se decretaron
o incorporaron pruebas en segunda instancia, pese a que el ad quem debía
esclarecer la duda razonable que le embargaba y que planteó en los párrafos 87, 90
y 91 del fallo acusado. Para tal efecto, debió requerir de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) certificación sobre el convenio existente
entre ese ente y la alcaldía de Sabanalarga, para la atención de las víctimas del
conflicto armado interno en la oficina ubicada en ese municipio a través del enlace
RUSICST4. De lo cual se hubiera evidenciado que esa autoridad territorial debía
responder de manera particular y autónoma por su enlace, para cuyo propósito
celebra contratos de prestación de servicios, relación contractual que ella no tuvo,
pues la existente fue con la gobernación del Atlántico.
5.
Por lo anterior, la autoridad judicial no contaba con el apoyo probatorio suficiente
para anular su elección. El supuesto normativo consistente en la ejecución del
contrato en el municipio en el que resultó electa no fue suficientemente demostrado
por el extremo activo del litigio. Por el contrario, se encuentra acreditado con la
publicación en el sistema SECOP5 y con el oficio allegado por el departamento del
Atlántico al expediente del proceso ordinario, que en la cláusula vigésima cuarta de
dicho contrato se dispuso: “LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán
en la ciudad de Barranquilla D.E.I.P. y el domicilio contractual es la misma ciudad” y
que sus actividades contractuales las desarrolló en 2 centros regionales de atención
de víctimas, ubicados en Barranquilla y en Soledad, es decir, no se ejecutó o se
cumplió el contrato en Sabanalarga. Documentación a la que se le restó el valor
(…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas
del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés
propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en
el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito”.
4 Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la política pública de
víctimas del conflicto armado interno.
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probatorio que le correspondía, pues se realizó una interpretación extensiva del
objeto del contrato.
6.
Además, se tuvieron en cuenta pruebas que no fueron aportadas en las
oportunidades probatorias señaladas por la ley, estos son, los estudios previos y la
propuesta del contrato, los cuales no fueron presentados por el allí demandante con
la presentación de la demanda o la oposición a las excepciones. El estudio no se
aportó y la propuesta se allegó con los alegatos de conclusión. Documentos de los
cuales concluyó que el lugar de ejecución contractual serían los municipios del
departamento del Atlántico.
7.
De igual modo, se le otorgó valor probatorio al listado de unas personas,
correspondiente a “víctimas atendidas en Sabanalarga”, que fue aportado por el
demandante en el proceso y del que se dedujo que fueron atendidos por ella en ese
municipio en la ejecución contractual. Sin embargo, la información allí contenida no
está soportada en algún documento contractual que demuestre que se trata de un
listado elaborado por ella, además no tiene firma ni suscripción, por tanto, no se
puede inferir que lo elaboró o que se hubiera producido en el marco del negocio
jurídico que sostuvo con el departamento del Atlántico. Situación que no acredita su
autenticidad, conforme al artículo 244 del CGP.
B. Sentencia de primera instancia
8.
Mediante sentencia de 27 de noviembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo constitucional reclamado. Se
consideró que la autoridad accionada analizó las pruebas obrantes en el expediente
del proceso ordinario, de las cuales concluyó que “aunque la gobernación del
Atlántico certificó que la tutelante prestó servicios y apoyo a la gestión en la
prevención, protección, atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto
armado a los usuarios del corregimiento de Juan Mina de Barranquilla y del municipio
de Soledad, no existía prueba alguna, que permitiera concluir, que ella no estaba
obligada a hacerlo en todos los demás municipios del departamento del Atlántico,
dentro de los cuales, estaría el de Sabanalarga donde fue elegida concejal, porque
así estaba establecido en el objeto del contrato y en los informes de ejecución”. Lo
anterior indica que la decisión judicial atacada estuvo debidamente motivada
conforme al material probatorio recaudado.
9.
Por otro lado, se precisó que los estudios previos del contrato fueron analizados
porque se aportaron por requerimiento del juez ordinario de primera instancia durante
el desarrollo de la audiencia inicial y la propuesta económica presentada en el curso
de la etapa precontractual del negocio jurídico no fue valorada.
C. La impugnación
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10.
La parte actora sostuvo que, contrario a lo establecido por el a quo, los estudios
previos y la propuesta no obran en el expediente dentro del trámite de primera
instancia, no fueron aportados por la gobernación del Atlántico y se tuvieron en
cuenta para zanjar el litigio.
11.
Además, anotó que nunca desarrolló sus obligaciones contractuales en el
municipio de Sabanalarga y no hay evidencia que demuestre ello, máxime cuando el
Punto de Atención de Víctimas de ese ente territorial, es enlace de dicha alcaldía.
Por el contrario, se acreditó, mediante certificación emanada de la gobernación del
Atlántico, que ejecutó el objeto contractual en los Centros Regionales para la
atención a la población víctima del conflicto armado de Barranquilla y Soledad.
12.
Por auto de 17 de febrero de 2025 se declaró fundado el impedimento que
presentó el consejero Fernando Pardo Flórez.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
F. Análisis del caso concreto
14.
La Sala advierte que no se supera el presupuesto de relevancia constitucional.
Por tanto, se difiere de la apreciación del juez de primera instancia, según la cual los
reproches esgrimidos por la tutelante trascienden al ámbito constitucional. No resulta
suficiente para tener por satisfecho el aludido requisito que se haya invocado la
protección de los derechos fundamentales invocados. Para tal propósito es
indispensable dilucidar si la argumentación planteada en el escrito de amparo tiene
como propósito acreditar la afectación constitucional que se alega, situación que no
se configura en este asunto.
15.
Lo anterior, por cuanto las inconformidades de la parte actora evidencian
desacuerdo con la providencia objeto de censura, en particular, con sus conclusiones
probatorias. Se pretende emplear esta acción como una instancia adicional del medio
de control de nulidad electoral, con el fin de reabrir el debate probatorio ya zanjado
por el juez natural de la causa. La inconformidad con una decisión judicial que le
resulta desfavorable a un extremo del litigio, no lo habilita para que acuda ante el
juez constitucional con el objeto de modificar tal determinación, como se expondrá a
continuación.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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16.
La parte actora indica que, si la autoridad judicial accionada tenía duda razonable,
la cual es visible en los párrafos 87, 90 y 91 del fallo acusado, sobre el lugar de
ejecución del objeto contractual, debió requerir, en segunda instancia, de la UARIV
certificación que diera cuenta del convenio existente entre esa entidad y el municipio
de Sabanalarga, para demostrar que ese ente territorial debía responder de manera
particular y autónoma por el enlace de atención a las víctimas allí ubicado.
17.
El artículo 213 del CPACA prevé que “[e]n cualquiera de las instancias el Juez o
Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias
para el esclarecimiento de la verdad”. Sin embargo, ello es potestativo de la autoridad
judicial, por ende, no es dable que en sede de tutela se le imponga tal actuación,
máxime cuando no se evidencia la duda a la que se refiere la accionante. Por el
contrario, la decisión adoptada está fundamentada en el material probatorio obrante
en el expediente, distinto es que la parte actora no comparta las conclusiones
probatorias a las que arribó el juez natural de la contienda.
18.
Aunque la tutelante aduce que en los párrafos 877, 908 y 919 se refleja la duda
razonable a la que hace referencia, lo cierto es que en tales apartes de la decisión
acusada se expuso que resultaba necesario examinar las obligaciones “derivadas de
la propuesta y aquellas contenidas en los estudios previos de la contratación”, pues
así quedó estipulado en el respectivo contrato de prestación de servicios. Ello con el
fin de establecer “más allá de toda duda si, efectivamente, las actividades pactadas
debían ser ejecutadas únicamente en los centros regionales de atención existentes
en Soledad y Juan Mina, como lo indicó la Gobernación del Atlántico, o si por el
contrario también debían ejecutarse en el punto de atención del municipio de
Sabanalarga, lugar donde fue elegida concejal, como lo afirmó el demandante”. De
dichos documentos se concluyó que la tutelante podía ejecutar el objeto contractual
en los municipios que contaran con Centros Regionales o Puntos de Atención de
víctimas en el departamento del Atlántico, dentro de los cuales se encuentra el de
Sabanalarga.
7 “No obstante, del contrato en mención también se advierte, en la cláusula quinta, que, además, de las
obligaciones contenidas en la ley, ella debía cumplir las «derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en los
estudios previos de la contratación», por lo que resulta necesario revisar tales documentos y los anexos al
contrato27, para establecer, más allá de toda duda si, efectivamente, las actividades pactadas debían ser
ejecutadas únicamente en los centros regionales de atención existentes en Soledad y Juan Mina, como lo indicó
la Gobernación del Atlántico, o si por el contrario también debían ejecutarse en el punto de atención del municipio
de Sabanalarga, lugar donde fue elegida concejal, como lo afirmó el demandante”.
8 “De lo expuesto en estos documentos, se evidencia que Diana Carolina Peña Higgins tenía la obligación de
brindar asesoría jurídica personalizada requerida por las víctimas del conflicto armado que acudieran a los
centros regionales o a los puntos de atención de víctimas en el departamento del Atlántico. En tal sentido, para
esta Sala de decisión, tal circunstancia implica que el contrato podía ser ejecutado en los municipios que tuvieran
estos dos espacios de atención a las víctimas, comprendidos en el departamento del Atlántico por:
•Centro Regional de Barranquilla – Corregimiento Juan Mina, vía 11 # 8a -25.
•Centro Regional de Soledad – Calle 18 # 51- 69 barrio las ferias.
•Punto de Atención Sabanalarga – Alcaldía de Sabanalarga, calle 21 # 18 – 46, piso 2.
•Punto de Atención Santo Tomás – Centro Integral de Desarrollo
•Punto de Atención Suán – Centro Integral de Desarrollo, carrera 22 # 8 – 56.
•Punto de Atención Malambo – Bloque B de las instalaciones de la Alcaldía de Malambo, calle 10A # 15-20”.
9 “Así pues, tal y como lo afirmó el demandante, se encuentra el municipio de Sabanalarga, lugar donde resultó
electa la demandada.”.
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19.
En esa medida, la autoridad judicial advirtió que debía dilucidarse lo referente a la
configuración o no del elemento territorial en la causal de inhabilidad alegada. No
bastaba para tal efecto la certificación expedida por la gobernación del Atlántico, sino
que se debía acudir a unos documentos anexos al contrato. Los cuales, una vez
analizados, le permitieron adoptar una postura frente a ese cuestionamiento. Es
decir, si bien se planteó que existía una cuestión que debía ser esclarecida, al
examinar los elementos de convicción relativos al contrato a los que hizo alusión, se
absolvió la duda que sobre el particular se indicó en el párrafo 87.
20.
También aduce la parte actora que se le restó valor probatorio a la certificación
emanada de la gobernación del Atlántico, que demostraba que sus actividades
contractuales las desarrolló en el corregimiento de Juan Mina de Barranquilla y en el
municipio de Soledad, se interpretó de manera extensiva el objeto del contrato y no
se tuvo en cuenta la cláusula referente al lugar de ejecución allí estipulado.
21.
Al respecto, se advierte que tales reproches tienen como fin imponer la manera
como debieron haberse valorado los referidos elementos probatorios, al no compartir
el modo en que lo hizo el juez natural, sin que destine motivación alguna a poner en
evidencia que el análisis en ese sentido realizado por el juez ordinario contraría los
postulados de la sana crítica.
22.
En el fallo acusado se precisó que la aludida certificación no resultaba suficiente
para definir lo relativo al elemento territorial de la causal de inhabilidad invocada.
Aunque acreditaba que la tutelante brindó atención física a los usuarios en los
Centros Regionales para la atención a la población víctima del conflicto armado
ubicados en Barranquilla (en el corregimiento de Juan Mina) y en Soledad, en el
correspondiente contrato de prestación de servicios se estipuló que también debía
atender las obligaciones derivadas de la propuesta y las contenidas en los estudios
previos de la contratación.
23.
En esa medida, se examinaron dichos estudios previos junto con la certificación
emitida por la gobernación del Atlántico, de los cuales era dable incluir que la
accionante “tenía la obligación de brindar asesoría jurídica personalizada requerida
por las víctimas del conflicto armado que acudieran a los centros regionales o a los
puntos de atención de víctimas en el departamento del Atlántico. En tal sentido, (…)
tal circunstancia implica que el contrato podía ser ejecutado en los municipios que
tuvieran estos dos espacios de atención a las víctimas”, entre estos, el Punto de
Atención de Sabanalarga.
24.
Además, la autoridad judicial también tuvo en cuenta los informes de ejecución
presentados por ella, en los cuales “precisó los lugares donde desplegó las
actividades tendientes a la asesoría y acompañamiento jurídico de las víctimas, es
decir, los centros de atención regional a las víctimas de Juan Mina y Soledad, y
adicionalmente los municipios, sin describirlos, del departamento del Atlántico, es
decir, todo el territorio que lo comprende”.
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25.
Por consiguiente, la Sala no evidencia algún tipo de arbitrariedad al momento de
valorar los elementos de convicción obrantes en el proceso de nulidad electoral.
Diferente es que la parte actora considere que de aquellos se infería que la ejecución
del objeto contractual solamente tuvo lugar en los Centros Regionales del
corregimiento de Juan Mina y de Soledad, mientras que la autoridad judicial estimó
que, además de esos lugares, la atención brindada por la tutelante también podía
ser suministrada en los Puntos de Atención ubicados en el departamento del
Atlántico, entre esos, en el municipio de Sabanalarga (donde resultó elegida
concejal), conclusión que cuenta con sustento probatorio, como se expuso en
precedencia. Por ende, el simple desacuerdo con la valoración probatoria efectuada
por el juez natural de la causa no habilita para que se promueva esta acción
constitucional con el fin de imponer el grado de certeza que debía otorgársele al
material probatorio.
26.
En este punto, cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el
modo cómo se deben valorar los documentos obrantes en el proceso ordinario ni el
grado de certeza de estos, así como tampoco imponer la tesis que defiende la parte
actora para desvirtuar la configuración de la causal de inhabilidad alegada, frente al
presupuesto territorial, cuando no se comprobó que las conclusiones probatorias de
la autoridad judicial involucraran arbitrariedad alguna. Tal actuación escapa de la
órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse ello se usurparía
la función del juez natural de la controversia.
27.
En ese sentido, el hecho de que la autoridad accionada no haya zanjado la
controversia como lo pretendía la tutelante, no la faculta para que acuda a este
mecanismo judicial para imponer el criterio que defiende. La simple inconformidad
de criterios no comporta en sí la acreditación de la afectación constitucional que se
requiere para conceder el amparo reclamado.
28.
Por otro lado, la tutelante adujo que se valoraron pruebas que no fueron aportadas
en las oportunidades procesales señaladas por la ley, tales como los estudios previos
(no se aportó) y la propuesta del contrato (se allegó con los alegatos de conclusión).
29.
Al respecto, cabe anotar que en la audiencia inicial celebrada el 3 de abril de 2024
se decretó como prueba de la parte demandada requerir a la gobernación del
Atlántico certificación en la que se relacionaran los contratos suscritos con ese ente
territorial, así como los municipios donde se realizó la ejecución de los contratos junto
con los límites temporales. Para cuyo propósito debía “remitir como anexos todos los
documentos que respalden lo que sea advertido en la certificación requerida”. Lo
cual, en efecto, cumplió esa entidad. Dichos documentos reposan en el índice 46 de
ese expediente en el aplicativo Samai, los cuales fueron objeto de traslado por el
término de 3 días, mediante auto de 27 de junio de 2024, sin que se advierta
pronunciamiento alguno por parte de la actora10.
10 Se evidencia que el 5 de julio de 2024 descorrió dicho traslado el extremo activo del litigio.
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30.
Sobre el particular, si bien la autoridad judicial en su parte considerativa hizo
referencia a los estudios previos del contrato y a la respectiva propuesta, lo cierto es
que la información en la que fundamentó su decisión, atinente a las actividades
específicas que debía cumplir la tutelante, estaba contenida en una certificación
emitida el 8 de febrero de 2024 por la gobernación del Atlántico, la cual fue aportada
dentro de la documentación a la que se hizo referencia en el párrafo anterior. En tal
sentido, con independencia de los elementos probatorios que haya enunciado el juez
ordinario, se tiene que la información extraída y que sirvió de base para adoptar una
decisión está contenida en un documento que fue debidamente incorporado al
expediente.
31.
Por último, la accionante demuestra inconformidad con el hecho de que la
autoridad judicial haya examinado un listado de personas que correspondía a
“víctimas atendidas en Sabanalarga”. Esta lista no estaba soportada en algún otro
documento contractual ni tiene firma ni suscripción, por ende, carecía de autenticidad
en los términos del artículo 244 del CGP.
32.
La Sala advierte que, al margen del carácter de auténtico del mencionado listado,
ese documento no constituyó el eje central de la decisión adoptada, en la medida en
que fue relacionado, con el fin de indicar “el efectivo desarrollo de sus actividades en
el municipio donde se eligió” como concejal a la tutelante. Sin embargo, se aclaró
que “«la ejecución efectiva del contrato» no es el elemento estructurador de la
inhabilidad, pues de la literalidad de la norma que lo contiene es claro que basta con
establecer que la demandada debía ejecutar las obligaciones contractuales en el
municipio donde fue electa”. Circunstancia que se demostró en el sub-lite, pues, “de
los estudios previos y los informes de ejecución, se concluye que la demandada pudo
haber desplegado actividades al interior del municipio donde se eligió concejal, pues
allí también debía realizar actividades tendientes al cumplimiento de las obligaciones
contractuales”.
33.
Con base en lo anterior, es dable concluir que, si se aceptare la exclusión del
referido listado como prueba, ello carecería de la potencialidad de modificar la
decisión judicial cuestionada, pues esta cuenta con otros elementos de convicción
que la fundamentaron, máxime cuando no resultaba indispensable ese documento
para probar el elemento territorial de la causal de inhabilidad endilgada, en atención
a que con aquel se demostraba la prestación efectiva del objeto contractual en el
municipio de Sabanalarga, presupuesto que no era necesario acreditar para tal
propósito, pues bastaba con dilucidar si se debían desarrollar las actividades en ese
lugar.
34.
Así las cosas, los reproches de la parte demandante reflejan una inconformidad
con la manera como el juez natural de la controversia la zanjó, lo cual no habilita el
estudio de fondo de la tutela. No basta para tal efecto invocar una causal específica
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Accionante: Diana Carolina Peña Higgins
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de procedibilidad de la tutela y derechos fundamentales que se estiman vulnerados
y expresar un desacuerdo con la decisión judicial atacada.
35.
En ese orden de ideas, se torna evidente la falta de cumplimiento del presupuesto
de relevancia constitucional, por tanto, se modificará la sentencia impugnada, para
declarar improcedente el trámite constitucional.
36.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 27 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, para declarar
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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