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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00164-01

Fecha
11 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00164-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2022-00164-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 540012333000202200164011
Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de septiembre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

TESIS: DIPUTADO DE NORTE DE SANTANDER NO INCURRIÓ EN
INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS POR HABER
PARTICIPADO DE LA DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PARÁGRAFO 2°, DEL ARTÍCULO 2º DE LA ORDENANZA 018 DE 21 DE
DICIEMBRE DE 2020 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA UNA TASA
PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEPARTAMENTAL […]”.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante

contra la sentencia de 15 de septiembre de 2022, proferida por la

Sala Plena del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por

medio de la cual se denegó la pérdida de investidura del diputado de

Norte de Santander, señor PEDRO JOANES LEYVA RIZZO, por

hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 54001 23 33 000 2022 00164 01
Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ, actuando en

nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura del

diputado de Norte de Santander, señor PEDRO JOANES LEYVA

RIZZO, por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-

2023, al considerar que incurrió en la causal de pérdida de

investidura establecida en el artículo 48, numeral 4, de la 617 de 6

de octubre de 20002, esto es por indebida destinación de dineros

públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

Indicó que el señor PEDRO JOANES LEYVA RIZZO fue elegido

diputado de Norte de Santander, para el período constitucional 2020-

2023, respecto del cual tomó posesión el 1o. de enero de 2020

durante la plenaria de la Asamblea Departamental de Norte de

Santander.

2 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.

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Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

Señaló que el 28 de octubre de 2020, el gobernador de Norte de

Santander radicó ante la Asamblea de Norte de Santander el

proyecto de Ordenanza núm. 015 “[…] Por medio de la cual se crea

una Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental […]” y con ese

proyecto se adjuntó el concepto jurídico por parte del secretario

jurídico del departamento doctor Johan Eduardo Ordoñez Ortiz.

Manifestó que el 3 de noviembre de 2020, según acta núm. 031 de

esa Asamblea Departamental, se aprobó en primer debate ese

proyecto de ordenanza núm. 015; que el 20 de noviembre del año

2020 se aprobó en segundo debate y, finalmente, que el 24 de

noviembre de 2020, por medio del acta núm. 034 de 2020, la

Asamblea de Norte de Santander lo aprobó en tercer debate, todo lo

anterior con la participación del diputado PEDRO JOANES LEYVA

RIZZO en su discusión, aprobación y votación. El 21 de diciembre de

2020, el gobernador de Norte de Santander le impartió sanción al

proyecto de ordenanza núm. 015, convirtiéndose así en la Ordenanza

018 para todos sus efectos.

Sostuvo que el diputado PEDRO JOANES LEYVA RIZZO incurrió en

indebida destinación de dineros públicos al aprobar, junto con los

demás diputados, y sin tener facultades para ello, el parágrafo 2° del

artículo 2° de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020, que

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Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

estableció: “[…] PARÁGRAFO 2. Como mínimo el 0.5% de lo que se

recaude por concepto de esta tasa, será destinado a la promoción de

deporte y la recreación rural y a los juegos comunales en sus

diferentes fases […]”.

Invocó como “normas trasgredidas” los artículos 6°, 40, 300, 29,

150, 228, 229, 230 y 287 de la Constitución Política, además del

artículo 48 de la Ley 617, y adujo que el citado parágrafo no estaba

incluido en el proyecto original que fue presentado por el gobernador

de Norte de Santander, siendo entonces aquel de autoría exclusiva

de la Asamblea del departamento, en contravía de lo dispuesto en el

inmodificable artículo 2° de la Ley 2023 de 23 de julio de 20203, que

prevé la destinación especifica de los valores recaudados por ese

concepto.

Relató que si el demandado en sus debates reglamentarios participó

activamente en la discusión, votación y aprobación de la ordenanza

018 de 21 de diciembre de 2020, concurrió en la indebida destinación

de dineros públicos, al establecer con su conducta funcional hechos

diferentes a los autorizados en este articulo 2°, cuya destinación

especifica no amerita ninguna objeción. Es decir, que el diputado

3 “[…] Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación […]”.

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Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

actuó en contravía de lo establecido por la Ley, lo que configura la

pérdida de investidura, pues la ley no le permite crear valores ni

porcentajes diferentes ni destinación distinta a lo estipulado en el

artículo 2° y sus siete numerales de la Ley 2023.

Agregó que en el año 2021, con base en el parágrafo 2° del artículo

2° de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020, se recaudó el

0.5% de $3.998.468.130 valor por concepto de la tasa pro deporte

y recreación departamental y se ejecutaron $65.000.000 para el

programa de juegos comunales, dineros que están por fuera de los

lineamientos legales establecidos en el artículo 2° de la Ley 2023.

Refirió que el actor sabía que al crear un porcentaje del 0.5% para

la promoción del deporte y la recreación rural y a los juegos

comunales en sus diferentes fases, era contrario a la disposición

constitucional del numeral 4 del artículo 300 y a la disposición legal

de la Ley 2023; y que es así por cuanto en la aprobación de la

ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 se debatió ampliamente

sobre la pertinencia o no de la creación de un rubro diferente a la Ley

que estableciera un monto sobre lo recaudado para la recreación

rural y a los juegos comunales en sus diferentes fases.

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Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ

I.3.- El diputado, a través de apoderado, presentó escrito de

contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para

lo cual alegó que no cualquier conducta representa la indebida

destinación de dineros públicos en los términos del Consejo de

Estado, de forma que dos de los eventos en que se configura dicha

causal es la aplicación de los dineros a objetos, actividades o

propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el

reglamento, o, cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un

incremento patrimonial personal o de terceros, circunstancia que no

se prueba en el proceso.

Anotó que, adicional lo anterior, la Ordenanza 018 de 21 de

diciembre de 2020, como acto administrativo que es, goza de

presunción de legalidad, y con la demanda no se prueba que dicho

acto administrativo haya sido siquiera demandado, que la demanda

se encuentre en curso o ya debidamente juzgada, con lo cual, a la

fecha no puede predicarse que la misma haya incurrido en algún vicio

de legalidad que amerite su exclusión del ordenamiento jurídico. Que

si en gracia de discusión se estableciera la existencia de la demanda

contra la Ordenanza y el eventual fallo excluyendo todo o en parte

del ordenamiento jurídico, ese solo hecho per se, no constituye

causal de pérdida de investidura.

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Señaló que si bien dentro del desarrollo de la ordenanza se aprobó

el parágrafo segundo del artículo segundo, dicha posibilidad es

desarrollo de la Constitución Nacional, dada la autonomía que tienen

las entidades territoriales conforme a las leyes decretar los tributos

y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones

departamentales. Que, en efecto, ha sido criterio consistente de la

Corte Constitucional, dentro del principio de descentralización

administrativa que pregona la Constitución, que opera la autonomía

de sus entidades territoriales conforme el artículo 286 Constitucional,

y, por lo tanto, la autonomía en la decisión sobre el establecimiento

o supresión de un impuesto de carácter local, así como la libre

administración de los tributos que hagan parte de sus propios

recursos.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, a través de sentencia de 15 de septiembre de 2022,

denegó la pérdida de investidura del accionado, para lo cual, luego

de relacionar el acervo probatorio allegado y de abordar el marco

jurídico de la causal de indebida destinación de dineros públicos,

manifestó que, efectivamente, dentro del proceso se tiene acreditado

que el actor participó y aprobó el contenido del parágrafo 2° del

artículo 2° de la de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020.

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Indicó que en lo que tiene que ver con la indebida destinación de

dineros públicos, se tiene que el Consejo de Estado ha sido claro y

concreto en exigir una clara afectación del patrimonio público como

premisa ineludible para la adecuación típica de la causal, esto es, que

la destinación se materialice efectivamente en el objeto o propósito

prohibido.

Aseguró que dentro del expediente no existe prueba del

aprovechamiento indebido, o la falta de necesidad de darle una

disposición precisa al recaudo de la tasa objeto de examen,

concretamente a la promoción de deporte y la recreación rural y a

los juegos comunales en sus diferentes fases, actividad que no riñe

con lo establecido por el cuerpo normativo que se demanda. Por el

contrario, la Sala encuentra aquella actividad como una especie que

se encuadra claramente al género de apoyo a programas del deporte,

la educación física y la recreación para la población en general.

Mencionó, por lo tanto, que evidenciaba la ausencia de los requisitos

probatorios para la configuración de la causal de indebida destinación

de dineros públicos, pues no se observó que el parágrafo 2° del

artículo 2° de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020,

dispusiera la utilización de dineros públicos a un fin distinto al

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establecido en la Ley 2023; contrario a ello, en armonía con lo

establecido en la disposición legal, en aquella se destinaron los

recursos recaudados por concepto de la tasa pro deporte y recreación

a fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a los

planes programas o políticas departamentales o nacionales con

destinación específica, en los mismo términos de la Ley 2023.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El solicitante interpuso recurso de apelación contra la referida

sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su

lugar, decretar la pérdida de investidura, con fundamento en los

mismos hechos de la solicitud inicial, los cuales reiteró.

Luego de realizar un recuento de la sentencia apelada, sostiene que

no se valoró adecuadamente la certificación de 7 de septiembre de

2022, mediante la cual el INSTITUTO DE DEPORTES DEL

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en adelante

INDENORTE, hizo constar los valores recaudados y ejecutados en

los años 2021 y hasta agosto de 2022 por concepto del artículo 2°,

parágrafo 2°, de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020, lo

cual constituye una violación al debido proceso; y que dicha prueba

pudo conocerla cuando se le remitió el link del proceso digitalizado

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con el fin de que pudiera visualizarla esa y las demás pruebas

recaudadas.

Reitera que de los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 2023 se establecen

el objeto de la tasa pro-deporte y recreación, la destinación específica

y un porcentaje de hasta el 20% para refrigerio y transporte,

mientras que la Asamblea de Norte de Santander y el diputado

accionado votaron y aprobaron el parágrafo 2°, del artículo 2°, de la

ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020, esto es incurriendo en

algo que prohíbe la Constitución y la Ley y es, precisamente, la

indebida destinación de dineros públicos.

Insiste en que la Ley 2023 solamente otorga dos autorizaciones y

una destinación especifica: 1. Autoriza a las Asambleas

Departamentales para crear la tasa pro deporte y recreación. 2.

Autoriza para que las Asambleas en su leal saber y entender destinen

hasta el 20% de lo recaudado para destinarlo a refrigerio y

transporte. 3. El artículo 2° de la Ley 2023 del 2020 dice que los

valores recaudados por esta tasa tienen una destinación específica

en este artículo. Que en ninguna parte de Ley se autoriza a las

asambleas departamentales para crear un porcentaje diferente a lo

enunciado. Pero si la Asamblea de Norte de Santander establece el

parágrafo 2° del artículo 2° de la ordenanza 018 del 21 de diciembre

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del 2020, está incurriendo de manera descarada en una indebida

destinación de dineros públicos.

Acota que, en el caso concreto, se destinaron dineros públicos a

objetos, actividades o propósitos no autorizados y, a su vez, se

destinaron a objetos, actividades o propósitos autorizados pero

diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados. Que sí

hubo afectación del patrimonio público y esta se erige como premisa

ineludible para la adecuación típica de la causal de indebida

destinación de dineros públicos, esto es que la destinación se

concrete materialmente en el objeto, actividad o propósito prohibido

y la aprobación del parágrafo 2° del artículo 2° de la ordenanza 018

del 21 de diciembre del 2020 se traduce en una flagrante, clara,

concreta y puntual transgresión de la Ley 2023 dando lugar a la

indebida destinación de dineros públicos, por esas actividades de

aprobación, destinación de dineros públicos a fines diferentes a los

establecidos en la Constitución, la Ley o el reglamento, determinante

para aplicar los dineros públicos a un fin no autorizado.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

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El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido así:

IV.1.- El diputado y el agente del Ministerio Público guardaron

silencio en esta instancia

IV.2.- El solicitante remitió escrito de 18 de octubre de 2022,

mediante el cual reiteró los argumentos de su apelación.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el diputado de Norte de

Santander, señor PEDRO JOANES LEYVA RIZZO, durante el

ejercicio de su período constitucional 2020-2023, incurrió en la

comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida

destinación de dineros públicos, prevista en el artículo 48, numeral

4, de la Ley 617, a partir de su participación en la discusión, votación

y aprobación de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 “[…]

Por medio de la cual se crea una tasa pro deporte y recreación

departamental […]”, en especial de su parágrafo 2, artículo 2º, que

previó “[…] ARTÍCULO 2°. DESTINACIÓN ESPECÍFICA: Los

valores recaudados por la Tasa Pro Deporte y Recreación

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Departamental se destinarán exclusivamente a: (…) PARÁGRAFO

2°. Como mínimo el 0.5% de lo que se recaude por concepto de esta

tasa, será destinado a la promoción del deporte y la recreación rural

y a los juegos comunales en sus diferentes fases […]”, esto es por

contravenir lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 2023.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de diputado4

Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en el artículo 48, numeral 4, de la

Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único
de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.

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Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3

de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes

miembros de corporaciones públicas de elección popular, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”5 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre

de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.

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En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos […]”6
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
20037 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia

de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la
Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
20058 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,
no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando

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pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo9 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”10
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]” 11, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

9 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo

de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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destinación12 son aquellos en los que un miembro de la corporación

pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales
están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros.

vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos13.

V.3.- Del caso concreto

La Sala observa de las pruebas recaudadas en el expediente que el

señor PEDRO JOANES LEYVA RIZZO, fue elegido diputado Norte

de Santander, para el período constitucional 2020-2023, en

representación del Partido Cambio Radical, según consta en el

Formulario E-26 ASA de 18 de noviembre de 2019, cargo del cual

tomó posesión el 1o. de enero de 2020, como aparece en Acta núm.

01 de 2020 de dicha Corporación.

De igual forma, está demostrado que el accionado asistió y participó

en la deliberación y votación de los tres debates surtidos alrededor

del proyecto de ordenanza que luego fue sancionada como la número

18 de 21 diciembre de 2020 “[…] Por medio de la cual se crea una

tasa pro deporte y recreación departamental […]”.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril

de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.

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De esta se desprende el censurado parágrafo 2° de su artículo 2º,

que, para su correcta valoración, debe ser visto en su contexto y de

forma integral, así:

“[…] ARTÍCULO 1°. TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN
DEPARTAMENTAL: Créase la Tasa Pro Deporte y Recreación
Departamental, recursos que serán administrados por el Instituto
de Deportes del Norte de Santander, “INDENORTE”, destinados a
fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a
sus planes, programas, proyectos y políticas nacionales y
departamentales.

PARÁGRAFO 1°. La Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental
se exigirá para los contratos y convenios que se suscriban a partir
del 1° de enero de 2021.

PARÁGRAFO 2°. TARIFA. La tarifa de la Tasa Pro Deporte y
Recreación Departamental establecida será del dos punto cinco
por ciento (2.5%) del valor total del contrato determinado
en el comprobante de egreso que se establezcan entre la entidad
contratante y las personas naturales y/o jurídicas, públicas o
privadas.

ARTÍCULO 2°. DESTINACIÓN ESPECÍFICA: Los valores
recaudados por la Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental se
destinarán exclusivamente a:

1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la
recreación para la población en general, incluyendo niños,
infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en
condición de discapacidad.
2. Apoyo a programas que permiten la identificación y selección de
talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la
reserva deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo
convencional y paralímpico; de incentivos económicos a los atletas
y entrenadores meda/listas en ciertos certámenes deportivos.
3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y
con proyección a él.
4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación
deportiva.
5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura
Deportiva.
6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes
competencias a nivel nacional e internacional.

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7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva
mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana
y saludable.

PARÁGRAFO 1°. Un porcentaje del 20% de los recursos
recaudados por la Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental,
deberá destinarse a refrigerio y transporte, de acuerdo con las
necesidades, de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad miembros de las escuelas y clubes deportivos locales,
registrados ante INDENORTE.

PARÁGRAFO 2°. Como mínimo el 0.5% de lo que se recaude
por concepto de esta tasa, será destinado a la promoción del
deporte y la recreación rural y a los juegos comunales en sus
diferentes fases […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Por su parte, la norma mediante la cual el legislador creó la tasa pro

deporte y recreación, corresponde a la Ley 2023 que en sus artículos

pertinentes determinó:

“[…] ARTÍCULO 1°. Objeto de la Tasa Pro Deporte y
Recreación. Facúltese a las Asambleas Departamentales,
Concejos Municipales y Distritales para crear una Tasa Pro
Deporte y Recreación, recursos que serán administrados por
el respectivo ente territorial, destinados a fomentar y
estimular el deporte y la recreación, conforme a planes,
programas, proyectos y políticas nacionales o territoriales.

ARTÍCULO 2°. Destinación específica. Los valores recaudados
por la tasa se destinarán exclusivamente a:

1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la
recreación para la población en general, incluyendo niños,
infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en
condición de discapacidad.
2. Apoyo a programas que permiten la identificación y selección de
talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la
reserva deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo
convencional y paralímpico; de incentivos económicos a los atletas
y entrenadores medallistas en ciertos certámenes deportivos.
3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y
con proyección a él.
4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación
deportiva.

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5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura
Deportiva
6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes
competencias a nivel nacional e internacional.
7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva
mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana
y saludable.

ARTÍCULO 3°. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos
recaudados por medio de la tasa que crea la presente Ley, deberá
destinarse a refrigerio y transporte, de acuerdo con las necesidades,
de los jóvenes y niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad
miembros de las escuelas y clubes deportivos locales, registrados
ante la secretaría municipal o distrital competente en su manejo.
Las asambleas departamentales y concejos municipales, según sea
el caso, definirán el porcentaje.
(…)

ARTÍCULO 7°. Base gravable. La base gravable será el valor
total de la cuenta determinada en el comprobante de egreso
que se autorice para la persona natural o jurídica, o el valor
de su contrato.

ARTÍCULO 8°. Tarifa. La tarifa de la Tasa Pro Deporte y
Recreación establecida por las Asambleas Departamentales
y Concejos Distritales y Municipales no puede exceder los dos
puntos cinco por ciento (2.5%) del valor total del contrato
determinado en el comprobante de egreso que se establezcan
entre el ente territorial y las personas naturales y/o jurídicas,
públicas o privadas […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Tal como lo expresó el Tribunal y contrario a lo sostenido por el

apelante, la Sala debe advertir que no se configura ninguna de las

hipótesis previstas por la jurisprudencia de la Sección para tener por

configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos en

cabeza del diputado accionado.

V.3.1.- Lo primero es que, lejos del juicio de legalidad propuesto por

el solicitante, la acción de pérdida de investidura no es el escenario

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previsto para adelantar dicho estudio alrededor de la expedición de

la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 que, como acto

administrativo, está revestido de una presunción de legalidad que

solo puede ser desvirtuada en sede de aquellos medios de control de

lo contencioso administrativo que sí le resultan idóneos.

V.3.2.- Lo segundo es que, dicho lo anterior, la Sala no observa que

con la con la participación en la deliberación, votación y aprobación

de ese parágrafo de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020,

el diputado hubiese asignado recursos del erario para cubrir objetos,

actividades o propósitos no autorizados, o que sí estaban autorizados

pero que fueron diferentes a aquellos para los cuales están

previamente asignados, o expresamente prohibidos por la

Constitución, la ley o el reglamento, ni pagó por materias

innecesarias o injustificadas, así como tampoco lo hizo con la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros ni derivar un beneficio, no necesariamente económico, en

su favor o en el de terceros.

Lo que sí surge evidente es que, y sin que esto implique un juicio de

legalidad, el parágrafo 2° del artículo 2º de la ordenanza 018 de 21

de diciembre de 2020, coincide con las actividades enlistadas de

forma genérica en el numeral 1 del artículo segundo sobre

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‘destinación específica’ ordenados por la Ley 2023, esto es para

apoyar “[…] programas del deporte, la educación física y la

recreación para la población en general, incluyendo niños, infantes,

jóvenes, adultos mayores y las personas en condición de

discapacidad […]”, solo que fueron circunscritas por la duma

departamental a las zonas rurales y comunales del ente territorial,

en aras de asegurar, como mínimo, un porcentaje en el uso de los

recursos deportivos y recreacionales recaudados en aquella

población que pertenece a dichos segmentos sociales.

Por lo mismo, permanece sin demostración alguna que con la

participación en la deliberación, votación y aprobación de ese

parágrafo, tal como fue concebido, el accionado hubiese desviado,

indebidamente, los dineros públicos pertenecientes a la tasa pro

deporte y recreación, cuya tarifa equivale al 2.5% del valor total de

los contratos y convenios celebrados por las entidades del

departamento de Norte de Santander, según lo determinado en el

respectivo comprobante de egreso.

También debe resaltarse, en este punto, que en el expediente no

descansa ninguna otra prueba que demuestre lo asegurado por el

solicitante en su escrito de apelación ni que permita corroborar la

configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida

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destinación de dineros públicos, más allá de la mera confrontación

normativa que propone en su solicitud inicial y recurso de apelación.

V.3.3.- Por último, con relación a la supuesta ausencia o inadecuada

de valoración de la certificación de 7 de septiembre de 2022,

mediante la cual INDENORTE hizo constar los valores recaudados y

ejecutados en los años 2021 y hasta agosto de 2022 por concepto

del artículo 2°, parágrafo 2°, de la ordenanza 018 de 21 de diciembre

de 2020, la Sala no observa vulneración alguna al debido proceso por

cuanto, en consonancia con lo decidido por el Tribunal, constituye un

documento con el que simplemente se prueban los montos recogidos

por concepto de la tasa pro deporte y recreación durante los citados

lapsos, así como los relativos al recaudo de los recursos para la

promoción del deporte y la recreación rural y a los juegos

comunales en sus diferentes fases, sin que, en sí mismo, constituya

evidencia que conduzca a demostrar la indebida destinación de los

dineros públicos más allá de registrar a cuanto ascendieron los

recursos recogidos por el departamento.

A partir de lo expuesto, se procederá a confirmar la sentencia de 15

de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de

Santander, que denegó la solicitud de pérdida de investidura del

diputado de Norte de Santander, señor PEDRO JOANES LEYVA

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RIZZO, por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-

2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de septiembre de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 11 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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