Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00123-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00123-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00123-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
1 de diciembre de 2022
Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
Rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana
Radicación No.: 11001-03-28-000-2022-00123-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00123-00
Demandante: BRAYAN NICOLÁS HERNÁNDEZ
Demandado: ALEXÁNDER QUINTERO BONILLA, RECTOR AD HOC DE
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Tema: Diferencias entre inhabilidades e incompatibilidades. Causal 5º
del artículo 275 del CPACA.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de
nulidad electoral, contra el acto de designación de Alexánder Quintero Bonilla como
rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. Brayan Nicolás Hernández Rodríguez, en nombre propio, demandó en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral la designación de Alexander
Quintero Bonilla como rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana, contenida en
la Resolución 009 de 1º del abril de 2022 del Consejo Superior de dicha institución.
2. Fundamentos fácticos
2. En síntesis, son los siguientes:
3. El 23 de marzo de 2022 el apoderado de Nidia Guzmán Parra – rectora de la
Universidad Surcolombiana – ejerció demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de dicha institución – Consejo Superior Universitario -1.
1
El fin de la demanda era impugnar la decisión del Consejo Superior Universitario que ordenó su reintegro en el cargo desde
el 3 de octubre de 2022, “por cuanto no se tuvo en cuenta que el cargo de rector es personal y no se repuso el tiempo en que
no pudo ejercer tal calidad”. “
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1
Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
Rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana
Radicación No.: 11001-03-28-000-2022-00123-00
4. El 29 de marzo de 2022, la rectora manifestó impedimento para conocer y
actuar en el proceso administrativo, extrajudicial y judicial que se suscitaría a raíz
de dicha demanda, porque era miembro del Consejo, pese a no tener voto en este.
5. El 1º de abril de 20222, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana
aceptó el impedimento de la rectora de la universidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General -.
6. En el mismo acto de aceptación del impedimento, el consejo eligió como
rector ad hoc al accionado, previo concepto favorable de la Oficina de Talento
Humano frente al cumplimiento de requisitos para ocupar tal dignidad. La
designación se limitó a conocer, intervenir y decidir en el proceso administrativo,
extrajudicial y judicial concerniente a la controversia judicial suscitada por la rectora
frente a su período en el cargo.
7. Al momento de la designación, el demandado se desempeñaba como
docente de planta de la facultad de economía y administración. Al tiempo ejercía
como gerente del establecimiento de comercio “Gimnasio infantil Mi alegría de vivir”,
cuyo propietario es la persona jurídica “Equipo AS LTDA”, de la cual es socio.
3. Normas violadas
8. Conforme se expuso en la admisión de la demanda, para el actor, la
designación del demandado vulneró el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994
“Estatuto General de la Universidad Surcolombiana”, modificado por el artículo 1º
del Acuerdo No. 015 de 14 de abril de 2004 y deviene nulo conforme la causal del
artículo 275.53 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA.
4. Concepto de la violación
4.1. Cargo único: La persona nombrada no reúne las calidades y requisitos
constitucionales o legales de elegibilidad o se halla incursa en causal de
inhabilidad.
9. A juicio del demandante el acto de designación del demandado es nulo
conforme lo establecido en el artículo 275.5 del CPACA, pues vulneró el artículo 27
del Acuerdo 075 de 19944 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -, el
cual señala:
2
Resolución 009 de 2022.
3
«ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas
que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de
inhabilidad (...)».
4
Modificado por el artículo 1 del Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004. «(…) El cargo de rector es incompatible con el ejercicio
profesional y el desempeño de otro cargo público o privado».
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
Rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana
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«El rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la
Universidad. Será designado por el Consejo Superior Universitario y es el
responsable de la dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo
consagrado en el Estatuto General de la Institución.
El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño
de otro cargo público o privado. No podrá ser rector de la Universidad
Surcolombiana quien ejerza funciones de dirección, administración y
gobierno durante los tres – 3 - meses anteriores a la elección.
El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de
reelección no consecutiva por una sola vez.
PARÁGRAFO TRANSITORIO: El Rector designado para el periodo
inmediato a la aprobación del presente Acuerdo tendrá un periodo
comprendido entre la fecha de su posesión y el 31 de diciembre de 2007»5.
10. El demandante argumentó que, según lo dispuesto en el artículo 27
transcrito, el ejercicio del cargo de rector no es compatible con el desempeño
simultáneo de otro cargo público o privado, sin que se configure alguna excepción
cuando se trata de un funcionario ad hoc designado según lo previsto en el artículo
12 de la Ley 1437 de 20116, por cuanto este tiene las mismas competencias y debe
reunir “iguales calidades y requisitos de experiencia” que el reemplazado, tal como
lo señaló el concepto 45961 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
11. Por tanto, el accionante afirmó que el demandado no podía ser escogido
como rector ad hoc porque se desempeña como gerente de una empresa privada
de la cual también es socio, por ende, estaría incurso en la incompatibilidad del
artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994.
5. Trámite procesal
12. El 24 de mayo de 2022 la demanda se inadmitió7 porque no se identificó en
debida forma la parte demandada y, en consecuencia, se requirió al interesado para
que corrigiera el acápite “partes y notificaciones” y así precisar que las pretensiones
5
Aunque en el concepto de violación el accionante mencionó los requisitos y calidades para ser rector de la Universidad
Surcolombiana, lo cierto es que no planteó cargo de nulidad alguna frente a dicho supuesto, sino que hizo tal precisión para
señalar que tanto el titular del cargo como su ad hoc les aplica el mismo régimen. Como se señala en la demanda, la solicitud
de nulidad repercute en la incompatibilidad del artículo 24 del mencionado acuerdo.
6
«ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En caso de impedimento el servidor enviará
dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la
cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se
trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades
territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su
recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es
preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente. (…)». (énfasis fuera de
texto)
7
Anotación 6 SAMAI.
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
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se dirigían contra el demandado. El 31 de mayo de 20228 la demanda se subsanó
en debida forma9.
13. El 10 de junio de 2022 se corrió traslado de la solicitud de suspensión
provisional del acto de designación del demandado como rector ad hoc10 , quien se
pronunció el 22 de junio de 2022 y el Ministerio Público el 24 del mismo mes y año11.
14. Mediante auto de 14 de julio de 202212, se admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 009 del 1 de abril
de 2022 proferida por el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en lo
referente a la designación de Alexánder Quintero Bonilla Méndez como rector Ad
hoc para conocer, intervenir y decidir en el proceso administrativo, extrajudicial y
judicial concerniente a la controversia judicial suscitada por la rectora frente a su
período en el cargo.
15. El 21 de septiembre de 202213, el Despacho declaró no probadas las
excepciones de falta de jurisdicción o de competencia y de habérsele dado a la
demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde, propuestas por el
demandado.14
6. Contestaciones
14. Realizadas las notificaciones ordenadas en el auto admisorio de la
demanda15, se pronunciaron:
6.1. Del demandado - Alexánder Quintero Bonilla
15. Como argumentos de defensa expuso que Nidia Guzmán Durán ocupa en
propiedad el cargo de rectora de la Universidad Surcolombiana y que el demandado
solo es un funcionario Ad hoc, en quien se asignaron las funciones que no puede
ejercer la titular del cargo.
16. Aclaró que en este caso no se produjo vacancia, sino una causal legal que le
impide al titular del empleo actuar en un determinado asunto y al demandado se le
asignaron funciones específicas del cargo de rector, que no implican su dedicación
exclusiva y que por su desempeño no recibe remuneración alguna.
17. Explicó que la prohibición de no ejercer simultáneamente otro cargo público
o privado no es exclusiva del rector de la Universidad Surcolombiana, sino común
8
Anotación 12 SAMAI.
9
El accionante identificó como demandados a Alexander Quintero Bonilla y al Consejo Superior de
la Universidad Surcolombiana.
10
Anotación 14 SAMAI.
11
El término de traslado de la medida transcurrió entre el 17 y 24 de junio de 2022, es decir, que las manifestaciones frente
a las mismas se hizo en el término legal, según consta en el informe secretarial visible en la anotación 22 de SAMAI.
12
Anotación 23 SAMAI.
13
Anotación 38 SAMAI.
14
Denegadas mediante auto de 21 de septiembre de 2022 según consta en la anotación 38 SAMAI.
15
Según consta en el informe secretarial del 2 de septiembre de 2022 - Anotación 37 SAMAI
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
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a todos los servidores públicos que ejercen cargos de dirección o representación16,
y que con la definición de este tipo de incompatibilidades se busca garantizar la
dedicación exclusiva al cargo, el establecimiento de la prohibición de ejercer dos
empleos públicos y de percibir más de un emolumento del tesoro, a la vez de evitar
conflictos de interés que afecten la función17.
18. Señaló que entender que el ciudadano queda sometido a no ejercer ningún
otro cargo público o privado por actuar como funcionario ad hoc, haría imposible
este tipo de nombramientos, toda vez que nadie que trabaje en una entidad pública
o en el sector privado, podría ser designado en dicha calidad, y haría nugatorios los
principios de eficacia, moralidad, objetividad y transparencia que pretende
garantizar el artículo 12 de la ley 1437 de 2011, ya que, desde esa perspectiva solo
podrían ser funcionarios ad hoc personas desempleadas.
19. En ese orden y por el contrario, afirmó que el Ad hoc, al no ser el titular del
cargo, solo actúa respecto de un asunto específico y sin ninguno de los derechos
laborales correspondientes al empleo. Lo anterior, permite concluir que la
prohibición de ejercer simultáneamente otro cargo público o privado solo es
aplicable al empleado en propiedad, no a la persona a la que se le asignan funciones
para ejercer como ad hoc.
20. Así las cosas, considerando que el demandado es profesor de planta de la
Universidad Surcolombiana y que, simultáneamente, pero por fuera de su horario
de trabajo, también es gerente de una empresa privada, de la cual es socio,
actividad frente a la que no existe norma o restricción legal alguna, la defensa
precisó que la designación ad hoc que se cuestiona solamente implica el ejercicio
de la función contenida en el artículo 3118 del acuerdo 075.
21. De esa forma, resaltó que su ejercicio, en este preciso caso, se limita a
conferir poder al abogado que represente a la Universidad en el proceso iniciado
por la rectora Nidia Guzmán Durán y resolver los impedimentos que manifiesten los
funcionarios por ella nombrados, mientras que las demás funciones y competencias
siguen a cargo de la rectora en mención.
22. En conclusión, expuso que el demandado no ha sido nombrado rector titular,
cargo en el cual no se ha presentado vacancia alguna y que sigue ejerciendo Nidia
Guzmán Durán. De igual manera precisó que el nombramiento cuestionado no
requiere de dedicación permanente, ni exclusiva y por su ejercicio no recibe
16
Al respecto mencionó los cargos de gobernador - Ley 2200 de 2020 art. 112 literal 6- y de alcalde -Ley 617 de 2000 Art 38
numeral 6-.
17
Para el efecto refirió: “Su objetivo es evitar una indebida acumulación de funciones o la confluencia de intereses poco
conciliables y capaces, en concreto buscan que no se afecte la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad”. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá, D.C., diciembre siete (7) de dos mil
diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-28-000-2017-00019-00 Actor: ROBERTO MAURICIO RODRÍGUEZ
SAAVEDRA Demandado: JORGE ALEXANDER CASTAÑO GUTIÉRREZ Asunto: NULIDAD ELECTORAL– FALLO
18
«ARTÍCULO 31: Son funciones del Rector: 1. Llevar la representación legal de la Universidad como persona jurídica y
defender sus derechos; trabajar por el engrandecimiento de la institución y nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales,
llegados el caso (...)»
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
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remuneración y, además, que la gerencia de la sociedad, de la cual es socio «no le
genera ningún tipo de conflicto de interés para ejercer el cargo». (énfasis del texto)
23. Finalmente, destacó que el demandado «aceptó el nombramiento guiado
únicamente por el deber de colaboración de todos los ciudadanos hacía las autoridades y
con el fin de garantizar la representación de la entidad en el proceso mencionado, sin
obtener retribución o beneficio alguno».
7. Trámite de sentencia anticipada
24. En providencia del 14 de octubre de 202219, la Sala con fundamento en el
artículo 182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 202120, ordenó iniciar el
trámite para dictar sentencia anticipada, por lo que dispuso incorporar como pruebas
las documentales aportadas por las partes, corrió traslado para alegar de conclusión
y fijó el litigio en los siguientes términos:
“Determinar si la designación de Alexander Quintero Bonilla, como rector Ad hoc de
la Universidad Surcolombiana ‘…para conocer, intervenir, pronunciarse y decidir en
los procesos administrativos, extrajudiciales y judiciales concernientes a la
controversia del periodo en el cargo de rector de la Dra. Nidia Guzmán Durán’ debe
ser anulado porque el nombrado incurre en la causal descrita en el inciso 2º del
artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994 (estatuto de la universidad)”.
25. Para el efecto, y atendiendo el concepto de la violación y las razones de
hecho y de derecho presentadas por las partes, señaló como necesario resolver los
siguientes interrogantes: i) ¿el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994
contiene una incompatibilidad o una inhabilidad?; ii) ¿el cargo de gerente del
establecimiento de comercio “Gimnasio Infantil mi Alegría de Vivir”, en cabeza de
Alexánder Quintero Bonilla, de propiedad de “Equipo AS LTDA”, empresa de la cual
es socio el demandado, genera la nulidad de su designación en los términos del
numeral 5º del artículo 275 del CPACA?.
8. Alegatos de conclusión21
8.1. De la parte demandante
19
Anotación 43 SAMAI.
20
«ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas
no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a
lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la
sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o
magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en
los artículos 179 y 180 de este código (…)».
21
Según consta en el informe secretarial del 16 de noviembre de 2022, en el término para presentar los alegatos de conclusión
se pronunciaron: Alexander Quintero Bonilla y la agente del Ministerio Público. Así mismo, en el traslado de las pruebas
recaudadas no se hizo ninguna manifestación. Anotación 53 SAMAI.
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26. No presentó alegatos.
8.2. Del demandado - Alexánder Quintero Bonilla 22
27. Su apoderado judicial presentó una propuesta de resolución a los
interrogantes planteados por la Sala y al objeto del litigio, y reiteró lo manifestado
en el escrito de contestación.
28. Para responder a la primera pregunta, señaló que el artículo 27 del Acuerdo
075 de 1994, establece dos tipos de prohibiciones diferenciables: i) la
incompatibilidad de quien sea designado como rector en propiedad para ejercer otro
cargo público o privado, excepto la docencia y; ii) la inhabilidad para ser rector,
determinada por dos condiciones que impiden que una persona pueda ser
designada en dicho cargo, a saber: por un elemento subjetivo –la persona que
ejerza cargos directivos en la entidad–; y por uno temporal –3 meses antes de la
realización de la consulta–.
29. En atención a lo anterior, concluyó que en el caso concreto se advierte una
incompatibilidad, dirigida exclusivamente a la persona que ejerce en propiedad el
cargo de rector de la Universidad y no a una inhabilidad para ejercer el empleo.
30. Sobre el segundo interrogante planteado por la Sala, expresó que el
demandante invocó la causal específica de nulidad establecida en el numeral 5 del
artículo 275 del CPACA, que refiere al nombramiento de personas que no reúnan
las calidades de elegibilidad exigidas en la Constitución o la ley o cuando estos se
encuentren incursas en inhabilidad, pero sin extender su aplicación a causales de
incompatibilidad, como la señalada por el accionante.
31. Al respecto manifestó que las incompatibilidades no generan la nulidad del
acto de nombramiento23 y, por tanto, estas no pueden sustentar la causal especial
de nulidad electoral definida en el mencionado artículo 275.5 del CPACA.
32. Aunado a lo anterior, explicó que tampoco se ha demostrado la existencia de
una incompatibilidad en el caso específico del demandado, toda vez que se
evidenció que el señor Alexánder Quintero no es el rector en propiedad de la
Universidad Surcolombiana, sino un funcionario ad hoc, nombrado específicamente
para ejercer dicha función en el proceso judicial de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la titular del cargo, Nidia Guzmán, en
contra del misma Universidad, razón por la cual esta última se declaró impedida en
los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, únicamente para dicho
asunto y en todo lo demás continúa ejerciendo el cargo, el cual no está vacante.
22
Anotación 52 SAMAI.
23
Para el efecto refirió a la tesis sostenida por esta Corporación en las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sección
Quinta Consejero, sentencia del 1º de diciembre de 2016, exp. 63001-23-33-000-2015-00336-01, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta Consejero, sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 13001-23-
33-000-2018-00496-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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33. Reiteró que no puede decirse que el demandado fue nombrado en un empleo
público, pues no existe el cargo de rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana,
solo el de rector en propiedad, y el señor Quintero Bonilla tampoco ejerce todas las
funciones que de acuerdo con la ley y el manual de funciones le corresponden a
este, sino únicamente las definidas taxativamente en el acto que aceptó el
impedimento de la titular y solo para el asunto del cual fue separada. En todo lo
demás, la titular continúa ejerciendo como representante legal de la entidad.
Adicionalmente, precisó que el ejercicio como rector ad hoc es ad honorem pues no
existe provisión en el presupuesto para financiar sus emolumentos.
8.3. Del Ministerio Público
34. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado presentó
intervención en la que solicitó denegar las pretensiones de la demanda, al
considerar que, al tratarse de una incompatibilidad, y no de una inhabilidad, el hecho
de ejercer de forma simultánea el cargo de rector, incluso en la “modalidad” de ad
hoc, con uno de carácter privado, por mandato legal y jurisprudencial, la
consecuencia jurídica no debe ser la nulidad del acto de designación, sino que el
asunto transciende a un plano disciplinario.
35. Como sustento de lo anterior, en primer momento, evocó la jurisprudencia de
la Corte Constitucional24 para destacar lo siguiente sobre la autonomía universitaria:
«(…) i). La autonomía universitaria es una garantía institucional que tiene una
definición legal y encuentra su mayor desarrollo en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
ii). La autonomía universitaria implica dos ámbitos esenciales para su
materialización: el de i) autoorganización “darse sus directivas” y el de ii)
autorregulación “regirse por sus propios estatutos”.
iii). El alcance la autonomía universitaria implica que las universidades tienen
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales,
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar
sus recursos para el cumplimiento de sus deberes institucionales de cara a cumplir
con los derechos de toda la comunidad académica y administrativa.
iv). Los estatutos y/o reglamento de las universidades se convierten en la primera
expresión genuina y auténtica de la autonomía universitaria, por lo que resultan de
obligatorio cumplimiento, tanto para las directivas como para el estudiantado, y todo
el sector administrativo, en general.
24
Para el efecto relacionó las siguientes providencias: Corte Constitucional, sentencia C-337 de 1996, M.P. Hernando Herrera
Vergara; sentencia T- 187 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; sentencia T-585 de 1999, M.P. Hernando Herrera
Vergara; sentencia T-1010 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia C-137 de 2018, M.P. Alejandro Martínez
Cantillo; sentencia C-168 de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto y; sentencias C-491 de 2016, C-829 de 2002 y T-097 de 2016
(sin referir ponentes).
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v). La autonomía universitaria no se constituye en un criterio absoluto de libertad de
la universidad, como ente autónomo, frente a las políticas y definición del Estado.
Sus límites están en el orden constitucional y legal –libertad de configuración del
Legislador- y, en especial, en los derechos fundamentales. (…)».
36. Sobre el caso concreto explicó que en el plenario se encuentra probado que
el demandado fungió de forma simultánea como rector ad hoc de la Universidad
Surcolombiana y como gerente de la empresa Equipo AS LTDA.
37. Que ante el primer cuestionamiento que planteó la Sala, sobre si “¿el inciso
2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994 contiene una incompatibilidad o una
inhabilidad?”, consideró que la norma la cataloga expresamente como una causal
de incompatibilidad, por lo que la consecuencia no debe ser la nulidad del acto de
elección sino, eventualmente, alguna consecuencia de carácter disciplinario.
Explicó que lo anterior adquiere mayor sentido al observar que el inciso 2 del artículo
27 del Estatuto de la Universidad, establece cuáles son algunas causales de
inhabilidad25, por lo que se presenta una identificación y diferenciación entre un
escenario que enmarca una causal de incompatibilidad, frente a otro que trae
insertas algunas inhabilidades propiamente dichas.
38. Concluyó que el cargo de gerente de la sociedad EQUIPO AS LTDA fue
ocupado por el demando desde el año 2019, siendo una situación previa a su
designación como rector ad hoc, circunstancia enmarcada por la norma superior del
ente universitario de forma expresa como una incompatibilidad, por lo que su
aplicación no puede trascender al plano de las inhabilidades, dado el carácter
restrictivo en su interpretación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
39. Esta Corporación es competente para proferir la sentencia que le ponga fin
al presente proceso electoral, en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral
426, de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019, Reglamento del Consejo de Estado, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
25
Al respecto señaló que: «(…) ”El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño de otro cargo
público o privado, excepto el ejercicio de la docencia. No podrá ser rector quien ejerza empleos del nivel directivo o
asesor de la Universidad Surcolombiana, o sea miembro del Consejo Académico durante los tres (3) meses anteriores
a la Consulta Estamentaria”. (negrilla adicional). En ese ámbito, son causales de inhabilidad: haber ejercido “empleos del
nivel directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o […] miembro del Consejo Académico durante los tres (3) meses
anteriores a la Consulta Estamentaria (…)»
26
«ARTÍCULO 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución
de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 4. De la nulidad de los
actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema , de
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes
autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación. Igualmente, de la nulidad del acto de nombramiento del
Viceprocurador General de la Nación, del Vicecontralor General de la República, del Vicefiscal General de la Nación y del
Vicedefensor del Pueblo. (…)» (Énfasis de la Sala)
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
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2. Acto demandado
40. Se demanda la nulidad del Resolución 009 de abril 1 de 2022 del Consejo
Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, por el cual se designó a
Alexánder Quintero Bonilla como rector ad hoc de dicha institución, por cuenta de
la causal prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, al
desconocer, en criterio del actor, lo previsto en el inciso 2º del artículo 27 del
Acuerdo 075 de 1994.
3. Problema jurídico
41. Conforme se estableció en la fijación de litigio, el problema jurídico se limita
a definir, si ¿la designación de Alexánder Quintero Bonilla, como rector ad hoc de
la Universidad Surcolombiana, debe ser anulada porque el nombrado incurre en la
situación descrita en el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994?.
42. Para la resolución del interrogante planteado se establecerá lo siguiente:
i) si el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994 contiene una
incompatibilidad o una inhabilidad y;
ii) si el cargo de gerente del establecimiento de comercio “Gimnasio Infantil
mi Alegría de Vivir”, en cabeza de Alexánder Quintero Bonilla, de
propiedad de “Equipo AS LTDA”, empresa de la cual es socio el
demandado, genera la nulidad de su designación en los términos del
numeral 5º del artículo 275 del CPACA;
43. Bajo tal marco, previo a desarrollar el problema jurídico, se procederá a
efectuar un análisis preliminar en relación con: i) Incompatibilidad e inhabilidad,
definición y diferencias – Rreiteración Jurisprudencial; ii) la previsión contenida en
el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994; iii) el estudio del caso concreto.
3.1. Incompatibilidad e inhabilidad, definiciones y diferencias– Reiteración
Jurisprudencial27
44. La Constitución Política de 1991, al establecer desde el artículo 1º la forma
de organización que se adoptaría, precisó que Colombia es una república unitaria
«democrática, participativa y pluralista», determinándose que en el marco de las
finalidades del Estado –art. 2º–, se encuentra la de «facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación».
45. En sus decisiones, la Corte Constitucional ha resaltado el papel de dicha
forma de organización al indicar que:
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Rocío Araújo Oñate, sentencia, 27 de julio de 2021,
rad.: 11001-03-28-000-2020-00004-00(SU).
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En la Constitución Política de 1991, el pueblo soberano decidió convalidar el voto de
confianza entregado a la democracia. Precisamente, tanto en el preámbulo como en
varios de sus artículos se hace alusión a la adopción del Estado Social de derecho y
la democracia como el régimen político de nuestra organización estatal, lo que no sólo
tiene un efecto político, sino también en el campo social, económico, ecológico y
cultural. Por ello, esta Corporación ha reconocido que la democracia, en nuestro
ordenamiento constitucional, tiene una vocación universal y expansiva, alrededor
del pluralismo y la participación, como condiciones esenciales para su eficacia.28
(Negrilla fuera del texto original).
46. Bajo este principio fundante de la estructura constitucional, resulta importante
para efectos del presente estudio, hacer referencia al derecho de participación
política, en su componente de acceso al ejercicio de funciones públicas. Desde
199429 se ha señalado en forma clara que la democracia participativa no se reduce
a establecer procedimientos para la toma de decisiones, entendiendo que bajo la
decisión constituyente de 1991 esta fue redefinida buscando la «estructuración de
nuevos escenarios en los que el ciudadano no agota su rol político en movilización para
votaciones periódicas, sino que, el Constituyente propició nuevos escenarios de injerencia
social y política, caracterizados por mayores espacios de deliberación y de decisión, sobre
temas que le afectan o en los que tiene interés.»30
47. En conclusión, es claro que la democracia, bajo el actual texto superior, (i)
tiene una incidencia evidente e inspira la estructuración del Estado colombiano; (ii)
implica una ampliación cuantitativa de las oportunidades reales de injerencia; y (iii)
presenta una mayor apertura del espectro en donde la misma se predica, ya que se
supera el ámbito meramente electoral, para cubrir aspectos de la vida social,
económica, ecológica y cultural de la Nación.
48. Bajo esta concepción de la democracia participativa, se tiene que la misma
encuentra un instrumento para su materialización en los denominados derechos
políticos consagrados en el artículo 40 constitucional31, el cual precisa:
ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna;
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la
Constitución y la ley.
28
Corte Constitucional. Sentencia C-644 del 8 de julio del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
29
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
30
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
31
Es de resaltar que sobre este derecho, la Corte Constitucional también ha predicado su naturaleza universal y expansiva.
En decisión C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se indicó que esta garantía es universal bajo el entendido de que
compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada, y además, porque el concepto de
política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado, lo que
justifica la injerencia en la distribución, el control y la asignación del poder social. De otro lado, en la misma decisión, se
desarrolló su expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a partir del respeto y la
constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe ampliarse de manera progresiva con la
finalidad de conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que exige de los principales actores
públicos y privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.
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5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de
aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de la Administración Pública. (Negrilla fuera del texto original).
49. No sobra indicar que, en virtud del bloque de constitucionalidad consagrado
en los incisos 1º y 2º de artículo 93 de la Constitución32, el reconocimiento de esta
garantía incorporado en diversos tratados internacionales hace parte del
ordenamiento interno, por lo que es importante referenciar igualmente al contenido
del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos33, el artículo 25
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos34, así como el artículo 23 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos35.
50. En punto del acceso al ejercicio de funciones públicas, se ha entendido que
el núcleo esencial de este derecho de carácter fundamental36, se traduce en la
protección con la que cuenta el ciudadano ante decisiones arbitrarias de cualquier
autoridad estatal que (i) impidan el ingreso a un cargo público; (ii) tengan como
consecuencia la desvinculación del mismo o (iii) limiten injustificadamente el
cumplimiento efectivo de las funciones derivadas de aquel37.
51. Entendiendo que no existen derechos absolutos, se predica de la anterior
prerrogativa constitucional que la misma puede ser objeto de restricciones
razonables y proporcionales, establecidas por el texto fundamental o el legislador –
arts. 123 y 150, numeral 23 de la Constitución– y que por lo tanto, se contraponen
32
ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia.
33
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.
34
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas,
de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio
de representantes libremente elegidos; b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio
universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; c) Tener acceso, en
condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
35
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad
de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley
puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones
de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso
penal.
36
Al respecto, ver las sentencias Sentencia C-089A de 1994 M.P. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-329 del 2003, M.P.
Álvaro Tafur Galvis, donde se expresó el carácter de fundamental del derecho contenido en el artícuo 40 Constitucional, en
sus distintos componentes, entendiendo que la participación configura en el ordenamiento constitucional un principio y fin del
Estado, que necesariamente influye no solo dogmáticamente sino también en las relaciones concretas entre las autoridades
y los ciudadanos en sus diversas órbitas como la económica, la política o la administrativa. Por tal razón, el Constituyente
dedicó un artículo especial a los derechos políticos, particularmente, a sus formas de ejercicio, lo que torna innegable su
relevancia Superior.
37
Referirse a: Corte Constitucional, sentencia C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos y la Sentencia C- 101 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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directamente al interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y
control del poder político38. Es de resaltar que estas limitaciones también
encuentran su fundamento en la finalidad de la función pública, que busca la
satisfacción de los intereses de la población, bajo los específicos criterios que guían
su ejercicio, como son la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, ello conforme al artículo 209 Superior39.
52. Bajo el panorama antes descrito, se presentan las figuras jurídicas de las
inhabilidades e incompatibilidades. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
señalado que estas se entienden de la siguiente manera:
(…)las inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley
que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo
público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos”, y que las mismas pueden tener naturaleza
sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional y de
punición por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza.
De igual modo, ha manifestado que las incompatibilidades consisten en “una
prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le
impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias
propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o
empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida
acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y
capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar
las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”40.
53. Las decisiones de esta Corporación han sido pacíficas en señalar igual
concepto respecto de las figuras en estudio. En fallo de unificación, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo precisó respecto del concepto de inhabilidad41:
3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues
buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran
afectadas por situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó
como riesgos que afectan intereses, valores y principios superiores protegidos.
54. En cuanto hace a las incompatibilidades, la misma instancia de decisión
antes referida, definió:
Por su parte, las incompatibilidades se refieren a la prohibición establecida por la ley
para determinadas personas que posean una investidura oficial o desempeñen
funciones públicas, o hayan sido exfuncionarios públicos, de desempeñar cargos o
38
Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett y C-408 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
39
Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
40
Al respecto, ver: sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño;
Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Todas las anteriores, citadas en: Corte Constitucional. Sentencia C-903
del 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería.
41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29 de enero del 2019.
Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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empleo público o privado, gestionar asuntos, celebrar contratos o ser miembros de
juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas.42
55. Partiendo de lo dicho, basta entonces con entender que las inhabilidades
refieren a condiciones preexistentes al momento de la elección, mientras que las
incompatibilidades implican la imposiblidad de una simultaneidad entre la
función pública que se desempeña con otras actividades expresamente señaladas
por la Constitución o la ley. Por otra parte, en razón de dicha situación, la última de
las categorías señaladas, no tiene incidencia respecto de la validez del acto de
elección, nombramiento o llamamiento, en tanto por su concepción, son situaciones
que se presentan con posterioridad a que se materializa una decisión en uno de los
sentidos descritos.
3.4. Análisis del caso en concreto
56. Del Acuerdo 075 de 1994 «Por el cual se expide el nuevo estatuto de la
Universidad Surcolombiana», se evidencia que no regula lo concerniente a la
designación de los funcionarios ad hoc cuando se acepte un impedimento
manifestado por quien ocupa el respectivo cargo en propiedad; sin embargo, ante
tal vacío se aplica el artículo 12 del CPACA, así lo señala el artículo 26 de dicho
estatuto43.
57. El artículo 12 del CPACA dispone que la autoridad competente cuando acepte
un impedimento determinará a quién corresponde conocer del asunto y, si es
preciso, designará un funcionario ad hoc.
58. El funcionario ad hoc tiene la misma competencia, en lo correspondiente, de
quien se separa de la función. A partir de esa connotación, quien sea designado en
tal calidad también será sujeto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
señalado en la ley para el titular, prueba de ello es que, una vez desaparece el
fundamento de la designación, el ad hoc cesa sus funciones, las mismas que
retornan a quien ejerce la competencia permanente.
59. Ahora bien, respecto del concepto de la locución ad hoc, el diccionario Jurídico
de Guillermo Cabanelas de Torres44, indicó que es una expresión adverbial que
significa «para esto, para el caso. Lo que sirve a un fin determinado.»45
60. Así pues, la figura del funcionario ad hoc tiene como fin la designación de una
persona para el cumplimiento de determinada labor o asunto que debía resolver un
funcionario, previamente declarado impedido para el conocimiento de dicho tema.
42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 14 de octubre del 2020. Radicación 11001-
03-15-000-2020-00061-01 (PI). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
43
“Los miembros del Consejo Superior que tuvieren la calidad de servidores públicos, estarán sujetos a los impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades establecidos por la Ley”.
44
CABANELAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico elemental. Décimo segunda edición, Ed. Heliasta, página 25.
45
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2013. Radicación: 11001- 03-28-000-2012-00034-00.
M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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61. En tal sentido, para el caso objeto de análisis, la Resolución 009 del 1 de abril
de 2022, fijó las siguientes atribuciones en cabeza del hoy demandado:
Conocer, intervenir, pronunciar y decidir los procesos administrativos, extrajudiciales
y judiciales concernientes a la controversia del periodo en el cargo de la rectoría de
la Dra. Nidia Guzmán Durán.
62. Lo anterior, en virtud de que la señora Guzmán Durán demandó a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento a la institución universitaria que
dirige, por lo cual resulta evidente el conflicto de interés suscitado.
63. Dentro del marco anterior recobra importancia revisar los supuestos de la causal
de anulación del acto de elección o nombramiento regulada en el artículo 275.5 del
CPACA, la cual es procedente cuando se elijan candidatos o se nombren personas
que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o
que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
64. La norma enunciada contiene como ingredientes normativos para la anulación
de la elección o nombramiento, los siguientes i) no reunir calidades, ii) no cumplir
requisitos constitucionales o legales de elegibilidad y iii) estar incurso en causales
de inhabilidad.
65. Frente a dichos elementos la jurisprudencia de esta Sección señala que las
consecuencias en el plano jurisdiccional son dispares, pues, la inobservancia de las
calidades y requisitos de elegibilidad e inhabilidades generan la nulidad de la
elección; mientras que las incompatibilidades se analizan desde el plano
disciplinario. Así lo manifiesta esta Sala Electoral46:
La calidad es el estado de una persona, su edad y demás circunstancias y
condiciones que se requieren para un cargo, dignidad, empleo u oficio.
Las inhabilidades electorales, como se puso de presente en el estudio del primer
cargo de la demanda, se pueden definir como esas prohibiciones que imponen la
Constitución y la ley, en consideración a ciertas situaciones negativas, de carácter
personal, en las que en algún momento incurra o haya incurrido el candidato y que
pueden comprometer su desempeño en caso de resultar elegido.
Se resalta que solo estas dos circunstancias, esto es, la falta de calidades y las
inhabilidades dan lugar a la nulidad de la elección y por ende, son materia de estudio
mediante esta acción.
(...)
La falta de calidades y las causas de inhabilidad, cuando son circunstancias
anteriores, hacen nulo el nombramiento o la elección de que se trate, y la nulidad que
determinan es vicio de origen, no así las incompatibilidades, que son circunstancias
46
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Radicación: 11001-03-28-000-2012-00055-
00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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posteriores, y sus consecuencias, entonces, son otras, generalmente de carácter
disciplinario47.
66. Así́ las cosas, se advierte que quien es designado como funcionario ad hoc para
una función específica no debería estar incurso en inhabilidades; de lo contrario, su
nombramiento podría estar afectado de nulidad.
67. No sucedería lo mismo ante una situación de incompatibilidad del funcionario
ad hoc, toda vez que el designado que incurre en actuaciones o ejecuta funciones
prohibidas durante el ejercicio de la labor trasladada no le sigue el efecto de la
nulidad de su designación, sino que las consecuencias serían eventualmente de
orden disciplinario, como consecuencia de la vulneración del régimen de
incompatibilidades48.
3.4.1. La previsión contenida en el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075 de
1994
68. En lo referente a la previsión contenida en el inciso 2º del artículo 27 del
Acuerdo 075 de 1994, esta norma señala que:
El rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad.
Será designado por el Consejo Superior Universitario y es el responsable de la
dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo consagrado en el Estatuto
General de la Institución.
El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño de otro
cargo público o privado. No podrá ser rector de la Universidad Surcolombiana quien
ejerza funciones de dirección, administración y gobierno durante los tres –3- meses
anteriores a la elección. (Subraya de la Sala).
El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de reelección
no consecutiva por una sola vez.
PARÁGRAFO TRANSITORIO: El Rector designado para el período inmediato a la
aprobación del presente Acuerdo tendrá un período comprendido entre la fecha de su
posesión y el 31 de diciembre de 2007.
69. La lectura detallada de la norma transcrita permite identificar dos causales
claramente diferenciables, la primera, enrostrada en este caso, que refiere a la
incompatibilidad entre el cargo de rector con el ejercicio profesional y el desempeño
de otro cargo público o privado.
70. La segunda, a la que no refiere la parte actora, según la cual no podrá ser rector
quien ejerza funciones de dirección, administración y gobierno durante los 3 meses
anteriores a la elección.
47
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 6 de abril de 2000, Radicación número: 2364. Cp.: Mario Alario Méndez.
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21 de abril de 2006. Radicación: 63001- 23-21-000-2004-00052-00.
M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 1996. Radicación: 1509.
M.P. Miren de Lombana de Magyaroff
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71. En este orden de ideas, en atención a los elementos antes expuestos,
determinantes para identificar entre causales de inhabilidad o de incompatibilidad,
esta Sala concluye que la situación descrita en la demanda, establecida en la
primera de las hipótesis contenidas en el inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo 075
de 1994 –El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el
desempeño de otro cargo público o privado–, es constitutiva de causal de
incompatibilidad.
72. En efecto, la hipótesis descrita por el accionante, se trata de una
incompatibilidad en la medida en que, de acuerdo con su redacción se configura
cuando el cuestionado ya es titular del cargo de rector y no antes de su
nombramiento, la redacción de la prohibición, desde su literalidad, refiere a la
incompatibilidad y destaca que no puede existir simultaneidad, elementos todos que
dan cuenta de la imposición de una circunstancia de incompatibilidad y no de
inhabilidad.
73. Por el contrario, valga precisar que la situación que alude a que “No podrá ser
rector de la Universidad Surcolombiana quien ejerza funciones de dirección, administración
y gobierno durante los tres –3- meses anteriores a la elección”, se trata de una situación
preexistente que impediría ser nombrado rector cuando el interesado ejerza al
tiempo un cargo público o privado, situación que no es la enrostrada por el actor
que acusa al demandado de ser gerente de establecimiento de comercio.
74. En todo caso, se reitera lo concluido por la Sala, al decidir la cautelar pedida por
el demandante, relacionado con que la norma –inciso 2º del artículo 27 del Acuerdo
075 de 1994– no señala expresamente si se trata de una inhabilidad o no; por el
contrario, lo que trasluce de su enunciado normativo es una incompatibilidad, así lo
expresó: «Artículo 27.... “El cargo de rector es incompatible con el ejercicio
profesional y el desempeño de otro cargo público o privado». (Negrillas propias)
3.4.1. Respecto de si el cargo de gerente del establecimiento de comercio
«Gimnasio Infantil mi Alegría de Vivir», en cabeza de Alexánder Quintero Bonilla,
de propiedad de «Equipo AS LTDA», empresa de la cual es socio el demandado,
genera la nulidad de su designación en los términos del numeral 5º del artículo
275 del CPACA
75. Para el demandante, el acto electoral cuestionado incurre en la causal prevista
en el artículo 275.5 del CPACA, toda vez que la designación del demandado como
rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana para un asunto específico49, pese a
que se desempeña como gerente del establecimiento de comercio «Gimnasio infantil
Mi alegría de vivir» perteneciente a la persona jurídica - «Equipo AS LTDA»- de la cual
es socio, razón por la que estaría incurso en la incompatibilidad del artículo 27 del
Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto Universitario Surcolombiana.
49
Asunto que se delimitó en la parte considerativa de esta providencia.
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
Rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana
Radicación No.: 11001-03-28-000-2022-00123-00
76. En consecuencia, la pretensión de nulidad del actor va encaminada a que el
accionado no podía ser designado como rector Ad hoc de la Universidad
Surcolombiana, porque ejercía un cargo privado al momento de su designación.
77. El inciso 2 del artículo 27 del Acuerdo 075 señala que «el cargo de rector es
incompatible con el ejercicio profesional y desempeño de otro cargo público o privado».
78. Como el reproche del demandado se circunscribe a una incompatibilidad, la
señalada en el inciso 2 del enunciado artículo 27, entonces se analizará si dicha
circunstancia encuadra en la causal de anulación del 275.5 del CPACA.
79. En punto a esta censura, la Sala ha indicado que las incompatibilidades, no
constituyen causal de nulidad del acto de elección, por cuanto estas se predican de
quien ocupa el cargo y no de situaciones previas o anteriores a la vinculación, que
son las que tienen la virtualidad de afectar el acto de elección o un nombramiento.
80. La jurisprudencia ha reconocido que ciertas situaciones, a pesar de que se
califican como incompatibilidad, pueden tener la categoría de una prohibición
inhabilitante, caso en el cual, sí constituye causal de nulidad de la elección50.
81. Así pues, el inciso segundo del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, fijó como
criterio prohibitivo, que el rector de la Universidad Surcolombiana ejerza
simultáneamente otro cargo público o privado. Por lo cual, se trata de una típica
«incompatibilidad» atinente al ejercicio coetáneo de funciones, con el fin de asegurar
que quien ejerce la rectoría de dicha institución no ocupe su atención en otros
asuntos, como puede ser el desempeño de funciones en otro cargo, o el ejercicio
de su profesión o cualquier otro trabajo, que puedan sacrificar la misión institucional
o erigirse en una clara colisión entre los intereses públicos y privados. Por lo tanto,
por tratarse de una incompatibilidad y no de inhabilidad, este supuesto no constituye
causal de nulidad de la elección.
82. Por lo tanto, el cargo de gerente del establecimiento de comercio «Gimnasio
Infantil mi Alegría de Vivir», en cabeza de Alexánder Quintero Bonilla, de propiedad
de «Equipo AS LTDA», empresa de la cual es socio el demandado, no genera la
nulidad de su designación, en los términos del artículo 275.5 del CPACA, toda vez
que, tal y como fue expuesto a lo largo de esta providencia, las incompatibilidades
escapan de la órbita de estudio de la nulidad electoral y no constituyen la causal
alegada por el accionante.
83. En consecuencia, solo es procedente la causal de anulación del artículo 275.5
del CPACA cuando se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre de 2012, Radicado
No. 54001-23-31-000-2011-00552-01, M.P. Susana Buitrago Valencia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de agosto de 2021, Radicado No. 54001-23-33-000-2020-00506-02. M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: Brayan Nicolás Hernández
Demandado: Alexander Quintero Bonilla,
Rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana
Radicación No.: 11001-03-28-000-2022-00123-00
calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en inhabilidades, no cuando se trata de incompatibilidades.
84. La vulneración del régimen de incompatibilidades tendría, como ya se indicó
anteriormente, consecuencias en el plano disciplinario para el funcionario que
incurre en la prohibición, no la nulidad de la designación o nombramiento, conforme
al criterio de la jurisprudencia de esta Corporación expuesto en la parte
considerativa de esta providencia51.
85. Así las cosas, al no existir argumentación distinta a la expresada para sustentar
el cargo de nulidad contemplado en el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, se
impone negar la nulidad pretendida de acuerdo con lo señalado en los acápites
correspondientes de este proveído.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en uso de facultades constitucionales y legales,
RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la nulidad del acto de designación de Alexander Quintero
Bonilla como rector ad hoc de la Universidad Surcolombiana, contenido en la
Resolución 009 de 1º del abril de 2022 del Consejo Superior de dicha institución,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
51
Ibídem
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