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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04924-00

Fecha
10 de mayo de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04924-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1. NEGAR la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez, elegido para el periodo constitucional 2022-2026. 2.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04924-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

10 de mayo de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D. C., diez (10) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS
Convocado: HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

PÉRDIDA DE INVESTIDURA – SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala Once (11) Especial de Decisión a resolver la solicitud de pérdida de
investidura presentada por el ciudadano Oromairo Avella Ballesteros1, en contra del
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila
Suárez, elegido para el periodo constitucional 2022 a 2026.

I. SOLICITUD

El solicitante afirmó que el congresista Hugo Alfonso Archila Suárez incurrió en la
causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 5 de la
Constitución Política2, en concordancia con el artículo 296 numeral 5 de la Ley 5 de
19923.

Fundamentos de hecho

El hoy congresista Hugo Alfonso Archila Suárez ejerció el cargo de secretario de
gobierno del municipio de Yopal, desde el 1º de enero de 2020 hasta el 11 de marzo
de 2021, fecha en la que presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el alcalde de
esa entidad territorial mediante el Decreto No. 046 del mismo mes y año.

El 16 de diciembre de 2021, el señor Archila Suárez inscribió su candidatura a la
Cámara de Representantes por la circunscripción electoral de Casanare, periodo
2022-2026, con aval del Partido Liberal.

El 20 de marzo de 2022, el señor Hugo Alfonso Archila Suárez fue elegido como
Representante a la Cámara por el departamento de Casanare para el periodo 2022-
2026.

1 Índice 2 de SAMAI.
2 Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura: (…)
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
3 Artículo 296. Causales. La pérdida de la investidura se produce: (…)

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobadas.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

El congresista convocado tiene cercanía con el alcalde del municipio de Yopal -Luis
Eduardo Castro- y se ha demostrado la influencia que ejerce sobre la administración
municipal, respecto a qué personas se incorporan o retiran, toda vez que los utiliza
para sus labores legislativas, lo cual se evidencia en la rueda de prensa del 26 de
agosto de 2022, en la que el mencionado alcalde expresó:
«(…) el jefe John [secretario de salud] pasa a ser mano derecha en unos pocos
días del señor Representante Hugo Archila, por qué, porque el doctor Hugo Archila
forma parte de la Comisión Séptima, ahí está salud, y están demandando esos servicios
el doctor Hugo Archila, toda vez que nuestra punta de lanza ha sido la salud y todavía
enrutamos dejar tres hospitales de primer nivel, ya se dieron los primeros pasos para que
Yopal tenga hospital de segundo nivel pero ahí vienen otros temas que ustedes van a
entender, que se nos quieren caer dos proyectos de la empresa privada, uno ya lo
logramos salvar que es el de la actual Clínica, sus inversionistas ahí ya nos sentamos
con ellos, nos van a garantizar. Y hay otro proyecto que estaba para el 07 de julio que
depende de esa interacción, no sé cuándo, eso toca que se lo pregunten al nuevo
secretario privado, o de pronto allegan la información, o el mismo (…) jefe John es jefe
enfermero y obviamente abogado, ya está trabajando en terreno lo que le demandó el
Representante Hugo Archila, pero entonces están demandando, y ya anuncio si eso se
da, porque la idea era que trabajáramos y que él continuara siendo secretario de
salud, entonces ya estaría anunciado que va una mujer para ese cargo de secretaria de
salud, que no es la doctora Ingrid pero que va a ser coequipero, coequipera con ella y
por eso queda en ese cargo en la secretaría de salud hay (sic) para tranquilidad de
todos, para que la gente esté informada y también es una hija de Yopal la que pasa a ser
en 15 días, un mes, depende de lo que nos, toca que le pregunten al Representante
Hugo que les dé más de fondo la información porque yo tengo es generales,
muchísimas gracias, muy amables» (negrillas y subrayas originales).

El «jefe John» es John Paulino Rojas Daza, quien se desempeñó como secretario de
salud de la Alcaldía de Yopal hasta el 17 de octubre de 2022, y el 20 de octubre del
mismo año, pasó a integrar la unidad de trabajo legislativo del congresista acusado.

El señor Rojas Daza fue reemplazado por Carlos Alberto Rivera Niño, pariente en
tercer grado de consanguinidad de Javier Alberto Rivera Vela, quien fue contratista
en la Secretaría de Gobierno del referido municipio durante los años 2020 y 2021,
época en la que el congresista fue jefe de esa secretaría.

El señor Javier Alberto Rivera Vela se desempeñó en el cargo de Asistente III de la
UTL del congresista convocado hasta el 13 de junio de 2023, y para la fecha de
presentación de la demanda era candidato a la alcaldía del municipio de Yopal con
aval del Partido Liberal y respaldo del Representante a la Cámara Hugo Alfonso
Archila Suárez, como se observa en el acto público de entrega de avales de dicho
partido, realizado el 15 de julio de 2023, en el auditorio de la Cámara de Comercio de
Casanare en Yopal (video adjunto).

El 24 febrero de 2023, el periodista Juan Pablo Calvas del programa radial Sigue La
W, en un reportaje denominado: «coimas en contrato de 70 mil millones de dólares en Yopal”,
se refirió a un video que circuló en el mismo mes y año, en el cual se observa que el
señor Nelson Javier Suescún Gómez, representante legal de INGENICONTEC SAS,
sostiene que, para poder suscribir el contrato No. 811.14.01.00148.22 de 2022, con
la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY-, se comprometió a
pagar unas coimas a: «LUIS EDUARDO» (alcalde de Yopal), a «JAIRO» (representante
legal de EAAAY), al congresista Hugo Archila Suárez y a «MANOLO» (jurídico de la
EAAAY) (Anexo 3).

El referido contrato está suspendido en virtud de la medida cautelar decretada por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, confirmada por el Tribunal

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Administrativo de Casanare, mediante providencia proferida el 20 de abril 2023, en el
expediente 85001-3333-002-2022-00211-01, en la que se ordena la compulsa de
copias a la Fiscalía Seccional de Yopal y a la Procuraduría General de la Nación.

El 23 de febrero de 2023, El Contralor Departamental de Casanare puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y la Corte Suprema de Justicia, los hechos relacionados con el referido video.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el Rad. CUI
11001-0247000-2023-00025-00, abrió indagación preliminar para establecer la
responsabilidad del congresista y ordenó pruebas de oficio.

En relación con el citado contrato, el 23 de marzo de 2023, el gerente de la EAAAY
en rueda de prensa sostuvo que: «el señor Cortés aprovechando la amistad que tenía con el
señor HUGO ARCHILA logra un contacto, porque además fue el jefe de campaña de HUGO
ARCHILA, (Sic) logra un contacto con la persona que formuló la propuesta acá, y logra una entrevista
en principio en la ciudad de Bogotá, y luego acá en Yopal …».

El señor Cortés mencionado en la rueda de prensa, es el diputado de Casanare York
Cortés Peña quien, en entrevista del 25 de marzo de 2023, expresó que el 5 de
octubre de 2022 conoció al contratista a través del congresista convocado.

La persona a la cual se refiere el diputado York Cortés, como el contratista, es el
señor Nelson Javier Suescún Gómez, representante legal de INGENICONTEC SAS,
sociedad que suscribió el Contrato No. 0148-2022 de la EAAAY.

La Contraloría General de la República, en respuesta a la denuncia 2023-262220-
82111-D, referente a las irregularidades del citado contrato, en el Rad. 2023EE
01332321 del 10 de agosto de 2023, se pronunció en el siguiente sentido:

«5. CONCLUSIONES. La Contraloría General de la República concluye lo siguiente:

• Se configura el hallazgo No. 1. Selección de contratistas para los Contratos No. 147 y 148 de
2022. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.
• Se configura el hallazgo No. 2. Estudios previos de los Contratos No. 147 y 148 de 2022.
(Fase de Planeación). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
Teniendo en cuenta que se evidencian conductas o hechos que deben ser investigadas por
parte de la Procuraduría General de la Nación – PGN, se dará traslado para lo de su
competencia.
• Igualmente, se evidencian hechos objeto de indagación por parte de la Fiscalía General de la
Nación - FGN, por lo cual, se dará traslado para lo de su competencia».

En junio de 2023, se conoció por medios nacionales otro hecho de presunto tráfico
de influencias, que involucra a 19 congresistas del Partido Liberal, dentro de los
cuales se encuentra el señor Hugo Alfonso Archila Suárez, quien aparece de tercero
en la lista, concerniente a una indagación previa que abrió la Corte Suprema de
Justicia tras denuncias relacionadas con la entrega de puestos en el Fondo Nacional
del Ahorro, circunstancia que inclusive generó el retiro del cargo del director general
de dicha entidad.

La conducta del congresista convocado estructura el elemento subjetivo de la causal
de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobado, en los
términos del artículo 183 de la Constitución Política.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

El señor Archila Suárez, en su condición de congresista, ha influido en los empleados
de la Alcaldía de Yopal, porque los ha puesto al servicio de su actividad legislativa
sin esperar al retiro del cargo que venían desempeñando en esa entidad territorial, tal
como lo sostuvo el alcalde de Yopal en la rueda de prensa del 26 de agosto de 2022,
en el caso del secretario de salud que, según el mandatario, ya venía «trabajando en
temas de salud con el Representante».

El alcalde de Yopal, en esa intervención, se refirió a la injerencia del congresista
convocado en el nombramiento del reemplazo del señor John Rojas Daza en la
Secretaría de Salud Municipal, ya que fue nombrado el médico Carlos Alberto Rivera
Niño, pariente del candidato a la alcaldía de Yopal, Javier Alberto Rivera Vela.

No es casual que Javier Alberto Rivera Vela sea el candidato del señor Archila
Suárez a la alcaldía de Yopal, toda vez que venía acompañándolo a las reuniones
con funcionarios del orden nacional y regional, con el fin de impulsar sus
aspiraciones políticas y promoverlo frente a la comunidad y a futuro resultar
favorecido con el voto.

El rol del congresista Archila Suárez en la suscripción del contrato No. 0148 de 2022,
consistió en que, a voces del gerente de la EAAAY y del Diputado York Cortés Peña,
fue quien «contactó, trajo y presentó» al contratista Nelson Javier Suescún Gómez,
representante legal de INGENICONTEC SAS.

En el video que circuló a mediados de febrero de 2023, el citado contratista
mencionó las supuestas coimas que tendría que pagar a unos servidores públicos,
dentro de los cuales se encuentra el congresista convocado.

En la indagación que abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia
con ocasión del escándalo del tráfico de hojas de vida y contratos en el Fondo
Nacional del Ahorro, si bien se encuentra en etapa previa, es posible que a la fecha
se hayan recaudado pruebas indiciarias que permitan establecer la conducta del
Representante a la Cámara convocado.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el congresista Hugo Alfonso Archila Suárez
ha influido en las actividades y contratos de la Alcaldía de Yopal y la empresa de
servicios públicos EAAAY, por lo que incurrió en la causal de pérdida de investidura
por tráfico de influencias debidamente comprobado.

II. CONTESTACIÓN

El congresista Hugo Alfonso Archila Suárez, actuando a través de apoderado,
contestó la solicitud de pérdida de investidura, en los siguientes términos:

Indicó que el actor debe probar el supuesto «influjo» del congresista con el alcalde
municipal de Yopal y la configuración de la causal de pérdida de investidura.

Señaló que, «el jefe John» como lo llama el alcalde, cuyo nombre de pila es John
Paulino Rojas Daza, se desempeñó como secretario de salud de la Alcaldía de Yopal
hasta el 17 de octubre de 2022, fecha en la que se posesionó su reemplazo, y pasó a
formar parte de la UTL del congresista convocado a partir del 20 de octubre del
mismo año, según consta en la certificación de la División de Personal de la Cámara
de Representantes.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Añadió que ese movimiento obedece a la autonomía de los congresistas para
designar las personas que conforman su Unidad de Trabajo Legislativo.

Anotó que lo expuesto en la solicitud de pérdida de investidura no son hechos, sino
relatos del parecer del actor, que deben probarse, y desconocen la presunción de
inocencia del congresista convocado.

Advirtió que se acusa al congresista de incurrir en «conflicto de intereses» sin que se
advierta el cumplimiento de requisitos que conduzcan a determinar que se encuentra
probada la causal.

III. PRUEBAS

El Despacho por auto de 2 de noviembre de 2023, tuvo como pruebas los
documentos aportados con la demanda de pérdida de investidura y negó las
solicitadas por la parte convocante en los numerales 3.1 -certificados de parentesco- y
3.2. -prueba trasladada- de la solicitud4.

El 10 de noviembre de 2023, el solicitante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, apelación contra esa providencia.

El Despacho Sustanciador en auto de 5 de diciembre de 2023 confirmó la
providencia recurrida y concedió el recurso de apelación ante la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del
artículo 243 del CPACA.

En escrito del 12 de marzo de 2024, el actor indicó que «dando alcance al Recurso de
Apelación del auto de fecha 2 de noviembre de 2023 por el cual fue negada la solicitud de la prueba
trasladada, respetuosamente me permito allegar al proceso una prueba que hace parte de la
investigación con Rad. No. CUI 11001-0247000-2023-00025-00 que adelanta la Sala Especial de
Instrucción de la H. Corte Suprema de Justicia, por considerarla útil y conducente para esclarecer la
conducta que se le atribuye al congresista acusado, la cual fue recaudada mediante derecho de
petición a la Cámara de Representantes».

Al efecto, allegó el Oficio DGA-CS-CV19-0844-2024, suscrito por la directora general
administrativa del Senado de la República, del 1º de marzo de 2024, mediante el cual
se le dio respuesta a una petición sobre el registro de ingresos y salidas de visitas al
congresista Hugo Alfonso Archila Suárez, en los meses de agosto a octubre de
20225.

4 «3.1. Comoquiera que esta información tiene carácter de reserva, para acreditar parentesco, se solicita al
Despacho oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de obtener las siguientes certificaciones:
De parentesco de los ciudadanos, CARLOS ALBERTO RIVERA NIÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía
No. (…), y JAVIER ALFONSO RIVERA NIÑO, los cuales son hermanos. De parentesco de los ciudadanos:
JAVIER ALFONSO RIVERA NIÑO y JAVIER ALBERTO RIVERA VELA, identificado con la Cédula de Ciudadanía
No. (…), (padre e hijo).
3.2. Como prueba trasladada, sírvase solicitar a la Sala Especial de Instrucción de la H. Corte Suprema de
Justicia, copia del Expediente con Radicado No. CUI 11001-0247000- 2023-00025-00, mediante el cual se
investiga la conducta del Representante a la Cámara HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ. De igual manera
solicitar a la Sala Especial de Instrucción de la H. Corte Suprema de Justicia, copia del Expediente por el cual
abrió indagación previa contra los 19 congresistas del Partido Liberal, respecto del escándalo del Fondo Nacional
del Ahorro en junio de 2023».
5 El oficio se refirió a Nelson Javier Suescún Gómez, York Lehman Cortés Peña y Jairo Bossuet Pérez Barrera.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

La Sala Plena del Consejo de Estado en providencia de 8 de abril de 20246, confirmó
el auto de 2 de noviembre de 2023, y respecto al oficio allegado por el solicitante,
indicó que «[e]stas pruebas no serán valoradas, y no se hará pronunciamiento sobre las mismas, en
esta etapa procesal, toda vez que las mismas no se encuentran relacionadas tanto en el escrito inicial
de pérdida de investidura, como en los recursos interpuestos».

IV. AUDIENCIA PÚBLICA

Se celebró de manera virtual el 29 de abril del año en curso, bajo la dirección de la
presidenta de la Sala Once (11) Especial de Decisión y con la asistencia de los
demás integrantes de esta. En la diligencia intervinieron el solicitante Oromairo
Avella Ballesteros, el Procurador Quinto Delegado ante la corporación Dr. Jaime
Alejandro Díaz Vargas y el apoderado del Representante a la Cámara, Dr. Hollman
Ibáñez Parra.

Intervenciones:

El solicitante expresó que se debe declarar la pérdida de investidura del
Representante a la Cámara Hugo Alfonso Archila Suárez, toda vez que se configura
el elemento subjetivo de la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado,
prevista en el numeral 5° del artículo 183 de la Constitución Política, por cuanto el
congresista convocado, valiéndose de su investidura, de manera clara, decidida y
para su propio beneficio interfirió en asuntos de la administración municipal y en la
contratación de las entidades descentralizadas de la misma.

Reiteró lo expuesto en la solicitud de pérdida de investidura en relación con la
presunta influencia que el congresista convocado ejerció sobre la administración
municipal y su participación en la suscripción del Contrato 00148 de 2022.

Señaló que la comunicación de la Dirección General Administrativa del Senado de la
República, que allegó en el trámite de segunda instancia surtido contra el auto que le
negó unas pruebas trasladadas, da cuenta de las visitas a las instalaciones del
congreso del contratista Nelson Javier Suescún y del Diputado York Cortés Peña
para reunirse con el Representante Archila Suárez, en la misma época en que fue
suscrito el polémico contrato 00148 de 2022.

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó se niegue la
pérdida de investidura, porque las pruebas aportadas y analizadas en los términos de
la jurisprudencia del Consejo de Estado, no dan cuenta de los elementos necesarios
para que se configure la causal invocada en la demanda.

Expresó que «si bien, se observa que existen unas denuncias y hallazgos relacionados con el
contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica número 811.14.01.00148.22, suscrito
entre la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y la sociedad Ingeniería y
Construcciones Técnicas S.A.S., INGENICONTEC S.A.S.; que fueron trasladados a la Fiscalía
General de la Nación, Corte Suprema de Justicia y los órganos de control; y que, asimismo, ex
funcionarios de la alcaldía municipal de Yopal, posteriormente se desempeñaron en la planta de
personal de la Cámara de Representantes, como asistentes de la Unidad de Trabajo Legislativo del
representante Hugo Alfonso Archila; lo cierto es que, en este escenario procesal, frente al medio de
control que nos convoca y conforme a las pruebas obrantes en el plenario, a juicio de este Despacho
no se logró acreditar que Hugo Alfonso Archila Suárez, elegido Representante a la Cámara por el
departamento de Casanare, para el periodo constitucional de 2022 a 2026, hubiese incurrido en la

6 C.P. Milton Chaves García.

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causal prevista en el artículo 183, numeral 5º, de la Constitución Política, en concordancia con el
artículo 296, numeral 5º, de la Ley 5º de 1992 y que, deba perder su investidura».

El apoderado del Representante a la Cámara solicitó que se nieguen las
pretensiones del actor, por cuanto no logró acreditar los supuestos de hecho
respecto de los cuales fundamenta que el congresista convocado incurrió en tráfico
de influencias.

Señaló que, de la solicitud y las pruebas decretadas en el proceso, se advierte que lo
expuesto por el actor son elucubraciones, conjeturas y afirmaciones sin fundamento.

A la luz de la jurisprudencia de la corporación, de la Ley 527 de 1999, del CGP y del
CPACA, no se acreditan los «factores funcionales» y lo afirmado en la demanda
corresponde a supuestos de hecho sin prueba y carentes de asidero.

Expresó que no se demostraron los elementos requeridos para que se tenga probado
el tráfico de influencias, por el contrario, está acreditado que el congresista
convocado actuó de buena fe y que no ha cometido alguna falta, estando cobijado
por el principio de indubio pro disciplinado.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política, 37-7 de la
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 111-6 de la Ley 1437 de 2011, 2 de
la Ley 1881 de 2018 y 33 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, expedido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala Once (11) Especial de Decisión es
competente para conocer en primera instancia de la solicitud de pérdida de
investidura del congresista convocado.

2. Oportunidad en la interposición del medio de control

El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, prevé que la demanda de pérdida de
investidura se debe presentar dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir del
día siguiente de la ocurrencia del hecho generador, so pena de que opere la
caducidad.

En el caso concreto, se observa que el actor en la solicitud no indicó cuándo acaeció
el hecho generador de la causal de pérdida de investidura invocada, solamente se
refirió a unas fechas en las que, a través de videos, medios de comunicación y
denuncias, tuvo conocimiento de unas circunstancias respecto de las cuales
considera se configuró el tráfico de influencias.

Si bien las fechas de conocimiento informadas por el actor no constituyen en sí el
hecho generador, dada las particularidades del caso en que no es posible
establecerlo con certeza, se tendrán en cuenta las indicadas en la solicitud de
pérdida de investidura para determinar la caducidad en el presente asunto, aunado a
que este aspecto temporal no fue objeto de contradicción.

• Tráfico de influencias en relación con el personal que labora en la Alcaldía del
municipio de Yopal: rueda de prensa en la que intervino el alcalde de Yopal -
26 agosto 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

• Tráfico de influencias en relación con el rol del congresista Archila Suárez en
la suscripción del Contrato No. 0148 de 2022: denuncia penal presentada por
el contralor departamental de Casanare - 23 de febrero de 2023.

• Tráfico de influencias en el Fondo Nacional del Ahorro: según lo publicado en
medios de comunicación en junio de 2023.

Comoquiera que la solicitud de pérdida de investidura se radicó el 11 de septiembre
de 2023, se concluye que el medio de control se ejerció dentro de la oportunidad
legal.

3. Condición de congresista

La calidad de congresista del señor Hugo Alfonso Archila Suárez está acreditada con
la credencial E-28, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual
se declaró elegido como Representante a la Cámara por el departamento de
Casanare, para el periodo constitucional 2022-2026.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el congresista convocado incurrió en la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 5 del artículo 183 de la Constitución
Política, por tráfico de influencias debidamente comprobado.

5. Causal invocada

El señor Oromairo Avella Ballesteros expresó que el Representante a la Cámara por
el departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez incurrió en tráfico de
influencias debidamente comprobado, lo que conduce a que se decrete la pérdida de
la investidura, conforme al numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política.

Tráfico de influencias debidamente comprobado

El numeral 5 del artículo 183 de la Constitución Política dispone que los congresistas
perderán su investidura, «Por tráfico de influencias debidamente comprobado». En relación
con la citada causal, la Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado7:

«En diferentes oportunidades, la Sala ha reiterado que el tráfico de influencias, como
causal de pérdida de investidura, no tiene definición legal en nuestro ordenamiento
jurídico, por lo cual la configuración de la conducta debe establecerse con fundamento
en el desarrollo hecho por la jurisprudencia de esta corporación sobre sus alcances.

En sentencia de noviembre primero (1º) de 2016, la Sala recogió los requisitos que
deben reunirse para la estructuración del tráfico de influencias, debidamente
comprobado, así8:

“[…]

Como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en numerosos pronunciamientos, entre otros, en sentencias de 8 de agosto de
2001 (Expedientes acumulados núms. AC-10966 y AC-11274, Consejero ponente doctor

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C.P.

María Elizabeth García González, sentencia de 1 de noviembre de 2016.
8 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de noviembre primero (1º) de

2016, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C.P. María Elizabeth García González.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Reinaldo Chavarro Buriticá), de 29 de julio de 2003 y 15 de mayo de 2007 (Expedientes
núms. PI-00522, PI-2006-01268, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), de 11 de marzo de 2008 (Expediente núm. 2007-01054 (PI), Consejera
ponente doctora Susana Buitrago), de 27 de abril de 2010 (Expediente núm. 2009-00935
(PI), Consejero ponente doctor William Giraldo Giraldo), 12 de junio de 2012 (Expediente
núm. 2011-01112 (PI), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), de 4 de
septiembre de 2012 (Expediente núm. 2011-00616 (PI), Consejero ponente doctor
Mauricio Fajardo Gómez), de 9 de julio de 2013 (Expediente núm. 2011-01559-00 (PI),
Consejero ponente doctor Hernán Andrade Rincón), de 30 de junio de 2015 (Expediente
núm. 2013-00115-00 (PI), Consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro (E)), de 4 de
agosto de 2015 (Expediente núm. 2012-00863-00 (PI), Consejera ponente doctora
Martha Teresa Briceño de Valencia) y de 1o. de marzo de 2016 (Expediente núm. 2015-
01462-00 (PI), Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), la causal de tráfico de
influencias no tiene definición legal, circunstancia que ha determinado su operatividad a
partir de la interpretación y aplicación que de ella haga el Juez.

En dichas providencias se explicó que, inicialmente, la Jurisprudencia de la Corporación
definió esta causal utilizando como criterio auxiliar la remisión a la definición legal del
punible tipificado en el artículo 147 del Código Penal, modificado por el artículo 25 de la
Ley 190 de 1995, como “Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público”,
porque atendiendo, principalmente, a que la Corte Constitucional determinó que la
responsabilidad disciplinaria era diferente y separable de la penal,9 era dable favorecer el
criterio que propugna por un alejamiento del marco conceptual de origen penal.

[…] la Sala a partir de la Jurisprudencia suficientemente decantada en cuanto a la
demarcación conceptual del tráfico de influencias dentro de la acción de pérdida de
investidura, se permite reiterar, los cuatro elementos que deberán aparecer demostrados
de forma suficiente y concurrente en el proceso, para efectos de configurar la referida
causal, así:

“a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad de
Congresista de la República, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo”;10

b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público11, ejerciéndose en
todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico
existente entre ambos;

“c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las
salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones
de los Congresistas en favor de sus regiones”;12 y

d) Que el beneficio pretendido por el Congresista provenga de un asunto que el servidor
público se encuentre conociendo o haya de conocer”.

Ese presupuesto “a)” exige la calidad cualificada del sujeto activo que pretende traficar
las influencias que emanan de su investidura congresional, esto es, que debe acreditarse
su condición de Senador o Representante a la Cámara.

En el requisito “b)”, debe observarse plenamente que ante el servidor público, el
Congresista haya invocado, antepuesto o recurrido a su condición de tal. Son dos los
aspectos fundamentales a tener en cuenta en este punto: lo primero, es que se haya
ejercido sobre el servidor un influjo síquico derivado de la condición de Congresista, es
decir, que lo que se pretenda de aquél se consiga por la anteposición del cargo de
Senador o Representante.

9 Sentencia de Corte Constitucional C-319 de 14 de julio de 1994.
10 Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Expediente núm. 2011-00497 (PI), Consejero Ponente

Alfonso Vargas Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), (Expediente núm. 2013-00865 (PI), Consejero
Ponente Enrique Gil Botero) y de 21 de junio de 2016 (Expediente núm. 2013-01258-00 (PI), Consejera Ponente
María Elizabeth García González).
11 Ibidem.
12 Ibidem.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

En estos términos, la Sala Plena también ha sostenido que dentro de los requisitos
exigidos por la jurisprudencia, para que se estructure el tráfico de influencias, se destaca
el influjo sicológico que derivado de la calidad de congresista, se pueda ejercer sobre la
persona que deba realizar la actividad que se pretende. Quien influye, ejerce predominio
o fuerza moral, valiéndose de su poder, superioridad o fuerza dominante.

El segundo aspecto, radica en que el tráfico de influencias puede darse frente a
cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se encuentre, lo
cual desecha cualquier tipo de elucubración adicional a la simple constatación de que el
influenciado ostente el carácter de servidor público.

En el presupuesto “c)” debe advertirse que el Congresista bien puede solicitarle al
servidor público un beneficio en dinero y/o dádiva para sí o para un tercero -excepto si se
trata de una gestión a favor de su región en los términos de la Ley 5ª de 1992-, conducta
que implica una relación de doble envío, donde el Congresista solicita para recibirlo,
darlo o prometerlo y consecuentemente el servidor público accede a ello. Sin embargo, la
conducta se configura aún cuando el servidor público no accede, porque basta la simple
solicitud.

Finalmente, en el elemento “d)” habrá que precisar que el referido beneficio pretendido
por el Congresista, ya sea en dinero y/o dádiva, tenga su origen en un asunto en donde
el servidor público sea o vaya a ser competente, es decir, que tenga o vaya a tener el
conocimiento del mismo, razón justamente por la cual resulta abordado por el
Congresista».

En síntesis, la causal de desinvestidura se configura si se reúnen los siguientes
elementos, que deben aparecer demostrados en el proceso de forma concurrente:

i) Que la persona respecto de la cual se indica que ejerce la influencia,
ostente la calidad de congresista, lo cual debe estar acreditado.

ii) Que el congresista invoque esa calidad o condición ante el servidor
público que conoce del asunto, y a su vez ejerza un influjo síquico, sin
consideración al orden jerárquico existente.

iii) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero un
beneficio consistente en dinero y/o dádiva, con las salvedades o
excepciones previstas en la Ley 5 de 1992, relacionadas con la gestión
del congresista en favor de sus regiones.

iv) Que el beneficio perseguido por el congresista, ya sea en dinero y/o
dádiva, provenga de un asunto que el servidor público se encuentre
conociendo o haya de conocer.

6. Aspecto subjetivo

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley
1881 de 2018, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La
acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de
investidura establecidas en la Constitución.

En relación con los principios aplicables al proceso de pérdida de investidura, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-326 de 202213, consideró lo siguiente:

13 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

«217. Esta Corte, en armonía con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha definido la
pérdida de investidura como aquella “acción pública de carácter sancionatorio prevista en
la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser
incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.”14 Por consiguiente, se trata de un
juicio de propósito ético, pues las causales ideadas por el Constituyente constituyen un
código de conducta que busca preservar la dignidad del cargo y, por lo mismo, la
intangibilidad del Congreso de la República. Dignidad que surge por el hecho del voto
ciudadano y que enaltece el principio de representación democrática.

(…)

220. Debido a la gravedad de esta sanción, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que el proceso de perdida de investidura debe ser especialmente
cuidadoso con la observancia de las garantías que gobiernan el debido proceso. Por lo
tanto, “las normas constitucionales en las cuales se consagra la pérdida de la investidura
deben ser interpretadas en armonía con el artículo 29 de la Carta.”15 Esta premisa está
ahora dispuesta expresamente por el legislador en el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.

221. Como la pérdida de investidura es uno de los procesos que se adelantan en virtud
del ius puniendi estatal, y el régimen de garantías aplicable corresponde al del derecho
sancionador, los principios constitucionales que se imponen en materia sancionatoria,
como los de legalidad, tipicidad, favorabilidad, non bis in idem y culpabilidad, deben guiar
también el estudio de las demandas de pérdida de investidura».

En la citada providencia, la Corte Constitucional, sobre el principio de culpabilidad
expresó que se encuentra proscrita la responsabilidad objetiva.

«222. (…) A partir de la Sentencia SU-424 de 2016, proferida por el pleno de esta
Corporación, se dio un giro radical a la figura al precisar su alcance e introducir la
exigencia de evaluar el elemento de la culpabilidad, es decir, de realizar un juicio de
responsabilidad subjetiva. Esta regla, a su turno, fue recogida en la jurisprudencia del
Consejo de Estado16 y, posteriormente, en la Ley 1881 de 2018. 17 Puntualmente, en la
Sentencia SU-424 de 2016 se dijo que:

“Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que
realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden
operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del
ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de
legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.”

223. A partir de entonces, al realizar el reproche sancionador, la autoridad judicial
competente, tras verificar la configuración de la causal de pérdida de investidura, debe
examinar si en el caso particular se configura el elemento de la culpabilidad (dolo o culpa)
de quien ostenta la dignidad de congresista, esto es, analizar las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta y si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló, y si su voluntad se enderezó a esa acción u
omisión.

224. Asimismo, debe determinar si, a pesar de que se encuentre acreditada la causal,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque
haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de fuerza mayor o caso fortuito, o en general exista alguna circunstancia que
permita descartar la culpa».

14 Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 2016.
15 Ibidem.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de septiembre de 2016.

Rad. 11001-03-15-000-2014-03886-00 (PI).
17 Ut supra 211.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

En estas condiciones, el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva, porque es necesario que se verifique que la conducta
del congresista, al incurrir en alguna de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, fue dolosa o gravemente culposa.

7. Caso concreto

7.1. Tráfico de influencias en la Alcaldía Municipal de Yopal

La parte actora fundamenta la solicitud de pérdida de investidura en que el
congresista incurrió en tráfico de influencias, porque:

• Influyó en los empleados de la alcaldía de Yopal, pues en el caso del señor
John Paulino Rojas Daza, quien se venía desempeñando como secretario de
salud en el citado municipio, estuvo al servicio de la UTL del congresista
convocado, sin que estuviera retirado del anterior cargo.

• Influyó en el nombramiento del reemplazo del señor Rojas Daza, en favor del
médico Carlos Alberto Rivera Niño, pariente de Javier Alberto Rivera Vela,
candidato a la alcaldía de Yopal, quien acompaña al congresista a las
reuniones con funcionarios del orden nacional y regional.

El solicitante allegó las siguientes pruebas:

En la rueda de prensa del 26 de agosto de 2022, el alcalde del municipio de Yopal,
en la posesión de los secretarios de gobierno e infraestructura, expresó (video):
«(…) el jefe John pasa a ser mano derecha en unos pocos días del señor Representante
Hugo Archila, por qué, porque el doctor Hugo Archila forma parte de la Comisión
Séptima, ahí está salud, y están demandando esos servicios el doctor Hugo Archila, toda
vez que nuestra punta de lanza ha sido la salud y todavía enrutamos dejar tres
hospitales de primer nivel, ya se dieron los primeros pasos para que Yopal tenga hospital
de segundo nivel pero ahí vienen otros temas que ustedes van a entender, que se nos
quieren caer dos proyectos de la empresa privada, uno ya lo logramos salvar que es el
de la actual Clínica, sus inversionistas ahí ya nos sentamos con ellos, nos van a
garantizar. Y hay otro proyecto que estaba para el 07 de julio que depende de esa
interacción, no sé cuándo, eso toca que se lo pregunten al nuevo secretario privado, o de
pronto allegan la información, o el mismo (…) jefe John es jefe enfermero y obviamente
abogado, ya está trabajando en terreno lo que le demandó el Representante Hugo
Archila, pero entonces están demandando, y ya anuncio si eso se da, porque la idea era
que trabajáramos y que él continuara siendo secretario de salud, entonces ya estaría
anunciado que va una mujer para ese cargo de secretaria de salud, que no es la doctora
Ingrid pero que va a ser coequipero, coequipera con ella y por eso queda en ese cargo
en la secretaría de salud hay para tranquilidad de todos, para que la gente esté
informada y también es una hija de Yopal la que pasa a ser en 15 días, un mes, depende
de lo que nos, toca que le pregunten al Representante Hugo que les dé más de fondo la
información porque yo tengo es generales, muchísimas gracias, muy amables».

De acuerdo con las certificaciones de 28 de junio de 2023, expedidas por el Jefe de
la División de Personal de la Cámara de Representantes, las siguientes personas
estuvieron vinculadas en la UTL del Representante a la Cámara por el departamento
de Casanare, Hugo Alfonso Archila Suárez:

John Paulino Rojas Daza Javier Alberto Rivera Vela

Resolución 2853 de 20 de octubre de 2022, Resolución 1651 de 21 de julio de 2022, cargo:
cargo: Asistente V Asistente III

12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Resolución 3280 de 30 de noviembre de 2022, Resolución DACR 1353 de 13 de junio de 2023,
cargo: Asistente III en la que se acepta la renuncia
Resolución DACR 0539 de 27 de febrero de
2023, en la que se acepta la renuncia

Los señores Luis Eduardo Castro, alcalde del municipio de Yopal (contratante) y
Javier Alberto Rivera Vela (contratista), suscribieron los siguientes contratos:

• Contrato No. 159 de 3 de febrero de 2020, cuyo objeto fue consolidar y
generar reportes estadísticos de la atención prestada a casos de conflictos
familiares y sociales en el municipio de Yopal a través de la Casa de Justicia.
El valor del contrato fue de $12.600.000, con un plazo de 6 meses.

• Contrato No. 891 de 17 de julio de 2020, cuyo objeto fue prestar apoyo técnico
a las actuaciones administrativas de la Secretaría de Gobierno del municipio
de Yopal, para el fortalecimiento de la gestión institucional. El valor del
contrato fue de $10.500.000, con un plazo de 5 meses.

Decreto 395 de 18 de octubre de 2022, mediante el cual el señor Luis Eduardo
Castro, alcalde del municipio de Yopal, nombró a Carlos Alberto Rivera Niño en el
cargo de Secretario de Despacho, Código 020, Grado 03, adscrito a la Secretaría de
Salud Municipal de Yopal.

Registros fotográficos que, según afirma el convocante, fueron tomados de notas de
prensa de medios de comunicación locales -no se identifican-, de reuniones y visitas del
congresista y el señor Javier Alberto Rivera con el Viceministro de Vivienda a Yopal –
febrero de 2023-, el Subdirector de la Aeronáutica Civil -10 de octubre de 2022- y el Director
Territorial del Invías -24 de abril de 2023-.

Video18, en el que se observa que el señor Hugo Alfonso Archila Suárez entrega al
señor Javier Alberto Rivera Vela el aval para la alcaldía del municipio de Yopal. El
actor indica que la referida entrega se realizó el 15 de julio de 2023.

Para determinar si se configura la causal de pérdida de investidura invocada, se
procede a verificar si se reúnen los elementos señalados por la jurisprudencia.

i) Que la persona respecto de la cual se indica que ejerce la influencia,
ostente la calidad de Congresista, lo cual debe estar acreditado

La calidad de congresista del señor Hugo Alfonso Archila Suárez está acreditada con
la credencial E-28, expedida por el Consejo Nacional Electoral, por medio de la cual
se declaró elegido como Representante a la Cámara por el departamento de
Casanare, para el periodo constitucional 2022-2026.

ii) Que el congresista invoque esa calidad o condición ante el servidor
público que conoce del asunto, y a su vez ejerza un influjo síquico, sin
consideración al orden jerárquico existente

El actor considera que se encuentra probado el tráfico de influencias, porque el señor
John Paulino Rojas Daza estuvo al servicio de la actividad legislativa del congresista
convocado, sin haberse retirado del cargo que venía desempeñando en la alcaldía
del municipio de Yopal.
18 No consta fecha.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Para el efecto allegó como pruebas el video que contiene la rueda de prensa
adelantada el 26 de agosto de 2022, en la cual el alcalde del citado municipio
expresó que el señor Rojas Daza había sido requerido por el congresista convocado
y ya estaba «trabajando en terreno lo que le demandó el Representante Hugo Archila», y la
certificación expedida por el Jefe de la División de Personal de la Cámara de
Representantes, en la que consta que aquél estuvo vinculado en la UTL del
congresista Archila entre el 20 de octubre de 2022 y el 27 de febrero de 2023.

Asimismo, señaló que está probado el tráfico de influencias con el nombramiento del
reemplazo del señor John Rojas Daza en la Secretaría de Salud del municipio de
Yopal, toda vez que, para tal efecto fue nombrado el médico Carlos Alberto Rivera
Niño, pariente del candidato a la alcaldía de Yopal, Javier Alberto Rivera Vela, quien
acompaña al congresista a las reuniones con funcionarios del orden nacional y
regional.

Al respecto, aportó como prueba el Decreto 395 de 18 de octubre de 2022 -
nombramiento-, el registro fotográfico -reuniones y visitas- y el video -de entrega de aval para la
alcaldía del municipio de Yopal-.

En este punto, es conveniente señalar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, sobre el valor probatorio de las noticias,
fotografías, opiniones, reportajes, columnas y declaraciones de servidores públicos
en medios de comunicación, ha precisado19:

«La regla general que se ha venido aplicando desde 2012 por esta Corporación, señala
que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los
diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto con otros medios
de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso.

Por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró, sin que
puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir20.

El fundamento de dicha regla, estuvo en que ellos, considerados de forma aislada no
cumplían ninguno de los requisitos para que se les reconociera valor probatorio, en tanto
que lo único que podían probar era el registro de un hecho, pero no la veracidad ni la
certeza del mismo21.

Por tanto, las diferentes Secciones o Subsecciones de la Corporación, así como la Sala
Plena Contenciosa, de forma unánime y constante, negaron el valor probatorio de
aquellos, porque no se podían asimilar a ninguno de los medios de prueba aceptados en
el ordenamiento procesal.

Así, por ejemplo, se indicó que las informaciones periodísticas, crónicas, entrevistas,
reportajes, fotografías, no podían ser asimilados a un testimonio, por cuanto no cumplían
ninguno de los requisitos legales de este, en tanto no eran rendidos ante funcionario

19 Sentencia de 14 de julio de 2015, Exp. 111001-03-15-000-2014-00105-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro,
reiterada en sentencias de 1º marzo de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2015-01462-00, C.P. Guillermo Vargas
Ayala y de 22 de marzo de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2023-04791-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 6 de junio de 2007, Exp. AP-00029, C.P. María Elena

Giraldo Gómez.
21 Sobre el particular, es importante advertir que, a nivel internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos, por ejemplo, que aquellos no pueden tener un valor probatorio por cuanto “… son
emitidas con la finalidad de llamar la atención del lector y así tener oportunidad de obtener una mayor
comercialización del periódico en el cual se encuentran insertas; [y que] por ello, la veracidad de tales notas se ve
disminuida”. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú,
supra nota 44, párr. 25, y Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs. Estado
Unidos Mexicanos.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

judicial -el principio de inmediación no se observaba-, ni frente a ellas se garantiza el
principio de contradicción, esencial para el acatamiento del derecho al debido proceso22.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia tampoco los admitió como una
confesión o declaración de parte, pues, para ello, se requería la ratificación23.

En cuanto a las fotografías, se aceptó que solo podían probar el estado del hecho al
momento en que fue tomada, en donde la convicción del juez, entonces, depende de los
medios de prueba allegados al proceso, y que permitan, en aplicación de la sana crítica,
establecer la veracidad de lo que en ellas se refleja.

El único alcance que la jurisprudencia admitió en relación con las publicaciones en los
medios de comunicación es que estos eran documentos, entendidos como los definió el
profesor Hernando Devis Echandía “toda cosa que sea producto de un acto humano,
perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y
representativa de un hecho cualquiera…”24.

En ese sentido, los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas que aparecen en los
diversos medios de comunicación son representativos del hecho que se dice registrar,
pero no sirven para probar, por sí solos, la existencia de lo que en ellos se plasma, dice,
narra o cuenta, pues estos, para que tengan valor probatorio deben ser valorados en
conjunto con los medios de prueba allegados al proceso –regla general a partir de 2012-.

Es decir, hasta la fecha se ha diferenciado entre la publicación en sí misma considerada
y lo que en ella se divulga, para restarle valor probatorio a lo que en ella se registra si no
está acompañada de otros medios probatorios.

Por tanto, el convencimiento del juez frente a la entrevista, la columna o la declaración
en el medio, no depende de lo que en ellas se dice, sino de los medios de prueba
idóneos para determinar si lo que en ellos se plasma es veraz.

Razón por la que generalmente se exige el testimonio, por ejemplo, del que ofreció la
declaración, entrevista, crónica, reportaje, para que ratifique lo que enunció en el medio,
así como otras circunstancias para lograr o llegar a la llamada verdad procesal.

La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a
partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en
dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se
reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, Vgr. Congresistas,
Presidente de la República, Ministros, Alcaldes, Gobernadores, etc.

Estas excepciones son las mismas que introdujo la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su jurisprudencia25 y que en razón de su relevancia e importancia, serán
acogidas por la Sala Plena de lo Contencioso a partir de esta decisión.

En efecto, según el criterio de ese órgano de justicia, cuando en dichos medios se
recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones públicas de
funcionarios del Estado, estos deben ser valorados, razón por la que su inserción en el
respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su
registro.
(…)

22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 2 de 2006, Exp 16587, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio
23 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Penal. Sentencia de junio 26 de 2008. Expediente. 22453. En el mismo

sentido, sentencia de 10 de noviembre de 204. Expediente 18128. Magistrado Ponente: Edgar Lombana Trujillo.
24 Esta definición se puede encontrar en PARRA QUIJANO Jairo “Manual de Derecho Probatorio” Librería del

Profesional. Bogotá, 2002. Pág. 493, quien no concuerda con la definición en cuanto se advierte que es una
prueba histórica indirecta, pues esta característica no la permite definir.
25 CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota

24, párr. 146; Caso Fairen Garbi y Solis Corrales, de 15 de marzo de 1989, párr. 145. Caso Anzualdo Castro Vs.
Perú, supra nota 44, párr. 25, Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco Vs. Estado
Unidos Mexicanos. Igualmente, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, caso Masacre de Santo
Domingo Vs. Colombia

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

En el primer caso, es decir, frente a los hechos públicos y/o notorios, no requieren ser
probados en los términos de los artículos 176 del Código de Procedimiento Civil y 167
del Código General del Proceso, razón por la que el registro noticioso servirá
simplemente como una constatación gráfica de lo que es conocido por la comunidad.

La razón, el hecho notorio según la definición del profesor Hernán Fabio López Blanco,
es aquel que “dadas las características que originaron su ocurrencia se supone conocido por la
generalidad de los asociados, cualquiera que sea su grado de cultura y conocimientos dentro de
un determinado territorio y en determinada época, pues la notoriedad puede ser mundial,
continental, regional o puramente municipal y estar referida a un determinado lapso, de modo que
en determinado proceso podría erigirse como un hecho notorio, en otro no necesariamente tiene
esa connotación.26”

Y, como lo señala el mencionado autor, no requiere de prueba porque ella resultaría
superflua, precisamente por el conocimiento general que se tiene de él.

El aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le
permitirá al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que
el hecho requería de prueba, pues, se repite, su apreciación o cognición por una
generalidad, hace innecesaria su prueba.

En el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas,
reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la
investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las
pruebas documentales. Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas,
recogidas o registradas en diversos medios de comunicación darán fe de su contenido,
sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se aducen.

De esta manera, la Sala Plena Contenciosa adiciona y complementa la postura que,
hasta la fecha de esta decisión, solo reconocía a los reportajes, entrevistas, crónicas
registradas en los diferentes medios de comunicación valor probatorio si, en conjunto con
otras pruebas, le permitían al funcionario judicial llegar a la convicción sobre la veracidad
del hecho registrado en ellos27».

Teniendo en cuenta el precedente trascrito y el material probatorio enunciado, la Sala
advierte que, de lo manifestado por el alcalde del municipio de Yopal en la rueda de
prensa de 26 de agosto de 2022, la certificación de 28 de junio de 2023 en la que
consta la vinculación del señor John Rojas Daza en la UTL del Representante a la
Cámara convocado y el decreto de nombramiento 395 de 18 de octubre de 2022 del
señor Carlos Alberto Rivera Niño, no se desprende que el congresista Hugo Alfonso
Archila hubiese adelantado alguna conducta con el objeto de ejercer un influjo
psíquico sobre un servidor público, esto es, que haya efectuado solicitud, consejo o
recomendación en relación con un asunto en particular para la obtención de un
beneficio y/o dádiva; pues lo que está demostrado es que el mencionado señor Rojas
Daza ostentaba el cargo de secretario de salud del municipio de Yopal y
posteriormente integró la citada UTL, desde el 20 de octubre de 2022, fecha para la
cual el señor Carlos Alberto Rivera Niño ya había sido nombrado como secretario de
despacho, adscrito a la Secretaría de Salud, en la mencionada entidad territorial.

Además, se observa que las situaciones expuestas por el citado burgomaestre en la
rueda de prensa se encuentran relacionadas con asuntos de la salud, tema del que

26 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. “Procedimiento Civil” Tomo 3. Pruebas. Editorial Dupré. Segunda Edición
2008. Pág. 58.
27 Es importante advertir que esta regla que el Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, expuso en la

providencia de 2012, es la misma que ha defendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1988,
en las decisiones reseñadas en otros apartes de esta providencia.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

se ocupa la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, de la que hace
parte el congresista convocado.

Similares consideraciones se expresan en relación con las pruebas con las que el
actor pretende demostrar que el congresista convocado incurrió en tráfico de
influencias con el nombramiento del reemplazo del señor John Rojas Daza en la
Secretaría de Salud del municipio de Yopal, ya que valoradas en conjunto no
permiten evidenciar que este hubiese influido ante un servidor público, con el objeto
de obtener el nombramiento del señor Rivera Niño en la Secretaría de Salud del
municipio de Yopal.

Cabe precisar que, si bien se indica que los señores Carlos Alberto Rivera Niño y
Javier Alberto Rivera Vela son parientes, y que este último fue acompañado por el
congresista convocado en su aspiración a la alcaldía del municipio de Yopal, esto
tampoco demuestra que el Representante a la Cámara haya influido en algún
servidor público con el objeto de obtener el referido nombramiento.

De acuerdo con lo expuesto, no se observa que el congresista convocado haya
incurrido en tráfico de influencias, respecto a los citados empleados de la Alcaldía del
municipio de Yopal.

En tales condiciones, al no estar acreditado el ejercicio de un influjo síquico del
congresista convocado ante un servidor público, sin consideración al orden
jerárquico existente, no es necesario analizar los demás elementos señalados por la
jurisprudencia, para determinar si se configuró el tráfico de influencias alegado, en
cuanto estos son concurrentes. Por lo tanto, la Sala concluye que por este aspecto
no se encuentra demostrada la causal de pérdida de investidura invocada.

7.2. Tráfico de influencias, el rol del congresista Archila Suárez en la
suscripción del contrato No. 0148 de 2022

El solicitante indica que el congresista convocado incurrió en tráfico de influencias
respecto a la suscripción del Contrato No. 0148 de 2022, lo cual se soporta en que a
voces del gerente de la EAAAY y del Diputado York Cortés Peña, el Representante a
la Cámara fue quien «contactó, trajo y presentó» al contratista Nelson Javier Suescún
Gómez, representante legal de INGENICONTEC SAS, y en el video en el que se
mencionan las coimas que se tendrían que pagar a unas personas, dentro de las
cuales se encuentra el congresista convocado.

La Sala procede a verificar sí se reúnen los elementos señalados por la
jurisprudencia para determinar si el congresista convocado incurrió en tráfico de
influencias respecto a la suscripción del Contrato No. 0148 de 2022.

i) Que la persona respecto de la cual se indica que ejerce la influencia,
ostente la calidad de Congresista, lo cual debe estar acreditado

Como se expuso, está acreditada la calidad de congresista del señor Hugo Alfonso
Archila Suárez con la credencial E-28, expedida por el Consejo Nacional Electoral,
por medio de la cual se declaró elegido como Representante a la Cámara por el
departamento de Casanare, para el periodo constitucional 2022-2026.

ii) Que el congresista invoque esa calidad o condición ante el servidor
público que conoce del asunto, y a su vez ejerza un influjo síquico, sin

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

consideración al orden jerárquico existente

El solicitante, con el objeto de demostrar que el congresista convocado incurrió en
tráfico de influencias en la suscripción del mencionado contrato, allegó el siguiente
material probatorio:

Contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 811.14.01.00148.22
de 13 de septiembre de 2022, celebrado entre la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY E.I.C.E. E.S.P., y la sociedad Ingeniería y
Construcciones Técnicas SAS -INGENICONTEC SAS-, cuyo objeto es:
«TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN
QM: 500LPS, EFICIENCIA >90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y DISEÑO DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE». Valor de la
inversión $305.550.000.000, plazo 30 años.

Providencia de 20 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare,
mediante la cual se confirmó el auto de 27 de octubre de 2022, expedido por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Yopal, en el proceso de acción popular 85001-
3333-002-2022-00211-01, que decretó como medida cautelar de urgencia «la suspensión
del trámite de legalización, perfeccionamiento y/o ejecución del citado contrato de colaboración
empresarial».

En la providencia de 20 de abril de 2023, el citado tribunal expresó:

«(…) Al verificar el contenido del estudio previo, así como del aludido contrato, se
establece que el desarrollo del mismo tiene varios componentes: el diseño,
construcción y de una PTAR nueva, cuya operación y mantenimiento estará a cargo del
contratista por 30 años; y la consultoría del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado
Sanitario y Pluvial por el mismo tiempo, precisando que la propuesta la allega una
empresa colombiana especializada en tratamiento de aguas, representante de la marca
KWI, empresa austriaca con más de 70 años de experiencia y más de 7.000 Plantas
instaladas en el mundo. Adicionalmente se indica que el contratista “Ingenierías y
Construcciones Técnicas S.A.S.” invertirá USD 70.000.000 a través de fondos de la
banca suiza y/o americana y para recuperar dicha inversión se propone un cobro
financiero sobre una tarifa de cobro mensual de $875 por metro cúbico a partir del
segundo año de gracia hasta que se cumplan los 30 años.

De lo anterior, se evidencia que si bien en el encabezado del contrato se establece que
la inversión estará a cargo del contratista, en lo que atañe a los costos relacionados con
diseño, construcción, suministro, puesta en marcha y operación, se observa que en la
forma de pago se establece con claridad que la EAAAY EICE ESP sí se obliga a pagar
mensualmente una tarifa que se incrementará con base en el IPC, compromiso
financiero que comienza a causarse cumplidos los dos años del periodo de gracia, sin
que se determine nada respecto a la entrega de la nueva planta de tratamiento y su
funcionamiento por parte del contratista, aspectos que no fueron analizados ni
proyectados financieramente en los estudios previos. Adicionalmente advierte la Sala
que en el expediente no reposa documento alguno que acredite la inversión de la
empresa Ingenierías y Construcciones Técnicas S.A.S., esto es, los dineros depositados
en cuentas del exterior, pues no reposa ninguna certificación que permita avalar la
entidad financiera en la que se encuentran depositados los dineros ofrecidos por aquella.

De otro lado, en los soportes que se allegan para demostrar la experiencia, se evidencia
que la empresa contratista ha desempeñado en otras ciudades contratos de prestación
de servicios de mantenimiento y construcción de Plantas de Tratamiento, pozos
profundos y contratos de consultoría; sin embargo, no aportó ningún contrato o
documento que acredite su experiencia en la construcción de Plantas de tratamiento con
la estructura tecnología KWI a nivel nacional.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Ahora bien, en cuanto al objeto del contrato se encuentra que el mismo no se limita a la
construcción de una obra, en este caso, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de Yopal, sino que el mismo se extiende a la operación por 30 años a cambio del cobro
de una tarifa por metro cuadrado que será incrementado anualmente con base en el IPC,
actividad que se enmarca en una concesión, pues es la contratista quien presta el
servicio de alcantarillado a cambio de una tarifa por un tiempo determinado, resaltando
que para la construcción, puesta en marcha y operación, la EAAAY EICE ESP ya hizo
entrega de disposición y acceso al terreno donde funciona la PTAR existente a favor de
la empresa Ingeniería y Construcciones SAS, sin que se logre establecer quién operará
esta última, circunstancia que ante un eventual incumplimiento del contratista se pone en
riesgo la prestación del servicio de alcantarillado en perjuicio de los ciudadanos del
municipio de Yopal.
(…)».

Tal providencia da cuenta de las razones del Tribunal Administrativo de Casanare
para confirmar la medida cautelar de urgencia, en relación con el contrato de
colaboración empresarial en alianza estratégica No. 811.14.01.00148.22.

Denuncia presentada por el contralor departamental de Casanare el 23 de febrero de
2023, ante la Fiscalía General de la Nación, contra los señores Luis Eduardo Castro -
alcalde de Yopal- Hugo Alfonso Archila Suárez -Representante a la Cámara por el departamento
de Casanare-, Jairo Bossuet Pérez Barrera -gerente de la EAAAY- y Manolo Pérez -
exdirector de la Oficina Jurídica de la EAAAY-.

En la citada denuncia se expresa lo siguiente:
«(…)
HECHOS

1. La EAAAY celebró el CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ALIANZA
ESTRATÉGICA No. 00148.22 CUYO OBJETO ES LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE
LA PTAR EXISTENTE CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN QMH:500LPS, EFICIENCIA >90%
Y LODOS TRATADOS N-VIRUS Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR QMH
1500 LPS Y DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

2. El contratista seleccionado por la EAAAY mediante contratación directa es
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. — INGENICONTEC S.A.S NIT.
(…) representada legalmente por NELSON JAVIER SUESCÚN GÓMEZ, C.C. No. (…).

3. EL valor del contrato fue tasado en setenta millones de dólares US 70.000.000
equivalente a trescientos cinco mil quinientos cincuenta millones de pesos
$305.550.000.000.
(…)
4. Por fuente anónima fue entregado a este despacho video y audio donde aparece el
SEÑOR NELSON JAVIER SUESCÚN GÓMEZ, representante legal de INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. explicando cómo se llevó a cabo el negocio y el
valor de las comisiones "coimas que se cancelan" a cancelar.

5. En el desarrollo del video se observa al señor SUESCÚN en su calidad de
representante legal exponer frente a un grupo de "posibles" inversionista la necesidad
que tienen de conseguir dos mil millones de pesos $2.000.000.000 para poder traer
de un fondo suizo los US $85 millones de dólares que necesita el proyecto. (prueba
que el contratista no tiene la capacidad financiera para ejecutar el contrato).

6. Iniciando la conversación señala el señor Suescún que el m3 de agua tratada está
en $220 pesos para poblaciones medianas, pero que en poblaciones como Yopal el
m3 de agua tratada está en los $180 pesos, pero que ellos a la empresa le están
cobrando el m3 en $270 pesos. (con esto está reconociendo que la empresa no hizo
estudios de mercados y que existe un presunto sobrecosto en el valor del m3.)
(minuto 14; minuto 18)

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

7. Continúa exponiendo el mencionado señor que la fase dos de diseño de la PTAR de
5001 L y la fase tres consistente en la construcción de la planta de Tratamiento de aguas
residuales tiene un costo de US $19 millones de dólares, en los cuales está incluyendo
todos los compromisos toda vez que nadie sabe cuánto vale realmente esto,
conocimiento que él tiene y razón por la cual cobra.

Entre la fase de diseños y la construcción de la PTAR se realiza un tren de tratamiento
donde el señor Suescun dice "KWI me cobra a mí por el primer tren de tratamiento de
500 L cuatro millones de dólares, yo cobre a la empresa ocho millones de dólares, como
yo soy diseñador y constructor dije que necesito 19 millones de dólares, pero no voy a
salir que me gaste 8 a mil me toca ajustarme y llegar a los 19 y entregar el producto". Lo
anterior prueba la falta de estudios por parte de la EAAAY de conocer el costo de las
obras verbo y gracia una obra que vale 4 millones de dólares se la van a facturar por $19
millones de dólares.

8. En la exposición que realiza el R/L de la empresa contratista informa que el proyecto
realmente tiene un valor de US 50 millones de dólares pero que para poder cumplir con
las comisiones es necesario elevar el costo del proyecto a US $70 millones de dólares,
sin embargo, a solicitud de sus socios suizos se van a solicitar US $85 millones de
dólares. De esta forma se asegura no castigar el proyecto y sacar las comisiones de
manera anticipada. (1 hora 33minutos)

Indica el contratista que el valor de las comisiones está en un 10%, correspondiéndole a
los aquí denunciados los siguientes valores;

LUIS EDUARDO CASTRO - Alcalde de Yopal el 5% suma que dice se aproxima a 3.5
millones de dólares. Más de 20 mil millones de pesos.

HUGO ALFONSO ARCHILA SUÁREZ- Representante a la Cámara por el Departamento
de Casanare el 1.5% aproximadamente 2 millones de dólares.

JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA- Gerente de la Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY. el 1.5% aproximadamente US$ 2 millones de
dólares.

MANOLO PEREZ Ex Director de la Oficina Jurídica de la Empresa de Acueducto
Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY el 1.5% aproximadamente US$ 2 millones de
dólares. (Minuto 58)

OTRAS COMISIONES el 0.5%

También expone el contratista que dentro del modelo económico le está dejando a cada
futuro alcalde un pequeño detallito hechos que incrementan el costo del contrato. (una
hora 1:00).

9. Ahora bien en el video explica como dentro de los dos mil millones de pesos que
solicita como préstamo a los "inversionistas", señala que mil millones son para abrir la
cuenta en suiza donde le consignen los US $85 millones de dólares el restante es para
montar oficina, pagar Dian, parafiscales y otra serie de gastos donde incluye 200 millones
de pesos los cuales los debe distribuir como un "caramelo" para los denunciados toda vez
que cuando llegue de suiza van a pedirle el dinero y este se demora 45 días. (1 hora 29
minutos)

Ante los hechos expuestos observamos que los aquí denunciados pueden incurrir
presuntamente en los delitos de cohecho y/o peculado o en el delito que la autoridad
penal tipifique.

10. Llama también la atención en la grabación hechos como que el alcalde de Yopal
previo a celebrar el contrato se había reunido dos meses antes con los suizos quienes
presuntamente le manifestaron el afán de desembolsar la plata antes de diciembre (1h
16 minutos) y el hecho de que el contrato no fue suscrito por el alcalde porque así este
se evitaba pedir la autorización del concejo municipal de Yopal. (1h48 minutos)

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11. De otra parte el contratista manifiesta de manera clara que el lote que se va a
comprar para la construcción de la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos de
Yopal PTAR, es un lote de propiedad del Gerente de la EAAAY JAIRO BOSSUET
PÉREZ BARRERA el cual queda ubicado en morichal. (minuto 39)

12. Por su parte el representante Archila ha realizado reuniones en la oficina del
congreso con el señor SUESCÚN dónde ha llevado otras personas para realizar este tipo
de negocios. Constituyendo tráfico de influencias.

13. De otra parte el Señor Suescún señaló lo bien que está estructurado el contrato al
punto que en este momento si la empresa le incumple la alcaldía tiene que responder
solidariamente con la empresa EAAAY, y que ese incumplimiento está en los $70.000.000
millones de pesos, que en caso de convocar un tribunal de arbitramento por
incumplimiento, la empresa tendría que pagar tres mil millones de pesos $3.000.00.000, lo
que nos lleva a concluir que el contrato fue estructurado desde la parte jurídica de la
EAAAY por el señor Manolo Pérez con favorecimiento al contratista dejando en grave
desventaja a la entidad estatal. (1hora 47 minutos)

14. EI contrato no pago impuestos constituyendo con ello un daño fiscal (1h 09 minutos)
y pretende pasar por contratos de prestación de servicios verdaderos contratos de
consultoría a fin de evitar el pago del iva. (minuto 58).

15. El contrato no tiene prevista interventoría espera contratar un supervisor o un amigo
pagado por ellos (1hora 5 minutos) y las pólizas están pagadas por componentes y no
por el total del proyecto (1 hora 9 minutos), la razón el contratista no tiene los $4 mil
millones de pesos que vidria la póliza.

Las anteriores conductas nos hacen presumir que existió una celebración indebida de
contratos acompañada de un concierto para delinquir para perjudicar los intereses de la
EAAAAY.

16. Es de tener en cuenta que se habla de dineros que se pretenden manejar en el país a
través de la creación de holding empresariales constituidos solo con este fin razón por la
cual se solicita investigar el presunto lavado de activos. (minuto 51) (1 hora 24 minutos)

17. A través del audio hace constar que se generaran otros negocios, caso de la
bendición; No hacer una planta de tratamiento para el barrio la bendición para que esos
usuarios se lo sumen a los metros cúbicos del contratista para poder facturar más.
(minuto 38)

Plan maestro de acueducto el cual va a afectar la tarifa (minuto 23), los conductores
(minuto 28 y 41), Tratamiento de lodos (1 hora 54 minutos) señala que Manolo se está
metiendo en el negocio.
(…)».

Con la demanda se aportó un video que, según se afirma, fue publicado el 24 de
febrero de 2023, en el programa sigue la W.

El mencionado video tiene una duración de 4:59 minutos, y dada la calidad del audio,
este se encuentra subtitulado en los siguientes términos textuales:

«Interlocutor 2: Toca cumplirle a
Suescún: a Luis Eduardo, a Jairo, a Hugo, Hugo Archila,
Suescún: Hugo Archila, y a Manolo
Interlocutor 2: En qué porcentaje es, o sea 5% para
Suescún: 1.5 1.5 y 2.5 y como medio por 100/9/4 eso es igualmente
Interlocutor 3: Y como usted me dice de estos 200 usted va a dar un caramelo de un
caramelo
Suescún: No tengo compromiso de decirle a nivel 2020 entonces me mandó un 90, ese
es un caramelo
Interlocutor 2: Pero por lo menos digamos estamos hablando de lo que usted trae que
son 85 años

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Suescún: Lo que yo traigo loco nosotros inicialmente lo habíamos casado con ese por
536000000 de dólares como empezaron a meterle carne pa acá carne pa acá yo lo dije
no lo yo les voy a dar yo les voy a hablar con la verdad yo tenía este negocio atrasado y
50 y me tocaba ir a pegarle a la malla que gana que patinar yo veré que con el mismo
joven en el 2021 y tu cuánto vas a sacar, cuanto vas a sacar pues para que usted viva,
es que borre no, no señor saque 3000000 pa usted que aparte le toca darle otra vez
3000000 a los aja, al financiero mío si saca le subimos a 70 pues le dije a los suyos
tuyos eso es lo que me dio a mi lo que yo quité y me dijo mi amigo que usted va a pedir
70 pida 85 porque no castigue su proyecto con las comisiones y no suban a las
comisiones porque usted no carga proyectos y deja que el proyecto pague y usted saca
sus utilidades por delante ellos no sabían que pues hablando así de que lo quiso dejar
en el avión privado lo llaman en 3 4 meses y usted tiene ya o vienen acá y usted como
queda y dijo no no no que pidan suficiente acá llega el proyecto

Interlocutor 2: No estaríamos hablando del 5% para el alcalde
Suescún: pero el 5% para el alcalde viene siendo por 50 de esas 2 3000000 y medio
actualmente vendría siendo 3 00000
Interlocutor 2: de dólares no de plata
Suescún: en el 1 y medio ah no si ese niño ganando como 200000 de dólares
Interlocutor 3: una pregunta para terminar esa es el cby que se le va a pagar al alcalde, a
josué, a hugo Archila manolo y los otros
Suescún: eso lo voy a hacer a través de una empresa de los pisos que se llama shipping
group
Interlocutor 3: pero usted se lo va a consignar a ellos o se lo va a entregar
Suescún: no eso toca como acá ellos tienen que ir a la cirugía (…) como me encuentro
atrás de un (maricón)… y se cae una (…) con esto vale el pavo no lo voy a hacer yo
pablo lo hace en un intermedio tercero fijo una empresa tercera pero a nombre de ellos a
nombre de envío y con orden por mandato nuestro y todo pero no sale de mis cuentas ni
nada porque yo ya estoy mas boleteado que mi papa y no me pone nada».

El Gerente de la EAAAY, señor Jairo Bossuet Pérez Barrera, en rueda de prensa
realizada el 23 de marzo de 2023, manifestó que el día 22 del mismo mes y año
presentó ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal por falsa denuncia,
fraude procesal, suplantación de autoridad y concierto para delinquir, contra los
señores Cipriano Castro, contralor departamental de Casanare, York Cortés diputado
del mismo departamento, Juan José Cepeda, Camilo Diaz, Rene Leonardo Puentes
ex alcalde de Yopal y Felipe Becerra Vargas, por los hechos relacionados con el
video publicado en el programa Sigue la W.

De la citada rueda de prensa se destaca lo siguiente:

«Periodista: Gerente usted en desarrollo de su intervención quedó de indicarle a los
medios y desde luego a la comunidad, detalles sobre el montaje que se hizo con el
video, cuáles son esos detalles:

JBPB: Los detalles son los siguientes. El señor Cortés con la amistad que tenía con el
señor Hugo Archila logra un contacto, porque además fue el jefe de campaña de Hugo
Archila, logran un contacto. Con la persona que formuló la propuesta acá. Y lograr una
entrevista en principio en la ciudad de Bogotá y luego acá en Yopal. En Yopal lleva el
señor Cortés, el señor Juan José y el señor Camilo, llevan engañosamente al contratista
que eso lo deberá de poner el contratista ante la Fiscalía. Lo llevan a las instalaciones de
la avenida marginal, donde funciona su empresa y allá le tenían listo todo para formularle
un cuestionario, un interrogatorio y hacerlo incurrir en errores.

Esa prueba la traigo a colación porque ese señor Suescún y esos señores tienen que
concurrir a la Fiscalía, a aclarar cómo fue que grabaron ese video ¿En qué forma lo
grabaron? ¿Para qué lo grabaron? y por qué lo hicieron con posterioridad, con mucha
posterioridad a la firma del contrato, si el contrato se había firmado en septiembre y el
video fue firmado aproximadamente a finales de octubre.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

(…)

Periodista: ¿Buenos días, Jairo Hernández Voz de Yopal, noticiero regional, doctor Jairo
Bossuet nombra al parlamentario Hugo Archila que hizo en los enlaces, ¿qué papel
juega el parlamentario en este caso en esa mención que usted hace?

JBPB: Pues yo creo que el parlamentario fue asaltado en su buena fe por parte de quien
fue su jefe de campaña, el señor Cortés, quien fue quien lo acompañó en campaña y le
pidió algún favor que el parlamentario estuvo dispuesto a hacer, el señor parlamentario
Hugo Archila, no tiene conocimiento absoluto del contrato, ni cómo se ni cómo se tramitó,
ni cómo se realizó, ni cómo se perfeccionó. El señor Hugo Archila, simplemente es un
comodín que utilizan los señores y eso me da más pie para lo del famoso concierto para
delinquir, para tenerlo de trampolín ahí para ser un hecho publicitario a nivel nacional, e
ir José Rodolfo Pérez y Cipriano en el mismo avión a la misma hora y regresar el mismo
día, en el mismo avión y a la misma hora a Bogotá a formular la denuncia. Tenemos los
testigos de excepción que viajaron ese día y hay una foto que la repartieron en todos los
medios periodísticos. Posteriormente y antes de la de que saliera este artículo en
semana, también el señor José Rodolfo y el señor Cipriano viajaron en el mismo vuelo
conmigo a Bogotá, con el secretario de Gobierno Departamental. Con el director de
Invias, Arsenio Sandoval y estuvimos en Bogotá y todos viajamos en el mismo vuelo allá
a Bogotá y ellos iban ese día los dos en el mismo vuelo y concurrieron otra vez y se
deduce que estuvieron entre una entrevista con altos funcionarios de la Contraloría o con
altos funcionarios de la superintendencia».

El 9 de agosto de 2023, la Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada
para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico de la Contraloría General de la
República, en respuesta a la denuncia 2023-262220-82111, dirigida a varias
personas entre las que se encuentra el hoy solicitante, indicó que esa entidad recibió
mediante el aplicativo SIPAR las peticiones relacionadas con la presunta
irregularidad en que incurrió la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de
Yopal en la suscripción de los contratos de colaboración empresarial en alianza
estratégica Nos. 00147 y 00148 de 2022.

En la citada respuesta, se indica:

«Hallazgo No. 1. Selección de contratistas para los Contratos No. 147 y 148 de
2022. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.
(…)

• Se evidencia el incumplimiento de los artículos aplicables para la suscripción de los
contratos objeto de estudio, situación que es corroborada por la misma EAAAY al
manifestar que “(…) no significa que este se haya realizado al tenor de lo que define el
artículo 69 de la Resolución 1273 de 2021, Manual de contratación de la EAAAY”., lo que
probablemente generó que los oferentes no tuvieran claridad del marco normativo
empleado en dichos procesos contractuales, así como la celebración de un contrato
mediante una modalidad diferente a la aplicable de acuerdo con su manual de
contratación.

• Por otra parte, frente a lo manifestado por la EAAAY “(…) en la modalidad de
contratación utilizada para celebrar el contrato No. 147 de 2022, no tiene lugar
documento alguno denominado ESTUDIO PREVIO.”, se precisa que cuando se
menciona el término “ estudio previo” se hace alusión al documento emitido el 22 de
marzo de 2022 para la suscripción del Contrato No. 148 de 2022, previo a la celebración
del Contrato 147 de 2022 y en relación con la segunda mención del “estudio previo” se
corrige el documento al cual se hace referencia, toda vez que, es el “manual de
contratación” y en el pie de página se modifica por el numeral 11 del artículo 50.2 de
dicho documento.

• Por otro lado, la EAAAY adjunta la “Certificación de fecha 1 de agosto de 2022, emitida
por la señora BEATRIZ ELENA LOPERA GÓMEZ, Representante Legal de
NORWEGIAN GREEN POWER COLOMBIA SAS (…)”, vale la pena aclarar en

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

documento membretado por SSYAM de Colombia, el cual no brinda certeza sobre la
capacidad financiera del contratista para la ejecución del objeto contractual al no existir
soportes financieros de disponibilidad de recursos o una carta de intención de crédito
emitida por una institución financiera debidamente reconocida.

Por lo anterior, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria y penal, correspondiente a las deficiencias en la estructuración del proceso y
la indebida aplicación de las normas contractuales que rigen a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. E.S.P., para la suscripción de los proyectos
“Construcción e Implementación de una Planta de Tratamiento, Aprovechamiento, y
Manejo Integral e Industrial de Residuos Sólidos Urbanos con Tecnología de Punta, en el
Relleno Sanitario el Cascajar del Municipio de Yopal” y “Transferir tecnología de la PTAR
existente con tecnología KWI para un QM: 500LPS, eficiencia >90 y lodos tratados N-
Virus, y diseño y construcción de la nueva PTAR QM: 1500 LPS, y diseño de plan
maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal,
Casanare”, celebrados mediante los contratos de colaboración empresarial en alianza
estratégica No. 0147 y el 0148 de 2022, infringiendo lo señalado en los artículos No. 6 y
209 de la Constitución Política de Colombia, los artículos No. 8, 9, 18, 28, 29, 30, 39, 40,
50.2, 67 y 69 de la Resolución No. 1273 de 2021 -Manual de Contratación de la EAAAY-,
en concordancia con el numeral 1º del artículo No. 34 de la Ley 734 de 2002, numeral 1
del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 y la Ley 599 de 2000 “Código Penal Colombiano”.

Hallazgo No. 2. Estudios previos de los Contratos No. 147 y 148 de 2022. (Fase de
Planeación). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Al revisar el informe “ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS
DE YOPAL, CAUSAS Y CONSECUENCIAS” que adjuntó la EAAAY en su respuesta a la
observación, se resaltan los siguientes apartes:

• • “Colmatación de lagunas de oxidación supera el 80% de su capacidad lo que resta
capacidad y calidad de tratamiento al sistema generando un aumento de olores fétidos
expelidos por las lagunas en la putrefacción de los excesos de lodos que finalmente
aumentan la carga orgánica en el vertimiento.”

• • “El volumen de lodo revela el estado de las lagunas, para el caso de la laguna
facultativa N°1 se estableció que cuenta con un volumen aproximado de 21584 m3, que
equivale al 80.56% del volumen total de la laguna. Mientras que la laguna facultativa No
2 tiene un nivel aproximado de 19.226,2 m3, que equivale al 81.01% del volumen total
del reactor. El alto nivel de lodos ha reducido el tiempo de retención hidráulico,
actualmente este es inferior a un día, en ambas lagunas. Otro de los indicadores de que
las lagunas facultativas no se encuentran operando en buenas condiciones es la falta del
color característico de las mismas, el cual debe ser un verde intenso, que significa
actividad fotosintética de las algas y la reaireación a través de la superficie.”

• • “(…) actualmente las lagunas de oxidación del sistema de depuración de aguas de
Yopal presentan un nivel de saturación en lodos que supera el 80% del volumen de cada
laguna según batimetrías realizadas en los dos últimos años, siendo las lagunas
facultativas el proceso más afectado. Esta condición ha generado un alto impacto
negativo en la eficiencia del proceso de depuración de aguas, a continuación,
enumeramos los más importantes:

• a) Pérdida de eficiencia en la remoción de cargas orgánicas. Los parámetros de DBO y
DQO son inestables. Se ha evidenciado mediante análisis de agua en el afluente de las
estructuras que las lagunas de oxidación están generando un detrimento en la calidad
del
• vertimiento, en lugar de reducir los niveles de cargas orgánicas, los aumenta y los
mantiene fluctuantes por encima del límite máximo permisible por la Resolución 631 de
2015.

• • b) Proliferación de olores fétidos en la zona de influencia de las lagunas de oxidación.
Debido a los excesos de lodos en las lagunas, ha aumentado exponencialmente los
niveles de gases producto de la metanogénesis, nitrificación y digestión de sulfatos ya
que la sobre saturación de lodos genera una inminente putrefacción de estos.”
•

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

Informe que corrobora lo indicado por la CGR en la observación comunicada relacionada
con el estado actual de la PTAR. Además, si bien es de conocimiento para la CGR la
necesidad de la construcción e implementación de una planta de tratamiento,
aprovechamiento y manejo integral e industrial de residuos sólidos en el relleno sanitario
el Cascajar, para la población de Yopal, esto no desvirtúa el hecho de que esa
necesidad subsistía desde hace años y no obstante se presentó como novedoso para
justificar una contratación con iniciativa privada, pues es evidente que la EAAAY tenía
conocimiento desde el 2007 del estado y las dificultades que estas presentaban y no
adelantó acciones para atender la problemática.

• En consecuencia, se configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia
disciplinaria, correspondiente a las deficiencias en la etapa de planeación de los
proyectos “Construcción e Implementación de una Planta de Tratamiento,
Aprovechamiento, y Manejo Integral e Industrial de Residuos Sólidos Urbanos con
Tecnología de Punta, en el Relleno Sanitario el Cascajar del Municipio de Yopal” y
“Transferir tecnología de la PTAR existente con tecnología KWI para un QM: 500LPS,
eficiencia >90º y lodos tratados N-Virus, y diseño y construcción de la nueva PTAR QM:
1500 LPS, y diseño de plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del
municipio de Yopal, Casanare”; contraviniendo los artículos No. 6 y 209 de la
Constitución Política de Colombia, los artículos No. 8, 9, 18, 28, 29, 30 y 32 de la
Resolución No. 1273 de 2021, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del
artículo No. 34 de la Ley 734 de 2002 y numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1952 de
2019.

223. CONCLUSIONES.

La Contraloría General de la República concluye lo siguiente:

• Se configura el hallazgo No. 1. Selección de contratistas para los Contratos No. 147 y
148 de 2022. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y penal.

• Se configura el hallazgo No. 2. Estudios previos de los Contratos No. 147 y 148 de
2022. (Fase de Planeación). Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Teniendo en cuenta que se evidencian conductas o hechos que deben ser investigadas
por parte de la Procuraduría General de la Nación – PGN, se dará traslado para lo de su
competencia.

• Igualmente, se evidencian hechos objeto de indagación por parte de la Fiscalía General
de la Nación - FGN, por lo cual, se dará traslado para lo de su competencia».

Con la demanda se aportó video de una entrevista -sin fecha-, realizada al diputado
York Cortés (DYC), por parte de los medios de comunicación Martha Cifuentes Noticias &
Contenidos (MC) y Casanare Hoy.com.co (CHoy), sobre: (i) los contratos suscritos por la
EAAAY para la PTAR y el relleno Cascajar, aprovechamiento de residuos y (ii) el
video en el cual se comenta sobre el pago de coimas y las denuncias que presentó el
contralor departamental de Casanare -ante los organismos de control y la Fiscalía General de
la Nación- y el Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal.

En la entrevista, el diputado expresó:

«DYC: Se presenta la oportunidad para hacer un proyecto para el mejoramiento y
restablecion de las lagunas de oxidación de la PTAR de Yopal, eso veníamos haciendo
la gestión ya casi un año atrás, si y usted sabe que la gestión ante el gobierno nacional
no es fácil ni tampoco es rápido (…).

DYC: El doctor Jairo Bossuet se opuso, se opuso porque de pronto ya se había firmado
el contrato anterior. Y de pronto ya no sé qué artimañas habían debajo de la mesa, que
eso sí, no me consta.

CHoy: Pero usted no había hablado con el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

DYC: Claro, ¿primero hay que pedirle permiso al dueño de la casa para entrar, no? Yo
había hablado con el doctor Luis Eduardo, quien muy amablemente me recibió varias
veces en su despacho. Hablamos del tema, estuvo de acuerdo, Me dijo York hágale. Si
no hay problema con el nuevo contrato que se firmó, pues háblese con el contratista.

CHoy: Explorar cómo podían compaginar los dos proyectos

DYC: Exactamente, o sea, búsquese al contratista y explíquele el proyecto de ustedes si
ese proyecto no tiene nada que ver con el nuevo proyecto o con el nuevo contrato que
se firmó por mí no hay problema. Yo le dije listo, me fui y busqué al señor Suescún, nos
reunimos en Bogotá, hablamos muy cordialmente. Le expliqué el proyecto, todo el tema.

CHoy: Usted conocía al Señor Javier Suescún.

DYC: Nunca ese día, el 5 de octubre en Bogotá, lo conocí por primera vez. Hablamos,
interactuamos.

CHoy: Usted como lo conoció

DYC: A mí me lo presenta el parlamentario Hugo Archila en Bogotá y de hecho pues el
alcalde, pues me dice reúnase con Hugo, que HUGO conoce del contratista y yo me
reúno con él, pero Hugo aquí absolutamente lo que habla el señor Jairo Bossuet, que yo
asalté en la buena fe a Hugo, es que Hugo no tiene arte ni parte acá.

CHoy: El alcalde lo remitió a Hugo y Hugo lo contactó con Suescún.

DYC: Sí, son conocidos, es como si a usted me dice que usted conoce a Fulano de
tal. Le dije sí ole preséntemelo, no más fue lo que Hugo hizo y es más, yo le apoyé a
Hugo, lo ayudé. En la campaña nos pusimos la camiseta y Hugo es un buen chino, un
buen amigo, no sé por qué Jairo Bossuet lo saca sin necesidad de eso, como lo dije, el
alcalde también estaba totalmente de acuerdo, quien se opuso fue Jairo Bossuet, porque
ya tenía amarrado lo suyo, no sé, ustedes lo conocen.

Nos reunimos con el hombre en Bogotá y le planteé el proyecto que se estaba
gestionando y el hombre lo estudia y me dice, hombre, ese proyecto es bueno, benéfico
para nosotros porque es que lo mío es traer todas las plantas de tratamiento. Lo mío no
es hacer lo que ustedes van a hacer.

Prácticamente ustedes me entregan una casa amueblada con aire acondicionado para
vivir, yo no es si no traer mis máquinas instalarlas y empezar a producir.

¿Le dije, o sea, usted está de acuerdo con ese proyecto? Y dijo, sí, claro, es tan así que
el hombre me da un concepto técnico, me lo envía a mi whatsapp, yo lo leo que es
viable, le digo, hombre, usted por qué no me hace un favor, pues háblese con el doctor
Jairo Bossuet y háblese con el alcalde y dígale que sí es viable. Además, eso mitiga una
problemática en Yopal que hay con unas acciones populares que tiene el alcalde, y lo
apoyamos, lo ayudamos porque al igual de todo, Luis Eduardo es amigo mío.

(…)

Entonces volvemos al tema, me reúno con el ingeniero Suescún, quien me atiende muy
amablemente. Yo no tengo nada contra él tampoco. Llegamos a unas conversaciones, él
viaja a YOPAL, se reúne con Jairo Bossuet, se reúne con Luis Eduardo, hablan,
dialogan, él está de acuerdo totalmente, pero quien coloca la piedra en el zapato se
llama el doctor Jairo Bossuet,

CHoy: No le pareció viable.

DYC: No le pareció viable porque él ya tenía de pronto su negocio amarrado por debajo
de cuerda. ¿No será? con el derecho que me asiste a equivocarme?

MCF: o sea, ya en octubre, digamos a mediados, ustedes ya sabían que ese proyecto no
lo iban a….

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

DYC: Lo tonequeamos por acá por allá, es más, hasta el doctor Luis Eduardo muy
amablemente manda reunir algunos secretarios para que estudien la viabilidad, dicen,
hombre, sí, esto está bien, pero el que no le gustaba el proyecto era Jairo Bossuet.

MC: Y ahí que pasó.

DYC: pues que no hubo nada.

MC: Bueno, ahí no hubo el proyecto.

DYC: No hubo el proyecto, entonces me dicen, no va al proyecto, entonces yo les digo,
bueno, el que manda en la casa pues no firma la carta de intención para que se trajeran.
Es más, yo me reuní con Jairo Bossuet, lo que hice en la entrevista es cierto, en la
oficina de él, con el señor Juan José, nos reunimos los 3, le explicamos nuevamente el
tema y salimos desinflados porque no nos dijo sí o no, dijo pues tocará esperar, a ver
reunirnos nuevamente ya habían hecho como 3 reuniones y otra reunión, entonces no
hay nada, él no nos vuelve a contestar el celular definitivamente no va al proyecto. Yo
me reúno con Suescún nuevamente en Bogotá y le digo, amigo, aquí no hay nada, sí
aquí cerramos el tema y bueno, listo es cuando Suescún me dice amigo: pues como
usted no va el proyecto, ayúdeme a conseguir unos inversionistas para invertirle al
proyecto grande de lo que ellos firmaron, de la PTAR.

¿Y le dije, bueno, y cuánto es más o menos? dijo, no, yo necesito para arrancar 2000
millones de pesos y le dije yo 2000 millones de pesos, de dónde los voy a tener, de por
Dios, mucha plata, le dije, pero yo de pronto tengo unos amigos, de hecho, llamé a dos
amigos de Medellín que ellos son contratistas en el tema perdón, en todo lo que es
saneamiento básico y todo ese tema tienen conocimiento y tienen músculo financiero.
Les expliqué el proyecto. Y de una vez me dijeron, York, eso ahí no hay nada, porque
ellos ya sabían, claro, ya se había armado el escándalo sobre la firma del contrato y ellos
ya sabían y conocían el tema y dijo, no, ahí no hay nada.

Sin embargo, le dije bueno, yo tengo otro amigo que pues el hombre es contratista, tiene
músculo financiero, pues yo voy a hacer la gestión de presentárselo. Ese día hice una
videollamada, se lo presenté, quedamos de reunirnos aquí en Yopal. Al señor Jesús no
se lo trajo o no lo trajimos engañado.

Choy: ¿no hay tal entrampamiento?

DYC: nunca, nunca jamás. Él vino por su propia voluntad.

Choy: ¿por petición de él mismo?

DYC: Por petición de él, para que le consiguiéramos los inversionistas, porque el hombre
se lo digo sinceramente, no tenía un peso, yo no sé cómo firman ese contrato, no me voy
a meter con nadie, pero yo no se, cómo no, un músculo financiero, para un contrato de
esa magnitud, entonces yo le digo, hermano, pues reunámonos en Yopal, Nos reunimos,
claro, yo hago parte de la reunión».

Sobre el video que da cuenta de una reunión en la que se comentan presuntos
pagos, expresó:
«DYC: Yo hago parte de la reunión porque estaba presentando a los inversionistas.

MC: La reunión fue en Yopal.

DYC: En Yopal, claro, no recuerdo la fecha.

MC: Pero fue en octubre, noviembre?

DYC: No recuerdo más o menos si fue a finales de octubre, a principios de noviembre
no recuerdo bien al igual se hizo la reunión, claro duramos casi 2 horas y media en esa
reunión.

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

CHoy: La del famoso video

DYC: La del famoso video, entonces que pasa, se habló era de que nos expusiera la
parte técnica y financiera para poder invertir (…)

CHoy: Necesito saber cómo es el negocio y en que consiste

DYC: pero la parte técnica y financiera mas no lo que el señor Suescún habló

MC: Pero como se llega a eso de que él comienza a hablar de las comisiones para el
alcalde, para el parlamentario para los políticos

DYC: Pues la verdad Martha no sé de dónde le salen esas cosas a él porque nosotros
no estábamos preguntando eso Martha, nosotros estábamos preguntando, era o yo no,
porque yo estaba, perdóneme. La palabra era de sapo. Estábamos era escuchando
que nos dijera la parte técnica, que si usted invertía 10 pesos, cuánto iba a ganar?
Porque siempre, o sea, el que vaya a invertir, pues tiene que saber cómo va a
recuperar su dinero. Y eso era lo que estábamos hablando. ¿Entonces qué dijo él? ¿Yo
necesito 2000 millones de pesos por el momento

CHoy: y ustedes le preguntan para qué lo necesita

DYC: Para qué? O sea, esos 2000 millones de pesos dentro del negocio de los 5000
que se iban aportar de los inversionistas para el contrato para la ejecución, dice, yo
necesito irme para Suiza con esa plata, abrir una cuenta y ya abrir la cuenta, pues me
transfieran los 85 millones de dólares. Para hacer la planta de eso, lo que quería hacer.
¿Y le dijo, Bueno, y los 2000 millones, con cuánto la van a abrir?. Él creo que dice, yo
la abro con 1000 algo así y la otra plata y ahí es donde él se explaya diciendo que él
tendrá que decirle a la justicia que por qué hablo de eso, en ningún momento, ustedes
pueden ver que se le puso una pistola ni nada, absolutamente nada, nada.

MC: Pero si es que el habla ahí en esos 2000 millones que iba a dar unos caramelos,
porque ese fue el término que utilizó, pero eso es distinto a cuando comienza a hacer
una puntualización de que del monto total del contrato, que es de 70 millones de
dólares, le va a dar el 5% al alcalde Yopal y reparte 1.5% a los demás actores.

DYC: Pues Martha, eso sí, ya es, digamos, responsabilidad de él lo que dice, porque
nosotros en ningún momento estábamos preguntando, nosotros estábamos
preguntando si cómo era el negocio, parte técnica y la parte presupuestal, no más.

Choy: Fue espontáneo.

DYC: De momento, el hombre no sé qué le pasó y se le olvidó o no sé qué, pero la
verdad, pues él tendrá que responder. Ahora yo le hago una pregunta ¿Martha,
Colmenares por qué nos denuncian a nosotros? ¿Y por qué no denuncian al
contratista?.

CHOY: o sea la injuria y calumnia.

DYC: Bueno, supuestamente iban a yo escuché por ahí, porque yo ahorita ando un
poquito lejano por los problemas que he tenido de seguridad, es que inmediatamente
salió eso, Jairo Bossuet fue uno de los que dijo que iba a denunciar por injurias al
contratista. ¿Lo ha denunciado?, no lo ha denunciado.

Algunos otros salieron, los han denunciado, no los han denunciado, pues hombre, el
hombre tendrá que la Fiscalía, y ojalá a mí sí me llame la Fiscalía y les cuento lo que
estoy diciendo.

CHoy: Usted da fe de que esa reunión, porque la línea argumentativa de la defensa del
alcalde y del gerente de la empresa es que ese vídeo es espurio que está manipulado.
¿Usted da fe que comoquiera que participó? ¿De que lo que allí se contiene es cierto
que eso lo habló Suescún?

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

DYC: Yo conozco de la reunión, Colmenares, mas no, no sé qué tendrá contenido el
vídeo porque yo no lo conozco. Conozco lo que salió no más, pero si se grabó toda la
reunión, si no se grabó, si se grabó ese pedacito no más, eso sí no tengo conocimiento
y eso tendrá el doctor Cipriano. Cuando lo llame la Fiscalía decir ¿Quién le entregó el
vídeo, ¿dónde está o si no se grabó eso?

MC: Usted nunca entregó ese video.

DYC: Jamás.

CHOY: ¿supo que estaban grabando?

DYC tampoco. O sea, no sabemos absolutamente de nada.

MC: Es imperdonable si yo no le pregunto, cuando el señor Javier Suescún hace la
referencia de esas coimas que no estamos hablando de cualquier coima, estamos
hablando de 35 mil millones de pesos en sobornos para hacerse a ese contrato. ¿Qué
pensó usted? y qué pensó el señor, bueno, no le voy a preguntar por lo que pensó el
señor JJ Cepeda, porque pues no, no usted no piensa como él, ¿pero usted qué
pensó?

DYC: No, pues este man está loco, o sea, ahí es donde se ve el afán de conseguir los
recursos, no sé qué Dios me perdone, uno que quería hacer un tumbe, coger su plata e
irse del país, de pronto con el error que me asiste de pronto de equivocarme no?. O
dos, será cierto, pero según lo indican que se han hecho miles de documentos allá a
Suiza y nadie responde, lo mismo con la KGWI aquí en México, hasta el mismo Pipe
que está involucrado, ahora resultamos el cartel de los primos.

CHOY: ¿Cómo es su relación de parentesco?

DYC: Yo cuando, o sea, el doctor Jairo Bossuet sacó un nuevo árbol genealógico en
derecho que sabemos los abogados y aparezco yo, primo de Pipe, aparezco yo, primo
de Leonardo, o sea.

Choy: de José Rodolfo Pérez.

DYC: José Rodolfo me maneja a mí, que yo elegí a Cipriano, si es que nosotros somos
11 diputados que elegimos allá. Entonces, o sea, sale con unas bestialidades,
perdóname, la palabra que yo digo, este señor está totalmente desencajado, que no
haya a quién echarle la culpa de la ****** que hizo. Ahora. ¿Cómo es posible? Ahora sí,
un poquito, yo el único varón que ha firmado un contrato, lo ha revisado y lo ha
aprobado se llama Jairo Bossuet y dónde estaban los jurídicos que no firmaron ese
contrato?. ¿Por qué no lo firmaron? Ah, porque cuando les iban a hacer firmar el
contrato picaron gallera y se fueron.

CHOY: ¿cómo hicieron para solventar ese problema de la negativa de firma por parte
de los jurídicos?

DYC: No sé la verdad ahí si no me meto, pero los que tenían que firmar revisar no le
revisaron, él dijo, venga, yo le hago (…)».

En la audiencia pública celebrada el 29 de abril de 2024, el solicitante se refirió a la
comunicación de la Dirección General Administrativa del Senado de la República,
que allegó en el trámite de segunda instancia surtido contra el auto que le negó unas
pruebas trasladadas, la que según afirma, da cuenta de las visitas a las instalaciones
del congreso del contratista Nelson Javier Suescún y del Diputado York Cortés Peña
para reunirse con el Representante Archila Suárez, en la misma época en que fue
suscrito el polémico contrato 00148 de 2022.

Al respecto, se advierte que, en relación con esa comunicación, en la providencia de
segunda instancia de 8 de abril de 2024, la Sala Plena del Consejo de Estado

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

confirmó el auto de pruebas de 2 de noviembre de 2023, y señaló que «[e]stas pruebas
no serán valoradas, y no se hará pronunciamiento sobre las mismas, en esta etapa procesal, toda vez
que las mismas no se encuentran relacionadas tanto en el escrito inicial de pérdida de investidura,
como en los recursos interpuestos».

Del mismo modo, esta Sala no se pronunciará sobre la mencionada comunicación,
toda vez que ya se encuentra vencida la oportunidad para aportar pruebas en
primera instancia y, por ende, no es procedente que, en una etapa procesal posterior
a la legalmente establecida, se allegue nuevo material probatorio, porque de
aceptarse tal conducta se le vulneraría el derecho de defensa y contradicción del
congresista convocado.

De acuerdo con las pruebas reseñadas, se precisa lo siguiente:

Contrato de colaboración La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio
empresarial en alianza de Yopal (EAAAY) y la sociedad INGENICONTEC SAS,
estratégica No. 00148.22 de 13 suscribieron el contrato de colaboración empresarial en alianza
de septiembre de 2022. estratégica No. 00148.22 del 13 de septiembre de 2022, para la
«TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA PTAR EXISTENTE
CON TECNOLOGÍA KWI PARA UN QM: 500LPS, EFICIENCIA
>90% Y LODOS TRATADOS N-VIRUS, Y DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PTAR QM: 1500LPS, Y
DISEÑO DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
YOPAL, CASANARE». Valor de la inversión $305.550.000.000,
plazo 30 años.

Auto de 20 de abril de 2023, La providencia da cuenta de las razones del Tribunal
proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare para confirmar la medida cautelar de
Administrativo de Casanare en la urgencia, en relación con el contrato de colaboración empresarial
acción popular 85001-3333-002- en alianza estratégica No. 811.14.01.00148.22.
2022-00211-01, mediante el cual
se confirmó la providencia de 27
de octubre de 2022, dictada por
el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de
Yopal, que decretó como medida
cautelar de urgencia, «la
suspensión del trámite de
legalización, perfeccionamiento
y/o ejecución del contrato de
colaboración empresarial en
alianza estratégica No.
00148.22».

Denuncia de 23 de febrero de Se fundamenta en que los denunciados pueden incurrir
2023, presentada por el contralor presuntamente en los delitos de cohecho y/o peculado, toda vez
departamental de Casanare ante que en un video que le fue entregado por una fuente anónima,
la Fiscalía General de la Nación aparece el contratista Nelson Javier Suescún Gómez,
contra el alcalde del municipio de representante legal de INGENICONTEC SAS, quien expresa que
Yopal, el gerente de la EAAAY y con ocasión de la celebración y ejecución del contrato No.
el congresista convocado, entre 00148.22 del 13 de septiembre de 2022, debe pagarles a los
otros. denunciados comisiones o coimas.

Asimismo, se adujo que existió una indebida celebración de
contratos, acompañada de un concierto para delinquir para
perjudicar los intereses de la EAAAY.

Respecto al congresista convocado Hugo Alfonso Archila Suárez
en la mencionada denuncia se anota que ha realizado reuniones
en la oficina del Congreso con el señor Suescún Gómez y ha

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Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

llevado a otras personas, lo cual constituye tráfico de influencias.

Video aportado con la demanda. En la solicitud de pérdida de investidura, se indica que quien
Según lo manifestado en la aparece en el video es el señor Nelson Javier Suescún Gómez,
solicitud de pérdida de el cual sostiene que le debe entregar dineros a unas personas
investidura fue publicado en la entre las que se encuentra el congresista convocado, la forma en
página de la emisora La W el 24 la que se determinan los costos de un contrato y se harían los
de febrero de 2023. pagos.

Video de rueda de prensa de 23 En la rueda de prensa, el gerente de la EAAAY manifestó en
de marzo de 2023 del gerente de relación con el video aportado con la solicitud de pérdida de
la Empresa de Acueducto, investidura, que el día anterior presentó ante la Fiscalía General
Alcantarillado y Aseo del de la Nación denuncia penal contra el contralor departamental de
municipio de Yopal. Casanare, York Cortés -diputado del mismo departamento- y otras
personas, en tanto que se trata de un «entrampamiento».

Asimismo, indicó que el parlamentario convocado fue asaltado
en su buena fe por el diputado York Cortés, ya que el señor
Archila no tiene conocimiento absoluto del contrato, ni cómo se
tramitó, realizó o perfeccionó.

Respuesta de la Directora de En la respuesta se indicó que se encontraron hallazgos
Vigilancia Fiscal de la Contraloría relacionados con la selección de contratistas y los estudios
Delegada para el Sector Vivienda previos de los contratos 147 y 148 de 2022, con presunta
y Saneamiento Básico de la incidencia disciplinaria y penal por lo cual se daba traslado a la
Contraloría General de la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la
República a la denuncia 2023- Nación, para lo de su competencia.
262220-82111-, presentada por
el hoy solicitante y otras
personas.

Entrevista del diputado York El diputado manifestó que hizo parte de la reunión en la que se
Cortés a medios de grabó el video, la cual, según afirma, tenía por objeto conseguir
comunicación del municipio de inversionistas para financiar un proyecto para el mejoramiento de
Yopal. las lagunas de oxidación de la PTAR de Yopal, y que para ello
acudió al congresista Hugo Alfonso Archila Suárez, quien se
limitó a presentarle al señor Suescún Gómez representante de
INGENICONTEC SAS.

Señaló que el señor Suescún Gómez fue quien expresó que
debían entregarse coimas o pagos a diferentes personas, entre
las que se encuentra el congresista convocado.

Asimismo, indicó que le corresponde al señor Suescún Gómez
responder por qué razón habló de ese tema en la reunión.

La Sala, teniendo en cuenta el precedente trascrito sobre valoración probatoria de las
noticias, fotografías, opiniones, reportajes, columnas y declaraciones de servidores
públicos en medios de comunicación, conforme con el cual, cuando en dichos
medios se recojan hechos públicos o notorios, declaraciones o manifestaciones
públicas de funcionarios del Estado, estos deben ser valorados como prueba
documental, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se
aducen, y apreciados en conjunto con las demás pruebas que obran en el proceso,
no encuentra acreditado el influjo psíquico por parte del congresista convocado, por
cuanto no se advierte que incurrió en una actuación dirigida a influir en un servidor
público respecto a la suscripción del Contrato No. 00148.22 del 13 de septiembre de
2022, como lo afirma el solicitante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

En efecto, del contenido de las entrevistas del gerente de la EAAAY y del Diputado
York Cortés se desprende que si bien el congresista convocado conocía al señor
Suescún Gómez representante de INGENICONTEC SAS, ello resulta insuficiente
para determinar si el convocado ejerció influencia sobre un servidor público en el
marco de la celebración del Contrato No. 00148.22 del 13 de septiembre de 2022,
máxime que el referido gerente, que fue la persona que suscribió ese convenio,
manifestó que el señor Hugo Archila Suárez no tiene conocimiento sobre la
celebración, trámite o perfeccionamiento del mismo.

Además, se destaca lo expuesto por el diputado Cortés respecto a las circunstancias
en las que conoció al señor Suescún Gómez, pues se advierte que estas fueron
posteriores a la celebración del contrato -13 de septiembre de 2022-, en tanto se indicó
que fue el 5 de octubre de 2022, cuando el congresista convocado lo contactó con
esa persona, con el fin de desarrollar un proyecto diferente al objeto del Contrato No.
00148.22 del 13 de septiembre de 2022.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que lo afirmado por el representante de
INGENICONTEC SAS -sociedad contratista- sobre el pago de unas presuntas coimas al
Representante a la Cámara Hugo Archila Suárez, entre otras personas, se refiere a
una presunta conducta que no acredita el elemento del ejercicio de un influjo
psíquico por parte del congresista sobre un servidor público, el cual es necesario
para que se configure la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias
debidamente comprobado.

La Sala destaca que lo relacionado con la suscripción del referido contrato y el pago
de presuntas coimas, fue puesto en conocimiento de la Contraloría General de la
República, entidad que anunció dar traslado a la Procuraduría General de la Nación y
a la Fiscalía General de la Nación, tal como consta en las conclusiones de la
respuesta a la denuncia 2023-262220-82111, antes transcrita.

En tales condiciones, al no estar acreditado el ejercicio de un influjo síquico del
congresista convocado ante un servidor público, sin consideración al orden
jerárquico existente, no es necesario analizar los demás elementos señalados por la
jurisprudencia, para determinar si se configuró el tráfico de influencias alegado, en
cuanto estos son concurrentes. Por lo tanto, la Sala concluye que por este aspecto
no se encuentra demostrada la causal de pérdida de investidura invocada.

7.3. Por último, si bien el solicitante en la demanda señala un presunto tráfico de
influencias por parte del congresista convocado en relación con la entrega de
puestos en el Fondo Nacional del Ahorro, no se observa desarrollo argumentativo y
probatorio que sustente tal afirmación, por lo cual no está acreditado.

En conclusión, no está probado, correspondiéndole la carga de la prueba al
solicitante, la concurrencia de todos los elementos necesarios para que se configure
la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 numeral 5 de la
Constitución Política.

8. Elemento subjetivo
Como no se configura la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 183
numeral 5 de la Constitución Política, la Sala se abstiene de examinar el elemento
subjetivo.

32

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04924-00
Actor: OROMAIRO AVELLA BALLESTEROS

9. Conclusión

De acuerdo con lo analizado por la Sala Once (11) Especial de Decisión, se negará
la pérdida de investidura, toda vez que no se probó que el congresista convocado
incurrió en la causal prevista en el artículo 183 numeral 5 de la Constitución Política.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Once (11) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. NEGAR la pérdida de investidura del representante a la Cámara por el
departamento de Casanare Hugo Alfonso Archila Suárez, elegido para el periodo
constitucional 2022-2026.

2. COMUNÍQUESE lo dispuesto en esta sentencia a la Mesa Directiva de la
Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministro del Interior,
para lo de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1881
de 2018.

3. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación, con fundamento
en lo previsto por el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, el cual deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Once (11) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidenta de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARÍA ADRIANA MARÍN LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Ausente en comisión

(Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

33

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