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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, según lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00157-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de mayo de 2023

Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
a la Cámara por Antioquia, periodo 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00157-00 Acum

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
11001-03-28-000-2022-00157-00 (Ppal.)
Radicación
11001-03-28-000-2022-00177-00
Acum.:
11001-03-28-000-2022-00182-00
Demandantes: JORGE URIEL NARANJO CIFUENTES Y OTROS1
Demandado: LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL, representante Cámara
Antioquia, periodo 2022-2026.

Inhabilidad por gestión de negocios y celebración de
Tema:
contratos (art. 179.3 Constitución Política).

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a resolver las demandas presentadas contra el acto de elección
del señor Luis Miguel López Aristizábal, representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia, periodo 2022-2026.

I. ANTECEDENTES

1. Las demandas acumuladas y sus fundamentos fácticos

1. En síntesis, las demandas2 se ejercieron con la finalidad de obtener la nulidad
del acto de elección de Luis Miguel López Aristizábal, como representante a la
Cámara por el departamento de Antioquia, al considerar que está inhabilitado de
conformidad con los artículos 179.33 y 180 numerales 24 y 45 de la Constitución

1 Carlos Mario Ursola Mendoza demandante al interior del proceso radicado 2022-00177-00 y
Cristina María Lemos Laverde demandante al interior del proceso radicado 2022-00182-00.
2 Junto con los escritos que las corrigieron.
3 “Artículo 179. No podrán ser congresistas: (…) 3. Quienes hayan intervenido en gestión de

negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o
en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.”.
(Negrillas fuera de texto)
4 “Artículo 180. Los congresistas no podrán: (…) “2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos

ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las
mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá
las excepciones a esta disposición.”

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
a la Cámara por Antioquia, periodo 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00157-00 Acum

Política y; 280.36 y 282 numerales 27 y 48 de la Ley 5 de 1992. En consecuencia,
señalaron que el demandado incurrió en las causales de anulación contenidas en
los artículos 275.59 y 137 inciso 210 de la Ley 1437 de 2011.

2. Indicaron que el candidato del Partido Conservador Colombiano Luis Miguel
López Aristizábal, resultó elegido representante a la Cámara por el departamento
de Antioquia en las elecciones que se llevaron a cabo el 13 de marzo de 2022.

3. Manifestaron que Luis Miguel López Aristizábal es gerente y representante legal
del Grupo de Comercializadoras de Colombia GDC SAS desde el 12 de
septiembre de 2018, hasta la fecha de presentación de la demanda, como da
cuenta el certificado de existencia y representación de esa empresa de 20 de julio
de 2022. Además, la sociedad que representa el demandado está conformada por
“…40 mayoristas [y] le compra la FLA11 más del 50 % de los licores…”12.

4. El demandado, como representante legal de la referida sociedad ha celebrado
contratos con entidades de derecho público en relación con el objeto social del
grupo, según el cual “…la sociedad tendrá como objeto principal la negociación,
representación exclusiva, importación y comercialización de licores nacionales e
internacionales. En desarrollo de este objeto podrá adelantar y desarrollar, entre
otras, las siguientes actividades: (...) 8. la dirección, coordinación, asesoramiento y
apoyo a sociedades participadas o aquellas sociedades con las que colabore en
virtud de relaciones contractuales como contratos de franquicia y similares…”.

5 (…) 4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho
privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o
reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los
ciudadanos en igualdad de condiciones.”
6 “Artículo 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas: (…) 3. Quienes

hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de
contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la elección.” (Negrillas fuera de texto)
7 “Artículo 282. Manifestaciones de las incompatibilidades. Los Congresistas no pueden:

(…)
2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas
que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por
interpuesta persona, contrato alguno; con las excepciones que establezca la ley.”
8 “4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado

que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de éste.”
9 “Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son

nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 5. Se
elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.”.”
(Negrillas fuera de texto)
10 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que

se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan
sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse (…).” (Negrillas fuera
de texto)
11 Fábrica de Licores de Antioquia –FLA–
12 Según informe obtenido en la página web https://columnavip.com/2020/09/distribuidores-piden-a-

la-fla-mas-rentabilidad-paraventas/

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5. Destacaron que mediante Resolución Rad. S2019060049122 de 28 de mayo de
201913, el gobernador de Antioquia otorgó autorización de “explotación” por el
término de 10 años al Grupo de Comercializadoras de Colombia GDS SAS, para
introducir al departamento productos objeto de monopolio (licores destilados
extranjeros).

6. Precisaron que el artículo 336 de la Constitución Política establece el monopolio
de licores como una renta del Estado colombiano y que debe tenerse como arbitrio
rentístico con una finalidad de interés público y social.

7. Así las cosas, para los actores, el demandado “…ejerce el monopolio rentístico
de introducción de licores destilados en el departamento de Antioquia,
manteniendo así una gestión de negocios permanente ante el ente territorial,
departamento de Antioquia, una administración de tributos, (estampilla
Universidad de Antioquia e impuestos de licores Ley 1816 de 2016), durante los
años 2019, 2020, 2021, y 2022, y en este último año fue elegido Representante a
la Cámara por el departamento de Antioquia, en contravía de la restricción clara y
expresa del artículo 179 numeral 3º de la Constitución Política, en concordancia
con la Ley 5º de 1992 artículo 280 numeral 3º”.

8. Por lo anterior, para la parte demandante, el ejercicio del monopolio rentístico,
para el cual el accionado está autorizado desde el 2019 y hasta el 2029, en el
mismo departamento por el cual fue elegido Representante a la Cámara “…lo
puso en una situación de ventaja frente a los demás candidatos, pues existe una
relación relevante con el departamento, que es precisamente lo que se pretende
evitar a partir de la consagración de las inhabilidades”.

9. Afirmaron que el 27 de abril de 2021 se profirió la Resolución 050 del 25 de
marzo de 202114, de la Gobernación del Valle del Cauca, Unidad Administrativa
Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, según la cual la empresa que
gerencia el demandado “…es destinataria de la resolución que hace relación a la
comercialización de patrimonio rentístico del Estado”.

10. Indicaron que, en los departamentos de Antioquia, Valle y Bolívar, la empresa
que representa el demandado obtuvo autorizaciones para introducir licores
importados, de lo cual deriva la obligación de pagar los derechos de explotación y
participación, con fundamento en las previsiones de la Ley 1816 de 2016.

11. Precisaron que el señor López Aristizábal, por el ejercicio de su actividad
(importador y distribuidor de licores), tiene en su poder recursos económicos, de
forma permanente, que hacen parte de las rentas departamentales que obtiene del

13 “Por medio de la cual se autoriza la introducción de licores del monopolio rentístico del
Departamento de Antioquia”, de la gobernación de ese ente territorial.
14 “Por medio de la cual se adiciona a una resolución SADE 987944”

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beneficio del ejercicio del monopolio rentístico de introducción de licores destilados
en el departamento de Antioquia para el que está autorizado y, adicionalmente,
administra tributos en atención a que recauda la estampilla de la Universidad de
Antioquia e impuestos de licores (Ley 1816 de 2016), lo cual ha hecho durante el
2019, 2020, 2021 y 2022, año este último en el que fue electo como congresista.

2. Normas vulneradas y concepto de la violación

12. Para los demandantes se vulneraron los artículos 2, 4, 6, 13, 122, 123, 179.3,
180, 258 a 265 de la Constitución Política; 139, 149; 289.3 de la Ley 5ª de 1992;
54 de la Ley 643 de 2002 y 139, 149, 162 al 168, 275.5 del CPACA, y se
configuran las causales de anulación contenidas en los artículos 275.5 y 137
inciso 2 de la Ley 1437 de 2011 -infracción de norma superior-.

13. En síntesis, los actores señalan que el demandado está incurso en las
causales de inhabilidad de los artículos 179.315 y 180.416 de la Constitución
Política, dada su calidad de representante legal y gerente17 del Grupo de
Comercializadores de Colombia GDC SAS el cual “…de acuerdo a su objeto o
razón social se dedica a la comercialización y distribución de licores nacionales e
internacionales; así como productos vinculados a la industria del licor”.

14. Lo anterior porque en ejercicio de sus funciones el demandado participó en la
celebración de contratos de comercialización de licores porque la empresa que
representa comercializa, con fundamento en contratos de distribución, el 50 % del
licor producido por la Fábrica de Licores de Antioquia –FLA–.

15. Para tal efecto, esa sociedad, el 22 de abril de 2019, solicitó autorización para
introducir productos objeto del monopolio rentístico al departamento de Antioquia,
que fue resuelta de manera favorable mediante Resolución Rad. No.
2019060049177 de 28 de mayo de 2019, por un término de 10 años.

16. Según la parte actora, dicha resolución impone que el Grupo de
Comercializadores de Colombia GDC SAS “…se obliga a pagar al departamento
de Antioquia la participación y los derechos de explotación en monopolio de que
tratan las leyes 788 de 2022 y 1816 de 2016, de la cual la tarifa de participación

15 Artículo 179. No podrán ser congresistas:

(…)
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración
de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de la elección.
16 Artículo 180. Los congresistas no podrán:

(…)
4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado
que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los
ciudadanos en igualdad de condiciones.
17 Desde el 12 de septiembre de 2018

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será la establecida en la ordenanza 29 de 2017 o norma que la sustituya,
modifique, complemente o adicione y deberá pagarle por la cantidad de unidades
introducidas al departamento de Antioquia durante el término que establece la
autorización”.

17. Por otra parte, aducen que el demandado el 26 de abril de 2020, solicitó “…la
inscripción de la empresa y el registro de sus productos en jurisdicción del
departamento de Bolívar; la misma que se AUTORIZÓ mediante las Resoluciones
No. 055 del 23 de junio de 2020 y No. 000034 de 20 de agosto 2020”.

18. En este orden de ideas, el demandado como “…representante legal de una
entidad que administra impuestos o contribuciones parafiscales –art. 179.3 de la
Constitución– por cuanto, en los departamentos de Antioquia, Valle y Bolívar, (…)
obtuvo autorizaciones para introducir licores importados, dando lugar al pago de
derechos de explotación y participación, con fundamento en las previsiones de la
Ley 1816 de 2016”.

19. Sumado a lo anterior, está incurso en la incompatibilidad contenida en el
artículo 180, numerales 2 y 4, de la Constitución Política y 282, numerales 2 y 4,
de la Ley 5ª de 1992, porque los contratos de distribución de licores y
autorizaciones de introducción de licores internacionales se encontraban vigentes
para el momento en el que el demandado se posesionó como congresista.

20. En ese orden, consideraron que es evidente que la empresa de la cual el
demandado es representante legal ejerce el monopolio rentístico de introducción
de licores destilados en el territorio antioqueño, y por ende, ha realizado gestión
negocios en el departamento y administración de tributos (estampilla Universidad
de Antioquia e impuestos de licores Ley 1816 de 2016), durante los años 2019,
2020, 2021 y 2022.

21. Lo anterior porque desde “…2019 hasta la fecha ha realizado nuevas
solicitudes para autorización de introducción de licores ejerciendo el monopolio
rentístico de introducción como consta en el anexo denominado “productos
solicitados, registrados y aprobados para ejercer el monopolio rentístico de
introducción de licores de la empresa GRUPO COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA GDC S.A.S. al departamento de Antioquia”, manteniendo así una
gestión permanente de negocios y ejercicio del monopolio rentístico, puesto que
cada uno de los productos enlistados en dicho documento tiene una resolución,
las cuales han sido otorgadas en el transcurso de los años 2019 a 2022, incluso
dentro de los 6 meses antes de la elección como Representante a la Cámara”.

22. Lo anterior, ha implicado la realización de “…declaraciones del tributo –
estampilla Universidad de Antioquia bajo las declaraciones 0521484985,
0521484987, 0521486723, 0521492223, 0521499082, 0521500834, donde
registra en algunas como distribuidor y en otras como importador”. Incluso

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manifestaron que “…del ejercicio del monopolio rentístico cada mes de los años
2020, 2021, y 2022 por las ventas realizadas obtuvo el 2% por la explotación
directa, y solo debió declararlos el 31 de enero del año siguiente”.

23. Sumado a lo mencionado, en cumplimento del objeto de la compañía de la
cual es representante legal el demandado ha celebrado contratos con la
gobernación y la Fábrica de Licores de Antioquia, como lo demuestra la
Resolución Rad. S20199060049122 del 28 de mayo de 2019, relación contractual
que tiene vigencia desde el 28 de mayo de 2019 hasta el 28 de mayo de 2029 y la
que consideran “contrato de tracto sucesivo”.

24. Señalaron que con motivo de esa autorización, el señor Luis Miguel López
Aristizábal tiene en su poder recursos económicos, de forma permanente, que
hacen parte de las rentas del departamento de Antioquia (estampilla Universidad
de Antioquia e impuestos de licores Ley 1816 de 2016), que se ha sostenido de
forma ininterrumpida desde el 2019 hasta el 2022.

25. Precisaron que también se encuentra incurso en las incompatibilidades del
artículo 180 numerales 2 y 4 constitucional y 282 numerales 2 y 4 de la Ley 5 de
1992, ya que los contratos de distribución de licores y autorizaciones de
introducción de licores internacionales se encontraban vigentes para el momento
en el que el demandado se posesionó como congresista.

26. Adujeron que es de público conocimiento la distribución de licor y los contratos
suscritos por la compañía representada por el demandado, los cuales se
suscribieron no solo con el departamento de Antioquia, sino también en el Valle
del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.

27. Expusieron que en el presente caso se acreditan los 4 presupuestos que la
jurisprudencia de esta corporación18 ha identificado para que se configuren las
inhabilidades advertidas, a saber:

“(i) Un elemento temporal, al tener el permiso para el ejercicio del monopolio
rentístico desde el 2019 hasta el 2029, teniendo en cuenta que fue elegido como
Representante a la Cámara de Antioquia en el año 2022.

18 Para el efecto refiere la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, MP: Luis Alberto Álvarez Parra, del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno
(2021), Radicación número: 15001-23-33-000-2019-00630-01”, que a su vez indica “Consultar:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de
2019, radicación 11001-03-15-000-2018-02417-01. Con respecto a la finalidad preventiva de estas
inhabilidades, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de septiembre de
2018, radicación 11001-03-28-000-2018-00015-00. Sobre la gestión de negocios y la celebración
de contratos en el sentido de que se trata de causales de inhabilidad autónomas e independientes,
referidas a conductas que ocurren en diferentes momentos y se manifiestan de formas distintas,
consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sala 17 Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de 27 de noviembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2020-02883-00; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-
00013-01”.

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(ii) Un elemento geográfico, al gestionar los negocios de manera permanente desde
el año 2019 hasta la actualidad con el Departamento de Antioquia, donde fue
elegido como Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2022-2026.

(iii) Un elemento material u objetivo, referido a las actuaciones concretas y
comprobadas del señor LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL ante el Departamento
de Antioquia para lograr un fin patrimonial y extra patrimonial, contenidas en:

A) La solicitud con radicado R2019010146193 del 2019, donde posteriormente se le
autoriza mediante Resolución del 28 de mayo de 2019, bajo radicado:
S2019060049122 del Departamento de Antioquia.
B) Desde el año 2019 hasta la fecha ha realizado nuevas solicitudes para
autorización de introducción de licores ejerciendo el monopolio rentístico de
introducción como consta en el anexo denominado “productos solicitados,
registrados y aprobados para ejercer el monopolio rentístico de introducción de
licores de la empresa GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA GDC S.A.S.
al Departamento de Antioquia”, manteniendo así una gestión permanente de
negocios y ejercicio del monopolio rentístico, puesto que cada uno de los productos
enlistados en dicho documento tiene una resolución, las cuales han sido otorgadas
en el transcurso de los años 2019 a 2022, incluso dentro de los 6 meses antes de la
elección como Representante a la Cámara.
C) Como autorizado del ejercicio del monopolio rentístico ha hecho declaraciones
del tributo – estampilla Universidad de Antioquia bajo las declaraciones
0521484985, 0521484987, 0521486723, 0521492223, 0521499082, 0521500834,
donde registra en algunas como distribuidor y en otras como importador.
D) Producto del ejercicio del monopolio rentístico cada mes de los años 2020, 2021,
y 2022 por las ventas realizadas obtuvo el 2% por la explotación directa, y solo
debió declararlos el 31 de enero del año siguiente.

(iv) Un elemento subjetivo, relacionado con el interés propio que motiva las
gestiones adelantadas, configurado así:

A) Es el representante legal de la empresa GRUPO COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA GDC S.A.S, dicha empresa al día de hoy tiene un activo total de
$7.362.196.530, y fue creada en septiembre de 2018, por derechos de explotación
ha declarado hasta hoy, la suma de $1.241.123.000 esto traduce solo el 2% de la
operación comercial, eso quiere decir que la operación facturada desde el 2019
hasta la fecha es de $62.056.150.000”. (Sic a toda la cita)

28. Al respecto, enfatizaron que el ejercicio del referido monopolio rentístico en el
departamento de Antioquia, circunscripción por la que fue elegido representante a
la cámara, lo puso en una situación de ventaja frente a los demás candidatos,
pues existe una relación relevante con el ente territorial, que es precisamente lo
que se pretende evitar a partir de la consagración de las inhabilidades en los
diferentes instrumentos normativos señalados.

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3. Trámite inicial

29. Las demandas presentadas fueron admitidas mediante providencias de 15 de
septiembre de 202219, 22 de septiembre de 202220 y 20 de octubre de 202221, en
las cuales se ordenaron las correspondientes notificaciones. Además, se negaron
las medidas de suspensión provisional solicitadas en cada demanda.

30. Mediante providencia de 31 de enero de 2023, se decretó la acumulación de
los expedientes de la referencia y la diligencia de sorteo de magistrado ponente
fue realizada el 10 de febrero de 2023.

4. Intervenciones

31. Realizadas las notificaciones ordenadas en los autos admisorios de las
demandas, según consta en los respectivos informes secretariales22, se
pronunciaron:

4.1. Luis Miguel López Aristizábal (demandado)

32. Mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones ya
que, a su juicio, no está incurso en causal de inhabilidad alguna.

33. Luego de referirse a los fundamentos fácticos de las demandas propuso la
excepción de mérito que denominó “Inexistencia de la configuración de la causal
de inhabilidad acusada”.

34. Como fundamento de este medio exceptivo se refirió a los artículos 275.5 del
CPACA y 179.3 de la Constitución Política y precisó que, contrario a la postura de
los demandantes, las causales de incompatibilidad no configuran la nulidad del
acto electoral.

35. Indicó que la inhabilidad es la “…conducta previa y prohibida en que estaría
incurso un candidato para aspirar válidamente a un cargo electivo», mientras que
la incompatibilidad es la «conducta posterior prohibitiva en que incurre el elegido y
que también podría ser susceptible de reprensión por otra vía judicial”.

36. Afirmó, con fundamento en lo anterior, que ni antes de ser elegido, ni durante
el proceso de campaña y tampoco después de asumir su curul, el demandado

19 En el expediente 2022-00157-00, decisión que también negó la suspensión provisional
requerida, la cual fue recurrida y objeto de solicitud de adición que fueron denegadas mediante
providencias de 20 y 27 de octubre de 2022
20 En el expediente 2022-00177-00
21 En el expediente 2022-00182-00
22 Del 10 de noviembre de 2022, índice 48 de la plataforma SAMAI, 9 de diciembre de 2022, índice

66 de la plataforma SAMAI, y del 9 del mismo mes y año índice 29 de la plataforma SAMAI.

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
a la Cámara por Antioquia, periodo 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00157-00 Acum

infringió las normas constitucionales o legales a las que se alude en las
demandas.

37. Citó fallo del Consejo de Estado, Sala Plena23, para destacar que la causal de
inhabilidad del numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política, se configura
con la concurrencia de 4 elementos:

“1) la gestión de negocios con entidades públicas debe ser ejecutada dentro de los 6
meses previos a la realización de la elección, esta debe ser entendida como una
actividad positiva, concreta, seria y real, cuyo objeto debe ser la obtención de un
negocio –o contrato con cualquier entidad estatal-, en beneficio propio o de un
tercero y encontrarse plenamente acreditada, para lo cual no resultan suficientes
meras inferencias o deducciones subjetivas; 2) no se requiere la concreción del
negocio; 3) no se configura la causal en etapas coetáneas o subsiguientes a la
celebración del contrato, entre ellas, la ejecución o liquidación; y, 4) la gestión
debe realizarse en el territorio que conforma la circunscripción electoral del
candidato”. (Negrita del texto de la demanda).

38. En este orden, afirmó que de “forma temeraria” los accionantes suponen que
Luis Miguel López, tiene relación contractual con la Fábrica de Licores de
Antioquia (FLA), dicho carente de prueba que acredite la suscripción de contrato
estatal durante el periodo inhabilitante.

39. Sumado a lo anterior resaltó que existe “confusión” de la parte actora entre la
autorización para introducir licor importado en el departamento de Antioquia y la
celebración de contrato estatal, como también respecto de “…la obligación propia de
cualquier persona o sociedad comercial de pagar impuestos como un deber constitucional
como si por ese hecho ya lo convirtiera en administrador de tributos, para intentar a
cualquier coste tipificar una causal inhabilitante que no existe”, lo cual precisó ya fue
objeto de pronunciamiento en el Exp. No. 2022-00157 al denegar la suspensión
provisional24.

40. Finalmente, solicitó negar las pretensiones de la demanda porque no está
incurso en la causal de inhabilidad invocada en las demandas.
41. Además de los argumentos anteriormente planteados, formuló la excepción
previa de inepta demanda al considerar que se “…omite aportar una prueba siquiera
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de

2019, rad.: 11001-03-15-000-2018-02417-01, MP. Alberto Montaña Plata.
24 En dicha providencia se dijo: “Ahora bien, de entrada, es posible advertir que la causal de

inhabilidad invocada por el actor no puede predicarse del demandado, respecto del supuesto
relativo a “haber desempeñado la representación legal de entidades que administren tributos y
contribuciones parafiscales”. Ello por cuanto que, la representación legal que ejerce el demandado,
se predica de una sociedad comercial que naturalmente no tiene a su cargo la administración de
tributos y contribuciones parafiscales, pues en el plenario no se encuentra probada dicha
circunstancia ni tampoco se advierte disposición legal que así lo disponga, para las empresas que
tienen la autorización para la distribución de licores destilados. En efecto, la empresa como
comercializadora y distribuidora de tales bebidas, a la cual le sea otorgado el permiso para la
introducción de licores destilados, importados o nacionales, debe pagar impuestos sobre dicha
actividad. Sin embargo, no tiene a su cargo la administración de tributos ni de recursos
parafiscales, pues los derechos de explotación y participación no tienen esa categoría. (Ver página
15 del Auto del 15 de septiembre de 2022)”.

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
a la Cámara por Antioquia, periodo 2022-2026
Rad: 11001-03-28-000-2022-00157-00 Acum

sumaria de la que se pueda colegir que el demandante suscribió un contrato estatal en
periodo inhabilitante, solo cifra su esfuerzo argumental en hacer afirmaciones
desordenadas e incongruentes, en las que confunde la actividad desplegada por la
persona jurídica de derecho privado GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA
GDC S. A. S., cuyo representante legal era el demandado con obligaciones contractuales
típicas de las descritas en la Ley 80 de 1983”.25.

42. También manifestó que la parte actora fundó su demanda en la incursión de
las incompatibilidades previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 180 de la
Constitución Política, “…confundiendo de paso la pretensión de nulidad electoral
propuesta, que no consagra dentro de las causales del artículo 275 de la Ley 1437 de
2011 la violación del régimen de incompatibilidades”.

4.2. Registraduría Nacional del Estado Civil –RNEC-

43. Su apoderada judicial manifestó que la entidad a la cual representa tiene
carácter técnico e imparcial en el desarrollo de los comicios, lo cual le impide
pronunciarse respecto de las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,
solicitó que se decretara la falta de legitimación por pasiva.

4.3. Consejo Nacional Electoral -CNE-26

44. Su apoderado judicial, manifestó que se oponía a las pretensiones de la
demanda, posteriormente, se pronunció respecto de su fundamento fáctico, aludió
al contenido de los artículos 179 y 265 de la Constitución Política; 280 de la Ley 5ª
de 1992 y 137, 139, 275 del CPACA, para finalmente arribar al caso concreto.

45. En este punto, se refirió a los artículos 275.5 del CPACA y 179.3 de la
Constitución Política, precisó que esta Sección en providencia de 12 de marzo de
201527 concluyó que la configuración de la causal alegada impone la configuración
de 4 requisitos: “a) la celebración de contratos ante entidades públicas, b) En
interés propio o de terceros, c) Dentro de los 6 meses anteriores a la elección y d)
En la misma circunscripción de la elección, supuestos estos que se han
considerado concurrentes, de modo que si falta alguno de ellos no se configura la
inhabilidad”. Respecto del elemento temporal sostuvo que sus extremos fueron
definidos en decisión de 27 de septiembre de 2018 de esta Sala de lo Electoral28.

46. Expuso que no tramitó solicitud de revocatoria de la inscripción contra el
demandado y que no existen medios de convicción que acrediten “…la condición
de la entidad en relación a la administración de contribuciones parafiscales, siendo

25 Rad. No. 2022-00182
26 Respecto del expediente con radicado 2022-00157, el CNE no contestó la demanda.
27 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. MP. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500; Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate 27 de septiembre de 2018, Radicación
número: 11001-03-28-000-2018-00015-00.
28 Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad. 11001032800020180001500, MP. Rocío Araújo Oñate

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
a la Cámara por Antioquia, periodo 2022-2026
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necesario también determinar el objeto social y funciones de la sociedad de
derecho comercial denominada GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA
GDC S.A.S”.

47. Con base en tales argumentos, concluyó que no se cumple con los parámetros
constitucionales, legales y jurisprudenciales que demuestren la configuración de la
causal de inhabilidad alegada.

4.4. Rafael Enrique Bastidas Zúñiga -coadyuvante-

48. Indicó que Luis Miguel López Aristizábal es gerente y representante legal de la
sociedad de derecho comercial denominada Grupo de Comercializadores de
Colombia GDC S.A.S., según consta en el certificado de existencia y
representación legal de dicha empresa.

49. Afirmó que el demandado desde su cargo en dicha sociedad ha celebrado y
gestionado contratos con entidades de derecho público en relación con el objeto
de la compañía que representa “…para la explotación y recolección del monopolio
rentístico del departamento de Antioquia”.

50. Destacó que el 27 de abril de 2021 se profirió la Resolución 050 del 25 de
marzo de 202129, de la Gobernación del Valle del Cauca -Unidad Administrativa
Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria-, en la que se observa que la
empresa del demandado es destinataria de del acto que hace relación a la
comercialización de patrimonio rentístico del Estado.

51. Sostuvo que está “…demostrada la gestión de negocios antes de la elección,
durante la elección y posterior a la elección como congresista [del demandado]
con la FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA Y LA GOBERNACIÓN DE
ANTIOQUIA, para adquirir y distribuir licor en el departamento de Antioquia. Art
179 numeral 3 de la Constitución”.

52. En este mismo sentido precisó que el accionado incurre en las “…causales de
inhabilidades e incompatibilidades (art 179 # 3 y 180 # 2 y 4 C.P, además del
principio de igualdad y trasparencia electoral, al ser representante legal de una
sociedad que explota el monopolio rentístico desequilibro la balanza de igualdad
electoral, al tener relación directa con las entidades públicas y privadas a las que
le suministraba y proveía el licor, afectando los principios de las contiendas
electorales”.

29 “Por medio de la cual se adiciona a una resolución SADE 987944”

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
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5. Trámite posterior

53. Por auto del 1° de marzo del 2023, el despacho dispuso, entre otras
determinaciones:

i) Reconocer como coadyuvante al señor Rafael Enrique Bastidas
Zúñiga.
ii) Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por la RNEC.
iii) Fijar el litigio
iv) Incorporar las pruebas aportadas por las partes
v) Negar la solicitud de oficiar al departamento de Cundinamarca y a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
vi) Oficiar a la Gobernación de Antioquia y a la Fábrica de Licores
de Antioquia para que, en el término máximo de cinco (5) días,
contados desde el recibo de la respectiva comunicación, informaran
y remitieran copia de:

✓ Los contratos suscritos con el Grupo Comercializadora de Colombia
GDC S. A. S, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, derivados de
la Resolución Rad. No. 2019060049122 que autorizó a esa sociedad
para introducir productos objeto del monopolio rentístico al
departamento de Antioquia. Sino no se suscribió ninguno así
deberán certificarlo.

✓ De las solicitudes y permisos tramitados por Luis Miguel López
Aristizábal en nombre propio y como gerente y representante legal
del Grupo Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, entre
octubre de 2021 y marzo de 2022, relacionadas con el ejercicio del
monopolio rentístico de introducción de licores al departamento de
Antioquia.

vii) Oficiar a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Industria de
Licores del Valle para que, en el término máximo de cinco (5) días,
contados desde el recibo de la respectiva comunicación, informara y
remitiera copia de:

✓ Los contratos suscritos con el Grupo Comercializadora de Colombia
GDC S. A. S, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, derivados de
la Resolución 050 del 25 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se
adiciona a una resolución SADE 987944”, de la gobernación del Valle
del Cauca -Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y
Gestión Tributaria-. Sino no se suscribió ninguno así deberán
certificarlo.

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
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✓ De las solicitudes y permisos tramitados por Luis Miguel López
Aristizábal en nombre propio y como gerente y representante legal
del Grupo Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, entre
octubre de 2021 y marzo de 2022, relacionadas con el ejercicio del
monopolio rentístico de introducción de licores al departamento del
Valle del Cauca.

viii) Correr traslado de las mencionadas pruebas a las partes, junto con
las decretadas e incorporadas.

54. Surtidas las notificaciones pertinentes, las autoridades requeridas se
pronunciaron de la siguiente manera:

55. La Fábrica de Licores de Antioquia, por conducto de su gerente general,
manifestó30 que la empresa GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A.
no tiene ni ha tenido relación contractual alguna con esa entidad para la
distribución de los productos.

56. Sobre las solicitudes elevadas por el demandado para que se le autorice la
explotación e introducción de licores, informó que dicha información reposa en la
Subsecretaría de Ingresos del departamento.

57. El subsecretario de ingresos de la Gobernación de Antioquia31 informó que
dicha entidad autorizó a la empresa de la cual el demandado es representante
legal, por medio de la Resolución 2019060049122 del 28 de mayo del 2019, para
que importara licores en el departamento. Sin embargo, precisó que de esa
situación no se deriva la celebración de ningún contrato.

58. Además, aportó solicitudes realizadas por el demandado elevadas a la
gobernación, como representante legal de la empresa GRUPO
COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A, que datan de los meses de enero,
febrero y noviembre del 2021, así como de enero, marzo, mayo y julio del 2022.
En las solicitudes pidió el cargue a cuenta de inventario unos nuevos productos, el
desestampillaje de otros y la adición de nuevos licores.

59. La Industria de Licores del Valle, por medio de su gerente general, informó32
que no obra ningún registro a nombre de la empresa GRUPO
COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A. Además, que no han celebrado
ningún contrato con ese establecimiento. Así, aportó certificaciones suscritas en
ese sentido por el secretario general y jurídico, el subgerente financiero y la
subgerente administrativa.

30 Índice 86 Samai.
31 Índices 90, 93 y 94.
32 Índice 89 Samai.

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60. El jefe de la oficina jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca informó33
que a la empresa que representa el demandado le fue asociada una bodega, por
medio de la Resolución 050 del 25 de marzo de 2021, pero que de esa situación
no se firmó ningún contrato, según las disposiciones de la Ley 1816 del 2016.

61. Allegó las solicitudes elevadas por el demandado en calidad de representante
legal de la empresa GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A, en las
que pidió asociar una bodega y la adición de unos productos, junto con los actos
administrativos que las resolvieron.

6. Alegatos de conclusión de las partes

6.1. El Consejo Nacional Electoral34 inicialmente mencionó que se ratifica en los
argumentos expuestos en la contestación. Luego, formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que, a su juicio, la entidad no tiene
injerencia en el asunto, pues no le fue presentada ninguna solicitud en la cual se
pidiera la revocatoria de la candidatura del demandado por estar incurso en la
inhabilidad alegada.

62. Por tanto, al no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la
inhabilidad, consideró que debe ser desvinculada del presente trámite.

6.2. El señor Jorge Uriel Naranjo Cifuentes35 insistió en que debe declararse la
nulidad de la elección del demandado. Acotó que al celebrar contratos con una
empresa industrial y comercial del Estado, en ejercicio de una actividad de
monopolio rentístico, se encontró en una situación de ventaja sobre los demás
candidatos.

63. Expuso las diferencias entre la inhabilidad y la incompatibilidad. Consideró que
la elección del señor López Aristizábal está viciada por haber elegido a un
candidato inhabilitado, precisamente por la celebración de contratos con una
entidad estatal del departamento por el cual fue elegido.

6.3. Carlos Mario Ursola Mendoza36 consideró que deben accederse a las
súplicas de las demandas. Anotó que el ejercicio del monopolio rentístico
configura en sí una relación contractual del Estado y conlleva la gestión de
negocios. Por tanto, como la empresa de la cual el demandado es representante
legal realizó esta actividad, es evidente que se encuentra inhabilitado.

64. Precisó que el ejercicio de importación de licores en el departamento de
Antioquia, así como la administración de tributos que viene realizando la empresa

33 Índice 98 Samai.
34 Índice 91 y 101 Samai.
35 Índice 95 Samai.
36 Índices 96 y 97.

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del demandado desde el 2019, configura la inhabilidad alegada del artículo 179.3
de la Constitución Política, más aún porque está probado que el desarrollo de ese
objeto comercial se hizo 6 meses antes de la elección.

65. La anterior conclusión la afirmó de conformidad con el material probatorio
allegado al plenario, donde se puede evidenciar que el demandado, como
representante legal de la empresa, ha hecho solicitudes en fechas cercanas a la
elección de i) cargue de inventario ante la administración departamental; ii)
autorización para estampillas; iii) adición de productos y iv) mayor cantidad de
productos.

66. Por tanto, aseguró que están probados los elementos de la inhabilidad
alegada, porque el actor ha seguido gestionando negocios con la autoridad
departamental de Antioquia, e incluido productos que no fueron autorizados
inicialmente por el ente territorial.

6.4. Cristina María Lemos Laverde37 adujo que el demandado se encontraba
inhabilitado para ser elegido congresista, pues realizó una gestión activa con la
empresa de la cual es representante legal, con el fin de desarrollar una actividad
de monopolio rentístico de la gobernación de Antioquia. Por tanto, a su juicio, esto
le otorgó ventaja sobre los demás candidatos.

67. Agregó que también incurrió en las incompatibilidades de los artículos 180.1,
180.2 y 180.4 de la Constitución Política, así como de los artículos 282.1, 282.2 y
282.4 de la Ley 5ª de 1992, pues a pesar de haber sido elegido como
representante por el departamento de Antioquia, continuó desarrollando gestiones
activas para cumplir con el objeto social de la empresa que representa,
particularmente en lo que tiene que ver con la importación de licores, monopolio
rentístico de la entidad territorial.

68. En ese sentido, indicó que en el plenario obran varios elementos probatorios
que dan cuenta de las solicitudes elevadas por el actor con el fin de desplegar la
gestión activa de negocios con el departamento de Antioquia, en representación
de la compañía GRUPO COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA S.A.

69. Solicitó la aplicación del precedente fijado en la sentencia del 11 de abril del
2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00080-00 dictada por esta Sección, en el
caso de Antanas Mockus, en el cual se encontró acreditada la inhabilidad por la
suscripción de contratos.

6.6. El demandado38 reiteró lo expuesto en la contestación. A su juicio, no se
configuran los elementos de la inhabilidad y de la incompatibilidad propuesta, ya
que una cosa es la producción de licores y otra su introducción.

37 Índices 100 y 103 Samai.
38 Índice 104 Samai.

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70. Resaltó que a la empresa que representa legalmente fue conferida una
autorización pero, de ninguna manera esto implica una relación contractual y
mucho menos que se haya suscrito un contrato, con las formalidades de la Ley 80
de 1993.

71. Manifestó que se remitía a los argumentos expuestos en los autos que
resolvieron la medida cautelar que fueron dictados en algunos de los procesos
acumulados, en donde se hizo claridad en que no se presentan los elementos de
la inhabilidad alegada.

6.5. Rafael Enrique Bastida Zúñiga (coadyuvante) consideró que debe
accederse a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad del acto
demandado, pues se configuraron los elementos de la inhabilidad del artículo
179.3 de la Constitución Política.

72. A su juicio, en el plenario está acreditado que, en el periodo inhabilitante, el
demandado, realizó gestión de negocios ante la gobernación de Antioquia, por
medio de solicitudes de nuevos productos para importación y desestampillaje.

73. Por tanto, es evidente que esas actuaciones constituyen el supuesto de la
causal de inhabilidad, teniendo en cuenta además que lo hace a nombre de la
empresa de la cual es representante legal, con el fin de obtener un beneficio.

74. En ese orden, concluyó que es evidente la ventaja obtenida por el señor López
Aristizábal, en la medida en que, al sostener relaciones de tipo económico con la
gobernación de Antioquia, tuvo una posición privilegiada sobre los demás
candidatos.

7. Concepto del Ministerio Público

75. Su representante consideró que deben negarse las pretensiones de las
demandas, porque no están reunidos los elementos de la inhabilidad alegada.

76. Para sostener lo anterior, se remitió a las consideraciones realizadas en los
autos que resolvieron las medidas cautelares solicitadas en los procesos
acumulados, en donde se concluyó que como la autorización para importar licores
fue del 2019, cualquier actuación encaminada a obtenerla, fue anterior al periodo
inhabilitante.

77. En ese sentido, adujo que los actos posteriores relacionados a la solicitud de
cargue de nuevo inventario y desestampillaje, por tratarse de mera ejecución, no
pueden considerarse como gestión de negocios.

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78. Además, puso de presente que el demandado no suscribió contrato alguno
con la gobernación de Antioquia, pues recibió autorización para importar licores,
aspecto que está soportado en las pruebas aportadas al plenario, que incluyan la
certificación de no existir alguna relación contractual con la gobernación de
Antioquia.

79. Indicó que la empresa del demandado no posee recursos provenientes de
impuestos, sino que efectúa el pago de los mismos por virtud de la actividad que
realiza. En ese orden, no puede afirmarse que administra dineros públicos.

80. Finalmente, hizo claridad en que las incompatibilidades son situaciones que
surgen una vez el elegido ocupa el cargo y sus consecuencias deben ventilarse en
otros escenarios, como el disciplinario, pero no en sede de nulidad electoral.

8. Auto que negó pruebas por extemporáneas

81. El demandante Jorge Uriel Naranjo Cifuentes solicitó el decreto de unas
pruebas adicionales39, que catalogó como sobrevinientes, solicitud que el
magistrado ponente, por medio de auto del 21 de abril del 2023, resolvió de
manera negativa, al haber sido allegadas de manera extemporánea.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

82. De conformidad con el artículo 149.3 del CPACA40, así como también el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Corporación es competente para conocer en única instancia del presente
asunto, dado que se trata la nulidad de la elección de un representante a la
cámara.

2. Acto demandado

83. Corresponde al formulario E-26 CAM del 18 de julio de 2022 en cuanto a la
elección de Luis Miguel López Aristizábal como representante a la Cámara por el
departamento de Antioquia.

39 Índice 85 Samai.
40 Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,

en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en
única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente
y Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara (...).

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3. Problemas jurídicos

84. De conformidad con la fijación del litigio, la Sala resolverá los siguientes
interrogantes:

a. ¿Los artículos 180 numerales 2 y 4 de la Constitución Política y 282
numerales 2 y 4 de la Ley 5 de 1992 contienen incompatibilidad o una
inhabilidad?

b. ¿Incurrió el demandado en las incompatibilidades e inhabilidades previstas
en los artículos 179?3 y 180 de la Constitución Política y los artículos 280.3
y 282 numerales 2 y 4 de la Ley 5 de 1992, en la medida que gestionó y
celebró contratos como gerente y representante legal del Grupo de
Comercializadoras de Colombia GDC SAS, al ejercer monopolio rentístico
de introducción de licores destilados en los departamentos de Antioquia,
Valle del Cauca y Bolívar?

c. De ser afirmativa la respuesta al anterior interrogante ¿dichas actividades
derivan en que su elección como representante a la cámara deba anularse?

85. Para resolverlos, la Sala i) explicará la diferencia entre las inhabilidades e
incompatibilidades, según lo ya expuesto en este caso y ii) hará una exposición
del eje central de este asunto, correspondiente al tratamiento que esta
Corporación le ha dado a la inhabilidad del artículo 179.3 constitucional y del 280.3
de la Ley 5 de 1992.

4. La diferencia entre las inhabilidades e incompatibilidades

86. En el auto que resolvió la medida cautelar del expediente 2022-0015741, la
Sala hizo la precisión de estas figuras:

Esta Sección en un pronunciamiento reciente señaló que una incompatibilidad, se
refiere a “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese
hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer simultáneamente las
competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a
otros cargos o empleos. Su objetivo es evitar una indebida acumulación de
funciones o la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en concreto
buscan que no se afecte la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad”42.

Así, cuando un designado o electo incurre en “actuaciones o ejecuta funciones
prohibidas durante el ejercicio de la labor trasladada no le sigue el efecto de la
nulidad de su designación; sino que las consecuencias serían de orden

41 Auto del 15 de septiembre del 2022, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2022-00047-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Providencia del 16 de junio de 2022.

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Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
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disciplinario como consecuencia de la vulneración del régimen de
incompatibilidades”43

Por su parte, las inhabilidades son “aquellas circunstancias previstas en la
Constitución o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida,
designada para un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la
persona que ya viene vinculada a la función pública continúe en ella. Su objetivo
es lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes
van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, esto es, que posean
ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que
informan el buen servicio”44.

En este asunto, el actor invocó como causal de nulidad, aquella prevista en el
numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que prevé que los actos de elección o nombramiento
son nulos cuando “Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las
calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”. De manera que, el reparo del
demandante se concentra en esta causal que hace alusión al desconocimiento del
régimen de inhabilidades. Pese a que el actor cita una incompatibilidad de los
congresistas, lo cierto es que, esta no constituye la causal invocada. Ello en
consideración a que, se reitera, cuando se reclama la ocurrencia de una
incompatibilidad como causal de nulidad electoral esta “no genera la nulidad de un
acto electoral, pues a diferencia de las inhabilidades, que constituyen
impedimentos para el ejercicio de un empleo, las incompatibilidades son
circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el nombramiento o la
posesión”45. (Negrilla del texto original).

87. Así, es claro que las incompatibilidades son circunstancias que deben
ventilarse en otros escenarios, como por ejemplo el disciplinario, pero no pueden
ser estudiadas en el medio de control electoral, pues la causal de nulidad del
artículo 275.5 hace referencia a que los actos electorales pueden ser
demandados, cuando se elijan o se nombren personas que “se hallen incursas en
causales de inhabilidad”.

5. Inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución
Política y en el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

88. La Constitución Política de 1991 estableció los requisitos para poder ejercer
como representante a la Cámara del Congreso de la República, entre los cuales
no solo se encuentra ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco (25)

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-

000-2022-00123-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Auto de 14 de julio de 2022.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 63001-23-31-

000-2004-00052-01(3528). Sentencia 21 de abril de 2005. Reiterado en Radicado 63001-23-33-
000-2015-00336-01. Sentencia 01 de diciembre de 2016.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Rad. 63001-23-31-

000-2004-00052-01(3528). Sentencia 21 de abril de 2005. Reiterado en Radicado 63001-23-33-
000-2015-00336-01. Sentencia 01 de diciembre de 2016.

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años de edad para la fecha de elección. Además, fijó unas causales de
inhabilidad, para tal ejercicio. Así pues, en su artículo 179, numeral 3, dispuso:

“ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:

(…)

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de
terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren
tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de la elección”. (Negrillas fuera de texto)

89. Esta causal de inhabilidad se reprodujo en el numeral 3 del artículo 280 de la
Ley 5 de 1992, a saber:

“ARTÍCULO 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas:
(…)
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades
públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de
terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren
tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la elección.” (Negrillas fuera de texto).

90. Respecto de la finalidad de esta causal inhabilitante la Sala46, precisó:

“(…)como ocurre en el caso de las previstas en los numerales 2, 3 y 5 del artículo
179 superior, demuestra que la finalidad de las mismas está fincada en:

i) La defensa del equilibrio de la contienda política, para que quienes aspiran al
cargo de elección popular se presenten ante el electorado en igualdad de
oportunidades.

ii) La salvaguarda del derecho que tienen los electores a elegir libremente entre los
competidores electorales, en un escenario político de absoluta transparencia y
moralidad, sin influencias o prerrogativas distintas a aquellas que proporcionan los
propios contendores electorales y con la garantía de que todos cumplen las
condiciones y requisitos que les permiten ser elegidos.

91. De igual forma, la jurisprudencia de esta corporación47, ha sintetizado la
multiplicidad de circunstancias fácticas que pueden conllevar la configuración de
esta causal de inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 179 de la
siguiente manera:

46 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, Rad. 11001-03-28- 000-

2018-00031-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sobre el particular también se puede consultar entre
otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 9 de febrero de 2006, Rad. 080001-23-31-000-
2004-00093-02 (3900), M.P. María Nohemí́ Hernández Pinzón.
47 Sobre el particular consultar: Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 1999-N1868. MP. Mario

Rafael Alario Méndez. 06 de mayo de 1999. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 2013-
01394. MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

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Causal Ingrediente normativo
Gestión de negocios Quienes hayan intervenido en gestión de negocios
ante entidades públicas, en interés propio, o en el de
terceros, dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de elección.
Celebración de Quienes hayan intervenido en la celebración de
contrato contratos con entidades públicas en interés propio, o
en el de terceros, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de elección.
Representación legal Quienes hayan sido representantes legales de
de entidades que entidades que administren tributos o contribuciones
administren tributos parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la
y contribuciones fecha de elección
parafiscales

92. En reciente providencia48, esta Sala explicó los requisitos para cada causal, en
los siguientes términos:

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
Modal o de Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también pueden
dar lugar a la materialización de la inhabilidad29

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también
puedendar lugar a la materialización de la inhabilidad49

REPRESENTACIÓN LEGAL DE ENTIDADES QUE ADMINISTREN TRIBUTOS Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES31
Elementos Ingrediente normativo
Material Hayan sido representantes legales de entidades que administren
tributos o contribuciones parafiscales
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección

48 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad, 11001-03-28-000-2022-00058-00. MP. Rocío Araújo

Oñate. 26 de mayo de 2022.
49 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,

sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 680012315000200700669 01. MP Filemón Jiménez
Ochoa.

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93. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala señala que se exige la
concurrencia de todos los elementos descritos50 a efectos de que se configuren las
condiciones de inhabilidad.

94. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, en cuanto a la gestión de
negocios, ha manifestado lo siguiente:

“[L]a causal requiere de la concurrencia de los siguientes elementos: 1) la gestión
de negocios con entidades públicas debe ser ejecutada dentro de los 6 meses
previos a la realización de la elección, esta debe ser entendida como una actividad
positiva, concreta, seria y real, cuyo objeto debe ser la obtención de un negocio –o
contrato con cualquier entidad estatal-, en beneficio propio o de un tercero y
encontrarse plenamente acreditada, para lo cual no resultan suficientes meras
inferencias o deducciones subjetivas; 2) no se requiere la concreción del negocio;
3) no se configura la causal en etapas coetáneas o subsiguientes a la celebración
del contrato, entre ellas, la ejecución o liquidación; y, 4) la gestión debe realizarse
en el territorio que conforma la circunscripción electoral del candidato”51.
(Subrayado de la Sala).

95. Ahora, sobre la diferenciación entre los eventos de gestión de negocios y
celebración de contratos señalados en la disposición mencionada, la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de octubre de 2022 52, señaló lo
siguiente:

Nota característica de esta causal de inhabilidad, es que las actuaciones
tendientes a obtener un provecho o beneficio propio o para un tercero, aunque
deben ser potencialmente efectivas para alcanzar el fin propuesto, no requieren
que éste se materialice, aspecto que permite distinguir esta circunstancia de
inelegibilidad de la celebración de contratos, también prevista en el artículo 179.3
Superior. Sobre el particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones,
contenidas en providencia del 25 de octubre de 2018 de esta Sección:

“Se aclara que, si bien las gestiones desarrolladas por los particulares ante las
entidades públicas apuntan, en principio, a la consecución de contratos estatales,
lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios frente a las
entidades públicas, no puede ser confundida con el otro de los supuestos
contenidos en la causal de inhabilidad en comento, relacionado con la intervención
en la celebración de los contratos.

50 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad, 11001-03-28-000-2022-00058-00. MP. Rocío Araújo

Oñate. 26 de mayo de 2022. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00018-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 25 de octubre de 2018. Ver
también. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00021-00. M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 15 de abril de 2015. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad.
11001-03-28-000-2018-00628-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 16 de mayo de 2019.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad 11001-03-28-000-2018-00029-00. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2018.
51 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de octubre del

2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. MP. Alberto Montaña Plata.
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 20 de

octubre de 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00051-00. M.P: Rocío Araújo Oñate. Reiterada en:
Sentencia del 26 de enero de 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00030-00. M.P: Pedro Pablo
Vanegas Gil.

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En efecto, en el primero de los casos -gestión de negocios- se trata del conjunto
de actuaciones que allanan el camino para la obtención de consecuencias
jurídicas provechosas en favor de quien postula su nombre al Congreso, sin
importar que las mismas se materialicen”.

96. Además, esta sala ha indicado que la conducta reprochada «consiste en la
realización de diligencias encaminadas a obtener un beneficio de lucro o uno
extrapatrimonial de parte de una entidad del Estado. Así mismo, la gestión que
configura esta inhabilidad debe ser realizada directamente por el que luego es
candidato o elegido y tiene que ser “potencialmente efectiva, valiosa, útil y
trasncendente”53».

97. Por tanto, se ha advertido que «no cualquier aproximación, pued[e] conllevar la
configuración de esta condición de inelegibilidad, por cuanto se exige su
pertinencia y conducencia para alcanzar el objetivo propuesto54».

6. Caso concreto

98. La Sala anticipa que negará las pretensiones de las demandas acumuladas,
de conformidad con el análisis que se hará a continuación.

6.1. El análisis de los elementos de la inhabilidad del numeral 3 del artículo
179 de la Constitución Política y en el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5
de 1992

99. Los actores aducen que el demandado se encuentra incurso en la inhabilidad
del artículo 179.3 constitucional, pues es representante legal de la empresa Grupo
de Comercializadoras de Colombia GDC SAS (en adelante GDC), compañía que
sostiene una relación de negocios con el departamento de Antioquia y esto
significó una ventaja para el demandado sobre los demás candidatos.

100. La Sala procede a realizar el análisis de los supuestos de la inhabilidad, esto
es, verificar si el demandado, al ser representante de la empresa GDC i) celebró
contratos con la gobernación de Antioquia; ii) realizó gestión de negocios, y iii)
administró tributos y contribuciones parafiscales.

101. La representación que ejerce el señor López Aristizábal de la empresa GDC
está acreditada en el certificado de existencia y representación de dicha

53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 5 de

abril de 2012. Rad. 11001-03-28-000-2010-00025-00. M.P: Alberto Yepes Barreiro. Reiterado en:
Sentencia del 25 de octubre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00018-00. M.P: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 4 de

mayo del 2023. Rad. 11001-03-28-000-2022-00229-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 25 de octubre de
2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00018-00. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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compañía, expedido el 23 de mayo del 2022, en la cual aparece que ostenta esa
calidad desde el 12 de septiembre del 2018:

102. Los actores aducen que dicha empresa tiene relación contractual con el
departamento de Antioquia, porque ejecuta actividad de introducción de licores,
en ejercicio del monopolio rentístico del cual es titular el ente territorial y que el
señor López Aristizábal ha desarrollado actuaciones posteriores para ejecutar ese
objeto negocial. Por tanto, se configuran los elementos de “gestión de negocios” y
“celebración de contratos en interés propio, o en el de terceros”.

103. Además, afirmaron que la empresa que representa el señor López Aristizábal
administra tributos, porque por el pago de la estampilla de la Universidad de
Antioquia, legalmente establecida, realiza una actividad de monopolio rentístico
que le corresponde a la gobernación de Antioquia.

104. En ese sentido, de lo probado en el proceso se tiene lo siguiente:

105. Al observar el objeto social principal de la empresa que representa el
demandado en el certificado de existencia y representación, se tiene que es “la
negociación, representación exclusiva, importación y comercialización de licores
nacionales e internacionales”.

106. En ese orden, también se tiene que el gobernador de Antioquia, por medio
de la Resolución S2019060049122 del 28 de mayo del 2019, autorizó a la
compañía GDC S.A.S. para introducir al departamento de Antioquia, una serie de
productos correspondientes a licores, objeto de monopolio rentístico por parte del
ente territorial. En el artículo 1° dispuso:

“ARTÍCULO 1º. AUTORIZAR por el término de diez (10) años al GRUPO DE
COMERCIALIZADORES DE COLOMBIA GDC S.A.S., (…), quien actúa a través
de su representante legal el señor LUIS MIGUEL LOPEZ ARISTIZABAL (…), para
introducir al departamento de Antioquia los licores objeto de monopolio que a
continuación se detallan:

(…).

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107. Producto de esa autorización, el demandado ha desplegado distintas
actuaciones, acreditadas por la Gobernación de Antioquia. En efecto, en el
plenario obran solicitudes suscritas por el demandado, como representante legal
de la empresa GDC S.A.S, que datan de los meses de enero, febrero y noviembre
del 2021, así como de enero, marzo, mayo y julio del 2022. De dichas peticiones,
se observa que requirió el cargue a cuenta de inventario de nuevos productos, el
desestampillaje de otros y la adición de nuevos licores.

108. La gobernación de Antioquia certificó que de la autorización para importar los
licores, no conllevó la celebración de ningún contrato:

“De este permiso de introducción no se derivan contrato alguno, porque en los
términos de la Ley 1816 de 2016 no se requieren, incluso en ella se establece la
prohibición para las entidades territoriales de imponer cargas adicionales a las
establecidas en ella para la producción, introducción, importación, distribución o
venta de los productos sujetos a la participación de licores que se origina en
ejercicio del monopolio (…)”

109. Por su parte, la Fábrica de Licores de Antioquia, por conducto de su gerente
general, manifestó que la empresa GDC S.A.S. no tiene ni ha tenido relación
contractual alguna con esa entidad para la distribución de los productos.

110. Además, obran comprobantes de pago de impuestos realizados por la
empresa que representa el demandado, como consecuencia de la importación de
los licores. En especial, se observa que en el plenario obra la declaración de la
estampilla Universidad de Antioquia, la cual, por disposición de la Resolución
S2019060049122 del 28 de mayo del 2019, debe ser pagada con ocasión de la
importación de licores, como ejercicio del monopolio rentístico.

111. En ese orden, se tiene que obran las siguientes declaraciones de la
mencionada estampilla, suscritas por el demandado como representante de la
sociedad GDC S.A.S:

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, radicación Nº 0521484985, mes 06 de 2021, de la empresa Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, como distribuidor, firmada por el
representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, radicación Nº 0521484987, mes 06 de 2021, de la empresa Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, como distribuidor, firmada por el
representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, radicación Nº 0521486723, mes 06 de 2021, de la empresa Grupo

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Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, como distribuidor, firmada por el
representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, radicación Nº 0521492223, mes 08 de 2021, de la empresa Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, como importador, firmada por el
representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, radicación Nº 0521499082, mes 11 de 2021, de la empresa Grupo
Comercializadora de Colombia GDC S. A. S, como importador, firmada por el
representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

✓ Declaración de Vinos, Aperitivos y Similares Estampilla Universidad de
Antioquia Productos Nacionales e Importados, presentada ante el departamento
de Antioquia, Radicación Nº 0521500834, mes 11 de 2021, de la empresa
Grupo Comercializadora de Colombia GDC S.A.S, como distribuidor, firmada
por el representante legal Luis Miguel López Aristizábal.

112. Además, la empresa que representa el demandado obtuvo autorización para
importar licores en los departamentos del Valle del Cauca y Bolívar, lo cual se
acreditó con los siguientes actos administrativos:

✓ Resolución No. 000034 de 20 de agosto de 2020 “Por medio de la cual se
otorga permiso temporal para la introducción de licores destilados en el
departamento de Bolívar”.

✓ Resolución 1.120.40.01-68-0174 del 5 de noviembre del 2021 “Por medio de
la cual se otorga a la Sociedad Grupo de Comercializadores de Colombia
GDC S.A.S. – Grupo GDC S.A.S., (…) permiso de introducción de licores
destilados en el departamento del Valle del Cauca”.

113. Conforme a estos medios de convicción la Sala hará el estudio de los
elementos de la inhabilidad alegada. Así, estudiará si la empresa que representa
el demandado i) celebró contratos en interés propio o de terceros con la
gobernación de Antioquia; ii) hizo gestión de negocios y iii) administró tributos y
contribuciones parafiscales.

114. En cuanto a la celebración de contratos con entidades públicas que
consagra la inhabilidad, la Sala observa que este elemento no se configuró en el
asunto.

115. Para que se configure este supuesto, debe cumplirse la totalidad de los
siguientes requisitos:

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección

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Demandantes: Jorge Uriel Naranjo Cifuentes y otros
Demandado: Luis Miguel López Aristizábal, Representante
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Rad: 11001-03-28-000-2022-00157-00 Acum

Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también
puedendar lugar a la materialización de la inhabilidad55

116. Para efectos de determinar si la empresa del demandante celebró contratos
con la gobernación de Antioquia, debe ponerse de presente que la Ley 1816 del
2016, estableció el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados
ejercido por los departamentos.

117. Al respecto, es muy importante tener en cuenta para el caso, que el artículo
7° reguló lo relativo al monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de
los licores destilados y estableció que los departamentos podrían permitir que
esta se realizara temporalmente por terceros, mediante la suscripción de
contratos adjudicados mediante licitación pública:

Artículo 7°. Monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de
licores destilados. Los departamentos ejercerán el monopolio de producción de
licores destilados directamente, que incluye la contratación de terceros para la
producción de licores destilados y alcohol potable con destino a la fabricación de
licores sobre los cuales el departamento contratante ostente la titularidad de la
propiedad industrial.

También podrán permitir temporalmente que la producción sea realizada por
terceros mediante la suscripción de contratos adjudicados mediante licitación
publica, en los términos del artículo 8 de la presente ley. (Subrayado de la Sala).

118. En el artículo 8° estableció algunos parámetros para la suscripción de los
contratos de producción:

Artículo 8. Contratos para el ejercicio del monopolio como arbitrio rentístico
sobre la producción de licores destilados. Los contratos se adjudicarán
mediante licitación pública a iniciativa del Gobernador. La entidad estatal deberá
utilizar un procedimiento de subasta ascendente sobre los derechos de explotación
cuyo valor mínimo será fijado por la Asamblea, conforme se establece en este
artículo.

El proceso de licitación, las reglas para la celebración, ejecución y terminación de
los contratos se sujetarán a las normas de la presente ley, sin perjuicio de las
reglas generales previstas en las normas de contratación estatal vigentes.

El valor mínimo de los derechos de explotación, para los términos del proceso de
licitación al que se refiere el presente artículo, será definido por la Asamblea como
un porcentaje mínimo sobre las ventas, igual para todos los productos, que no
podrá depender de volúmenes, precios, marcas o tipos de producto. Dicho valor,

55 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,

sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 680012315000200700669 01. MP Filemón Jiménez
Ochoa.

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debe estar soportado por un estudio técnico que verifique su idoneidad y
compatibilidad con los principios del artículo 6o de la presente ley.

Los contratos tendrán una duración de entre cinco (5) y diez (10) años. Podrán
prorrogarse por una vez y hasta por la mitad del tiempo inicial, caso en el cual el
contratista continuará remunerando al departamento los derechos de explotación
resultantes del proceso licitatorio del contrato inicial. Así mismo, las prórrogas no
podrán ser ni automáticas ni gratuitas.

El proceso de adjudicación de los contratos deberá cumplir los principios de
competencia, igualdad en el trato y en el acceso a mercados, y no discriminación,
de conformidad con las reglas definidas en la presente ley.

119. Ahora, en cuanto a la introducción de licores, la Ley 1816 del 2016
estableció que se requerirá una autorización, como lo hizo la empresa que
representa el demandado. Así lo dice el artículo 9:

Artículo 9. Monopolio como arbitrio rentístico sobre la introducción de
licores destilados. Para ejercer el monopolio sobre la introducción de licores
destilados, los gobernadores otorgarán permisos temporales a las personas de
derecho público o privado de conformidad con las siguientes reglas:

1. La solicitud de permiso deberá resolverse en un término máximo de treinta (30)
días hábiles, respetando el debido proceso y de conformidad con la ley.

2. Los permisos de introducción se otorgarán mediante acto administrativo
particular, contra el cual procederán los recursos de ley, garantizando que todos
los licores, nacionales e importados tengan el mismo trato en materia impositiva,
de acceso a mercados y requisitos para su introducción.

3. Los permisos de introducción tendrán una duración de diez (10) años,
prorrogables por un término igual.

120. Sobre el punto, se destaca que, la sociedad de la cual es representante legal
el demandado tiene como objeto social principal “la negociación, representación
exclusiva, importación y comercialización de licores nacionales e internacionales”
y no la producción de licores destilados.

121. De hecho, la autorización que le fue otorgada por la gobernación de
Antioquia, correspondió a la introducción de licores nacionales e internacionales
y no su producción. Por tanto, contrario a lo afirmado en las demandas, del
material probatorio que obra en el plenario, se advierte que la sociedad Grupo de
Comercializadores de Colombia GDC S.A.S. ha obtenido permisos para la
distribución e introducción de dichas bebidas. Sin embargo, no se encuentra
acreditado que la empresa del demandado se dedique a la fabricación de esos
productos que requiera de la adjudicación, mediante licitación pública, del contrato
para la explotación del monopolio como arbitrio rentístico sobre la producción de
licores destilados.

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122. De hecho, se recalca que la gobernación de Antioquia, al manifestarse sobre
la autorización que otorgó a la empresa GDC S.A.S, indicó que de esa situación
no se deriva la celebración de ningún contrato, lo que se funda en el artículo 9° de
la Ley 1816 del 2016 antes transcrito.

123. Lo mismo certificó la Fábrica de Licores de Antioquia, por conducto de su
gerente general, que manifestó que la empresa GDC S.A.S. no tiene ni ha tenido
relación contractual alguna con esa entidad para la distribución de los productos

124. Por lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto, no está
probado el elemento material para que se configure la celebración de
contratos con entidades públicas, por lo que la Sala se releva de ahondar en
los demás, pues se reitera, deben ser concurrentes.

125. Igual consideración recae sobre las alegaciones de las demandas cuando
afirman que ello se hizo en los departamentos de Valle del Cauca y Bolívar, tal
como se hizo en el auto del 15 de septiembre del 2022, que resolvió la medida
cautelar en el proceso 2022-0015756:

(El demandante) “Aduce que el 27 de abril de 2021 se profirió la Resolución 050
del 25 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se adiciona a una resolución SADE
987944”, por parte de la gobernación del Valle del Cauca - Unidad Administrativa
Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, en la que se observa que la
empresa del demandado es destinataria de la resolución que hace relación a la
comercialización de patrimonio rentístico del Estado. En efecto, en dicha
resolución se otorgó el permiso a la sociedad del demandado para que llevara a
cabo la introducción de licores destilados en el departamento del Valle del Cauca.

Tal circunstancia no constituye el supuesto fáctico de la inhabilidad, en tanto que,
por un lado, no se trata de un contrato, sino de un permiso para la distribución y
comercialización de licores, y por otro, corresponde a una circunscripción diferente
en la que resultó electo el señor Luis Miguel López Aristizábal. Lo propio sucede
con la Resolución 34 del 20 de agosto de 2020, aportada con la demanda,
mediante la cual se otorga un permiso temporal para la introducción de licores
destilados en el departamento de Bolívar”.

126. Ahora, en cuanto a la gestión de negocios, valga recordar que para que
este elemento de la inhabilidad se configure, se debe cumplir lo siguiente57:

GESTIÓN DE NEGOCIOS
Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección

56 MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
57 Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad, 11001-03-28-000-2022-00058-00. MP. Rocío Araújo

Oñate. 26 de mayo de 2022.

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Modal o de Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también pueden
dar lugar a la materialización de la inhabilidad29

127. Se destaca que, la Sala Plena58 concluyó que la gestión de negocios “no se
configura (…) en etapas coetáneas o subsiguientes a la celebración del contrato,
entre ellas, la ejecución o liquidación”.

128. Bajo ese entendido, la Sala encuentra que en el plenario no se acreditó que
el demandado haya realizado gestiones para obtener una nueva autorización de
la Gobernación de Antioquia o para celebrar algún otro negocio jurídico (elemento
material).

129. Ahora bien, no desconoce la Sala que se encuentra en el plenario que el
señor López Aristizábal suscribió varios documentos en los cuales hizo varias
solicitudes a la gobernación de Antioquia, en las siguientes fechas:

Tipo de solicitud Fechas
Cargue de inventario en fondo de 28 de enero del 2021, 16 de febrero
cuenta del 2021, 4 de mayo del 2022, 1°
de julio del 2022, 27 de julio del
2022 y 28 de julio del 2022
Solicitud de desestampillaje para 2 de noviembre del 2021
enviar mercancía a otros
departamentos
Adición de productos al 6 de mayo del 2021, 28 de enero
departamento de Antioquia del 2022 y 25 de marzo del 2022

130. Sin embargo, como se puso de presente con anterioridad, los actos de
ejecución de la autorización de introducción de licores no pueden ser
considerados como gestión de negocios, pues, según la Sala Plena59, ello no
comprende “las etapas coetáneas o subsiguientes a la celebración del contrato,
entre ellas, la ejecución o liquidación”.

131. En ese orden, la Sala considera que las solicitudes para el cargue de
inventario de fondo de cuenta y desestampillaje para enviar mercancía a otros
departamentos, corresponden actuaciones de ejecución que surgieron como
consecuencia de la autorización que obtuvo la empresa GDC S.A.S. en el año
2019, que no encuadran como gestión de negocios, como lo ha entendido esta
Corporación.

58 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de octubre del

2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. MP. Alberto Montaña Plata.
59 Ibídem.

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132. Lo mismo ocurre con la adición de nuevos productos para el departamento
de Antioquia, pues, aunque implica que se solicitó al ente territorial la introducción
de nuevos licores, ello no corresponde a una nueva petición de autorización para
ese fin, en los términos de la Ley 1816 del 2016.

133. Se advierte que las solicitudes para introducción de nuevos productos
provienen del acto del 2019 inicial, en el cual se autorizó a la empresa para
desarrollar el monopolio rentístico, del cual se deriva el provecho económico
obtenido por la empresa.

134. En ese sentido, la petición para introducir nuevos licores no significa una
nueva disposición sobre ese derecho que ya obtuvo desde el año 2019, sino que
se encuadran dentro de actos de ejecución de ese objeto, que no significa que
haya existido gestión de negocios, como lo ha entendido esta Corporación.

135. Lo anterior guarda relación con lo dicho por esta Sala en el auto que resolvió
la medida cautelar del 22 de septiembre del 2022 en el proceso 2022-0017760 en
el cual se concluyó que el permiso otorgado a la sociedad GDC S.A.S tiene una
vigencia de 10 años, y en ese orden, el ejercicio material de la introducción de
licores, lo cual proviene de la resolución inicial de autorización, no implica la
gestión permanente de negocios:

Adicionalmente, se precisa que el permiso que se le otorgó a la sociedad que
representa legalmente el demandado, la autoriza para ejercer dicha actividad por
todo el tiempo allí establecido sin que se requiera una constante renovación de
este y, por otro lado, el ejercicio material de introducción de licores no implica la
gestión permanente de negocios ante la entidad territorial, por lo tanto, no podría
sostenerse que esta se hubiera efectuado dentro de los seis meses anteriores a la
elección.

136. Bajo ese entendido, aunque el actor haya presentado las solicitudes de
cargue a cuenta de nuevos productos, desestampillaje y la adición de nuevos
licores, en el periodo inhabilitante, a juicio de la Sala, estas son actuaciones que
se ejercieron como consecuencia de la autorización que obtuvo desde el año
2009, esto es, son actos de ejecución de lo que dispuso ese acto, que no
configuran la gestión de negocios, como lo ha interpretado el precedente de
esta Corporación.

137. Ahora, se pone de presente que la empresa que representa el señor López
Aristizábal solicitó el permiso de introducción de licores desde el 22 de abril del
2019, lo que impone concluir que, incluso, de aceptarse que para obtener esta
licencia se incurre en gestión de negocios entendida esta como la participación en
trámites negociales ante autoridades públicas, dicha actividad, salta a la vista, se
llevó a cabo por fuera del término inhabilitante, de 6 meses anteriores a la
elección. Por tanto, no se cumple con el elemento temporal.

60 MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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138. En efecto, los trámites para obtener la autorización de introducción de
licores al departamento de Antioquia se realizaron en el año 2009 y de allí surgió
el acto que así lo dispuso, que concretó la consecución del beneficio para la
compañía. Sin embargo, esto no fue realizado 6 meses antes de la elección.

139. Con base en lo expuesto, es claro que no están configurados los
elementos material y temporal para que se configure la gestión de negocios
en el caso concreto.

140. Finalmente, en cuanto al elemento de ser representante legal de entidades
que administren tributos o contribuciones parafiscales, la Sala encuentra que
tampoco se encuentra configurado. Se recalca que para ello debe acreditarse lo
siguiente:

REPRESENTACIÓN LEGAL DE ENTIDADES QUE ADMINISTREN TRIBUTOS Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES31
Elementos Ingrediente normativo
Material Hayan sido representantes legales de entidades que administren
tributos o contribuciones parafiscales
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección

141. Bajo ese entendido, la Sala encuentra que la empresa que representa el
demandado no administra recursos públicos. Otra cosa distinta es que por la
importación de licores deba pagar impuestos, como en efecto los ha declarado la
compañía, junto con la obligación de pagar la estampilla en beneficio de la
Universidad de Antioquia y el pago del derecho de explotación al que hace
referencia la Ley 1816 del 2016.

142. En efecto, esta obligación fue establecida en el artículo 3.1 de la resolución
del año 2019 que autorizó a la empresa GDC S.A.S para introducir licores:

143. Así, es claro que en el acto de autorización expedido por la gobernación de
Antioquia no obra ninguna disposición que le otorgue la facultad de administrar
tributos o contribuciones parafiscales. La representación legal que ejerce el
demandado, se predica de una sociedad comercial que naturalmente no tiene a
su cargo la administración de tributos y contribuciones parafiscales.

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144. En ese orden, las declaraciones tributarias presentadas por la empresa GDC
ante la gobernación de Antioquia y los pagos de explotación, obedecen al
cumplimiento de los requerimientos de carga tributaria que debe cumplir la
compañía para desarrollar su objeto social, pero no implican que administren
estos dineros, como lo dice la norma constitucional.

145. Así se concluyó en el auto que resolvió la medida cautelar en el proceso
2022-00157 del 15 de septiembre del 202261:

Nótese que los derechos de explotación y participación no son tributos. Por estos
últimos se entiende, en términos generales, las prestaciones pecuniarias
establecidas por la autoridad estatal (legislador) en ejercicio de su poder de
imperio, para el cumplimiento de sus fines. Los tributos consisten en impuestos,
contribuciones y tasas, según la intensidad del poder de coacción y el deber de
contribución implícito en cada modalidad.

146. Así, derivada de la actividad que desarrolla la empresa que representa el
demandado, se tiene que debe pagar un tributo (estampilla de la Universidad de
Antioquia) por cada uno de los productos autorizados, pero ello no implica que lo
administre. Por tanto, no cumple con el elemento material de este elemento de
la inhabilidad.

147. Finalmente, la Sala deja claridad que la autorización que recibió la empresa
del demandado para importar licores en los departamentos de Valle del Cauca y
Bolívar no encuadra dentro de la inhabilidad, porque no corresponden a la
circunscripción por la cual fue elegido, que corresponde a la del departamento de
Antioquia.

148. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que el demandado no
incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 179 de la
Constitución Política y en el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

149. Además de lo dicho, la Sala deja claridad que, en el escenario de la nulidad
electoral, las únicas circunstancias que pueden analizarse son las inhabilidades y
no las incompatibilidades, pues estas últimas deben ser alegadas en otros
escenarios, tal como se dijo en el numeral 4 de este acápite.

150. Por tanto, la Sala no se pronunciará sobre la presunta incursión del
demandado en las incompatibilidades de los artículos 180.2, 180.4 de la
Constitución Política y los numerales 2 y 4 del artículo 282 de la Ley 5 de 1992.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

61 MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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III. FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, según lo
expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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