Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00165-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 54001-23-33-000-2022-00165-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 54001-23-33-000-2022-00165-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de junio de 2023
Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 54001-23-33-000-2022-00165-01
Solicitante: CRISANTO SÁNCHEZ PÉREZ
Diputado acusado: RAMÓN JOSÉ CABRALES CAMACHO
Tesis: No se configura la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros
públicos del diputado que participó y votó la
aprobación de una ordenanza que creó una tasa
pro deporte y recreación departamental y
dispuso su destinación y distribución porcentual.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante en
contra de la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual denegó
la pérdida de investidura del señor Ramón José Cabrales Camacho, en
calidad de diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander,
para el período constitucional 2020-2023.
Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada
El señor Crisanto Sánchez Pérez, obrando en nombre propio, solicitó se
decretara la pérdida de investidura del diputado acusado por considerar que
violó el régimen de inhabilidades, ya que, de conformidad con el numeral 4
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, incurrió en una indebida destinación
de dineros públicos.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada1
El solicitante informó que el señor Ramón José Cabrales Camacho fue
elegido diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander para
el período constitucional 2020-2023.
Señaló que el gobernador de Norte de Santander radicó el 28 de octubre de
2020 ante la asamblea departamental el proyecto de ordenanza nro. 015,
“por medio del cual se crea una Tasa Pro Deporte y Recreación
Departamental”, así como el concepto de viabilidad emitido por el secretario
jurídico del departamento.
Aseveró que, luego de surtir los tres debates reglamentarios, en los cuales
participó y votó el acusado, la asamblea departamental aprobó el proyecto
de ordenanza nro. 015 de 2020, y que el gobernador de Norte de Santander
lo sancionó el 21 de diciembre de 2020, convirtiéndose en la Ordenanza
nro. 018 de 2020.
1 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf.Páginas 1 a 23
de 94.
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Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
Consideró que el diputado acusado incurrió en indebida destinación de
dineros públicos al aprobar el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza
nro. 018 de 2020, por lo que debía decretarse su desinvestidura, ya que la
ley no permite crear valores ni porcentajes diferentes o de destinación
distinta a lo previsto en el artículo 2, en sus siete numerales, de la Ley 2023
de 2020.
Alegó que dicho parágrafo no venía en el proyecto original que presentó el
gobernador del departamento y que fue “(…) invención o adición de los
Asambleístas del Departamento contrariando lo estipulado en el artículo 2
de la Ley 2023 del 2020”.
Aludió que, en el año 2021, con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de la
Ordenanza nro. 018 de 2020, se recaudó el 0.5% de $3.998.468.130 por
concepto de tasa pro deporte y recreación departamental y se ejecutaron
$65.000.000 para el programa de juegos comunales, dineros que estaban
por fuera de los lineamientos establecidos por el artículo 2 de la Ley 2023
de 2020.
Mencionó que, en las intervenciones que hizo durante los debates ante la
asamblea departamental el director del INDENORTE como representante
del gobierno departamental, quedó claro que la asamblea conocía y debía
conocer que no podía dar destinación diferente a lo recaudado por la Tasa
Pro Deporte y Recreación que se creaba con la Ordenanza nro. 018 de 2020;
por lo que, refiriéndose al elemento subjetivo, afirmó que la conducta del
acusado es dolosa, por la intención positiva de omitir el cumplimiento de
las normas constitucionales y legales aplicables a este procedimiento.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
2.- Contestación por parte del diputado acusado
El señor Ramón José Cabrales Camacho, actuando por conducto de
apoderado, contestó la solicitud de desinvestidura, manifestando que se
oponía a su prosperidad, y como argumentos de defensa expuso2:
Que la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura
cuando se utilizan dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, o
cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros, circunstancia que no se prueba en este
proceso ni siquiera en forma sumaria.
Sostuvo que la Ordenanza nro. 018 del 21 de diciembre de 2020, como
acto administrativo que es, goza de presunción de legalidad, y no está
demostrado que haya sido demandado; y aunque, en gracia de discusión,
se estableciera la existencia de un proceso en curso contra dicha
ordenanza, ese solo hecho per se no constituye causal de pérdida de
investidura.
Consideró que la conclusión a la que llega el solicitante, en el sentido que
“la ley no le permite crear valores ni porcentajes diferentes ni destinación
distinta a lo estipulado en el artículo 2 y sus siete (7) numerales de la Ley
2023 del 2020”, riñe con lo señalado por la Corte Constitucional al
defender la autonomía de las entidades territoriales, y que desde el año
1995 lo puso de presente en la sentencia C- 537 del 23 de noviembre de
1995.
2 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo009ContestaciónDemanda.pdf.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
Explicó que, con el parágrafo frente al cual se cuestiona la conducta del
acusado, la asamblea departamental quiso privilegiar la promoción del
deporte, la recreación rural y los juegos comunales, y que la asamblea
tiene facultades constitucionales para, con base en la ley, fijar los
elementos de la contribución respectiva, por lo que no se destinaron
recursos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
En cuanto al elemento subjetivo, arguyó que tampoco estaba configurado
y que los argumentos presentados por el solicitante para probar el
supuesto dolo se limitan a las discusiones en el trámite de la ordenanza y
a la intervención que hizo el director del INDENORTE, pero que de lo
manifestado por dicho funcionario “(…) lo que se desprende no es un
querer actuar en forma antijurídica, ni una advertencia de ilegalidad, por
el contrario se desprende de su afirmación que ese tipo de actividades se
pueden apoyar con la tasa pro deporte (…)”, por lo que no se probó que
el diputado haya actuado con dolo.
Añadió que el acusado se valió de los serios argumentos presentados con
la iniciativa del proyecto de ordenanza y de la discusión al interior de la
duma, que le indicaban su legalidad.
Concluyó que no estaban reunidos los elementos objetivo y subjetivo para
decretar su desinvestidura y, por ello, debían denegarse las pretensiones.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en
providencia del 22 de septiembre de 2022, negó las pretensiones. Como
razones de la decisión se apoyó en las siguientes3:
Luego de referirse al marco jurídico de la acción de pérdida de investidura,
a su carácter sancionatorio con apoyo en la jurisprudencia de esta
Corporación4, a la causal en el caso invocada de indebida destinación de
dineros públicos y a sus elementos, arguyó que en el proceso estaba
acreditado que el acusado, como miembro de la asamblea departamental
de Norte de Santander, participó y aprobó el contenido del parágrafo 2
del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 de 2020, que, en criterio del actor,
contraría el artículo 2 de la Ley 2023 de 2020; sin embargo, en el
expediente no existía prueba del aprovechamiento indebido o de la
necesidad de darle una disposición precisa al recaudo de la tasa,
concretamente en lo relacionado con la promoción del deporte, la
recreación rural y los juegos comunales en sus diferentes fases.
Adujo que existía una ausencia de los requisitos probatorios para la
configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos,
por no estar demostrado que el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza
nro. 018 de 2020 dispusiera la utilización de dineros públicos para un fin
distinto del establecido en la Ley 2023, y que, ante la falta de
3 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165
01.Anexo031.SentenciaNiegaPretensiones.pdf.
4 Paraello citó la sentencia del 7 de mayo de 2019 proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
11001 03 15 000 2018 00320 01.
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configuración del elemento objetivo, no había lugar a examinar lo
relacionado con la conducta del acusado, por lo que debían negarse las
pretensiones.
4.- El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la parte solicitante de la pérdida
de investidura presentó recurso de apelación, pidiendo que fuera
revocada, y para ello arguyó5:
Se refirió a los hechos formulados en el escrito de solicitud de pérdida de
investidura, a lo analizado por el a quo, y afirmó que solicitó en el proceso
se oficiara al director de INDENORTE para que certificara a cuánto
ascendía el dinero recaudado con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de
la Ordenanza nro. 018 de 2020, así como las certificaciones de los gastos
ocasionados durante el año 2021 y lo corrido del 2022.
Aseveró que la precitada prueba se ordenó y que el INDENORTE explicó,
en la respuesta dada el 7 de septiembre de 2022, cuál fue el recaudo del
año 2021 y del año 2022, pero no evacuó totalmente lo solicitado, ya que
faltaron las certificaciones de los gastos ocasionados durante el año 2021
y lo corrido del año 2022, hecho que estima no fue evaluado por el a quo
y se le vulneró el debido proceso.
Anotó que “el a quo afirma que “(…) el asambleísta Ramón José Cabrales
Camacho no incurrió en la indebida destinación de dineros públicos por la
ausencia de requisitos probatorios para la configuración indebida de estos
5 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo033.RecursoApelación.pdf.
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recursos. Por cuanto el parágrafo 2 del artículo 2 de la ordenanza 018 del
21 de diciembre del 2020 (…) dispuso la utilización de dineros públicos a
un fin establecido en la Ley 2023 del 2020 y que esta disposición legal,
destina los recursos recaudados por concepto de la tasa pro deporte y
recreación a fomentar y estimular el deporte y a la recreación conforme
a los planes, programas o políticas departamentales o nacionales con
destinación especifica en los mismos términos de la Ley 2023 del 2020”,
lo que no es cierto.
Consideró que, toda vez que el asambleísta y los demás integrantes de la
asamblea de Norte de Santander participaron, votaron y aprobaron el
parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 de 2020, incurrieron
en una conducta que prohíbe la Constitución y la ley, que es precisamente
la indebida destinación de dineros públicos, por lo que el elemento
objetivo estaba probado.
En cuanto al elemento subjetivo, insistió que en la discusión del primer
debate del proyecto de ordenanza se abordó el tema de crear o de
construir un parágrafo apartándose de la ley y la destinación específica,
y que, en la intervención del director del INDENORTE, reiteró en no
establecer porcentajes específicos, y que fuera facultativo del ejecutivo
repartir el recurso, por lo que no había duda sobre la cualificación del dolo
y la intención positiva de omitir el cumplimiento de las normas
constitucionales y legales aplicables al caso.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 25 de enero de 20236.
6 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo35AutoConcedeRecursoCE.pdf.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
5.- Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 26
de enero de 20237.
5.2. Por auto del 10 de febrero de 2023 se admitió el recurso de
apelación8.
5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 27 de febrero de 20239.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el
artículo 48, parágrafo 2, de la Ley 617 de 200010, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
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Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado 54001 23 33 000 2022 00165 01.
10 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
de marzo 201911, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las secciones12.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor Ramón José Cabrales Camacho fue elegido
diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, por el
Partido Centro Democrático, la parte solicitante aportó copia del
formulario E-26 AS13, elecciones autoridades territoriales del 27 de
octubre de 2019, acta parcial del escrutinio general asamblea, que declaró
electos como diputados del departamento de Norte de Santander para el
período 2020 -2023, entre otros, al señor Cabrales Camacho.
Igualmente, está acreditado que tomó posesión del cargo en la fecha del
01 de enero de 202014.
En consecuencia, el diputado acusado es sujeto pasivo de la presente
acción de pérdida de investidura.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…) 5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
13 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf.Página 29 de 94.
14 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf.Páginas 36 a 47
de 94.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
3.- Hechos probados
De las pruebas obrantes en el expediente, se acredita lo siguiente15:
3.1. La gobernación de Norte de Santander presentó ante la secretaría
general de la asamblea departamental el proyecto de ordenanza nro. 015
del 28 de octubre de 2020, “por medio de la cual se crea una tasa pro
deporte y recreación departamental”, con concepto previo del secretario
jurídico de la gobernación, en el sentido que el mismo estaba ajustado a
la Constitución y a la ley16.
3.2. En la fecha del 3 de noviembre de 2020, según acta nro. 031 de
2020, se aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza nro. 015 de
2020, y que pasara a segundo debate en la comisión primera, sesión en
la que se verifica participó el diputado acusado17.
3.3. En el informe del 20 de noviembre de 2020, de la comisión primera
de la asamblea departamental de Norte de Santander, en el que se
registra el nombre del diputado acusado, consta lo siguiente18:
15 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 48 a 57
de 94.
16 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 48 a 50
de 94.
17 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 58 a 69
de 94.
18 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 70 a 73
de 94.
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Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
“[…] La Comisión Primera (encargada de hacienda, crédito público,
presupuesto, cuentas y asuntos fiscales), se permite presentar
informe a la plenaria sobre el proyecto de ordenanza No. 015 de
2020:
• El 17 de noviembre de 2020, se sometió a debate el
proyecto de ordenanza en comisión y el diputado Pedro
Joanes Leyva Rizzo, como ponente del mismo, presentó
un informe, el cual fue leído por Secretaría General. En
este informe el diputado daba PONENCIA POSITIVA al
proyecto de ordenanza en estudio.
• Analizado el proyecto de ordenanza No. 015, la Comisión
considera viable darle trámite en TERCER DEBATE por
encontrarse ajustado a las normas constitucionales
vigentes.
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales)
3.4. Según el acta nro. 034 del 24 de noviembre de 2020 de la asamblea
departamental de Norte de Santander, con la presencia, entre otros, del
diputado acusado, en dicha sesión se discutió y aprobó en tercer debate
el proyecto de ordenanza nro. 015 de 2020, “por medio de la cual se crea
una tasa pro deporte y recreación departamental”, y se dispuso que fuera
remitido para sanción por parte del gobernador departamental19.
3.5. Mediante Ordenanza nro. 0018 del 21 de diciembre de 2020 de la
asamblea departamental de Norte de Santander, se creó una tasa pro
deporte y recreación departamental; allí se resolvió20:
“[…] ARTÍCULO 1º. TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN
DEPARTAMENTAL: Créase la Tasa Pro Deporte y Recreación
Departamental, recursos que serán administrados por el Instituto de
Deportes del Norte de Santander “INDENORTE”, destinados a
fomentar y estimular el deporte y la recreación, conforme a sus
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 74 a 88
de 94.
20 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.Anexo002Demanda.pdf. Páginas 89 a
94.
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Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
planes, programas y proyectos y políticas nacionales y
departamentales.
(…)
ARTÍCULO 2º. DESTINACIÓN ESPECÍFICA: Los valores
recaudados por la Tasa Pro Deporte y Recreación Departamental se
destinarán exclusivamente a:
(…)
PARÁGRAFO 2º. Como mínimo el 0.5% de lo que se recaude por
concepto de esta tasa, será destinado a la promoción del deporte y la
recreación rural y a los juegos comunales en sus diferentes fases.
[…]”. (Mayúsculas y negrillas originales)
3.6. Por solicitud de la parte actora, el a quo, en el auto que abrió a
pruebas el proceso, dispuso oficiar a INDENORTE para que remitiera
certificación en la que constara “(…) a cuánto asciende el recaudo
realizado con base en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza No.
0018 del 21 de diciembre, así como la certificación de los gastos
ocasionados durante el año 2021 y lo transcurrido de 2022”. Ante la falta
de respuesta, se solicitó el traslado de la contestación dada por la citada
autoridad en el expediente con radicación nro. 54001 23 33 000 2022
00164 00, en la que el secretario general de INDENORTE certificó en la
fecha del 7 de septiembre de 2022 lo recaudado21.
21 Vistoen el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 54001 23 33 000 2022 00165 01.RtaIndenorte.pdf.
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Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
4.- Análisis de la Sala
Se endilgó al acusado incurrir en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 200022, que
establece:
“[…] ARTICULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
[…]”.
Frente a esta causal, la Sección Primera23, siguiendo pronunciamientos de
la Sala Plena de la Corporación24, ha dicho que no está definida en la
Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción
de pérdida de investidura y por ello ha explicado que la indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el elegido destina los
dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos, como ocurre en
los siguientes casos:
22 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
23Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera Sentencia
del 4 de febrero de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 68001 23 33 000 2019 00916 01 (PI).
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de
octubre de 2000. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968.
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Radicación: 54001 23 33 000 2022 00165 01
Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
a) cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados; b) cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran
asignados; c) cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; d)
cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas;
e) cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros y f) cuando la destinación tiene la
finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceros.
Esta Sección ha explicado que, para que se configure la citada causal,
deben estar reunidos los siguientes requisitos25:
(i) Que se ostente la condición de diputado.
(ii) Que se esté frente a dineros públicos, es decir, que provengan de una
actividad económica del Estado.
(iii) Que los dineros sean indebidamente destinados, esto es, a finalidades
y cometidos estatales prohibidos o distintos a los previamente
establecidos en la Constitución y la ley.
25
Los cuales se pueden extraer de la sentencia del 22 de febrero de 2018. C.P. María
Elizabeth García González. Expediente radicación número: 25000-23-42-000-2017-
04038-01(PI); para ello se cita la sentencia del 28 de marzo de 2017. C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente radicación 11001 03 15 000 2015 00111 00, donde
fueron enlistados tales requisitos; explicando que aunque allí se referían a los
Congresistas son perfectamente aplicables a los restantes miembros de Corporaciones
públicas de elección popular, como los concejales. Posición reiterada por la Sala en
sentencia del 15 de marzo de 2018. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente
radicación nro. 13001-23-33-000-2016-01107-01(PI), entre otras.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
Una vez identificados los elementos que configuran la causal de pérdida
de investidura invocada en el caso, la Sala se detendrá en cada uno,
advirtiendo que el segundo y el tercero se analizarán de manera conjunta,
así:
4.1. En cuanto a la condición de diputado: como se señaló líneas atrás
en el acápite de procedibilidad de la acción de pérdida de investidura, está
demostrado que el señor Ramón José Cabrales Camacho fue elegido
diputado de la asamblea departamental de Norte de Santander, para el
período constitucional 2020-2023; por lo tanto, el primer elemento se
cumple.
4.2. Que se trate de dineros públicos y que sean indebidamente
destinados
La indebida destinación de dineros públicos se concreta cuando un
miembro de una corporación pública, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros públicos a fines
diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la Constitución,
la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero.
En el caso concreto, el recurrente insiste en que el acusado incurrió en
una indebida destinación de dineros públicos, por cuanto, en su calidad
de miembro de la asamblea departamental de Norte de Santander, aprobó
el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ordenanza nro. 018 del 21 de diciembre
de 2020, “por medio de la cual se crea una tasa pro deporte y recreación
departamental”; y que, con base en dicho parágrafo, se destinaron dineros
públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos
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en el artículo 226 de la Ley 2023 de 202027, esto es, para el programa de
juegos comunales.
La Sala, para resolver, se remitirá a lo analizado en un asunto similar, en
el que también se endilgó a un diputado de la asamblea departamental
de Norte de Santander28 incurrir en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, con
fundamento en los mismos supuestos fácticos aquí esbozados, donde se
explicó lo siguiente29:
“[…] como lo expresó el Tribunal y contrario a lo sostenido por el
apelante, la Sala debe advertir que no se configura ninguna de las
hipótesis previstas por la jurisprudencia de la Sección para tener por
configurada la causal de indebida destinación de dineros públicos en
cabeza del diputado accionado.
V.3.1.- Lo primero es que, lejos del juicio de legalidad propuesto por
el solicitante, la acción de pérdida de investidura no es el escenario
previsto para adelantar dicho estudio alrededor de la expedición de la
ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 que, como acto
26 El artículo 2 de la Ley 2023 de 2020 dispone: “ARTÍCULO 2°. Destinación
específica. Los valores recaudados por la tasa se destinarán exclusivamente a:// 1.
Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la población en
general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y las personas en
condición de discapacidad.//2. Apoyo a programas que permiten la identificación y
selección de talentos deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva
deportiva, orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico; de
incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos certámenes
deportivos.//3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con
proyección a él.//4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación
deportiva.// 5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura Deportiva.// 6.
Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel
nacional e internacional.//7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud
preventiva mediante la práctica del deporte y los hábitos de alimentación sana y
saludable”.
27
“Por medio de la cual se crea la tasa pro deporte y recreación”.
28
Diputado Pedro Joanes Leyva Rizzo.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 11 de noviembre de 2022. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 54001 23 33 000 2022 00164 01 (PI). En el mismo sentido sentencias proferidas
en la fecha del 27 de abril de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expedientes radicación
nro. 54001 23 33 000 2022 00163 01; 54001 23 33 000 2022 00170 01 y 54001 23 33
000 2022 00173 01.
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
administrativo, está revestido de una presunción de legalidad que solo
puede ser desvirtuada en sede de aquellos medios de control de lo
contencioso administrativo que sí le resultan idóneos.
V.3.2.- Lo segundo es que, dicho lo anterior, la Sala no observa que
con la con la participación en la deliberación, votación y aprobación de
ese parágrafo de la ordenanza 018 de 21 de diciembre de 2020 el
diputado hubiese asignado recursos del erario para cubrir objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que sí estaban autorizados
pero que fueron diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados, o expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento, ni pagó por materias innecesarias
o injustificadas, así como tampoco lo hizo con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros ni derivar un
beneficio, no necesariamente económico, en su favor o en el de
terceros.
(…)
Lo que sí surge evidente es que, y sin que esto implique un juicio de
legalidad, el parágrafo 2° del artículo 2º de la ordenanza 018 de 21
de diciembre de 2020, coincide con las actividades enlistadas de forma
genérica en el numeral 1 del artículo segundo sobre ‘destinación
específica’ ordenados por la Ley 2023, esto es para apoyar “[…]
programas del deporte, la educación física y la recreación para la
población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos
mayores y las personas en condición de discapacidad […]”, solo que
fueron circunscritas por la duma departamental a las zonas rurales y
comunales del ente territorial, en aras de asegurar, como mínimo, un
porcentaje en el uso de los recursos deportivos y recreacionales
recaudados en aquella población que pertenece a dichos segmentos
sociales.
Por lo mismo, permanece sin demostración alguna que con la
participación en la deliberación, votación y aprobación de ese
parágrafo, tal como fue concebido, el accionado hubiese desviado,
indebidamente, los dineros públicos pertenecientes a la tasa pro
deporte y recreación, cuya tarifa equivale al 2.5% del valor total de
los contratos y convenios celebrados por las entidades del
departamento de Norte de Santander, según lo determinado en el
respectivo comprobante de egreso […]”.
Por último, en cuanto a lo manifestado por el solicitante en el recurso de
apelación, en el sentido que existe “(…) una violación al debido proceso
por la no valoración de lo solicitado y recaudado y además esta
certificación expedida por INDENORTE no fue puesta en mi conocimiento
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Accionante: Crisanto Sánchez Pérez
(…)”, en la precitada sentencia30 la Sala explicó que, “(…) con relación a
la supuesta ausencia o inadecuada de valoración de la certificación de 7
de septiembre de 2022, (…) la Sala no observa vulneración alguna al
debido proceso por cuanto, en consonancia con lo decidido por el Tribunal,
constituye un documento con el que simplemente se prueban los montos
recogidos por concepto de la tasa pro deporte y recreación durante los
citados lapsos, así como los relativos al recaudo de los recursos para la
promoción del deporte y la recreación rural y a los juegos comunales en
sus diferentes fases (…)”; y, en todo caso, agrega la Sala, el solicitante
debió hacer uso ante el a quo de los instrumentos procesales previstos en
la ley para cuestionar la prueba o la falta de traslado de la misma en
debida forma, no siendo la alzada la oportunidad para hacerlo.
Conforme a lo antes explicado y acorde con el material probatorio obrante
en el proceso, no está acreditado que el diputado acusado haya incurrido
en la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos por haber participado en la aprobación del parágrafo 2 del
artículo 2 de la Ordenanza nro. 0018 del 21 de diciembre de 2020.
En consecuencia, al no encontrarse reunidos los requisitos que componen
el elemento objetivo de la causal invocada, ello releva a la Sala de estudiar
el elemento subjetivo de la conducta del acusado y, será confirmada la
sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
30 Ibídem.
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FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de septiembre de
2022 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por lo
explicado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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