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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00173-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00173-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por lo explicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 54001-23-33-000-2022-00173-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de abril de 2023

Radicación: 54001 23 33 000 2022 00173 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00173-01
Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ
Diputado acusado: JUAN CARLOS BOCANEGRA CHACÓN

Tesis: No se configura la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros
públicos del diputado que participó y votó la
aprobación de una ordenanza que creó una tasa
pro deporte y recreación departamental y
dispuso su destinación y distribución porcentual.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual denegó
la pérdida de investidura del señor Juan Carlos Bocanegra Chacón, en
calidad de diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander,
para el período constitucional 2020-2023.

Radicación: 54001 23 33 000 2022 00173 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

El señor Crisanto Sánchez Pérez, obrando en nombre propio, solicitó se
decretara la pérdida de investidura del diputado acusado, por considerar
que violó el régimen de inhabilidades, ya que de conformidad con el
numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, incurrió en una indebida
destinación de dineros públicos.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1

El solicitante informó que el señor Juan Carlos Bocanegra Chacón fue
elegido diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander,
para el período constitucional 2020-2023.

Señaló que el gobernador de Norte de Santander radicó el 28 de octubre de
2020 ante la asamblea departamental el proyecto de ordenanza nro. 015
“por medio del cual se crea una Tasa Pro Deporte y Recreación
Departamental”, así como el concepto de viabilidad emitido por el secretario
jurídico del departamento.

Aseveró que, luego de surtir los tres debates reglamentarios, en los cuales
participó y votó el acusado, la asamblea departamental aprobó el proyecto
de ordenanza nro. 015 de 2020, y que el gobernador de Norte de Santander
lo sancionó el 21 de diciembre de 2020, convirtiéndose en la Ordenanza
nro. 018 de 2020.

1 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf.Páginas 1 a 23
de 95.

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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

Consideró que el diputado acusado incurrió en indebida destinación de
dineros públicos al aprobar el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza
nro. 018 de 2020, por lo que debía decretarse su desinvestidura, dado que,
con base en dicho parágrafo se destinaron dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la
Constitución y la ley. Ello, atendiendo a que “(…) la ley no permite crear
valores ni porcentajes diferentes ni destinación distinta a lo estipulado en
el artículo 2 y sus siete 7) numerales de la Ley 2023 del 2020”.

Alegó que dicho parágrafo no venía en el proyecto original que presentó el
gobernador del departamento y que fue “(…) una invención o adición de los
asambleístas del Departamento contrariando lo estipulado en el artículo 2
de la Ley 2020 del 2020”.

Aludió que, en el año 2021, con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de la
Ordenanza nro. 018 de 2020, se recaudó el 0.5% de $3.998.468.130 por
concepto de tasa pro deporte y recreación departamental y se ejecutaron
$65.000.000 para el programa de juegos comunales, dineros que están por
fuera de los lineamientos legales establecidos en el artículo 2 de la Ley 2023
de 2020.

Mencionó que en las intervenciones que hizo durante los debates ante la
asamblea departamental el director del INDENORTE, como representante
del gobierno departamental, quedó claro que la asamblea conocía y debía
conocer que no podía dar destinación diferente a lo recaudado por la Tasa
Pro Deporte y Recreación que se creaba con la Ordenanza nro. 018 de 2020,
por lo que refiriéndose al elemento subjetivo afirmó que la conducta del
acusado es dolosa, por la intención positiva de omitir el cumplimiento de
las normas constitucionales y legales aplicables a este procedimiento.

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2.- Contestación por parte del diputado acusado

El señor Juan Carlos Bocanegra Chacón, actuando en nombre propio,
contestó la solicitud de desinvestidura, manifestando que se oponía a su
prosperidad y como argumentos de defensa expuso2:

Que la causal invocada exige para su configuración que se acredite que
los diputados alteraron la finalidad y/o cometidos estatales y, en este
evento, lo que se pretende es convertir la legalidad del acuerdo colectivo,
porque a juicio de la parte actora resulta contrario a lo dispuesto por el
artículo 2 de la Ley 2023 de 2020, controversia que está reservada para
un medio de control diferente al de pérdida de investidura como es el de
nulidad previsto por el artículo 137 del CPACA, por ende, la Ordenanza
nro. 018 de 2020 goza de presunción de legalidad, de conformidad con el
artículo 88 del CPACA, mientras no sea anulada o suspendida por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Aseveró que, “(…) sin perjuicio de que en el proceso de pérdida de
investidura no se puede desconocer la legalidad de la ordenanza, salta a
la vista, prime (sic) facie, que no hay contraposición de ninguna
naturaleza entre la destinación que la ley da a la Tasa Pro Deporte y
Recreación y lo dispuesto por el parágrafo del artículo 2 de la ordenanza
(…)”, ya que, la promoción del deporte, la recreación y los juegos
comunales están comprendidos dentro del fomento y estímulo del deporte
y la recreación.

En cuanto al elemento subjetivo, arguyó que tampoco estaba configurado,
ya que no tiene formación profesional como abogado ni fue advertido

2 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo008ContestaciónDemanda.pdf.

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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

sobre la supuesta ilicitud del parágrafo que se sometió a la aprobación de
la asamblea.

Agregó que el actor pretende inferir el conocimiento de la supuesta ilicitud
en el hecho que el director del INDENORTE durante los debates del
proyecto que luego se convertiría en la Ordenanza nro. 018 de 2020 lo
advirtió, pero “(…) lo que el funcionario no quería es que se hiciera una
distribución porcentual dentro del legítimo destino, para mantener, como
ejecutivo, la libertad de la ejecución en los territorios que se escogiese el
Gobierno; por su parte, la Asamblea deseaba y decidió garantizar una
parte de ellas para alguna de las actividades autorizadas por la ley, y en
territorios rurales, lo que está dentro de sus competencias”.

En consecuencia, que lejos de haber tenido una advertencia sobre ilicitud
alguna, entendió, como lo hicieron todos los diputados, que estaban
haciendo una acción afirmativa, en favor de pobladores rurales.

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
providencia del 15 de septiembre de 2022, negó las pretensiones. Como
razones de la decisión se apoyó en las siguientes3:

Luego de referirse al marco general de la causal de pérdida de investidura
invocada, se centró en el elemento objetivo, para afirmar que, en el
proceso estaba acreditado que el acusado participó y aprobó el contenido

3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo022.Fallo1aInstancia.pdf.

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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 de 2020, que en
criterio del actor contraría el artículo 2 de la Ley 2023 de 2020.

Aludió, que frente a la indebida destinación de dineros públicos el Consejo
de Estado ha dicho en su jurisprudencia que debe existir una clara
afectación del patrimonio público como premisa ineludible para la
adecuación típica de la causal, esto es, que la destinación se concrete
efectivamente en el objeto o propósito prohibido.

Estimó que en el expediente no hay prueba del aprovechamiento indebido
o la falta de necesidad de darle una disposición precisa al recaudo de la
tasa, concretamente en lo relacionado con la promoción del deporte y la
recreación rural y los juegos comunales en sus diferentes fases, actividad
que consideró, no riñe con lo establecido en el cuerpo normativo que se
demanda contrario y, que, la Sala encontraba dicha actividad como una
especie que encuadraba claramente en el género de apoyo a programas
del deporte, la educación física y la recreación para la población en
general.

Concluyó que existía una ausencia de los requisitos probatorios para la
configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos, al
no estar demostrado que el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza
nro. 018 de 2020 dispusiera la utilización de dineros públicos para un fin
distinto del establecido en la Ley 2023, por lo que, la ausencia del
elemento objetivo impedía examinar la conducta del acusado y debían
negarse las pretensiones.

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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

4.- El recurso de apelación

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la parte solicitante de la pérdida
de investidura presentó recurso de apelación, pidiendo que fuera
revocada y para ello arguyó4:

Se refirió a los hechos formulados en el escrito de solicitud de pérdida de
investidura y a lo analizado por el a quo, y afirmó que solicitó en el
proceso se oficiara al director de INDENORTE para que certificara a cuánto
ascendía el dinero recaudado con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de
la Ordenanza nro. 018 de 2020, así como las certificaciones de los gastos
ocasionados durante el año 2021 y lo corrido del 2022.

Alegó que la precitada prueba se ordenó y que el INDENORTE explicó en
la respuesta dada el 7 de septiembre de 2022 cuál fue el recaudo del año
2021 y del año 2022, pero que su respuesta no evacuó totalmente lo
solicitado, ya que faltaron las certificaciones de los gastos ocasionados
durante el año 2021 y lo corrido del año 2022, hecho que estima no fue
evaluado por el a quo. Al efecto dijo: “(…) este hecho Señor Magistrado
no fue evaluado por usted, por lo tanto existe según mi apreciación una
violación al debido proceso por la no valoración de lo solicitado y
recaudado y además esta certificación expedida por INDENORTE no fue
puesta en mi conocimiento”.

Aseveró que, el a quo afirma que “(…) el asambleísta Juan Carlos
Bocanegra Chacón no incurrió en la indebida destinación de dineros
públicos por la ausencia de requisitos probatorios para la configuración

4 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo024.RecursodeApelación.pdf.

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indebida de estos recursos. Por cuanto el parágrafo 2 del artículo 2 de la
ordenanza 018 del 21 de diciembre del 2020 (…) dispuso la utilización de
dineros públicos a un fin establecido en la Ley 2023 del 2020 y que esta
disposición legal, destina los recursos recaudados por concepto de la tasa
pro deporte y recreación a fomentar y estimular el deporte y a la
recreación conforme a los planes, programas o políticas departamentales
o nacionales con destinación especifica en los mismos términos de la Ley
2023 del 2020”, lo que no es cierto.

Consideró que, si el asambleísta y los demás integrantes de la asamblea
de Norte de Santander participaron, votaron y aprobaron el parágrafo 2
del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 de 2020 incurrieron en una
conducta que prohíbe la Constitución y la ley, que es precisamente la
indebida destinación de dineros públicos, por lo que el elemento objetivo
estaba probado.

En cuanto al elemento subjetivo, insistió que en la discusión del primer
debate del proyecto de ordenanza se abordó el tema de crear o de
construir un parágrafo apartándose de la ley y la destinación específica y
que en la intervención del director del INDENORTE insistió en no
establecer porcentajes específicos y que fuera facultativo del ejecutivo
repartir el recurso, por lo que no había duda sobre la cualificación del dolo
y la intención positiva de omitir el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales aplicables al caso.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 4 de octubre de 20225.

5 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo027AutoconcedeR.pdf.

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5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 6
de octubre de 20226.

5.2. Por auto del 28 de octubre de 2022 se admitió el recurso de
apelación7.

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 15 de noviembre de
20228.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617 de 20009, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12

6
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.
7
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.
8
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 54001 23 33 000 2022 00173 01.
9 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.

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de marzo 201910, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones11.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que el señor Juan Carlos Bocanegra Chacón fue elegido
diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, por el
Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U, la parte solicitante
aportó copia del formulario E-26 AS12, elecciones autoridades territoriales
del 27 de octubre de 2019, acta parcial del escrutinio general asamblea,
que declaró electos como diputados del departamento de Norte de
Santander para el período 2020 -2023, entre otros, al señor Bocanegra
Chacón.

Igualmente, está acreditado que tomó posesión del cargo en la fecha del
01 de enero de 202013.

En consecuencia, el diputado acusado es sujeto pasivo de la presente
acción de pérdida de investidura.

10
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
11
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf.Página 36 de
95.
13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf.Páginas 37 a
48 de 95.

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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

3.- Hechos probados

De las pruebas obrantes en el expediente, se acredita lo siguiente14:

3.1. La gobernación de Norte de Santander presentó ante la secretaría
general de la asamblea departamental el proyecto de ordenanza nro. 015
del 28 de octubre de 2020 “por medio de la cual se crea una tasa pro
deporte y recreación departamental”, con concepto previo del secretario
jurídico de la gobernación, en el sentido que el mismo estaba ajustado a
la Constitución y a la ley15.

3.2. En la fecha del 3 de noviembre de 2020 según acta nro. 031 de 2020,
se aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza nro. 015 de 2020,
y que pasara a segundo debate en la comisión primera, sesión en la que
se verifica participó el diputado acusado16.

3.3. En el informe del 20 de noviembre de 2020, de la comisión primera
de la asamblea departamental de Norte de Santander, en el que se
registra como integrante de la comisión el diputado acusado, consta lo
siguiente17:

“[…] La Comisión Primera (encargada de hacienda, crédito público,
presupuesto, cuentas y asuntos fiscales), se permite presentar

14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf. Páginas 52 a
95.
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf. Páginas 49 a
51 de 95.
16 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf. Páginas 59 a
70 de 95.
17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00173 01.Anexo002Demanda1.pdf. Páginas 71 a
74 de 95.

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informe a la plenaria sobre el proyecto de ordenanza No. 015 de
2020:

• El 17 de noviembre de 2020, se sometió a debate el
proyecto de ordenanza en comisión y el diputado Pedro
Joanes Leyva Rizzo, como ponente del mismo, presentó
un informe, el cual fue leído por Secretaría General. En
este informe el diputado daba PONENCIA POSITIVA al
proyecto de ordenanza en estudio.

• Analizado el proyecto de ordenanza No. 015, la Comisión
considera viable darle trámite en TERCER DEBATE por
encontrarse ajustado a las normas constitucionales
vigentes.

[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

3.4. Según el acta nro. 034 del 24 de noviembre de 2020 de la asamblea
departamental de Norte de Santander, con la presencia, entre otros, del
diputado acusado, en dicha sesión se discutió y aprobó en tercer debate
el proyecto de ordenanza nro. 015 de 2020 “por medio de la cual se crea
una tasa pro deporte y recreación departamental” y se dispuso que fuera
remitido para sanción por parte del gobernador departamental18.

3.5. Mediante Ordenanza nro. 0018 del 21 de diciembre de 2020 de la
asamblea departamental de Norte de Santander, se creó una tasa pro
deporte y recreación departamental, allí se resolvió:

“[…] ARTÍCULO 1º. TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN
DEPARTAMENTAL: Créase la Tasa Pro Deporte y Recreación
Departamental, recursos que serán administrados por el Instituto de
Deportes del Norte de Santander “INDENORTE”, destinados a
fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a sus
planes, programas y proyectos y políticas nacionales y
departamentales.

(…)

18 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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89 de 95

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ARTÍCULO 2º. DESTINACIÓN ESPECÍFICA: Los valores
recaudados por la Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental se
destinarán exclusivamente a:

(…)

PARÁGRAFO 2º. Como mínimo el 0.5% de lo que se recaude por
concepto de esta tasa , será destinado a la promoción del deporte y
la recreación rural y a los juegos comunales en sus diferentes fases.

[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales)

3.6. Por solicitud de la parte actora, el a quo en el auto que abrió a
pruebas el proceso, dispuso oficiar a INDENORTE para que remitiera
certificación en la que constara “(…) a cuánto asciende el recaudo
realizado con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza No.
0018 del 21 de diciembre, así como la certificación de los gastos
ocasionados durante el año 2021 y lo transcurrido de 2022”. El secretario
general de INDENORTE certificó en la fecha del 7 de septiembre de 2022
lo siguiente19:

“[…] Que el recaudo de la Ordenanza No. 018 del 21 de diciembre del
2020 en el artículo 2 en el parágrafo 2 y la ejecución de acuerdo al
plan de acción fue de:

RECAUDO 2021 EJECUTADO 2021

$3.998.468.310 $ 68.146.515

RECAUDO 2022 EJECUTADO A AGOSTO DE 2022

$5.500.000.000 $53.142.034

[…]”.

19 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez

4.- Análisis de la Sala

Se endilgó al acusado incurrir en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 200020, que
establece:

“[…] ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

(…)

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

[…]”.

Sobre la finalidad de la causal invocada, esta Corporación ha dicho que21
“(…) la indebida destinación de dineros públicos, como causal de pérdida
de investidura, es censurar cualquier utilización de los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la
Constitución o las leyes22, con el propósito de erradicar y castigar prácticas
parlamentarias (…)”.

20 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771-
00(PI).
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de
mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-
2013-00865-00, sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez
Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).

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Además, que, el comportamiento sancionable se configura en términos
generales cuando23 “(…) al ejercer las competencias de las que ha sido
revestido: i) traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los dineros
públicos, o, ii) destina o aplica tales recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas, o, iii) cuando la finalidad es
obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o, iv) cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor
o de terceras personas24 (…)”.

Esta Sección ha explicado que para que se configure la citada causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos25:

(i) Que se ostente la condición de diputado.

(ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado.

(iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades
y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente
establecidos en la Constitución y la ley.

23 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771-
00(PI).
24
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío
Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.
25
Los cuales se pueden extraer de la sentencia del 22 de febrero de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2017-
04038-01(PI); para ello se cita la sentencia del 28 de marzo de 2017. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente radicación 11001 03 15 000 2015 00111 00, donde
fueron enlistados tales requisitos; explicando que aunque allí se referían a los
Congresistas son perfectamente aplicables a los restantes miembros de Corporaciones
públicas de elección popular, como los concejales. Posición reiterada por la Sala en
sentencia del 15 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI), entre otras.

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Una vez identificados los elementos que configuran la causal de pérdida
de investidura invocada en el caso, la Sala se detendrá en cada uno,
advirtiendo que el segundo y el tercero se analizarán de manera conjunta,
así:

4.1. En cuanto a la condición de diputado: como se señaló líneas atrás
en el acápite de procedibilidad de la acción de pérdida de investidura, está
demostrado que el señor Juan Carlos Bocanegra Chacón fue elegido
diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, para el
período constitucional 2020-2023; por lo tanto, el primer elemento se
cumple.

4.2. Que se trate de dineros públicos y que sean indebidamente
destinados

La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un
miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines
diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución,
la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero.

Conforme con la jurisprudencia de esta Corporación, “(…) la indebida
destinación de los dineros públicos puede ser directa, cuando el
congresista [léase para el caso diputado] es ordenador del gasto,
administrador o depositario de los bienes públicos, o puede ser indirecta,
como ocurre en los casos en que sin tener ninguna de las dos condiciones
mencionadas, el congresista [para este caso el diputado] ejerciendo las
funciones del cargo traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento,
porque desvía los dineros públicos a fines distintos de los previstos por

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medio de instrumentos, como por ejemplo, los contratos o las
autorizaciones para el pago de salarios”26. Por lo que ello conlleva al
detrimento patrimonial del Estado27.

Así mismo, la Corporación ha sostenido que la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos se trata de una
norma de textura abierta, puesto que no se estableció su alcance ni se
detalla un catálogo de conductas específicas que la configuren; razón por
la cual, aquellos eventos que la jurisprudencia ha considerado son
constitutivos de la misma no son los únicos para verificar su
estructuración, ni limitan el análisis y concreción en cada caso particular 28.

En el caso concreto, el recurrente insiste en que, el acusado incurrió en
una indebida destinación de dineros públicos, por cuanto en su calidad de
miembro de la asamblea departamental de Norte de Santander aprobó el
parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 del 21 de diciembre de
2020 “por medio de la cual se crea una tasa pro deporte y recreación
departamental”, y que con base en dicho parágrafo, se destinaron dineros
públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos

26
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala 27 Especial de Decisión
de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019. C.P. Rocío Araújo
Oñate. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2019 00 771 00 (PI).
27
Esta Sección ha precisado que uno de los presupuestos para la configuración de la
causal por indebida destinación de dineros es que implique la distorsión de las finalidades
del gasto. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 18 de octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 85001 23 33 000 2017 00223 01. (PI).
28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintisiete
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2019-00771-
00(PI).

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en el artículo 229 de la Ley 2023 de 202030, esto es, para el programa de
juegos comunales.

La Sala para resolver, se remitirá a lo analizado en un asunto similar, en
el que también se endilgó a un diputado de la asamblea departamental
de Norte de Santander31incurrir en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, con
fundamento en los mismos supuestos fácticos aquí esbozados, donde se
explicó lo siguiente32:

“[…] como lo expresó el Tribunal y contrario a lo sostenido por el
apelante, la Sala debe advertir que no se configura ninguna de las
hipótesis previstas por la jurisprudencia de la Sección para tener por
configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos en
cabeza del diputado accionado.

V.3.1.- Lo primero es que, lejos del juicio de legalidad propuesto por
el solicitante, la acción de pérdida de investidura no es el escenario
previsto para adelantar dicho estudio alrededor de la expedición de la
ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 que, como acto
administrativo, está revestido de una presunción de legalidad que solo
puede ser desvirtuada en sede de aquellos medios de control de lo
contencioso administrativo que sí le resultan idóneos.

29 El artículo 2 de la Ley 2023 de 2020 dispone: “ARTÍCULO 2°. Destinación
específica. Los valores recaudados por la tasa se destinarán exclusivamente a:// 1.
Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la población en
general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en
condición de discapacidad.//2. Apoyo a programas que permiten la identificación y
selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva
deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico; de
incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos certámenes
deportivos.//3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con
proyección a él.//4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación
deportiva.// 5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura Deportiva.// 6.
Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel
nacional e internacional.//7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud
preventiva mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y
saludable”.
30
“Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación”.
31
Diputado Pedro Joanes Leyva Rizzo.
32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de noviembre de 2022. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 54001 23 33 000 2022 00164 01 (PI).

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V.3.2.- Lo segundo es que, dicho lo anterior, la Sala no observa que
con la con la participación en la deliberación, votación y aprobación de
ese parágrafo de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 el
diputado hubiese asignado recursos del erario para cubrir objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que sí estaban autorizados
pero que fueron diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados, o expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento, ni pagó por materias innecesarias
o injustificadas, así como tampoco lo hizo con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros ni derivar un
beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en el de
terceros.

(…)

Lo que sí surge evidente es que, y sin que esto implique un juicio de
legalidad, el parágrafo 2° del artículo 2º de la ordenanza 018 de 21
de diciembre de 2020, coincide con las actividades enlistadas de forma
genérica en el numeral 1 del artículo segundo sobre ‘destinación
específica’ ordenados por la Ley 2023, esto es para apoyar “[…]
programas del deporte, la educación física y la recreación para la
población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos
mayores y las personas en condición de discapacidad […]”, solo que
fueron circunscritas por la duma departamental a las zonas rurales y
comunales del ente territorial, en aras de asegurar, como mínimo, un
porcentaje en el uso de los recursos deportivos y recreacionales
recaudados en aquella población que pertenece a dichos segmentos
sociales.

Por lo mismo, permanece sin demostración alguna que con la
participación en la deliberación, votación y aprobación de ese
parágrafo, tal como fue concebido, el accionado hubiese desviado,
indebidamente, los dineros públicos pertenecientes a la tasa pro
deporte y recreación, cuya tarifa equivale al 2.5% del valor total de
los contratos y convenios celebrados por las entidades del
departamento de Norte de Santander, según lo determinado en el
respectivo comprobante de egreso […]”.

Por último, en cuanto a lo manifestado por el solicitante en el recurso de
apelación, en el sentido que existe “(…) una violación al debido proceso
por la no valoración de lo solicitado y recaudado y además esta
certificación expedida por INDENORTE no fue puesta en mi conocimiento
(…)”, en la precitada sentencia33 la Sala explicó que “(…) con relación a la

33 Ibídem.

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supuesta ausencia o inadecuada de valoración de la certificación de 7 de
septiembre de 2022, (…) la Sala no observa vulneración alguna al debido
proceso por cuanto, en consonancia con lo decidido por el Tribunal,
constituye un documento con el que simplemente se prueban los montos
recogidos por concepto de la tasa pro deporte y recreación durante los
citados lapsos, así como los relativos al recaudo de los recursos para la
promoción del deporte y la recreación rural y a los juegos comunales en
sus diferentes fases (…)”, y en todo caso, en esta oportunidad, agrega la
Sala, el solicitante debió hacer uso ante el a quo de los instrumentos
procesales previstos en la ley para cuestionar la prueba o la falta de
traslado, no siendo la alzada la oportunidad para hacerlo.

Conforme a lo antes explicado y acorde con el material probatorio obrante
en el proceso, no está acreditado que el diputado acusado haya incurrido
en la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos por haber participado en la aprobación del parágrafo 2 del
artículo 2 de la Ordenanza nro. 0018 del 21 de diciembre de 2020.

En consecuencia, al no encontrarse reunidos los requisitos que componen
el elemento objetivo de la causal invocada, ello releva a la Sala de estudiar
el elemento subjetivo de la conducta del acusado y, será confirmada la
sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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