Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00764-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2024-00764-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00764-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2024-00764-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 680012333000202400764-01
Solicitante: Diego Waldrón Guerrero
Concejal: Sandra Milena Galvis Mora
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Solicitante contra
la sentencia de 11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, en primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Diego Waldrón Guerrero -en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio del
respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura de Sandra
Milena Galvis Mora -en adelante la Concejal-, porque, a su juicio, incurrió en la causal
prevista en el numeral 2. ° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 19941 y en
1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20202, por violación
del régimen de inhabilidades, previsto en el numeral 4.° del artículo 433 de la Ley
136, y del de conflicto de intereses.
Pretensiones
2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] 1.1. Que se declare la pérdida de investidura de la concejala de Barrancabermeja,
elegida por la Agrupación Política […], Sandra Milena Galvis Mora, identificada con
[…], en acto contenido en la declaración de elección del acta de escrutinio del Concejo
Municipal De Barrancabermeja, Formulario E 26 CON, expedido el 8 de noviembre de
2023 en el auditorio del Sena en Barrancabermeja (Santander), por violación del
régimen de inhabilidades al haber incurrido en la siguiente causal:
LEY 136 DEL 2 DE JUNIO DE 1994 “ARTÍCULO 43.- Inhabilidades. No podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. […].
1.2. Que se hagan las declaraciones y condenas a que haya lugar, como lo estipulan
las leyes y normas en Colombia para estos procesos […]”4.
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
3.1. Sandra Milena Galvis Mora fue elegida Concejal del Distrito de
Barrancabermeja, para el período constitucional 2024-2027, en las elecciones de 29
de octubre de 2023 y se posesionó el 2 de enero de 2024.
3.2. La Concejal es cónyuge de Luis Alexander Díaz Arias, Representante Legal
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja–CBVB, quien administra
la sobretasa bomberil en el distrito.
2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
3 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
4 Cfr. Índice núm. 3 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo “3ED_sandragalvisperdidad(.pdf)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
3.3. Luis Alexander Díaz Arias suscribió el Convenio núm. 370 de 3 de febrero de
2023 con el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja.
3.4. Luis Alexander Díaz Arias suscribió el Convenio núm. 725 de 20 de febrero de
2024 con el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de
Barrancabermeja.
3.5. Los convenios fueron suscritos y ejecutados en el referido distrito.
Causal de pérdida de investidura alegada
4. El Solicitante citó la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136, “[…] Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”; así como la prevista en el numeral
1.° del artículo 48 de la Ley 617, según la cual: “[…] Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura: 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos
que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]”.
5. En ese sentido, citó la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 435 de la
Ley 136, que prevé:
“[…] Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: […].
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios
que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con
quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio
o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político
para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha […]” (Destacado incluido en el texto).
5 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura
Sobre el elemento objetivo
6. Citó y transcribió la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, según
la cual los concejales perderán su investidura por violación al régimen de
inhabilidades y del de conflicto de intereses.
7. Indicó que el artículo 37 de la Ley 1575 de 21 de agosto de 20126, sobre recursos
por iniciativa de los entes territoriales, prevé que los distritos podrán aportar recursos
para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales
peligrosos y, en el caso de los concejos distritales, a iniciativa del alcalde, podrán
establecer sobretasas o recargos a algunos impuestos, de acuerdo con la ley y para
financiar la actividad bomberil.
8. Señaló que la sobretasa bomberil es un tributo de la entidad territorial destinado
a la financiación de la actividad bomberil y otras actividades tendientes a la mitigación
y atención integral del riesgo originado en incendios, rescates, incidentes y atención
de desastres.
9. Explicó que la sobretasa bomberil en Barrancabermeja es del 3%, se recauda
sobre el impuesto de industria y comercio y se estableció para fortalecer la
infraestructura del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja y permitir
la construcción de nuevas subestaciones de atención de emergencias.
10. Refirió que la suscripción del Convenio núm. 370 de 3 de febrero de 2023 se
realizó en el término inhabilitante previsto en el numeral 4.° del artículo 437 de la Ley
136, por lo que implicó la violación del régimen de inhabilidades.
11. Expuso que la suscripción del Convenio núm. 725 de 20 de febrero de 2024
generó la violación al régimen de conflicto de intereses.
6 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”.
7 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
12. Afirmó que “[…] con la firma de los convenios interinstitucionales de transferencia
núm. 370-2023 (dentro del término inhabilitante que comprendía del 29 de octubre
de 2022 al 29 de octubre de 2023) y núm. 725-2024 (violación del régimen de
conflicto de intereses), se incurre en la causal de inhabilidad, que no es otra que la
prohibición para Luis Alexander Díaz Arias, como representante legal del CBVB y
esposo de la concejala Sandra Milena Galvis Mora, de administrar la sobretasa
bomberil en […] Barrancabermeja […]”.
Sobre el elemento subjetivo
13. Expuso que la Concejal incurrió en una conducta culposa, debido a que “[…]
sabía que estaba inhabilitada y, aun así, decidió inscribirse para los comicios
electorales del 29 de octubre de 2023, sabiendo que su esposo era el representante
legal del CBVB que administra, ejecuta y maneja, a través de convenios con el
Municipio de Barrancabermeja, el tributo de la sobretasa bomberil […]”.
14. Manifestó que la Concejal actuó de forma negligente, por cuanto conocía el
régimen de inhabilidades, en la medida que tenía una formación profesional que la
llevó a ocupar altos cargos, por más de 25 años, en la Alcaldía de Barrancabermeja
y como Concejal del Distrito en los siguientes períodos constitucionales: 2001-2003,
2004-2007 y 2008-2011.
15. Indicó que “[…] al haber incurrido en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 […] solicito que se decrete la pérdida de
investidura de la Concejala […]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
16. La Concejal8, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a la
solicitud de pérdida de investidura y pidió declarar probada la excepción de cosa
juzgada, con fundamento en lo siguiente9:
16.1. Indicó que Jimmy García Gómez y Sabex Mancera Rodríguez presentaron
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contra el acto de
8 A través de apoderado.
9 Cfr. Índice núm. 11 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo “6_MemorialWeb_Contestacion”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
elección de Sandra Milena Galvis Mora como Concejal del Distrito de
Barrancabermeja, por estimar que incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 4.° del artículo 4310 de la Ley 136.
16.2. Señaló que dicho proceso se tramitó ante el Tribunal Administrativo de
Santander y se identificó con los números únicos de radicación
68001233300020230087103 y 68001233300020240005900 (acumulado).
16.3. Expuso que el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 17
de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, y la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en sentencia de 5 de septiembre de 2024, confirmó la decisión.
16.4. Citó jurisprudencia sobre la procedencia de la excepción de cosa juzgada, en el
marco de procesos de nulidad electoral y pérdida de investidura.
16.5. Afirmó que “[…] como se puede observar el proceso de pérdida de investidura
que se adelanta contra la Concejal […] por la misma causal que se adelantó en los
procesos de nulidad electoral, que tiene como fundamento el numeral 4.° del artículo
43 y el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y el numeral 1 de la Ley 617 de
2000, pues su esposo Luis Alexander Díaz Arias […] administra la sobretasa bomberil
como representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja –
CBVB ya fue debatida en el proceso de nulidad electoral […] ante el Tribunal
Administrativo de Santander […] que mediante sentencia de 17 de junio de 2024, negó
las pretensiones de la demanda sobre la misma causal aquí invocada […] la cual fue
confirmada por el Honorable Consejo de Estado […]”.
La audiencia pública prevista en el artículo 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de
201811
17. La audiencia pública tuvo lugar el 10 de diciembre de 202412 con la asistencia y
participación del Solicitante; la Concejal y su apoderado; y el Agente del Ministerio
Público.
10 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
11 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se consagra la
doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones".
12 Cfr. Índice núm. 23 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo “18Actaaudiencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
18. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia proferida el 11 de
diciembre de 202413, resolvió:
“[…] PRIMERO: Declarar probada la excepción de cosa juzgada de la solicitud de
pérdida de investidura relacionada con la causal de inhabilidad prevista en el artículo
43.4 de la Ley 136 de 1994 sustentada en el convenio 370–2023.
SEGUNDO: Denegar la solicitud de pérdida de investidura formulada por el señor
Diego Waldrón Guerrero contra la señora Sandra Milena Galvis Mora, concejal electa
del Distrito Especial de Barrancabermeja para el periodo constitucional 2024-2027.
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
19. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
19.1. Los problemas jurídicos que se debían resolver estaban orientados a
determinar si “[…] ¿se configura la excepción de cosa juzgada frente a la decisión
tomada en el proceso de nulidad electoral adelantado en contra de la demandada,
por los hechos que se exponen en esta demanda? […]” y si “[…] ¿Incurrió la aquí
demandada en causal de pérdida de investidura por estar incursa en el conflicto de
intereses derivado de la celebración del convenio 725–2024, suscrito por su cónyuge
y que se ejecuta actualmente en el Distrito de Barrancabermeja? […]”.
Respecto a la excepción de cosa juzgada – Convenio núm. 370 de 2023
19.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la Ley 1881, cuando por la
misma conducta se adelanten de forma simultánea procesos de pérdida de
investidura y nulidad electoral, “[…] el primer fallo […]” hará tránsito a cosa juzgada
sobre el otro proceso, en los aspectos juzgados, en virtud de la garantía del non bis
in ídem.
19.3. En el caso sub examine, de la comparación entre el proceso de nulidad electoral
identificado con los números únicos de radicación 68001233300020230087103 y
68001233300020240005900 (acumulado) y el de pérdida de investidura de la
13 Cfr. Índice núm. 25 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo “19Sentencia”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
referencia, se advirtió que la única diferencia es que en este último se invoca también
la celebración del Convenio núm. 725 de 2024, “[…] respecto del cual se aduce la
vulneración del conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura, por lo
cual el análisis sobre cosa juzgada se estructurará entonces, solo respecto de la
causal de inhabilidad del artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, fundada en la
celebración del Convenio núm. 370 de 2023 […]”.
19.4. Se configuró parcialmente la excepción de cosa juzgada respecto al elemento
objetivo de la causal por violación al régimen de inhabilidades, debido a que el
Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 17 de junio de 2024,
negó las pretensiones de la demanda relacionadas con la inhabilidad prevista en el
numeral 4.° del artículo 4314 de la Ley 136, y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en sentencia de 5 de septiembre de 2024, confirmó la decisión, por lo que resolvió
estarse a lo resuelto en dicha providencia.
Respecto a la violación del régimen de conflicto de intereses – Convenio núm. 725
de 2024
19.5. Luis Alexander Díaz Arias, Representante Legal del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Barrancabermeja–CBVB y cónyuge de la Concejal, suscribió el
Convenio núm. 725 de 2024 con el Distrito Especial, Portuario, Biodiverso, Industrial
y Turístico de Barrancabermeja, “[…] por concepto de sobretasa bomberil para apoyo
al servicio público integral del riesgo contra incendio, de conformidad con las
funciones y obligaciones establecidas en la Ley 1575 […]”.
19.6. En el caso sub examine, “[…] no se observa que respecto del Convenio núm.
725–2024 ni de su contenido ni de los hechos o fundamentos fácticos de la demanda,
la concejal […] hubiera intervenido adoptando decisión alguna […]”.
19.7. Consideró que el Solicitante no fue preciso en determinar la “[…] acción, gestión
o deber decisional […]” que tenía la Concejal, con ocasión al referido Convenio, por
lo que no le era exigible hacer un análisis de la violación al régimen de conflicto de
intereses de forma general, en la medida que ello implicaría una vulneración al
principio de congruencia y a la garantía del debido proceso de la Concejal.
14 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Recurso de apelación presentado por el Solicitante
20. El Solicitante interpuso recurso de apelación en el que solicitó revocar la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Santander, con fundamento en los siguientes argumentos15:
21. Señaló que las inhabilidades de los concejales buscan proteger la transparencia y
evitar que los funcionarios públicos utilicen su cargo para obtener beneficios indebidos.
22. Manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha decidido varios casos
por violación al régimen de inhabilidades y estos casos reflejan la estricta aplicación del
régimen de inhabilidades “[…] diseñado para preservar la integridad y transparencia en
la gestión pública. Por eso es fundamental que los concejales y sus familiares directos
se abstengan de celebrar contratos con el municipio en el que ostentan la dignidad,
para evitar sanciones como la pérdida de investidura y otras eventuales consecuencias
legales penales […]”.
23. Indicó que no se podía argumentar ni sustentar la defensa en que la Concejal
cuando se trata de asuntos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Barrancabermeja–CBVB “[…] se sale del recinto para evitar violar la ley […] Sandra
Milena Galvis Mora nunca ha dejado de ser Concejal […]”.
24. Afirmó que el artículo 292 de la Constitución Política le impide a los cónyuges o
compañeros permanentes de los concejales, así como a sus parientes en determinados
grados contratar con el respectivo distrito.
25. Explicó que la Concejal incurrió en una falta gravísima con dolo, debido a que
desconoció la ley, al desempeñarse como miembro de la corporación pública de
elección popular mientras su cónyuge Luis Alexander Díaz Arias contrató con el
distrito.
26. Concluyó que el cónyuge de la Concejal “[…] administró y ejecutó las trasferencias
de la tasa bomberil en su totalidad […] y la ley colombiana es taxativa, más en un
proceso de pérdida de investidura que no admite ninguna interpretación subjetiva […]”.
15 Cfr. Índice núm. 28 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo “20_MemorialWeb_Recurso”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Admisión y traslado del recurso de apelación
27. El Despacho Sustanciador de la Sección Primera del Consejo de Estado,
mediante auto de 10 de febrero de 202516, admitió el recurso, y la Secretaría de la
Sección Primera de esta Corporación surtió el respectivo traslado17.
28. La Concejal, mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sección Primera de
esta Corporación el 11 de febrero de 2025 18 , se opuso al recurso de apelación,
manifestando que: i) la violación al régimen de inhabilidades ya fue objeto de
pronunciamiento por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado y ii) el
Solicitante no presentó argumentos ni pruebas que sustentaran la violación al
régimen de conflicto de intereses.
29. El Solicitante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad
procesal.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
30. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollos jurisprudenciales de la excepción de cosa juzgada en los
procesos de pérdida de investidura; vi) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por violación al conflicto de
intereses; vii) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.
Competencia de la Sala
31. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
16 Cfr. Índice núm. 4 de SAMAI, expediente digital en segunda instancia.
17 Cfr. Índice núm. 8 de SAMAI, expediente digital en segunda instancia.
18 Cfr. Índice núm. 9 de SAMAI, expediente digital en segunda instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
y diputados; iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201919; y iv) el
artículo 150 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda
instancia: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado es competente para conocer del presente asunto.
32. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado, se
procede a decidir el caso sub lite.
33. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201220, la Sala
procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o reparos
formulados por el apelante.
Problema jurídico
34. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación,
si se configuró la excepción de cosa juzgada parcial respecto a la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de inhabilidades, en particular, la inhabilidad
prevista en el numeral 4.° del artículo 43 21 de la Ley 136, por la suscripción del
Convenio núm. 370 de 2023 por parte del cónyuge de la Concejal.
35. Asimismo, si se incurrió o no en la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen del conflicto de intereses, por la suscripción del Convenio núm. 725 de
2024 por parte del cónyuge de la Concejal, y, en ese orden, sí se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia de 11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, en primera instancia.
La calificación habilitante
36. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de Concejal de Sandra Milena Galvis Mora para el
periodo 2024-2027, según consta en los documentos aportados como prueba al
19 Reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del
cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
20 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
21 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
proceso, en especial, el Formulario E-26 CON suscrito por los miembros de la
Comisión Escrutadora Municipal, por medio de los cuales se declara la elección y se
expide la correspondiente credencial22.
37. En ese orden de ideas, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la
medida en que el documento anteriormente indicado constituye prueba de dicha
calidad, lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
38. Vistos los artículos 184 de la Constitución Política; 14323 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1.° de la Ley 1881.
39. Vistos el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, en armonía con los numerales
1.° del artículo 48 de la Ley 617, los concejales perderán su investidura, por violación
del régimen del conflicto de interés.
Desarrollos jurisprudenciales
40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio 24 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
22 Cfr. Índice núm. 3 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo
“3ED_sandragalvisperdidad(.pdf)”.
23 Ley 1437. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente
o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de
investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora
local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles.
24 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15000-
2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
41. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre sus
representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al
interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
42. La Sala Plena25 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros de
las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de carácter
jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida exclusivamente al
Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción más grave que puede
imponerse a una persona que ha sido elegida en una corporación pública de elección
popular porque implica la separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo
como integrante de esa corporación y, por expresa disposición de la propia
Constitución Política, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv)
los procesos de pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos
fundamentales previstos en la Constitución como el de ser elegido.
43. En esa misma orientación, la Corte Constitucional26 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
44. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del Consejo
de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201021. En ese orden, las
conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la Constitución
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado,
expedientes T-3.331.156 y T-4.524.335.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de arbitrariedad en la
aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el juez, quien deberá
estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la literalidad de la
prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo cual constituye
una materialización del principio de interpretación restrictiva.
45. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
46. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes27, una vez verificada la configuración del elemento
objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo28.
47. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de
pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá
en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución […]”29.
48. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento en
ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma que
27 Ibidem.
28 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
29 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo
que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o
no el elemento subjetivo30.
Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura
49. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de la
pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de
las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las
causales son de aplicación restrictiva 31 ; lo anterior en atención a que las
prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de
origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas,
vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de
manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.
50. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de 21
de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura son
aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas deban ser
concebidas como de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva,
pues no puede perderse de vista que la pérdida de investidura es una sanción que
impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a
perpetuidad […]”.
51. Asimismo, señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional
como el Consejo de Estado han puesto de presente que las normas que establecen
derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera que se
garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el
señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de
cargos públicos, deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la
30 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en
caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista
alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
31 Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. Guillermo Vargas Ayala.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
ley y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre, con la finalidad
enunciada, en forma restrictiva […]”.32
52. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado el
carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público, de
interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a
perpetuidad […]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la conducta
o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).
53. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 3
de noviembre de 201633 consideró que “[…] la interpretación y aplicación restrictiva
de las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también obedece al
principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella interpretación más
favorable al hombre y a sus derechos […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la cosa juzgada en los
procesos de pérdida de investidura
54. Vista la Ley 188134, en especial, los artículos 1 y 17 que prevén, por un lado,
que: i) el proceso de pérdida de investidura garantizará el non bis in idem; y ii) “[…]
[c]uando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida
de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre
el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la
culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de
32 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de julio de 2015. MP. María
Claudia Rojas Lasso; número único de radicación: 110010315000201200059-00(PI).
33 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 3 de noviembre de
2016. MP. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación: 23001- 23-33-004-2015-00489-01(PI).
34 Aplicables al proceso de pérdida de investidura de concejales y diputados de conformidad con el artículo 22
de la Ley 1881.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
investidura […]”; y, “[…] [e]n todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará
tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la
configuración objetiva de la causal […]”.
55. Y, por el otro, que “[…] [n]o se podrá admitir solicitud de pérdida de la
Investidura de un Congresista [entiéndase en este caso Concejal] en el evento de
alegarse los mismos hechos que sirvieron de fundamento a las causales sobre
las cuales ya se haya pronunciado el Consejo de Estado. Todas las sentencias
en estos procesos producen efectos de cosa juzgada […]” (Destacado fuera de
texto).
56. Vistos los artículos 302 y 303 de la Ley 1564, sobre ejecutoria y cosa juzgada.
57. La Sección Primera, en sentencia de 2 de diciembre de 202135, sobre la cosa
juzgada, precisó lo siguiente:
“[…] Cabe señalar que, si bien es cierto que el artículo 17 de la Ley 1881 le otorga el
carácter de cosa juzgada únicamente a las sentencias de pérdida de investidura de
congresistas, […] también lo es que es un proceso que se surte, enteramente, en esta
Corporación, tanto la primera como la segunda instancia. De ahí que dicha norma
resulte aplicable a los procesos de pérdida de investidura surtidos contra miembros
de corporaciones públicas territoriales, de ser entendida e interpretada, de forma
integral, y en consonancia, con lo determinado en los artículos 302 y 303, del CGP, -
normas procesales de orden público y de obligatorio acatamiento por las autoridades
judiciales- […]”, y agregó que “[…] Desde esta perspectiva, en los procesos de pérdida
de investidura territoriales, la cosa juzgada es un efecto que se produce por la firmeza
que adquiere una decisión judicial que le pone fin y resuelve el fondo del asunto
planteado, al constatarse la ocurrencia de cualquiera de los eventos previstos por la
codificación procesal, […] sin que haya lugar a exigir, como en el caso de los
congresistas, que necesariamente exista un pronunciamiento de esta Corporación
para declarar dicho fenómeno, precisamente, por el singular procedimiento previsto en
la ley para este tipo de procesos en los que median censuras contra miembros de
corporaciones públicas territoriales36 […]”.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; proceso identificado con el
número único de radicación 500012333000202000709-01. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
36 “[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales (…) Parágrafo 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley,
con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental
o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del
Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días […]” (Destacado fuera de
texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses
58. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales perderán
su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de intereses.
[…]”.
59. Visto el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, “[…] [l]os concejales
municipales […] perderán su investidura por: 1. Por violación del régimen de
incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general. […]”.
60. Visto el artículo 70 de la Ley 136, sobre el conflicto de interés, que señala “[…]
cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de
alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno
de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá declararse
impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.
61. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses32 “[…] como aquella conducta
en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido
por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse
impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o
cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la
función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la
manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir
con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial […]”.
62. Esta Sección37 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de
marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15000-
2006-00003-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena38 ha sido enfática en sostener que si el interés
se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en
igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría actuando en
interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.
63. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o votación de un
asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.
64. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación en
la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura el
conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.
65. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los
siguientes supuestos: i) la calidad de concejal; ii) la existencia de un interés directo,
particular y actual en cabeza de la Concejal o de su cónyuge, compañero permanente
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en un asunto que la
Concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que la
Concejal participe en el debate o votación del asunto, sin manifestar impedimento
frente al asunto que configura el interés.
Análisis del caso concreto
66. De conformidad con los marcos normativos y los criterios jurisprudenciales
expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala procede a apreciar y
a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las reglas
de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda para, en
aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
38 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y Concepto
de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
La improcedencia del estudio de argumentos que no fueron en la oportunidad
procesal correspondiente
67. La Sala deberá determinar si, en el caso sub examine, es procedente o no, el
estudio de los argumentos planteados por el apelante, según los cuales:
67.1. No se podía argumentar ni sustentar la defensa en que la Concejal cuando se
trata de asuntos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja–CBVB
“[…] se sale del recinto para evitar violar la ley […] Sandra Milena Galvis Mora nunca
ha dejado de ser Concejal […]”
67.2. El artículo 292 de la Constitución Política le impide a los cónyuges o
compañeros permanentes de los concejales, así como a sus parientes en
determinados grados contratar con el respectivo distrito.
68. De conformidad con el artículo 281 de la Ley 1564, sobre congruencia, “[…]
[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige
la ley […]”; asimismo, la norma establece que “[…] [n]o podrá condenarse al
demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta […]”.
69. Esta Sección en diversas oportunidades39 ha puesto de presente que “[…] el
juez de la segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los
planteamientos expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para
pronunciarse sobre aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no
fueron objeto de impugnación. Igualmente ha reiterado que no puede abordar
materias o cuestiones que se plantean en la apelación, pero que no hacen parte
del concepto de violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia
estudió […]”, porque ello constituiría vulneración del principio de congruencia y, en
consecuencia, de los derechos del debido proceso, contradicción y de defensa de la
parte que resulte afectada (Destacado fuera del texto).
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente:
2005-00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
70. Lo anterior cobra relevancia en esta clase de procesos, en la medida en que,
por tratarse de un trámite sancionatorio, es imperiosa la necesidad de velar por la
protección de los derechos fundamentales del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida
de investidura40 y es que, como lo explicó esta Sección en sentencia de 13 de octubre
de 201641, “[…] la institución de la pérdida de investidura tiene un evidente carácter
sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una parte, se le priva al
demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones que ejercía y, de
otra parte, acarrea una inhabilidad permanente consistente en que el afectado no
puede volver a ejercer cargos de elección popular […]”.
71. En el caso sub examine, la Sala observa que los argumentos planteados por
el Solicitante, en el recurso de apelación, indicados en los numerales 67.1 y 67.2.,
indicados supra, se aducen por primera vez en el proceso; es decir, en el escrito del
recurso de apelación. Se trata de unos planteamientos fáctico y jurídico que, como
se dijo, debió ser expuesto en la solicitud de pérdida de investidura con el objeto de
garantizar el derecho del debido proceso, de contradicción y de defensa de la
Concejal.
72. En consecuencia, esta Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento en
relación con los nuevos argumentos planteados por el Solicitante de la pérdida de
investidura, indicados supra.
Análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades, en el caso concreto
73. La Sala procederá a determinar si lo decidido por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2024, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad electoral identificado con los
números únicos de radicación 68001233300020230087103 y
68001233300020240005900 (acumulado) hace tránsito a cosa juzgada en este
proceso en relación con el análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de
40 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 2012.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de octubre de
2016; MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 81001-23-39-000-2016-00014-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
investidura por violación al régimen de inhabilidades invocada, en aplicación de los
principios de celeridad, eficacia y economía procesal.
74. Una vez revisada la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI, se observa
que la Sección Quinta de esta Corporación profirió sentencia, en segunda instancia,
en el sentido de confirmar la sentencia proferida, en primera instancia, el 17 de junio
de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de
la demanda de nulidad electoral.
El proceso de nulidad electoral identificado con los números únicos de
radicación 68001233300020230087103 y 68001233300020240005900
(acumulado) y de pérdida de investidura identificado con el número único de
radicación 680012333000202400764-01
75. La Sala observa que el miembro de la corporación pública de elección popular y
la causal de violación al régimen de inhabilidades en los procesos
68001233300020230087103 y 68001233300020240005900 (acumulado) y
680012333000202400764-01 guardan identidad, respecto al Convenio núm. 370 de
2023, como se expone a continuación:
Nulidad Electoral Pérdida de Investidura
68001233300020230087103 y 680012333000202400764-01 (actual)
Procesos
68001233300020240005900
(acumulado)
Demandantes/ Jimmy García Gómez y Sabex Diego Waldrón Guerrero
Solicitante Mancera Rodríguez
Miembro de la Sandra Milena Galvis Mora, Sandra Milena Galvis Mora,
corporación pública Concejal del Distrito de Concejal del Distrito de
de elección popular Barrancabermeja, para el periodo Barrancabermeja, para el periodo
objeto de solicitud de constitucional 2024-2027 constitucional 2024-2027
pérdida de investidura
“[…] Solicitó la nulidad del “[…] Que se declare la pérdida de
formulario E-26 CON del 8 de investidura de la concejala de
noviembre de 2023, por medio del Barrancabermeja elegida por la
cual se declaró la elección de la agrupación política […] Sandra
Pretensiones señora Sandra Milena Galvis Mora Milena Galvis Mora […] en acto
como concejal del distrito de contenido en la declaración de
Barrancabermeja (Santander), elección del acta de escrutinio del
para el periodo constitucional Concejo Municipal de
2024-2027 […]”. Barrancabermeja, formulario E 26
con, expedido el 8 de noviembre
de 2023, por violación del régimen
de inhabilidades […]”.
La causal prevista en el numeral 2. La causal prevista en el numeral 2.
° del artículo 55 de la Ley 136 y en ° del artículo 55 de la Ley 136 y en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
Causal de violación al el numeral 1. ° del artículo 48 de la el numeral 1. ° del artículo 48 de la
régimen de Ley 617, por violación al régimen de Ley 617, por violación al régimen de
inhabilidades inhabilidades, en particular, la inhabilidades, en particular, la
invocada prevista en el numeral 4.° del prevista en el numeral 4.° del
artículo 4342 de la Ley 136. artículo 4343 de la Ley 136.
76. Los presupuestos fácticos y jurídicos que fundamentan la demanda presentada,
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral y la pérdida de investidura, son
los mismos, como se expone a continuación:
Presupuestos fácticos en el proceso Presupuestos fácticos en el proceso
68001233300020230087103 y 680012333000202400764-01
68001233300020240005900 (acumulado)
“[…] HECHOS […]. “[…] HECHOS […].
Sandra Milena Galvis Mora inscribió la El 29 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las
candidatura a la corporación pública Concejo de elecciones territoriales en Barrancabermeja
Barrancabermeja para participar en las elecciones (Santander), en las cuales se eligió el nuevo
del 29 de octubre de 2023 […]. Concejo Municipal de Barrancabermeja integrado
por 17 concejales. […]”.
Sandra Milena Galvis Mora es inelegible como
concejal del distrito de Barrancabermeja, toda vez El ACTA DE ESCRUTINIO del CONCEJO
que, se encuentra inmersa en causal de MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA,
inhabilidad establecida en el numeral 4 del FORMULARIO E 26 CON, expedido el 8 de
artículo 40 de la ley 617 del 2000, que modificó el noviembre de 2023 en el auditorio del Sena en
artículo 43 de la ley 136 de 1994 […]. Barrancabermeja, declaró elegida concejala
municipal de Barrancabermeja para el período
El señor Luis Alexander Díaz Arias como constitucional 2024–2027 […].
representante legal del cuerpo voluntario de
Bomberos de Barrancabermeja administró los El REPRESENTANTE LEGAL del CBVB, LUIS
recursos provenientes de la sobre tasa bomberil ALEXÁNDER DÍAZ ARIAS, firmó los
de acuerdo a los convenios […] 0370 de 2023 siguientes CONVENIOS
cuyos objetos fueron: "CONVENIO INTERINSTITUCIONALES DE
INTERINSTITUCIONAL DE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA con el MUNICIPIO DE
POR CONCEPTO DE SOBRE TASA BOMBERIL BARRANCABERMEJA:
PARA APOYO AL SERVICIO PÚBLICO
INTEGRAL DEL RIESGO CONTRAINCENDIO, El 3 de febrero de 2023 firmó el convenio
DE CONFORMIDAD CON LAS FUNCIONES Y 0370–2023. Valor total con adiciones: […].
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY Objeto: “Convenio interinstitucional de
1575 DE 2012", dentro de los doce (12) meses transferencia por concepto de sobretasa
anteriores a la fecha de la elección de su esposa bomberil para apoyo al servicio público integral
Sandra Milena Galvis Mora, la que se produjo el del riesgo contra incendio, de conformidad con
29 de Octubre de 2023 […]. las funciones y obligaciones establecidas en la
Ley 1575 del 2012”.
Dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de
la elección de Sandra Milena Galvis Mora su La celebración del CONVENIO
esposo Luis Alexander Díaz Arias administró INTERINSTITUCIONAL DE
tributo por concepto de sobre tasa bomberil desde TRANSFERENCIA N° 0370–2023 fue dentro
el 29 de octubre de 2022 fecha extrema del término inhabilitante, el cual comprendía
inhabilitante hasta el 27 de diciembre de 2022 […] desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de
y en la misma condición administró tributo por octubre de 2023 […].
concepto de sobre tasa bomberil desde el 14 de
febrero de 2023 fecha del acta de inicio del SANDRA MILENA GALVIS MORA sí incurrió
convenio interadministrativo 370 de 2023 hasta el en la causal de inhabilidad […] pues su esposo
42 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
43 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
20 de Diciembre de 2023, fechas dentro de las LUIS ALEXÁNDER DÍAZ ARIAS administró y
cuales se encuentran los extremos inhabilitantes administra actualmente la SOBRETASA
(29 de octubre de 2023) […]”. BOMBERIL del Municipio de
Barrancabermeja, como REPRESENTANTE
LEGAL del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Barrancabermeja (CBVB), a través de los
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE
TRANSFERENCIA que firmó con el
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, la
misma entidad territorial en donde fue elegida
y ostenta actualmente la dignidad de concejala
su esposa SANDRA MILENA GALVIS MORA
[…]”.
La sentencia proferida el 5 de septiembre de 2024 en el proceso
68001233300020230087103 y 68001233300020240005900 (acumulado)
77. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en segunda
instancia, el 5 de septiembre de 2024, en la cual explicó que para que se estructure
el elemento objetivo de la causal de violación al régimen de inhabilidades prevista en
el numeral 4.° del artículo 43 44 de la Ley 136 se debe acreditar: i) un elemento
material, referido a que el candidato tenga un vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil con quien haya ejercido la representación legal de la entidad a
la que se refiere la norma; ii) un elemento orgánico, relativo a que dicha entidad tenga
a su cargo la administración de tributos, tasas o contribuciones; iii) un elemento
temporal, consistente en que la representación legal se haya ejercido dentro del año
anterior a las elecciones; y iv) un elemento espacial, según el cual esa representación
se haya efectuado en el territorio donde se produjo la elección.
78. La Sala negó las pretensiones de nulidad de la elección de la Concejal,
relacionadas con la causal de violación al régimen de inhabilidades, con ocasión a la
suscripción del Convenio núm. 370 de 2023, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
“[…] Concepto de la violación
5. La parte actora consideró que la elección cuestionada es nula porque se concretó la
inhabilidad prevista en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000. […]. 6. Al respecto indicó que se encontraba acreditada la
causal de inelegibilidad endilgada, porque dentro de los 12 meses anteriores a la
elección de la señora Galvis Mora, esto es, desde el 29 de octubre de 2022 hasta el
29 de octubre de 2023, su esposo administró la sobretasa bomberil de conformidad
44 Modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
con los convenios interadministrativos […] 0370 de 2023, en el distrito de
Barrancabermeja […].
67. Del anterior recuento, la Sala no evidencia la configuración de los elementos a que
hace referencia el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, para que se
configure la inhabilidad alegada, en la medida en que, de las pruebas aportadas, no se
desprende que la entidad bomberil representada por el cónyuge de la demandada
tenga a su cargo la administración de tributos, tasas o contribuciones.
68. Es por ello que, la Sección no comparte los argumentos formulados por el
recurrente cuando afirma que, de la ejecución de los dineros públicos provenientes de
la tasa bomberil por parte de su representante legal, se desprenda la administración
de tributos. Al respecto, se debe distinguir entre la última actividad y la situación de ser
destinatario de recursos para la prestación de un servicio público esencial a través de
un convenio.
69. En el análisis realizado, se evidenció que el cuerpo de bomberos voluntarios es la
entidad receptora de los recursos obtenidos por el distrito a través de la sobretasa
bomberil, cuya inversión es exclusiva en asuntos inherentes a la actividad que ejercen
los bomberos dentro de su objeto social y para los fines señalados en la Ley 1575 de
2012 y sus reglamentaciones. Dicha situación no significa que, por el hecho de recibir
y ejecutar recursos públicos mediante un contrato y por disposición legal, la institución
de bomberos referida se haya transformado en una entidad encargada de la
administración de un tributo[…]”.
70. Para reforzar lo anterior, se probó que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Barrancabermeja no tiene como objeto o finalidad la administración de tributos, se trata
de una entidad cívica, sin ánimo de lucro y de utilidad común integrada por personas
naturales orientada a la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y
atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos, servicio público esencial que se financia con la sobretasa
bomberil. Mientras que el distrito de Barrancabermeja tiene las potestades tributarias
de administración, control, fiscalización, liquidación, discusión, recaudo, devolución y
cobro de la sobretasa bomberil, las cuales, de acuerdo con lo establecido por el artículo
1º41 de la Ley 1386 de 2010, no puede delegar en terceros. 71. En conclusión, la
administración de la sobretasa bomberil está en cabeza exclusivamente del distrito de
Barrancabermeja, y, si bien el cuerpo de bomberos voluntarios, es destinatario, recibe
y ejecuta los recursos recaudados para la gestión integral del riesgo contra incendio,
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de
incidentes con materiales peligrosos, lo que se hace a través de un convenio
interinstitucional en los términos de la Ley 1575 de 2012, no son gestiones que
encuadren en la actividad de administrar un tributo, situación que resulta indispensable
para configurar la inhabilidad alegada en la demanda, por lo que no prospera este
reproche del apelante […]”.
79. Con fundamento en lo anterior, la Sección Quinta dispuso “[…] CONFIRMAR la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 17 de junio de
2024, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda […]”.
80. Por último, la sentencia proferida, en segunda instancia, el 5 de septiembre de
2024, en el proceso 68001233300020230087103 y 68001233300020240005900
(acumulado), se encuentra ejecutoriada, como consta en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
La excepción de cosa juzgada parcial en el caso concreto – Convenio núm. 370
de 2023
81. La Sala considera que, en el caso sub examine, los procesos identificados con
el número único de radicación 68001233300020230087103 y
68001233300020240005900 (acumulado) y 680012333000202400764-01 guardan
identidad de sujeto pasivo, objeto y causa, en lo relativo al Convenio núm. 370 de
2023, en la medida en que en ambos se fundamentan en la misma causal de
violación al régimen de inhabilidades y en los mismos presupuestos fácticos y
jurídicos.
82. Asimismo, para la Sala no son de recibo los argumentos planteados por el
apelante, mediante los cuales insiste en la configuración de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades, en la medida que la demanda
de nulidad electoral y la pérdida de investidura, en cuanto a la inhabilidad relacionada
con la suscripción del Convenio núm. 370 de 2023, guardan identidad de objeto y
causa, en ese sentido, la Sala confirmará la decisión del Tribunal de declarar probada
de oficio la excepción de cosa juzgada parcial, respecto a los aspectos juzgados, de
conformidad con lo previsto en los artículos 1 y 17 de la Ley 1881.
Análisis del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de conflicto de intereses, en el caso concreto
83. La Sala procede, en el caso sub examine y atendiendo a los cargos de la
apelación, al estudio de los supuestos necesarios para la configuración de la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, y
en numeral 1.º del artículo 48 de la Ley 617, por violación del régimen del conflicto
de interés, en lo relacionado con la suscripción del Convenio núm. 725 de 2024 por
parte del cónyuge de la Concejal.
Que ostente la calidad de Concejal
84. La Sala encuentra probado que la señora Sandra Milena Galvis Mora fue
Concejal del Distrito de Barrancabermeja, periodo 2024-2027, según se explicó en el
acápite “[…] La calificación habilitante […]” de esta providencia. En consecuencia, el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
primer supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura se
encuentra probado.
Que exista un interés directo, particular y actual de la Concejal o alguna de las
personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la deliberación
o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública
85. El Tribunal consideró en la sentencia proferida, en primera instancia, que no se
encontró probado que la Concejal hubiere incurrido en la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, al haber participado
en el debate y votación de proyectos de acuerdo en los que tuviera un interés directo,
particular y actual, en lo relacionado con la suscripción del Convenio núm. 725 de
2024 por parte de su cónyuge. Asimismo, indicó que el Solicitante no fue preciso en
determinar la “[…] acción, gestión o deber decisional […]” que tenía la Concejal, con
ocasión al referido Convenio.
86. El Solicitante, en el recurso de apelación, reiteró que el cónyuge de la Concejal
“[…] administró y ejecutó las trasferencias de la tasa bomberil en su totalidad […]” y
argumentó que, al desempeñarse como miembro de la corporación pública de
elección popular mientras su cónyuge Luis Alexander Díaz Arias contrató con el
distrito, se configuró una falta gravísima a título de dolo.
87. La Sala encuentra probado que Luis Alexander Díaz Arias, Representante Legal
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja–CBVB, es el cónyuge de
la Concejal y suscribió el Convenio núm. 725 de 202445.
88. En ese orden, la Sala considera que, en el caso sub examine, no se configuran
los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación al conflicto de intereses, por cuanto el argumento del Solicitante no estuvo
relacionado con cuestiones referentes al ejercicio de funciones por parte de la
Concejal sino con la suscripción de un convenio por parte de su cónyuge y, en
consecuencia, no se podría concluir que en el asunto objeto de examen se pudiera
generar un conflicto de intereses con los de orden público que permanecen implícitos
45 Cfr. Índice núm. 3 de SAMAI, expediente digital en primera instancia. Archivo
“3ED_sandragalvisperdidad(.pdf)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
en el desarrollo de las funciones de los miembros de corporaciones públicas de
elección popular.
89. En efecto, como lo señaló la Sala, al referirse al marco normativo y jurisprudencial
de la pérdida de investidura, tratándose de una censura que restringe de manera
permanente el derecho a ser elegido por voto popular, el proceso que se adelanta es
de naturaleza sancionatoria; por esta razón, está sometido al principio de taxatividad
e interpretación restrictiva de las causales, en garantía de los principios del debido
proceso, legalidad y pro homine; en consecuencia, al juez le está prohibido realizar
una interpretación extensiva o analógica de las causales.
90. Por lo expuesto anteriormente y atendiendo a que no se encuentra probado el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de
conflicto de intereses, la Sala se releva de efectuar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones
91. La Sala considera que, en el caso, sub examine, se configuró la cosa juzgada
parcial, en lo relacionado con la suscripción del Convenio núm. 370 de 2023, y no se
encontró acreditado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, por
violación del régimen del conflicto de intereses prevista en el numeral 2.° del artículo
55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, en lo relacionado
con el Convenio núm. 725 de 2024 y, en consecuencia, confirmara la sentencia de
11 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 680012333000202400764-01
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.