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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00218-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00218-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida de investidura del concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya, período constitucional 2024 – 2027, por las razones señaladas en la parte motiva. SEGUNDO: Sin condena en costas TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen. COPÍESE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00218-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Solicitante: Esteban Rodríguez Valencia
Demandado: Kevin Alexander Ramos Bedoya
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: Causal de conflicto de intereses – naturaleza moral
Decisión: Confirma sentencia que negó la desinvestidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta que negó la desinvestidura del señor Kevin Alexander Ramos
Bedoya, concejal del municipio de Granada (Meta), período constitucional 2024 – 2027.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La solicitud de pérdida de investidura

El 8 de julio de 20251, el señor Esteban Rodríguez Valencia presentó demanda en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del CPACA, en la que solicitó2:

[…] 1. Se DECRETE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA como concejal de Granada – Meta,
al señor KEVIN ALEXANDER RAMOS BEDOYA, elegido para el periodo constitucional
2024 – 2027 y se ordene la cancelación de su credencial, por VIOLACIÓN AL RÉGIMEN
DE CONFLICTO DE INTERESES, quebrantar (sic) el artículo 55 Ley 136 de 1994, artículo
48 de la Ley 617 de 2000, numerales 1, 2, 6, 8 y 13 Ley 1437 de 2011 y demás que se
puedan derivar de los hechos que se describen en esta Acción Pública.

2. Que, como consecuencia de lo anterior, se oficie al Concejo Municipal de Granada –
Meta, y demás autoridades correspondientes, para que se CANCELE la credencial de

1 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.
2 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

concejal para el periodo Constitucional 2024 – 2027, cargo que ostenta en la actualidad el
demandado.

3. Que, como consecuencia de lo anterior, se llame a ocupar el cargo de concejal de
Granada para el periodo Constitucional 2024 – 2027, a quien siga en la lista de su respectivo
partido político, es decir, por el Partido ALIANZA VERDE […] [Mayúsculas originales].

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada3

La parte solicitante señaló que el 29 de octubre de 2023, el señor Kevin Alexander Ramos
Bedoya fue elegido concejal del municipio de Granada, (Meta) para el período
constitucional 2024 – 2027.

Indicó que el 29 de marzo de 2025, la alcaldía municipal de Granada adelantó en el parque
principal el evento denominado «feria del empoderamiento de la mujer granadina», al que
asistió la «primera dama Diana Paola Tibaguy Agudelo en su rol de gestora social y esposa
del alcalde municipal».

Agregó que:

[…] Al citado evento llego el presidente del concejo y aquí demandado KEVIN ALEXANDER
RAMOS BEDOYA […] en compañía de su hermano y exconcejal, MICHAEL ANDRÉS
RAMOS BEDOYA (viste bermuda color azul y buzo de la selección argentina) para agredir
física y verbalmente a los organizadores del evento. La noticia fue difundida por medios
masivos en redes sociales […]. [E]l concejal aquí denunciado se dirige a la Gestora Social
para justificar el comportamiento suyo y el de su hermano; y en una actitud desafiante le
acerca el celular al rostro de la gestora social para obligarla a ver lo que parece ser unas
fotografías.

El día 8 de abril, por los hechos acontecidos y sumado a una conducta sistemática que
antecedía los hechos de agresiones contra la vida privada de la gestora social y la
administración municipal por redes sociales; la gestora social radicó en la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN denuncia penal contra MICHAEL ANDRÉS RAMOS BEDOYA
por los delitos de INJURIA AGRAVADA e INJURIA POR VIA DE HECHO, por la cual se
adelanta la NOTICIA CRIMINAL N° 503136000569202500010
[…]. [Mayúsculas originales]

Relató que el 11 de abril de 2025, el alcalde expidió el Decreto núm. 076 por medio del cual
convocó a sesiones extraordinarias al concejo municipal de Granada, (Meta) durante los
días 24 a 30 de abril de 2025 para debatir, entre otros asuntos, el proyecto de acuerdo «por
medio del cual se realiza adición de recursos al presupuesto actual vigencia fiscal 2025».

Sostuvo que el 24 de abril de 2025 «en sesión plenaria de instalación del período
extraordinario, el concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya, se autodesigna ponente» del
precitado acuerdo. Acotó que el accionado presentó ponencia negativa al proyecto.

Explicó que el concejal Michael Suarez Gulloso presentó recurso de apelación en contra
de la decisión de archivo y anotó que:

[…] el recurso de apelación que de conformidad con el Reglamento Interno artículos 3 y 31;
debió ser tramitado ante la plenaria por parte de la mesa directiva; sin embargo, se llegó el
día 30 de abril fecha de clausura de la sesión extraordinaria y la mesa directiva presidida por

3 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

el concejal aquí denunciado en un claro PREVARICATO POR OMISIÓN NO dio trámite ante
la plenaria al recurso de apelación […].

Expuso que el 5 de mayo de 2025, en el período de sesiones ordinarias, el alcalde radicó
por segunda ocasión el proyecto de acuerdo «por medio del cual se realiza adición de
recursos al presupuesto actual vigencia fiscal 2025».

Precisó que nuevamente el accionado «se auto designa ser ponente del citado proyecto» y
que presentó otra vez ponencia negativa.

Informó que:

[…] El concejal ALBEIRO LÓPEZ RÍOS presenta a la comisión de presupuesto una
proposición para que el estudio y debate del proyecto de acuerdo continuara el día 27 de
mayo para que el concejal ponente y los demás concejales tuviesen el tiempo suficiente (4
días) de realizar el estudio de la certificación que se acaba de recibir. Proposición que fue
negada con los 3 votos de los concejales KEVIN ALEXANDER RAMOS BEDOYA, MERCY
YINET MORALES MILLAN y ASMED RIVEROS BORJA; contra dos votos positivos, por lo
que el voto del concejal RAMOS BEDOYA fue determinante para negar la proposición.

La negación a continuar el debate en los días posteriores es una clara obstrucción y en
trabamiento (sic.) al proyecto de acuerdo, y a cumplir con sus funciones constitucionales y
legales como concejales; y es la prueba queda (sic.) la CERTEZA que solo le asistía el interés
directo de archivar el proyecto de acuerdo precedido de la enemistad grave con la gestora
social y la administración municipal […].

Adujo que el proyecto fue archivado con el voto del concejal accionado.

Manifestó que el 3 de junio de 2025 presentó queja disciplinaria ante la Procuraduría
General de la Nación en contra del concejal accionado «por los delitos de prevaricato por
acción y omisión, al retardar y entrabar las funciones a su cargo».

Puso de presente que el 5 de junio de 2025, el alcalde expidió el Decreto núm. 114 mediante
el cual convocó a sesiones extraordinarias al concejo municipal de Granada, (Meta), durante
los días 11 a 20 de junio de 2025 para debatir por tercera vez el proyecto de acuerdo «por
medio del cual se realiza adición de recursos al presupuesto actual vigencia fiscal 2025».

Anotó que el 11 de junio de 2025, en la instalación de la sesión extraordinaria, el concejal
accionado se «autodesignó ponente» del precitado proyecto de acuerdo, sin que finalmente
fuera aprobado.

Fundamentó la causal de conflicto de intereses, así:

[…] La Auto designación que por tercera vez se hiciera como ponente el concejal KEVIN
ALEXANDER RAMOS BEDOYA; pese a haber conocido con anterioridad la actuación
administrativa sometido (sic.) a su decisión y la enemistad grave con la gestora y la
administración municipal, al retardar y entrabar las funciones a su cargo, y por conocer del
asunto con anterioridad, y al haber demostrado su evidente sesgo e interés para que el
proyecto de acuerdo NO fuese aprobado; se constituye en un claro conflicto de interés
asentando en los numerales 1, 2, 6 8 y 13 del artículo 11 de Ley 1437 de 2011 CPACA; por
cuanto; I) su decisión (sea positiva o negativa) sobre el trámite que el diera a la adjudicación
de la ponencia, II) el sentido de la misma, y III) la decisión final que adoptara la comisión de
presupuesto; y van a tener una injerencia e influencia directa en la decisión final que tome la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

para evaluar la ilicitud, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta del concejal y de su
hermano […].

2. Posición de la parte demandada

El señor Kevin Alexander Ramos Bedoya, actuando por conducto de apoderado,
manifestó su oposición a las pretensiones y como razones de defensa expuso lo
siguiente4:

Afirmó que no se demostró que el accionado tuviese un interés particular, moral o
económico en la regulación o decisión del proyecto de acuerdo que adicionaba recursos
al presupuesto municipal, más allá de su función legal de concejal y presidente de la
corporación y la comisión de presupuesto y asuntos fiscales, las cuales se cumplieron
con apego a la Constitución, la ley y el reglamento interno del Concejo Municipal de
Granada (Meta).

Explicó frente a la causal de «haber conocido del asunto» que hace referencia a una
actuación anterior en sede administrativa que compromete la imparcialidad por haber
adelantado etapas previas del proceso, pero que en este caso el accionado no conoció del
proyecto de acuerdo en otra instancia.

Aclaró que, aunque el proyecto de acuerdo se debatió previamente, ello no significaba
«haber conocido del asunto» en los términos de la norma, pues no se emitió una decisión
de fondo sobre su contenido, ni existe doble instancia o grado de conocimiento que impida
su nuevo análisis en la sesión.

Sostuvo que la posible existencia de un conflicto de intereses por enemistad entre el
hermano del concejal y la señora Diana Paola Tibaguy Agudelo carece de respaldo
probatorio y agregó que se trata de «una falsa conclusión y es que por el hecho de la
ciudadana en mención haber interpuesto una denuncia penal por injuria y calumnia por
vías de hecho, ya existe una enemistad, cuando el estándar probatorio exigido por el
Consejo de Estado es mayúsculo, debe ser claro, concreto, determinado y sin lugar a
dudas».

Agregó que de la lectura de la causal quedaba claro que la enemistad exigida para su
configuración es la «existente entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la
actuación administrativa, su representante o apoderado», por lo que indicó que no era
relevante analizar la supuesta enemistad entre el hermano del accionado y la primera
dama, sino la supuestamente surgida entre el concejal y la gestora social. Aclaró que
respecto de dicha enemistad entre el concejal y la señora Tibaguy Agudelo no se allegó
prueba alguna.

Manifestó que las actuaciones del accionado, en su calidad de presidente del concejo y
ponente de los proyectos de acuerdo, gozan de la presunción de legalidad que ampara los
actos y decisiones administrativas.

4 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

3. La sentencia de primera instancia5

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia proferida el 13
de noviembre de 2025, resolvió.

[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de PÉRDIDA DE INVESTIDURA de CONCEJAL del
demandado, KEVIN ALEXANDER RAMOS BEDOYA, período constitucional 2024 –
2027, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Sin CONDENA en COSTAS […]

Frente a la causal del numeral 8 del artículo 11 del CPACA, explicó que la norma no
refiere a cualquier situación de desacuerdo, discrepancia, desagrado o crítica, «sino que
su estructuración debe predicarse en el supuesto que la califica, que sea grave, esto es, el
sentimiento o deseo de perjudicar al otro, y, de tal entidad, que altere la capacidad
decisoria».

Indicó que, en este caso, el accionante se limitó a enunciar un enfrentamiento entre el
hermano del accionado con la esposa del alcalde, que, según el actor generó enemistad
entre el concejal y la administración municipal.

Expuso que como prueba se allegó un vídeo publicado en la red social Facebook «que solo
deja ver un altercado de unas personas en un evento, sin que se pueda extraer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que desencadenó el mismo» y que «finalizando el
video, se alcanza a percibir al demandado dirigiéndose a quien él identificó como primera
dama, sin que se pueda extraer, por sí solo, un sentimiento de odio o animadversión de
él hacia ella, sino al parecer le estaba dando unas explicaciones».

Consideró que el video no tenía el valor probatorio para acreditar la enemistad grave,
puesto que al expediente no se allegaron otras documentales que acrediten las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho referido.

Destacó que en el expediente no se allegó prueba que acreditara una manifestación de
odio o animadversión del accionado hacía la señora Diana Paola Tibaguy Agudelo, por
lo que la afirmación que hizo el actor, en ese sentido, no pasaban de ser meras
apreciaciones sin ningún respaldo probatorio.

Aclaró que la causal de impedimento por enemistad grave se configuraba entre el
servidor público a cargo de la actuación y el interesado que para este asunto era el
alcalde.

En ese escenario, recordó que el accionante alega la supuesta existencia de una
enemistad grave entre el hermano del accionado y la esposa del alcalde, circunstancia
que no tiene ninguna trascendencia en el asunto, puesto que no hacen parte de la
administración municipal.

En relación con la causal prevista en el numeral 6 del artículo 11 del CPACA, indicó que
las señoras Diana Paola Tibaguy Agudelo y Daniela Rico Uribe radicaron denuncia en
contra del hermano del accionado, Michael Andrés Ramos Bedoya.

5 Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

En ese aspecto, precisó que para la configuración de la causal el servidor público
denunciado o su pariente hasta el segundo grado de consanguinidad debe estar
vinculado formalmente al proceso penal, lo que ocurre con la formulación de imputación
conforme lo establecido por el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, lo que
en este caso no estaba probado.

En cuanto a los numerales 1, 2 y 13 del artículo 11 del CPACA, sostuvo que el accionante
no hizo ninguna sustentación «acerca de cómo incurrió el demandado, en las causales de
impedimento citadas».

Precisó que el accionante únicamente afirmó que el concejal incurrió en la causal del
numeral 2 ibidem porque se designó ponente «por tercera vez del proyecto de acuerdo
“pese a haber conocido con anterioridad la actuación administrativa sometido a su
decisión”, pero más allá de esta afirmación, no explicó debidamente cómo operó, es decir,
por qué el accionado conoció con anterioridad, de la actuación administrativa».

Agregó que lo mismo ocurría respecto del numeral 1 del artículo 11 del CPACA, dado que,
aunque el accionante sostuvo que el concejal tenía un interés directo en el trámite del
proyecto de acuerdo, «no detalló en qué consiste el beneficio que le podía generar dicho
proyecto al demandado, o algún pariente dentro de los grados previstos en la norma».

Afirmó que respecto de la causal prevista en el numeral 13 del artículo 11 del CPACA, el
accionante no hizo sustentación alguna.

De otro lado, explicó que el accionante presentó unas quejas disciplinarias en contra del
accionado ante la Procuraduría General de la Nación por el trámite que impartió al
proyecto de acuerdo. Concluyó el tribunal que dichas quejas, por sí mismas, no
configuran la causal del conflicto de intereses, por cuanto, conforme el artículo 111 de la
Ley 1952 de 2019 la calidad de disciplinado se adquiere a partir del auto de apertura de
investigación o la orden de vinculación y, en este caso, en el expediente no reposa
ninguna decisión en dicho sentido.

Consideró que el accionante no expuso una acusación real y concreta relacionada con
que las ponencias negativas implicaran un beneficio o provecho de índole económico o
moral al accionado o su familia.

Refirió que el accionado no presentó la tercera ponencia porque el accionante lo recusó
para participar en la actuación por el supuesto conflicto de intereses «esto implicó que
debiera esperar hasta que se resolviera la recusación, la que declaró infundada por la
PROCURADURÍA REGIONAL DE INSTRUCCIÓN DEL META, con auto del 11 de julio
de 2025, aspecto que refuerza la no configuración de la causal que se le atribuye al
demandado».

Por último, acotó que los reparos en el trámite del proyecto de acuerdo son aspectos que
no forman parte del objeto del medio de control de pérdida de investidura.

4. El recurso de apelación6

4.1. La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se decretara la desinvestidura del accionado, con sustento en lo siguiente:

6 Visto en el índice 54 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

La sentencia de primera instancia incurrió en «error en la apreciación de la prueba sobre
la existencia del interés moral»; «error de derecho al reducir el beneficio a la existencia de
una ventaja económica o material»; «error al excluir del análisis las actuaciones funcionales
que evidencian la interferencia del interés particular»; y, que se configuró el interés moral
directo, particular y actual.

(i) En cuanto al «error en la apreciación de la prueba sobre la existencia del interés moral»

Adujo que en el expediente reposa el video del evento «Feria del Empoderamiento de la
Mujer Granadina», en el que se observa directamente el altercado entre la gestora social
y el hermano del concejal; las capturas de pantalla de las publicaciones hechas por la
gestora social en sus redes sociales en las que narra y denuncia lo sucedido; las notas
periodísticas que documentan el incidente, incluyendo titulares, fotografías y
reconstrucciones del hecho difundidas por medios locales; y el radicado de la denuncia
presentada por la gestora social contra Michael Ramos Bedoya, registrada en la Fiscalía
General de la Nación.

Aseguró que el tribunal excluyó dicho material probatorio, lo que implicó que decidiera el
asunto de manera contraria a la evidencia constitutiva de un hecho social notorio: «la
hostilidad entre la gestora social y el hermano del concejal no era hipotética, no era íntima
ni privada, no era silenciosa. Era un conflicto real, público, documentado y vigente al
momento de tramitarse el Proyecto de Acuerdo 004 de 2025». De manera que, «la
consecuencia es una conclusión judicial artificial, que niega la existencia de un interés moral
que sí estaba acreditado».

(ii) En cuanto al «error de derecho al reducir el beneficio a la existencia de una ventaja
económica o material»

Controvirtió que el tribunal incurrió en un error de derecho al identificar «el beneficio»
exigido para estructurar la causal de conflicto de intereses con la existencia de una ventaja
económica, patrimonial o tangible.

Anotó que tal interpretación desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, de
conformidad con la cual, el beneficio que activa la causal puede ser emocional, simbólico,
reputacional o afectivo, sin necesidad de que se trate de un provecho material.

Insistió que «la sentencia apelada asumió, sin mayor justificación, que la ausencia de un
lucro económico desvirtuaba automáticamente el interés particular».

En este argumento de la apelación, también acudió al enfrentamiento público grabado en
video, acto formal del que afirmó, materializa el punto más alto de la hostilidad.

A partir de los hechos referidos, aseguró que «se trata de una dinámica conflictiva que
incide en la estabilidad emocional, la valoración social y el clima reputacional del grupo
familiar del concejal, factores todos que constituyen beneficios o perjuicios morales
relevantes para el derecho de la pérdida de investidura».

(iii) En cuanto al «error al excluir del análisis las actuaciones funcionales que evidencian la
interferencia del interés particular»

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

Señaló que el accionado al dirigir el trámite del proyecto acuerdo: «se designó a sí mismo
como ponente en varias sesiones, orientó la discusión hacia el archivo de la iniciativa, omitió
tramitar el recurso de apelación formulado por otro concejal, integró recusaciones sin
sustento y condujo quórums de manera que el proyecto nunca avanzara».

Sostuvo que dichas actuaciones no pueden desvincularse del conflicto interpersonal
señalado y, por el contrario, constituyen el escenario en el que el interés moral se
proyecta y adquiere relevancia jurídica.

Aseguró que del análisis integral de las pruebas se demuestra que el accionado no solo
tenía un interés moral, directo y actual, sino que lo proyectó activamente sobre el trámite
de un proyecto de acuerdo relevante para la gestora social con quien su familia sostenía
un conflicto público.

(iv) En cuanto a que se configuró el interés moral directo, particular y actual

Insistió que el interés moral se configura por los siguientes hechos: el enfrentamiento
público entre la gestora social y el hermano del concejal registrado en video, las
publicaciones hechas por la propia gestora social denunciando lo ocurrido, la difusión
mediática del incidente y la denuncia penal instaurada en su contra.

Agregó que «la intensidad del interés moral se vuelve aún más evidente al analizar cómo
este se encontraba vigente durante el trámite del Proyecto de Acuerdo 004 de 2025»,
puesto que el concejal ejercía simultáneamente funciones de presidente del concejo, y
ponente, por lo que «la coincidencia temporal entre el conflicto y el ejercicio de estas
funciones revela que la afectación emocional y reputacional no era remota ni eventual, sino
actual y directa».

Adujo que «la doctrina vigente admite expresamente que los beneficios o perjuicios de
naturaleza moral [como el prestigio, la reputación, el descrédito o la animadversión]
pueden comprometer la imparcialidad del servidor tanto o más que las ventajas
patrimoniales».

4.2. El recurso de apelación fue concedido por auto de 11 de diciembre de 20257.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de 13 de enero de
20268.

5.2. Por auto de 21 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación interpuesto por
la parte solicitante9.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 30 de enero de 202610.

7 Visto en el índice 56 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.
8 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 01.
9 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 01.
10 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 11 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo 201912
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1º del
Acuerdo núm. 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones13.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Se acreditó con el formulario E-26 de la Registraduría Nacional del Estado Civil que el
señor Kevin Alexander Bedoya Ramos fue elegido concejal del municipio de Granada
(Meta) para el período constitucional 2024―2027. No se discute que no haya tomado
posesión del cargo14.

3. Análisis de la Sala

En el recurso de apelación, el solicitante invocó cuatro reparos concretos en contra de la
sentencia de primera instancia, los cuales serán examinados por la Sala en el siguiente
orden, abordando el estudio conjunto del segundo error y el interés moral directo,
particular y actual, así: (i) «error de derecho al reducir el beneficio a la existencia de una
ventaja económica o material»; (ii) «error en la apreciación de la prueba sobre la existencia
del interés moral» y el reparo relativo a que se configuró el interés moral directo, particular
y actual; y, por último, (iii) «error al excluir del análisis las actuaciones funcionales que
evidencian la interferencia del interés particular».

3.1. «[E]rror de derecho al reducir el beneficio a la existencia de una ventaja
económica o material»

El primer reparo que abordará la Sala radica en que para el solicitante, el tribunal incurrió
en un error de derecho al identificar «el beneficio» exigido para estructurar la causal de
conflicto de intereses con la existencia de una ventaja económica, patrimonial o tangible,
interpretación que, en su sentir, desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, de
conformidad con la cual, el beneficio que activa la causal puede ser emocional, simbólico,
reputacional o afectivo, sin necesidad de que se trate de un provecho material.

11 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos

de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.

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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

En este tema, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Sección Primera estableció
que la configuración del conflicto de interés debe acreditar los siguientes elementos15: (i)
la calidad de concejal; (ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del
concejal o de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración
de la plenaria; (iii) la no manifestación de impedimento o no haber sido separado del
conocimiento del asunto por recusación; (iv) haber conformado el quorum y participado
el concejal en el debate o votación de un asunto de competencia del concejo municipal.

En cuanto al primer elemento (i), este se encuentra plenamente acreditado, tal como se
expuso en el numeral 2 de esta providencia. En este orden, la Sala precisa que la
controversia en sede de apelación se circunscribe a la demostración de un interés
directo, particular y actual en cabeza de la accionada, lo que constituye el segundo
elemento (ii) de la causal de conflicto de intereses. Cabe anotar que no son objeto de
reproche los restantes presupuestos normativos (iii) la no manifestación de impedimento
o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación y (iv) haber
conformado el quorum y participado el concejal en el debate o votación de un asunto de
competencia del concejo municipal, cuya configuración no fue controvertida por el
recurrente.

De acuerdo con lo anterior, la Sala se concentrará en la revisión de la configuración del
segundo elemento «(ii) la existencia de un interés directo, particular y actual del concejal
o de sus parientes señalados en la ley en el asunto sometido a consideración de la
plenaria».

La Sala Plena de esta Corporación explicó que el interés debe ser entendido como «una
razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al
proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que
la norma moral y la norma legal exigen»16, también definió el interés como «el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los
suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto»17.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corporación indicó que las características del referido
interés son las siguientes18:

[…] debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea
a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin
intermediación alguna”19, en el entendido de que esa connotación se puede predicar para
el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992” 20.

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
septiembre de 2025. Expediente radicación núm. 05001 2333 000 2025 00017 01. C.P.: Pablo Andrés
Córdoba Acosta.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 1996.

Expediente radicación núm. AC-3300. C.P.: Joaquín Barreto Ruiz.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre de 2000.

Expediente radicación núm. AC-1116. C.P.: Mario Alario Méndez.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 22 de noviembre de 2011.

Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2011 00404 00 (PI). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
19 Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P.

Dr. Diego Younes Moreno.
20 Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Dr. Delio Gómez Leyva.

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la
decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración21;, debe ser real, no
hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico
resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la
virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera
de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal”22.

El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser
económico o moral:

“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los
fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de
impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se
refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe
entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado
racional puede derivarse de la decisión correspondiente” […]23.

En el contexto jurisprudencial descrito, es acertada la afirmación del apelante en cuanto
a que el interés no solo puede ser de tipo económico, sino también de naturaleza moral.

Sin embargo, no es cierta su afirmación (la del apelante) que consiste en que el tribunal
«asumió, sin mayor justificación, que la ausencia de un lucro económico desvirtuaba
automáticamente el interés particular», puesto que, para negar la desinvestidura del
acusado, la sentencia apelada examinó de manera juiciosa el artículo 11 del CPACA,
numerales 1, 2, 6, 8 y 13, mismos que invocó el accionado, después de lo cual concluyó
que ninguna de esas situaciones estaba acreditada. Esto se puede corroborar en la página
20 de la providencia24.

Aunado a lo indicado, no sobra referir además, que el tribunal consideró el estudio del
componente moral cuando aseveró que «en la demanda no se presentó una acusación
real y concreta relacionada con que las ponencias negativas que indicaran algún
beneficio o provecho de índole económico o moral, al demandado o su familia»
(Destacado del Despacho), por lo que, para esta Sala, no es cierta la premisa en la que
el recurrente fundamentó la apelación en el sentido de que el tribunal descartó la
configuración de la causal de conflicto de intereses solo por la ausencia de acreditación
de un lucro económico.

Por lo tanto, este argumento de la apelación no prospera.

3.2. «[E]rror en la apreciación de la prueba sobre la existencia del interés moral» y el
reparo relativo a que se configuró el interés moral directo, particular y actual

En relación con el «error en la apreciación de la prueba sobre la existencia del interés
moral», el solicitante adujo que el tribunal omitió la valoración de algunas pruebas que
acreditaban «la hostilidad entre la gestora social y el hermano del concejal», conflicto que
aseguró era real al momento de tramitarse el proyecto de acuerdo. Y, en cuanto al reparo
que se configuró el interés moral directo, particular y actual, precisó que el interés moral se
configura por los siguientes hechos: el enfrentamiento público entre la gestora social y el

21 Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas

B.
22 Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
23 Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
24 Visto en el índice 51 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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hermano del concejal registrado en video, las publicaciones hechas por la propia gestora
social denunciando lo ocurrido, la difusión mediática del incidente y la denuncia penal
instaurada en contra del hermano del concejal.

La Sala inicia el estudio de este argumento con la presentación de los presupuestos que
configuran el conflicto de interés (inciso primero del artículo 70 de la Ley 136 de 1994):

[…] ARTÍCULO 70.- Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés
directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero
o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho
o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones
respectivas […] (Destacado del Despacho)

De la norma transcrita se desprende que el conflicto de interés se configura cuando la
decisión sometida a consideración del concejal le afecta a él o sus familiares en el grado
señalado por la ley. Esa es el alcance que le ha dado la Sección Primera25:

[…] 107. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el asunto
que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma personal
o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios.

108. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben guiar
el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento para
efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida de
investidura […]. (Destacado del Despacho).

En este caso, el asunto que se sometió a discusión del concejo municipal de Granada
fue el proyecto de acuerdo «por medio del cual se realiza adición de recursos al
presupuesto de la actual vigencia fiscal 2025», que presentó el alcalde del municipio. Esto
significa que el interés, a la luz del artículo 70 de la Ley 136 de 1994, se debe concretar
respecto del objeto de este trámite, es decir, si el señor Kevin Alexander Ramos Bedoya
o alguno de los familiares, indicados en la norma, tiene un interés en la decisión positiva
o negativa a esa iniciativa.

Sin embargo, en el presente caso el fundamento para la prosperidad del interés no se
relaciona con el objeto del proyecto del acuerdo municipal, el soporte del argumento es
el altercado en el evento «feria del empoderamiento de la mujer granadina» entre la esposa
del mandatario local y el hermano del concejal demandado, que calificó el apelante como
«un conflicto real, público, documentado y vigente al momento de tramitarse el Proyecto
de Acuerdo 004 de 2025».

En este orden, lo acertado es concluir que el fundamento del interés planteado por el
solicitante de la pérdida de investidura fue equivocado en la medida en que soportó el
conflicto de interés en inconvenientes personales, cuando lo correcto era, de acuerdo con
la norma invocada, exponer cómo la decisión referida al proyecto de acuerdo configuraba
el elemento del interés que indica la norma. De otra parte, también se echa de menos el
argumento que relacionaría el altercado tantas veces mencionado y la denuncia penal, con

25Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 27 de
noviembre de 2025. Expediente radicación núm. 50001 2333 000 2024 00175 02. C.P.: Germán Eduardo
Osorio Cifuentes.

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el objeto del proyecto de acuerdo que fue sometido a consideración del Concejo: «por
medio del cual se realiza adición de recursos al presupuesto de la actual vigencia fiscal
2025».

Las anteriores reflexiones, conlleva a desestimar los argumentos 2 y 4 del recurso de
apelación, que se estudiaron en este capítulo.

Sin embargo, como el objeto de apelación apunta a un «error en la apreciación de la prueba
sobre la existencia del interés moral» porque el tribunal excluyó de la valoración probatoria:
i) el video del evento «Feria del Empoderamiento de la Mujer Granadina» en el que se
observa directamente el altercado entre la gestora social y el hermano del concejal, ii) las
capturas de pantalla de las publicaciones hechas por la propia gestora social en sus redes
sociales, donde narra y denuncia lo sucedido, iii) las notas periodísticas que documentan
el incidente, incluyendo titulares, fotografías y reconstrucciones del hecho difundidas por
medios locales y iv) el radicado de la denuncia presentada por la gestora social contra
Michael Ramos Bedoya, hermano del concejal; es necesario que la Sala constate si ocurrió
de esa manera y si, la eventual omisión, modifica la decisión adoptada por el tribunal.

De acuerdo con lo que se expone a continuación, el tribunal sí valoró las pruebas, solo que
no tuvieron la identidad de respaldar el conflicto de interés que se alega.

Veamos:

1. Respecto del video publicado en la red social Facebook indicó el tribunal que «solo
deja ver un altercado de unas personas en un evento, sin que se pueda extraer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que desencadenó el mismo». La Sala comparte
esta afirmación al revisar el video publicado en la página de Facebook, en el canal: «Lengua
en Salsa»26 porque en la grabación no se identifican las personas que intervinieron, ni las
razones por las que se presentó el altercado. En la descripción del video tampoco se hizo
referencia a que sus protagonistas, además del señor Michael, estuviera la esposa del
alcalde.

La publicación del video27 se puede consultar en
https://www.facebook.com/share/v/15AY9WcLU6/ y se observa a continuación:

26 Que según la descripción del propio sitio web es un canal de noticias y opinión sobre la política de los

llanos orientales.
27 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

Ahora, la jurisprudencia de la Corporación28 se ha pronunciado sobre la valoración
probatoria de los mensajes de datos y las capturas de pantalla. En efecto, la Sala 23
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura en sentencia de 22 de marzo de 2024
explicó lo siguiente29:

[…] 38. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se
refiere la Ley 527 de 1999, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas; por
consiguiente, deberá observarse la confiabilidad en la forma en la que se haya
generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la manera que se
haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a
su iniciador y cualquier otro factor pertinente, tales como la verificación de su origen
y trazabilidad.

39. En cuanto al contenido de la impresión de la captura de pantalla del tweet
publicado por la accionada en su cuenta oficial de la red social Twitter (ahora X) el
19 de agosto de 2023, se considera que para efectos probatorios no constituye un
mensaje de datos, pues no fue allegado al expediente en el formato en que fue
generado; es decir, no se hizo mediante el enlace de emplazamiento del mensaje
digital, sino a través de su impresión en papel, lo que conlleva su valoración como
prueba documental, según dispone expresamente el artículo 247 del Código General
del Proceso […].

Asimismo, la Sección Primera de la Corporación30 estableció los parámetros para la
valoración probatoria de los mensajes de datos, así31:

28 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión

de Pérdida de Investidura. Sentencia de 29 de octubre de 2025. Expediente radicación núm. 11001 0315
000 2025 03442 00. C.P.: Jorge Iván Duque Gutiérrez. En dicha sentencia se indicó que los audios y
capturas de pantalla no podían ser valorados por no ser medios de prueba válidos por no haber sido
obtenidos en el marco de una actuación judicial o administrativa y por el hecho de no mediar autorización
judicial para su obtención.
Igualmente ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de
21 de noviembre de 2024. Expediente radicación núm. 41001 2333 000 2023 00364 01. C.P.: Luis Alberto
Álvarez Parra. En dicha sentencia se explicó: «Así las cosas, los documentos se presumen auténticos
siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante, deben analizarse en
contexto, conforme con las reglas de la sana crítica. […] Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje
de datos podía tener el mismo valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba
accesible para posteriores consultas (artículo 6° ejusdem); (ii) se conocía la identidad de su generador
(artículo 7° ejusdem); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo cualquier tipo de alteración (artículo 8°
ejusdem). Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción
digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales, leyendas que
acompañan los «post» de Instagram y Facebook–, como requisitos ineludibles para su apreciación, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades propias […] A pesar de lo anterior, la
legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos como medio de prueba, de las reproducciones
de su contenido. Así las cosas, se ha diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace-, de la
presentación de lo que aquellos contienen, pero no en estas condiciones iniciales».
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.

Sentencia de 22 de marzo de 2024. Expediente radicación núm. 11001 0315 000 2023 04791 00. C.P.:
José Roberto Sáchica Méndez.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de

diciembre de 2021. Expediente radicación núm. 81001 2339 000 2020 00127 01. C.P.: Nubia Margoth Peña
Garzón.
31 Criterio reiterado en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.

Sentencia de 31 de marzo de 2023. Expediente radicación núm. 68001 2333 000 2022 00521 01. C.P.:
Hernando Sánchez Sánchez.

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Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

[…] Es así como, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios
de convicción digitales, entiéndase, como en el caso concreto, fotos y videos
divulgados en redes sociales como Facebook, -así como en las restantes redes como
Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, entre otros-, y las leyendas, notas y pie de fotos
que detallen, complementen o describan tales publicaciones o intervenciones, se
requerirá, como requisitos para su apreciación, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y sus particularidades, que: (i) la información contenida en el mensaje de
datos sea accesible para su posterior consulta, –artículo 6°, de la Ley 527–; (ii) la
identificación del iniciador del mensaje, es decir quien lo genera, –artículo 7°, de la
Ley 527–; y (iii) se verifique la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido
alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma
definitiva, –artículos 8° y 9°, de la Ley 527–. De lo contrario, al no reunir estas
condiciones informáticas, la simple impresión de un mensaje de datos será valorada,
como ya se vio, de conformidad con las reglas generales de los documentos, en los
términos del artículo 247 del CGP […].

De igual manera, resulta pertinente destacar que la jurisprudencia de la Corporación ha
precisado el valor probatorio de las publicaciones periodísticas32. Al respecto, ha señalado
que estos elementos ostentan un valor secundario para acreditar hechos, operando como
un mero indicador para el juez. Por consiguiente, solo a partir de su valoración armónica y
en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el
fallador podría llegar a constatar la certeza de los supuestos fácticos alegados:

[…] 115. Ante esto, como se alega que los videos responden a noticias de prensa o medios
de comunicación digital, es necesario reiterar la jurisprudencia de la Sala Plena ha
puntualizado que:

«Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido
la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios
de comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en
principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto
por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece
de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la
situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de
su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en
el expediente.

Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único
sustento de la decisión del juez. En la jurisprudencia de esta Corporación existen
precedentes que concuerdan con esta posición. Se ha estimado que las
publicaciones periodísticas “…son indicadores sólo de la percepción del hecho por
parte de la persona que escribió la noticia”, y que si bien “…son susceptibles de ser
apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su
inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la
veracidad y certidumbre de la información que contienen”.

Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho
(reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como
indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de
los hechos […] [Negrillas fuera de texto]

32 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 9 de octubre

de 2025. Expediente radicación núm. 23001 2333 000 2023 00186 02. C.P.: Gloria María Gómez Montoya.

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2. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el mérito probatorio del material
audiovisual está supeditado a su valoración conjunta con las demás pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso.

El 8 de abril de 2025 la señora Diana Paola Tibaguy Agudelo radicó denuncia en contra
Michael Andrés Ramos Bedoya, hermano del concejal, por el delito de injuria con
fundamento en publicaciones que hizo el denunciado. En la denuncia se relacionaron los
siguientes hechos33:

[…] TERCERO: En su afán de hacer control político de una manera indebida, por
haber perdido su candidato la alcaldía del municipio, viene realizando desde el año
pasado una serie de acciones de maltratos verbales no solo al Alcalde Municipal,
personal de la Administración Municipal, sino que ahora se mete directamente con
mi DIGNIDAD HUMANA, IMAGEN Y BUEN NOMBRE, utilizando de una manera
desmedida irresponsable las REDES SOCIALES, tratando de dejar por el piso mi
imagen de MUJER y en especial la labor que hago como GESTORA SOCIAL del
municipio de Granada (Meta).

CUARTO: En la red social WhatsApp el señor Michael Andrés Ramos Bedoya ha
puesto escritos en sus estados donde afirma lo siguiente: […]

Dice la anterior publicación: "Juan parranda sale a decir a los medios […] que paga:
la ESPG está mal por la deuda que dejó el anterior gobierno. Lo que no dice es que
el la dejo en 11.000 millones y el anterior gobierno, pagó en sus 4 años la deuda de
sus vigencias, conchudos que es, pa lo único que le alcanzó fue pa decirle a la viuda
de Pandales, ex mujer suya, que volvieran y le daba lo que quisiera tanto que
prácticamente la que gobierno (sic) es la primera dama". […]

QUINTO: También afirma por el anterior medio: […]

Dice la anterior publicación: "el alcalde viajando con la mujer de Dimas Pandales pa
Cancún y Granada llena de basura... definitivamente esta administración es un fiasco
total […].

De lo anterior, la Sala concluye que la denuncia formulada por la señora Diana Paola
Tibaguy Agudelo no guarda relación con los hechos que el apelante alega sucedieron en la
«Feria del Empoderamiento de la Mujer Granadina», sino que se fundamenta en unas
publicaciones realizadas por Michael Andrés Ramos Bedoya en la aplicación WhatsApp. En
consecuencia, dicho elemento de convicción carece de la entidad necesaria para robustecer
el mérito probatorio del material audiovisual.

3. Por último, en relación con las capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en
redes sociales por la gestora social y las notas periodísticas que documentaron el incidente
(tales como titulares, fotografías y reconstrucciones del hecho difundidas en medios
locales), la Sala advierte que el impugnante omitió individualizar dicho material probatorio.
Asimismo, tampoco acreditó que tales elementos de convicción hubieran sido aportados
regular y oportunamente al expediente para su correspondiente valoración.

De lo expuesto, la Sala concluye que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el
material audiovisual carece de mérito probatorio autónomo para acreditar la presunta
enemistad entre el concejal y la señora Tibaguy Agudelo. Si bien este elemento debía
valorarse de manera conjunta con los demás documentales, estas últimas no le otorgan el

33 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

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alcance demostrativo necesario para corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de los sucesos, toda vez que no guardan relación con los hechos acaecidos durante la
«Feria del Empoderamiento de la Mujer Granadina», evento en el que, según el actor, se
suscitó el altercado reiteradamente mencionado.

En este orden de ideas, resulta evidente que el tribunal de primera instancia no incurrió en
una omisión valorativa del acervo probatorio; lo que ocurre es que las conclusiones
extraídas del mismo no coinciden con las expectativas del recurrente, quien buscaba derivar
de ellas la materialización del conflicto de intereses. Tal como se advirtió al inicio de este
análisis, correspondía a la parte actora cumplir con la carga de demostrar el interés directo
y actual en el rechazo del proyecto de acuerdo, cuyo objeto era la adición de recursos al
presupuesto de la vigencia 2025.

Aunado a lo anterior, la demanda no logró esclarecer la forma en que se concretaba el
supuesto interés de naturaleza moral para el accionado derivado de su participación en el
debate de la iniciativa. Asimismo, no se advierte nexo causal o relación sustancial alguna
entre la materia regulada por el proyecto de acuerdo y la denuncia instaurada en contra del
hermano del concejal.

Por consiguiente, los cargos formulados carecen de vocación de prosperidad. Ha quedado
demostrado que el juez a quo efectuó una debida apreciación de las pruebas allegadas al
plenario, concluyendo acertadamente que estas eran insuficientes para dar por probados
los supuestos fácticos de la demanda. De igual manera, en sede de apelación, los
elementos de convicción continúan siendo ineficaces para acreditar el alegado interés
moral.

(iii) «[E]rror al excluir del análisis las actuaciones funcionales que evidencian la
interferencia del interés particular»

En el recurso de apelación, el solicitante señaló que el accionado, al dirigir el trámite del
proyecto de acuerdo: «se designó a sí mismo como ponente en varias sesiones, orientó la
discusión hacia el archivo de la iniciativa, omitió tramitar el recurso de apelación formulado
por otro concejal, integró recusaciones sin sustento y condujo quórums de manera que el
proyecto nunca avanzara», y, agregó que dichas actuaciones no pueden desvincularse
del conflicto interpersonal y, por el contrario, constituyen el escenario en el que el interés
moral se proyecta y adquiere relevancia jurídica.

En la sentencia apelada, indicó el tribunal que los reparos sobre la manera en la que se
tramitó el proyecto de acuerdo son ajenos a la acción de pérdida de investidura, puesto que,
se escapa de la órbita de este medio de control efectuar un control de legalidad sobre la
actuación administrativa.

En efecto, la jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha señalado que el
medio de control de pérdida de investidura no es el escenario para controvertir la legalidad
de actos administrativos34:

[...] Lo primero es que, lejos del juicio de legalidad propuesto por el solicitante, la
acción de pérdida de investidura no es el escenario previsto para adelantar dicho
estudio alrededor de la expedición de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de

34Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de
noviembre de 2022. Expediente radicación núm. 54001 2333 000 2022 00164 01 (PI). C.P.: Nubia Margoth
Peña Garzón.

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
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2020 que, como acto administrativo, está revestido de una presunción de legalidad
que solo puede ser desvirtuada en sede de aquellos medios de control de lo
contencioso administrativo [...]

En este orden, la Sala prohíja dichas consideraciones por cuanto las argumentaciones
expuestas por el solicitante en relación con el trámite del proyecto de acuerdo no resultan
determinantes para la configuración de la causal de conflicto de interés, por cuanto, como
se ha explicado, lo que debe sustentarse y acreditarse es cómo la decisión sometida a
consideración del concejo municipal, en este caso, el proyecto de acuerdo que adicionaba
recursos al presupuesto, implicaba un interés al accionado de tipo moral, lo que
precisamente el solicitante omite sustentar en el recurso de apelación.

Sin perjuicio de lo anotado y frente a las inconformidades expuestas por el solicitante
relativas a que el accionado se designó a sí mismo como ponente del proyecto de acuerdo,
se advierte que corresponde a una facultad del presidente de esa Corporación que está
prevista en el numeral 10 del artículo 13 del reglamento interno del concejo municipal de
Granada, facultad que el solicitante no controvierte35:

[…] Artículo 13. Funciones del Presidente del Concejo. Son funciones del Presidente
de la Corporación las siguientes: […]

10. Designar ponente (s) a los proyectos de Acuerdo y Coordinador (a) de ponentes
cuando fueren dos o más los designados para un mismo proyecto de Acuerdo, en
los lapsos establecidos en este Reglamento. (Art. 73 Ley 136 de 1994 ) […]

De acuerdo con esto, la decisión del presidente de la Corporación, señor Kevin Alexander
Ramos Bedoya, que consistió en asumir la ponencia del proyecto de acuerdo, tiene respaldo
reglamentario.

Frente a la aseveración según la cual el accionado «orientó la discusión hacia el archivo de
la iniciativa», la Sala se remite al documento denominado «ponencia negativa al proyecto
de acuerdo “por medio del cual se realiza adición de recursos al presupuesto de la actual
vigencia fiscal 2025” (...)». En dicho elemento de convicción se aprecian las
consideraciones que condujeron a la primera ponencia negativa36:

[…] Por lo anterior, y en cumplimiento de mis funciones como concejal y ponente del
presente proyecto, me permito rendir ponencia negativa, sustentada en el respeto
por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad que deben regir el
actuar de esta Corporación. Considero que la forma en que fue presentado proyecto
no permite un análisis técnico, jurídico ni social adecuado, lo cual comprometería la
calidad del debate y, en consecuencia, la legitimidad de las decisiones que se
adopten. […]

Invito respetuosamente al Ejecutivo Municipal a presentar de manera diferenciada,
clara y oportuna cada uno de los componentes presupuestales incluidos en este
proyecto, en el marco de las sesiones ordinarias del mes de mayo. Estas sesiones,
que comprenden un total de 17 jornadas, ofrecen el tiempo suficiente para desarrollar
un estudio profundo y transparente de las propuestas, permitiendo al Concejo ejercer
su rol de control político con el rigor que exige el ordenamiento jurídico y con el
compromiso que demanda la ciudadanía […]

35 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001 2333

000 2025 00218 00.
36 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001

2333 000 2025 00218 00.

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En esta misma línea, la segunda ponencia negativa se sustentó en las siguientes
consideraciones37:

[…] Por las razones expuestas, rindo PONENCIA NEGATIVA al Proyecto de Acuerdo
en cuestión, y propongo que sea devuelto al Ejecutivo Municipal para que:

Adjunte junto al proyecto la certificación de viabilidad por parte de la secretaria (sic.)
de planeación, un informe de la ejecución presupuesta (sic.) del primer trimestre de
cada una de las secretarias (sic.).

Reestructure la propuesta de adición conforme a los principios y procedimientos
establecidos en el Acuerdo 032 de 2015.

Esto garantizará que el Concejo actúe dentro del marco legal, proteja el interés
general y promueva la transparencia y el buen uso de los recursos públicos […]

A partir de lo transcrito, la Sala no advierte que las razones aducidas por el accionado
para presentar las ponencias negativas al proyecto de acuerdo estuvieran motivadas por
un interés de índole moral, por el contrario, obedecieron a supuestos de hecho de orden
técnico que ameritaban la revisión y devolución de la iniciativa.

De otra parte, carece de asidero la afirmación según la cual se omitió el trámite del recurso
de apelación formulado durante la discusión del proyecto de acuerdo; al respecto, obra en
el expediente el documento aportado por el accionado, fechado el 27 de abril de 2025,
correspondiente a la «respuesta al recurso de apelación interpuesto por la no aprobación
en primer debate del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza adición de recursos
al presupuesto de la actual vigencia fiscal 2025»38 suscrito por el concejal accionado en
calidad de presidente del concejo.

Mediante dicha comunicación se le informó al señor Michael Suárez Gulloso, quien formuló
el recurso, sobre la imposibilidad de darle trámite a la impugnación «al ser ilegal e
inconstitucional como lo deja claro la jurisprudencia, por tanto, su participación como lo
establece la norma, se limita a solicitar la consideración nuevamente a la corporación de
este proyecto de acuerdo, una vez vuelva a ser presentado por el autor, que en este caso
es de iniciativa exclusiva del señor alcalde municipal»39.

Lo anterior evidencia que al recurrente se le comunicó la improcedencia del recurso;
afirmaciones que, valga precisas, no fueron desvirtuadas ni controvertidas por la parte
actora con posterioridad a la contestación de la demanda y no recibieron oposición.

Finalmente, respecto a la afirmación de que «integró recusaciones sin sustento» se advierte
que el ciudadano Esteban Rodríguez Valencia recusó al accionado y a otros concejales.
Dicha solicitud fue resuelta negativamente por la Procuraduría Regional de Instrucción del
Meta40 al contestar que no demostró la materialización de las causales previstas en los
numerales 2 y 13 del artículo 11 del CPACA. En aquella oportunidad, el órgano de control
precisó: «sobre las causales invocadas no existe prueba alguna que la sustente, no se

37 Ibidem.
38 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001

2333 000 2025 00218 00.
39 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001

2333 000 2025 00218 00.
40 El 11 de julio de 2025.

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Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
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puede limitar a efectuar afirmaciones de carácter subjetivo, sino que se requiere de la
identificación precisa de la causal que se invoque y de la prueba de la ocurrencia de los
hechos denunciados»41.

Así las cosas, la Sala concluye que la parte actora no logró acreditar la existencia de un
conflicto de intereses de naturaleza moral en cabeza del concejal, derivado de su
participación en el debate del proyecto de acuerdo «por medio del cual se realiza adición de
recursos al presupuesto de la actual vigencia fiscal 2025». Por consiguiente, al no estar
reunidos los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal, resulta
inoficioso descender en el examen del elemento subjetivo.

Conforme con todo lo expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia que negó la
desinvestidura del accionado.

4.Condena en costas

En el presente asunto, la Sala no impondrá condena en costas, dado que la pérdida de
investidura es un proceso en el que se ventila un interés público.

En efecto, el artículo 188 del CPACA dispone:

[…] Artículo 188.Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal […] [Negrillas
fuera de texto].

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta que negó la solicitud de pérdida de investidura
del concejal Kevin Alexander Ramos Bedoya, período constitucional 2024 – 2027, por
las razones señaladas en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin condena en costas

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al tribunal de origen.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 26 de
febrero de 2026.

41 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 50001

2333 000 2025 00218 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 50001 23 33 000 2025 00218 01
Accionante: Esteban Rodríguez Valencia
Accionado: Kevin Alexander Ramos Bedoya

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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