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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04791-00

Fecha
22 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04791-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Augusto de Jesús Osorno Gil contra la congresista Isabel Cristina Zuleta López, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 38 Las demás pruebas de cargo obrantes en el expediente tienen relación con la calidad de congresista de la acusada, por lo que no son pertinentes ni conducentes para establecer la configuración del elemento objetivo de la causal invocada en la solicitud de pérdida de investidura. 13 Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00 Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia SEGUNDO: En firme esta sentencia, archívese el expediente y remítase copia de esta providencia a la mesa directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. Por Secretaría General de la Corporación procédase de conformidad.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04791-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTITRÉS ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

Temas: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS – Artículo 110 de la Constitución
Política - Prohibición a quienes desempeñan funciones públicas de hacer contribuciones a
partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que
establezca la ley / SISTEMA PROBATORIO EN LOS PROCESOS DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA - Por regla general corresponde al de la libertad probatoria y libre apreciación /
CARGA DE LA PRUEBA - Recae sobre el solicitante de la pérdida de investidura, quien debe
acreditar los elementos objetivo y subjetivo de la causal que invoca / VALORACIÓN
PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS - artículo 247 del Código General del Proceso
y artículos 10 y 11 de la Ley 527 de 1999 - los mensajes de datos serán admisibles como
medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada para los documentos / VALORACIÓN
PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS - se tienen en cuenta las reglas de la sana
crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas; debe
observarse la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado
el mensaje, la confiabilidad en la manera que se haya conservado la integridad de la
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente,
tales como la verificación de su origen y trazabilidad / VALORACIÓN DE IMPRESIÓN DE
PANTALLAZO DE RED SOCIAL - no constituye un mensaje de datos, pues no fue allegado al
expediente en el formato en que fue generado, es decir, no se hizo mediante el enlace de
emplazamiento digital del mensaje digital, sino a través de su impresión en papel, lo que
conlleva su valoración como prueba documental, según dispone expresamente el artículo 247
del Código General del Proceso / VALORACIÓN DE ENTREVISTA DE LA ACCIONADA EN
MEDIO DE COMUNICACIÓN – es susceptible de valoración como mensaje de datos, fue
allegada al expediente en el formato en que fue generada y se indicó en la demanda el enlace
de emplazamiento digital en que se encuentra alojada la grabación, por lo que existe certeza
respecto de su origen, la identificación de su autor y la generación y conservación de la
integridad de la información allí contenida / VALOR PROBATORIO DE LAS NOTICIAS,
OPINIONES, REPORTAJES Y COLUMNAS EN LOS DIVERSOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN - su valor probatorio se sujeta a: i) su verificación posterior contrastada con
otros medios de prueba que permitan confirmar o descartar la certeza de lo que se relata en la
información de prensa; ii) a que se trate de hechos notorios y/o públicos; o iii) que transcriban
declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.

Procede la Sala Especial de Decisión a resolver la solicitud de pérdida de
investidura formulada en contra de la senadora Isabel Cristina Zuleta López, con
fundamento en la violación del artículo 110 de la Constitución Política 1.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de pérdida de investidura

1. En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -regulado por
la Ley 1881 de 2018- el señor Augusto de Jesús Osorno Gil -mediante

1 La norma prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos,

movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley.

1

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

apoderado- radicó solicitud de pérdida de investidura 2 en contra de la senadora
de la República Isabel Cristina Zuleta López, por considerar que incurrió en la
prohibición consagrada en el artículo 110 de la Constitución Política3, cuya
configuración conlleva la pérdida de investidura.

Los fundamentos fácticos y jurídicos invocados por el solicitante

2. Con la finalidad de acreditar la configuración de la causal referida, el
solicitante expuso las siguientes razones de hecho y de derecho.

3. Sostuvo que la denunciada resultó elegida senadora de la República en
las elecciones celebradas el 13 de marzo de 2022, tomó posesión del cargo el
20 de julio siguiente. Frente al elemento objetivo sostuvo que el 17 de agosto de
2023, en el marco del calendario electoral para las elecciones territoriales del 29
de octubre de ese mismo año, la congresista concedió una entrevista en el medio
de comunicación denominado “Blu Radio”, en la que manifestó que contribuía
directamente con la financiación de las campañas territoriales de algunos
candidatos y no a través de la organización política en la que milita; así, en
criterio del solicitante la congresista induce a que los demás congresistas o
servidores públicos de elección popular usen su salario para apoyar otros
candidatos en lugar de hacer esos aportes a las organizaciones políticas, tal
como excepcionalmente lo autoriza la Ley 1475 de 2011 en el artículo 27.

4. Sobre el elemento subjetivo señaló que la conducta se realizó a título de
culpa, pues la acusada estaba en condiciones de comprender el hecho
configurativo de la causal, sumado a que de acuerdo con el artículo 9° del Código
Civil “la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su trasgresión”, de manera
que en su calidad de servidora pública debe atender el contenido del artículo 6
de la Constitución Política.

La oposición a la solicitud de pérdida de investidura

5. La congresista se opuso al decreto de la pérdida de investidura pretendida
por el solicitante, con fundamento en la siguiente línea argumentativa 4.

6. Señaló que en la entrevista se habló sobre el endeudamiento personal
para su campaña y después pasó a hablarse del apoyo a campañas para las
elecciones de octubre de 2023, cambio brusco que desubicó a la entrevistada y
generó una controversia en la que el comunicador daba a entender que los
parlamentarios no podían financiar campañas y la discusión giró alrededor de la
diferencia entre donación y financiación.

2 Inicialmente, a través del auto del 7 de septiembre de 2023 se inadmitió la solicitud de pérdida de
investidura objeto de análisis; sin embargo, subsanados los defectos detectados, mediante el proveído del
9 de octubre de la misma anualidad, fue admitida [índices Nos. 4 y 12 de la plataforma tecnológica SAMAI
del Consejo de Estado].
3 El solicitante también pidió que se decretara como medida cautelar la suspensión provisional del acto de

elección, con la consecuente separación del cargo de la congresista denunciada. En auto de 8 de febrero
de 2024 se rechazó la medida, por considerar que la naturaleza especial, constitucional y subjetiva del
medio de control de pérdida de investidura hace incompatible el objeto y fin del medio de control con el
decreto y práctica de medidas cautelares. La decisión no fue objeto de recursos.
4 Intervención presentada dentro de la oportunidad procesal pertinente [índice No. 24 de la plataforma

tecnológica SAMAI del Consejo de Estado].

2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

7. Expuso que la Procuraduría inició una investigación preliminar, por lo que
al día siguiente se hizo una publicación en la red social de la congresista, a
manera de aclaración y solicitud de concepto u opinión hacia el Ministerio
Público, lo que llevó a que no se materializaran los aportes que se mencionaron
en la entrevista, de modo que no se hizo ninguna contribución al partido al que
pertenece ni a campañas electorales.

8. Consideró que sus declaraciones no configuran en sí mismas infracción a
las normas electorales ni al artículo 110 superior, pues la congresista hablaba
con el convencimiento de que su actuación estaba cobijada dentro de las
excepciones a la financiación política que se hace a favor de los miembros de
corporaciones públicas de elección popular y ni siquiera se hizo precisión sobre
nombres de esos candidatos ni circunstancias de tiempo, modo y lugar.

9. Concluyó que la interpretación de la normativa electoral no prohíbe a los
parlamentarios la financiación de campañas y fija unas excepciones, que fue lo
que entendió la senadora después de escuchar los conceptos de personas
conocedoras de la materia, lo que hace desaparecer cualquier asomo de dolo o
culpa.

La etapa probatoria

10. A través del auto del 8 de febrero de 20245, se abrió el proceso a pruebas 6.
Posteriormente, mediante el proveído del 21 de febrero del mismo año7, se fijó
la fecha para la celebración de la audiencia pública prevista en el artículo 12 de
la Ley 1881 de 20128.

La audiencia pública

11. El 11 de marzo del año en curso se realizó la audiencia pública9 a que se
refiere el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018.

12. En la diligencia participó el solicitante y su apoderado, el señor Procurador
Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, así como la congresista denunciada
y su apoderado. Las intervenciones realizadas pueden resumirse en los
siguientes términos.

El solicitante

13. El apoderado del solicitante indicó que reiteraba todo lo expuesto en la
solicitud y advirtió que en la entrevista la denunciada realizó una confesión
explícita, pues admitió haber apoyado candidatos en ese momento con su
salario. Agregó que con las declaraciones de la demandada en un programa de
radio de cobertura nacional se indujo a la audiencia conformada por personas

5 Índice No. 39 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
6 Se decretaron los documentos aportados con la solicitud de pérdida de investidura y su contestación. Se

negó el interrogatorio de parte de la denunciada. El auto no fue objeto de recursos.
7 Índice No. 49 de la plataforma tecnológica SAMAI del Consejo de Estado.
8 «Artículo 12. A la audiencia pública asistirá la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura y será

presidida por el magistrado ponente. Esta diligencia quedará registrada en medio magnético para que obre
dentro del expediente.
Las partes podrán intervenir, por una sola vez, en el siguiente orden: El solicitante o su apoderado, el agente
del Ministerio Público y el Congresista y su apoderado» [énfasis añadido].
9 Índice 73 en SAMAI.

3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

que desempeñan funciones públicas a incurrir en la prohibición de financiar
candidatos.

El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado

14. El representante del Ministerio Público solicitó que se niegue la solicitud
de pérdida de investidura. Indicó que si bien se encuentra acreditada la entrevista
realizada a la senadora no se allegó prueba que demuestre que hubiera
realizado alguna contribución a los partidos, movimientos o candidatos, o
inducido a otros a que lo hicieran, por lo que no procede siquiera el análisis de
las excepciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 ni
considerar el elemento subjetivo.

15. Señaló que la carga de la prueba recae en el peticionario y que por
tratarse de un proceso sancionatorio debe salvaguardarse el debido proceso y
atender los principios pro personae, favorabilidad, pro libertate, in dubio pro
sancionado, legalidad, prohibición de la analogía, culpabilidad, razonabilidad y
proporcionalidad, dadas las graves consecuencias que puede acarrear una
condena.

La congresista denunciada

16. La congresista Isabel Cristina Zuleta López expuso que en la entrevista
radial habló como senadora de la República y que sus declaraciones se
enmarcan en la inviolabilidad señalada en el artículo 185 de la Constitución, por
lo que acceder a la pérdida de investidura implicaría afectar dicha garantía
constitucional.

17. Refirió que no se realizaron donaciones o aportes y que incluso estarían
dentro de la excepción, además de que no actuó con dolo o culpa, por lo que no
se configura la causal invocada.

El apoderado de la congresista denunciada

18. El representante judicial de la denunciada solicitó que se niegue el decreto
de la pérdida de investidura pretendida, pues no se encuentran acreditados los
elementos objetivo y subjetivo de la causal, ya que solo se anunció en una
entrevista que se estaba apoyando, pero nunca se indicaron nombres de
candidatos o campañas receptoras ni se realizó ningún aporte y por ello no hay
prueba en el expediente de tal situación. De otro lado, la congresista era tan
consciente de la licitud de su conducta y de que no incurría en falta alguna que
así lo argumentó en la entrevista; es decir que no faltó al deber de cuidado, no
incurrió en desatención elemental ni violó normas de obligatorio cumplimiento.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. No se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado. Adicionalmente, se verifica que en este juicio están satisfechos los

4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

presupuestos procesales: [i] competencia10; [ii] caducidad del medio de control 11
y [iii] legitimación en la causa12 -tanto por activa como por pasiva-.

El objeto de la controversia

20. Corresponde a la Sala determinar si a la luz de los hechos puestos de
presente por el solicitante, la Congresista denunciada incurrió en la violación de
la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas de hacer
contribuciones a partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo
haga, salvo las excepciones establecidas en la ley.

21. Como ruta de análisis camino a la decisión, la sala deberá establecer si
se encuentra demostrado el elemento objetivo de la causal. En caso afirmativo
se procederá a determinar si la congresista denunciada actuó con culpa grave.

La pérdida de investidura y la causal invocada

22. En apretada síntesis, la acción de pérdida de investidura constituye un
mecanismo público para el control del poder político. Es por esto que su
titularidad pertenece a todo ciudadano, quien tiene la posibilidad de reprochar la
conducta del congresista que incurra en comportamientos contrarios a la
dignidad e investidura que como representante del pueblo le corresponde. Tales
conductas se relacionan con: (i) la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o en conflicto de intereses; (ii) el incumplimiento del deber
de asistencia a sesiones plenarias; (iii) la indebida destinación de dineros
públicos o tráfico de influencias; o, (iv) no tomar posesión del cargo para el que
fue elegido por votación popular.

23. Al lado de las circunstancias antes referidas, también se consagra como
causal para que un congresista pierda la investidura (v) la violación de los topes
máximos en la financiación de campañas públicas 13 y (vi) “hacer contribución
alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan,
salvo las excepciones que establezca la ley 14”.

10 De conformidad con lo previsto en los artículos 184 y 237-5 de la Constitución Política de 1991, 37-7 de

la Ley 270 de 1996 -LEAJ-, 111-6 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- y 2 de la Ley 1881 de 2018, la Sala
Veintitrés Especial de Decisión es competente para conocer, en primera instancia.
11 En virtud de lo prescrito en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, la solicitud de pérdida de investidura

debe presentarse dentro del término de 5 años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho
generador de la causal invocada, so pena de que se configure la caducidad de la acción. Así pues, como
las circunstancias constitutivas de la supuesta violación del artículo 110 constitucional datan del 17 de
agosto de 2023 -fecha de la entrevista en la que se hicieron las manifestaciones que sustentan la causal-
hasta la actualidad y el medio de control se presentó el 4 de septiembre de 2023 -índice 1 de la plataforma
Samai-, su ejercicio fue oportuno.
12 Según lo previsto en los artículos 143 del CPACA y 5 de la Ley 1881 de 2018, la pérdida de investidura

de un congresista puede ser solicitada por cualquier ciudadano. En ese sentido, tanto el señor Augusto de
Jesús Osorno Gil como la senadora Isabel Cristina Zuleta López se encuentran legitimados en la causa -
por activa como por pasiva, respectivamente-, ya que respecto de ambos extremos procesales se
acreditaron las calidades exigidas para ser parte en este tipo de juicios, tal como se desprende de los
documentos allegados con la solicitud de pérdida de investidura, en especial del acta de escrutinio general
de 13 de marzo de 2022 para Senado de la República, formulario E-26 SEN y la Resolución No. E-3332 de
19 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, en los que consta que la señora Zuleta López fue elegida
como senadora de la República para el período 2022-2026 -anexos de la demanda visibles en el índice 2
de SAMAI-.
13 Artículo 109 de la Constitución Política.
14 Artículo 110 de la Constitución Política.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

24. De manera concreta la pérdida de investidura se expresa como un
mecanismo judicial, de especial naturaleza sancionatoria, que implica un juicio
de responsabilidad subjetiva cuando el congresista, con su conducta dolosa o
gravemente culposa15, hubiere incurrido en una de las causales ya referidas.

25. La naturaleza sancionatoria de la pérdida de investidura y la potencial
afectación del mandato popular expresado en las urnas por cuya virtud se unge
un ciudadano como representante de sus electores, impone la observancia de
todas las garantías del derecho al debido proceso, en especial las relativas a la
legalidad de los tipos sancionatorios, regla que se vincula de manera inescindible
al mandato de interpretación taxativa y restrictiva de las causales por las cuales
procede la desinvestidura.

26. En cuanto a su objetivo amplio o general, el proceso de pérdida de
investidura busca asegurar que los representantes de la sociedad accedan al
cargo respetando el ordenamiento jurídico en su conjunto y que, una vez
elegidos, puedan desempeñar sus funciones con imparcialidad, libres de
presiones o intereses personales; con ello se busca que los congresistas actúen
como verdaderos representantes de la voluntad popular y no a partir de intereses
particulares o ajenos al bienestar general 16.

27. Sin perjuicio de este objetivo general, a partir del cual se legitima al
Congreso de la República y revitaliza el sistema democrático 17, existen
propósitos concretos que se expresan en cada una de las casuales de pérdida
de investidura, los cuales permiten comprender los elementos que deben
concurrir para su configuración.

28. Así, para el caso concreto el artículo 110 de la Constitución Política,
atendiendo a la finalidad de la prohibición allí contenida, su descripción normativa
y con apoyo en la jurisprudencia existente en la materia 18, exige la concurrencia
de los siguientes elementos:

Sujetos activos de la prohibición: “…quienes desempeñan funciones
públicas”, con lo cual la norma adopta un criterio material, determinado por la
naturaleza de la función desempeñada, que comprende todas las
manifestaciones del poder, pues el desarrollo de las funciones se engloba en la
categoría de públicas.

15 Artículo modificado por la Ley 2003 de 2019, publicada en el diario oficial No. 51142 del 19 de noviembre

de 2019.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-237 de 2012.
17 Ibidem.
18 Cfr. Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta

Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2021, Radicación número: 11001-03-15-000-2021-
04572-00(PI), Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio; Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de abril de 2018, Radicación número: 11001-03-13-000-2017-
00328-00(PI), Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, sentencia de agosto 29 de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-01700-
00 (PI), Consejero ponente: Milton Chaves García; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de abril 24 de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-01062-00 (PI), M.P.
Carmelo Perdomo Cuéter; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
marzo 2 de 2010, expediente 54001-23-31-000-2007-00157-02 (IJ), PI, Consejera ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de
junio de 2002, Radicación número: 11001-03-15-000-2002-00073-01 (043), Consejero ponente: Alier
Eduardo Hernández Enríquez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

Conductas censuradas: consisten en “hacer contribución alguna” o “…inducir
a otros a que lo hagan…”, con lo que se erige un tipo sancionatorio complejo,
que agrupa más de dos descripciones típicas distintas.

Los receptores de la contribución o sus posibles destinatarios: deben ser
los partidos, movimientos o candidatos.

29. La jurisprudencia de esta Corporación ha fijado el contenido y alcance de
los verbos rectores que tipifican la prohibición antes referida, para señalar que
“contribuir” implica financiar o entregar dinero para el funcionamiento de partidos
o movimientos o para promover campañas 19, mientras que el término “inducir”,
se refiere a dirigir la voluntad del funcionario o del particular que ejerce funciones
públicas hacia un fin determinado, que lo perjudica en la medida en que
disminuye sus ingresos, y correlativamente beneficia a quien realiza la inducción
o al tercero en cuyo favor se realiza el aporte 20.

30. A la par de las prohibiciones en comento, el artículo 110 de la Constitución
Política prevé que la ley podrá establecer algunas excepciones, como es el caso
del numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que exceptúa de la
prohibición a los miembros de corporaciones públicas de elección popular,
quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las
que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las
campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la
financiación privada.

31. La consecuencia jurídica o sanción consagrada es la pérdida de
investidura para los congresistas, diputados, concejales y miembros de las
Juntas Administradoras Locales. Para todos los demás, el desconocimiento de
lo allí preceptuado conlleva la remoción del cargo.

32. El sistema probatorio propio de los procesos de pérdida de investidura se
asienta en las reglas de la libertad probatoria y libre apreciación, de manera que
en aplicación de ellos cualquier medio de prueba puede ser utilizado para
acreditar los hechos y circunstancias que son objeto de debate, bajo postulados
de pertinencia, conducencia y utilidad. Por su parte, el juzgador debe valorar los
medios de prueba que integran el material probatorio con fundamento en la sana

19 En este sentido Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de

febrero de 2013, Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00261-00(PI), Consejero ponente: Alfonso
Vargas Rincón; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de agosto
de 2011, Radicación: 11001-03-15-000-2011-00164-00 (PI), Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de
2010, radicación: 54001 -23-31-000-2007-00157-02(IJ) PI, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de
Páez. Vale anotar que en sentencia de 11 de mayo de 2004, la Sala Plena Contenciosa hizo la siguiente
precisión: “En ese contexto se puede apreciar claramente que la expresión “contribución alguna” no se
refiere a cualquier clase de colaboración con un partido, movimiento o candidato, como transportar, por
ejemplo, ocasionalmente, a alguno de los directivos o al candidato mismo al sitio donde tendrá lugar alguna
reunión o manifestación política, o participar el servidor público con sus familiares y amigos en actividades
que aquellos o éste programen para difundir o discutir sus propuestas de campaña o realizar alguna otra
ayuda análoga o equivalente, pues todo indica que la aludida expresión comprende exclusivamente lo que
guarda relación con “financiar”, expresión que gramaticalmente significa “aportar el dinero necesario para
una empresa”; y en una segunda acepción “sufragar los gastos de una actividad, de una ob ra” y, en
concordancia con lo anterior, “financista” o “financiador” es la persona “que aporta el dinero necesario para
una empresa”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 2004, Radicación:
25000231500020020214701(IJ), Consejero ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de agosto 29 de 2017,

expediente 11001031500020160170000 (PI). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia de 8 de febrero de 2000, Radicación número: AC-8931; Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de agosto 17 de 1994, Exp. AC-1899.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

crítica, “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia y validez de ciertos actos” -artículo 176 del CGP-.

33. Sobre la carga de la prueba, esta recae sobre el solicitante de la pérdida
de investidura21 22, sin posibilidad de invertirla dado el carácter sancionatorio del
proceso y la aplicación de la presunción de inocencia 23.

El caso concreto

34. Está acreditada la calidad de congresista de la denunciada a partir del
contenido del formulario E-26 SEN de 13 de marzo de 2022 y la Resolución No.
E-3332 de 19 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, en los que consta
que la señora Isabel Cristina Zuleta López fue elegida senadora de la República
para el período 2022-202624.

35. De los medios de prueba que obran en el expediente25, los únicos dirigidos
a demostrar la violación de las prohibiciones contenidas en el artículo 110 de la
Constitución se contraen al video de la entrevista concedida por la senadora
Isabel Cristina Zuleta López y la impresión de la captura de pantalla del tweet
publicado por la accionada en su cuenta oficial de la red social Twitter (ahora X)
el 19 de agosto de 2023, dirigido a la Procuraduría General de la Nación.

36. Teniendo en cuenta las particularidades de las pruebas recaudadas en el
proceso, es del caso establecer si cumplen con los presupuestos necesarios
para su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

21 La carga de la prueba en los procesos de pérdida de investidura recae sobre el actor; esta es la regla

general en los procesos de que conoce la justicia contenciosa administrativa, así: “La referida norma legal
desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit
probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso
Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho
de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que
sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar
los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple
con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su
causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos
fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos
de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, un fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de diciembre de 2007, Radicación: 11001 -
03- 15-000-2006-01308-00(PI), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
22 “[L]a aplicación del principio “onus probandi incumbit actori” acogido en el artículo 167 del C.G.P., mueve

a decir que corresponde al solicitante de la pérdida de investidura, la demostración de la conducta que
reprocha al congresista acusado, tanto en lo que atañe a sus elementos objetivos, como en lo referente al
elemento subjetivo del dolo o de la culpa grave”. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
8 de septiembre de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-04145-01(PI).
23 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de septiembre de 2023, Radicación: 11001-

03-15-000-2023-00145-01 [PI], Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico; Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 16, sentencia de 11 de octubre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2019-01599-00(PI) C.P. Nicolás Yepes Corrales.
24 Anexos de la demanda visibles en el índice 2 de SAMAI.
25
i) Vídeo del programa de radio “Mañanas Blu” conducido por el periodista Néstor Javier Morales Corredor,
realizado en directo el día jueves 17 de agosto de 2023 y publicado en el canal oficial del medio de
comunicación Blu Radio en la red social YouTube, en el cual consta la entrevista concedida por la senadora
Isabel Cristina Zuleta López; ii) Impresión de la captura de pantalla del tweet publicado el 19 de agosto de
2023 por la accionada en su cuenta oficial de la red social Twitter (ahora X), dirigido a la Proc uraduría
General de la Nación; iii) Copia del Formulario E-26 SEN proferido por el Consejo Nacional Electoral con
fecha del 19 de julio de 2022, que contiene los resultados de las Elecciones del Senado de la República
llevadas a cabo el 13 de marzo de 2022; iv) Copia de la Resolución E-3332 de 19 de julio de 2022, “Por
medio de la cual se declara la elección del Senado de la República, se asignan las curules para el periodo
2022-2026 y se ordena la expedición de las respectivas credenciales” y v) Comunicado del 18 de octubre
de 2023 proferido por el Movimiento Político Colombia Humana a través de su Secretaria General, Carmen
Anachury Díaz, titulado “El Movimiento Político Colombia Humana recha (sic) la persecución mediática y
jurídica que sufre la líder socio-ambiental y Senadora de la República Isabel Cristina Zuleta”.

8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

247 del Código General del Proceso26 en consonancia con lo previsto en los
artículos 10 y 11, de la Ley 527 de 1999, que determinaron que los mensajes de
datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria será la
otorgada para los documentos en las disposiciones del Capítulo VIII del Título
XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, del Código de Procedimiento Civil, -
entiéndase hoy el Capítulo IX, del Título Único, Sección Tercera, Libro Segundo,
del Código General del Proceso-.

37. Como punto de partida debe indicarse que en ninguna actuación judicial
se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de
información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho de que se trate
de un mensaje de datos o debido a que no fue presentado en su forma original.

38. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que
se refiere la Ley 527 de 1999, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica
y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas; por
consiguiente, deberá observarse la confiabilidad en la forma en la que se haya
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la manera que
se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se
identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente, tales como la
verificación de su origen y trazabilidad 27.

39. En cuanto al contenido de la impresión de la captura de pantalla del tweet
publicado por la accionada en su cuenta oficial de la red social Twitter (ahora X)
el 19 de agosto de 2023, se considera que para efectos probatorios no constituye
un mensaje de datos, pues no fue allegado al expediente en el formato en que
fue generado; es decir, no se hizo mediante el enlace de emplazamiento del
mensaje digital, sino a través de su impresión en papel, lo que conlleva su
valoración como prueba documental, según dispone expresamente el artículo
247 del Código General del Proceso28.

40. El mensaje en cuestión constituye un documento privado y dice
textualmente: “Isabel Cristina Zuleta @ISAZULETA. Señores de la @PGN_COL
no he entregado ninguna donación, anuncié que lo haría a través de mi partido,

26 “Artículo 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, o
recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas
generales de los documentos […]” (se destaca).
27 Sobre la valoración de los mensajes de datos allegados al proceso judicial, la Secci ón Primera de esta

Corporación, en sede de pérdida de investidura de miembros de corporaciones territoriales expresó lo
siguiente: “Es así como, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción
digitales, entiéndase, como en el caso concreto, fotos y videos divulgados en redes sociales como
Facebook, -así como en las restantes redes como Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, entre otros-, y las
leyendas, notas y pie de fotos que detallen, complementen o describan tales publicaciones o intervenciones,
se requerirá, como requisitos para su apreciación, de conformidad con las reglas de la sana crítica y sus
particularidades, que: (i) la información contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior
consulta –artículo 6°, de la Ley 527/99–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje, es decir quien lo
genera –artículo 7°, de la Ley 527/99–; y (iii) se verifique la integralidad de su contenido, esto es, que no
haya sido alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva –artículos
8° y 9°, de la Ley 527/99–. De lo contrario, al no reunir estas condiciones informáticas, la simple impresión
de un mensaje de datos será valorada, como ya se vio, de conformidad con las reglas generale s de los
documentos, en los términos del artículo 247 del CGP ”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2021, Radicación
81001233900020200012701, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
28 “La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas

generales de los documentos”.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

basada en esta norma porque en nuestra interpretación estoy en la excepción
contemplada en la Constitución y en la Ley 1475 de 2011. Sino es así, espero
su concepto y no lo haré”. Se indica como fecha y hora de envío las 12:29 pm
del 19 de agosto de 2023.

41. En la contestación de la solicitud no se planteó objeción al contenido del
documento ni a su valor probatorio; en cambio se reconoció su publicación y se
calificó como una aclaración y solicitud de concepto u opinión al Ministerio
Público29.

42. Las precisas manifestaciones contenidas en esta prueba documental no
permiten establecer que la congresista denunciada haya incurrido en las
prohibiciones contenidas en el artículo 110 constitucional; por el contrario, señala
que no ha entregado ninguna donación y ni siquiera se refiere a la inducción, lo
que descarta la configuración del elemento objetivo con base en ella, asunto que
tampoco tiene entidad probatoria llamada a tener efectos judiciales .

43. El video de la entrevista concedida por la senadora Isabel Cristina Zuleta
López es susceptible de valoración como mensaje de datos, toda vez que fue
allegada al expediente en el formato en que fue generada 30 y además se indicó
en la demanda el enlace de emplazamiento digital en que se encuentra alojada
la grabación 31, de manera que existe certeza respecto de su origen, la
identificación de su autor, sin tacha u oposición sobre la generación y
conservación de la integridad de la información allí contenida.

44. Sobre el valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes y columnas
en los diversos medios de comunicación, la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha considerado que no constituyen por sí solos medios de prueba
idóneos para demostrar la veracidad y autenticidad de la información allí
contenida. La información así aportada podrá ser valorada como una prueba
documental que establece la existencia de la información y en torno a que la
noticia fue publicada, sin que constituya por sí sola un medio idóneo que acredite
la veracidad y autenticidad de su contenido 32. Así, su valor probatorio se sujeta
a: i) su verificación posterior contrastada con otros medios de prueba que
permitan confirmar o descartar la certeza de lo que se relata en la información
de prensa; ii) que se trate de hechos notorios y/o públicos; o iii) que transcriban
declaraciones o comunicaciones de servidores públicos 33. En este último

29 “De hecho así se expresó públicamente en su red social, al día siguiente de la apertura de investigación

preliminar en la Procuraduría. Lo que el demandante califica como retractación es en realidad una
aclaración y una solicitud de concepto u opinión hacia el Ministerio Público. Precisamente esto llevó a que
no se materializaran los aportes que se mencionaron en la entrevista, de modo que no se hizo contribución
alguna al partido al que pertenece ni a las campañas electorales”.
30 El video se allegó en formato MP4, obrante en el archivo
3_110010315000202304791003EXPEDIENTEDIGI20230904114917, allegado con la demanda y visible en
el índice 2 de SAMAI.
31 https://www.youtube.com/watch?v=y9EiyyqIPqo
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, junio 6 de 2007. Expediente

AP-00029, Consejera ponente: María Elena Giraldo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 11 de agosto del 2011, expediente 20325, Consejero ponente: Mauricio
Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
28 de agosto de 2014, radicación 2000-00340-01(28832) Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourt;
11001-03-15-000-2011-013782011(1P).
33 Este criterio fue fijado por la Corporación en sentencias de 14 de julio de 2015, expediente

110010315000201400105-00, Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro y 21 de junio de 2016.
expediente 11001031500020130125800, Consejera ponente: María Elizabeth García González, en los que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sostuvo que el valor probatorio de la información periodística

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

supuesto, tales declaraciones dan fe de su contenido, sin perjuicio de su
contradicción por parte del sujeto procesal contra quien se aduce la prueba 34.

45. La Sala Plena Contenciosa, en la sentencia de 14 de julio de 2015 35 indicó
que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas y noticias que aparecen en
los diversos medios de comunicación, considerados de forma aislada no
cumplen ninguno de los requisitos para que se les reconozca valor probatorio,
en tanto que lo único que pueden probar es el registro de un hecho, pero no la
veracidad ni la certeza del mismo.

46. En la misma línea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos le otorga un alcance restringido a la valoración de las
versiones de prensa como medios probatorios en sus procesos, ligado
directamente a la existencia de otros elementos de juicio obrantes en la
actuación, lo que lleva a concluir que las publicaciones periodísticas operan
como medios auxiliares de prueba 36.

47. En este caso el contenido de la prueba en cuestión no fue objeto de
reproche ni desconocimiento en la contestación de la solicitud de pérdida de
investidura, ya que la actividad defensiva se concentró en discutir el alcance
probatorio de las declaraciones allí expresadas, por estimar que no configuran
en sí mismas infracción a las normas electorales ni al artículo 110 superior.

48. Las declaraciones recogidas en la prueba que se analiza, están llamadas
a ser valoradas en la forma indicada, a partir de la siguiente transcripción
literal37:

se sujeta a su ulterior verificación, para lo cual es viable acudir al auxilio de otros medios de prueba que
permitan confirmar o descartar la certeza de lo allí relatado. En el mismo sentido Cfr. Consejo de Esta do,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022, radicación:
05001233100020100151801 (56.466), Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 7 de marzo de 2017, Radicación número: 11001-03-
15-000-2015-00659-00(A), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés (E); Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 17 de marzo de 2016, Radicación número: 76001-23-33-000-2015-01577-01,
Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 9 de agosto de 2016, Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU), Consejero
ponente: William Hernández Gómez (E).
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de julio de 2015,

expediente 110010315000201400105-00, Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. “En el caso de las
declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en
los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán
que ser desvirtuadas.
En otros términos, estos serán valorados conforme a las reglas previstas para las pruebas documentales.
Por tanto, esas declaraciones o manifestaciones públicas, recogidas o registradas en diversos medios de
comunicación darán fe de su contenido, sin perjuicio de su contradicción por parte de quien en su contra se
aducen”.
35 Expediente 110010315000201400105-00, Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
36 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los documentos de prensa,

presentados por las Partes, “… pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios, o
declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con
el caso y acreditados por otros medios”. Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de
julio 4 de 2007, caso Escué Zapata vs Colombia. Este criterio fue acogido por la CIDH desde la sentencia
dictada el 29 de julio de 1988 en el caso Velásquez Rodríguez vs Honduras y fue aplicado posteriormente
en las sentencias de los casos Bueno Álvez y La Cantuta. La jurisprudencia de la CIDH también ha
considerado que las informaciones de prensa no pueden tener un valor probatorio por cuanto “… son
emitidas con la finalidad de llamar la atención del lector y así tener oportunidad de obtener una mayor
comercialización del periódico en el cual se encuentran insertas; [y que] por ello, la veracidad de tales notas
se ve disminuida”. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Anzualdo
Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, y Caso Garibaldi Vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla
Pacheco Vs. Estado Unidos Mexicanos.
37 Video allegado con la demanda y visible en el índice 2 de SAMAI, así como en la página web Youtube,

visible a través del enlace digital indicado en la demanda https://www.youtube.com/watch?v=y9EiyyqIPqo

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

“NESTOR MORALES: ¿En cuánto se endeudó usted para la campaña
electoral si me permite? ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: Por doscientos
millones de pesos. PERIODISTA: ¿Eso fue para la campaña a senado o para
la campaña de sus candidatos a las alcandías, elecciones de octubre? ISABEL
CRISTINA ZULETA LÓPEZ: No, no, no. Para las campañas locales, lo que yo
estoy haciendo es un aporte personal porque sé las enormes dificultades de
un líder social para sacar una valla, para sacar un volante, para hacer un
periódico. Pero eso lo saco de mi salario. Lo que estoy diciendo es ¡cuidado!
Nosotros no tenemos otra manera de hacer nuestras campañas, porque
nosotros no tenemos padrinos de empresas privadas, nosotros no recibimos
esos recursos y hacemos esa tarea con el voto a voto. Nosotros no
hipotecamos nuestro voto, pero tenemos que sacar de nuestro salario cómo
hacer la campaña, cómo llegar a los territorios. Ahora, de la campaña general,
a nosotros no nos dieron ningún recurso para llegar a los territorios; entonces
nosotros tenemos que pagar la gasolina, tenemos que transportarnos y…
NESTOR MORALES: Usted me estaba aclarando, me estaba diciendo,
¿Usted está poniendo plata hoy en esta campaña electoral en el que estamos
para candidatos en las regiones? ¿Era lo que usted estaba diciendo? ¿Le
entendí bien? ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: Si, así es. Yo estoy
apoyando los candidatos con mi salario y creo que ese es mi deber, mi
responsabilidad a través de donaciones que están permitidas por la Ley,
estamos ayudando en toda la poca experiencia que llevo en este poco tiempo
de ejercicio, apoyando a esas candidaturas de campesinos, tenemos un
candidato camionero, tenemos un candidato del pueblo, tenemos varios
candidatos en varios departamentos que necesitan todo el respaldo, no
solamente a través de donaciones concretas en publicidad, sino que voy a
hacer presencia con ellos en los territorios, para poder acompañar sus
candidaturas; y para eso necesito recursos. Lo que yo dije ayer es, ¿de dónde
sacan los demás tanta plata para hacer campaña? Para mí solo sale del
salario, por qué, porque yo tengo prohibición expresa por la Constitución, yo
no recibo ningún ingreso más de ninguna parte. NESTOR MORALES: Sí. Lo
que le sugiero es que mire bien, a modo de sugerencia muy respetuosa, porque
tengo entendido que funcionarios públicos no pueden hacer aportes a
campaña y hay casos y hay antecedentes de funcionarios que han perdido la
investidura por poner plata de, como funcionarios públicos para campañas
electorales, pero es una anotación mía al margen. Le deseo mucha suerte. ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: No, yo sí puedo participar en política y
esa fue la claridad que me dieron, tengo toda la posibilidad de participar en
política. NESTOR MORALES: No le estoy diciendo que no pueda participar en
política, lo que le sugiero es que mire el tema de financiación de campañas
porque usted es funcionaria pública. ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: De
donaciones, que es distinto a la financiación. NESTOR MORALES: ¿Cómo?
ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: Pero claro que sí, yo lo recibo. NESTOR
MORALES: ¿Cómo me dijo que no le entendí? ISABEL CRISTINA ZULETA
LÓPEZ: Recibo su consejo… que es distinto financiar a hacer una donación
en concreto incluso con mi participación, todo eso son recursos. NESTOR
MORALES: No, hacer una donación es financiar. ISABEL CRISTINA ZULETA
LÓPEZ: Sí, por eso, mi propia presencia en los territorios también es un apoyo
en concreto y requiere recursos. NESTOR MORALES: Ah no, pero me acaba,
me acaba de decir que puso plata, no le estoy hablando de su valiosa
presencia. ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: Claro, yo estoy sacando
publicidad en concreto y eso se hace solo con plata. NESTOR MORALES:
usted me dijo que sacaba plata. ISABEL CRISTINA ZULETA LÓPEZ: para
sacar vallas, para sacar así es, y a través de las donaciones y las reporto
efectivamente para que aparezca en las cuentas claras de todos esos
candidatos.

PERIODISTA: ¿A quién le reporta eso? ISABEL CRISTINA
ZULETA LÓPEZ: No, los candidatos tienen que reportarlo en sus cuentas
claras, la donación que reciben, lo que yo hago es con mi propia contabilidad. NESTOR MORALES: Ah bueno, sospecho que esto, que esto le puede causar
alguna inquietud, entonces le sugiero que mire bien el régimen de
incompatibilidades, si me permite la sugerencia respetuosa doctora Zuleta, le

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

agradezco esta ayuda y esta entrevista doctora Zuleta. ISABEL CRISTINA
ZULETA LÓPEZ: muchas gracias que estén muy bien”.

49. Aun cuando las declaraciones son asertivas acerca de la conducta de la
congresista frente a su apoyo a candidatos y ciudadanos con su salario, por si
mismas no acreditan las condiciones de tiempo, modo y lugar bajo las que se
pudo haber dado la materialización de la contribución o la inducción que prohíbe
el artículo 110 constitucional, como tampoco existe en el expediente algún otro
medio de prueba que permita confrontar el contenido de tales manifestaciones
para establecer la efectiva realización de los aportes en algún monto específico
en dinero o especie, o a favor de algún candidato o campaña en particular 38;
menos aún estas declaraciones revelan la inducción concreta frente a un
funcionario o particular en ejercicio de funciones públicas, como tampoco las
circunstancias modales en que lo anterior habría tenido ocurrencia,
precisándose que en esta materia el verbo inducir revela una conducta
encaminada a influir en el ánimo de un tercero para lograr la realización
voluntaria o involuntaria de una acción o abstenerse de ejecutarla, acción sobre
la cual el texto de las declaraciones no ofrece evidencia.

50. De acuerdo con lo anterior, las declaraciones de la Congresista no
acreditan la realización fenomenológica de los verbos rectores de la conducta
inmersa en la prohibición que se le acusa de haber trasgredido. Estas
declaraciones, por si mismas, no tienen el alcance probatorio exigido para
configurar el grado de certeza necesario para acreditar el elemento objetivo de
la causal de pérdida de investidura que se ha invocado por el ciudadano Osorno
Gil.

51. No mediando otros medios de convicción o de prueba distintos a los antes
referidos, la Sala se ve relevada de pronunciarse sobre el elemento subjetivo y
demás manifestaciones exculpatorias de la congresista, entre ellas, la de
inviolabilidad de sus opiniones, no obstante lo cual, frente a la causal que se le
imputa tal garantía constitucional no está comprometida. De esta manera, se
impone denegar las pretensiones formuladas.

III. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión de Pérdida de Investidura,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por el
ciudadano Augusto de Jesús Osorno Gil contra la congresista Isabel Cristina Zuleta
López, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

38 Las demás pruebas de cargo obrantes en el expediente tienen relación con la calidad de congresista de

la acusada, por lo que no son pertinentes ni conducentes para establecer la configuración del elemento
objetivo de la causal invocada en la solicitud de pérdida de investidura.

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-04791-00
Solicitante: Augusto de Jesús Osorno Gil
Denunciada: Isabel Cristina Zuleta López
Medio de control: Pérdida de investidura – primera instancia

SEGUNDO: En firme esta sentencia, archívese el expediente y remítase copia de
esta providencia a la mesa directiva del Senado de la República, al Consejo
Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, de conformidad con el artículo 15 de
la Ley 1881 de 2018. Por Secretaría General de la Corporación procédase de
conformidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E1)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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