Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2023-00842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2023-00842-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2023-00842-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-
23-33-000-2023-00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Moros y Diego Waldrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
Tema: Causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por los solicitantes contra
la sentencia de 13 de febrero de 2024 proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES
I.1. Las solicitudes de pérdida de investidura
I.1.1. Radicación núm. 68001-2333-000-2023-00842-011
1.El señor César Augusto Arias Moros, actuando mediante apoderada y en ejercicio
del medio de control de que trata el artículo 143 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, solicitó:
“[…] PRIMERA: Que se declare la perdida de investidura del concejal JHON
BLERT CORENA AHUMADA, actual concejal del municipio de
Barrancabermeja (S), por la indebida destinación de dineros públicos, al violar
la prohibición contenida en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 de 2 de
junio de 1994 y 48, numeral 4, de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, sea llamado a ocupar el
cargo de concejal de Barrancabermeja la siguiente persona que le sigue en la
lista con mayor votación del partido del desinvestido.
TERCERA: Que se hagan las declaraciones y condenas que haya lugar,
conforme lo señalan las leyes y las especiales circunstancias de este tipo de
procesos […]”.
1
Cfr. Índice 3 Samai del Tribunal.
2
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
I.1.2. Radicación núm. 68001-2333-000-2023-00874-002
2.El señor Diego Waldrón Guerrero, actuando en nombre propio y en ejercicio del
medio de control de que trata el artículo 143 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, solicitó:
“[…] Que se declare la PÉRDIDA DE INVESTIDURA del actual concejal y
presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja (Santander), JHON
BLERT CORENA AHUMADA, identificado con cédula de ciudadanía número
[…], por la INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS, violando el
numeral 3 del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y el numeral 4
del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000 […]”.
I.1.3. Los hechos comunes y relevantes de las solicitudes acumuladas
3. Señalaron que el señor Jhon Blert Corena Ahumada en condición de presidente
del Concejo Distrital de Barrancabermeja para el año 2023 y ordenador del gasto,
suscribió con la empresa Grupo Empresarial de Negocios y Logística de Colombia
– Grenelco S.A.S. el contrato de prestación de servicios núm. MIN-CMB-008-23
cuyo objeto consistió en la “[…] prestación de servicios de logística para el desarrollo
del plan de bienestar social, laboral e incentivos de los funcionarios del concejo
municipal de Barrancabermeja […]” por un valor de $ 31.780.000.oo y plazo de dos
meses comprendidos desde el 25 de octubre de 2023 y el 24 de diciembre de la
misma anualidad.
4. Indicaron que en el contrato de prestación de servicios existía el compromiso del
Concejo Distrital de pagar los gastos en que incurriera el contratista Grenelco S.A.S.
para el cumplimiento del objeto, cuyo primer item determinaba el transporte de los
funcionarios públicos que conformaban la nómina del Concejo, ida y regreso de
Barrancabermeja (Santander) a Santa Marta (Magdalena), con todos los gastos
pagos, que incluían: alojamiento individual en el hotel; desayunos, almuerzos y
cenas; refrigerios, hidratación, desplazamientos en lanchas a las playas cercanas y
capacitaciones ambientales laborales, entre otras actividades.
5. Refirieron que para cumplir con los términos precontractuales y contractuales, el
concejal accionado: i) realizó un estudio de mercado, el análisis del sector
económico y la invitación pública núm. 007–2023; ii) designó el comité evaluador
del proceso de selección de mínima cuantía, del cual recibió un informe para la firma
del contrato; iii) expidió los certificados de disponibilidad núm. 23–00309 y el
compromiso presupuestal núm. 23–00335 por valor de $31.780.000; y iv) aceptó la
oferta del contratista Grenelco S.A.S., designando como supervisor del contrato al
secretario general del Concejo Distrital, quien firmó el 25 de octubre de 2023 el acta
de inicio del contrato.
2
Cfr. Índice 3 Samai del Tribunal.
3
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
6. Manifestaron que el Concejo Distrital de Barrancabermeja expidió la Resolución
núm. 060 de 31 de octubre de 2023 mediante la cual se concedió “[…] un permiso
por la implementación del programa de bienestar social laboral e incentivos a los
funcionarios públicos del concejo distrital de Barrancabermeja […]”, los días 1, 2 y
3 de noviembre de 2023 que fue firmada únicamente por el señor Jhon Blert Corena
Ahumada.
I.1.4. La explicación de la causal de pérdida de investidura en las solicitudes
acumuladas
7. Explicaron que la indebida destinación de dineros públicos en el caso concreto,
inició desde el momento en el que se desarrolló la etapa precontractual, comoquiera
que el concejal acusado, en su condición de ordenador del gasto, determinó que se
dispusieran los recursos del presupuesto de la Corporación para la ejecución del
objeto contractual cuyo objeto era la prestación de servicios de logística para el
desarrollo del plan de bienestar social, laboral e incentivos de los funcionarios del
Concejo Distrital de Barrancabermeja.
8. Argumentaron que el concejal acusado se extralimitó en sus funciones, toda vez
que: i) contrató los servicios de un operador logístico para otorgar unos incentivos
individuales en especie y efectivo que estaban expresamente prohibidos en los
artículos 2.2.10.13 y ss del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 2008 de
2019; y ii) entregó los incentivos a los empleados de planta, provisionales y algunos
contratistas del Concejo Distrital y sus familias que no cumplían los requisitos
previstos en la Ley para ser beneficiarios del programa de bienestar, desviando los
recursos del presupuesto.
9. Afirmaron que la Resolución núm. 060 de 31 de octubre de 2023 mediante la cual
se concedió “[…] un permiso por la implementación del programa de bienestar social
laboral e incentivos a los funcionarios públicos del concejo distrital de
Barrancabermeja […]” derivado de la suscripción del contrato de prestación de
servicios núm. MIN-CMB-008-2 no cumplía los requisitos formales, lo que configuró
la indebida destinación al pagar por nómina los días en los que se ausentaron de
sus funciones sin estar amparados por permiso legalmente conferido.
I.2. La contestación del concejal a las solicitudes acumuladas3
10. El apoderado judicial del señor Jhon Blert Corena Ahumada contestó la solicitud
de pérdida de investidura, opononiéndose a la prosperidad de las pretensiones.
11. Argumentó que no se configuró el elemento objetivo de la causal, en la medida
que: i) los planes de bienestar social, laboral e incentivos de los funcionarios del
Concejo Distrital de Barrancabermeja están previstos en la ley; ii) se optó por la
3
Cfr. Índice 11 Samai del Tribunal expediente 68001-23-33-000-2023-00842-01.
4
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
modalidad de contrato de mínima cuantía, celebrándose de conformidad con la
normativa aplicable al caso concreto; y iii) el contrato de prestación de servicios
núm. MIN-CMB-008-23 no se ejecutó, comoquiera que se terminó de forma bilateral,
en ese orden de ideas no existió destinación de recursos públicos, en cuanto no se
produjo la correspondiente erogación presupuestal.
12. Señaló que la Resolución núm. 060 de 30 de octubre de 2023 tuvo por objeto
“[…] dar de baja a bienes del inventario del concejo distrital de Barrancabermeja
[…]” y que si bien existió un proyecto de acto administrativo con el mismo número
en el que se concedía unos permisos, este acto no nació a la vida jurídica al no ser
aprobados por la mesa directiva en pleno.
I.3. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia
13. La magistrada a cargo de la sustanciación del proceso con radicación núm.
68001-23-33-000-2023-00842-00 mediante auto de 15 de diciembre de 20234,
admitió la demanda y ordenó la notificación personal al concejal acusado y al agente
del Ministerio Público.
14. En el proceso con radicación núm. 68001-23-33-000-2023-00874-00 mediante
auto de 16 de enero de 20245, se resolvió “[…] PRIMERO: ACUMÚLASE la
demanda de la referencia al proceso 68001233300020230084200, radicado en el
que se llevaran a cabo las notificaciones subsiguientes, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia […]”.
15. Mediante auto de 29 de enero de 20246 se abrió el proceso a pruebas y fijó para
el día 2 de febrero de 2024, la realización de la audiencia prevista en los artículos
11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.
16. En el día y hora señalada se realizó la audiencia pública 7, con la asistencia e
intervención de los solicitantes, el accionado y su apoderado y de la Procuradora
159 para Asuntos Administrativos, agente del Ministerio Público para este proceso.
I.4. La sentencia de primera instancia
17. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia de
13 de febrero de 2024, negó la solicitud de pérdida de investidura8.
18. El problema jurídico analizado por el Tribunal tuvo como finalidad definir si: “[…]
¿El concejal JHON BLERT CORENA AHUMADA, incurrió en la causal de pérdida
4
Cfr. Índice 11 Samai del Tribunal.
5
Cfr. Índice 5 Samai del Tribunal.
6
Cfr. Índice 14 Samai del Tribunal.
7
Cfr. Índice 19 Samai del Tribunal.
8
Cfr. Índice 21 Samai del Tribunal.
5
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
de investidura prevista en el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 –
indebida destinación de recursos públicos- al suscribir el contrato MIN-CNB 008 -23
cuyo objeto era la prestación de servicios de logística para el desarrollo del plan de
bienestar social laboral e incentivo de los funcionarios del concejo distrital de
Barrancabermeja? […]”.
19. Después de realizar un recuento sobre la normativa y las pruebas obrantes en el
proceso consideró que: i) la ejecución de un programa de bienestar social
corresponde a un derecho del servidor público y a un deber de la administración y,
en esa medida “[…] en principio, ningún reproche puede hacerse al contrato
objetado, en tanto el Concejo Distrital actuó en cumplimiento de un deber legal y
con miras a garantizar un derecho […]”; y ii) el contrato de prestación de servicios
MIN-CMB-008-23 cumplió con los requisitos para su celebración y en la cláusula
primera se incluyó como actividades a realizar, entre otras, el hospedaje y la
alimentación de los servidores y sus familias en la ciudad de Santa Marta, lo cual
en virtud del artículo 2.8.4.6.2. del Decreto 1068 de 2015, estaba expresamente
prohibido “[…] de donde puede afirmarse que una vez utilizados dichos dineros en
ese objeto, se materializaría la indebida destinación […]”, al realizar un gasto
prohibido.
20. No obstante lo anterior, argumentó que “[…] el citado contrato no fue ejecutado
toda vez que se suscribió acta bilateral de liquidación anticipada por mutuo acuerdo,
razón por la cual la indebida destinación no puede configurarse. Liquidación que
comprendió el valor total del contrato, esto es, TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS, $31.780.000 lo que significa que no hubo
inicio ni ejecución parcial como para afirmar que se comprometieron dineros
públicos de destinación prohibida […]”, lo cual fue corroborado por el certificado de
la pagadora del Concejo Distrital de Barrancabermeja, donde pone de presente que
no se giró dinero alguno a favor del contratista.
21. En esa medida, señaló que no se configuró el elemento objetivo de la causal
porque “[…] la finalidad de la indebida destinación de dineros públicos, como causal
de pérdida de investidura, es censurar cualquier utilización de los dineros públicos
para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución o
las leyes, bajo la condición de que efectivamente se hayan empleado en ese objeto
[…]”.
I.5. Recursos de apelación presentados por los solicitantes
I.5.1.César Augusto Arias Moros9
22. Su apoderada solicitó revocar la sentencia proferida en primera instancia y, en
su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.
9
Cfr. Índice 24 Samai del Tribunal.
6
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
23. Sostuvo que conforme a las normas que regulan el sistema de estímulos para
los empleados del Estado, el objeto del contrato MIN-CMB-008-23 no guardaba
ninguna relación con el propósito perseguido por el legislador, habida cuenta que
un viaje de ida y vuelta a Santa Marta “[…] solo busca satisfacer intereses
personales que nada tienen que ver con las necesidades del servicio,
desnaturalizándose los fines perseguidos por los Programas de Bienestar […]”.
Asimismo, adujo que el programa de bienestar e incentivos no contaba con los
requisitos que señala la ley para su autorización e implementación en el Concejo
Distrital de Barrancabermeja.
24. Argumentó que el contrato MIN-CMB-008-23 para el desarrollo del Plan de
Bienestar Social Laboral si fue ejecutado con erogación de dineros públicos,
configurándose la causal.
25. Finalmente, argumentó que el concejal “[…] en su condición de ordenador del
gasto autorizó que esos días fueran remunerados pese a que los citados empleados
no se presentaron a trabajar durante los mismos, a pesar de ser días hábiles
(miércoles, jueves y Viernes). Situación esta que a todas luces contraría el art
2.2.5.5.56 del decreto 1083 de 2015 en el que se dispone que el pago de la
remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios
efectivamente prestados […]”.
I.5.2. Diego Waldrón Guerrero10
26. Mediante escrito de 1 de marzo de 2024 solicitó revocar la sentencia apelada,
señalando que el contrato MIN–CMB–008–23 fue ejecutado parcialmente, pues a
raíz del escándalo y las denuncias que se hicieron el concejal decidió liquidarlo
anticipadamente.
27. Concluyó indicando que “[…] durante los días hábiles 1, 2 y 3 de noviembre de
2023 (miércoles, jueves y viernes), si no les dio permiso a los funcionarios del
Concejo para que viajaran, al autorizar el pago salarial por nómina de esos días que
no laboraron porque abandonaron sus puestos de trabajo, como ordenador del
gasto, el presidente del Concejo Municipal de Barrancabermeja, JHON BLERT
CORENA AHUMADA, incurrió en INDEBIDA DESTINACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS […]”.
I.6. Trámite del recurso de apelación
28. La magistrada sustanciadora en primera instancia, a través de proveído de 18 de
marzo de 202411, concedió el recurso de apelación presentado por la apoderada
judicial del señor César Augusto Arias Moros y remitió el proceso al Consejo de
10
Cfr. Índice 11 Samai del Tribunal expediente 68001-23-33-000-2023-00874-00.
11
Cfr. Índice 25 Samai del Tribunal.
7
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
Estado. Luego de ser repartido el presente proceso entre los diferentes despachos
integrantes de la Sección Primera, mediante auto de 19 de abril de 202412, se
admitió el recurso de apelación y se negó el decreto de unas pruebas testimoniales
por considerar que resultaban inútiles “[…] toda vez que en el plenario obran otros
medios de prueba que permitirán determinar si el contrato núm. MIN-CNB 008 -23
se ejecutó o no […]” e inconducentes […] para evidenciar hechos asociados con la
ejecución, liquidación y destinación de recursos en el marco del contrato anotado,
por cuanto dichos aspectos deben constar por escrito […]”.
29. Los solicitantes presentaron recursos contra la providencia citada supra. Por
auto de 26 de julio de 202413, en atención a que el accionante Diego Waldrón
Guerrero manifestó haber interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, sin que obrara en el expediente dicho recurso, se dispuso oficiar
a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander para que informara si dicha
parte interpuso o no recurso de apelación contra la sentencia de 13 de febrero de
2024.
30. La magistrada sustanciadora en primera instancia, a través de providencia de 1.º
de agosto de 2024 concedió el recurso de apelación instaurado por el señor Diego
Waldrón Guerrero.
31. El Despacho sustanciador del Consejo de Estado mediante auto de 7 de marzo
de 202514, resolvió:
“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto de 19 de abril de 2024.
SEGUNDO: NEGAR el decreto de las pruebas solicitadas por el apoderado
judicial del accionante César Augusto Arias Moros, en el escrito de
impugnación contra el auto de 19 de abril de 2024.
TERCERO: Por Secretaría, IMPARTIR el trámite al recurso de súplica
interpuesto por el apoderado judicial del demandante Cesar Augusto Arias
Moros contra el auto de 19 de abril de 2024.
CUARTO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el demandante
Diego Waldrón Guerrero contra la sentencia de 13 de febrero de 2024, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander.
QUINTO: NEGAR la prueba solicitada por el demandante Diego Waldrón
Guerrero en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 13 de
febrero de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Santander […]”.
12
Cfr. Indice 4 Samai Consejo de Estado.
13
Cfr. Índice 19 Samai Consejo de Estado.
14
Cfr. Índice 32 Samai Consejo de Estado.
8
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
32. Esta decisión fue confirmada por la Sala de la Sección Primera del Consejo de
Estado a través del auto de 3 de abril de 202515.
33. El Ministerio Público no rindió concepto en esta etapa procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
34. Para resolver la presente controversia se abordarán los siguientes aspectos: i) la
competencia; ii) la prueba de la calidad del accionado para ser sujeto pasivo del
presente mecanismo de control; iii) el problema jurídico; iv) la causal de pérdida de
investidura de indebida destinación de dineros públicos: marco normativo y
desarrollo jurisprudencial; v) el análisis de los presupuestos de la causal de pérdida
de investidura analizada; vi) conclusiones.
II.1. La competencia
35. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201916, y en el artículo 150 del CPACA17.
II.2. La prueba de la calidad del accionado como sujeto pasivo
36. El señor Jhon Blert Corena Ahumada tenía la condición de concejal del Distrito
de Barrancabermeja para la época en que suscribió el contrato MIN–CMB–008–23.
Así lo ratifica la Resolución núm. 064 de 2021 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL SE
DECLARA LA VACANCIA ABSOLUTA DE UNA CURUL DEL CONCEJO
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
JUDICIAL PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Y CONFIRMADA POR EL CONSEJO DE ESTADO […]” y el acta de posesión del
día 30 de septiembre de 2021, en la cual tomó posesión y juramento ante la
corporación pública edilicia de Barrancabermeja18.
37. Por consiguiente, es la persona que desde el extremo pasivo está legitimada
para concurrir al presente proceso, quedando acreditado el requisito previsto en el
literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, norma que resulta aplicable a los
procesos de pérdida de investidura de los concejales, por así disponerlo
expresamente el artículo 22 de la misma ley.
15
Cfr. Índice 32 Samai Consejo de Estado.
16
“Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado”.
17
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
18
Cfr. Índice 2 Samai del Tribunal.
9
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
II.3. El problema jurídico
38. Según los artículos 32019 y 32820 del CGP, aplicables por remisión del artículo
21 de la Ley 1881 de 201821, le corresponde a la Sala entrar a analizar si el señor
Jhon Blert Corena Ahumada, concejal del Distrito de Barrancabermeja incurrió en la
comisión de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos, por haber suscrito el contrato de prestación de servicios MIN-CNB 008 -
23 cuyo objeto era la prestación de servicios de logística para el desarrollo del plan
de bienestar social laboral e incentivo de los funcionarios del Concejo Distrital de
Barrancabermeja y por haber reconocido la remuneración de unos dias de salario a
personas que se encontraban en permiso.
39. Así las cosas, deberá determinarse si dichas conductas se subsumen en alguna
de las hipótesis previstas a nivel jurisprudencial, es decir, si con ello se destinaron
los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados o, que
estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran
destinados; o se utilizaron los recursos a materias prohibidas por la Constitución
Política, la ley o el reglamento o a materias no necesarias o injustificadas, o; con la
finalidad de obtener un incremento patrimonial a su favor o el de terceros o cualquier
otro beneficio no necesariamente de tipo económico.
40. En el evento de encontrar configurado el elemento objetivo de la causal, la Sala
deberá entrar a analizar si se demostró o no el elemento subjetivo o de la
culpabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1881 de
2018, modificado por la Ley 2003 de 2019.
II.4. La causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros
públicos: marco normativo y desarrollo jurisprudencial
41. La causal de pérdida de investidura analizada se encuentra prevista en el artículo
55.3 de la Ley 136 de 1994:
“[…] Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán
su investidura por:
[…]
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
[…]”.
19
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
20
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
21
“[…] ARTÍCULO 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del
Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo […]”.
10
Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
00874-00
Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
42. En igual sentido, el numeral 4° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 determina
lo siguiente:
“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales Municipales
y Distritales y de Miembros de Juntas Administradoras Locales. Los diputados
y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
[…]
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”.
43. La causal de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos
no está definida expresamente en la ley, por ello, le ha correspondido a la
jurisprudencia de esta Corporación, a través de la Sala Plena, sus salas
especializadas y esta Sección delimitar los supuestos y los eventos en los que tiene
lugar su configuración.
44. Se ha considerado que es autónoma e independiente de los tipos penales, pues
si bien es cierto que algunas conductas son castigadas desde el derecho penal, no
necesariamente debe tratarse de conductas tipificadas como delitos debido a que,
si bien se trata de una manifestación del Ius Puniendi del Estado, cada uno de estos
juicios están llamados a perseguir objetos y finalidades diferentes.
45. La Sección Primera, al igual que la Sala Plena de esta Corporación 22 han
señalado que para la configuración de esta causal de pérdida de investidura se
requiere de la conjunción de dos elementos: el sujeto activo que desarrolla la
conducta debe ser un servidor público de elección popular que ejerza competencias
inherentes a su investidura y, por otro lado, debe estar presente una conducta que
se configura cuando el sujeto activo, al ejercer dichas atribuciones “[…] traicione,
cambie o distorsione […]” los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución Política, la Ley y el reglamento.
46. A modo enunciativo la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, ocurre en los siguientes casos:
i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados;
ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero
diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados;
iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos
expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de julio de 2003, expediente: 11001-03-
15-000-2003-00278-01, accionante: Belma Genith Olarte Casallas, accionado: Wellington Ortiz Palacio, CP: Tarsicio Cáceres
Toro.
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iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento
patrimonial personal o de terceros.
vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no
necesariamente económico en su favor o en el de terceros23.
47.La jurisprudencia de esta Corporación24 ha establecido como uno de sus
elementos “[…] tipificadores […]” la efectiva aplicación de los dineros públicos de
manera indebida, es decir, que se materialice la destinación ya que solo asi puede
concluirse que hubo afectación del erario, lo que implica que la destinación se
concrete materialmente en el objeto, actividad o propósito prohibido.
II.5. Análisis de los presupuestos exigidos para la configuración de la causal
de pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos
• La condición de concejal
48. Como se indicó en líneas atrás, está demostrado que el señor Jhon Blert Corena
Ahumada tenía la condición de concejal del Distrito de Barrancabermeja para la
época en que suscribió el contrato MIN–CMB–008–23.
• Que se trate de una conducta prohibida o no autorizada: indebida
destinación de dineros públicos
49. En el presente caso, la causal de pérdida de investidura de indebida destinación
de dineros públicos se contrae al hecho que el concejal, en su calidad de presidente
de la Corporación en el año 2023 y ordenador del gasto: i) suscribió el contrato MIN-
CNB 008 -23 cuyo objeto era la prestación de servicios de logística para el desarrollo
del plan de bienestar social laboral e incentivo de los funcionarios del Concejo
Distrital de Barrancabermeja en el que se incluyeron gastos prohibidos en la ley
como alojamiento y alimentación, el cual, a juicio de los solicitantes se ejecutó; y ii)
reconoció la remuneración de unos dias de salario a servidores que se encontraban
en permiso que no cumplía con los requisitos formales.
50. Para el efecto, se tiene que de conformidad con el artículo 110 del Decreto 111
de 199625, los presidentes de los concejos, como jefes de las corporaciones político-
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de junio de 2004, radicado:
25000-23-15-000-2002-03005-01, actor: Juana Celmira González Guarnizo, demandado: Germán Antonio Alvira Gamboa,
MP: Camilo Arciniegas Andrade.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de noviembre de 2016, C.P.
Guillermo Vargas Ayala, radicación núm. 05001-23-33-000-2015-01260-01.
25
“[…] Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico
del presupuesto […]”.
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administrativas son competentes para contratar, comprometer a la persona jurídica
de la cual hacen parte, así como para ordenar el gasto respectivo con fundamento
en las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto.
51. A su vez, que el sistema de estímulos se definió como el conjunto
interrelacionado y coherente de políticas, planes, entidades, disposiciones legales
y programas de bienestar e incentivos que interactúan con el propósito de elevar los
niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados del
Estado en desempeño de la labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales
52. Por un lado, el Decreto 1567 de 199826 establece que a través de los programas
de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y ejecuten las
entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados
y se deben establecer y ejecutar de forma anual.
53. El artículo 20 ibidem dispone que los programas de bienestar social deben
organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que
favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida
y el de su familia; asimismo, deben permitir elevar los niveles de satisfacción,
eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la
entidad en la cual labora.
54. El parágrafo de este artículo dispone que tienen derecho a beneficiarse de estos
programas, todos los empleados de la entidad y sus familias sin hacer diferencia
alguna por razón del tipo de vinculación, aspecto que fue ratificado por el artículo 3°
de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019 que dispuso “[…] Profesionalización del
servidor público. Los servidores públicos, independientemente de su tipo de
vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y
bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto
asignado […]”.
55. Los programas de bienestar social de las entidades deben estructurarse dentro
de un área de protección y servicios sociales, deben atender necesidades de
protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus
niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación.
56. Las entidades públicas deben apropiar anualmente en sus presupuestos, los
recursos necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas de
los programas de bienestar social o incentivos que se adopten, los cuales se
26
“[…] Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado
[…]”.
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ejecutarán conforme con los programas y proyectos diseñados incluirán los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas.
57. Por el otro, el artículo 2.2.10.1. del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015,
establece que las entidades deberán organizar programas de estímulos con el fin
de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados y que los
estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social que deben
responder a estudios técnicos que permitan, a partir de la identificación de
necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades y grupos de
beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional.
58. El artículo 2.2.10.2 ibidem establece, en cuanto a los beneficiarios del sistema
de estímulos, que las entidades públicas, en coordinación con los organismos de
seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias
los siguientes programas de protección y servicios sociales: i) deportivos,
recreativos y vacacionales; ii) artísticos y culturales; iii) promoción y prevención de
la salud; iv) capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que
conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas
en convenio con Cajas de Compensación u otros organismos que faciliten subsidios
o ayudas económicas; y v) promoción de programas de vivienda ofrecidos por el
Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación
Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando los trámites, la
información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de
vivienda de los empleados.
59. A su vez, el artículo 2.8.4.6.2. del Decreto 1068 de 201527, dispone que “[…] Las
entidades objeto de la regulación de este título no podrán con recursos públicos
celebrar contratos que tengan por objeto el alojamiento, alimentación, encaminadas
a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y
funcionalmente le competen […]”:
60. La Ley 1940 de 26 de noviembre de 201828, establece en su artículo 18 que “[…]
los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden
tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie […]”.
61. En el presente proceso, y de cara a demostrar la configuración de las hipótesis
previstas por la jurisprudencia de la causal de pérdida de investidura de indebida
destinación de dineros públicos se encuentran las siguientes pruebas29:
27
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector hacienda y crédito público […]”.
28
“[…] Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1o. de enero al 31 de diciembre de 2019 […]”.
29
Cfr. Índice 2 Samai del Tribunal.
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• El estudio de mercado de contratación y análisis del sector económico para mínima
cuantía cuyo objeto es la “[…] PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA
PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL E
INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA […]”, suscrito por el concejal acusado, en el que se
determinó:
“[…] Desde esta perspectiva, es necesario adelantar el proceso de contratación
para la materialización de las actividades previstas en el Plan de Bienestar
Laboral y Estímulos para los funcionarios del Concejo Distrital de
Barrancabermeja, contemplado en el Plan Anual de Adquisiciones de la
entidad, de tal forma que contribuye a crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorecen el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento
de su nivel de vida y el de su familia; y así mismo deben permitir elevar los
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación de los
funcionarios del Concejo Distrital de Barrancabermeja con el servicio.
Actualmente el Concejo Distrital de Barrancabermeja de acuerdo al Plan de
Bienestar Laboral y Estímulos de la presente vigencia requiere contratar con
una persona natural o jurídica que preste los servicios de apoyo logístico para
el desarrollo de actividades recreativas, culturales, suministro de transporte
terrestre, alojamiento, alimentación, alquiler de salones, sonido y ayudas
audiovisuales que contribuyan a desarrollar efectivamente el plan de bienestar
laboral y estímulos y los eventos que de este se desprendan, así como del
suministro de servicios […]”.
• Estudios previos del contrato en el que se dispuso “[…] en consideración al monto
del contrato que se pretende ejecutar, el presente proceso se adelantará bajo la
modalidad de selección de mínima cuantía, con fundamento en el Artículo 94 de la
Ley 1474 de 2011, el cual adiciona el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y artículo
2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del Decreto 1082 de 2015. El proceso de selección, se realizará
por convocatoria pública, conforme con lo establecido en el artículo 94 de la ley
1474 del 2011 que adicionó el artículo 2° de la ley 1150 de 2007, contemplando una
nueva modalidad de selección denominada “mínima cuantía” reglamentada por el
decreto 1082 del 2015, por tratarse de un contrato cuyo valor no excede el 10% de
la menor cuantía de la entidad […]” y la invitación pública núm. 007-2023.
• Propuesta de la empresa Grenelco S.A.S. por un valor de $ 31.780.000 para
desarrollar actvidades “[…] a. Viaje Barrancabermeja-Santa Marta y viceversa, b.
Dia de la familia c. Cena de fin de año […]”.
• Certificados de disponibilidad núm.23-00309 de 13 de octubre de 2023 y de
compromiso presupuestal núm. 23-00335 de 25 de octubre de 2023.
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“[…]
[…]”.
“[…]
[…]”.
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• Designación del comité evaluador del proceso de mínima cuantía MIN-CMB-008-
23 e informe del citado comité.
• Comunicación de la aceptación de la oferta a la invitación pública núm. 007-23 del
proceso de selección MIN-CMB-008-23 a la empresa Grenelco S.A.S.
• Contrato de prestación de servicios núm. MIN-CMB-008-23, el cual dispuso:
“[…] CLAUSULA PRIMERA OBJETO. “PRESTACION DE SERVICIOS DE
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
LABORAL E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA” CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
DEL OBJETO. El contratista deberá prestar los servicios conforme al siguiente
especificaciones técnicas y alcance […] A continuación, se describen todas las
actividades a desarrollar, servicio de transporte -Barrancabermeja - Santa
marta y viceversa, hospedaje, alimentación para el servidor y su familia,
transporte interno, cena de fin de año con ambientación y decoración. PLAZO.
El plazo de ejecución es de DOS (2) MESES contado a partir de la suscripción
del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad y/o haber dado cumplimiento
a los alcances del contrato, así como condiciones técnicas. CLAUSULA
QUINTA: VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO. El valor total del
presente contrato asciende a la suma de TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($31.780.000) (IVA
INCLUIDO) y demás impuestos legales, tasas, contribuciones y descuentos
departamentales y municipales. Este será cancelado una vez se suscriba el
acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor de la siguiente forma.
CLAUSULA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor del presente
contrato se cancelará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal
N°23- 00309 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2023, por el valor de TREINTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($31.780.000)
(IVA INCLUIDO), con cargo al Rubro Presupuestal No. 2.1.1.01.03.020 por
concepto de ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO REGULADO
POR EL DECRETO 1567 DE 1998 […]”.
• Acta de inicio del contrato de 25 de octubre de 2023, suscrita por el
supervisor y el contratista.
“[…]
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Radicación: 68001-23-33-000-2023-00842-01 Acumulado 68001-23-33-000-2023-
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Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
[…]”.
• Acta de liquidación anticipada de mutuo acuerdo de 23 de noviembre de 2023,
suscrito entre el representante legal de Grenelco S.A.S. y el concejal acusado en
los siguientes términos:
“[…] 1. Que el contrato de servicios No. MIN-CMB-008-2023 fue aceptado el
día 25 de octubre de 2023.
2. Que el término inicial del contrato de servicios fue por dos (2) meses, desde
la fecha de firma de acta de inicio.
3. Que el acta del contrato de inicio del presente contrato fue firmada el día 25
de octubre de 2023, es decir, el término iba desde el día 25 de octubre de 2023
al 24 de diciembre de 2023.
4. Que mediante escrito presentado en noviembre de 2023 el contratista ha
solicitado la terminación anticipada del contrato de servicios No. MIN-CMB-008-
2023, argumentando situaciones que le impidem darle continuidad al
mencionado contrato.
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5. Que, verificado por el supervisor no se ha realizado ningún acta parcial, ni
desembolso del contrato.
6. Que consecuencia, se procederá a terminación del mismo de conformidad
con la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
[…]
Por lo anterior se ACUERDA :
PRIMERO: Dar por finalizado y liquidar bilateralmente el CONTRATO DE
SERVICIOS No. MIN-CMB-008- 2023, suscrito entre el Concejo Municipal de
Barrancabemeja y ARNULFO MARULANDA MALDONADO, identificado(a)
Negocios con C.C. […] representante legal del Grupo Empresarial de
obligaciones y Logística contractuales. de Colombla - GRENELCO, por la
imposibilidad sobreviniente de poder ejecutar las obligaciones contractuales
SEGUNDO: Liberar a favor del Concejo Municipal de Barrancabermeja la suma
de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
contenidos en el registro presupuestal 23-00335 del 25 de octubre de 2023,
correspondiente a valor sin ejecutar.
TERCERO: Declarar a las partes a paz y salvo por todo concepto, con lo cual
las partes quedarán libres:de desavenencia, no manifestando observación u
objeción alguna […]”.
• Certificación suscrita por la pagadora del Concejo Distrital de Barrancabermeja de
24 de noviembre de 2023 en el que indicó:
“[…] En las Oficinas de pagaduría del Concejo Municipal de Barrancabermeja,
en la vigencia 2023, NO se ha realizado egreso o transferencia a la empresa
GRENELCO SAS bajo el nit 90132991 […]”.
• Resolución núm. 060 de 31 de octubre de 2023 “[…] POR MEDIO DE LA CUAL
SE DA BAJA UNOS BIENES INVENTARIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA […]”, suscrita por la mesa directiva del Concejo.
62. De lo anterior se colige que la conducta del concejal no se subsume en ninguna
de las hipótesis que dan lugar a la indebida destinación de dineros públicos, en la
medida que si bien en el contrato de prestación de servicios MIN-CMB-008-23 se
incluyeron gastos prohibidos que estaban previstos en el artículo 2.8.4.6.2. del
Decreto 1068 de 2015, no se materializó la destinación indebida comoquiera que
no se probó la afectación al patrimonio público.
63. Al respecto, la Sala observa que si bien en el Concejo Distrital existía un rubro
asignado previamente en el presupuesto que podía afectarse con la ejecución de
dichos dineros: “[…] Rubro Presupuestal No. 2.1.1.01.03.020 por concepto de
ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO REGULADO POR EL DECRETO
1567 DE 1998 […]”, se encuentra probado que: i) el contrato no fue ejecutado dado
que se presentó su terminación y la liquidación bilateral anticipada por mutuo
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acuerdo; y ii) conforme la certificación suscrita por la pagadora del Concejo Distrital
de Barrancabermeja de 24 de noviembre de 2023 no hubo erogación a la empresa
Grenelco S.A.S., es decir, no se concretó materialmente en el objeto, actividad o
propósito prohibido.
64. Como consecuencia de lo anterior, al no ejecutarse el contrato ni presentarse la
erogación, la Sala no abordará el estudio de los argumentos de los solicitantes sobre
las presuntas irregularidades del plan de bienestar social laboral e incentivos de los
funcionarios del Concejo Distrital de Barrancabermeja para la configuración de la
causal.
65. Respecto al argumento según el cual se reconoció la remuneración de unos dias
de salario a personas que se encontraban en un permiso que no cumplía los
requisitos de ley, es preciso indicar que el documento aportado en las solicitudes de
pérdida de investidura denominado “[…] Resolución No. 060 del 21/10/2023 […]”,
no permite demostrar por sí solo la causal de indebida destinación de recursos
públicos, en razón a que, se reitera, en el plenario no obra prueba de que la duma
distrital efectuó erogación alguna para la ejecución del contrato de prestación de
servicios MIN-CMB-008-23.
66. Por el contrario, se encuentra probado que la Resolución núm. 060 de 31 de
octubre de 2023 corresponde a una materia que está referida a la baja de unos
bienes inventario del Concejo Distrital de Barrancabermeja y, en esa medida, se
considera que no se encuentra probada la inasistencia al Concejo Distrital de los
servidores los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2023 ni un pago no debido que sea
atribuido al concejal acusado.
67. Finalmente, al no haberse demostrado los requisitos concurrentes para la
configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de
dineros públicos desde el punto de vista objetivo, la Sala no se detendrá en el
estudio del aspecto subjetivo o de la culpabilidad.
II.6. Conclusiones
68. La Sala considera que no hay lugar a la configuración de la causal de pérdida de
investidura de indebida destinación de dineros públicos al no probarse en el caso
concreto la afectación al patrimonio público, teniendo en cuenta que el contrato de
prestación de servicios MIN-CMB-008-23 que contenía gastos prohibidos en la ley
no fue ejecutado, asimismo, no hubo erogación a la empresa contratista por dicho
contrato y no se probó que se hubieran realizado pagos de salarios no debidos. En
consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia, por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander.
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Solicitantes: César Augusto Arias Mora y Diego Wladrón Guerrero
Accionado: Jhon Blert Corena Ahumada
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de febrero de 2024 proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Santander que negó la solicitud de pérdida
de investidura del señor Jhon Blert Corena Ahumada, concejal del Distrito de
Barrancabermeja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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