Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00108-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2025-00108-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2025-00108-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2025-00108-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
25 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Pérdida de investidura
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Accionado: Jorge Enrique Hernández Mayorga
Tema: Indebida destinación de dineros públicos como causal
de pérdida de investidura de los concejales - reiteración de
jurisprudencia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la “[…] Sala Especial de
Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[…]”.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. El ciudadano Diego Alejandro Herrera Arias, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:
“[…] 1. Se declare la pérdida de investidura del Concejal aquí demandado JORGE
ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA, conforme a la causal de indebida destinación
de dineros públicos prevista en el Art. 48 numeral 4 de la ley 617 de 2000 y el Art.
55 numeral 3 de la ley 136 de 1994 (sic).
2. Se investigue la responsabilidad de la Mesa Directiva del Concejo Municipal
de Girardot Cundinamarca, como Presidente y Ordenador del gasto, quien permitió
esta irregularidad en el pago.
3. Se adopten las medidas necesarias para evitar futuras afectaciones al patrimonio
público del municipio de Girardot Cundinamarca. […]” (negrilla y subrayado del texto).
I.1.1.- Los hechos
2. Manifestó que el concejal accionado, el 20 de febrero de 2024, como presidente
de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot (Cundinamarca) en el año
2024 y ordenador del gasto en esa corporación, celebró el contrato de prestación
de servicios profesionales núm. 023-24 con la señora Carolina Acosta Martínez.
1
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
2
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
3. Indicó que el citado contrato de prestación de servicios profesionales tenía como
objeto la prestación de servicios profesionales en el “[…] acompañamiento de la
comisión legal para la equidad de la mujer y demás actividades administrativas del
Concejo Municipal […]” por el término de cuatro (4) meses, contados a partir del
acta de inicio suscrita el 20 de febrero de 2024, por un valor de $8.800.000 y hasta
el 19 de junio de 2024.
4. Mencionó que, como supervisor del contrato, fue designado el secretario general
del Concejo Municipal de Girardot, señor Andrés Bonilla Moreno.
5. Aseveró que la señora Carolina Acosta Martínez, el 1. ° de marzo de 2024, tomó
posesión del cargo de docente de aula temporal y, coetáneamente, fungía como
contratista del Concejo Municipal de Girardot.
6. Manifestó que, a pesar de la vinculación que la señora Acosta Martínez tenía
como docente, continuó recibiendo pagos del Concejo Municipal de Girardot en los
meses de marzo y abril de 2024, hasta que presentó renuncia el 30 de abril de 2024,
alegando motivos personales y de fuerza mayor, pero nunca mencionó que tenía
una vinculación con el magisterio.
7. Aseveró que:
“[…] 4. Este pago, correspondiente a una persona que ya no prestaba servicios
efectivos al Concejo Municipal de Girardot constituye una clara indebida destinación
de dineros públicos ya que los recursos fueron asignados a un contratista que tenía
una nueva vinculación estatal y ya no cumplía sus funciones en el concejo municipal
de Girardot. […]” (negrilla y subrayado del texto)
8. Puso de presente que el 2 de mayo de 2024 fue suscrita, entre el concejal
accionado (presidente el Concejo Municipal de Girardot), el secretario general de la
corporación (supervisor del contrato) y la señora Carolina Acosta Martínez
(contratista), el acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo del
contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-24.
9. Resaltó que en esa acta se hizo constar que la contratista había recibido tres (3)
pagos correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril de 2024, por la suma
de $5.720.000.
10. Alegó que la responsabilidad por la irregularidad que se habría presentado era
de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot, cuyo presidente y ordenador
del gasto era el accionado, quien permitió que se realizaran pagos sin la verificación
de la situación laboral de la contratista.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
11. El accionante aseguró que la conducta ejecutada por el concejal accionado
configuró la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros
3
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
públicos, establecida en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de
19943 y en el numeral 4. del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004.
12. Indicó, asimismo, que se habían desconocido los artículos 209 y 287 de la Carta
Política y el artículo 3. ° de la Ley 1437.
I.2. Contestación de la solicitud de pérdida de investidura5
13. El concejal accionado, a través de apoderado, dio contestación a la solicitud
formulada en su contra y se opuso a sus pretensiones.
14. Estimó, luego de referirse a los hechos sustento de la solicitud de pérdida de
investidura, que no estaban presentes ninguno de los elementos para la
configuración de la indebida destinación de dineros públicos.
15. Resaltó que no se cubrieron objetos, actividades o propósitos no autorizados,
pues los pagos realizados a la señora Carolina Acosta Martínez tuvieron sustento
en un contrato estatal de prestación de servicios que se cumplió a cabalidad y el
supuesto de que la contratista fuera nombrada docente posteriormente no le puede
acarrear responsabilidad alguna al accionado.
16. Subrayó que no se costearon objetos, actividades o propósitos “[…] que sí
estuvieran autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales están
previamente asignados […]”, en razón a que, si se verifica el expediente del contrato
de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024, este contaba con registro
presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal que garantizaban la
existencia de los recursos para su cumplimiento.
17. Destacó que no se sufragaron objetos, actividades o propósitos “[…]
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento […]”, toda vez
que el presidente del Concejo Municipal de Girardot tenía la potestad y obligación
de celebrar los contratos requeridos para el normal y correcto funcionamiento de
esa corporación.
18. Alegó que no se pagó por “[…] materias innecesarias o injustificadas […]”, si se
tenía en cuenta que estos se justificaban por el contrato de prestación de servicios
profesionales núm. 023-2024 y, además, señaló que la contratista, mes a mes,
presentó el informe de las actividades realizadas, allegaba la prueba del pago de
seguridad social y el supervisor avaló esos documentos, por lo que existía la
obligación de “[…] realizar dichos pagos, so pena de causar un incumplimiento
contractual […]”.
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
5
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
4
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
19. Indicó que no se destinaron los dineros públicos “[…] con la finalidad de obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros […]” pues, insistió, los pagos
realizados tenían como fuente la existencia del contrato estatal, el cual, reiteró, se
cumplió a cabalidad por la contratista, de tal forma que “[…] era obligación de la
entidad efectuar el pago como contraprestación del trabajo realizado y contratado
[…]”.
20. Aseveró que de las pruebas allegadas al expediente no se acredita que el
accionado haya obtenido un incremento patrimonial personal o a favor de terceros,
por lo que actuó bajo los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza
legítima en el cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales
núm. 023-2024.
21. Hizo hincapié, al referirse al principio de buena fe, que:
“[…] observando los hechos de la demanda, se aprecia con suma claridad, que no
existe prueba alguna que pueda demostrar la causal de perdida de investidura
enrostrada, pues todos y cada uno de los pagos realizados se efectuaron en razón
del contrato 023-2024 suscrito con el lleno de los requisitos legales, aunado a lo
anterior la contratista cumplía con las obligaciones y cargas de dicho contrato, al
presentar el informe de actividades el pago de la seguridad social y el resto de
documentos que daban fe del cumplimiento contractual, por lo que el supervisor
autorizaba los pagos respectivos, siendo una obligación realizar estos desembolsos
para cumplir las contraprestaciones contractuales, en efecto no se determina
entonces un comportamiento contrario al ordenamiento jurídico por parte del
demandado. […]”
I.3. Trámite del proceso
22. Mediante auto de 6 de marzo de 20256 se admitió la solicitud de pérdida de
investidura y i) se ordenó la notificación personal al accionado y al agente del
Ministerio Público y ii) se le hizo saber al accionado que contaba con el término de
cinco (5) días para referirse por escrito a la solicitud, solicitar y aportar las pruebas
que pretendiera hacer valer.
23. El accionado se pronunció frente a la solicitud de pérdida de investidura7. En auto
de 19 de marzo de 20258 se decretó la práctica de pruebas y se fijó para el día 31
de marzo de 2025, hora 9:45 A.M., la realización de la audiencia pública a la que se
refieren los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018 9.
24. La audiencia prevista en los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 fue realizada el día
31 de marzo de 202510, con la asistencia e intervención del accionante, del agente
del Ministerio Público y del apoderado del accionado. Adicionalmente, Las partes
6
Cfr. Índice 15, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
7
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
8
Cfr. Índice 24, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
9
“[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble
instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. […]”
10
Cfr. Índice 34, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
5
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
presentaron alegatos de conclusión11 y el agente del Ministerio Público presentó el
respectivo concepto12.
I.4. La sentencia de primera instancia13
25. La “[…] Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca […]”, mediante sentencia de 5 de mayo de 2025,
resolvió:
“[…] PRIMERO.- NEGAR la solicitud de pérdida de investidura del doctor JORGE
ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA, Concejal del Municipio de Girardot –
Cundinamarca, solicitada por el ciudadano DIEGO ALEJANDRO HERRERA ARIAS,
con fundamento en las razones expuestas.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Público. Así
mismo, comuníquese esta providencia al Presidente y al Secretario General del
Concejo Municipal de Girardot – Cundinamarca.
TERCERO.- Contra esta providencia procede el recurso de apelación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018. […]” (negrilla del texto)
26. Explicó que el problema jurídico que debía resolver en este medio de control era
el consistente en determinar:
“[…] si el señor DIEGO ALEJANDRO HERRERA ARIAS, Concejal del Municipio de
Girardot – Cundinamarca para el periodo 2024-2027, incurrió o no en la causal de
pérdida de investidura denominada indebida destinación de dineros públicos prevista
en el numeral 3º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral 4º del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, por presuntamente sostener una relación contractual con
la señora Carolina Acosta Martínez pese a que ella tomó posesión como Docente de
Aula Temporal en la Secretaría de Educación de Girardot – Cundinamarca en parte
del periodo en que se desarrolló el contrato de prestación de servicios. […]” (negrilla
del texto)
27. Abordó el caso concreto y encontró acreditado el primer elemento para la
configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos consistente en que el accionando tenga la condición de concejal.
28. Manifestó que estaba probado, igualmente, el segundo elemento para la
configuración de la causal de pérdida de investidura atribuida al accionado
consistente en que se esté frente a dineros públicos.
29. Destacó que era evidente que los dineros que se emplearon para la vinculación
de la señora Carolina Acosta Martínez como contratista del Concejo Municipal de
Girardot y para el pago de sus honorarios eran públicos, al provenir del presupuesto
general del Concejo Municipal de Girardot. Al respecto precisó que:
“[…] al analizar los estudios previos que hacen parte del expediente contractual del
contrato No.023-2024 se vislumbra que el régimen jurídico que soportó la contratación
11
Cfr. Índice 32 y 33, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
12
Cfr. Índice 30, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
13
Cfr. Índice 38, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
6
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
fue el previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015,
y el presupuesto para el pago quedó definido como presupuesto oficial de la
Corporación aprobado en Resolución No.005 de 7 de enero de 2024 y en Resolución
007 de 9 de enero de 2024, amparado por el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No.2024-0030 de 30 de enero de 2024, por valor de $8.800.000. […]”
30. Analizó si en el presente asunto existió una indebida destinación de recursos
públicos.
31. Aseguró que, del análisis de los estudios previos y de los demás documentos
que soportaron el vínculo contractual de la señora Carolina Acosta Martínez con el
Concejo Municipal de Girardot, se advertía que la contratación tenía como objetivo:
“[…] ejecutar una actividad autorizada dentro de la Entidad cual era el
acompañamiento de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y la realización de
actividades administrativas de la Corporación, en tanto no se contaba con personal
de planta existente o suficiente para el cumplimiento de ese fin necesario en la
actividad de la Entidad. Además, los dineros se encontraban asignados desde un
principio para tal propósito, y está demostrado que fueron destinados solo al pago del
contrato No.023-2024, conforme lo denota el CDP allegado y las órdenes de pago de
honorarios efectuados a nombre de la señora Carolina Acosta Martínez. […]”
32. Anotó que los dineros públicos no fueron destinados a pagar objetos, actividades
o propósitos prohibidos por el ordenamiento jurídico.
33. Argumentó que, del análisis de los estudios previos y demás documentos que
soportan la vinculación contractual de la señora Carolina Acosta Martínez con el
Concejo Municipal de Girardot, se podía advertir que el contrato estaba dirigido a
ejecutar una actividad autorizada dentro de la entidad, como lo era el
acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la mujer y la realización
de actividades administrativas de esa corporación por no contarse con personal de
planta existente o suficiente para su cumplimiento.
34. Resaltó que los dineros públicos estuvieron asignados desde un inicio para el
propósito indicado y fueron destinados al pago del contrato de prestación de
servicios profesionales núm. 023-2024, conforme “[…] lo denota el CDP allegado y
las órdenes de pago de honorarios efectuados a nombre de la señora Carolina
Acosta Martínez […]”.
35. Subrayó que no había evidencia de que los dineros públicos se hayan destinado
a pagar objetos, actividades o propósitos prohibidos por el ordenamiento jurídico o
para atender necesidades injustificadas, puesto que con el contrato suscrito por el
concejal accionado se vinculó al personal que consideró importante para atender
una necesidad de la corporación, esto es, el apoyo a la comisión legal para la
equidad de la mujer y la realización de actividades administrativas del Concejo
Municipal de Girardot, lo que “[…] de suyo redunda en propender por el
funcionamiento de una de las distintas Comisiones del Concejo lo que constituye
una función constitucional y legal del Presidente de la entidad. […]”.
7
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
36. Estimó que no era posible inferir, de las pruebas allegadas al expediente, que del
contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024 se haya obtenido,
injustificadamente, un incremento patrimonial o un beneficio de otra índole para el
concejal accionado o para terceros, en razón a que los pagos se hicieron
directamente a la contratista con ocasión del mencionado contrato y, previo al
desembolso, se verificó el pago de prestaciones sociales y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del contratista, las que:
“[…] fueron desarrolladas hasta el día de la finalización del contrato, y acreditadas
mediante la presentación de informes detallados de actividades desarrolladas en los
que incluso retrató fotográficamente las labores ejecutadas. Adicionalmente, se
ordenó la incorporación de los saldos presupuestales a favor de la entidad por el
período de contrato no ejecutado, lo que denota la intención de no destinar
indebidamente los dineros de la Corporación. […]”
37. Concluyó, conforme a lo expuesto, que no se acreditó el tercer elemento para la
configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, puesto que no se probó que los dineros públicos
hayan sido destinados a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos
por la Constitución Política, la ley o el reglamento, o que su destinación tenía la
finalidad de obtener un incremento patrimonial para el accionado o para terceros.
38. Precisó que:
“[…] si bien es cierto se allegó acta de posesión No.036 en la que consta que se
designó a la señora Carolina Acosta Martínez como Docente Temporal de Aula de la
Secretaría de Educación de Girardot – Cundinamarca a partir del 1 de marzo de 2024,
periodo que fue concomitante con el desempeño como contratista del Concejo, no es
menos cierto que en el hecho 3 de la demanda el extremo de la pate (sic) actora
manifiesta que ella “nunca mencionó su otra vinculación al Magisterio”, afirmación
que es corroborada en el hecho 2 de la contestación de demanda por la parte
accionada cuando indica que la vinculación de esta con la docencia oficial “no fue
consultada o informada al Concejal demandado, ni al supervisor del contrato”,
por manera que, al no haber controversia sobre esta situación, se tiene como un
hecho probado.
En este orden de ideas, el actuar de la señora Carolina Acosta Martínez, al margen
de la responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales que le puedan
acarrear, en nada compromete la responsabilidad del Concejal Jorge Enrique
Hernández Mayorga, ni permite que se configure en su contra la causal de indebida
destinación de recursos públicos, pues él, en atención al contrato suscrito y al
cumplimiento y entrega de productos pactados en el mismo tenía el deber contractual
y legal de pagar los honorarios acordados, sin que le fuese posible sustraerse, sobre
todo, al tener nulo conocimiento de que la contratista se había posesionado como
docente del Magisterio Municipal.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de junio de
202314, decidió un asunto sobre pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos, en la cual argumentó que, “la indebida destinación de dineros
públicos se concreta cuando un miembro de una corporación pública, en su condición
de servidor público, de manera directa o indirecta, destina o aplica dineros
públicos a fines diferentes, prohibidos, injustificados o no autorizados por la
14
Consejo de Estado, Sección Primera Sentencia del 16 de junio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
nro. 54001-23-33-000-2022-00165-01 (PI) Demandante: Crisanto Sánchez Pérez
8
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Constitución, la ley o el reglamento, ya sea en provecho propio o de un tercero.”
(resaltado fuera del texto), por tal, es dable decir que la conducta realizada por el
demandado tenía como objetivo desarrollar sus obligaciones como Presidente del
Concejo y cumplir con el contrato suscrito con la señora Carolina Acosta Martínez,
quien por demás manifestó no tener inhabilidades e incompatibilidades para la
contratación, situación que impide evidenciar en este proceso el cumplimiento de los
criterios para declarar configurado el elemento objetivo y por tanto, probada la causal
alegada por el señor Diego Alejandro Herrera Arias. […]” (negrilla y subrayado del
texto).
39. Manifestó finalmente que, en la medida en que no estaban reunidos los requisitos
objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, se tornaba innecesario el análisis del elemento
subjetivo de culpabilidad.
I.5. El recurso de apelación15
40. El accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación orientado a que se revoque en su integridad y, en su lugar, se acceda
a las pretensiones de la solicitud.
41. Estimó que el accionado, en su condición de presidente de la mesa directiva del
Concejo Municipal de Girardot para la vigencia 2024 y ordenador del gasto habría
incurrido en indebida destinación de dineros públicos, puesto que:
“[…] Considero que incurrió en dicha causal dado que su condición de presidente del
concejo del municipio de Girardot ordenó reconocer y pagar los honorarios que la
contratista suscribió con el respectivo contrato y respecto a las exculpaciones que
manifiesta la defensa del concejal demandado para justificar su conducta, tampoco
son de recibo por este demandante en el sentido de que su obrar fue que desconocía
que la contratista tenía otra vinculación con el Magisterio, como es sabido es, que la
ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplir las normas y menos pretender
ser relevado de las consecuencias legales que ello acarrea, máxime si la causal
endilgada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos prevista en el Art. 48
numeral 4 de la ley 617 de 2000, no contempla causal de justificación alguna, cómo
si las consagró el legislador para las indicadas en los numerales 2 y 3.
Tampoco es causal de exoneración el hecho de que la contratista haya renunciado
un mes antes de la terminación de ese contrato en el concejo municipal, por cuanto
la falta, de todas maneras, se configuró, al haber ordenado un gasto.
Cabe señalar que la sala plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 30 de mayo de 2000 (expediente número AC-9877,
Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar se pronunció sobre los alcances del
concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento
tipificador (sic) de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el
congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer
competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales pre establecidos en la constitución, la ley o el reglamento, para
destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros si autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial
15
Cfr. Índice 47, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
9
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas”. […]”
I.6. Trámite del recurso de apelación
42. Mediante auto de 3 de junio de 202516, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante en contra de la sentencia de 5 de mayo de 2025.
43. En auto de 27 de junio de 202517 se resolvió admitir el recurso de apelación
interpuesto por el accionante y se corrió traslado del auto admisorio a la parte
accionada y al agente del Ministerio Público, por el término de tres (3) días.
44. Laparte accionada intervino dentro del término mencionado y reiteró los
argumentos expuestos a lo largo del proceso18. El agente del Ministerio Público, por
su parte, presentó el Concepto núm. 302-25 de 10 de julio de 202519, en el cual
concluyó que:
“[…] De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las
pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas
en este concepto, para esta Procuraduría Delegada respecto del concejal
demandado, no se configura la causal contemplada en el artículo 48-4 de la Ley 617
de 2000 y en el artículo 55-2 de la Ley 136 de 1994, relacionada con la indebida
destinación de recursos públicos.
Por todo lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés
general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos
fundamentales, comedidamente solicita a esa Honorable Corporación que, en este
evento, SE CONFIRME LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA que negó la
pérdida de investidura del señor JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA como
concejal del municipio de Girardot – Cundinamarca. […]” (negrilla del texto).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
45. Esta Sala de Decisión, para resolver la presente controversia, abordará: i) la
competencia; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del accionado;
iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de investidura invocada; y v) los
cargos formulados por el apelante contra la sentencia de primera instancia.
II.1. La competencia
46. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley
16
Cfr. Índice 49, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
17
Cfr. Índice 5, SAMAI.
18
Cfr. Índice 10, SAMAI.
19
Cfr. Índice 11, SAMAI.
10
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201920, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15021 de la Ley 1437.
II.2. La acreditación de la condición de concejal
47. La condición del accionado, señor Jorge Enrique Hernández Mayorga, como
concejal del municipio de Girardot, período 2024-2027, se encuentra acreditada por
la copia de formato E2722, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
mediante el cual se declaró que:
“[…] JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ MAYORGA identificado(a) con (…) ha sido
elegido(a) CONCEJAL por el Municipio de GIRARDOT – CUNDINAMARCA, para el
Periodo Constitucional de 2024 al 2027, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
[…]” (negrilla del texto).
48. Obra copia del formato E-26 CON23, acta del escrutinio municipal, expedido por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, correspondiente a las elecciones de
autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023 para el municipio de
Girardot (Cundinamarca).
49. Consta en dicho formato la declaratoria de la elección de los concejales para el
municipio de Girardot, período 2024-2027, dentro de los cuales se encuentra el
accionado, “[…] HERNANDEZ MAYORGA JORGE ENRIQUE […]”.
50. Se precisa que la condición del accionado como concejal del municipio Girardot,
período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación.
II.3. El problema jurídico
51. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201224, aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por el accionante, se contrae a determinar si debe
revocarse la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la “[…] Sala Especial
de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
[…]”, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura presentada en
contra del señor Jorge Enrique Hernández Mayorga, concejal del municipio de
Girardot, período 2024-2027, por encontrarse acreditado, en su concepto, que
incurrió en indebida destinación de dineros públicos, causal de pérdida de
20
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
21
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en
materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. […]”.
22
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
23
Cfr. Índices 12 y 13, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
24
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”
11
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
investidura prevista en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4.
del artículo 48 de la Ley 617.
II.4. La causal de pérdida de investidura invocada
52. El accionado le atribuyó al señor Jorge Enrique Hernández Mayorga, concejal del
municipio de Girardot, período 2024-2027, la causal de pérdida de investidura
contenida en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de dineros públicos, normas
del siguiente tenor:
• Ley 136
“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:
(…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos. […]” (negrilla del texto)
• Ley 617
“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]” (negrilla del texto)
53. La Sala25 ha señalado, frente a esta causal de pérdida de investidura que:
“[…] 43. La causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos no está definida expresamente en la ley, por ello, le ha correspondido a la
jurisprudencia de esta Corporación, a través de la Sala Plena, sus salas
especializadas y esta Sección delimitar los supuestos y los eventos en los que tiene
lugar su configuración.
44. Se ha considerado que es autónoma e independiente de los tipos penales, pues
si bien es cierto que algunas conductas son castigadas desde el derecho penal, no
necesariamente debe tratarse de conductas tipificadas como delitos debido a que, si
bien se trata de una manifestación del Ius Puniendi del Estado, cada uno de estos
juicios están llamados a perseguir objetos y finalidades diferentes.
45. La Sección Primera, al igual que la Sala Plena de esta Corporación26 han señalado
que para la configuración de esta causal de pérdida de investidura se requiere de la
conjunción de dos elementos: el sujeto activo que desarrolla la conducta debe ser un
servidor público de elección popular que ejerza competencias inherentes a su
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-
000-2023-00874-00.
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de julio de 2003, expediente: 11001-03-
15-000-2003-00278-01, accionante: Belma Genith Olarte Casallas, accionado: Wellington Ortiz Palacio, CP: Tarsicio Cáceres
Toro.
12
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
investidura y, por otro lado, debe estar presente una conducta que se configura
cuando el sujeto activo, al ejercer dichas atribuciones “[…] traicione, cambie o
distorsione […]” los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución
Política, la Ley y el reglamento.
46. A modo enunciativo la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, ocurre en los siguientes casos:
i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no
autorizados;
ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros27.
47. La jurisprudencia de esta Corporación28 ha establecido como uno de sus
elementos “[…] tipificadores […]” la efectiva aplicación de los dineros públicos de
manera indebida, es decir, que se materialice la destinación ya que solo así puede
concluirse que hubo afectación del erario, lo que implica que la destinación se
concrete materialmente en el objeto, actividad o propósito prohibido. […]”
54. La Sección29, igualmente, ha señalado que:
“[…] 50.1. La indebida destinación de dineros públicos es una norma abierta porque
la normativa Constitucional y legal no establece el alcance de la causal ni detalla un
catálogo de conductas específicas que la configuran, lo cual atiende a la finalidad de
la causal, cual es: censurar cualquier uso de los dineros públicos para fines no
previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución Política, las leyes
o el reglamento, porque con ello traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la normativa que regula el gasto30.
50.2. Si bien la indebida destinación de dineros públicos se puede configurar a través
de la transgresión de tipos penales, “[…] dada la autonomía e independencia existente
entre las acciones de pérdida de investidura y penal, las conductas que materializan
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de 2004, radicado:
25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa,
MP: Camilo Arciniegas Andrade.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2016, C.P.
Guillermo Vargas Ayala, radicación núm. 05001-23-33-000-2015-01260-01.
29
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de abril de 2025. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 250002315000202400874-01.
30
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
Sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00.
Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).
13
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
la indebida destinación de dineros públicos configuran la causal de pérdida de
investidura sin que necesariamente deban estar tipificadas como delitos […]”31
50.3. Para efectos de la causal de pérdida de investidura, la expresión “dinero público”
se debe entender como aquel el recurso públicos que administra el Estado.
50.4. La configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura
sub examine requiere la prueba de tres elementos, a saber: i) que se ostente la
condición de miembro de corporación pública de elección popular; ii) que se esté
frente a dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente
destinados.
50.5. La indebida destinación de dineros públicos se configura en los siguientes
casos:
50.5.1. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina los
dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
50.5.2. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los destina
a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos
dineros se encuentran asignados.
50.5.3. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la
Constitución, la ley o el reglamento.
50.5.4. Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica los
dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
50.5.5. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros.
50.5.6. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros. […]”
II.5. Los cargos formulados por el apelante en contra de la sentencia de
primera instancia
55. El apelante consideró que el concejal accionado, en su condición de presidente
de la mesa directiva del Concejo Municipal de Girardot para la vigencia 2024 y
ordenador del gasto, habría incurrido en indebida destinación de dineros públicos,
puesto que:
“[…] Considero que incurrió en dicha causal dado que su condición de presidente del
concejo del municipio de Girardot ordenó reconocer y pagar los honorarios que la
contratista suscribió con el respectivo contrato y respecto a las exculpaciones que
manifiesta la defensa del concejal demandado para justificar su conducta, tampoco
son de recibo por este demandante en el sentido de que su obrar fue que desconocía
31
Ver Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión de Pérdida de Investidura; sentencia de 3 de diciembre de
2019; proceso identificado con el número único de radicación 110010315000201900771-00 C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.
En dicha providencia se citan las sentencias: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de
19 de octubre de 1994. MP. Juan de Dios Montes. Expediente AC-2102. Sentencia del 30 de julio de 2002. MP Jesús María
Lemos Bustamante, expediente: 11001-03-15-000-2001-0248-01 y concluye que la autonomía entre las acciones penal y de
pérdida de investidura es congruente con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 del 14 de julio de
1994, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del parágrafo segundo del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, que
condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de investidura de los miembros del Congreso por indebida destinación
de dineros públicos o tráfico de influencias, a la existencia previa de sentencia penal condenatoria.
14
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
que la contratista tenía otra vinculación con el Magisterio, como es sabido es, que la
ignorancia de la ley no sirve de excusa para incumplir las normas y menos pretender
ser relevado de las consecuencias legales que ello acarrea, máxime si la causal
endilgada, esto es, la indebida destinación de dineros públicos prevista en el Art. 48
numeral 4 de la ley 617 de 2000, no contempla causal de justificación alguna, cómo
si las consagró el legislador para las indicadas en los numerales 2 y 3.
Tampoco es causal de exoneración el hecho de que la contratista haya renunciado
un mes antes de la terminación de ese contrato en el concejo municipal, por cuanto
la falta, de todas maneras, se configuró, al haber ordenado un gasto.
Cabe señalar que la sala plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 30 de mayo de 2000 (expediente número AC-9877,
Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar se pronunció sobre los alcances del
concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento
tipificador (sic) de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el
congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer
competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
cometidos estatales pre establecidos en la constitución, la ley o el reglamento, para
destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a
otros si autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no
necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial
personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas”. […]”
56. El cuestionamiento que realiza el apelante frente a la sentencia de primera
instancia radica en que estima que el accionado sí incurrió en indebida destinación
de dineros públicos al ordenar el pago de los honorarios a la señora Carolina Acosta
Martínez, contratista del Concejo Municipal de Girardot, a pesar de que la señora
Acosta Martínez tenía un vínculo con el magisterio.
57. Indicó que no podía justificarse la conducta del concejal accionado en que
desconocía que la contratista tuviera el vínculo aludido -con el magisterio-, puesto
que la ignorancia de la ley no servía de excusa para incumplir las normas, ni en que
la contratista haya renunciado un mes antes de la terminación del contrato, puesto
que ya la falta se habría configurado, al haber ordenado un gasto.
58. Al respecto, en el expediente se encuentran las siguientes pruebas:
58.1. Certificación de 13 de febrero de 202432, suscrita por el secretario general
encargado del Concejo Municipal de Girardot, por la cual se indica que:
“[…] Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024, se
verificó que el objeto PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA
MUJER Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL, se encuentra inscrito y contemplado en el PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES del Concejo Municipal de Girardot, para ser contratado en el mes
de FEBRERO de 2024, en la modalidad de contratación directa, con un plazo de
ejecución de CUATRO (04) meses. […]” (negrilla del texto)
32
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
15
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
58.2. Certificación de 13 de febrero de 202433, suscrita por el secretario general
encargado del Concejo Municipal de Girardot, por la cual se indica que:
“[…] Que una vez revisado los respectivos manuales internos y planta de personal de
la Corporación Concejo Municipal de Girardot, no existe personal con disponibilidad
para que desarrolle actividades de PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA
MUJER Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL,
por lo tanto, es necesario realizar la contratación de una persona que las ejecute. […]”
(negrilla del texto)
58.3. Copia de los estudios previos34, soporte para adelantar la contratación de un
profesional para “[…] el acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la
mujer y demás actividades administrativas del concejo municipal […]”, elaborados
por el secretario general encargado del Concejo Municipal de Girardot.
58.4. Copia de la solicitud de disponibilidad presupuestal núm. 030 de 30 de enero
de 2024, suscrita por el accionado, señor Jorge Enrique Hernández Mayorga 35,
basada “[…] EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONCEJO DE GIRARDOT
APROBADO EN LA RESOLUCIÓN 005 DE 2024 […]”.
58.5. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal núm. CDP-2024-0030 de
30 de enero de 202436, suscrito por el “[…] PRESIDENTE DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE GIRARDOT […]”, así:
33
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
34
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
35
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
36
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
16
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
58.6. Copia de la hoja de vida de la señora Carolina Acosta Martínez y sus soportes37.
58.7. Se allegó, con los soportes de la hoja de vida de la señora Acosta Martínez,
copia del certificado ordinario de antecedentes núm. 238882261 de 14 de enero de
202438, expedido por la Procuraduría General de la Nación en donde se indica que
la señora Acosta Martínez no registra sanciones ni inhabilidades vigentes; así como
copia de la certificación expedida por la Contraloría General de la República, fecha
13 de enero de 202439, que informa que la señora Acosta Martínez no se encuentra
reportada como responsable fiscal, y copia de la declaración juramentada de
inhabilidades e incompatibilidades de 25 de enero de 202440, en el siguiente sentido:
37
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
38
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
39
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
40
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
17
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
58.8. Copia de la propuesta económica y de servicios de 13 de febrero de 2024,
dirigida por la señora Carolina Acosta Martínez al presidente del Concejo Municipal
de Girardot41 y evaluación de esta realizada el mismo día, 13 de febrero de 2024,
por el secretario general encargado de la citada corporación42.
58.9. Copia del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024 de
fecha 20 de febrero de 202443.
58.10. Elcontrato fue suscrito por la señora Carolina Acosta Martínez, como
contratista, y por el señor Jorge Enrique Hernández Mayorga como presidente del
Concejo Municipal de Girardot y, en lo pertinente, el contrato señala lo siguiente:
“[…] Entre los suscritos a saber por una parte, JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ
MAYORGA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número
11.318.373 de Girardot, en calidad de PRESIDENTE del CONCEJO MUNICIPAL DE
GIRARDOT, elegido por la plenaria del Honorable Concejo y posesionado para el
período 2024, según Acta de fecha 02 de Enero de 2024, teniendo en cuenta lo
dispuesto por la Ley 80 de 1993, y considerando la Resolución número 005 de fecha
Enero 07 del 2024 mediante la cual se desagrega el Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT para la vigencia fiscal
del año 2024 y la Resolución 007 de enero 09 del 2024, mediante la cual se
establece el Programa Anual de caja del CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT
(PAC), para la vigencia Fiscal del año 2024, quien en adelante se denominará EL
CONCEJO por una parte; y por otra parte CAROLINA ACOSTA MARTÍNEZ (…)
quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el
presente contrato de prestación de servicios de profesionales (sic) de acuerdo con las
41
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
42
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
43
Cfr. Índices 2 y 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
18
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
siguientes consideraciones: 1.) Que es necesario contratar un profesional para el
acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la mujer y demás actividades
administrativas del concejo municipal 2.) Que dentro de la planta de personal
existente no se cuenta con personal suficiente con disponibilidad para el cumplimiento
de este fin 3) Que, según lo dispuesto en el literal h, numeral 4 del artículo 2 de la Ley
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, por
ser un contrato de prestación de servicios, este tipo de contrato puede adelantarse
por la modalidad de contratación directa. 4.) Que existe la correspondiente
disponibilidad presupuestal la cual hace parte integral del presente contrato. 5.) Que
el contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE
LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER Y DEMÁS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL. OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA Para el cumplimiento del objeto contrato en la cláusula anterior,
el CONTRATISTA deberá realizar las siguientes actividades: 1. Asesorar y
acompañar a los miembros de la comisión legal para la equidad de la mujer en todas
las sesiones de la comisión y reuniones que realicen 2. Resolver inquietudes a todos
los miembros de la corporación en los temas relacionados del objeto contractual 3. Apoyar en la elaboración del reglamento interno de la comisión legal para la equidad
4. Hacer uso adecuado, racional, eficiente, eficaz y con responsabilidad de los
implementos y equipos de trabajo asignados para el cumplimiento de sus obligaciones
5. Hacer seguimiento de las políticas públicas de la mujer del municipio de Girardot
6. Apoyar y acompañar los procesos y proyectos con el consejo consultivo de la mujer
y equidad del municipio de Girardot en articulación con el Concejo Municipal y la
administración municipal 7. Colaborar con la gestión logística, administrativa,
operativa y las demás actividades que deban realizarse en la corporación 8. Las
demás que le sean designadas por el presidente o superior del contrato. (…)
CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO. El valor del presente contrato es de
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.800.000)
PARÁGRAFO. El valor del presente contrato incluye todos lo tributos y demás costos
en que incurra el CONTRATISTA en razón de su ejecución, de conformidad con la
propuesta presentada. CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO. El CONCEJO
pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato a título de OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.00) M/CTE Cancelado de la siguiente manera: UN PRIMER (1) PAGO POR EL VALOR DE UN MILLÓN TRECIENTOS (sic) VEINTE
MIL PESOS ($1.320.000) M/CTE AL FINALIZAR EL MES DE FEBRERO Y tres (03)
pagos mensuales vencidos cada uno por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($2.200.000) M/CTE y un último pago por OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($880.000) M/CTE a la fecha de terminación del
contrato. Los desembolsos se efectuarán dentro de los cinco (05) días siguientes a la
presentación de la cuenta de cobro de la contratista. El pago estará precedido de la
certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso los pagos indicados en la presente
cláusula podrán acumularse entre sí. De llegar a presentarse esta situación el concejo
no asegura el pago oportuno de las sumas acumuladas en la misma vigencia fiscal. PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago de
las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de
la Ley 789 de 2022 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor que no verifique
el pago al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales incurrirá en
causal de mala conducta y estará sujeto a las sanciones establecidas en el Código
Único Disciplinario (Ley 734 de 2002). (…) CLAUSULA NOVENA.
IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAL. EL CONCEJO pagará al CONTRATISTA el valor del presente
contrato con cargo a la vigencia fiscal 2024, CDP No. 2024-0030, en el RUBRO: 2.1.2.02.02.008 FUENTE: 9001 NOMBRE: SERVICIOS PRESTADO A LAS
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN FUENTE: LIBRE DESTINACIÓN. CLAUSULA DECIMA. PLAZO. El plazo del presente contrato es de CUATRO (04)
MESES, contados a partir del acta de iniciación, previo perfeccionamiento y
legalización. (…) CLAUSULA DECIMA TERCERA. SUPERVISARIA: El concejo
efectuará la supervisión del presente contrato a través del SECRETARIO GENERAL
19
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
DEL CONCEJO. (…) CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla
incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones
previstas para contratar en la Constitución Política, artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y
demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución
del contrato se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9° de la misma ley. (…)
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se perfecciona con la
suscripción de las partes y para su ejecución se requiere: A) Registro presupuestal.
[…]” (negrilla del texto)
58.11. Copia del acta aclaratoria a la minuta del contrato de prestación de servicios
profesionales núm. 023-2444.
58.12. Copia del acta de inicio del contrato de prestación de servicios profesionales
núm. 023-2024 suscrita entre el secretario general encargado del Concejo Municipal
de Girardot y la contratista, señora Carolina Acosta Martínez, el 20 de febrero de
202445, para dar inicio a la ejecución del presente contrato.
58.13. Copia del Registro presupuestal RP-2024-0061 de 20 de febrero de 202446,
así:
58.14. Comunicación de 20 de febrero de 2024, a través del cual el presidente del
Concejo Municipal de Girardot, señor Jorge Enrique Hernández Mayorga, le informó
44
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
45
Cfr. Índices 2 y 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
46
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
20
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
al secretario general encargado de esa corporación su designación como supervisor
del contrato núm. 023-202447.
58.15. Copia de i) la cuenta de cobro núm. 01 de la señora Carolina Acosta Martínez
por la suma de $1.320.000 por el período 20 a 29 de febrero de 2024 con ocasión
de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024;
ii) informe de actividades de la contratista; iii) informe de supervisión núm. 01 por el
mencionado período (20 a 29 de febrero de 2024), en el cual se certificó que la
contratista cumplió con el objeto, obligaciones, pago de la seguridad social y
compromisos contractuales adquiridos; iv) pago a seguridad social de 29 de febrero
de 2024; y v) orden de pago OP-2024-00069 y comprobante de egreso EGR-2024-
00070, ambos de 5 de marzo de 2024, por la suma de $1.320.00048.
58.16. Copia de i) la cuenta de cobro núm. 02 de la señora Carolina Acosta Martínez
por la suma de $2.200.000 por el período 1. ° a 30 de marzo de 2024 con ocasión
de la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024;
ii) informe de actividades de la contratista; iii) informe de supervisión núm. 02 del
mencionado período (1. ° al 30 de marzo de 2024), en el cual se certificó que la
contratista cumplió con el objeto, obligaciones, pago de la seguridad social y
compromisos contractuales adquiridos; iv) pago a seguridad social de 26 de marzo
de 2024; v) acta de compromiso al contrato de prestación de servicios profesionales
núm. 023-2024 suscrita por la contratista; y vi) orden de pago OP-2024-00093 y
comprobante de egreso EGR-2024-00095, ambos de 26 de marzo de 2024, por la
suma de $2.200.00049.
58.17. Copia de i) la cuenta de cobro núm. 03 de la señora Carolina Acosta Martínez
por la suma de $2.200.000 por el período “[…] 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024
[…]” (negrilla y subrayado del texto) con ocasión de la ejecución del contrato de
prestación de servicios profesionales núm. 023-2024; ii) informe de actividades de
la contratista; iii) informe de supervisión por el período “[…] 01 de abril al 31 de abril
de 2024 […]”, en el cual se certificó que la contratista cumplió con el objeto,
obligaciones, pago de la seguridad social y compromisos contractuales adquiridos;
y iv) pago de seguridad social de 3 de mayo de 202450.
58.18. Copia de la solicitud de terminación del contrato núm. 023-2024 de 30 de abril
de 202451, dirigida al supervisor del contrato por parte de la contratista, señora
Carolina Acosta Martínez, así:
47
Cfr. Índices 2 y 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
48
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
49
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
50
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
51
Cfr. Índices 2 y 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
21
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
58.19. Copia del acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo del
contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024 de 2 de mayo de
202452, cuyo contenido, en lo pertinente, es el siguiente:
“[…] 1. Que entre el CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT y CAROLINA ACOSTA
MARTINEZ (…) se celebró el Contrato de prestación de servicios profesionales N°
023 del 20 DE FEBRERO DE 2024, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISIÓN LEGAL PARA
LA EQUIDAD DE LA MUJER Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE GIRARDOT.
2. Que el Registro Presupuestal N° 2024-061 fue expedido el 20 de febrero de 2024,
el contrato fue suscrito por las partes el 20 de febrero de 2024, Por lo tanto (sic), se
cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que, de acuerdo con la cláusula DÉCIMA del contrato, el plazo se establece a partir
de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con ésta, se fijó
como fecha de iniciación el 20 de febrero de 2024 quedando como fecha de
terminación el día 19 de junio de 2024.
DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Que el día 20 de febrero de 2024 se dio inicio al contrato de prestación de servicios
profesionales No. 023-2024. Del cual se suscribió acta de inicio por parte del concejo
municipal y la señora CAROLINA ACOSTA MARTINEZ.
52
Cfr. Índices 2 y 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
22
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Que el contratista solicitó, dar por terminado y liquidar por mutuo acuerdo el contrato
de prestación de servicios 023-2024. Lo anterior obedece a motivos personales como
lo estipula en el documento presentado el día 30 de abril de 2024.
Se determina que es viable la solicitud por cuanto el Concejo Municipal, debe buscar
alternativa frente a eventos no previstos. Decide terminar de común acuerdo el
contrato de prestación de servicios profesionales No. 023-2024 y efectuar la
respectiva liquidación.
Que una vez efectuada la respectiva acta de terminación y liquidación, se procede a
realizar los respectivos trámites presupuestales. Para efectuar las incorporaciones de
los saldos a favor de la entidad que se estipulen en la liquidación.
4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y
salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones, ARP, Servicios Sociales Complementarios y parafiscales (esto teniendo
en cuenta la calidad del contratista) de él y de sus empleados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes
SUSCRIBEN LAS PARTES:
1. Dar por Terminado y liquidado por mutuo acuerdo el Contrato de prestación de
servicios profesionales N. 023 del 20 de FEBRERO DE 2024, cuyo objeto es
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA
COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER Y DEMÁS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.
2. El contratista una vez suscrita la presente acta de terminación y liquidación de
mutuo acuerdo, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía
administrativa, judicial o extrajudicial por eventos perjuicios. Pues declara no a verlos
(sic) sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas
entre las partes del Contrato de prestación de servicios profesionales No. 023-2024
3. La presente acta de terminación y liquidación de mutuo acuerdo y los documentos
enunciados hacen parte integral de la carpeta o expediente del contrato de prestación
de servicios profesionales No. 023-2024.
4. Sin salvedades a la presente acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo,
en concordancia de todo lo anterior se firma la presente acta de liquidación en
23
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
Girardot Cundinamarca, a los dos (02) días del mes de mayo del 2024. […]” (negrilla
del texto)
58.20. Copia de la orden de pago OP-2024-0133 y del comprobante de egresos EGR-
2024-0136, ambos de 6 de mayo de 2024 y por la suma de $2.200.00053.
58.21. Copia del acta de posesión de 1. ° de marzo de 2024, en la cual consta que
compareció, ante el Alcalde Municipal de Girardot, la señora Carolina Acosta
Martínez para tomar posesión temporal del empleo de docente de aula, para el cual
fue incorporada por el Decreto núm. 090 de 22 de febrero de 202454:
“[…] Secretaría De Educación De Girardot
DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACIÓN
ACTA DE POSESIÓN
FOLIO No. 036
Al PRIMER (01) día del mes de MARZO de DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
compareció ante el Alcalde Municipal de Girardot, el(la) señor(a) CAROLINA
ACOSTA MARTINEZ (…) con el objeto de tomar posesión TEMPORAL del empleo
de DOCENTE DE AULA, para el cual fue incorporado(a) por medio del DECRETO
No 090 del 22-02-2024. El señor Alcalde Municipal de Girardot, recibió el juramento
con las formalidades legales y bajo la gravedad del mismo prometió cumplir bien y
fielmente con los deberes que el cargo le impone. El posesionado presentó los
siguientes documentos.
(…)
(…) declaración juramentada de no poseer demandas de alimentos,
inhabilidades e incompatibilidades, aceptación de nombramiento y declaración
juramentada de autenticidad de documentos.
OBSERVACIONES: ESTA ACTA SURTE EFECTOS FISCALES A PARTIR DE LA
FECHA Y TIENE VIGENCIA HASTA TANTO LA DOCENTE TITULAR DEL EMPLEO
REGRESE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. […]” (negrilla y subrayado del texto)
59. Para la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos se requiere i) tener la condición de miembro de
corporación pública de elección popular; ii) que se esté frente a dineros públicos; y
iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados.
60. Está acreditado en el expediente, además no fue objeto de cuestionamiento en
el recurso de apelación, que el accionado tuviera, al momento de los hechos, la
condición de concejal del municipio de Girardot, período 2024-2027, y de presidente
del Concejo Municipal de Girardot.
61. Está probado, igualmente, que los recursos con los cuales se realizaron los
pagos correspondientes al contrato de prestación de servicios profesionales núm.
53
Cfr. Índice 22, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
54
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 25000231500020250010800.
24
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
023-202455, eran dineros públicos del presupuesto del Concejo Municipal de
Girardot, en atención a lo previsto en i) los estudios previos que dieron lugar a la
celebración del citado contrato56; ii) al contrato de prestación de servicios
profesionales núm. 023-202457; y iii) el certificado de disponibilidad presupuestal
CDP-2024-0030 de 30 de enero de 2024 y el registro presupuestal RP-2024-0061
de 20 de febrero de 2024.
62. Corresponde establecer, si los dineros públicos fueron indebidamente
destinados. Como lo ha destacado esta Sección58, la indebida destinación de
dineros públicos se configura:
i) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular destina
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular los
destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a
los cuales esos dineros se encuentran asignados.
iii) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos
por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Cuando el miembro de la corporación pública de elección popular aplica
los dineros públicos a materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros.
63. El apelante afirma que el accionado destinó indebidamente dineros públicos al
ordenar el pago de los honorarios a la señora Carolina Acosta Martínez, contratista
del Concejo Municipal de Girardot, a pesar de que la señora Acosta Martínez tenía
un vínculo con el magisterio.
55
Conforme i) a los órdenes de pago OP-2024-00069 de 5 de marzo de 2024, OP-2024-00093 de 26 de marzo de 2024 y OP-
2024-0133 de 6 de mayo de 2024; ii) los comprobantes de egreso EGR-2024-00070 de 5 de marzo de 2024, EGR-2024-
00095 de 26 de marzo de 2024 y EGR-2024-0136 de 6 de mayo de 2024; y iii) el acta de terminación y liquidación anticipada
por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024, en el cual se indica que a la
contratista se le realizaron tres (3) pagos por las sumas de $1.320.000, $2.200.000 y $2.200.000.
56
“[…] El valor estimado para la presente contratación se Estima en la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS ($8.800.00) M/CTE, debidamente respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2024-0030 del
30 de Enero de 2024, cuya descripción corresponde al RUBRO: 2.1.2.02.008-9001 NOMBRE: SERVICIOS PRESTADO (sic)
A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN FUENTE: LIBRE DESTINACIÓN. […]” (negrilla del texto)
57
“[…] CLAUSULA NOVENA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. EL CONCEJO pagará al CONTRATISTA el valor del
presente contrato con cargo a la vigencia fiscal 2024, CDP No. 2024-0030, en el RUBRO: 2.1.2.02.02.008 FUENTE: 9001
NOMBRE: SERVICIOS PRESTADO (sic) A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN FUENTE: LIBRE
DESTINACIÓN. […]” (negrilla del texto)
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de abril de 2025. Consejero
ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Radicación núm.: 250002315000202400874-01.
25
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
64. Manifestó que no podía justificarse la conducta del concejal accionado en que
desconocía que la contratista tuviera el vínculo aludido -con el magisterio-, puesto
que la ignorancia de la ley no servía de excusa para incumplir las normas, ni en que
la contratista haya renunciado un mes antes de la terminación del contrato, puesto
que ya la falta se habría configurado, al haber ordenado un gasto.
65. En el expediente se encuentra, como se indicó anteriormente, el acta de posesión
de 1. ° de marzo de 2024, la cual se trascribe nuevamente, así:
“[…] Secretaría De Educación De Girardot
DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FOLIO No. 036
ACTA DE POSESIÓN
Al PRIMER (01) día del mes de MARZO de DOS MIL VEINTICUATRO (2024)
compareció ante el Alcalde Municipal de Girardot, el(la) señor(a) CAROLINA
ACOSTA MARTINEZ (…) con el objeto de tomar posesión TEMPORAL del empleo
de DOCENTE DE AULA, para el cual fue incorporado(a) por medio del DECRETO
No 090 del 22-02-2024. El señor Alcalde Municipal de Girardot, recibió el juramento
con las formalidades legales y bajo la gravedad del mismo prometió cumplir bien y
fielmente con los deberes que el cargo le impone. El posesionado presentó los
siguientes documentos.
(…)
(…) declaración juramentada de no poseer demandas de alimentos,
inhabilidades e incompatibilidades, aceptación de nombramiento y declaración
juramentada de autenticidad de documentos.
OBSERVACIONES: ESTA ACTA SURTE EFECTOS FISCALES A PARTIR DE LA
FECHA Y TIENE VIGENCIA HASTA TANTO LA DOCENTE TITULAR DEL EMPLEO
REGRESE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. […]” (negrilla y subrayado del texto)
66. El artículo 105 de la Ley 115 de 8 de febrero de 199459 destaca que:
“[…] ARTÍCULO 105. VINCULACIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO ESTATAL. La
vinculación de personal docente, directivo y administrativo al servicio público
educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho por decreto y
dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial.
Únicamente podrán ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos
de la educación estatal, dentro de la planta de personal, quienes previo concurso,
hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales.
(…)
PARÁGRAFO 2o. Los educadores de los servicios educativos estatales tienen el
carácter de servidores públicos de régimen especial. […]” (negrilla del texto)
59
“[…] Por la cual se expide la ley general de educación. […]”.
26
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
67. El Decreto núm. 1075 de 26 de mayo de 2015 60, al regular la provisión de cargos
del sistema especial de carrera docente, define a los docentes de aula, cargo del
cual tomó posesión la señora Carolina Acosta Martínez, de la siguiente forma:
“[…] ARTÍCULO 2.4.6.3.3. Tipos de cargos docentes. Los cargos docentes son de
tres tipos: docentes de aula, docentes orientadores y docentes de apoyo pedagógico,
así:
1. Docentes de aula: son los docentes con asignación académica a través de
asignaturas y/o proyectos pedagógicos curriculares para desarrollar, en los niveles de
básica y media, las áreas obligatorias o fundamentales y optativas, y en el nivel de
preescolar, las experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, de
conformidad con el plan de estudios adoptado por el Consejo Directivo del
establecimiento educativo.
Igualmente son responsables de las demás actividades curriculares
complementarias, entre las cuales está el descanso pedagógico, que le sean
asignadas por el rector o director rural, en desarrollo del proyecto educativo
institucional del establecimiento educativo adoptado por el Consejo Directivo.
Los cargos de docentes de aula serán ejercidos por:
a) Docentes de preescolar;
b) Docentes de primaria;
c) Docentes de áreas de conocimiento de básica y media en las áreas de que tratan
los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994.
Para el área de educación artística, habrá docentes de aula para las especialidades
que se determinen en la convocatoria al respectivo concurso de méritos para el
ingreso al servicio educativo estatal, de acuerdo con los planes de estudio y el
proyecto educativo de las instituciones educativas oficiales.
Para el nivel de educación media técnica, los cargos de docentes de aula
corresponderán a la especialidad técnica de este nivel de formación, según lo
determinado en el proyecto educativo institucional de las respectivas instituciones
educativas.
La asignación académica y la jornada laboral de los docentes de aula serán las
establecidas en los artículos 2.4.3.2.1 y 2.4.3.3.3 del presente decreto.
(…)
(Modificado por el Art. 9 del Decreto 2105 de 2017) […]” (negrilla del texto)
68. El nombramiento provisional de docentes se reguló, así:
“[…] ARTÍCULO 2.4.6.3.10. Nombramiento provisional. El nombramiento
provisional se aplica para la provisión transitoria de cargos docentes que se hallen en
vacancia temporal o definitiva y se hará mediante acto debidamente motivado
expedido por la autoridad nominadora con personal que reúna los requisitos del cargo.
Los elegibles de los listados territoriales, en su orden, tendrán el derecho preferente
para el nombramiento provisional en vacantes temporales de docentes y su
aceptación no los excluye del respectivo listado. En caso de que los elegibles no
acepten estos nombramientos, la entidad territorial certificada en educación podrá
60
“[…] "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" […]”
27
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
nombrar a una persona que cumpla con los requisitos del cargo, sin necesidad de
acudir al aplicativo indicado en el inciso siguiente.
Tratándose de vacancias definitivas, el cargo docente será ocupado por una de las
personas inscritas en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional,
que hace parte del sistema de información del sector educativo previsto en el artículo
5, numeral 5.4, de la Ley 715 de 2001.
PARÁGRAFO. En caso de que no haya ningún aspirante inscrito para un
determinado cargo en el aplicativo referido anteriormente, y con el fin de garantizar la
prestación del servicio educativo, la autoridad nominadora podrá, mediante acto
administrativo debidamente motivado, nombrar provisionalmente a un docente que
cumpla con los requisitos del cargo.
(Decreto 490 de 2016, artículo 1).
(…)
ARTÍCULO 2.4.6.3.12. Terminación del nombramiento provisional. La
terminación del nombramiento provisional en un cargo en vacancia definitiva se hará
en los siguientes casos, mediante acto administrativo motivado que deberá ser
comunicado al docente:
1. Cuando se provea el cargo por un docente, en aplicación de los criterios definidos
en los numerales 1, 2, 3, 4 o 5 del artículo 2.4.6.3.9 del presente decreto.
2. Por calificación insatisfactoria del desempeño, de acuerdo con el protocolo que
adopte la autoridad nominadora atendiendo criterios similares a los educadores con
derechos de carrera.
3. Por imposición de sanciones disciplinarias, de conformidad con las normas legales
que regulan la materia.
4. Por razones de cambio de perfil del cargo o por efectos de estudios de la planta de
personal, siempre y cuando el docente no cumpla con los requisitos de perfil del nuevo
cargo.
El nombramiento provisional en una vacante temporal será por el tiempo que dure la
respectiva situación administrativa que generó dicha vacancia. Este tipo de
nombramiento también terminará cuando el docente titular renuncie a la situación
administrativa que lo separó temporalmente del cargo y se reintegre al mismo.
PARÁGRAFO 1. La fecha de terminación del nombramiento provisional será la
misma fecha en que asuma el cargo el docente que llegue a ocupar la vacante de
acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1, 2, 3 o 4 del artículo 2.4.6.3.9 del
presente decreto, o en la que asuma las funciones del cargo el educador nombrado
en período de prueba.
El rector o director rural expedirá la respectiva constancia de la fecha en que el
docente con derechos de carrera o el docente nombrado en período de prueba asume
las funciones del cargo, y de la fecha de dejación de funciones por parte del docente
nombrado provisionalmente.
PARÁGRAFO 2. Antes de dar por terminado el nombramiento provisional por alguno
de los criterios definidos en el numeral 1 del presente artículo y de existir otra vacante
definitiva de docente de aula o docente orientador, la autoridad nominadora hará de
inmediato el traslado del docente provisional a una nueva vacante definitiva sin
consultar el aplicativo de que trata el artículo 2.4.6.3.11 del presente decreto. Este
28
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
traslado debe garantizar la vinculación del docente provisional sin solución de
continuidad.
PARÁGRAFO 3. La terminación del nombramiento provisional en un cargo en
vacancia temporal procederá por las causales señaladas en los numerales 2 y 3 del
presente artículo.
(Modificado por el Art. 11 del Decreto 2105 de 2017). […]” (negrilla del texto)
69. Las normas expuestas permiten constatar que los educadores de los servicios
educativos estatales son servidores públicos sometidos a un régimen especial.
70. En el presente asunto, no se allegó el Decreto núm. 090 de 22 de febrero de
2024, a través del cual se incorporó a la señora Carolina Acosta Martínez como
docente de aula, no obstante, puede advertirse del acta de posesión que tal vínculo
se dio como docente de servicios educativos estatales prestados por la Secretaría
de Educación del municipio de Girardot.
71. La señora Carolina Acosta Martínez, en consecuencia, a partir del 1. ° de marzo
de 2024, asumió la condición de servidora pública.
72. El artículo 8. °, literal f), de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993 61, frente a los
servidores públicos, estableció:
“[…] ARTÍCULO 8.- De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos
con las entidades estatales:
(…)
f) Los servidores públicos. […]”
73. Como soporte del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-
2024, la señora Carolina Acosta Martínez allegó declaración bajo juramento ante la
entidad contratante, esto es, el Concejo Municipal de Girardot, que no se hallaba
incursa en inhabilidad alguna para celebrar tal contrato.
74. Adicionalmente, la señora Acosta Martínez aportó, igualmente como soportes del
citado contrato de prestación de servicios profesionales, certificado ordinario de
antecedentes, expedido por la Procuraduría General de la Nación, en el cual no
registraba sanción o inhabilidad, así como certificación expedida por la Contraloría
General de la República según la cual, no se encontraba reportada como
responsable fiscal.
75. De esta manera, en principio, para el momento en que se celebró el contrato de
prestación de servicios núm. 023-2024, la señora Carolina Acosta Martínez no
estaba cobijada por alguna inhabilidad.
61
“[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA […]”
29
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
76. Se precisa que el contrato de prestación de servicios núm. 023-024 tuvo por
objeto el desarrollo de una actividad autorizada en la entidad, la cual fue detallada
en los estudios previos para realizar la contratación, en la siguiente forma:
“[…] El Concejo Municipal de Girardot es una Corporación de elección popular que
tiene funciones administrativas conforme la Ley 136 de 1994, que para el
cumplimiento de su misión institucional la Constitución Nacional lo ha provisto de
funciones específicas y atribuciones que le permite hacer uso de sus recursos en
desarrollo de tareas de orden administrativo, para las cuales le es indispensable
contar con un profesional que apoye los asuntos relacionados de la comisión legal
para la equidad de la mujer y demás actividades administrativos del concejo
municipal, lo cual permitirá que se cumpla debida y oportunamente con la misión y
visión de la Corporación
(…)
Así las cosas, es deber de la mesa directiva en cabeza del presidente, velar por el
normal desarrollo de las diferentes actividades que realiza el Concejo Municipal, y en
cumplimiento del Control Político estipulado en la Constitución Política de Colombia.
En tal sentido, se hace necesaria la contratación de un Profesional, para adelantar
todo lo pertinente y en el acompañamiento de la comisión legal para la equidad de la
mujer y demás actividades administrativas del concejo municipal […]”
77. Los mencionados estudios previos, igualmente, indicaron que esa “[…]
necesidad […]” se encontraba amparada en el presupuesto de la vigencia fiscal de
la corporación y contaba con los recursos necesarios. Adicionalmente, el secretario
general encargado del Concejo Municipal de Girardot certificó que:
“[…] una vez revisado los respectivos manuales internos y planta de personal de la
Corporación Concejo Municipal de Girardot, no existe personal con disponibilidad
para que desarrolle actividades de PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES
EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COMISIÓN LEGAL PARA LA EQUIDAD DE LA
MUJER Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONCEJO
MUNICIPAL, por lo tanto, es necesario realizar la contratación de una persona que
las ejecute […]” (negrilla del texto)
78. Como lo resaltó la primera instancia, el cumplimiento de las obligaciones
pactadas en el contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024,
por parte de la señora Carolina Acosta Martínez, imponía, correlativamente, que el
Concejo Municipal de Girardot realizara los pagos acordados conforme el
presupuesto asignado para ese contrato, del cual dan cuenta el certificado de
disponibilidad presupuestal CDP-2024-0030 de 30 de enero de 2024 y el registro
presupuestal RP-2024-0061 de 20 de febrero de 2024, hasta cuando la señora
Carolina Acosta Martínez solicitó, por motivos personales, el 30 de abril de 2024, la
terminación del contrato.
79. Conforme lo expuesto, la destinación de los dineros públicos, en el presente
asunto, estuvo autorizada y amparada por un contrato legalmente celebrado.
80. Se advierte que la señora Carolina Acosta Martínez, a partir del 1. ° de marzo de
2024 adquirió la condición de servidora pública, lo cual le impedía continuar con la
ejecución del contrato de prestación de servicios citado.
30
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
81. La parte accionante, pese a lo expuesto, no acreditó que el accionado, en su
condición de presidente del Concejo Municipal de Girardot, o el supervisor del
contrato, esto es, el secretario general encargado de esa corporación, tuvieran
conocimiento de que la señora Carolina Acosta Martínez había adquirido, a partir
del 1. ° de marzo de 2024, la condición de servidora pública.
82. Los informes de gestión entregados por la señora Carolina Acosta Martínez de
los períodos 20 a 29 de febrero, 1° a 30 de marzo y 1° a 31 de abril de 2024 y los
respectivos informes de supervisión de esos períodos, acreditan que la señora
Acosta Martínez continuó la ejecución del contrato de prestación de servicios
profesionales núm. 023-2024 y que recibió la autorización y visto bueno para que
se le realizaran los pagos respectivos.
83. Se precisa que el acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo
del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 023-2024, suscrita, el 2
de mayo de 2024, por el accionado, como presidente del Concejo Municipal de
Girardot y ordenador del gasto; el supervisor del contrato y la contratista, solo da
cuenta que esta última solicitó, por motivos personales, la terminación y, en
consecuencia, la liquidación por mutuo acuerdo del contrato citado.
84. No se trata, como lo plantea el apelante, de que se esté alegando la ignorancia
de la ley, pues, como lo indica el artículo 9. ° del Código Civil, “[…] La ignorancia de
las leyes no sirve de excusa. […]”.
85. El planteamiento que realiza la sentencia de primera instancia, que se estima
acertado, es distinto y consiste en que el accionado, quien celebró el contrato a
nombre del Concejo Municipal de Girardot, así como el supervisor del contrato, esto
es, el secretario general encargado de esa corporación, desconocían la situación
de hecho que expone el accionante -no la ley-, máxime si se tiene en cuenta que la
señora Carolina Acosta Martínez continúo la ejecución del contrato sin informar la
novedad de su situación a la autoridad administrativa.
86. Le asiste razón a la primera instancia al indicar que la actuación de la señora
Carolina Acosta Martínez, al margen de las responsabilidades disciplinarias, fiscales
y penales que se le puedan atribuir, no puede configurar, en el presente asunto, la
indebida destinación de dineros públicos, si se tiene en cuenta que de la celebración
del contrato y su cumplimiento por parte de la contratista, surgía el deber legal y
contractual de realizar el pago de los honorarios acordados.
87. Lo acreditado en el expediente no permite colegir que se haya presentado alguna
de las conductas que configuran la indebida destinación de dineros públicos, por lo
que la apelación, no tiene vocación de prosperidad.
II.6. Conclusión
88. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró acreditados
los elementos objetivos para la configuración de la causal de pérdida de investidura
31
Radicación núm.: 25000 23 15 000 2025 00108 01
Accionante: Diego Alejandro Herrera Arias
prevista en el numeral 3. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 4. del artículo
48 de la Ley 617, consistente en la indebida destinación de dineros públicos, lo cual
impide continuar con el análisis del elemento subjetivo de culpabilidad, razón por la
que se confirmará la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la “[…] Sala
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca […]”, mediante la cual se negó la solicitud de pérdida de investidura
presentada en contra del señor Jorge Enrique Hernández Mayorga, concejal del
municipio de Girardot (Cundinamarca), período 2024-2027.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F ALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 5 de mayo de 2025, proferida por la “[…]
Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca […]”, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.