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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07434-00

Fecha
9 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-07434-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Negar la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Jaime Bernal Moreno contra el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, en Calle 12 n.º 7–65. —Tel: 6013506700— Bogotá D. C. (Colombia). www.consejodeestado.gov.co 33 Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia— Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00 Solicitante: Jaime Bernal Moreno Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez calidad de representante a la Cámara por el departamento del Casanare, elegido para el período constitucional 2022–2026 por las razones expresadas en esta providencia. SEGUNDO. Conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, contra esta sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse y sustentarse ante la Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. TERCERO. Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente dejando las anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-07434-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

9 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2024

Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Temas: Pérdida de investidura de congresista. Causal: violación del
régimen de incompatibilidades —numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política—, por «[…] gestiones con personas naturales
o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o
inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de éste […]» —numeral 4.º del artículo 180 ibidem—.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Agotado el trámite previsto en la Ley 1881 de 20181, la Sala Veintidós Especial
de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado dicta sentencia de primera instancia, dentro del proceso de pérdida de
investidura adelantado por el ciudadano Jaime Bernal Moreno contra el señor
Hugo Alfonso Archila Suárez, en calidad de representante a la Cámara por el
departamento de Casanare, elegido para el período constitucional 2022–2026.
Lo anterior, porque, en criterio del actor, presuntamente el congresista
mencionado incurrió en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política, en concordancia con la incompatibilidad prevista en el
numeral 4.º del artículo 180 ejusdem.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de pérdida de investidura

El 11 de diciembre de 20232, en ejercicio del medio de control previsto en el
artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y en la Ley 1881 de 2018, el ciudadano Jaime Bernal
Moreno pretendió que se decrete la pérdida de investidura del representante a la
Cámara, Hugo Alfonso Archila Suárez. El actor fundamentó su solicitud en las
causales contenidas en los numerales1.º y 5.º del artículo 183 de la Constitución

1 Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la

doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Modificada por la Ley 2003 de 2019 por
la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones.
2 Según el acta de reparto contenida en el archivo .png «ED_ACTA […]» del índice 2 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Política3, en concordancia con el numeral 4.º del artículo 180 ibidem y el numeral
5.º del artículo 296 de la Ley 5.ª de 1992, respectivamente. En ese sentido,
planteó la siguiente pretensión:

Que mediante sentencia se decrete la pérdida de investidura de HUGO ALFONSO
ARCHILA SUÁREZ […], quien actualmente ocupa una curul como Representante a
la Cámara por el departamento de Casanare, periodo constitucional 2022-2026[4].

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos y argumentos relevantes5 de la solicitud de pérdida de
investidura, así como del escrito de subsanación, son resumidos por la Sala de
la siguiente manera:

1.2.1. El 20 de marzo de 2022, el señor Hugo Alfonso Archila Suárez fue elegido,
como representante a la Cámara para el período constitucional 2022–2026, por
la circunscripción del departamento de Casanare, y a nombre del Partido Liberal
Colombiano, cargo que desempeña desde el 20 de julio de 20226.

1.2.2. El 13 de septiembre de 2022, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo de Yopal7 (EAAAY EICE E.S.P.)8 y la sociedad Ingeniería y Construcciones
Técnicas S.A.S. (INGENICONTEC S.A.S.)9 suscribieron un contrato de
colaboración empresarial en alianza estratégica, identificado con el número
811.14.01.00148.22, con el siguiente objeto: «TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
DE LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN QM: 500LPS,
EFICIENCIA >90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEÑO DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL,
CASANARE»10.

1.2.3. En auto de 27 de octubre de 202211, el Juzgado Tercero Administrativo de

3 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: 1. Por violación del régimen de inhabilidades e

incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses. […] 5. Por tráfico de influencias debidamente
comprobado […].
4 Archivo .pdf «ED_DEMANDA […]», índice 2 de SAMAI.
5 En este punto se precisa que, si bien el accionante invocó dos causales del artículo 183 de la Constitución

Política, la solicitud de pérdida de investidura se sólo fue admitida por la causal 1.ª ejusdem, en concordancia
con el artículo 180.4 constitucional, pues frente a la causal 5.ª «por tráfico de influencias debidamente
comprobado» fue declarado el agotamiento de la jurisdicción, tal y como se indicará en el acápite del trámite
de este asunto.
6 Para acreditar la elección del representante Hugo Alfonso Archila Suárez, el actor aportó copia del

formulario E–28, así como, copia del acta núm. 1 de 2 de agosto de 2022 de la Comisión Séptima
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]»,
págs. 2 a 16, índice 2 de SAMAI.
7 Departamento del Casanare.
8 En ese momento, la EICE se encontraba representada legalmente por el gerente, Dr. Jairo Bossuet Pérez

Barrera.
9 El representante legal de la sociedad por acciones simplificadas en mención es el Ing. Nelson Javier

Suescún Gómez.
10 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 17 a 33, índice 2 de SAMAI.
11 Providencia dictada en el medio de control para la protección de los derechos e intereses colectivos,

identificado con el radicado 85001–33–33–003–2022–00211–00. Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]»,
págs. 34 a 48 índice 2 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Yopal decretó la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión del
trámite de legalización, perfeccionamiento y ejecución del contrato de
colaboración empresarial mencionado. Lo anterior, al encontrar que
INGENICONTEC S.A.S no acreditó que tuviera la capacidad financiera para
llevar a cabo el proyecto contratado. La autoridad judicial consideró que existía
«una aparente negligencia en la gestión del patrimonio público por parte de la
EAAAY al momento de suscribir el contrato No. 148 de 2022, que de continuar
puede conducir a un inminente detrimento patrimonial en contra de los usuarios
del servicio público de tratamiento de aguas residuales».

1.2.4. El 23 de febrero de 2023, ante la Fiscalía General de la Nación, el contralor
departamental de Casanare presentó denuncia penal en contra de Hugo Alfonso
Archila Suárez, el alcalde del municipio de Yopal, el gerente y el exdirector de la
Oficina Jurídica de la EAAAY EICE E.S.P., por la posible comisión del delito de
cohecho12. A partir de lo anterior y según el ciudadano actor, la participación del
representante a la Cámara consistió en que Nelson Javier Suescún Gómez13
«[…] lo contactó para que por intermedio de su condición de congresista y dada
la cercanía con la [A]dministración por haber hecho parte del [G]obierno[14],
gestionar[a] la celebración del contrato para construir y operar la nueva Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Yopal».

El señor Jaime Bernal Moreno precisó que la denuncia del contralor
departamental se sustenta en la transcripción del audio de un video a través del
cual el representante legal de INGENICONTEC S.A.S. indicó el valor de las
comisiones «coimas» que correspondieron a los allí denunciados para lograr la
celebración del contrato. Igualmente, que el contralor solicitó que se decretara
como prueba la certificación de las visitas al Congreso de la República del
contratista mencionado para reunirse con el congresista15.

1.2.5. El actor indicó que, ante medios de comunicación, el 23 de marzo de 2023,
el gerente de la EAAAY EICE E.S.P. manifestó que el video en el que se sustenta
la denuncia penal es un «montaje» y «[…] sostuvo que el congresista Hugo

12 Radicado SGD. 6110047382 del 23.2.23, con copia a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría

General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Contraloría General de la
República, archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 49 a 54, índice 2 de SAMAI.
13 Representante legal de INGENICONTEC S.A.S.
14 En la solicitud de pérdida de investidura se manifestó que, según la información contenida en el portal

web Congreso Visible, el señor Hugo Alfonso Archila Suárez es abogado de la Universidad del Meta,
especializado en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con experiencia
en el sector público como secretario general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía
(CORPORINOQUIA), fue jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Financiero de Casanare (IFC), gerente
general del IFC y, secretario de gobierno del municipio de Yopal desde el primero de enero de 2020 hasta
el 11 de marzo de 2021.
15 El 11 de enero de 2024, señor Jaime Bernal Moreno aportó el oficio de respuesta DGA-CS-CV19-6627-

2023 de 27 de diciembre de 2023, emitido por la directora general administrativa del Senado de la República,
en el cual se indicaron, en archivo .pdf anexo, los ingresos y salidas a nombre del señor Nelson Javier
Suescún Gómez, relacionados con el congresista Hugo Alfonso Archila Suarez, según los datos del Centro
Integrado de Control de la entidad. Archivo .pdf «19_MemorialWeb_Anexos[…]», índice 18 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Archila fue quien hizo los contactos “con la persona que presentó la propuesta”
refiriéndose a Suescún Gómez»16.

De conformidad con todo lo anterior, el señor Jaime Bernal Moreno señaló que i)
el representante a la Cámara y el contratista tienen su domicilio en la ciudad de
Villavicencio (Meta); ii) que sus documentos de identidad coinciden en el lugar
de expedición; iii) que INGENICONTEC S.A.S. tiene su registro mercantil y sede
principal en la ciudad mencionada, «[…] lo que presume una relación de amistad
o de negocios de tiempo atrás […]»; iv) que, según las actas17 de la Junta
Directiva de la EAAAY EICE E.S.P. de 1.º y 12 de septiembre de 2022, dicho
órgano estuvo conformado por los funcionarios de la alcaldía de Yopal, «[…]
antiguos colegas y compañeros de trabajo […]» del congresista y v) que en este
caso no operan las excepciones del artículo 283 de la Ley 5.ª de 1992.

Bajo los supuestos fácticos e hilo argumentativo expuestos, para el accionante
se reúnen los elementos objetivo y subjetivo que dan lugar a declarar la pérdida
de investidura. En ese orden, sostuvo que el congresista «[…] logró influenciar y
gestionar la celebración del precitado contrato 0148-2022 […] con su amigo y
conocido Nelson Javier Suescún […] todo esto a cambio de recibir una gruesa
suma de dinero según voces del mismo contratista Suescún en el video que
denunció el [c]ontralor […]» y «[…] en tanto que el representante Hugo Alfonso
Archila, por su formación académica y amplia experiencia profesional, estaba en
condiciones de entender el alcance de la conducta, y aun así no tuvo reparo en
perpetrarla»; imputó las causales invocadas, esto es, «violación del régimen de
incompatibilidades y tráfico de influencias debidamente comprobado» a título de
dolo18.

2. Trámite procesal

2.1. Remisión de la solicitud de pérdida de investidura a la Sala Once
Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado

Mediante auto de 13 de diciembre de 202319, el ponente dispuso remitir la
solicitud del señor Jaime Bernal Moreno a la tramitada en el radicado 11001–03–
15–000–2023–04924–00, con el fin de que se considerara su acumulación, dado
que en ambas se expusieron supuestos fácticos y jurídicos similares, dirigidos a
que se declare la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el
departamento de Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez. Lo anterior, con

16 Con ocasión de la subsanación de la solicitud de pérdida de investidura, el accionante aportó un archivo

multimedia (video) en formato .mp4, denominado «Fragmento declaración Gerente EAAAY.mp4», contenido
en el documento .zip «RECIBEMEMORIALES[…]», índice 26 de SAMAI.
17 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 58 a 80, índice 2 de SAMAI.
18 En la solicitud de pérdida de investidura se citó como fundamento jurisprudencial: Consejo de Estado,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
sentencia de primera instancia de 23 de febrero de 2021, radicado: 11001–03–15–000–2020–00773–00,
MP. Martín Bermúdez Muñoz.
19 Índice 4 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

fundamento en el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018, en concordancia con los
artículos 148 y 149 del Código General del Proceso (CGP)20.

A través de auto de 19 de diciembre de 202321, la consejera que preside la Sala
Once Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado negó la
acumulación. En primer lugar, porque en este trámite no se había admitido la
solicitud de pérdida de investidura y, en segunda medida, porque en el proceso
con radicado 11001–03–15–000–2023–04924–00 fueron decretadas las pruebas
en auto de 2 de noviembre de 2023. Por lo tanto, concluyó que no se reunían los
supuestos previstos en el artículo 16 de la Ley 1881 de 2018 y dispuso devolver
expediente a la Sala Veintidós Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo
de Estado.

2.2. Inadmisión de la solicitud de pérdida de investidura

En auto de 24 de enero de 202422, la solicitud fue inadmitida porque no se
cumplían los requisitos formales exigidos por el literal c) del artículo 5.º de la Ley
1881 de 2018 y los numerales 5.º y 8.º del artículo 162 del CPACA. A su turno y
dentro del término legal concedido, el 29 de enero de 2024, el ciudadano Jaime
Bernal Moreno subsanó las falencias advertidas23.

2.3. Declaratoria del agotamiento de la jurisdicción y admisión de la
solicitud.

A través de auto de 21 de febrero de 202424, el ponente declaró el agotamiento
de la jurisdicción25 en este trámite frente al proceso con radicado 11001–03–15–
000–2023–04924–00, en el que se adelanta un asunto similar en contra del
representante a la Cámara Hugo Alfonso Archila Suárez, al encontrar identidad
en relación con el parlamentario aquí accionado, el objeto pretendido, la causa
petendi y los hechos en los que se fundamentó la configuración de la causal
contenida en el numeral 5.º del artículo 183 de la Constitución Política. Lo
anterior, ante el imperativo constitucional, aplicable a todos los procesos y

20Régimen procesal aplicable de manera subsidiaria por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 1881 de

2018.
21 Índice 13 de SAMAI.
22 Índice 21 de SAMAI.
23 Índice 26 de SAMAI.
24 Índice 29 de SAMAI.
25 Sobre la figura del agotamiento de jurisdicción materia del medio de control de pérdida de investidura, en

el auto en mención se tuvo como fundamento las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de mayo de 2021, radicado 11001–03–15–000–2020–
00773–01, MP. Roberto Augusto Serrato Valdez; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinticuatro Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, providencia de 30 de
octubre de 2019, radicación: 11001–03–15–000–2019–03749–00, MP. Carmelo Perdomo Cuéter y Consejo
de Estado, Sala Veinte Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia
de 15 de febrero de 2023, radicado 11001–03–15–000–2022–06769–00, MP. Roberto Augusto Serrato
Valdez.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

procedimientos, contenido en el artículo 29 constitucional y en atención a la
protección del principio de non bis in idem26.

A su vez, la solicitud presentada por el señor Jaime Bernal Moreno fue admitida
solo por la causal 1.ª del artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia
con el numeral 4.º del artículo 180 ibidem, por cuanto se trata de una causal
distinta de aquella sobre la cual recae el objeto del trámite con radicado 2023-
04924-00. En ese sentido, se explicó que dicha determinación no implicaba
menoscabar el principio constitucional de non bis in idem, toda vez que como lo
ha señalado la Corte Constitucional aquel no se transgrede «(ii) cuando las
investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos»27. En
consecuencia, se ordenó la notificación de lo decidido, por estado, al ciudadano
actor y, personalmente, al representante acusado y al Ministerio Público.

3. El escrito de oposición

El accionado acudió al proceso por conducto de apoderado 28. En cuanto a los
hechos de la solicitud de pérdida de investidura, el defensor señaló que: i) el
accionante debe acreditar sus manifestaciones, por cuanto, no es cierto que el
señor Nelson Javier Suescún Gómez contactó al congresista con la finalidad de
suscribir el contrato 811.14.01.00148.22; ii) en cuanto al video del contratista y
la transcripción contenida de éste, en la denuncia penal de 23 de febrero de 2023,
dijo que «[a]parentemente es cierto, es un hecho notorio, pero que nada tiene
que ver con el proceso»; iii) sobre las manifestaciones, ante medios de
comunicación, del gerente de la EAAAY EICE E.S.P., indicó que: «[n]o es un
hecho, es un relato del parecer del actor […]».

Frente a la relación de amistad o de negocios entre Nelson Javier Suescún
Gómez y el representante a la Cámara, el apoderado sostuvo que «Es una
presunción iuris tantum[29], pues admite prueba en contrario, no por ser de la
misma ciudad, la empresa, su representante legal y Hugo Archila, deben ser
estos amigos entrañables […]». Asimismo, manifestó que el señor Jaime Bernal
Moreno realizó juicios de manera apresurada en contra del congresista, con lo
cual desconoce el derecho a la presunción de inocencia.

26 Expresión latina, cuyo significado es el siguiente:

«[…] Principio jurídico que prohíbe que una persona sea sancionada dos veces por el mismo hecho»,
https://dle.rae.es/non%20bis%20in%20idem
27 Sentencia C-632 de 2011.
28 Índices 36 y 37 de SAMAI.
29 Latinismo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-388 de 2002, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz,

explicó que significa lo siguiente: «[…] 3. Las presunciones legales (presunciones iuris tantum) no son otra
cosa que hechos o situaciones que, en virtud de la ley, deben suponerse como ciertas siempre que se
demuestren determinadas circunstancias previas o hechos antecedentes. [(pp.1) El artículo 66 del CC
establece la existencia de las llamadas presunciones legales y de las presunciones de derecho. Al respecto
puede consultarse, entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 1994 de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia (exp. 4119) con ponencia del Magistrado Carlos Esteban Jaramillo Schools]
[…]».

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Por otra parte, la defensa resumió las características principales del medio de
control de pérdida de investidura. En ese sentido, se indicó que es una acción
pública; que comporta un juicio de naturaleza ética en el que la gravedad de la
sanción que se impone exige que se lleve a cabo con observancia del debido
proceso; sus causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía;
priman los principios pro homine30, indubio pro reo31, legalidad, objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad32.

Finalmente, sobre el caso concreto, el apoderado expuso los requisitos que
deben presentarse de manera concurrente para que se pueda determinar que
existió «conflicto de intereses»33, así como para que se configure la causal de
«tráfico de influencias»34. Y sostuvo que no se incurrió en alguna inhabilidad o
incompatibilidad de los artículos 179 y 180 de la Constitución Política.

4. Auto que decreta pruebas

Mediante providencia de 21 de marzo de 202435, y con fundamento en lo previsto
en el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018, el ponente dictó auto de pruebas dentro
del presente proceso de pérdida de investidura. En ese sentido, i) se decretaron
las aportadas por el señor Jaime Bernal Moreno36, con el valor que les asigna la
ley; ii) de oficio, los testimonios de los señores Jairo Bossuet Pérez Barrera37 y
de Nelson Javier Suescún Gómez38, para que informarán sobre las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la negociación y
celebración del contrato número 811.14.01.00148.22 y iii) se negaron las
solicitudes probatorias del actor por impertinentes, inconducentes e inútiles39.

30 Latinismo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-438 de 2013, MP. Alberto Rojas Ríos, indica que

consiste en lo siguiente: «[…] “El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de
las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella
interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección,
garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel
constitucional” […] [[(pp.29) Sentencia T-171 de 2009]».
31 Latinismo que la Corte Constitucional, en la sentencia C-744 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, señaló

que significa lo siguiente: «[…] el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en
favor del acusado […]».
32 El abogado Hugo Alfonso Archila Suárez, como fundamento jurisprudencial, citó «Sentencia SU-424 DE

2016 […] (C.P. Roberto Augusto Serrato. CE., Sección Primera, Sentencia mayo.10/18.)».
33 La defensa del congresista, como sustento jurisprudencial, citó «Consejo de Estado, [S]ección [P]rimera,

Consejero Ponente: [Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta], en sentencia con radicado número 25000-23-15-
000- 2012-001610-01 de 17 marzo de 2011».
34 El apoderado del representante a la Cámara, como apoyó jurisprudencial, citó «Sentencia No. 11001-03-

15-000-2018-00316-01 de Consejo de Estado del 30 de julio de 2019».
35 Índice 36 de SAMAI. La providencia fue notificada por estado a los sujetos procesales el 1º de abril de

2024, índice 42 de SAMAI. Los oficios de citación a los testigos fueron enviados por la Secretaría General
del Consejo de Estado el 5 de abril de 2024, conforme consta en los índices 45 y 46 de SAMAI.
36 Tales pruebas son las relacionadas en notas a pie de página 6, 10 a 12 y 15 a 17 de esta providencia.
37 Gerente y representante legal de la EAAAY EICE E.S.P., para el momento de la celebración del contrato

de colaboración empresarial para la PTAR de Yopal, identificado con el número 811.14.01.00148.22.
38 Representante legal de INGENICONTEC S.A.S.
39 Estas solicitudes negadas fueron las siguientes: «a) Oficiar a la Dirección Administrativa de la Cámara de

Representantes, con el fin de que expida certificación de las entradas al Congreso de la República durante
los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2022, del señor NELSON JAVIER SUESCÚN GÓMEZ
[…] para reunirse con el representante Hugo Alfonso Archila Suarez […] b) Solicitar al Contralor
Departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina, se sirva allegar al proceso las pruebas de referencia,
audios, videos y demás documentos que se encuentren en su poder y con los cuales soportó las denuncias

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7

Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Asimismo, en el auto en mención, se dispuso que se corriera traslado de las
pruebas aportadas por el término de tres (3) días, para garantizar el derecho de
defensa y contradicción. La diligencia de recepción de testimonios se fijó para el
10 de abril de 2024 a las 9:00 a. m. y se precisó que la audiencia pública, de que
trata el artículo 11 de la Ley 1881 de 2018, sería programada luego de que se
practicaran los testimonios decretados de oficio.

5. La audiencia de recepción de testimonios

El 10 de abril de 2024 a las 09:07 a. m., con la dirección del magistrado
sustanciador y a través de medios digitales40, se llevó a cabo la recepción de los
testimonios decretados de oficio en el auto de pruebas. A la audiencia asistieron:
el apoderado del congresista acusado y el procurador quinto delegado ante el
Consejo de Estado; los señores Jaime Bernal Moreno y Hugo Alfonso Archila
Suárez no se hicieron presentes, pese a que todos los sujetos procesales fueron
notificados de la fecha y hora para la realización de la diligencia por parte de la
Secretaría General de esta Corporación41.

En cuanto a los testigos citados; en primer orden, se verificó la comparecencia
del señor Jairo Bossuet Pérez Barrera; en segundo orden, la asistencia del señor
Nelson Javier Suescún Gómez. Respectivamente, se les puso de presente las
previsiones del artículo 442 del Código Penal y se les recibió sus declaraciones
de acuerdo con las preguntas formuladas; primero, por el consejero ponente;
segundo, por el apoderado del congresista acusado y; tercero, por el procurador
quinto delegado ante el Consejo de Estado. La diligencia terminó a las 10:08 a.
m. de ese día y se ordenó cargar en SAMAI el acta respectiva42

6. Escrito presentado por el accionante y auto que fijó fecha y hora para
realizar la audiencia pública –art. 11 de la Ley 1881 de 2018–

Después de realizada la audiencia de testimonios, la Secretaría General de la
Corporación dio traslado de las pruebas decretadas; en consecuencia, realizó la
fijación en lista el 12 de abril de 202443. El día 17 siguiente44, el accionante
presentó un escrito en el que i) se disculpó por no asistir a la diligencia de
recepción de testimonios, ii) en cuanto a la declaración rendida por el señor
Nelson Javier Suescún Gómez, señaló que aquel manifestó «[…] que fueron tres
(3) las visitas a la oficina del congresista acusado», pese a que, según el «[…]

[…] c) […] solicitar a la Corte Suprema de Justicia el traslado de las pruebas que obren al plenario con
ocasión de la denuncia presentada por el Contralor de Casanare Cipriano Castro Medina el día 23 de febrero
de 2023 […] y las demás que se hayan practicado y puedan ser útiles en el presente proceso».
40 A través de la plataforma lifesizecloud, dispuesta por el Centro de Documentación Judicial del Consejo

Superior de la Judicatura CENDOJ-CSJ. https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/041a98b3-f9c1-423c-
9e87-aa7920c2c3e8?vcpubtoken=7b01e09d-9f41-4ea2-a4d0-eac9e2e34fb4
41 Índice 57 de SAMAI.
42 Índice 57 de SAMAI.
43 En cumplimiento a lo ordenado en el numeral primero del auto de pruebas de 21 de marzo de 2024, índice

58 de SAMAI.
44 Índice 61 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

oficio No. DGA-CS-CV19-6627-2023 de diciembre 27 de 2023, indica que fueron
cinco (5) los ingresos de dicho ciudadano al Congreso» y iii) allegó dos
documentos para que fueran tenidos como pruebas en este asunto.

En auto de 2 de mayo de esta anualidad45, el ponente precisó que el momento
con el que cuenta, en primera instancia, el extremo activo para aportar y solicitar
las pruebas que pretenda hacer valer es junto con la solicitud de pérdida de
investidura, conforme al artículo 5.º de la Ley 1881 de 2018. Por tanto, como en
este asunto las pruebas fueron decretadas y practicadas en decisión de 24 de
marzo de 2024, los medios que el accionante allegó con el escrito de 17 de abril
de 2024 resultaban extemporáneos y, por ende, fueron rechazados. A su vez, se
fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia pública, de manera virtual, el 15
de mayo de 2024 a las 10:00 a. m.

7. La audiencia pública

El 15 de mayo enero de 2021 a las 10:00 a. m., con la presencia de todos los
magistrados que integran esta Sala Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, se llevó a cabo la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la
Ley 1881 de 2018, de manera virtual46. En la diligencia participaron los siguientes
intervinientes47, tal y como a continuación se resume48:

7.1. El apoderado de Hugo Alfonso Archila Suárez reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de oposición y se refirió al testimonio que rindió el señor
Nelson Javier Suescún Gómez, quien manifestó que el video con el cual se
sustentan las denuncias penales del señor contralor departamental del Casanare
había sido fruto de una manipulación y retaliación contra los contratistas del
departamento del Casanare, la Administración municipal de 2022 de Yopal y el
congresista Hugo Archila Suárez. Igualmente, que el mencionado señor precisó
que el representante a la Cámara en ningún momento le solicitó dádivas, ni
prometió algún tipo de gestión o ayuda para él con la Administración municipal ni
para con el entonces gerente de la EAAAY EICE E.S.P.

La defensa indicó que el actor no acreditó que se reúnen las condiciones para
que prospere la declaratoria de pérdida de investidura, pues, si bien Hugo Alfonso

45 Índice 64 de SAMAI.
46 Índice 74 de SAMAI. La diligencia se realizó a través de la plataforma lifesizecloud, dispuesta por el Centro

de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura CENDOJ-CSJ.
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/2a7cefc3-f6d6-483d-ab7e-
3c9733aecddf?vcpubtoken=d2c7cc93-0c31-4b2f-a6f9-ff8c7a7d1204
47 A la audiencia asistieron: el apoderado del congresista acusado y el procurador quinto delegado ante el

Consejo de Estado; los señores Jaime Bernal Moreno y Hugo Alfonso Archila Suárez no se hicieron
presentes, pese a que todos los sujetos procesales fueron notificados de la fecha y hora para la realización
de la diligencia por parte de la Secretaría general de esta Corporación, tal y como consta en los índices 69,
70 y 72 de SAMAI.
48 La audiencia pública finalizó a las 10:25 a. m. del 15 de mayo de 2024, tal y como consta en el acta que

obra en el índice 74 de SAMAI. Asimismo, se precisa que los resúmenes que se exponen corresponden a
lo consignado en el acta mencionada y los escritos que presentaron los intervinientes en la audiencia pública,
índices 71 y 73 de SAMAI, respectivamente, conforme el magistrado sustanciador les permitió, luego de
finalizada la diligencia, de acuerdo con las previsiones del artículo 12 de la Ley 1881 de 2018.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Archila Suárez es pasible de ser sujeto activo del supuesto que consagra la
causal invocada al ser un congresista, lo cierto es que en el plenario no hay algún
medio de convicción o indicio que acredite que aquel gestionó, apoyó o tramitó
de forma alguna para que se hubiera podido concretar el contrato celebrado para
la operación de la PTAR de Yopal para con el señor Nelson Javier Suescún
Gómez49.

Por tanto, el abogado pidió que se negara la pretensión del ciudadano Jaime
Bernal Moreno. Asimismo, alegó que la solicitud de pérdida de investidura es una
retaliación contra el congresista, tan es así que el actor no se ha tomado de forma
seria este trámite por cuanto no aportó pruebas que permitan tener por
configurada la causal ni asistió a ninguna de las diligencias programadas en este
proceso.

7.2. El procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado realizó un
resumen de la solicitud de pérdida de investidura y describió las documentales
decretadas como pruebas en este trámite. A su vez, se refirió a las generalidades
del juicio de pérdida de investidura50, la causal invocada, así como a la
incompatibilidad contenida en el numeral 4.º del artículo 180 de la Constitución
Política51.

En cuanto a los hechos de presunta corrupción del contrato de colaboración
empresarial de 13 de septiembre de 202252, denunciados por el contralor
departamental del Casanare, el delegado del Ministerio Público destacó que, en
la audiencia de testimonios de 10 de abril de 2024, el representante legal de
INGENICONTEC S.A.S., Nelson Javier Suescún Gómez manifestó que se trata
de un montaje que se sustenta en un video falso y fuera de contexto. Asimismo,
que el declarante indicó que, si bien se reunió con el congresista, el acusado no
tuvo injerencia alguna en la celebración del contrato, ni ofreció su gestión para

49 Negocio jurídico celebrado entre la EAAAY EICE E.S.P. e INGENICONTEC S.A.S., número
811.14.01.00148.22.
50 En ese sentido, el Ministerio Público citó las siguientes providencias judiciales: «[…] Consejo de Estado,

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de febrero de 2019, Rad.: 11001-03-15-000-
2018-02417-00(PI). […] SU-516 de 2019. C-319 de 1994, C-247 de 1995, C-037 de 1996, C-280 de 1996,
C-473 de 1997, SU-858 de 2001, C-207 de 2003, C-1062 de 2003, SU-1159 de 2003, […] SU-195 de 2012,
SU-400 de 2012, SU-515 de 2013, SU-501 de 2015 y SU-424 de 2016, SU-399 de 2012, […] C-634 de 2016,
[…] SU712 de 2013, C-507 de 1994, […] SU-264 de 2015. […] SU-1159 de 2003; Consejo de Estado,
sentencia del 8 de marzo de 2018, Rad.: 2017-00474-01 […] Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo […] Sentencia del 21 de agosto de 2012, Rad.: 2011-00254-00(PI). […] Consejo
de Estado, sentencia de 27 de septiembre de 2016, Rad.: 2016-003886-00 […] Consejo de Estado,
sentencia de 22 de octubre de 2019, Rad.: 11001 0315 000 2018 01294 01; sentencia de 25 de mayo de
2017, Rad.: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI); sentencia de 9 de marzo de 2017, Rad.: 76001-23-33-
007-2016-00267-01(PI); sentencia de 11 de junio de 2020, Rad.: 17001-23-33- 000-2018-00611-02;
sentencia de 30 de julio de 2020, Rad.: 25000-23-15-000-2019-00142-01(PI). […] Sentencia del 21 de junio
de 2018, Rad.: 2018-0781-00. Sentencia del 4 de agosto de 2015, Rad.: 2015-00872-00. […] Consejo de
Estado, Rad.: 2010-01161-00 y 2010-01324-00. […] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de
constitucionalidad del 7 de marzo de 1985, expediente 1259 […] Consejo de Estado, sentencia de 11 de
octubre de 2021, rad.: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI)».
51 En ese aspecto el procurador delegado citó apartes de la siguiente providencia judicial: «Consejo de

Estado, sentencia de 11 de febrero de 2020, rad.: 11001-03-15-000-2019-00911-01(PI)».
52 Negocio jurídico celebrado entre la EAAAY EICE E.S.P. e INGENICONTEC S.A.S., número

811.14.01.00148.22.

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obtener o pedir de manera alguna beneficios o ventajas del mencionado negocio
jurídico.

A su vez, sobre el video aportado por el accionante y que fue decretado como
prueba en este trámite53, el Ministerio Público indicó que, para su valoración,
debe tenerse certeza de la persona que lo realizó y de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar. Lo anterior, acorde con el criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado54 y las previsiones del artículo 244 del Código General del
Proceso.

En suma, para el procurador delegado no se logran acreditar los elementos
necesarios para la configuración de la causal invocada. En ese sentido, mencionó
que, si bien «existen unas denuncias y hallazgos» en relación con el contrato de
colaboración empresarial en alianza estratégica que se celebró para la
construcción y operación de la PTAR de Yopal, y cuyo conocimiento corresponde
a la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que las pruebas no permiten tener
por acreditado que Hugo Alfonso Archila Suárez hubiera «[…] contratado o
gestionado contrato, en los términos de la norma citada». Por lo tanto, considera
que no debe decretarse la pérdida de investidura.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de
Estado es competente para conocer, en primera instancia, de la solicitud de
pérdida de la investidura promovida por el ciudadano Jaime Bernal Moreno contra
el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, representante a la Cámara por el
departamento del Casanare, elegido para el período constitucional 2022–2026.
Lo anterior, por, presuntamente, haber incurrido el congresista mencionado en
violación del régimen de incompatibilidades, numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política, en particular, la causal prevista en el artículo 180, numeral
4.º ibidem.

2. Oportunidad del medio de control

El artículo 6.º de la Ley 1881 de 2018 establece que la solicitud de pérdida de
investidura deberá presentarse dentro del término de 5 años, contados a partir
del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador de la causal, so pena de
que opere la caducidad. En el presente asunto, el hecho que se aduce por el

53 Archivo .mp4 «Fragmento de la declaración del gerente de la EAAAY del día 23 de marzo de 2023», índice

26 de SAMAI.
54 El Ministerio Público citó apartes de las siguientes decisiones judiciales: «Consejo de Estado, sentencia

de 14 de julio de 2015, rad.: (SU)110010315000201400105-00. […] Consejo de Estado, sentencia de 20 de
octubre de 2022, rad.: 11001-03-28-000-2022-00115-00 […] Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de
28 de agosto de 2014, Rad. 28.832. Consejo de Estado, sentencia de 28 de junio de 2023, rad.: 76001-23-
31-000-2007-00207-01(55120)».

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actor, esto es, la gestión del congresista con el representante legal de
INGENICONTEC S.A.S data del mes de septiembre del año 2022, momento en
el cual se realizaron las reuniones de la Junta Directiva de la EAAAY EICE E.S.P.
para efectos de establecer las condiciones para la celebración del contrato
811.14.01.00148.22. de la nueva PTAR de Yopal. Lo anterior, según el dicho del
ciudadano, quien manifestó que el congresista «gestionó la adjudicación del
contrato No. 0148.22 de 2022 de la EAAAY para NELSON JAVIER SUESCUN
GOMEZ, por cuanto lo conocía y mantuvo relación con este durante la época de
suscripción del mismo». Por su parte, la solicitud se presentó el 11 de diciembre
de 202355, por lo que, se concluye que la acción pública fue ejercida dentro de la
oportunidad señalada en la ley.

3. Legitimación en la causa y acreditación de la calidad de congresista

3.1. Legitimación en la causa por activa

El ciudadano Jaime Bernal Moreno es titular de esta causa por activa. Lo anterior,
habida cuenta de que se trata de una acción pública que puede ser ejercida por
cualquier ciudadano, de conformidad con la facultad que le otorga el numeral 6.º
del artículo 40 constitucional56, en armonía con el artículo 143 de la Ley 1437 de
201157.

3.2. Legitimación en la causa por pasiva

Se encuentra demostrado en el proceso que el señor Hugo Alfonso Archila
Suárez fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Casanare,
para el periodo 2022–2026, por el Partido Liberal Colombiano, según consta en
la copia del formulario E-28 de 20 de marzo de 2022, expedido por los delegados
del Consejo Nacional Electoral que contiene la respectiva credencial
congresional 58. Por tanto, el acusado resulta legitimado en la causa por pasiva.

4. Problema jurídico

Conforme a los planteamientos expuestos por el solicitante, corresponde a la
Sala determinar si el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, en su condición de
representante a la Cámara por el departamento del Casanare incurrió en la
causal de incompatibilidad prevista en el numeral 4.º del artículo 180 de la

55 Según el acta de reparto contenida en el archivo .png «ED_ACTA[…]» del índice 2 de SAMAI.
56 Artículo 40.- Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder

político. Para hacer efectivo este derecho puede: […] 6º) Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley.
Esta norma debe interpretarse, para el caso, en armonía con lo dispuesto en el artículo 5.º de la Ley 1881
de 2018.
57 Artículo 143.Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de

cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas. […] Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo
Municipal, o de la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de
investidura de diputados, concejales y ediles.
58 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», pág. 16, índice 2 de samai.

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Constitución Política, que en los términos del numeral 1.º del artículo 183 de la
Constitución Política, configuraría la pérdida de su investidura.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se referirá al alcance de la
causal invocada de acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación.
Seguidamente, decidirá el caso concreto.

4.1. Marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura y la
causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política

4.1.1. La institución jurídica de la pérdida de investidura

De manera reiterada la jurisprudencia ha sostenido que la pérdida de investidura
prevista en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política es una acción
pública ciudadana, que tiene por objeto sancionar las conductas que afectan la
dignidad y el decoro de la labor congresual y busca preservar el buen nombre y
la legitimidad del Congreso de la República. Su trámite está asignado a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante un procedimiento previsto,
actualmente, en la Ley 1881 de 2018. En esta línea se ha pronunciado la Corte
Constitucional para destacar la naturaleza, finalidad y consecuencia jurídica de
la sanción como a continuación se expone:

[…] constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que se define con
la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que
castiga la violación al código de conducta que deben observar los congresistas
en razón al valor social y político de la investidura detentada. Una vez aplicada la
sanción, el congresista pierde su calidad de tal y además, queda inhabilitado de
manera permanente para ser congresista. Esta sanción particularmente drástica
se estableció en la Constitución, con fundamento en la altísima dignidad que
supone ser Representante a la Cámara o Senador, a los intereses sociales que
representa en virtud de la confianza depositada por los electores y a la
significación del Congreso dentro del Estado Democrático59.

Así entonces, el juicio de pérdida de investidura es una manifestación del principio
de participación democrática, a través del cual los ciudadanos ejercen un control
político dirigido a preservar la dignidad de la función congresual y la transparencia
en el desempeño de la tarea legislativa. Es un proceso autónomo, de naturaleza
jurisdiccional y de carácter sancionatorio60 en el que se impone un castigo
intemporal que impacta los derechos políticos del sancionado en cuanto implica
la separación inmediata del cargo y una inhabilidad irredimible en el tiempo para
cargos de elección popular, lo que se traduce en la imposibilidad para el

59 Corte Constitucional, sentencia SU- 399 de 31 de mayo de 2012. MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
60 Sobre la naturaleza de esta acción, se pueden consultar, entre otras sentencias, las siguientes:
Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de agosto de 2012, radicación:
11001-03-15-000-2011-00254-00(PI) MP. Hernán Andrade Rincón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de agosto de 2017, radicación: 11001–03–15–000–2016–
01700–00(PI), MP. Milton Chaves García. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia del 3 de abril de 2018, radicación: 11001–03–13–000–2017–00328–00(PI), MP. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de
marzo de 2021, radicación: 11001–03–15–000–2019–04144–01. MP. Oswaldo Giraldo López.

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Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

sancionado de aspirar a ser elegido en el futuro61. En punto a los propósitos
fundamentales de esta figura, esta Corporación ha señalado lo siguiente:

El procedimiento especial a través del cual se impone esta sanción surge como
consecuencia de una acción pública cuya finalidad principal es:

a. Garantizar a los ciudadanos que aquellos a quienes se ha distinguido con esta
investidura, no abusen de su poder aprovechándolo para alcanzar sus fines
personales [62]
b. Procurar por la transparencia absoluta de los miembros de las corporaciones
públicas en relación con sus actuaciones [63] y
c. Proteger la confianza que el electorado ha depositado en sus elegidos […]
porque además sanciona:

i. La falta de posesión en el cargo y

ii. La inasistencia a sesiones plenarias en las que se voten proyectos de ley,
actos legislativos o mociones de censura en número definido por la
Constitución. Esto último como un castigo al llamado “ausentismo
parlamentario”.

Esta acción constituye una ampliación de los mecanismos de participación
democrática,[64] que busca la sujeción del congresista a los límites fijados en el
ordenamiento constitucional, y desterrar prácticas indebidas, depurar conductas
indecorosas, evitar abusos de poder con fines personales, garantizar el interés
público y recuperar el prestigio del órgano legislativo[65].66

Ahora bien, la naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura conlleva un
juicio de responsabilidad subjetiva que impone la observancia de todas las
garantías al debido proceso, de manera que, la sanción sólo puede derivarse de
la conducta dolosa o culposa67 del congresista que incurra en cualquiera de las
causales previstas en los artículos 183 constitucional, 109, modificado por el
artículo 3.º del Acto Legislativo 1 de 200968 y 110 de la Constitución Política69.

61 Constitución Política, art.179.4; Ley 617 de 2000, arts. 30.1, 33.1, 37.1 y 40.1.
62 Cita original «16 […] Corte Constitucional, sentencia C-497 de 1994; Citado en Consejo de Estado, Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de noviembre de 2014, radicación
110010315000201200900-00 (2012-00899 Y 2012-00960 acumulados)».
63 Cita original «17 […] Ramirez Ramirez, Jorge Octavio. P. 26».
64 Cita original «18 Derecho político calificado de fundamental, previsto en el artículo 40 constitucional. Ver

Sentencia SU-1159 de 2003 de la Corte Constitucional».
65 Cita original «19 […] Ramírez Ramírez, Jorge Octavio. P. 26».
66 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de mayo de 2019,

radicación: 11001–03–15–000–2018–03883–01 (PI), MP. William Hernández Gómez.
67 Artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019.
68 Artículo 109. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el

siguiente:> El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos
con personería jurídica, de conformidad con la ley. […] Para las elecciones que se celebren a partir de la
vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las
campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley
reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.
69Artículo 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los

partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que
establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo
o de pérdida de la investidura (destaca la Sala).

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14

Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

4.1.2. La causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183.1
constitucional, acorde con la incompatibilidad del numeral 4.º del artículo
180 de la Carta.

El artículo 183.1 de la Constitución Política, prevé que «Los congresistas
perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses […]». A su turno, el
reglamento del Congreso de la República, contenido en la Ley 5.ª de 1992,
reprodujo el texto normativo del precepto constitucional en los tres primeros
numerales del artículo 29670. Como se observa, el artículo constitucional
mencionado es una norma en blanco o de reenvío toda vez que, para determinar
su contenido y alcance es preciso acudir a otras disposiciones y preceptos que
regulan expresamente los regímenes de inhabilidades, de incompatibilidades y
de conflicto de intereses de los congresistas.

La Sección Quinta de esta Corporación, en sentencia de 18 de mayo de 202371,
reiteró la diferencia existente entre las nociones de inhabilidad e incompatibilidad,
todas ellas relacionadas con la función pública para aquellos eventos de cargos
de elección popular. Lo anterior, lo ha explicado dicha Sección, en los siguientes
términos:

[…]
4. La diferencia entre las inhabilidades e incompatibilidades

86. En el auto que resolvió la medida cautelar del expediente 2022-00157[72], la
Sala hizo la precisión de estas figuras:

Esta Sección en un pronunciamiento reciente señaló que una incompatibilidad, se
refiere a “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho,
se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer simultáneamente las
competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros
cargos o empleos. Su objetivo es evitar una indebida acumulación de funciones o la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en concreto buscan que no se
afecte la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien
ejerce la autoridad”[73].

Así, cuando un designado o electo incurre en “actuaciones o ejecuta funciones
prohibidas durante el ejercicio de la labor trasladada no le sigue el efecto de la nulidad
de su designación; sino que las consecuencias serían de orden disciplinario como
consecuencia de la vulneración del régimen de incompatibilidades” [74].

Por su parte, las inhabilidades son “aquellas circunstancias previstas en la Constitución
o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, designada para

70 Artículo 296. Causales. La pérdida de la investidura se produce: […] 1. Por violación del régimen de

inhabilidades. […] 2. Por violación del régimen de incompatibilidades. […] 3. Por violación al régimen de
conflicto de intereses. […].
71 Radicación 11001–03–28–000–2022–00157–00 [acumulados], MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
72 Cita original de la providencia: «Auto del 15 de septiembre del 2022, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio».
73 Cita original de la providencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Rad. 11001-03-28- 000-2022-00047-00. M.P. Rocío Araújo Oñate. Providencia del 16 de junio de
2022».
74 Cita original de la providencia: «43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Rad. 11001-03-28- 000-2022-00123-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Auto de 14 de julio de
2022».

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la persona que ya viene
vinculada a la función pública continúe en ella. Su objetivo es lograr la moralización,
idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos, esto es, que posean ciertas cualidades o condiciones
que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad,
eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio” [75].

[…] cuando se reclama la ocurrencia de una incompatibilidad como causal de nulidad
electoral esta “no genera la nulidad de un acto electoral, pues a diferencia de las
inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo, las
incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el
nombramiento o la posesión”[76] (Negrilla del texto original).

87. Así, es claro que las incompatibilidades son circunstancias que deben
ventilarse en otros escenarios, como por ejemplo el disciplinario, pero no pueden
ser estudiadas en el medio de control electoral, pues la causal de nulidad del
artículo 275.5 hace referencia a que los actos electorales pueden ser demandados,
cuando se elijan o se nombren personas que “se hallen incursas en causales de
inhabilidad”[…].

Bajo ese marco normativo y jurisprudencial, se tiene que los congresistas pueden
perder su investidura por la violación o el desconocimiento del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses; en el primer caso,
se sanciona la configuración de un hecho previo a la elección que impedía a la
persona acceder al empleo público; en el segundo, se reprocha una circunstancia
sobreviniente, cuando la persona ya desempeña el cargo que le impedía
permanecer vinculado a la corporación respectiva y, finalmente, el conflicto de
intereses censura la concurrencia antagónica entre el interés particular y el
interés público que afecta la decisión a tomar.

De acuerdo con lo anterior, las incompatibilidades persiguen que el congresista
no emplee su poder sobre las otras ramas del poder público y sobre la comunidad
en general para obtener privilegios o favorecimientos. En este proceso, el
solicitante indicó que la incompatibilidad en la que estaría incurso el Congresista
demandado es la contenida en el numeral 4.º del artículo 180 constitucional,
según la cual los congresistas no podrán «[…] Celebrar contratos o realizar
gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren,
manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban
donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se
ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones».

Resulta importante señalar los elementos estructurantes de la causal antes
trascrita. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 11 de
febrero de 202077, indicó los siguientes:

75 Cita original de la providencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Rad. 63001-23-31- 000-2004-00052-01(3528). Sentencia 21 de abril de 2005. Reiterado en
Radicado 63001-23-33- 000-2015-00336-01. Sentencia 01 de diciembre de 2016».
76 Cita original de la providencia: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta. Rad. 63001-23-31- 000-2004-00052-01(3528). Sentencia 21 de abril de 2005. Reiterado en
Radicado 63001-23-33- 000-2015-00336-01. Sentencia 01 de diciembre de 2016».
77 Radicado 11001–03–15–000–2019–00911–01, MP. María Adriana Marín.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

[…] La incompatibilidad del numeral 4 del artículo 180 de la Constitución Política
contiene dos verbos rectores: la celebración y/o la gestión de contratos.

El sujeto activo de la conducta es el congresista, mientras que el sujeto pasivo de
la causal es cualquier persona natural o jurídica de derecho privado.

Igualmente, es necesario constatar que el sujeto pasivo (i) administre, maneje o
invierta en fondos públicos o (ii) sea contratista del Estado o (iii) que reciba o haya
recibido donaciones de este. En otros términos, el sujeto pasivo de la
incompatibilidad es cualificado.

Esta Sala ha sostenido que el propósito de esta incompatibilidad es evitar que el
congresista ejecute actividades simultáneas con el desempeño de su función
legislativa, para impedir que se beneficie indebidamente de su investidura:

Sobre el particular, cabe anotar, que la disposición [se refiere al numeral 4 del artículo
180 C.P.] propende porque la persona que ha sido investida de la calidad de
congresista, se abstenga de realizar ciertas actividades simultáneas con el desempeño
de su función; la prohibición impide la coexistencia de dos actividades en procura de
evitar un daño al interés público, irrogado por la indebida influencia de la investidura
para fines personales (…). Hechas las precisiones anteriores, debe establecerse si
efectivamente la Congresista acusada celebró el contrato de prestación de servicios
endilgado y que constituye el único sustento en el que apoya su pretensión el actor (…).
Bajo la premisa fundamental de que [el] contrato[,] como el señalado por el acusador,
es esencialmente consensual, bien podía acreditarse su existencia a través de cualquier
medio probatorio idóneo, pues el acuerdo negocial podía plasmarse por escrito o
acordarse en forma verbal[78].[…]

En cuanto al escenario en el cual la imputación que se formula se encuentra
dirigida a que la configuración de la incompatibilidad que se le endilga al
congresista es porque ha realizado gestiones con un contratista del Estado —
segundo verbo rector que contiene el numeral 4º del artículo 180 de la
Constitución Política—, como se alegó que ocurre en esta oportunidad, la Sala
Séptima de Decisión Especial de Pérdida de Investidura, en sentencia de 23 de
febrero de 202179, explicó lo siguiente:

G.- La violación de la prohibición de realizar gestiones con un contratista del
Estado

16.- La precisión de las distintas conductas que comprende la causal permite
entender que la conducta <<realizar gestiones con personas naturales o jurídicas
de derecho privado que sean contratistas del Estado>> no vincula la gestión que
realice el congresista con la celebración de un contrato estatal. La conducta se
tipifica cuando el congresista, obrando por fuera de sus funciones o dentro de su
ámbito privado (porque hablamos de una incompatibilidad, que implica realizar al
mismo tiempo las funciones públicas de su cargo y otras que no corresponden al
mismo), realiza cualquier tipo de gestión con una persona que tenga la condición
de contratista del Estado. El congresista realiza gestiones con un contratista del
Estado cuando interviene o participa en las actividades que el contratista desarrolla
en tal condición: no solo cuando interviene en la celebración del contrato o en la
etapa que la precede.

78 Cita original de la providencia «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia

del 9 de diciembre de 1999, exp. AC-8806, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo».
79 Radicado 11001–03–15–000–2020–00773–00, MP. Martín Bermúdez Muñoz.

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Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

17.- Sobre la configuración de esta causal de incompatibilidad se indicó en la
Asamblea Constituyente:

<<(…) 2.3.1. El congresista no puede celebrar contrato con personas de derecho público
del orden nacional. departamental o municipal, centralizado o descentralizado. Tampoco
hacer gestiones ante dichas personas para terceros ni en su propio interés, salvo
los casos en los que le sea forzoso actuar por llamamiento de la misma ley o por
ser él mismo, o sus hijos menores sobre quienes ejerza la patria potestad, sujetos
pasivos de actuaciones del Estado frente a las cuales les asiste el legítimo derecho
de respuesta o para proveerse de los bienes o servicios que suministra u ofrece el
Estado a cualquier ciudadano en Igualdad de condiciones. Para estos casos sería
preciso aclarar que el congresista está obligado a someterse al procedimiento
reglado y respetar las prioridades que puedan corresponderle a terceros.>>

2.3.2. La prohibición anterior debe extenderse a la realización de contratos con y la
gestión ante personas de derecho privado que manejen fondos públicos. tales
como, por ejemplo, contratistas del Estado, fundaciones o instituciones que reciben
ayuda monetaria de presupuestos oficiales, administradores fiduciarios en contrato con
cualquiera de las personas de derecho público (…)>> 80

18.- Las gestiones realizadas por un congresista con un contratista del Estado
pueden ser indicadoras de una actuación irregular, indebida o ilícita del congresista
en relación con el contrato estatal en cualquiera de sus etapas (selección,
celebración, ejecución, liquidación). La norma prohíbe literalmente <<realizar
gestiones con un contratista>>, por lo que no hay lugar a demostrar ninguna
circunstancia adicional para tener por demostrada la causal de pérdida de
investidura que se estructura por la violación de tal prohibición.

19.- Lo que prohíbe la incompatibilidad consagrada en el numeral 4º del artículo
180 de la C.P., con el propósito muy preciso de evitar que se confunda el
interés privado o particular del congresista con el interés público que debe
rodear el ejercicio [de] su función como parlamentario e impedir que el
congresista pueda incurrir en conductas irregulares en relación con un
contrato estatal, es que el congresista realice gestiones con un contratista del
Estado; la norma no exige que se demuestre que tales gestiones fueron hechas
en interés propio o de un tercero, o que formaban parte de una actuación dirigida
a lograr la adjudicación de un contrato o a obtener un provecho ilícito de su
celebración. La norma, en síntesis, le prohíbe tajantemente al congresista realizar
cualquier <<gestión con un contratista del Estado>> y solo exceptúa de tal
prohibición la realización de aquellas gestiones que cualquier ciudadano puede
hacer para adquirir el bien o servicio que presta el contratista, a las que se hará
referencia más adelante.

20.- Podría señalarse que la Constitución presume de derecho que cualquier
gestión de un congresista (por fuera de las funciones de su cargo) con un
contratista del Estado que esté vinculada al contrato o que se realice con ocasión
del mismo, corresponde a una actuación ilícita y, por tal razón, le prohíbe
terminantemente realizarla y establece que violar esta prohibición constituye
causal de pérdida de investidura. En cualquier caso, ese es el contenido de la
prohibición y de la sanción que literalmente prevé la disposición anteriormente
citada. La norma le prohíbe al congresista realizar gestiones con los contratistas
del Estado y castiga la violación de tal prohibición con la pérdida de la investidura.

[…] La conducta prohibida en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral
cuarto del artículo 180 de la C.P. y cuya redacción es distinta a la inhabilidad
consagrada en el numeral 3º del artículo 179 de la C.P., es simplemente la

80 Cita original de la providencia «Gaceta Constitucional No. 51, pág. 27».

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

realización de gestiones con un contratista del Estado; la incompatibilidad no se
refiere a la <<gestión de negocios>>, ni a la realización de gestiones dirigidas a la
<<celebración de un contrato>>.

La incompatibilidad de marras tiene un espectro más amplio al incluir la realización
de gestiones -ya no solo contractuales- con las personas enunciadas en la norma,
dentro de las que se incluyen quienes ya fungen como contratistas del Estado. Lo
anterior, evidencia que dentro de la cronología de las actividades proscritas para
el contratista es indistinto que el contrato esté celebrado o no o que incluso se trate
de situaciones posteriores a la celebración del contrato, en tanto que la parte
pasiva de la causal, entre otras, puede ser un contratista del Estado, o quien ya
celebró acuerdo con el Estado.

[…]
I.- La no configuración de la excepción relativa a la <<adquisición de bienes
o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones>>

26.- La prohibición de realizar gestiones con un contratista del Estado no aplica en
los casos en los que el congresista las hace <<en desarrollo de sus funciones>>
como, por ejemplo, cuando le solicita un informe que requiere para realizar un
debate. Aplica cuando las gestiones las hace en el ámbito de su vida privada pues
-se itera- estamos ante una incompatibilidad que prohíbe el desarrollo simultáneo
de dos actividades.

27.- De otra parte y obrando como particular, el congresista puede, en relación con
un contratista del Estado, adquirir bienes o servicios que se ofrecen a los
ciudadanos en igualdad de condiciones. Lo hace, por ejemplo, cuando frente al
concesionario de un Servicio Público, realiza gestiones como cualquier ciudadano
(adquirir el servicio, formular reclamaciones etc.) La prohibición no comprende este
tipo de gestiones y en la Asamblea Nacional Constituyente solo se recordó -de
acuerdo con la transcripción hecha antes- que en estos casos no debe prevalerse
de su condición de congresista sino que debe obrar como cualquier ciudadano.[…]

La anterior decisión fue confirmada por la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia de 25 de mayo de 202181. En esa oportunidad, el pleno de esta
Corporación, además, precisó lo siguiente:

[…] con base en la interpretación de la incompatibilidad prevista en el artículo 180
numeral 4° de la Carta Política, realizada en la sentencia de 23 de febrero de 2021,
puede deducirse del sentido natural y obvio del término gestión82, siguiendo para
el efecto el artículo 28 del Código Civil83, que de acuerdo con el diccionario de la
lengua española, significa «[…] 1. f. Acción y efecto de gestionar. […] 2. f. Acción
y efecto de administrar» y gestionar84 «[…] 1. tr. Llevar adelante una iniciativa o un
proyecto. […] 2. tr. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento
de una empresa, actividad económica u organismo […] 3. tr. Manejar o conducir
una situación problemática», sin que, para el efecto, se reitera, se deban aplicar el
precedente relativo a prohibiciones de distinta naturaleza y con un contenido
normativo distinto.

81 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 25 de mayo de 2021, MP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, radicado 11001–03–15–000–2020–00773–01.
82 https://dle.rae.es/gesti%C3%B3n
83 «ARTICULO 28. <SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS>. Las palabras de la ley se entenderán en su

sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya
definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal»
84 https://dle.rae.es/gestionar.

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Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Para la Sala, entonces, acogiendo lo expuesto en la sentencia de primera
instancia, el realizar gestiones, en el contexto de la incompatibilidad consagrada
en el artículo 180 numeral 4° de la Carta Política, implica el desarrollo de
actuaciones que permitan desarrollar una iniciativa o un proyecto con un contratista
del Estado, lo que entraña la realización de actividades efectivas, concretas y
reales en dicho propósito […]

Acogiendo lo expuesto, para la Sala, en el contexto de la incompatibilidad prevista
en el artículo 180 numeral 4.º de la Carta Política, la prohibición de realizar
gestiones procura por evitar un daño al interés público, irrogado por la indebida
influencia de la investidura para fines personales, es decir, el constituyente
instituyó esta causal de pérdida de investidura con la finalidad de castigar el
incumplimiento de las obligaciones congresuales, que por disposición de los
artículos 2.º, 123 y 133 superiores, les compete a quienes ostentan esta dignidad.

4.2. El caso concreto

La Sala Veintidós Especial de Decisión debe establecer si el señor Hugo
Alfonso Archila Suárez incurrió en la causal de pérdida de su investidura, en los
términos del numeral 1.º del artículo 183 de la Constitución Política, en
concordancia con el numeral 4.º del artículo 180 ibidem, como lo alega el
solicitante.

4.2.1 Análisis de los presupuestos objetivos de la causal de pérdida de
investidura en el caso concreto

A partir del cargo formulado por el ciudadano actor, el contenido del numeral 4.º
del artículo 180 superior y el marco jurisprudencial expuesto en precedencia, los
elementos estructurantes de la causal de pérdida de investidura se resumen en
los siguientes:

1. Que la persona respecto de la cual se indica que realizó gestiones, tenga
la calidad de Congresista;

2. Que la persona respecto de la cual se indica que el congresista realizó la
gestión, sea natural o jurídica y que administre fondos públicos, es
contratista del Estado o recibe donaciones del Estado y;

3. La conducta reprochable: la materialización del verbo rector «realizar
gestiones», entendido como «actuaciones que permitan desarrollar una
iniciativa o un proyecto con un contratista del Estado, lo que entraña la
realización de actividades efectivas, concretas y reales en dicho propósito».

El primer presupuesto objetivo de la causal, esto es, la calidad de congresista del
señor Hugo Alfonso Archila Suarez, la Sala lo encuentra acreditado con las
siguientes pruebas decretadas en el plenario:

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➢ Formulario E–28 de 20 de marzo de 2022, a través del cual los miembros
de la Comisión Escrutadora General del Consejo Nacional Electoral
declararon la elección y expidieron la credencial como representante a la
Cámara, por el departamento de Casanare, al señor Hugo Alfonso Archila
Suárez, por el Partido Liberal Colombiano, para el periodo constitucional
2022 al 202685.

➢ Acta núm. 1.º de la sesión ordinaria de 2 de agosto de 2022 de la
Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, que da cuenta de que el señor Hugo Alfonso Archila
Suárez pertenece a esa célula legislativa86.

El segundo presupuesto objetivo de la causal se predica de la sociedad Ingeniería
y Construcciones Técnicas S.A.S. (INGENICONTEC S.A.S.), persona jurídica
representada legalmente por el señor Nelson Javier Suescún Gómez. A partir de
las pruebas aportadas por el actor y que fueron decretadas en este proceso, la
Sala lo encuentra demostrado, pues dicha sociedad es contratista del Estado, tal
y como dan cuenta el Contrato de Colaboración Empresarial en Alianza
Estratégica, identificado con el número 811.14.01.00148.22, fechado el 13 de
septiembre de 2022, suscrito por la EAAAY EICE E.S.P. y la sociedad
INGENICONTEC S.A.S., junto con la diligencia de reconocimiento de firmas de
sus representantes legales87 y del contenido del documento privado, extendida
ante la Notaría Primera del Círculo de Yopal88.

Sin embargo, el tercer presupuesto objetivo de la causal, es decir, la conducta de
«gestionar con un contratista», no se encuentra acreditada en el presente asunto.
Al respecto, la Sala relacionará las pruebas documentales aportadas por el actor
con el fin de demostrar la conducta del congresista acusado, así como las
testimoniales decretadas de oficio en este trámite, junto con la valoración de la
Sala, de la siguiente manera:

➢ Actas de sesiones ordinarias de la Junta Directiva de la EAAAY EICE
E.S.P. de 1.º y 12 de septiembre de 2022, núm. 8.2022 y 9.2022, junto con
los registros de asistencia de los funcionarios de la alcaldía de Yopal,
respectivamente. Entre otros temas, en esas sesiones se presentaron,
estudiaron y aprobaron las minutas para la suscripción de los contratos de
los proyectos estratégicos para la «[…] CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO,
APROVECHAMIENTO, Y MANEJO INTEGRAL E INDUSTRIAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, EN EL RELLENO EL
CASCAJAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL […] [y para la] TRANSFERENCIA

85 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», pág. 16, índice 2 de SAMAI.
86 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 2 a 15, índice 2 de SAMAI.
87 En ese momento, la EICE se encontraba representada legalmente por el gerente, Dr. Jairo Bossuet Pérez

Barrera. A su turno, la sociedad por acciones simplificadas en mención se encuentra representada por el
Ing. Nelson Javier Suescún Gómez.
88 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 17 a 33, índice 2 de SAMAI.

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TECNOLÓGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN
QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEÑO DE PLAN
MAESTREO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE […]»89.

Las mencionadas actas dan cuenta de que funcionarios del Gobierno municipal
de Yopal y de la empresa pública EAAAY emitieron conceptos de viabilidad,
técnicos, presupuestales y jurídicos sobre las propuestas a ellos presentadas, se
establecieron los parámetros y modelos contractuales a celebrar para construir
la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR en el municipio de Yopal
(Casanare). Sin embargo, en dichos documentos no se menciona ni se evidencia
alguna actuación por parte del representante Hugo Alfonso Archila Suárez.

➢ Contrato de Colaboración Empresarial en Alianza Estratégica,
identificado con el número 811.14.01.00148.22, fechado el 13 de
septiembre de 2022, suscrito por la EAAAY EICE E.S.P. y la sociedad
INGENICONTEC S.A.S., con el siguiente objeto: «TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN
QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEÑO DE PLAN
MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE»90.

El mencionado contrato da cuenta de la expresión de voluntad de los sujetos
contractuales, esto es, la empresa pública de la EAAAY e INGENICONTEC
S.A.S. a efectos de celebrar el contrato con el objeto especifico de obtener la
tecnología requerida para la planta de tratamiento en el municipio. Sin embargo,
en dicha prueba no se menciona ni se evidencia alguna actuación por parte del
acusado.

➢ Auto de 27 de octubre de 2022, dictado en el medio de control para la
protección de los derechos e intereses colectivos, identificado con el
radicado 85001–33–33–003–2022–00211–00. En la providencia, el
Juzgado Tercero Administrativo de Yopal decretó la medida cautelar de
urgencia consistente en la suspensión del trámite de legalización,
perfeccionamiento y ejecución del Contrato de Colaboración Empresarial,
número 811.14.01.00148.22, fechado el 13 de septiembre de 2022, suscrito
por la EAAAY EICE E.S.P. y la sociedad INGENICONTEC S.A.S.91.

La decisión judicial citada contiene las razones de la autoridad judicial, en relación
con el contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica Núm.
811.14.01.00148.22, en donde se decretó la medida cautelar de urgencia de

89 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 56 a 80, índice 2 de SAMAI.
90 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 17 a 33, índice 2 de SAMAI.
91 Archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 17 a 33, índice 2 de SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

suspensión de su ejecución, pero allí no se evidencia conducta alguna que se
atribuya al congresista consistente en actos de gestión con el contratista.

➢ Denuncia penal, radicada el 23 de febrero de 2023 por el contralor
departamental de Casanare, Cipriano Castro Medina, en contra de Luis
Eduardo Castro (alcalde de Yopal), Hugo Alfonso Archila Suárez
(representante a la Cámara por el departamento de Casanare), Jairo
Bossuet Pérez Barrera (gerente de la EAAAY EICE E.S.P. y Manolo Pérez
(exdirector de la Oficina Jurídica de la EAAAY EICE E.S.P.), por la posible
comisión del delito de cohecho en la celebración del Contrato de
Colaboración Empresarial, número 811.14.01.00148.22, fechado el 13 de
septiembre de 2022, suscrito por la EAAAY EICE E.S.P. y la sociedad
INGENICONTEC S.A.S.92.

En el documento se alega que los denunciados pudieron incurrir en los delitos de
cohecho o peculado, toda vez que en un video que le fue entregado al contralor
departamental de Casanare, aparecería el contratista Nelson Javier Suescún
Gómez, representante legal de INGENICONTEC S.A.S., quien expresa que con
ocasión de la celebración y ejecución del contrato 811.14.01.00148.22 del 13 de
septiembre de 2022, debe pagarles a los demás denunciados comisiones o
coimas. Igualmente, el contralor adujo que existió una indebida celebración de
contratos, concierto para delinquir y tráfico de influencias, para perjudicar los
intereses de la EAAAY.

En el escrito de oposición a la solicitud de pérdida de investidura, el apoderado
del congresista acusado sostuvo que lo anterior «[a]parentemente es cierto, es
decir, es un hecho notorio […]»”. Sin embargo, tal manifestación no puede
considerarse como una confesión por parte del apoderado judicial, pues, a partir
del contexto frente al cual se refiere el abogado del congresista, es a la existencia
de la denuncia y no a la veracidad del supuesto ofrecimiento que se le habría
hecho al congresista.

Clarificado lo anterior, la Sala estima que, si bien en la denuncia se menciona al
aquí acusado, dicho medio contiene la hipótesis que busca demostrar el contralor
departamental de Casanare ante la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría
General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
la Contraloría General de la República. Sin embargo, la denuncia no lleva a la
certeza de que el congresista, Hugo Alfonso Archila Suárez, realizó los hechos
que allí se le endilgan o gestión alguna con el representante legal de
INGENICONTEC S.A.S., pues es un supuesto que no se ha acreditado, esto es,
no está demostrado que el congresista haya tenido una participación directa en
las irregularidades mencionadas, pues, para llegar a tal afirmación, ésta debe

92 Radicado SGD. 6110047382, en la que se indica que se dirige con copia a la Corte Suprema de Justicia,

la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
Contraloría General de la República, archivo .pdf «ED_ANEXOS […]273[…]», págs. 49 a 54, índice 2 de
SAMAI.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

someterse al procedimiento legal que garantice el derecho a la defensa y el
principio de contradicción ante las autoridades a las que fueron formuladas tales
irregularidades.

➢ Video del entonces gerente de la EAAAY EICE E.S.P., Jairo Bossuet
Pérez Barrera, ante medios de comunicación [no se identifican cuáles
medios de comunicación ni su fecha93]. En este medio, el funcionario
responde frente a la pregunta «detalles sobre el montaje que se hizo con el
video», en el que se sustentó la denuncia penal del contralor departamental
de Casanare, de la siguiente manera:

[…] el señor Cortés[94], con la amistad que tenía con el señor Hugo Archila,
logra un contacto, porque, además, fue el jefe de campaña de Hugo Archila,
logra un contacto con la persona que formuló la propuesta acá, y logra una
entrevista, en principio, en la ciudad de Bogotá y, luego, acá en Yopal. En
Yopal, lleva el señor Cortés, el señor Juan José y el señor Camilo llevan,
engañosamente, al contratista, que eso lo deberá deponer el contratista ante
la Fiscalía, lo llevan a las instalaciones de la avenida marginal, donde
funciona su empresa, y allá le tenían listo todo para formularle un
cuestionario, un interrogatorio y hacerlo incurrir en errores. Esa prueba la
traigo a colación, porque ese señor Suescún y esos señores tienen que
concurrir a la Fiscalía a aclarar cómo fue qué grabaron ese video, en qué
forma lo grabaron, para qué lo grabaron y por qué lo hicieron con
posterioridad, con mucha posterioridad, a la firma del contrato, si el contrato
se había firmado en septiembre y el video fue filmado, aproximadamente, a
finales de octubre»95.

Sobre el valor probatorio de los reportajes, noticias, fotografías, y otros elementos
divulgados en medios de comunicación en procesos judiciales o administrativos,
la Sala Plena de esta Corporación96 aplica la regla de que solo tienen valor
probatorio si están acompañadas de otras pruebas que permitan corroborar los
hechos alegados, pues, de manera aislada, estas publicaciones solo prueban
que un hecho fue registrado, pero no acreditan la veracidad del contenido
expuesto. Sin embargo, existen dos excepciones a esta regla:

1. Hechos públicos o notorios: Estos no requieren prueba, pues ya son
conocidos por la comunidad en general. En este caso, los registros
noticiosos simplemente confirman la existencia de estos hechos.

2. Declaraciones de servidores públicos: Cuando los medios reproducen
manifestaciones de autoridades del Estado (congresistas, presidentes,
ministros, etc.), estas declaraciones se valorarán como documentos que

93 El actor indicó que la rueda de prensa data del día 23 de marzo de 2023.
94 Con el fin de otorgar contexto al lector de esta providencia, el nombre completo del mencionado señor es:

York Lehman Cortés Peña electo diputado del departamento de Casanare, para el periodo 2020-2023.
95 Archivo multimedia (video) en formato .mp4, denominado «Fragmento declaración Gerente EAAAY.mp4»,

contenido en el documento .zip «RECIBEMEMORIALES[…]», índice 26 de SAMAI.
96 Sentencia de 14 de julio de 2015, radicado 111001-03-15-000-2014-00105-00, MP. Alberto Yepes

Barreiro, reiterada en sentencias de 1º marzo de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-01462-00, MP.
Guillermo Vargas Ayala y de 22 de marzo de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-04791-00, MP. José
Roberto Sáchica Méndez.

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

acreditan su contenido, a menos que se desvirtúen en el proceso.

Estas excepciones, inspiradas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos97, permiten que ciertas declaraciones o hechos registrados
en medios de comunicación puedan ser considerados como prueba,
dependiendo de su naturaleza y del contexto en el que se presenten. Así, las
declaraciones públicas de funcionarios del Estado, por ejemplo, tendrán mayor
peso probatorio y deberán ser desvirtuadas.

De acuerdo con lo anterior, el extracto del video de la declaración ante medios
del gerente de la EAAAY, aportado por el accionante, recoge un aparte de las
manifestaciones públicas de un servidor público98, por ende, debe ser valorado
como prueba documental de acuerdo con las excepciones señaladas. Sin
embargo, la Sala observa que en dicho documento, el gerente de la EAAAY se
refiere al contacto que logró el señor York Lehman Cortés Peña con el contratista
Suescun Gómez, esté último bajo engaños del primero, por ende, si bien se
menciona una posible relación de amistad entre el congresista aquí acusado y el
señor Cortés99, el gerente se refiere a una acción que no deviene del
representante Hugo Alfonso Archila Suárez, por lo que no demuestra que el
convocado realizara gestión frente al representante legal de INGENICONTEC
S.A.S.

➢ Oficio de respuesta, DGA-CS-CV19-6627-2023 de 27 de diciembre de
2023, emitido por la directora general administrativa del Senado de la
República, en el cual se relacionan los ingresos y salidas a nombre del
señor Nelson Javier Suescún Gómez, durante los meses de julio a octubre
de 2022, según los datos del Centro Integrado de Control, dependencia
encargada del sistema y software de accesos del Congreso de la
República de la siguiente manera:100.

97 Corte Interamerica de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr.

146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro Vs.
Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs.
Estado Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de
Santo Domingo Vs. Colombia.
98 Sobre el particular consultar: Consejo de Estado Sección Quinta «[…] la Sala concluye que, de

conformidad con la remisión contenida en los artículos 19, ordinal 15, y 32 de la Ley 142 de 1994, con lo
señalado en el artículo 440 del Código de Comercio y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5,
ordinal 2, letra a) de la Ley 909 de 2004, los representantes legales de las empresas oficiales de servicios
públicos: i) son servidores públicos de libre nombramiento y remoción sometidos a los principios rectores de
la función pública y a los regímenes de responsabilidad, inhabilidades e incompatibilidades correspondientes
a los servidores públicos; ii) su nombramiento corresponde a las juntas directivas de tales empresas; iii)
dicha designación debe realizarse para un periodo determinado, iv) sin perjuicio de la posibilidad de que
dichas juntas puedan removerlos en cualquier tiempo. Adicionalmente, v) estos cuerpos colegiados tienen
la posibilidad de reelegir en el cargo a quien lo viene desempeñando, vi) así como de encomendar la elección
del representante legal de la empresa a su asamblea general de accionistas». Sentencia de 8 de abril de
2022. Radicado 54001-23-33-000-2020-00520-03, MP. Pedro pable Vanegas Gil.
99 Ver pie de página 94.
100 Archivo .pdf «19_MemorialWeb_Anexos[…]», págs. 2 a 4, índice 18 de SAMAI.

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Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Frente al mencionado escrito, se trata de un documento meramente descriptivo
e informativo que no evidencia hecho alguno que configure la tantas veces
referida por el actor, gestión del representante a la Cámara, Hugo Alfonso Archila
Suárez con el representante legal de INGENICONTEC S.A.S. —contratista del
Estado—.

En este punto, y bajo un análisis conjunto de los elementos de prueba, resultan
relevantes los testimonios que se recibieron en el presente trámite judicial y en
las que los representantes legales de las personas jurídicas, que celebraron el
Contrato de Colaboración Empresarial, número 811.14.01.00148.22, fechado el
13 de septiembre de 2022, suscrito por la EAAAY EICE E.S.P. y la sociedad
INGENICONTEC S.A.S, rindieron en este proceso de la siguiente forma:

Testimoniales:

[…]
2.1. Jairo Bossuet Pérez Barrera
[…]

Magistrado: ¿Usted conoce al señor representante a la Cámara, Hugo Alfonso
Archila Suárez? Contestó: «Sí señor, yo conocí al doctor Hugo Archila en razón a
que me desempeñaba […] como profesional universitario en el Despacho del
alcalde de la ciudad de Yopal para el año 2022, y él [Archila Suárez] ingresó como
secretario de Gobierno […] ahí lo conocí, en ejercicio de nuestras funciones, él
como secretario y yo como asesor del alcalde […]».

Magistrado: ¿Sabe o conoce de unos hechos relacionados con la denuncia que
hiciera el contralor departamental de Casanare, el 23 de enero de 2023,
relacionada con la celebración de un contrato con la sociedad INGENICONTEC
S.A.S, cuyo representante es el señor Nelson Javier Suescún Gómez, en donde
se señala que en ese contrato se presentaron actos de corrupción y, como
consecuencia de ello, se formularon denuncias ante la Fiscalía General de la
Nación y demás autoridades? Contestó: «[…] yo conocí de ese asunto, en razón
a que me desempeñaba como gerente de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de la ciudad de Yopal […] circularon por redes sociales pues un
video que, supuestamente, el señor Suescún hablaba de unas situaciones
irregulares. Ante estos hechos, y puesto que yo había suscrito el contrato […]
formulé una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación […] en donde
daba cuenta de todos estos hechos y denuncié a las personas que consideré
habían cometido una serie de delitos al hacer esa publicación o haber sacado ese
documento y haber hecho una serie de imputaciones en contra mía, en contra del
señor alcalde, de miembros de la Junta Directiva y en contra de una serie de
personas que son enunciadas en esa supuesta grabación o en esa supuesta
filmación». A su vez, el declarante manifestó «denuncié al señor contralor
departamental por haber hecho público ese video y por haber actuado de esa
forma, por cuanto esa fue una prueba ilícita que surgió a raíz de una “vendetta”,
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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
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[…] entre contratistas que estaban interesados en desarrollar un proyecto en la
ciudad de Yopal, referente a la planta de tratamiento de aguas residuales. Ese
documento se encuentra desde la época en que fue conocido el video, […] que fue
publicado por los medios […] esa denuncia fue formulada ante la Fiscalía General
de la Nación. […] no sé cuál ha sido la evolución de la investigación por cuanto ya
fui separado del cargo de gerente […]».

Magistrado: En la solicitud de pérdida de investidura se dice que el señor Nelson
Javier Suescún Gómez, representante legal de la sociedad INGENICONTEC
S.A.S, contactó al congresista, señor Hugo Alfonso Archila Suárez, dada la
cercanía que tenía con la administración municipal de Yopal, por haber sido
secretario de Gobierno de ese municipio, para gestionar la celebración de un
contrato para construir y operar la nueva planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR en esa ciudad, ¿qué conoce al respecto? Contestó: «[…] el señor Hugo
Archila, como secretario de Gobierno municipal, fue designado por el señor alcalde
como uno de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de la ciudad de Yopal. Él estuvo durante el tiempo que ejerció el
cargo como secretario, y lo único que conoció […] pues fue cómo se estaba
trabajando para recuperar la empresa porque venía de una intervención de la
Superintendencia de Servicios Públicos y las actividades que se estaban
desarrollando para recuperar la empresa. Conoció de los problemas que existían
tanto a nivel de acueducto, que había una acción popular la 2010-2011 que
ordenaba al departamento, Nación, el municipio, todos, terminar el acueducto […]
él conoció todos esos problemas que existían como miembro de la Junta Directiva,
y en razón a que yo le entregaba mis informes de gestión referente a la situación
y al estado de la empresa. Cuando él terminó su periodo y, luego, inició su
campaña política tuvo una total desvinculación de la empresa de servicios
públicos. De las necesidades que existían, que es de conocimiento no solamente
de la Junta Directiva sino de la comunidad de Yopal, está la de construir y dar
solución al problema de la planta de tratamiento de aguas residuales […] nosotros
recibimos varias propuestas como Junta Directiva y como empresa de diferentes
entidades del orden nacional, del orden internacional con diferentes tecnologías
para hacer ese cambio o modificaciones».

Magistrado: señor Jairo Bossuet Pérez le ruego que concrete la respuesta.
Contestó: «[…] En el caso del señor Hugo Archila no tuvo nada que ver. Hago
referencia es que él tuvo conocimiento general de los asuntos, pero no tuvo que
ver nada en la propuesta, en la presentación o en el trámite dado para la oferta del
señor Suescún y de su empresa».

Magistrado: Señor Pérez Barrera, a propósito del video del cual usted ya hizo
mención, en las denuncias del contralor de Casanare se afirma del referido
contratista y representante de la empresa, Nelson Javier Suescún Gómez, lo
siguiente: «[…] en la exposición que realiza el representante de la empresa
contratista informa que el proyecto realmente tiene un valor de 50 millones de
dólares, pero para poder cumplir con las comisiones es necesario elevar el costo
del proyecto a 70 millones de dólares. Sin embargo, a solicitud de sus socios suizos
se van a solicitar 85 millones de dólares. De esta forma se asegura no castigar el
proyecto y sacar las comisiones de manera anticipada […] indica el contratista que
el valor de las comisiones está en un 10 % correspondiéndole a los aquí
denunciados los siguientes valores. En relación con el congresista Hugo Alfonso
Archila Suárez, representante de la Cámara por el departamento de Casanare se
afirma allí que le corresponde 1.5 % aproximadamente, dos (2) millones de
dólares» ¿En relación con este punto concreto qué conoce usted? Contestó: «[…]
yo quiero reafirmar ante ustedes y lo he sostenido ante la Fiscalía, ante la Corte
Suprema de Justicia, ante la Procuraduría y ante cualquier autoridad lo sostengo:
nunca eso es cierto, no ha sido cierto porque el proyecto no está planteado así,

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Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

como están acostumbrados a sacar coimas en este país. El proyecto está
planteado en dos situaciones: adquirir una tecnología y lograr una financiación. Es
tanto así que, hasta el momento […] tengo entendido que no se ha erogado un
peso de la financiación para la ejecución del proyecto porque, además, este se
encuentra, creo yo, suspendido por una acción popular que interpuso un señor
exalcalde de Yopal. Entonces no es cierto nada de eso que se afirma porque no
se ha erogado un peso, no se ha iniciado el trámite o ejecución del proyecto, está
suspendido […] Eso es un burdo montaje como lo denuncié ante la Fiscalía
General de la Nación».

Magistrado: Tiene el uso de la palabra el apoderado del congresista accionado,
doctor Hollman Ibáñez Parra, para interrogar señor Jairo Bossuet Pérez Barrera.

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: ¿Usted fue el
representante legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo de Yopal
de qué periodo a qué periodo? Contestó: «Del primero de mayo del dos mil veinte
hasta el ocho de octubre del dos mil veintitrés».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: Del periodo al cual
usted se ha referido, ¿cuándo empezaron los trámites para contratar o celebrar los
acuerdos con la sociedad INGENICONTEC S.A.S., representada por el señor
Suescún Gómez? Contestó: «[…] sobre eso hubo un trámite largo para establecer
la necesidad, para saber que era lo que íbamos a hacer, pero lo que se refiere ya
al proyecto, eso fue hasta finales del dos mil veintidós […]».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: Dentro de estos
periodos o lapsos a los que usted se ha referido, ¿Hugo Archila gestionó o influyó
en usted o en la empresa que usted representaba para que esta empresa fuera
contratada? Contestó: «No señor […] conforme con el reglamento de la empresa
se estableció un comité y una serie de conceptos, una serie de procesos técnicos
y financieros para llegar a establecer que el proyecto era viable porque era una
oportunidad de negocio y viable porque era una solución técnica para la ciudad de
Yopal […] no es tanto un concepto político sino más técnico el que se utilizó para
escoger a esta empresa».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: En ese comité
técnico al que usted se ha referido en este trámite, ¿el doctor Archila tuvo alguna
injerencia o tuvo la posibilidad de conocer algún tipo de información que le pudiese
dar a conocer u otorgar ventajas a la empresa INGENICONTEC S.A.S.,
representada por el señor Suescún Gómez? Contestó: «No creo, porque el comité
fue constituido por personal de planta […] que llevaba muchos años en la empresa;
por personal contratado en la empresa [audio ininteligible] que realizan diversas
actividades […] pero nunca por un personal que hubiese sido puesto por personas
[audio ininteligible] […] diferentes al gerente, conforme al manual de competencias
y funciones de la entidad».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: ¿El doctor Hugo
Alfonso Archila Suárez, cuando fungió como secretario de Gobierno del municipio
de Yopal, Casanare, conoció de alguna manera de estos trámites administrativos
de los cuales pudo haber aprovechado después cuando fue elegido representante
a la Cámara? Contestó: «No señor, la empresa tiene una autonomía total,
financiera y administrativa, se da sus propios reglamentos […]»

Magistrado: Tiene el uso de la palabra el señor procurador quinto delegado ante
esta corporación, doctor Jaime Alejandro Díaz Vargas, para interrogar al señor
Jairo Bossuet Pérez Barrera.

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Procurador quinto delegado ante el Consejo de Estado: Una pregunta, se
estableció también en la solicitud de pérdida de investidura que en las denuncias
del controlador departamental de Casanare se solicitó como prueba de oficio, con
el propósito de confirmar la relación entre el representante Hugo Archila y Nelson
Suescun Gómez, una certificación de las visitas al Congreso del señor Nelson
Javier Suárez para reunirse con el representante a la Cámara accionado, la cual
ya fue llegada a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación,
¿usted tiene conocimiento de esa prueba? Contestó: «[…] no tengo conocimiento
de las actividades del doctor Hugo Archila en su oficina como representante, ni de
si existe algún tipo de relación con el señor Suescún, porque yo tampoco conocí
al señor Suescún, lo conocí a raíz de la firma del contrato, y no sé qué relación
exista de carácter profesional personal o laboral […], es más, desde que fue
elegido el representante Hugo Archila y terminó su periodo en alcaldía en el cargo
como secretario del Gobierno no he vuelto a dialogar con él».

[…]
2.2. Nelson Javier Suescún Gómez
[…]

Magistrado: ¿Usted conoce al señor Hugo Alfonso Archila Suárez y, en caso
afirmativo, por qué razones lo conoce, bajo qué circunstancias y cuánto hace lo
distingue? Contestó: «[…] sí […] conozco al doctor Hugo Alfonso Archila Suárez
[…] aproximadamente hace un año […], me lo presentaron en Yopal, Casanare,
durante la etapa de socialización de un contrato que suscribí con la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Casanare que, fue suscrito el 13 de
septiembre de 2022. Conocí al doctor Hugo Archila en la fase de socialización,
posterior a la firma del contrato».

Magistrado: En la solicitud de pérdida de investidura se dice que, a inicios del año
2023, se conoció un hecho relacionado con actos de corrupción al interior de la
alcaldía de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de esa ciudad;
situación que fue expuesta por el contralor departamental de Casanare, Cipriano
Castro Medina, el cual sostuvo que, el día 23 de febrero de 2023, instauró
denunciadas por el delito de cohecho contra el alcalde, el gerente de la empresa
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el congresista Hugo Alfonso Archila
Suárez ante la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y
la Fiscalía General de la Nación, en relación con unos hechos relacionados con el
contrato de colaboración empresarial núm. 00148–2022, que suscribiera la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal con la firma que usted,
según se afirma, representa, INGENICONTEC S.A.S., ¿qué conoce al respecto?
Contestó: «[…] lo primero que hay que aclarar en este tema es que es un montaje
en redes sociales de un video manipulado, falso, que fue tomado en una
socialización con unos contratistas y un señor diputado del Casanare, York Cortés,
el cual manipularon. […] La fecha aproximada de ese video fue en octubre del año
2022. […]. Estos contratistas estaban tratando de presionar a la administración
municipal para la firma de un contrato para la limpieza de las lagunas. Todo esto
posterior a la firma del contrato, como no fue posible presionar a la administración
municipal, al gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal,
al doctor Jairo Bossuet Pérez Barrera […], de una manera bellaca y de mala fe
publican en febrero un video a través de este señor contralor […], como una
represalia después de que no les dieran el contrato. Esa fecha de publicación de
ese video lo hacen por vía de Facebook en […] febrero del 2024. En este supuesto
video, yo estoy haciendo una exposición técnica de tecnología, nosotros hicimos
cerca de unas 8 socializaciones del proyecto porque […] es uno de los más
importantes de Casanare; es una inversión cercana a los 72 millones 500 mil
dólares […]. Por medio de ese video mentiroso, editado y manipulado, incluso, en
el video sale el nombre del editor de video de voz, manipulan y dañan el buen

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nombre del doctor Hugo Archila, del señor alcalde, del señor gerente de la
Empresa de Acueducto y del señor jurídico de la Empresa […]. Sobre eso se basa
una denuncia que presuntamente el contralor […] recibe de manera anónima y,
previamente, publica en las redes sociales con el fin de hacer daño, previo a las
elecciones a la alcaldía de ese periodo. […] Conozco que el gerente de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Yopal realizó […] una denuncia penal al respecto
y se están esperando las decisiones penales […]. Me permito aclarar que el doctor
Archila es una persona que yo conozco, en ejercicio de función por ser
representante de Casanare […] no se ha hablado ningún tipo de tema con él, lo
único que se habló es temas de tecnología, de comunidad, porque es una […]
solución para […] la vida y la salud a más de 40.000 habitantes de Casanare y de
Yopal […] la gente continúa haciéndole daño tanto al contrato como a las personas
de bien que tuvieron algo que ver en Casanare y que son gente pública».

Magistrado: En la solicitud de pérdida de investidura se informa que usted, como
representante legal de la sociedad INGENICONTEC S.A.S., contactó al
congresista Hugo Alfonso Archila, dada la cercanía que él tenía con la
administración municipal por haber él sido secretario de Gobierno, para gestionar
la celebración de un contrato para construir y operar la nueva planta de tratamiento
de aguas residuales PTAR en la ciudad de Yopal, ¿qué sabe al respecto?
Contestó: «[…] es totalmente falso, nunca se contactó al doctor Hugo Archila para
ningún tipo de gestión con la administración municipal ni con el Gobierno central,
[…] no cabe en la realidad de lo que se hizo en el contrato, reitero, yo conocí al
doctor Hugo Archila para socializar en el tema de tecnología y favorecer las
comunidades de Yopal, Casanare, […]».

Magistrado: ¿A qué se refiere usted, cuando dice: «conocí» al congresista Hugo
Archila Suarez para socializar este proyecto que terminó con un contrato con la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Yopal? Contestó:
«[…] como representante legal de la compañía realicé la firma del contrato el 13
de septiembre y se realizaron una serie de socializaciones que fueron públicas […]
con la comunidad, a los concejales, a la Sociedad de Ingenieros de Casanare, a
diferentes profesionales y personas públicas y, en una de las socializaciones, que
es algo público, se le presentó la información al doctor Hugo Archila».

Magistrado: Señor, Nelson Javier Suescún Gómez, informa la solicitud de pérdida
de investidura, a propósito del video del cual usted ya hizo mención, que en las
denuncias del contralor de Casanare se afirma de usted lo siguiente: «[…] en la
exposición que realiza el representante de la empresa contratista informa que el
proyecto realmente tiene un valor de 50 millones de dólares, pero para poder
cumplir con las comisiones es necesario elevar el costo del proyecto a 70 millones
de dólares. Sin embargo, a solicitud de sus socios suizos se van a solicitar 85
millones de dólares. De esta forma se asegura no castigar el proyecto y sacar las
comisiones de manera anticipada […] indica el contratista que el valor de las
comisiones está en un 10 % correspondiéndole a los aquí denunciados los
siguientes valores. En relación con el congresista Hugo Alfonso Archila Suárez,
representante de la Cámara por el departamento de Casanare le corresponde 1.5
% aproximadamente, dos (2) millones de dólares» ¿qué tiene que decir al
respecto? Contestó: «ese es un video fuera de contexto y totalmente falso […]
están sacando de contexto palabras que yo di dentro de una socialización del
proyecto o sea están juntando palabras que yo dije, las están editando y las están
poniendo fuera de contexto; eso es totalmente falso, me refiero a eso como un
video que debe ser considerado anulado. En ningún momento yo autoricé ese
video. En lo que refiere al doctor Hugo Archila, en ningún momento se tiene ni se
ha incluido ningún tipo de negociación, ningún tipo de acercamiento, puras
mentiras y falsedades que están haciendo, malinterpretando un video editado,
manipulado y fuera de contexto. Yo solicito, por favor, de manera seria y

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

respetuosa que seamos serios con ese tipo de información, porque me parece un
irrespeto tanto para el doctor Hugo Archila como para mí como profesional, que
con un video manipulado, publicado en Facebook se le esté haciendo daño a una
persona que yo realmente, escasamente, tuve un acercamiento muy corto y no me
parece justo que los políticos y la gente que le quieren hacer daño allá le pongan
en […] tela de juicio la investidura al doctor Hugo Archila».

Magistrado: Tiene el uso de la palabra el apoderado del congresista accionado,
doctor Hollman Ibáñez Parra, para interrogar señor Nelson Suescún Gómez.

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: En la solicitud de
pérdida de investidura se ha señalado que usted asistió al Congreso de la
República por autorización del representante Hugo Alfonso Archila Suárez ¿a qué
fue y con quién se reunió, ingresó otras veces? Contestó: «sí señor, yo ingresé a
la oficina del Congreso […] tres veces ingresé durante el periodo como de octubre
y noviembre, únicamente, de las tres veces, fue posible reunirme una sola vez con
el doctor Hugo Archila, con el fin de hacerle la presentación de PowerPoint del
video del alcance del proyecto de la actualización tecnológica de la planta de
Yopal, Casanare, y la nueva PTAR, son un tal de ocho componentes, es un
proyecto muy social porque se va a hacer la actualización de la planta existente
que afecta a 40.000 habitantes. […] Entonces, él quería conocer el alcance del
contrato para las comunidades, se le hizo una exposición de 15 minutos, se le
mostró el tema y […] ese fue el único acercamiento que se hizo. Se hicieron dos o
tres intentos, pero él estaba ocupado [audio ininteligible] […] en la oficina de él
con los funcionarios de él».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: Usted en respuestas
anteriores, también informó que se había reunido o encontrado con el
representante Hugo Alfonso Archila Suárez en la ciudad de Yopal a efectos de
socializar su proyecto, ¿fueron dos reuniones similares, temas iguales, puede
aclararlo? Contestó: «[…] la primera vez que yo conozco al doctor Hugo Archila,
a él me lo presentan, no tengo seguridad, si fue a la entrada de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado o en el centro. Hubo un encuentro muy casual. En
Yopal, Casanare, pues, para las personas que no conocen allá, el normal de las
cafeterías son en el andén, son andenes anchos; entonces, la gente se sienta a
tomar limonada o café en las cafeterías. El doctor Hugo pasó saludando por cada
mesa, como lo hace comúnmente una persona pública y, en ese momento, me lo
presentaron. Yo le dije, “yo soy el encargado del proyecto de la PTAR”, y él […]
me dijo “pase por la oficina y me socializa el proyecto, me interesa conocerlo
porque las comunidades a mí me preguntan si el proyecto es real, como lo ve, y
yo tengo que tener un conocimiento mínimo del tema para poder hablar con las
comunidades, con la gente mía”; entonces, le dije “sí señor”, acordamos
simplemente una reunión. En la primera reunión; no fue exitosa. En la segunda
reunión; creo que él estaba en una audiencia, como yo tengo […] mi segunda
residencia en Bogotá para mí es muy fácil acercarme allá. Y en la tercera reunión,
le mostré el video de la tecnología, agua de reúso, sin olores, las bendiciones de
la tecnología, […] una socialización. Eso, básicamente, es las dos formas en que
nos hemos contactado con el doctor Hugo Archila».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: ¿En alguno de los
encuentros o en alguna de las reuniones, sea de manera presencial, telefónica o
virtual, el representante Hugo Archila le ofreció a usted su gestión como
congresista para obtener de manera alguna beneficios o ventajas para que la
empresa que usted representa fuera contratada por la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Casanare? Contestó: «No señor, en ningún
momento. Es más, reitero, mi contacto con él fue posterior a la firma del contrato».

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: ¿El doctor Hugo
Archila le exigió, le pidió, de alguna manera lo constriñó para que le prometiera, le
diera dádivas, comisiones o «tajadas» de alguna manera de este contrato?
Contestó: «No señor, en ningún momento».

Apoderado del congresista Hugo Alfonso Archila Suárez: ¿El contrato núm.
00148–2022 que su empresa, a través suyo, suscribió con la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Casanare, tuvo alguna erogación, pago
o abono a manera de anticipo u alguna otra forma? Contestó: «[…] el modelo del
contrato es un contrato privado, donde nosotros con un grupo inversionista
realizamos la financiación total del proyecto ni el municipio, ni la Empresa de
Acueducto, ni la Nación aporta […] dinero, anticipo […] por el contrato. El contrato
tiene dos años de gracia e inicia facturación […] únicamente cuando esté en
operación y funcionamiento en las condiciones técnicas que se anexaron al
contrato y de acuerdo a la oferta. No hay ningún tipo de erogación presupuestal
por este tipo de modelo de contrato, un contrato de colaboración empresarial
acorde con la Ley 142 de servicios públicos».

Como se observa, el entonces representante legal de la EAAAY EICE E.S.P. y
Nelson Javier Suescún Gómez, representante de la sociedad INGENICONTEC
S.A.S., coincidieron en afirmar que el congresista, Hugo Alfonso Archila Suárez,
no tuvo injerencia en ellos ni gestionó actuación alguna en las etapas
precontractuales, contractuales ni poscontractuales del negocio jurídico
denominado: Contrato de Colaboración Empresarial, número
811.14.01.00148.22, fechado el 13 de septiembre de 2022. Es decir,
desmintieron que existieron actos efectivos, concretos y reales, por parte del
congresista acusado, que permitieran desarrollar una iniciativa o proyecto con
INGENICONTEC S.A.S. Asimismo, calificaron de montaje la denuncia penal y los
medios que se señalan en ella para endilgarles la supuesta comisión de los
delitos que allí se señalan.

Ahora, como se señaló, si bien la certificación emitida por la dependencia de
Control de Ingreso del Congreso de la República, da cuenta de 4 ingresos del
señor representante legal INGENICONTEC C S.A.S., Nelson Javier Suescún
Gómez, a la Oficina del representante a la Cámara, Hugo Alfonso Archila Suárez,
lo cierto es que el testigo aclaró que tal contacto con el congresista tuvo como fin
«[…] hacerle la presentación de PowerPoint del video del alcance del proyecto
de la actualización tecnológica de la planta de Yopal, Casanare, y la nueva PTAR
[…] se le hizo una exposición de 15 minutos, se le mostró el tema y […] ese fue
el único acercamiento que se hizo».

Para la Sala dicho acercamiento con el congresista no acredita una actuación o
gestión efectiva por parte del representante encausado, porque tal acto no
desarrolla el contrato mencionado ni implica realizar una iniciativa o un proyecto
con INGENICONTEC S.A.S., pues el hecho de compartir la información en
cuanto al alcance e impacto del proyecto tecnológico contratado para la
construcción de la PTAR en Yopal no conlleva una indebida influencia de la
investidura para fines personales del congresista, sino el interés general que le

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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

asiste a cualquier ciudadano en cuanto a la divulgación del proyecto ambiental
que beneficiaría a la comunidad de ese municipio.

Ahora bien, en este punto, cabe precisar que, si bien parte de la imputación que
formuló el actor radica en que (i) el congresista y el contratista tienen su domicilio
en Villavicencio; (ii) que sus documentos de identidad coinciden en el lugar de
expedición; y (iii) que INGENICONTEC tiene su registro mercantil y sede
principal en esa ciudad, lo que presumiría una relación de amistad o de negocios
de tiempo atrás, tales circunstancias no acreditan la configuración del verbo
rector que contiene la causal de desinvestidura alegada.

En efecto, de la valoración de las pruebas en conjunto, si bien se acreditó la
existencia de: i) un negocio jurídico entre el privado contratista y la empresa
estatal; ii) pronunciamientos judiciales en torno a dicho contrato que llevaron a la
suspensión de la ejecución del mismo por parte de autoridad judicial; iii) la
denuncia penal por la posible comisión de delitos con ocasión de dicho negocio
jurídico y iv) la divulgación de información en cuanto al alcance tecnológico para
la construcción de la PTAR de Yopal, lo cierto es que, no está demostrada una
actuación efectiva, concreta, real del representante Hugo Alfonso Archila Suárez
que permita evidenciar prácticas indebidas, conductas indecorosas, abuso de
poder con fines personales, que afecten el interés público o que desprestigie el
órgano legislativo.

Así las cosas, para la configuración de la causal 4 de incompatibilidad del artículo
180 de la Constitución Política, referida a realizar gestiones con personas
naturales o jurídicas, en este caso con un contratista del Estado, no se encontró
acreditada, si se tiene en cuenta que el acercamiento entre el representante a la
Cámara con el señor Nelson Javier Suescún Gómez, tuvo como objeto el interés
general, manteniéndose incólume el bien jurídico tutelado con la causal de
pérdida de investidura, como antes se explicó.

En suma, la Sala considera que no se configuró la causal de incompatibilidad del
artículo 180.4 de la Constitución Política, relevándose del estudio del elemento
subjetivo, no siendo necesario entrar a determinar si la conducta reprochada fue
gravemente culposa o dolosa. Por tanto, la Sala negará las pretensiones de la
solicitud en relación con el representante a la Cámara Hugo Alfonso Archila
Suárez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. Negar la solicitud de pérdida de investidura presentada por el
ciudadano Jaime Bernal Moreno contra el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, en
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Referencia: Pérdida de investidura —primera instancia—
Radicación: 11001–03–15–000–2023–07434–00
Solicitante: Jaime Bernal Moreno
Acusado: Hugo Alfonso Archila Suárez

calidad de representante a la Cámara por el departamento del Casanare, elegido
para el período constitucional 2022–2026 por las razones expresadas en esta
providencia.

SEGUNDO. Conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018,
contra esta sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse
y sustentarse ante la Sala Veintidós Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

TERCERO. Comunicar lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del
Interior, para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de
la Ley 1881 de 2018.

CUARTO: Ejecutoriada esta sentencia, archívese el expediente dejando las
anotaciones pertinentes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala Veintidós Especial de
Decisión del Consejo de Estado en sesión de la fecha.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente de la Sala

MILTON CHAVES GARCÍA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado Magistrado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado Magistrado
Ausente en comisión de servicios

Esta providencia fue firmada electrónicamente. Usted puede consultarla con el número
de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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