Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00267-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2025-00267-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 41001-23-33-000-2025-00267-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 41001 2333 000 2025 00267 01
Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Conflicto de intereses
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo
del Huila que negó la pérdida de investidura del señor Luis Carlos Bermeo Becerra,
concejal del municipio de Hobo (Huila) para el período constitucional 2024 – 2027.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La solicitud de pérdida de investidura
El 4 de diciembre de 20251, el señor Raúl Andrés Herrera Suaza presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:
[…] 1. DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA del concejal del Municipio de Hobo,
señor LUIS CARLOS BERMEO BECERRA, por violación al régimen de conflicto de
intereses.
2. Como consecuencia, ordenar a la Mesa Directiva del Concejo de Hobo declarar la
vacancia absoluta de la curul y llamar a quien tenga derecho a reemplazarlo.
3. Comunicar la decisión al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la
Nación para las anotaciones de inhabilidad correspondientes […]. [Mayúsculas y negrillas
originales]
1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
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Radicación: 41001 2333 000 2025 00267 01
Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3
La parte solicitante señaló que el señor Luis Carlos Bermeo Becerra es actualmente
concejal del municipio de Hobo (Huila) por el período constitucional 2024 – 2027.
Afirmó que el demandado es sobrino (pariente en tercer grado de consanguinidad) de la
señora Gertrudis Becerra quien es la comandante y representante legal del cuerpo de
bomberos voluntarios del municipio de Hobo (Huila).
Explicó que «[…] el concejal es plenamente consciente de esta situación inhabilitante.
Prueba de ello es que en la sesión del 13 de noviembre de 2025 (registrada en el Acta núm.
0116), el concejal Bermeo presentó escrito declarándose impedido para tramitar un
proyecto de acuerdo, manifestando textualmente: "...tengo un familiar dentro del cuarto
grado de consanguinidad que realiza contratos y/o convenios interadministrativos con el
municipio" […]».
Expuso que, a pesar de que el demandado tenía pleno conocimiento de su impedimento,
el 28 de noviembre de 2024 durante la sesión plenaria de aprobación del Acuerdo núm.
010 de 2024, el concejal participó activamente en la deliberación y votación positiva de
dicho acuerdo.
Indicó que el Acuerdo núm. 010 de 2024 «[…] incluye en su Artículo 1 (Ingresos) y en el
Presupuesto de Gastos, una partida específica y de destinación exclusiva denominada
"SOBRETASA BOMBERIL" (Rubro 110102212) por valor de $51.051.000».
Sostuvo que «[…] al votar positivamente el Presupuesto, el concejal autorizó la
transferencia directa de recursos públicos ($51 millones) a la entidad gerencia (sic) por su
tía, omitiendo el deber legal de declararse impedido tal como lo había hecho días atrás para
otro asunto, configurando así un conflicto de intereses directo, particular y actual».
Invocó como causal de pérdida de investidura la prevista en el numeral 1 del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, esto es, por violación al régimen de conflicto de intereses por haber
participado en la deliberación y votación del Acuerdo 010 de 2024.
2. Posición de la parte demandada
El señor Luis Carlos Bermeo Becerra, actuando por conducto de apoderado, manifestó
su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo siguiente4:
Alegó que no está probado un beneficio actual ni directo derivado de su participación y
votación en el Acuerdo 010 de 2024 y que en este caso se trató de un asunto que afecta
a la comunidad en igualdad de condiciones, pues se trata de una decisión general,
impersonal y abstracta de programación fiscal, que no concede ventaja personal o
familiar, sino que materializa el interés general.
3
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
4 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
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Radicación: 41001 2333 000 2025 00267 01
Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
Precisó que «[…] resulta evidente que en el presente caso no se configura beneficio
particular, ni actual, ni directo respecto del investigado, pues la aprobación de un acto
presupuestal general no constituye un privilegio individual ni genera efectos inmediatos
en la esfera jurídica o patrimonial del concejal o de su núcleo familiar».
Expuso que «[…] dado que la llamada “sobretasa bomberil” financia un servicio público
esencial conforme a la Ley 1575 de 2012 (arts. 1–3), no existe beneficio particular, actual
y directo, ni se acredita dolo o culpa grave».
Agregó que el financiamiento del servicio público esencial de bomberos mediante la
sobretasa bomberil tiene destinación específica y alcance general, en ese sentido,
añadió que no traslada ventaja personal o familiar. Precisó que cuando el interés se
confunde con el general de la comunidad, no existe conflicto de intereses.
Explicó que «[…] la Ley 1575 de 2012 (arts. 1–3) califica la gestión contra incendios y la
atención de emergencias como servicio público esencial y distribuye competencias
concurrentes entre Nación, departamentos y municipios. Por ello, la “sobretasa bomberil”
es una renta pública de destinación específica que, al incluirse en el presupuesto anual,
no singulariza beneficiarios ni traslada provecho individual, sino que financia un servicio
general a la comunidad».
Afirmó que «[…] no se otorgó cargo, contrato o pago a la señora Gertrudis Becerra, ni
individualizó transferencia específica a su favor; solo habilitó, en abstracto, la
financiación del servicio en 2025».
3. La sentencia de primera instancia5
La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el16 de
abril de 2026, resolvió:
[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por Raúl Andrés
Herrera Suaza en contra del señor Luis Carlos Bermeo Becerra, en su condición de
concejal del municipio de Hobo – Huila […]
Explicó que estaba acreditado que el señor Luis Carlos Bermeo Becerra es concejal del
municipio de Hobo (Huila) para el período constitucional 2024 – 2027, conforme con lo
expuesto en el Formulario E-26 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Agregó que «[…] según los registros civiles de nacimiento de Luis Carlos Bermeo
Becerra y Gertrudis Becerra se acredita con suficiencia que entre el cabildante y la
directora del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Hobo hay un parentesco
en tercer grado de consanguinidad. Este hecho tampoco fue controvertido por el
demandado».
Expuso que verificada el acta núm. 097 de 28 de noviembre de 2024 de la sesión plenaria
del concejo municipal de Hobo, consta que se surtió el segundo debate del proyecto de
acuerdo núm.010 de 2024, por medio del cual se aprobó el presupuesto general del
municipio para la vigencia fiscal 2025.
5 Visto en el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
Añadió que «[…] del contenido del acta no se evidencia que durante el trámite de dicha
sesión se hubiera presentado recusación alguna en contra del concejal Luis Carlos
Bermeo Becerra, ni que la corporación hubiese adelantado procedimiento alguno
tendiente a separarlo del conocimiento o participación en el asunto sometido a
consideración del concejo». Por el contrario, de la actuación consignada en el acta se
evidencia su intervención como miembro de la corporación en el desarrollo normal del
debate y la votación del proyecto de acuerdo.
Aclaró que revisado el Acuerdo núm. 010 de 28 de noviembre de 2024, se advierte que
dentro de la estructura del presupuesto de ingresos del municipio se incluyó la sobretasa
bomberil, identificada como un rubro destinado a financiar el servicio público bomberil y
el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Hobo. De esta
manera, el acuerdo presupuestal aprobado por el concejo contempló expresamente la
apropiación de recursos provenientes de dicha sobretasa, destinados al sostenimiento
de la actividad bomberil en el municipio.
Aludió al artículo 338 de la Constitución Política; al numeral 6 del artículo 32 de la Ley
136 de 1994 y al numeral 6 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 para explicar que
dentro de las fuentes de financiación que pueden integrarse al presupuesto municipal se
encuentran diversos ingresos tributarios y no tributarios, entre ellos, las denominadas
sobretasas que corresponden a gravámenes adicionales establecidos sobre
determinadas bases tributarias con el propósito de financiar actividades o servicios
específicos de interés general.
Señaló que «[…] en el ámbito de la gestión del riesgo y la atención de incendios, la ley
prevé mecanismos de financiación destinados a garantizar el funcionamiento de los
cuerpos de bomberos, dentro de los cuales se encuentra la denominada sobretasa
bomberil6, cuyos recursos se incorporan al presupuesto de la entidad territorial y se
destinan al fortalecimiento institucional y operativo de los organismos encargados de la
prestación del servicio público bomberil». Acotó que «[…] tales recursos, una vez
integrados al presupuesto municipal, hacen parte de la programación general de
ingresos y gastos del ente territorial y su ejecución se realiza posteriormente a través de
los mecanismos administrativos definidos por la administración municipal, como
convenios o actos administrativos, de conformidad con las reglas de la gestión fiscal».
Indicó que si bien se acreditó que el concejal participó en la deliberación y votación del
Acuerdo núm. 010 del 28 de noviembre de 2024, mediante el cual se expidió el
presupuesto general del municipio de Hobo para la vigencia fiscal 2025 y que en tal acto
se incluyó una partida presupuestal -sobretasa bomberil- con destinación especial para
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, en el que la representante legal era su tía Gertrudis
Becerra Chavarro, también lo era que no se probó cuál fue el provecho particular que el
demandado o su pariente obtuvieron con la aprobación de dicho acuerdo.
Destacó que la parte actora no aportó prueba alguna que indicara que la participación
del concejal en la votación del presupuesto generara una ventaja concreta, directa o
individualizable en su favor o en favor de su familiar.
Sostuvo que los testimonios recaudados se orientaron principalmente a explicar el
funcionamiento del servicio bomberil y las fuentes de financiación de dicha actividad, sin
que se aportaran elementos que acrediten la existencia de un beneficio concreto, directo
[6] Ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
o individualizable derivado de la participación del concejal en la aprobación del acuerdo
presupuestal.
Manifestó que debía tenerse en cuenta que el Acuerdo núm. 010 de 2024 corresponde
al presupuesto general del municipio para la vigencia fiscal 2025, instrumento mediante
el cual se programan los ingresos y gastos necesarios para el funcionamiento de la
administración y la prestación de los servicios públicos y que dentro de dichas partidas
se encuentra la denominada sobretasa bomberil, cuya destinación es específica para el
sostenimiento y fortalecimiento del servicio público bomberil en el municipio.
Afirmó que la incorporación de la sobretasa bomberil dentro del presupuesto municipal
responde al cumplimiento de una finalidad pública previamente establecida por la ley,
consistente en garantizar la prestación del servicio público bomberil en beneficio de la
comunidad.
Concluyó que no se acreditó que la participación del concejal en la aprobación del
acuerdo presupuestal le hubiera generado un beneficio personal, moral o económico
concreto, ni que su actuación estuviera orientada a obtener una ventaja indebida, por lo
que no estaba demostrado el supuesto de aprovechamiento particular que exige la
configuración del conflicto de intereses, ni el elemento subjetivo de dolo o culpa grave
requerido para estructurar la responsabilidad en este tipo de procesos.
4. El recurso de apelación7
4.1. La parte demandante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, se decretara la desinvestidura, con sustento en lo siguiente:
«PRIMERO. Error en la valoración del interés directo, particular y actual»
Alegó que «[…] el Tribunal aplicó un estándar de prueba excesivamente restrictivo al
exigir la demostración de un beneficio económico consumado y transferido, cuando la
jurisprudencia del Consejo de Estado —incluyendo el precedente de la Sección Primera
citado en la propia sentencia (Sentencia del 6 de marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, Rad. 68001-23-33-000- 2024-00764-01)— únicamente requiere la existencia
de un interés directo, particular y actual que comprometa la imparcialidad del servidor
público».
Señaló que en este caso están cumplidos todos los elementos del conflicto de intereses,
por cuanto: (i) el concejal tiene un vínculo en tercer grado de consanguinidad con la
señora Gertrudis Becerra Chavarro, quien es la representante legal y comandante del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hobo, con vigencia acreditada hasta el 16 de mayo
de 2028: (ii) el Acuerdo núm. 010 de 28 de noviembre de 2024 «[…] incluyó la partida
denominada "Sobretasa Bomberil" (Rubro 110102212) por valor de aproximadamente
$51.051.000, con destinación específica al Cuerpo de Bomberos Voluntarios dirigido por
dicha pariente»; (iii) «[…] la aprobación presupuestal constituye la condición sine qua non
para la suscripción de los convenios posteriores entre la Alcaldía y el Cuerpo de
Bomberos. Sin dicha apropiación, no existe base jurídica ni fiscal para girar los recursos»;
(iv) la señora Gertrudis Becerra, en su calidad de representante legal del Cuerpo de
7 Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
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Bomberos, es quien suscribe los convenios con la alcaldía y administra
institucionalmente los recursos transferidos «[…] lo que implica un beneficio directo de
gestión, institucional y reputacional para ella como consecuencia directa del voto del
concejal».
«SEGUNDO. Indebida desconexión entre la partida específica y el acto general»
Adujo que «[…] el Tribunal reconoció expresamente que dentro del presupuesto general
se incluyó "una partida específica, plenamente identificable" destinada a una "entidad
determinada" cuya representante legal es pariente del concejal. Sin embargo, concluyó
que ello no configura conflicto de intereses por la naturaleza general del acuerdo
presupuestal».
Reprochó que dicha conclusión es contradictora e inaplicable a este caso, puesto que,
«[…] la naturaleza general de un acto no excluye automáticamente el conflicto de
intereses cuando dentro de ese acto existe una decisión puntual, individualizable y con
destinatario determinable que beneficia a un familiar del votante».
«TERCERO. Error en la valoración del elemento subjetivo: el impedimento
posterior como prueba de conocimiento previo»
Puso de presente que el tribunal consideró que no estaba acreditado el elemento
subjetivo (dolo o culpa grave) con fundamento en que el demandante no aportó audios,
mensajes, ni testimonios directos de la intención del concejal.
Cuestionó que el tribunal omitió valorar el acta núm. 0116 de 13 de noviembre de 2025,
en la que consta que el concejal se declaró impedido «[…] para intervenir en otro
proyecto de acuerdo, manifestando expresamente tener un familiar dentro del cuarto
grado de consanguinidad que celebra contratos o convenios con el municipio».
Añadió que «[…] la actuación diferenciada e inconsistente del concejal —declarándose
impedido en noviembre de 2025 por la misma situación familiar, pero no haciéndolo en
noviembre de 2024— no puede interpretarse como un error involuntario o
desconocimiento. Constituye al menos culpa grave por la omisión inexcusable de un
deber legalmente establecido respecto de una situación que el propio concejal reconoció
conocer».
«CUARTO. Desconocimiento del precedente sobre actos previos reveladores del
conflicto»
En este punto, el demandante cuestionó que «[…] el impedimento declarado en
noviembre de 2025 constituye un indicio grave y plenamente concordante con la
situación que existía en noviembre de 2024, el cual no fue valorado integralmente por el
Tribunal» y agregó que «[…] omitir la valoración de este indicio como elemento probatorio
del elemento subjetivo vulnera el principio de la sana crítica en la apreciación probatoria,
lo que configura error de hecho susceptible de corrección en segunda instancia».
«QUINTO. Desconocimiento de la jurisprudencia sobre el beneficio institucional
como forma de interés particular»
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
Censuró que «[…] el Tribunal circunscribió el análisis del beneficio al plano
exclusivamente económico personal de la señora Gertrudis Becerra, sin considerar que
el interés en el régimen de conflicto de intereses puede ser de naturaleza institucional,
de gestión o de posicionamiento».
Precisó que «[…] la representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que recibe
recursos públicos obtiene un beneficio institucional relevante: mantiene vigente y
operativa la organización que dirige, justifica su gestión, fortalece su posición institucional
y preserva su cargo directivo. Todo ello deriva directamente de la aprobación
presupuestal».
4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 15 de mayo de 20258.
5. Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a la Sección Primera de la Corporación por acta de
reparto de 26 de mayo de 20269.
5.2. Por auto de 29 de mayo de 2026, el despacho de conocimiento admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandante y negó la solicitud probatoria formulada en
esta instancia por el recurrente10.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 10 de junio de 202611.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados,
acorde con lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200012 y con
base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de
marzo 201913 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el
8 Visto en el índice 62 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 01.
10 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 01.
11 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 01.
12 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
13 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
artículo 1º del Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre
las secciones14.
2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
En el asunto bajo examen, se acreditó con el formulario E-26 CON que el señor Luis
Carlos Bermeo Becerra fue elegido concejal del municipio de Hobo (Huila) para el
período constitucional 2024 - 202715. En el presente asunto no se discute que no haya
tomado posesión del cargo.
3. Hechos probados
3.1. En el expediente obra el acta núm. 097 de la sesión ordinaria de 28 de noviembre de
2024 del concejo municipal de Hobo (Huila) en la que consta que el concejal Luis Carlos
Bermeo Becerra asistió y que se llevó a cabo el segundo debate del proyecto de acuerdo
núm. 010 de 2024 así16:
[…] En el municipio del Hobo, departamento del Huila, el día JUEVES 28 de NOVIEMBRE
del año 2024, sesión ORDINARIA programada para las 06:00Pm se reunió la plenaria
elegida para el periodo constitucional 2024 – 2027, se da inicio a la sesión siendo las
06:15 Pm, y en consecuencia se fija el orden del día de la siguiente manera:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No 010
PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO
DE HOBO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1º DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025. “LECTURA DE CORRESPONDENCIA
4. Proposiciones y varios
5. Llamado a lista
AL PUNTO PRIMERO: abierto el punto, el presidente ordena a la secretaria realizar el
llamado a lista a la que contestaron los Honorables Concejales: ROGER ARRIGUI
BRAND, LUIS CARLOS BERMEO BECERRA, VICTOR ARLEY CHAVARRO MORENO,
JUAN PABLO MORENO ÑAÑEZ, GUSTAVO TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS
YASNO CARDOSO para un total de SEIS (06) concejales habiendo quórum para deliberar
y decidir el Presidente declara formalmente instalada la sesión.
Se cierra el punto.
[…]
EL PRESIDENTE ORDENA A LA SECRETARIA EL LLAMADO A LISTA A LA QUE
CONTESTARON CON LA NOVEDAD DE LA LLEGADA DE LOS CONCEJALES
MAYERLY LOPEZ A LAS 06.24PM Y JOHNNY HERNANDEZ 06:26PM.
14 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
15 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
16 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
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Radicación: 41001 2333 000 2025 00267 01
Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
El concejal ponente procede a dar lectura de del informe para segundo debate del
Proyecto de Acuerdo 009 del 2024.
Una vez leída la PONENCIA ACUERDO N°0010
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS,
GASTOS E INVERSION DEL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA POR LA SUMA DE
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($18.907.974.862) M/TE,
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025”
[…]
EL PRESIDENTE ANUNCIA QUE UNA VEZ LEIDA:
LA PONENCIA
EL ARTICULADO
EL PREAMBULO y EL TITULO. Es sometido a consideración siendo aprobado por
UNANIMIDAD.
Dejando el voto negativo por parte del concejal Gustavo Triana.
EL PRESIDENTE ANUNCIA QUE ES QUERER DE ESTA PLENARIA QUE PASE A
SANCION DEL ALCALDE Y SEA LEY DEL MUNICIPIO.
Aprobado por UNANIMIDAD
Se cierra el punto […] [Negrillas originales]
3.2. El precitado proyecto se convirtió en el Acuerdo núm. 010 de 28 de noviembre de
2024, «[…] por medio del cual se expide el presupuesto general de ingresos, gastos e
inversión del municipio de Hobo – Huila por la suma de dieciocho mil novecientos siete
millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos
($18.907.974.862) M/TE, para la vigencia fiscal 2025», que en el artículo primero
dispuso17:
[…] ARTICULO 1º. Fíjese los cómputos del Presupuesto General de Ingresos del
Municipio de Hobo – Huila, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero del
año 2025 al 31° de diciembre de 2025, en la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS (18.907.974.862,) M/CTE., según el siguiente nivel de detalle:
[…]
RUBRO CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL
[…]
110102212 0 SOBRETASA BOMBERIL 51.051.000.00
123115
[…]
ARTÍCULO 43°: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y sanción por parte
del Alcalde Municipal y tiene efectos fiscales a partir del 1° de Enero de 2025 […]
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Radicación: 41001 2333 000 2025 00267 01
Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
3.3. Al expediente fue aportada la certificación suscrita por el secretario del concejo de
Hobo (Huila) el 27 de febrero de 2026 en la que consta lo siguiente18:
[…] Que, revisado el Archivo del Concejo Municipal y el AUDIO de lo sesión del día 28 de
Noviembre de 2024 no se encuentra evidencia alguna que demuestre que el señor LUIS
CARLOS BERMEO BECERRA, en calidad de concejal del municipio de Hobo, se hubiese
declarado IMPEDIDO paro participar en el debate, discusión y posterior aprobación del
Proyecto de Acuerdo de presupuesto Municipal paro lo Vigencia Fiscal 2025, por tal motivo
el sentido de su voto fue POSITIVO […] [Negrillas originales]
3.4. Mediante la Resolución núm. 194 de 29 de abril de 2003, «[…] por medio de la cual
se reconoce personería jurídica a una entidad», la gobernación del departamento del
Huila dispuso19:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: Reconózcase personería jurídica a la entidad denominada
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE el HOBO HUILA, con sede en el Municipio
de El Hobo, Departamento del Huila […].
3.5. A través de la Resolución 347 de 15 de mayo de 2024, «[…] por medio de la cual se
reconoce la elección de los miembros del consejo de dignatarios, representante legal,
tribunal disciplinario y revisor fiscal del "Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hobo - Huila"
[…]», el secretario de gobierno, seguridad y asuntos comunitarios de la gobernación del
Huila resolvió20:
[…] ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer como representante legal de la entidad
denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DЕ EL HOBO HUILA, con sede
en el Municipio de Hobo - Huila, a la señora GERTRUDIS BECERRA CHAVARRO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 36.180.327 expedida en Neiva (H) para el
periodo comprendido "a partir de la notificación personal al representante legal hasta el
16 de mayo del 2028" […].
3.6. Por auto de 18 de febrero de 2026, el tribunal de instancia decretó a solicitud de la
parte demandada (i) el interrogatorio de parte del demandante, señor Raúl Andrés
Herrera Suaza; (ii) la declaración de parte del demandado, señor Luis Carlos Bermeo
Becerra, y (iii) los testimonios de los señores Juan Carlos Yasno Cardoso y Leandro
Torres Lizcano21.
De manera previa a referirse a los testimonios recibidos en este proceso, la Sala advierte
que no es procedente tener en cuenta en la valoración probatoria el interrogatorio de
parte rendido por el concejal Luis Carlos Bermeo Becerra, debido a que, la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado de manera reiterada, que dicho medio de prueba tiene
como finalidad provocar la confesión de la parte, lo que conllevaría a la afectación del
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Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
principio de no autoincriminación previsto en el artículo 33 de la Constitución Política en
un proceso que es de naturaleza sancionatoria. Al respecto, la Sección Primera ha dicho
lo siguiente22:
[…] En efecto, la declaración de parte está regulada en los artículos 198 a 205 del Código
General del Proceso y es un medio de prueba que se origina en la declaración de una de
las partes sobre hechos que interesan al proceso “es decir, tiene origen en la repuesta a
una serie de preguntas formuladas por la parte interesada en llevar a cabo el medio
probatorio, “erigiéndose éste en una forma de provocar la confesión” (…)”23
Siendo así, atendiendo la finalidad del interrogatorio de parte, esto es, provocar la
confesión, es que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que no es
procedente su decreto en esta clase de procesos, debido a que, la acción de pérdida de
investidura se deriva del ius puniendi del Estado por lo que se debe adelantar bajo el
irrestricto respeto de las reglas del derecho de defensa y de las garantías constitucionales,
específicamente, la prohibición de no auto incriminación […].
Interrogatorio a la parte demandante Raúl Andrés Hernández Suaza24
[…] Preguntado por la apoderada del concejal sobre si podía señalar si en el Acuerdo 010
de 28 de noviembre de 2024 existe algún artículo que ordena que los recursos de la
sobretasa bomberil deban entregarse específicamente a la señora Gertrudis Becerra a
título personal, contestó que desconoce, que cree que se deberían entregar al cuerpo de
bomberos que ella representa […] Preguntado por la apoderada del concejal a qué cuenta
bancaria personal de la señora Gertrudis Becerra se consignaron los recursos de la tasa
bomberil o si los giros se hacen a las cuentas bancarias del cuerpo de bomberos, contestó
que desconocía […] Preguntado por la apoderada del concejal si reconocía si en el
municipio de Hobo (Huila) ocurrían un incendio el cuerpo de bomberos protege a toda la
comunidad por igual y no solo a la familia del señor concejal, contestó que sí […]
Testimonio de Juan Carlos Yasno Cardoso, concejal del municipio de Hobo (Huila)
2024 – 202725
[…] Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre que informara lo que le constara
respecto de los hechos de la pérdida de investidura, contestó que el 10 de noviembre de
2024, perdón, no recuerdo bien la fecha, nos reunimos para dar segundo debate del
proyecto de Acuerdo núm. 10 donde íbamos autorizar los recursos para la vigencia fiscal
2025 y ese día se aprobó por unanimidad todo este proyecto. Preguntado por el
magistrado de conocimiento sobre quién presentó el presupuesto y cómo fue la votación,
contestó que ese presupuesto es presentado por la administración municipal en cabeza
del señor alcalde, él lo presenta al concejo. El concejo tiene tres concejales que
pertenecen a la comisión segunda, ellos hacen el primer debate y lo llevan a segundo
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 3 de septiembre
de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2025 00103 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López. Ver
otros pronunciamientos: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia de 9 de octubre de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2024 00212 01. C.P.:
Pablo Andrés Córdoba Acosta y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Sentencia de 28 de mayo de 2026. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2025 00266 01.
C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
[23] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión Veintitrés. Auto
del 8 de febrero de 2024. Expediente radicación nro. 11001 0315 000 2023 04791 00.
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debate, que fue ese día donde le dimos nosotros la aprobación por unanimidad, es decir,
los nueve concejales que integran la corporación dieron positivo a este proyecto […]
Preguntado por el magistrado de conocimiento si en dicha aprobación estuvo presente
Luis Carlos Bermeo, contestó que sí. […] Preguntado por el magistrado de conocimiento
si sabía cómo se gastan los recursos de la tasa bomberil, contestó que es un impuesto
que es recaudado por la tesorería municipal y mediante convenios con el cuerpo de
bomberos se le suministra para el manejo administrativo de ellos, esto puede ser utilizado
para pago de servicios, mantenimiento de vehículos, combustible y desplazamiento como
personas que nos protegen ante una emergencia […] Preguntado por el magistrado de
conocimiento sobre si era cierto que para el año 2025 la señora Geltrudis Becerra era la
representante legal del cuerpo de bomberos, contestó que sí, que ella llevaba varios años
ejerciendo como comandante del cuerpo de bomberos […]
Testimonio de Leandro Torres Lizcano, concejal del municipio de Hobo (Huila) 2024
– 202726
[…] Preguntado por el magistrado de conocimiento sobre los hechos de la acción de
pérdida de investidura, contestó que sobre la aprobación del Acuerdo núm.010 de 2024
llegó tarde a la sesión y que cree que artículo de la tasa bomberil fue aprobado por
unanimidad. Preguntado por el magistrado de conocimiento si el concejal demandado
integró la comisión segunda del concejo de 2024, contestó que no […] Preguntado por si
el concejal demandado estuvo presente en esa votación, contestó que sí que él estuvo
presente. […] Preguntado por cuál es el uso o destinación que le da a los recursos de la
tasa bomberil, contestó que no sabía […].
Preguntado por la apoderada del concejal si en el debate del rubro de la tasa bomberil se
discutió o se mencionó algún beneficio económico, personal para la representante legal
de los bomberos, contestó que no […].
3.2. Análisis del caso concreto
En el asunto bajo examen, la parte actora formuló cinco argumentos en el recurso de
apelación con el fin de controvertir la sentencia de primera instancia que negó la pérdida
de investidura, los cuales tituló y enlistó de la siguiente manera27:
(i) «PRIMERO. Error en la valoración del interés directo, particular y actual»
(ii) «SEGUNDO. Indebida desconexión entre la partida específica y el acto
general»
(iii) «TERCERO. Error en la valoración del elemento subjetivo: el impedimento
posterior como prueba de conocimiento previo»
(iv) «CUARTO. Desconocimiento del precedente sobre actos previos reveladores
del conflicto»
(v) «QUINTO. Desconocimiento de la jurisprudencia sobre el beneficio
institucional como forma de interés particular»
La Sala precisa que los reproches de los numerales (i), (ii) y (v) se estudiarán de manera
conjunta en el elemento objetivo de la causal, por cuanto, están relacionados con la
26 Visto en el índice 44 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
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existencia del conflicto de interés directo, particular y actual en cabeza del concejal
producto de su participación y votación en el Acuerdo núm. 10 de 2024.
Por su parte, las inconformidades de los numerales (iii) y (iv) están relacionadas con el
elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura, por lo que serán estudiadas
solo si se acreditan los requisitos del elemento objetivo de la causal invocada.
3.2.1. Examen del elemento objetivo
3.2.1.1. «PRIMERO. Error en la valoración del interés directo, particular y actual»
En este aspecto, el primer motivo de disenso alegado por el recurrente consiste en que
«[…] el Tribunal aplicó un estándar de prueba excesivamente restrictivo al exigir la
demostración de un beneficio económico consumado y transferido, cuando la
jurisprudencia del Consejo de Estado —incluyendo el precedente de la Sección Primera
citado en la propia sentencia (Sentencia del 6 de marzo de 2025, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, Rad. 68001-23-33-000- 2024-00764-01)— únicamente requiere la existencia
de un interés directo, particular y actual que comprometa la imparcialidad del servidor
público»28.
La Sala advierte que, en la sentencia de primera instancia, el tribunal consideró que no
se acreditó que la participación del demandado en la aprobación del Acuerdo núm. 010
de 2024 hubiese generado para él o su tía un beneficio personal, moral o económico,
así29:
[…] En ese orden de ideas, la incorporación de la sobretasa bomberil dentro del
presupuesto municipal responde al cumplimiento de una finalidad pública previamente
establecida por la ley, consistente en garantizar la prestación del servicio público bomberil
en beneficio de la comunidad. Por consiguiente, al no haberse acreditado que la
participación del concejal demandado en la aprobación del acuerdo presupuestal le
hubiera generado un beneficio personal, moral o económico concreto, ni que su actuación
estuviera orientada a obtener una ventaja indebida, la Sala concluye que no se encuentra
demostrado el supuesto de aprovechamiento particular que exige la configuración del
conflicto de intereses, ni el elemento subjetivo de dolo o culpa grave requerido para
estructurar la responsabilidad en este tipo de procesos […]
Bajo el contexto descrito, se observa que no le asiste razón al demandante respecto de
este primer reproche, puesto que, no es cierto, como lo afirma, que «[…] el Tribunal aplicó
un estándar de prueba excesivamente restrictivo al exigir la demostración de un beneficio
económico consumado y transferido». Por el contrario, lo que el a quo consideró es que
la participación y aprobación del Acuerdo núm. 010 de 2024 no le generó al demandado
o a su familiar un beneficio personal, ya sea de tipo moral o económico, debido a que la
incorporación de la sobretasa bomberil dentro del presupuesto municipal responde al
cumplimiento de una finalidad pública consistente en garantizar la prestación de un
servicio público en beneficio de la comunidad.
De otro lado, el segundo reproche que formuló en este acápite el recurrente, está
relacionado con que en este caso están cumplidos todos los elementos del conflicto de
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intereses, por cuanto: (i) el concejal tiene un vínculo en tercer grado de consanguinidad
con la señora Gertrudis Becerra Chavarro, quien es la representante legal y comandante
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hobo, con vigencia acreditada hasta el 16 de
mayo de 2028: (ii) el Acuerdo núm. 010 de 28 de noviembre de 2024 «[…] incluyó la
partida denominada "Sobretasa Bomberil" (Rubro 110102212) por valor de
aproximadamente $51.051.000, con destinación específica al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios dirigido por dicha pariente»; (iii) «[…] la aprobación presupuestal constituye
la condición sine qua non para la suscripción de los convenios posteriores entre la
Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos. Sin dicha apropiación, no existe base jurídica ni fiscal
para girar los recursos»; (iv) la señora Gertrudis Becerra, en su calidad de representante
legal del Cuerpo de Bomberos, es quien suscribe los convenios con la alcaldía y
administra institucionalmente los recursos transferidos «[…] lo que implica un beneficio
directo de gestión, institucional y reputacional para ella como consecuencia directa del
voto del concejal».
Para resolver, la Sala recuerda que el artículo 70 de la Ley 136 de 1994 establece los
presupuestos para la configuración de la causal de conflicto de intereses, así:
[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas […].
La jurisprudencia de la Sección Primera estableció que para la configuración de la causal
por conflicto de interés deben estar reunidos los siguientes elementos 30: (i) la calidad de
concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal o de sus
parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la plenaria; (iii) la
no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto
por recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado el concejal en el debate o
votación de un asunto de competencia del concejo municipal.
En cuanto al segundo elemento, esto es, la existencia de un interés directo, particular y
actual, la Sala Plena de esta Corporación explicó que el interés debe ser entendido como
«una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse
al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que
la norma moral y la norma legal exigen»31 y como «el provecho, conveniencia o utilidad
que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión
que pudiera tomarse en el asunto»32.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación indicó que las características del referido
interés son las siguientes33:
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
31 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.
Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.
Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
33 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.
Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasoo.
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
[…] En relación con las características del referido interés, la Sala ha precisado que el
mismo debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se
plantea a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley,
sin intermediación alguna”34, en el entendido de que esa connotación se puede predicar
para el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992”35.
El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración36;, debe ser real, no
hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico
resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la
virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera
de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal.”37
El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:
“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se
refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe
entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado
racional puede derivarse de la decisión correspondiente”38 […]
La Sala, al igual que el tribunal, advierte que en este caso no está acreditada la existencia
de un interés directo, particular y actual del concejal o de sus parientes señalados en la
ley producto de su participación y votación en el Acuerdo núm. 010 de 2024, en la medida
que, la sobretasa bomberil se incluyó dentro de los «[…] cómputos del presupuesto
general de ingresos del municipio de Hobo- Huila» [Negrillas fuera del texto], conforme lo
señala el artículo primero del referido acuerdo.
A lo que se agrega que, en el precitado Acuerdo núm. 010 de 2024 en el acápite titulado
«[…] clasificación y definición de los ingresos» se expuso que39:
[…] CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos son recursos monetarios recaudados en una vigencia fiscal por quienes
corresponda administrarlos según la ley. Se consideran ingresos las entradas de caja
efectivas, en moneda nacional, que incrementan las disponibilidades para el gasto, estos
se clasifican en ingresos corrientes y recursos de capital.
[…]
Sobretasa bomberil. Corresponde al recaudo del Municipio de Hobo por concepto de la
sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil corresponde al recargo autorizado para
financiar la actividad bomberil. Soporte legal. Ley 1575 de 2012 y Estatuto de Rentas de
la entidad […].
34 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.
Dr. Diego Younes Moreno.
35 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.
36 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas
B.
37 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
38 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
39 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
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Lo anterior, permite evidenciar que lo aprobado en el Acuerdo núm. 010 de 2024 consistió
en establecer un ingreso para el municipio de Hobo (Huila) a través de la sobretasa
bomberil para financiar la actividad bomberil, de manera que, no se advierte cómo dicha
circunstancia implicó la obtención de un provecho o utilidad para el concejal o su tía como
representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios dе El Hobo (Huila), pues no se
trata de una partida presupuestal que esté dirigida a la señora Gertrudis Becerra Chavarro
ni como persona natural o como representante legal de la referida entidad, sino que
corresponde a un recaudo del municipio que tiene como propósito financiar la actividad
bomberil.
Sumado a lo dicho, no puede perderse de vista que el artículo 311 de la Constitución
Política establece que al municipio le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley:
[…] ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […].
[Negrillas fuera del texto]
A su vez, el artículo 2 de la Ley 1575 de 2012, por medio de la cual se establece la Ley
General de Bomberos de Colombia, establece que los servicios prestados por las
instituciones bomberiles constituyente un servicio público esencial a cargo del Estado:
[…] Artículo 2. Gestión integral del riesgo contra incendio
La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a
cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio
público esencial a cargo del Estado.
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional, en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios y
aeronáuticos […] [Negrillas fuera del texto]
Además, en concordancia con lo explicado, el artículo 3 de la Ley 1575 de 2012 prevé
que es obligación de los municipios la prestación del servicio público a través de los
cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con
los cuerpos de bomberos voluntarios:
[…] Artículo 3. Competencias del nivel nacional y territorial
El servicio público esencial se prestará con fundamento en los principios de
subsidiariedad, coordinación y concurrencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 288 de la Constitución.
[…]
Es obligación de los distritos, con asiento en su respectiva jurisdicción y de los
municipios la prestación del servicio público esencial a través de los cuerpos de
bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los
cuerpos de bomberos voluntarios. En cumplimiento del principio de subsidiariedad, los
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
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municipios de menos de 20.000 habitantes contarán con el apoyo técnico del
departamento y la financiación del fondo departamental y/o nacional de bomberos para
asegurar la prestación de este servicio […] [Negrillas fuera del texto]
Por último, el artículo 18 de la Ley 1575 de 2012 prevé que los cuerpos de bomberos
pueden ser oficiales, voluntarios y aeronáuticos:
[…] Artículo 18. Clases: Los Cuerpos de Bomberos son Oficiales, Voluntarios y
Aeronáuticos, así:
a) Cuerpos de Bomberos Oficiales: […]
b) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones
sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica expedida por las
secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio
público para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos,
en los términos del artículo segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento
expedido por la dirección Nacional de Bomberos.
c) Los Bomberos Aeronáuticos: […]
Por consiguiente, conforme con las pruebas aportadas y el contexto normativo descrito,
es claro que el conflicto de intereses invocado no cumple con las características de ser
directo y particular, por cuanto, de la decisión sometida a consideración del concejal,
esto es, el Acuerdo núm. 010 de 2024, no se desprende ningún provecho que de manera
directa beneficie al concejal o a su tía, puesto que, la sobretasa bomberil fue una partida
presupuestal incorporada en el referido acuerdo como un ingreso para la administración
municipal, que recauda la propia alcaldía, y tiene como finalidad financiar la actividad
bomberil al tratarse de un servicio público esencial que tiene la obligación de garantizar
el ente territorial.
De igual modo, tampoco se verifica las características de ser actual y real, en la medida
que, se insiste el recaudo de dicha sobretasa, conforme lo explicado en el propio Acuerdo
núm. 010 de 2024, corresponde a la alcaldía, y, en este punto, se resalta que está en
cabeza del municipio la prestación del servicio bomberil, el cual, conforme con el artículo
3 de la Ley 1575 de 2012 se puede prestar a través de los cuerpos de bomberos oficiales
o mediante la celebración de contratos y/o convenios con los cuerpos de bomberos
voluntarios, lo que corrobora que el ingreso de la sobretasa bomberil no se dirige
directamente al cuerpo de bomberos representado por la tía del concejal, sino que
necesita actuaciones posteriores, tales como los contratos y/o convenios.
Precisamente, esta última circunstancia no encuadra en el concepto que la jurisprudencia
de la Corporación ha desarrollado respecto del interés actual y real que se explicó en
líneas precedentes, de conformidad con el cual, el acto jurídico que resulte de la
concurrencia de la voluntad del concejal debe tener por sí mismo la virtualidad de
configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera de actos,
hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal.
Por lo explicado, no le asiste razón al demandante cuando, en este punto de la apelación,
finca la existencia del conflicto de interés en que la señora Gertrudis Becerra, en su
calidad de representante legal del Cuerpo de Bomberos, es quien suscribe los convenios
con la alcaldía y administra institucionalmente los recursos transferidos «[…] lo que
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implica un beneficio directo de gestión, institucional y reputacional para ella como
consecuencia directa del voto del concejal»40, puesto que, la causal de conflicto de interés
no la finca directamente en la aprobación del Acuerdo núm. 010 de 2024, sino en los actos
posteriores que pudiesen ocurrir como producto del ingreso recaudado de la sobretasa
bomberil, argumentación que descarta de plano las características de un conflicto directo,
particular, actual y/o real.
Por último, la Sala precisa que al proceso fueron aportados los registros civiles del concejal
demandado y de la señora Gertrudis Becerra41, los cuales no son suficientes para acreditar
el parentesco en tercer grado de consanguinidad; sin embargo, como lo sostuvo el tribunal
no se trata de un hecho discutido por las partes y, además, se observa que en la
contestación de la demanda se indicó expresamente que era cierto el hecho del escrito
inicial consistente en que «[…] el concejal demandado es sobrino (pariente en tercer grado
de consanguinidad) de la señora GERTRUDIS BECERRA, quien ostenta la calidad de
Comandante y Representante Legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Municipio de
Hobo»42.
No obstante, lo anterior, la Sala considera que, a pesar de dicho parentesco, en el presente
asunto no se encuentra acreditada la configuración de la causal de conflicto de intereses
alegada en la demanda, por las razones analizadas.
Con fundamento en lo anterior, este punto de la apelación no tiene vocación de prosperidad.
3.2.1.2. «SEGUNDO. Indebida desconexión entre la partida específica y el acto
general»
En este aspecto, la parte demandante reprochó que el tribunal concluyó que no existía
conflicto de intereses por la naturaleza general del acuerdo presupuestal y, en ese
sentido, alegó que «[…] la naturaleza general de un acto no excluye automáticamente el
conflicto de intereses cuando dentro de ese acto existe una decisión puntual,
individualizable y con destinatario determinable que beneficia a un familiar del votante»43.
Sobre este reparo, la Sala advierte que la decisión del tribunal no se fundamentó en lo
que afirma la parte demandante en el recurso de apelación consistente en que no existió
conflicto de intereses por la naturaleza general del acuerdo presupuestal. Por el contrario,
la decisión de negar la pérdida de investidura radicó en que no estaba acreditado que la
aprobación del acuerdo presupuestal le hubiese generado un beneficio personal, de
naturaleza moral o económica, al concejal o a su tía, puesto que, el tribunal consideró
que la incorporación de la sobretasa bomberil dentro del presupuesto responde al
cumplimiento de una finalidad pública. En resumen, la sentencia concluyó lo siguiente 44:
40 Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
41
Visto en el índice 41 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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42
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 41001
2333 000 2025 00267 00.
43
Visto en el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
41001 2333 000 2025 00267 00.
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Visto en el índice 55 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
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[…] Si bien se demostró que el concejal Luis Carlos Bermeo Becerra participó en la
deliberación y votación del Acuerdo No. 010 del 28 de noviembre de 2024, mediante el
cual se expidió el presupuesto general del municipio de Hobo para la vigencia fiscal 2025,
en la que se incluyó una partida presupuestal para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Municipio de Hobo, en el que su tía Gertrudis Becerra era la representante legal,
también es que dicha actuación se produjo en ejercicio de una función pública de interés
general y abstracta propia del concejo municipal, consistente en la aprobación del
presupuesto anual del ente territorial y la apropiación de tal partida presupuestal, esto es,
la denominada sobretasa bomberil, tenía una destinación específica, como lo es financiar
el servicio público bomberil del municipio, alejado de un interés particular, directo y actual,
o de un aprovechamiento concreto o individualizable en favor del concejal demandado o
de sus familiares derivado de la decisión adoptada por la corporación […].
De modo que, el recurso de apelación, en este aspecto, se fundamentó en
consideraciones que no fueron expuestas en la sentencia de primera instancia, dado que,
se insiste, la pérdida de investidura se negó con fundamento en que no estaba probado
el provecho en favor del concejal o su tía, pues el acuerdo en cuestión se expidió en
ejercicio de una función pública de interés general.
En todo caso, por todo lo expuesto, tampoco le asiste razón al demandante cuando
asegura que la causal está configurada porque «[…] existe una decisión puntual,
individualizable y con destinatario determinable que beneficia a un familiar del votante»45,
puesto que, como se explicó la sobretasa bomberil es un ingreso del municipio y que
recauda la alcaldía para efectos de prestar el servicio público, de manera que, la tía del
concejal no era la destinataria directa del recaudo de dicha sobretasa.
3.2.1.3. «QUINTO. Desconocimiento de la jurisprudencia sobre el beneficio
institucional como forma de interés particular»
Censuró que «[…] el Tribunal circunscribió el análisis del beneficio al plano
exclusivamente económico personal de la señora Gertrudis Becerra, sin considerar que
el interés en el régimen de conflicto de intereses puede ser de naturaleza institucional,
de gestión o de posicionamiento». Precisó que «[…] la representante legal de una
entidad sin ánimo de lucro que recibe recursos públicos obtiene un beneficio institucional
relevante: mantiene vigente y operativa la organización que dirige, justifica su gestión,
fortalece su posición institucional y preserva su cargo directivo. Todo ello deriva
directamente de la aprobación presupuestal»46.
Frente a esta inconformidad, la Sala advierte que el demandante finca el conflicto de
intereses en los recursos públicos que recibe la institución frente a la cual la tía del
concejal ejerce la representación; sin embargo, tampoco le asiste razón, por cuanto,
como se explicó en precedencia, el Acuerdo núm. 010 de 2024 no transfirió recursos
directamente al cuerpo de bomberos del municipio, sino que, según se evidencia del
artículo primero del citado acuerdo, la sobretasa bomberil se registró como un ingreso
para la administración municipal, la cual se debe encargar de recaudar para que así, el
ente territorial garantice la prestación de un servicio público de carácter esencial, a través
de contratos y/o convenios con el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio,
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circunstancias, todas ellas, que descartan la existencia de un interés directo, particular,
actual y/o real.
En consecuencia, la parte demandante no logró acreditar los requisitos del elemento
objetivo de la causal de pérdida de investidura de conflicto de intereses.
3.2.2. Examen del elemento subjetivo
Como se indicó en precedencia, las inconformidades de los numerales (iii) y (iv)
enlistadas en el recurso de apelación están relacionadas con el elemento subjetivo de la
causal de pérdida de investidura.
En efecto, en el numeral tercero, titulado «[…] TERCERO. Error en la valoración del
elemento subjetivo: el impedimento posterior como prueba de conocimiento previo» se
cuestionó que «[…] la actuación diferenciada e inconsistente del concejal —
declarándose impedido en noviembre de 2025 por la misma situación familiar, pero no
haciéndolo en noviembre de 2024— no puede interpretarse como un error involuntario o
desconocimiento. Constituye al menos culpa grave por la omisión inexcusable de un
deber legalmente establecido respecto de una situación que el propio concejal reconoció
conocer»47.[Negrillas fuera del texto]
De otro lado, el numeral cuarto, denominado «[…] CUARTO. Desconocimiento del
precedente sobre actos previos reveladores del conflicto», la parte demandante alegó
que «[…] el impedimento declarado en noviembre de 2025 constituye un indicio grave y
plenamente concordante con la situación que existía en noviembre de 2024, el cual no
fue valorado integralmente por el Tribunal» y agregó que «[…] omitir la valoración de este
indicio como elemento probatorio del elemento subjetivo vulnera el principio de la
sana crítica en la apreciación probatoria, lo que configura error de hecho susceptible de
corrección en segunda instancia»48. [Negrillas fuera del texto]
Por consiguiente, la Sala advierte que no es procedente examinar los precitados
reproches comoquiera que no están reunidos los requisitos del elemento objetivo de la
causal de conflicto de intereses, que precisamente es lo que habilitaría el estudio del
elemento subjetivo.
Con todo, la Sala advierte que, si bien el recurrente adujo en el elemento subjetivo de la
causal el argumento consistente en que el tribunal omitió valorar el acta núm. 0116 de
13 de noviembre de 2025, en la que consta que el concejal se declaró impedido «[…]
para intervenir en otro proyecto de acuerdo, manifestando expresamente tener un
familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad», de cualquier manera, dicho
argumento no daría lugar a la configuración del elemento objetivo, comoquiera que se
trata de hechos posteriores al Acuerdo núm. 010 de 2024 y tampoco es el hecho en el
que se fundamentó el conflicto de intereses.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 16 de abril
de 2026 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila que negó la pérdida de
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Solicitante: Raúl Andrés Hernández Suaza
Demandado: Luis Carlos Bermeo Becerra
investidura del señor Luis Carlos Bermeo Becerra, concejal del municipio de Hobo (Huila)
para el período constitucional 2024 – 2027.
4. Condena en costas
En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.
En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:
[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo del Huila que negó la pérdida de investidura del señor Luis
Carlos Bermeo Becerra, concejal del municipio de Hobo (Huila) para el período
constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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