Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00402-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00402-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-33-000-2024-00402-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
Accionado: Juan David Bermúdez Vergara
Tema: Violación del régimen de inhabilidades por tener vínculo de
matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil con quienes dentro de
los doce (12) meses anteriores a la elección de entidades que presten
servicios públicos domiciliarios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 11 de marzo de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
I.1. La solicitud de pérdida de investidura1
1.El señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget, por conducto de apoderado judicial,
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de
enero de 20112, solicitó la pérdida de investidura del señor Juan David Bermúdez
Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) para el período 2024-
2027.
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que el señor Juan David Bermúdez Vergara se postuló en las elecciones
territoriales para ocupar el cargo de concejal del municipio de Villa de Leyva y
resultó elegido para el período 2024-2027.
3.Expuso que según el certificado histórico y el certificado de la Cámara de
Comercio de fecha 24 de octubre de 2024, Carlos Eduardo Bermúdez Ruget, padre
1
Presentó escrito de demanda y escrito de subsanación. Cfr. Índices 3 demanda. Escrito de subsanación índice 10 del
expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
del accionado, fue presidente y representante legal de la Asociación de suscriptores
del Acueducto Mosocallo del municipio de Villa de Leyva – Boyacá, incluso en los
años 2022, 2023 y 2024.
4.Añadió que la referida empresa tiene dentro de su objeto social la prestación de
servicios públicos domiciliarios.
I.1.2. La causal de pérdida de investidura
5. Argumentó que el accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20004, en
consonancia con el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, en razón a que “[…]
el suscrito es representante legal de una entidad que presta servicios públicos
domiciliarios y me encuentro en primer grado de consanguinidad con el concejal.
[…]”.
6. Destacó que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de
responsabilidad subjetiva y que la acción se ejercerá contra los concejales que con
su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieran incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura previstas en la Constitución Política o en la ley.
7. Explicó que las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la
Constitución Política o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea
elegida o designada en un cargo público y, en ciertos casos, impiden el ejercicio
del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. Este régimen
prohibitivo tiene como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad
e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos
públicos.
8.Sostuvo que la violación del régimen de inhabilidades es constitutiva de la
pérdida de investidura, para lo cual reiteró los argumentos expuestos por esta
Sección, en sentencia de 23 de octubre de 2008.
I.2. La oposición del demandado5
9. El accionado, actuando en nombre propio, contestó la demanda, oponiéndose
a las pretensiones.
• En cuanto a los hechos
10. El accionado señaló lo siguiente:
3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
5
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
3
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
10.1. Aceptó que resultó elegido concejal del municipio de Villa de Leyva para el
período constitucional 2024-2027.
10.2. Reconoció que según el certificado de 24 de octubre de 2024, el señor Carlos
Eduardo Bermúdez Ruget fue presidente y representante legal de la Asociación de
suscriptores del Acueducto Mosocallo del municipio de Villa de Leyva. No obstante,
aclaró que no tuvo conocimiento de esa situación porque existe una grave
enemistad con el accionante desde el año 2017, “[…] ya que a lo largo de su vida
su trato hacia mi como niño y adolescente fue de maltrato y violencia física tanto
como psicológica. […]”.
10.3. Aceptó que el señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget era su padre.
10.4. Expuso que se enteró del objeto social de la entidad cuando su padre intentó
apropiarse de un punto de agua de propiedad de la sociedad Avícola Bermúdez a
quien representa, situación que motivó a que presentara un derecho de petición
ante el acueducto Mosocallo del municipio de Villa de Leyva “[…] e indagando a
quien debería ir dirigida la petición, me entero de que el aquí demandante era su
representante legal […]”.
10.5. Afirmó que participó por primera vez como candidato al concejo en el año 2019,
sin haber resultado elegido, pero de manera curiosa el demandante se hizo designar
representante legal del acueducto faltando un mes y medio antes de las elecciones
el 1 de septiembre de 2019, situación que de plano demuestra que, a partir de esa
fecha, su padre actuó con el propósito de generarle un perjuicio.
10.6. Sostuvo que la Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del
municipio de Villa de Leyva es de carácter privado; no fue constituida con recursos
públicos; ni ha sido subsidiada por el Estado. Tampoco ha recibido donaciones del
ente territorial ni ha contratado con el municipio. De allí que tal asociación se rige
por las normas del derecho privado y no por el derecho público.
• En cuanto al fondo del asunto
11.Planteó las excepciones que tituló “[…] CARENCIA DE LOS ELEMENTOS Y
REQUISITOS ESTRUCTURALES DE LA ACCIÓN DE PERDIDA DE
INVESTIDURA. […]”; “[…] MALA FE Y TEMERIDAD […]” y “[…] AUSENCIA DEL
ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO EN LA CONDUCTA DEL DEMANDADO […]”.
12. Señaló que, con ocasión de la creación de las figuras de la descentralización,
la desconcentración y la delegación, al tenor de los artículos 365 de la Constitución
Política y 10 de la Ley 142 de 11 de julio de 19946 “[…] el Estado se desprendió del
monopolio y el deber de proporcionar servicios públicos a los asociados de manera
6
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.
4
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
exclusiva, por ende y de acuerdo a la Constituyente del 91 Articulo 365, también los
particulares podrán prestar dichos servicios con arreglo a la Ley […]”.
13. Indicó que el hecho de que un particular preste servicios públicos domiciliarios
con el Estado, ello no lo convierte en una entidad estatal regido por las normas del
derecho público, sino que estas formas de asociación se rigen por sus estatutos en
relación con la conformación, funcionamiento y responsabilidad civil y, solo se
regirán por la Ley 142 frente a la prestación del servicio. En apoyo de ello, citó unos
apartes doctrinales.
14. Manifestó que era necesario precisar la noción de “[…] entidades que presten
servicios públicos domiciliarios […]” incorporada en el numeral 4.° del artículo 43 de
la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617. Para ello, transcribió apartes
del concepto 41691 de 2024 del Departamento Administrativo de la Función Pública
en el cual se indicó que: “[…] el concepto de entidad pública es el más genérico de
la organización estatal en el lenguaje del derecho administrativo porque hace
referencia a la totalidad de administración estatal, debido a que incluye a todos los
organismos, entidades, así como las entidades descentralizada y también las
administraciones privadas en la medida en que se hayan constituido con aportes de
origen público […]”.
15. Adujo que, a partir de lo anterior, no cualquier “[…] organización, asociación o
corporación […]” es una entidad estatal.
16. Anotó que su padre, accionante en este proceso, obra con temeridad y de mala
fe pues actúa con venganza y con el ánimo de perseguir a su propio hijo.
17. Refirió que el señor Carlos Bermúdez Ruget se casó con la señora Pilar Vergara
y producto de esa unión nacieron sus hijos: Daniela Bermúdez Vergara, Carlos
Felipe Bermúdez Vergara y Juan David Bermúdez Vergara.
18. Argumentó que “[…] desde sus inicios y de lo que tengo uso de razón, fue un
padre y esposo maltratador, situación que llevo (sic) a la separación con mi señora
madre y al distanciamiento con quien se suscribe, por los constantes maltratos
físicos, y psicológicos, situación que se agravo (sic) en el año 2017 cuando mi padre
de manera personal juro (sic) asesinarme intimidándome con arma de fuego para
luego más adelante hacerme un atentado con arma de fuego, que afortunadamente
para mí no le disparó el arma, de lo contrario hubiese ocurrido una tragedia […]”.
19. Mencionó que los inconvenientes con su padre tuvieron como origen una
disputa por el predio denominado “[…] La Ramada […]” cuya extensión era de 28
hectáreas, pero debido a un mal manejo “[…] dilapidó dicho bien vendiéndolo por
fracciones hasta quedar una extensión escasa de 3 hectáreas […]”, situación que
llevó a que su abuela le exigiera a su padre devolver el remanente que quedaba de
ese predio para garantizar la educación de sus nietos.
5
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
20. Expresó que, luego de ello, se fundó la empresa Avícola Bermúdez en el año
2010, conformada por él y sus hermanos y su padre tuvo la condición de
representante legal “[…] hasta el año 2018 […]” ya que “[…] resolvimos los socios
únicos de la compañía retomar las riendas de la empresa por los malos manejos de
mi Señor padre, lo que desencadeno (sic) en el (sic) su ánimo de venganza y
persecución […]”.
21. Añadió que su padre “[…] a sabiendas de que conocía de las inhabilidades e
incompatibilidades de los candidatos a elección popular pues había sido candidato
a la Alcaldía de villa de Leyva en el año 2015, decide de manera premeditada
vincularse como representante legal del acueducto con el único fin de dañar o
truncar mi vida política y también de paso vengarse por haberlo removido como
representante legal de la compañía. […]”.
22. Agregó que el accionante, valiéndose de un poder general no vigente por
encontrarse revocado, se “[…] adjudica […]” ante la Cámara de Comercio la
empresa Avícola Bermúdez, situación por la cual presentó denuncia penal ante la
Cámara de Comercio y, por ello, presentó una solicitud de revocatoria ante la
Cámara de Comercio “[…] lo que generara en el aquí actor también su animo (sic)
de represalia y venganza a promover la presente acción. […]”.
23. Reiteró que no se enteró del nombramiento de su padre como representante
legal del Acueducto de Mosocallo del municipio de Villa de Leyva, puesto que no
tenía comunicación alguna con él desde el año 2017, debido a las amenazas de
muerte formuladas por su progenitor en su contra y que solo conoció de esa
situación en el año 2024, cuando presentó una reclamación ante el mismo
acueducto.
24. Reafirmó que no tiene ninguna relación con su padre desde el año 2017, tal y
como lo reconoció su padre en entrevista realizada en la emisora de Villa de Leyva
de manera online los días 19 y 2 de noviembre de 2024, cuando radicó la demanda
ante el Tribunal Administrativo de Boyacá. En apoyo de este argumento, aportó una
fotografía así como un enlace de Facebook.
25. En cuanto al elemento subjetivo, argumentó que al no tener trato alguno con su
padre desde el año 2017, no tenía por qué conocer que era representante legal del
acueducto y manifestó que de llegar a haber conocido esta situación habría
contratado la asesoría jurídica por parte de un profesional del derecho para tal fin o
en su defecto, no hubiese optado por participar en las elecciones al concejo,
cuestión que jamás ocurrió y de manera indiciaria tampoco se podía colegir.
26. Concluyó que su actuación estuvo precedida de la buena fe exenta de culpa.
6
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
I.3. La admisión y otras decisiones
27. A través de auto de 14 de noviembre de 20247, se inadmitió la demanda por falta
del cumplimiento de algunos de los requisitos formales enlistados en el artículo 5
de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188.
28. Mediante auto de 10 de diciembre de 20249 se admitió la demanda.
29. El 15 de enero de 202510, la parte accionada contestó la demanda.
30. El 21 de enero de 2025 por secretaría11 se corrió traslado a las partes de las
excepciones.
31. El 23 de enero de 2025, la parte demandante allegó “[…] PRONUNCIAMIENTO
FRENTE A LAS EXCEPCIONES […]”.
32. Manifestó que el artículo 365 de la Constitución Política permite que los servicios
públicos sean prestados, entre otros, por comunidades organizadas, o por
particulares de acuerdo con lo establecido en la ley. En armonía con lo anterior, el
artículo 15 de la Ley 142 y el Decreto 421 de 2000, que reglamentó el numeral 4.°
del artículo 15 de la Ley 142, permite la prestación de servicios públicos a través
de diferentes formas asociativas dentro de las cuales se encuentran las
organizaciones autorizadas para prestar servicios públicos en municipios menores
en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.
33. Expuso que la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de
febrero de 201712, manifestó que cuando el artículo 40, numeral 3.°, de la Ley 617
de 6 de octubre de 200013 alude a entidades que presten servicios públicos
domiciliarios, se está refiriendo a las entidades que tenían como objeto legal dicha
prestación, sea cual fuere su denominación (empresa, instituto o establecimiento
público), al igual que a las empresas de servicios públicos delimitadas en la Ley
142.
34. Manifestó que, a diferencia de lo afirmado por el accionado, no era cierto que
para la época electoral existiera una enemistad con su hijo, pues lo acompañó en
la campaña electoral del año 2023, impulsando su campaña. Para ello, adjuntó
unas imágenes y enlaces que pretenden demostrar el conocimiento que tenía sobre
la existencia de la inhabilidad. También insistió en que la pérdida de investidura es
7
Cfr. Índice 5 del expediente digital de primera instancia.
8
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES […]”.
9
Cfr. índice 12 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 21 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia.
12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sección Primera. Sentencia de 23 de febrero
de 2017. Radicado núm.: 05001 23 33 000 2016 01296 01 (PI). Consejero de Estado: Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.
7
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
un proceso sancionatorio que obliga al juzgador a hacer un análisis de la
culpabilidad del investigado.
35. Adujo que no era de recibo el argumento relativo a que el accionado desconocía
que su padre era representante legal del acueducto, en el entendido que es un
asunto de conocimiento público, pero además no resulta un evento reciente, ya que
de acuerdo al histórico de la Cámara de Comercio actúa como representante legal
desde el 1 de septiembre de 2019.
36. Citó el concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública 211061
de 2023, en el cual se señaló que “[…] El hijo, pariente en primer grado de
consanguinidad, del representante legal de una asociación que presta servicios
públicos domiciliarios está inhabilitado para aspirar al concejo municipal si él no
renuncia 12 meses antes de la fecha de elecciones. […]”.
37. El magistrado sustanciador en primera instancia mediante auto de 30 de enero
de 202514 ordenó: i) tener por contestada en tiempo la demanda y; ii) no tramitar
las excepciones propuestas como previas15.
I.4. Pruebas en primera instancia
38. A través de auto de 13 de febrero de 202516 se dio apertura al período
probatorio17 y se fijó fecha para la celebración de la audiencia pública prevista en
el artículo 12 de la Ley 1881, para el día 20 de febrero de esa anualidad,
reprogramada mediante auto de esa misma fecha para el 28 de febrero de 202518.
I.5. La audiencia pública19
39. El 28 de febrero de 2025 se realizó la audiencia pública prevista en el artículo 12
de la Ley 1881, con la participación de la parte demandante, la parte accionada y
su apoderado y el Ministerio Público.
I.5.1. Intervención del accionante20
40. Consideró que, con fundamento en el acervo probatorio aportado al proceso, el
accionado incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 3°.
del artículo 40 de la Ley 617, toda vez que su padre fungió como representante
legal de la Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del municipio de
Villa de Leyva dentro del año anterior a su elección.
14
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia.
15
Por considerar que se trata de reproches de fondo que atacan las pretensiones de la demanda y, por tanto, se deberá
analizar en la sentencia y no en trámite de excepciones previas, por los argumentos formulados y porque no están enunciadas
en el inciso 4° del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA ni en el artículo 100 del CGP, por remisión expresa del artículo 21
de la Ley 1881.
16
Cfr. índice 34 del expediente digital de primera instancia.
17
Se decretaron como pruebas: los documentos aportados por la parte actora y por el accionado en la contestación de la
demanda.
18
Cfr. índice 45 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. Índice 61 del expediente digital de primera instancia.
20
Minuto 33:46 al 48:47 de la audiencia pública.
8
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
41.Sostuvo que en el presente caso se demostró que el accionado actuó con culpa,
dado que tenía pleno conocimiento que su padre era representante legal de tal
asociación, situación que le permitía conocer sobre la existencia de la inhabilidad
sobreviniente.
42.Igualmente, allegó escrito de su intervención21 en el que reiteró los argumentos
expuestos en la citada audiencia pública.
I.5.2. Intervención del agente del Ministerio Público
43. El Procurador 45 Judicial II para Asuntos Administrativos22 presentó concepto
en el cual solicitó que se decretara la desinvestidura al señor Juan David Bermúdez
Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) para el período 2024-
2027.
44. En cuanto al elemento objetivo, el agente del Ministerio Público encontró
probado el vínculo en primer grado de consanguinidad existente entre el accionante
y el accionado con los registros civiles de nacimiento.
45. Encontró acreditado que el padre del demandado tiene la calidad de
representante legal de una entidad encargada de la prestación del servicio público
de acueducto en el municipio de Villa de Leyva. Al respecto, resaltó que la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que las entidades sin ánimo de
lucro, como las asociaciones de servicios de acueducto, se encuadran dentro del
concepto jurídico de entidades prestadoras de servicios públicos.
46. Sostuvo que tal condición la ejerció el padre del accionado dentro del año
anterior a la fecha de la elección al concejo, según se demuestra con las pruebas
aportadas en el expediente, en particular, con los certificados de existencia y
representación legal de la Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo, en
los cuales se demuestra que el padre del acusado funge como tal desde el año
2016, condición que la ha ejercido de manera ininterrumpida, incluso, hasta la fecha.
47.En cuanto al elemento subjetivo, encontró acreditado este requisito toda vez
que el accionado conoce quien es su padre.
48. Señaló que la parte accionada alegó que se enteró de que su padre era el
representante legal de la Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del
Municipio de Villa de Leyva – Boyacá solo hasta el 2024. Sin embargo, dicha
aseveración carece de respaldo, puesto que el padre ha venido siendo
representante legal desde el año 2016, es decir, por casi 9 años. Además de ello,
el ejercicio de la representación legal se ejerce de manera pública, según la ley y
sus estatutos.
21
Cfr. Índice 60 del expediente digital de primera instancia.
22
Doctor Luis Arturo Herrera.
9
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
49. Argumentó que para la configuración de la causal de inhabilidad no es relevante
si el padre prestó algún tipo de colaboración o ayuda porque este elemento no
integra el elemento objetivo de la causal.
50. Anotó que, en todo caso, en el expediente sí se demostró que el accionado
recibió apoyo de su padre, lo cual se encuentra demostrado con las publicaciones
de la red social Facebook que fueron aportadas por la parte accionada al descorrer
el traslado de las excepciones, documentos que fueron allegados oportunamente y
debían ser valorados, los cuales demuestran que: “[…] no es cierto que durante el
año anterior a la fecha de la elección se venían presentando desavenencias entre
el demandado y su señor padre y que por tanto no le pudo prestar ningún apoyo.
Estos documentos muestran precisamente lo contrario, por lo menos, que no existió
esa tal desavenencia […]”.
I.5.3. Intervención de la parte accionada y su apoderado
• Intervención del concejal
51.El concejal relató que creció en un núcleo familiar en el cual su padre desde
muy pequeño lo sometió a maltratos psicológicos, físicos, verbales y económicos y
que durante el desarrollo de su vida no siempre vivió en el municipio de Villa de
Leyva.
52. Describió que producto de todos los problemas que se presentaron dentro de
su núcleo familiar, su padre y su madre se separaron y, desde ese momento,
asegura que ha vivido entre la ciudad de Cali y el municipio de Villa de Leyva; que
vivió en Cali durante casi ocho (8) años y que retornó a la ciudad de Villa de Leyva
en el año 2022, para hacerse cargo de su empresa familiar llamada Avícola
Bermúdez, momento en el cual pudo evidenciar junto con sus hermanos -que son
socios de esta- que la empresa se encontraba en un estado financiero “terrible” lo
que motivó a que decidieran remover a su padre de la representación legal de la
empresa.
53. Aseguró no tener conocimiento de que su padre había sido elegido como
presidente o representante legal de la asociación de suscriptores.
54. Sostuvo que su padre en una entrevista realizada con posterioridad a la
presentación de la demanda reconoció que su enemistad data del año 2017 e indicó
que su relación ha sido “[…] intermitente […]”, e incluso, en ocasiones y por el
transcurrir de los años “[…] nula […]”, dado que su padre lo ha sometido a maltratos
físicos, psicológicos y siempre ha buscado causarle daño.
55. Reiteró que desconoce cuál ha sido el transcurrir de su padre en estos últimos
9 o 10 años de su vida; que asumió la representación legal de la empresa Avícola
Bermúdez en el año 2023, y sólo cuando solicitó mediante un derecho de petición,
en junio del año 2024, la entrega de unos recibos del agua que no estaban llegando
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
a la propiedad en jurisdicción de ese acueducto se enteró que el presidente era su
padre.
56. Relató que su padre intentó atentar contra su vida con arma de fuego, por lo
que se pregunta: “[…] un padre que intenta matar a un hijo, qué apoyo le va a
brindar en una campaña […]”.
57. Señaló que durante su campaña se realizaron alrededor de 250 reuniones con
muchas personas del municipio y, para ese entonces, su padre “[…] nunca (…)
estuvo conmigo, nunca me acompañó, lastimosamente al final de la campaña,
rematando la campaña, para los últimos 20 días de la campaña aproximadamente,
por medio de terceros me hacen saber que mi padre quiere acompañarme, que mi
padre quiere hacer las paces conmigo, ¿quién soy yo Honorables magistrados para
decirle a mi papá, yo nunca me iba a imaginar que ese era un entramado y que lo
único que buscaba él era consolidar pruebas para después, posteriormente salir él
y demandarme si quedaba electo concejal si no accedía a sus intenciones […]”.
58. Afirmó que ha sido un concejal independiente y que en varias oportunidades,
incluso con posterioridad a su posesión, no ha accedido a manejos o acciones
dentro del concejo que su padre le solicitaba para llevar a cabo.
59. Insistió en que solo en el año 2024 se enteró que su padre era representante
legal del acueducto, cuando presentó un derecho de petición y subrayó que su
progenitor, en ningún momento, organizó reuniones ni sugirió que votaran por él.
Además, el hecho de que su padre compartiera sus publicaciones en redes sociales
demuestra que, lejos de estar prestándole colaboración “[…] estaba constituyendo
pruebas […]” para poder instaurar una demanda de pérdida de investidura y buscar
su muerte política.
• Intervención del apoderado judicial del accionado
60. El apoderado del accionado reprodujo, por su parte, los argumentos de la
contestación, en el sentido de que el acueducto es de naturaleza privada y este no
fue constituido con recursos públicos o participación estatal, ni ha sido subsidiado
por el Estado, ni ha recibido donaciones del ente territorial y no ha contratado con
el municipio; por ende, se rige por las normas del derecho privado y no por el
derecho público.
61. Argumentó que el accionado “[…] jamás se enteró que su señor padre era
representante legal del acueducto y mucho menos era sabedor de la prohibición
legal, que de cualquier forma y como ya se dijo, la situación fáctica no se encuadra
en el presente caso frente a la norma citada. […]”.
62. Sostuvo que el accionante, en un medio de comunicación del municipio
reconoció la existencia de esa relación de enemistad desde el año 2017 y reiteró
que el demandante se hizo elegir representante legal faltando un mes para las
elecciones realizadas en el año 2019, en las cuales participó por primera vez “[…]
11
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
por qué si bien el demandante es padre del enjuiciado, nunca le dijo, le dio a saber
que estaba inmerso en una causal de inhabilidad. ¿Por qué esperó a que saliera
electo para proceder a demandarlo? […]”.
63. Adujo que la actuación del demandante resulta dolosa y de mala fe y que los
móviles de la presente demanda se remontan a un problema de una herencia y los
malos manejos de la compañía Avícola Bermúdez, situación que motivó a que se
hiciera designar representante legal del Acueducto Mosocallo para “[…] dañar la
vida política de su propio hijo, ya que al no poder por vía legal reclamar derechos
sobre la empresa, pues claro es que el ser representante legal de una compañía
no lo hace socio ni propietario de la misma […]”.
64. Añadió que “[…] el ánimo dañino del actor trasciende a otras conductas penales
en contra de mi poderdante, pasando, por falsedades con fines de apropiarse de la
compañía, tal como se acreditó con la contestación de la demanda y se denunciara
al actor, utilización de poderes falsos, llegando incluso a intento de homicidio en
contra de mi defendido, es decir su propio hijo, lo que de plano nos lleva a
cuestionarnos si el aquí actor con la presente acción, buscaba salvaguardar la
correcta protección de la función pública junto al respeto por el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, o por el contrario, lo que buscaba era un
escenario donde consumar su ánimo de venganza en contra de su propio hijo […]”.
65. Anotó que con la presente demanda no se busca la defensa del orden jurídico
y este hecho se podría corroborar con la entrevista realizada a medios de
comunicación, en la cual el accionante “[…] menciona que su hijo lo ha dejado en
la calle que es un ser que no merece ser concejal […]”.
66.Finalmente, indicó que “[…] el actor al descorrer el traslado aporta fotografías
acompañando a mi prohijado a un par de reuniones proselitistas, estas se
suscitaron efectivamente en campaña política ya que para dichos periodos su señor
padre intentó acercarse supuestamente a efectos de arreglar la relación, situación
que mi prohijado no le prohibió […]”.
67. La defensa allegó escrito de su intervención23, mediante el cual reiteró los
argumentos expuestos en la citada audiencia pública.
I.6. La sentencia de primera instancia24
68.La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá mediante sentencia de 11
de marzo de 2025 negó las pretensiones de la demanda.
69. Explicó que el concejal Juan David Bermúdez Vergara propuso a manera de
excepciones de fondo las que se denominaron “[…] carencia de los elementos y
requisitos estructurales de la acción de pérdida de investidura […]”; “[…] MALA FE
23
Índice 58 del expediente digital de primera instancia.
24
Cfr. Índice 65 del expediente digital de primera instancia.
12
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
Y TEMERIDAD […]”, y “[…] AUSENCIA DEL ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO
EN LA CONDUCTA DEL DEMANDADO […]”. No obstante ello, se trata de
reproches de fondo que atacan las pretensiones de la demanda y que debían ser
analizadas al resolver el fondo de la controversia.
I.6.1. El estudio del elemento objetivo
70. Sostuvo que el Consejo de Estado ha advertido, en diversos pronunciamientos,
en especial a partir de la sentencia de la Sala Plena Contenciosa de 23 de julio de
200225, que si bien el artículo 48 de la Ley 617 contiene una relación de los diversos
eventos en que los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras
locales perderán su investidura y se omitió la violación del régimen de inhabilidades,
no por ello podía concluirse que haya sido voluntad del legislador suprimir esta
causal.
71. Manifestó que para que se configure la inhabilidad analizada es necesario que
se demuestren los siguientes elementos: i) que exista parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con el candidato; ii) que,
para el caso del pariente, este haya sido representante legal de una de las
entidades que indica la norma; iii) que la entidad sea de aquellas que: a) administren
tributos, tasas o contribuciones; b) presten servicios públicos domiciliarios o c) de
seguridad social en salud que pertenezca al régimen subsidiado; iii) la
representación legal debe haberse ejercido en el periodo inhabilitante, esto es,
durante el año anterior a las elecciones; y que; iv) la entidad administre tributos,
tasas o contribuciones, o preste sus servicios públicos domiciliarios en el respectivo
municipio.
72. En lo que atañe al concepto de representación legal, señaló que la
jurisprudencia ha señalado que esta condición se predica respecto de las personas
jurídicas como entes ficticios creados por la ley, que requieren de un agente
personal que los represente en el mundo del derecho. En tal virtud, la persona
jurídica se representa mediante una persona natural -representante legal- que
personifica la capacidad de goce y de obrar otorgada a la organización; por
consiguiente, el referido sujeto, en esa condición, no solo representa en todos los
ámbitos a la persona moral sino que, además, puede contraer obligaciones a su
nombre.
73. Explicó que para la configuración de este elemento, es suficiente con que la
autoridad se haya ejercido o detentado en cualquier momento durante el periodo
inhabilitante, sin que sea menester su materialización y que en el caso del principal
basta que se pruebe dicha calidad con el certificado de la cámara de comercio
respectiva.
74. Señaló que de conformidad con los artículos 28.9 y 117 del Código de Comercio
la designación de los representantes legales es uno de los actos que deben
25
Expediente 7177.
13
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
inscribirse en el registro mercantil y, según el artículo 117 de la referida codificación,
para probar la representación de una sociedad es suficiente la certificación de la
cámara respectiva con indicación del nombre de los representantes.
75. En cuanto al concepto de “[…] entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios […]”, precisó que conforme lo indicó esta Sección en sentencia de 18
de mayo de 2006, cuando el artículo 40 de la Ley 617 alude a “[…] entidades que
presten servicios públicos domiciliarios […]” se está refiriendo a las entidades que
tenían como objeto legal dicha prestación, sea cual fuere su denominación
(empresa, instituto o establecimiento público), al igual que las empresas de
servicios públicos delimitadas en la Ley 142.
76. Agregó que, según la jurisprudencia “[…] independientemente de cuál sea su
naturaleza jurídica y su forma de constitución, ostentan el carácter de entidades
prestadoras de servicios públicos domiciliarios, “[…] aquellas organizaciones
autorizadas conforme a dicha ley para prestarlos en municipios menores, en
zonas rurales y áreas o zonas urbanas específicas.,” además de las empresas
de servicios públicos constituidas por acciones y que llevan el sufijo «E.S.P.», y de
las entidades descentralizadas que desarrollaban dicha actividad, con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 142 de 1994. […]”. (Negrilla del texto).
77. Argumentó que el Consejo de Estado, en un caso de similares supuestos
fácticos, concluyó que la Asociación de Usuarios del Acueducto Regional La Mesa
Quipile - Anapoima - departamento de Cundinamarca, constituida como una entidad
privada sin ánimo de lucro, ostentaba el carácter de entidad prestadora de servicios
públicos domiciliarios.
78.Analizó el caso concreto y encontró probados los requisitos que estructuran la
causal de inhabilidad, así:
79. El parentesco: se acreditó que el señor Juan David Bermúdez Vergara fue
elegido concejal del municipio de Villa de Leyva por el período constitucional 2024
– 2027 y existe un parentesco en primer grado de consanguinidad con el señor
Carlos Eduardo Bermúdez Ruget.
80. El señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget, padre del demandado, es el
representante legal del Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva, de conformidad con
el Acta 34 del 10 de marzo de 2024 de la Asamblea General de Suscriptores,
inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de julio de 2014 bajo el núm.: 29430 del
libro I del Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro.
81. En cuanto al elemento temporal, señaló que consta que el: a) padre del concejal
ha sido reelegido representante legal de la Asociación Acueducto Mosocallo del
municipio de Villa de Leyva en varias oportunidades y una de ellas mediante el Acta
de 1 de noviembre de 2019, inscrita en la Cámara de Comercio el 15 de octubre de
2019; b) en el certificado citado del 7 de noviembre de 2024 no aparece registrada
ninguna elección posterior, en el que además se advierte que “[…] revisado el
14
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
expediente de la entidad sin ánimo de lucro: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA… a la
fecha no existen documentos posteriores de nombramientos de
representante legal, aquí certificados […]”.
82. Expuso que, dentro del año anterior a la elección del accionado, su padre
mantuvo su condición de representante legal de la Asociación, calidad que ostenta
en la actualidad en virtud del Acta 34 de 10 de marzo de 2024, inscrita en la Cámara
de Comercio el 22 de julio de 2024.
83. Añadió que la Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo, según sus
estatutos, es una entidad de carácter privado y servicio comunitario, sin ánimo de
lucro y por ello su patrimonio en ningún caso podrá pertenecer a quienes, como
personas naturales o jurídicas, la integren.
84. Puntualizó que independientemente de que la Asociación de suscriptores del
Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva que preside el señor Carlos Eduardo
Bermúdez Ruget haya sido constituida como una entidad privada sin ánimo de lucro
y el hecho de que no esté subsidiada por el Estado; que no haya recibido
donaciones del ente territorial, y que no haya contratado con el Municipio, dicha
Asociación ostenta el carácter de entidad prestadora de servicios públicos
domiciliarios, con fundamento en sus estatutos y su objeto social.
85. En cuanto a su objeto, resaltó que consiste en “[…] coordinar, promover y velar
por el cumplimiento de las diferentes actividades relacionadas con la eficiente
prestación del servicio en cuanto a la administración, mantenimiento y
funcionamiento del acueducto”, “Vincular, mediante promoción, a todos los
habitantes de las viviendas en el área que cubre el acueducto, con el fin de que
participen en el mantenimiento y operación del sistema”, y “Efectuar la adecuada
recolección de las aguas residuales domésticas […]”.
86. Argumentó que era claro que su objeto social consistía en velar por la
prestación de un buen servicio domiciliario de acueducto y alcantarillado,
actividades que se relacionan con la captación, procesamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y transporte de agua, por lo que, al tenor del artículo
14.22 de la Ley 142, su finalidad consiste en la prestación del servicio de acueducto
y alcantarillado.
I.6.2. El estudio del elemento subjetivo
87. Manifestó que la Corte Constitucional, en sentencia SU 424 de 2016 señaló que
resulta necesario probar la responsabilidad subjetiva del inculpado a fin de dar
aplicación a todos los principios que integran el debido proceso.
15
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
88. Añadió que el Consejo de Estado, en sentencia de 7 de julio de 2023 26, señaló
que a la parte actora le corresponde acreditar la tipicidad de la estructuración de la
conducta – elemento objetivo- y la culpabilidad -elemento subjetivo- ya que el
proceso de pérdida de investidura es un juicio de naturaleza sancionatoria y
punitivo, motivo por el cual no se podía trasladar la carga de la prueba al procesado
respecto de la configuración de la falta y la culpabilidad.
89. Adujo que en la demanda de la referencia no se señaló argumento alguno sobre
la acreditación de la culpabilidad del concejal demandado (elemento subjetivo), ya
que estos solo se vinieron a exponer en la audiencia pública, al momento de
presentar los alegatos de conclusión, y esta no era la oportunidad para subsanar o
reformar la demanda pues, de hacerse, se estaría vulnerando el derecho de
defensa y de contradicción del accionado.
90. Por lo tanto, la sola configuración del elemento objetivo de la causal no permite
decretar la desinvestidura del concejal, por cuanto, es necesario establecer: i) si
estaba en condiciones de comprender el hecho o la circunstancia configurativa de
la causal y, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento.
91. Anotó que la parte demandante tampoco aportó pruebas suficientes para
acreditar el elemento subjetivo, circunstancia que no resulta suficiente para decretar
la pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, máxime que
en los procesos de pérdida de investidura la carga de la prueba está a cargo de la
parte demandante.
92. Por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda, al no haberse demostrado
el elemento subjetivo.
I.7. El recurso de apelación27
93. La parte accionante presentó recurso de apelación.
94. Señaló que el accionado incurrió en la causal de perdida de investidura prevista
en el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la
Ley 617, en consonancia con el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, por cuanto
él tiene la calidad de representante legal de una entidad que presta servicios
públicos domiciliarios en el Municipio de Villa de Leyva; se encuentra en primer
grado de consanguinidad con el demandado y, además, este hecho era de su
conocimiento durante la campaña electoral.
95. Manifestó que, conforme la Ley 142 y el Decreto 421 de 2000, la prestación de
servicios públicos domiciliarios puede hacerse a través de diferentes formas
asociativas, entre ellas, las organizaciones autorizadas conforme a dicha ley para
26
Citó: Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI
27
Cfr. Índice 72 del expediente digital de primera instancia.
16
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas.
96. Expuso que durante el proceso electoral acompañó a su hijo, impulsando su
campaña, tal y como se evidencia de las siguientes publicaciones en redes
sociales, documentos a los que hizo referencia dentro del traslado de las
excepciones propuestas por el demandado.
97. Aportó dichas pruebas con el objeto de demostrar que “[…] para la época
electoral no existía ningún tipo de enemistad entre el demandado y el suscrito
demandante, al contrario se evidencia como el Concejal en mención haciendo uso
de los aportes de la asociación a la comunidad a través de la prestación del servicio
público de acueducto, hacia méritos para ganar electores. […]”.
98. Manifestó que el presente caso debe estudiarse a la luz de la regla contenida
en la sentencia SU 424 de 2016 de la Corte Constitucional, toda vez que este
proceso judicial sancionatorio implica en la actualidad un juicio de responsabilidad
subjetivo que obliga al juzgador a hacer un análisis de la culpabilidad del
investigado.
99. Indicó que las inhabilidades corresponden a aquellas circunstancias creadas
por la Constitución Política o la ley que impiden o imposibilitan que una persona
sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio
del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como
objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de
quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.
100. Refirió a que las inhabilidades buscan evitar que los servidores públicos utilicen
su investidura para tramitar los asuntos puestos a su consideración en una u otra
forma, con el fin de obtener beneficios o privilegios para ellos o sus parientes,
desconociendo los postulados constitucionales que deben regir su labor y que el
artículo 133 de la Constitución Política consagra un principio de responsabilidad de
quienes resultan elegidos para ocupar cargos de elección popular y, conforme a la
jurisprudencia de esta Sección, la violación del régimen de inhabilidades genera la
pérdida de investidura de los concejales.
I.8. Pruebas en segunda instancia
101. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de auto
de 22 de abril de 202528, concedió la alzada y remitió el proceso al Consejo de
Estado.
102. Por auto de 9 de julio de 202529, el consejero sustanciador del proceso resolvió:
i) admitir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
28 28
Cfr. Índice 74 del expediente digital de primera instancia.
29
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
17
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
instancia; ii) negar el decreto de las pruebas aportadas en segunda instancia por el
accionante; iii) decretar de oficio las pruebas aportadas en segunda instancia por
el demandante; y iv) correr traslado a las partes de las pruebas decretadas de oficio
y del auto admisorio del recurso de apelación.
103. El 17 de julio de 202530, la parte accionada presentó escritos por medio de los
cuales se pronunció sobre las pruebas y argumentos presentados por la parte
demandante. Además, aportó y solicitó pruebas dentro del término de ejecutoria del
auto de 9 de julio de 2025.
104. Por auto de 9 de diciembre de 202531, el consejero sustanciador del proceso
resolvió: i) decretar como pruebas los documentos aportados por el apoderado
judicial del accionado mediante escritos de 17 de julio de 2025; ii) negar el decreto
de las pruebas solicitadas por el apoderado judicial y; iii) correr traslado a las partes
de las pruebas decretadas por el término de tres (3) días.
105. El consejero sustanciador del proceso presentó impedimento para actuar en el
proceso32, el cual fue declarado infundado mediante auto de 25 de junio de 202633.
I.9. Concepto del Ministerio Público
106. El 21 de julio de 202534, el Procurador Delegado ante el Consejo de Estado
solicitó que la sentencia de primera instancia sea confirmada.
107. Manifestó que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1881,
la pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y añadió que en
el presente caso, desde la presentación de la demanda, la parte accionante omitió
desarrollar el elemento subjetivo, requisitito exigido por el literal c) del artículo 5 de
la Ley 1881, relativo a la debida explicación de la causal de pérdida de investidura,
el cual implica el desarrollo de una imputación completa tanto desde la parte
objetiva como del elemento subjetivo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
108. La Sala para resolver la presente controversia analizará: i) la competencia; ii)
la acreditación de la condición del accionado como concejal; iii) el problema jurídico;
iv) la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura
de los concejales; v) la inhabilidad prevista en el numeral 4°. del artículo 43 de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617; vi) la valoración probatoria de
los mensajes de datos y documentos; vii) elementos de relevancia probatoria; viii)
el estudio de los elementos objetivo de la causal y; ix) el estudio del elemento
subjetivo y; x) conclusiones.
30
Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de segunda instancia.
31
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia.
32
Cfr. Índice 21 del expediente digital de segunda instancia.
33
Cfr. Índice 25 del expediente digital de segunda instancia.
34
Cfr. Índice 10 del expediente digital de segunda instancia.
18
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
II.1. La competencia
109. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150
de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201935.
II.2. La acreditación de la condición del accionado como concejal
110. La calidad del señor Juan David Bermúdez Vergara se encuentra acreditada
con el Formulario E- 26, mediante el cual se declaró su elección como concejal del
municipio de Villa de Leyva para el período constitucional 2024-2027 en las
elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en el literal b) del artículo 5 de la Ley 1881.
II.3. El problema jurídico
111. Una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que se
observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201236, la Sala debe analizar si el concejal Juan David Bermúdez Vergara incurrió
en la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617, en consonancia con el numeral 2.° del artículo 55
de la Ley 136, por cuanto su padre, el señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget y
parte accionante en este proceso, fungió como representante legal de la Asociación
de suscriptores del Acueducto Mosocallo del municipio de Villa de Leyva, durante
el año anterior a la fecha de su elección en el referido municipio.
112. En este sentido, se debe analizar si se configuran los elementos objetivos y el
subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada.
II.4. La violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de
investidura de los concejales
113. Las inhabilidades previstas para los servidores públicos de elección popular han
sido catalogadas como aquellas situaciones creadas por la Constitución Política y
la ley que limitan el acceso de una persona a un cargo de elección popular, con el
claro propósito de garantizar que el desempeño de las funciones se realice con
apego a los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, imparcialidad y que la
gestión del elegido se efectúe conforme con el interés general.
114. La jurisprudencia constitucional ha definido las inhabilidades como “[…]
aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o
35
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
36
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. Aplicable en virtud
de los artículos 21 de la Ley 1881 y 306 de la Ley 1437.
19
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en
ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público
continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos […]”.37
115. Precisamente, el artículo 55 de la Ley 136 previó el catálogo de conductas que
tienen como efecto la desinvestidura de los concejales, entre las cuales se
encuentra la violación del régimen de inhabilidades (numeral 2.°).
116. Por su parte, el artículo 48 de la Ley 617, si bien no enlistó la violación del
régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura para el caso de
los diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales, el
numeral 6.° del artículo de la ley ibidem incorporó una norma de remisión “[…] 6.
Por las demás causales expresamente previstas en la ley. […]”.
117. La jurisprudencia de esta Sección38, de manera uniforme y reiterada ha
señalado lo siguiente:“[…] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto
la Sala Plena del Consejo de Estado39 como la Sección Primera40, han sostenido
que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la violación del régimen de
inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que la
misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé
con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los
miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las
demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
118. Por lo tanto, a pesar de que el artículo 48 de la Ley 617 no prevé de manera
expresa la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de
investidura para los concejales, esto no significa que haya desaparecido puesto que
este no fue el designio del legislador. Así se ha entendido que el numeral 6° ibidem
incorporó una norma de reenvío a las demás causales expresamente previstas en
la ley, quedando comprendido, entonces, el régimen de inhabilidades como causal
de desinvestidura de los concejales según lo dispuesto en el numeral 2.° del artículo
55 de la Ley 136.
II.5. La inhabilidad prevista en el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617
37
Sentencia C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, reiterada en sentencia C- 179 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy
Cabra.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia
de 24 de mayo de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-2017-01224-01(PI).
39
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado
Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
40
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016
– 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez.
20
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119. La inhabilidad invocada en el presente caso se encuentra prevista en el numeral
4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, norma
que es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital:
[…]
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o
distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido
o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban
realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. […]”. (Negrilla fuera del
texto).
120. La Sala abordará los requisitos de la inhabilidad que es objeto de análisis en
este proceso, para lo cual, y de acuerdo con la descripción del supuesto normativo,
se advierte que está integrada por los siguientes elementos:
i) Vínculo: la existencia de un vínculo de matrimonio o unión permanente, o de
parentesco – hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil- con el candidato.
ii) Material: que el pariente, cónyuge o compañero (a) permanente o pariente –
dentro de los grados previstos en la ley- sea representante legal de una entidad de
aquellas que presten servicios públicos domiciliarios
iii) Temporal: que el pariente, cónyuge o compañero (a) permanente o pariente –
dentro de los grados previstos en la ley- haya sido representante legal dentro del
período inhabilitante- año anterior a las elecciones-y;
iv) Territorial: que la entidad que preste servicios públicos domiciliarios lo haga en el
respectivo municipio o distrito donde resultó elegido.
121. Conviene precisar que para la configuración de esta causal no es necesario
que la ventaja o el beneficio electoral se materialice, toda vez que ello no se
acompasa con el propósito de la inhabilidad previamente analizada, la cual tiene un
carácter eminentemente preventivo orientado a preservar la igualdad en el proceso
electoral y evitar las asimetrías entre los candidatos.
21
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
II.6. La valoración probatoria de los mensajes de datos y documentos
122. La Ley 527 de 18 de agosto de 199941 define los mensajes de datos como
toda la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por
medios electrónicos, ópticos o similares y como medios de prueba, su fuerza
probatoria se hace conforme a las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII,
Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso.
123. El artículo 247 de la Ley 1564 frente a la valoración de los mensajes de datos
señala:
“[…] Artículo 247. Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como
mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo
formato en que fueron generados, enviados, o recibidos, o en algún otro
formato que lo reproduzca con exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos […]” (Negrillas y
subrayado fuera del texto).
124. Frente a la valoración probatoria de los mensajes de datos a que se refiere
la Ley 527 de 1999 se ha señalado que deben cumplir los siguientes requisitos:
“[…] Es decir que, a la luz del parámetro jurisprudencial reproducido, el demandante
en un proceso judicial deberá garantizar: (i) que la información contenida en el
mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta –art. 6° de la Ley 527 de
1999–; (ii) la identificación del iniciador del mensaje–quien lo genera –art. 7° de la
Ley 527 de 1999–; (iii) la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido
alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma
definitiva –arts. 8° y 9° de la Ley 527 de 1999–42.
Todo ello, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios de
convicción digitales, –entiéndase correos electrónicos, fotos y videos subidos a las
redes sociales, leyendas que acompañan los “post” de Instagram y Facebook–,
como requisitos “sine qua non” para su apreciación, de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y sus particularidades propias43. [….]”44.
125. Por otro lado, en relación con el valor probatorio de las fotografías, videos e
impresiones de pantalla, debe acudirse a la regulación del artículo 243 de la Ley
1564, que señala:
“[…] ARTÍCULO 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los
escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas
cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones,
radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo
41
“[…] Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. […]”.
42
Ídem.
43
Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
44 44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, número
único de radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00 (2020-00017), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Tesis reiterada en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de diciembre
de 2021. Radicado núm.: 81001-2339-000-2020-00127-01.
22
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en
lápidas, monumentos, edificios o similares. […]”.
126. Igualmente, para determinar la autenticidad de los documentos, el artículo
244 de la Ley 1564 señala:
“[….] ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o
cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […]”.
127. A propósito de la valoración probatoria de los mensajes de textos y las
impresiones de mensajes de datos, esta Sección en sentencia de 10 de diciembre
de 202145 señaló:
“[…] Es así como, con el propósito de reafirmar la validez probatoria de estos medios
de convicción digitales, entiéndase, como en el caso concreto, fotos y videos
divulgados en redes sociales como Facebook, -así como en las restantes redes como
Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, entre otros-, y las leyendas, notas y pie de fotos
que detallen, complementen o describan tales publicaciones o intervenciones, se
requerirá, como requisitos para su apreciación, de conformidad con las reglas de la
sana crítica y sus particularidades, que: (i) la información contenida en el mensaje de
datos sea accesible para su posterior consulta, –artículo 6°, de la Ley 527–; (ii) la
identificación del iniciador del mensaje, es decir quien lo genera, –artículo 7°, de la
Ley 527–; y (iii) se verifique la integralidad de su contenido, esto es, que no haya sido
alterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva,
–artículos 8° y 9°, de la Ley 527–. De lo contrario, al no reunir estas condiciones
informáticas, la simple impresión de un mensaje de datos será valorada, como ya se
vio, de conformidad con las reglas generales de los documentos, en los términos del
artículo 247 del CGP. […]”46. (Negrilla del texto).
128. De los apartes jurisprudenciales transcritos, se concluye que las exigencias
previstas en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley 527 de 1999 resultan aplicables
cuando se aporten mensajes de datos, esto es, correos electrónicos, vínculos de
internet, fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace. Sin
embargo, cuando se trata de sus reproducciones debe aplicarse el régimen
probatorio de los documentos, de conformidad con el artículo 247 de la Ley 1564.
II.7. Elementos de relevancia probatoria
II.7.1. Pruebas aportadas por la parte actora
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de diciembre de 2021.
Radicado núm.: 81001-2339-000-2020-00127-01. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 10 de diciembre de 2021.
Radicado núm.: 81001-2339-000-2020-00127-01. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Tesis reiterada en:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de febrero de 2026. Radicado
núm.: 50001 23 33 000 2025 00218 01. Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro.
23
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
129. El actor para acreditar sus afirmaciones aportó las siguientes pruebas:
• Formulario E- 26 CON, por medio del cual se demuestra que el 29 de octubre de
2023, el señor Juan David Bermúdez Vergara resultó elegido concejal del municipio
de Villa de Leyva, para el período constitucional 2024-2027.
• Registros civiles de nacimiento del señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget y Juan
David Bermúdez Vergara en los cuales se demuestra que son parientes en primer
grado de consanguinidad.
• Certificado Especial emitido por la Cámara de Comercio de 7 de noviembre de
2024.
• Certificado de 24 de octubre de 2024 de la Cámara de Comercio de Tunja en el
cual consta que fue designado nuevamente el señor Carlos Eduardo Bermúdez
Ruget como representante legal el día 10 de marzo de 2024.
• El accionante en el escrito de apelación adjuntó “[…] publicaciones en diferentes
redes sociales […]” con el objeto de demostrar que “[…] para la época electoral no
existía ningún tipo de enemistad entre el demandado y el suscrito demandante […]”.
II.7.2. Pruebas aportadas por la defensa del accionado
130. Las pruebas aportadas son:
• Estatutos de la Asociación de Suscritores del Acueducto Mosocallo47 .
• Respuesta de 5 de noviembre de 202448, mediante la cual el Secretario de
Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales de la Alcaldía del
municipio de Villa de Leyva relacionó los pagos por subsidios por transferencias del
Fondo de Solidaridad y Retribución.
• Petición de 26 de noviembre de 202449, mediante la cual el señor David Bermúdez
Vergara solicitó ante el Alcalde del municipio de Villa de Leyva que informara y
certificara si para la vigencia 2022 y 2023 esa entidad territorial celebró o sostuvo
algún tipo de relación contractual con el Acueducto Mosocallo y con la Asociación
de acueductos ASOCHAINA de Villa de Leyva Boyacá, tales como convenios
interadministrativos, contrataciones directas, donaciones, actas de entregas, actos
administrativos soportados en SECOP especificando la ejecución de recursos.
• Petición de 18 de diciembre de 202450, a través de la cual el señor Juan David
Bermúdez Vergara solicitó ante la Asociación de Suscriptores del Acueducto
Mosocallo que informara sobre los siguientes aspectos: i) si tiene algún tipo de
47
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
48
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
49
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
50
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
24
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
relación contractual con el municipio de Villa de Leyva o con otra entidad de orden
Público tales como convenios interadministrativos, contrataciones directas,
donaciones, actas de entregas, actos administrativos, entre otros; ii) si pertenece al
régimen subsidiado; iii) si ha recibido durando los años 2021, 2022 y 2023 subsidios
por trasferencias del fondo de solidaridad y redistribución de los ingresos para los
suscriptores de uso residencial en los estratos 1,2 y 3; iv) si subsidia en los servicios
de acueducto, aseo y alcantarillado a alguno de los suscriptores pertenecientes a la
asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del Municipio de Villa de Leyva
y; v) si cuenta con usuario en la plataforma del sistema de contratación estatal
pública SECOP.
• Respuesta de 10 de enero de 2025 emitida por el Acueducto Mosocallo de Villa de
Leiva a la anterior petición.
• Respuesta de 10 de enero de 2025, mediante la cual el Alcalde del municipio de
Villa de Leyva responde al señor Juan David Bermúdez Vergara lo siguiente: “[…]
Frente al interrogante planteado y una vez revisados los archivos que reposan en la
entidad no se encuentra evidencia de lo solicitado, se allega certificación expedida
por la Oficina Asesora de Contratación, Licitaciones y Suministros. […] Que, en la
plataforma, SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de la Agencia
Nacional de Contratación Pública, no reposa ningún contrato suscrito entre el
municipio de Villa de Leyva con el Acueducto Mosocallo o con la Asociación de
Acueducto ASOCHAINA de Villa de Leyva Boyacá, durante las vigencias 2022 y
2023. […]”.
• Medida de protección definitiva de 30 de enero de 202451, expedida por la
Comisaría de Familia a favor del señor Juan David Bermúdez Vergara.
• Solicitud de valoración médico legal FPJ-39 y del Informe Pericial de Clínica
Forense de 2 de diciembre de 202352.
• Acta o contrato de constitución de la sociedad Avícola y de Transportes Bermúdez
S.A.S. de 5 de enero de 201153, empresa familiar del accionado.
• Escritura Pública 1220 de 2 de julio de 201054, mediante la cual el señor Juan
David Bermúdez Vergara otorga poder general al señor Carlos Eduardo Bermúdez
Ruget.
• El 12 de agosto de 202355, el señor Juan David Bermúdez Vergara revoca el poder
amplio y suficiente otorgado mediante Escritura Pública 1220 de 2 de julio de 2010.
51
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
52
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
53
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
54
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
55
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
25
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
• Acta 35 de 23 de octubre de 202456, en la que consta que se efectuó una reunión
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Avícola Bermúdez
mediante la cual se efectuó la elección del señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
como representante legal de esa sociedad.
• Escritos de 25 de octubre de 2024, de 28 de octubre de 2024 y 12 de noviembre
de 2024, en los que el concejal manifiesta no estar de acuerdo con el nombramiento
del señor Carlos Eduardo Ruget, como representante legal de la sociedad Avícola.
• Concepto 041691 de 2024 expedido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública.
• Video que contiene una entrevista del accionante con el siguiente link:
https://www.facebook.com/share/r/15rJKcPLPn/
• Video que contiene una entrevista del accionante aportado con el siguiente link:
https://www.facebook.com/share/v/15tXeDV6MK/
• Videos que presuntamente acreditan “[…] el intento de homicidio que sufrí de
manos del aquí accionante, con antelación a la presente Acción de perdida de
investidura. […]”. Sin embargo, su enlace no pudo ser consultado.
• Acta de posesión del concejal Juan David Bermúdez de 1 de agosto de 202257.
• Carta de renuncia de la curul presentada en su momento por Víctor Gamboa.
• Acuerdo 10 de 7 se septiembre de 2024 “[…] Por medio del cual se institucionaliza
la semana santa ambiental Villaleyvana y se dictan otras disposiciones […]”.
• Respuesta dada por el Acueducto Mosocallo de 14 de abril de 2025, por medio de
la cual se proporciona información sobre la forma como se eligió al representante
legal en el año 201958.
II.8. El estudio de los elementos objetivos de la causal
II.8.1. El vínculo entre el candidato y el representante legal de la entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios
131. En el presente caso no se discuten los siguientes hechos: i) que el señor Juan
David Bermúdez Vergara resultó elegido concejal del municipio de Villa de Leyva
para el período constitucional 2024-2027, como se desprende del Formulario E- 26
con, aportado junto con el escrito de subsanación de la demanda59 y; ii) que el señor
Carlos Eduardo Bermúdez Ruget y Juan David Bermúdez Vergara son parientes en
56
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
57
Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de segunda instancia.
58
Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de segunda instancia.
59
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia. «007_MemorialWeb_Otro-Prueba4E261.pdf».
26
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
primer grado de consanguinidad, de conformidad con los registros civiles
aportados60. Por lo tanto, se cumplen los requisitos relacionados con la prueba del
vínculo y la condición del accionado como concejal.
II.8.2. Que el pariente, cónyuge o compañero (a) permanente sea representante
legal de una entidad de aquellas que presten servicios públicos domiciliarios
132. El artículo 365 de la Constitución Política señala de manera expresa que “[…]
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
[…]”.
133. Además, se dispone que “[…] Los servicios públicos estarán sometidos al
régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden
privadas del ejercicio de una actividad lícita […]”.
134. Según la citada disposición constitucional se desprenden varios contenidos:
(i) la prestación de los servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado,
dada su importancia para la materialización de sus fines y la satisfacción de los
derechos fundamentales de las personas como la vida y la salud; (ii) el Estado debe
proporcionar las condiciones necesarias para garantizar la prestación eficiente de
los servicios a todos los habitantes del territorio nacional, es decir, es un deber
estatal; (iii) el legislador debe fijar las competencias y responsabilidades relativas a
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y
financiación así como el régimen tarifario. Por su parte, los artículos 367 a 370 de
la Carta Fundamental establecen el marco general de competencias en la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la regulación
que se expida por el legislador.
135. En desarrollo del anterior mandato, se expidió la Ley 142, la cual aplica a los
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica,
distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la
telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas
prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a
las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a
los otros servicios previstos en normas especiales de esa ley.
60
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia «008_MemorialWeb_Otro-Prueba3Registro.pdf».
27
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
136. El artículo 15 de la citada ley define las personas que pueden prestar
servicios públicos, así:
“[…] ARTÍCULO 15. Personas que prestan servicios públicos. Pueden prestar
los servicios públicos:
5.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios
del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración
central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas
específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos
de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al
momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos
y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17.
[…]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
137. El Decreto 421 de 2000 “[…] Por el cual se reglamenta el numeral 4 del
artículo 15 de la Ley 142 de 1994, en relación con las organizaciones autorizadas
para prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en
municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específicas […]” establece:
“[…] Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Para los efectos de lo establecido en la Ley
142 de 1994, en cuanto a los servicios públicos de agua potable y saneamiento
básico, podrán prestar dichos servicios en municipios menores, zonas rurales y áreas
urbanas específicas, las comunidades organizadas constituidas como personas
jurídicas sin ánimo de lucro.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, también podrán prestar los
servicios públicos descritos, en los municipios menores, zonas rurales y áreas
urbanas específicas, las demás personas prestadoras de servicios públicos
autorizadas por los artículos 15 y 20 de la Ley 142 de 1994, las cuales no son objeto
de reglamentación en este decreto.
[…]
Artículo 3°. Las personas jurídicas descritas en el artículo 1o. de este decreto
deberán, según lo dispuesto por los artículos 40 del Decreto 2150 de 1995, 7o. del
Decreto 427 de 1996 y 3.9 de la Ley 142 de 1994, registrarse en la Cámara de
Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio, inscribirse ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas concesiones, permisos
y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
28
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
138. La Corte Constitucional, en sentencia C-741 de 200361, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15.4 de la Ley 14262, señaló:
“[…] La referencia a “organizaciones autorizadas” que hace el artículo 15 de la Ley 142
de 1994, está estrechamente vinculado con la permisión de prestar servicios públicos a
las comunidades organizadas que consagra el artículo 365 Superior.
Si bien el artículo 365 de la Carta, al autorizar que las “comunidades organizadas”
pudieran prestar directa o indirectamente servicios públicos, no estableció una forma
jurídica específica bajo la cual éstos participarían, sí distinguió su actividad de aquella
que pudieran prestar los particulares, como lo evidencia el que el artículo hable tanto de
“comunidades organizadas” como de “particulares.” Así lo entendió el Legislador en la
Ley 142 de 1994, que al señalar que las “organizaciones autorizadas” podían participar
en la prestación de servicios públicos domiciliarios, las separó del régimen aplicable a
las empresas de servicios públicos y de otras formas de organización, inspiradas
principalmente por un interés empresarial. El desarrollo posterior de la Ley 142 de 1994
en materia de participación de las “organizaciones autorizadas” en la prestación de
servicios públicos refleja la especificidad de este ánimo solidario. Lo anterior no significa
que el concepto de “comunidades organizadas” sea asimilable al concepto de
“organizaciones autorizadas” puesto que este último también puede comprender
“particulares” que se organicen en una forma distinta a una empresa, en los términos
que señale la ley.
No obstante, la Ley 142 de 1994 sólo se refiere a las “organizaciones autorizadas” para
prestar servicios públicos domiciliarios en el artículo 15.4 –disposición parcialmente
demandada en el presente proceso–, el cual limita el ámbito territorial de su participación
a “municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especificas,” pero
no define su naturaleza ni las condiciones que deben cumplir para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios. Ninguna otra norma de dicha ley trata expresamente la
materia.
La actividad de las “organizaciones autorizadas” que participen en la prestación de los
servicios públicos se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y
de la comunidad en general, así como al logro de fines altruistas en favor de grupos
marginados, o discriminados, sin que ello signifique que su objeto no pueda comprender
que la prestación de los servicios públicos se lleve a cabo con eficiencia y calidad en
beneficio también de los usuarios de los mismos.63 […]”.
139. Esta Sección se ha ocupado de delimitar el alcance de lo que se entiende por
“entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios”, noción incorporada en
el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, en el siguiente sentido:
“[…] A propósito del concepto de “entidades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios”, resulta oportuno evocar el siguiente fragmento de la Sentencia dictada
por la Sala el 18 de mayo de 2006,64 en donde se sostuvo que cuando el artículo 40
61
Corte Constitucional, sentencia C-741 de 2003, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
62
La norma demandada en esa oportunidad era: “[…] 15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especificas. […]”.
(Negrilla y subrayado fuera del texto).
63
Ver el Salvamento parcial de Voto de Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur Galvis a la Sentencia C-948 de 2001, MP: Clara
Inés Vargas donde se declaró la constitucionalidad de una disposición que exigía a las cooperativas financieras obtener
autorización de la Superintendencia Bancaria para convertirse por decisión de sus asociados en sociedades anónimas.
64
Sentencia de fecha el 18 de mayo de 2006, Rad. núm.: 500012331000200400702 01, Consejero Ponente Dr. Rafael Enrique
Ostau De Lafont Pianeta.
29
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
de la Ley 617 de 2000 alude a entidades que presten servicios públicos
domiciliarios, “[…] se está refiriendo a las entidades que tenían como objeto legal
dicha prestación, sea cual fuere su denominación (empresa, instituto o
establecimiento público), al igual que a las empresas de servicios públicos delimitadas
en la Ley 142 de 1994.”65
La Sala señaló en esa providencia que independientemente de cuál sea su naturaleza
jurídica y su forma de constitución, ostentan el carácter de entidades prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, “[…] aquellas organizaciones autorizadas conforme a
dicha ley para prestarlos en municipios menores, en zonas rurales y áreas o zonas
urbanas específicas.,” además de las empresas de servicios públicos constituidas por
acciones y que llevan el sufijo «E.S.P.», y de las entidades descentralizadas que
desarrollaban dicha actividad, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 142
de 1994.
En relación con el tema, no puede perderse de vista que el inciso segundo del artículo
365 de de (sic) la Constitución Política de 1991, establece de manera perentoria que
“Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares”. (La negrilla es ajena al texto).
Por otra parte, y por expresa disposición del artículo 1° de la ley 142 de 1994, las
normas que regulan el régimen de los servicios públicos domiciliarios,aplican también
a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que
trata el artículo 15 de dicha ley, entre las cuales se cuentan “Las organizaciones
autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios
menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas.” (Artículo 15.4)
La H. Corte Constitucional, al pronunciarse en su sentencia C-741 del 28 de agosto de
2003, C. P. Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA sobre la exequibilidad del artículo
15 de la Ley 142 de 1994, hizo referencia a las organizaciones autorizadas en los
siguientes términos:
La referencia a “organizaciones autorizadas” que hace el artículo 15 de la Ley 142 de
1994, está estrechamente vinculado con la permisión de prestar servicios públicos a las
comunidades organizadas que consagra el artículo 365 Superior.
Si bien el artículo 365 de la Carta, al autorizar que las “comunidades organizadas”
pudieran prestar directa o indirectamente servicios públicos, no estableció una forma
jurídica específica bajo la cual éstos participarían, sí distinguió su actividad de aquella
que pudieran prestar los particulares, como lo evidencia el que el artículo hable tanto de
“comunidades organizadas” como de “particulares.” Así lo entendió el Legislador en la
Ley 142 de 1994, que al señalar que las “organizaciones autorizadas” podían participar
en la prestación de servicios públicos domiciliarios, las separó del régimen aplicable a
las empresas de servicios públicos y de otras formas de organización, inspiradas
principalmente por un interés empresarial. El desarrollo posterior de la Ley 142 de 1994
en materia de participación de las “organizaciones autorizadas” en la prestación de
servicios públicos refleja la especificidad de este ánimo solidario. Lo anterior no significa
que el concepto de “comunidades organizadas” sea asimilable al concepto de
“organizaciones autorizadas” puesto que este último también puede comprender
“particulares” que se organicen en una forma distinta a una empresa, en los términos
que señale la ley.
No obstante, la Ley 142 de 1994 sólo se refiere a las “organizaciones autorizadas” para
prestar servicios públicos domiciliarios en el artículo 15.4 –disposición parcialmente
65
Ese mismo criterio fue reiterado por la Sala en Sentencia del 5 de marzo de 2009, dentro del expediente radicado bajo el
número 25000-23-15-000-2008-00450-01 (PI), Consejera ponente: Dra. Maria Claudia Rojas Lasso.
30
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
demandada en el presente proceso–, el cual limita el ámbito territorial de su participación
a “municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especificas,” pero
no define su naturaleza ni las condiciones que deben cumplir para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios. Ninguna otra norma de dicha ley trata expresamente la
materia.
La actividad de las “organizaciones autorizadas” que participen en la prestación de los
servicios públicos se orienta al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y
de la comunidad en general, así como al logro de fines altruistas en favor de grupos
marginados, o discriminados, sin que ello signifique que su objeto no pueda comprender
que la prestación de los servicios públicos se lleve a cabo con eficiencia y calidad en
beneficio también de los usuarios de los mismos.
Al socaire de las consideraciones que anteceden, resulta fácil entender que aquellas
entidades privadas sin ánimo de lucro constituidas para la prestación de servicios
públicos domiciliarios en zonas rurales, sean consideradas como tales por el
legislador.
Es precisamente por ello, que aún a pesar de tratarse de entidades sin ánimo de lucro
pertenecientes al sector privado, tales entidades se encuentran obligadas a informar
el inicio de sus actividades a la Comisión de Regulación de Agua Potable y a la
Superintendencia de Servicios Públicos (Art. 11.8. de la Ley 142 de 1993); a contar
con las respectivas licencias o contratos de concesión para el uso de las aguas y con
los permisos ambientales y sanitarios previstos en la ley (Art. 25 incisos 1° y 2°
ejusdem); a acreditar su idoneidad técnica y su solvencia financiera (Art. 25 inciso 3°
ejusdem)66; a obtener los permisos municipales y a constituir las garantías que se les
exijan (Art. 26 ejusdem).67
Al fin y al cabo, el artículo 13 de la ley 142 de 1993, les hace extensiva la aplicación
de los principios consagrados en su capítulo I, para resolver cualquier dificultad de
interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos a los que esta u otras
leyes se refieren, y para suplir los vacíos que ellas presenten.
Por último es oportuno poner de relieve que si bien el servicio público domiciliario de
acueducto lleva implícita “[…] la distribución municipal de agua apta para el consumo
humano, incluida su conexión y medición”, tal como lo resalta el demandado, no
puede perderse de vista que el artículo 14.22 de la Ley 142 de 1994 también
considera como servicio público domiciliario de acueducto, todas aquellas actividades
66
Artículo 25.- Concesiones, y permisos ambientales y sanitarios. Quienes presten servicios públicos requieren contratos
de concesión, con las autoridades competentes según la ley, para usar las aguas; para usar el espectro electromagnético en
la prestación de servicios públicos requerirán licencia o contrato de concesión.
Deberán además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la índole misma de sus actividades haga necesarios,
de acuerdo con las normas comunes.
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el mantenimiento y recuperación del bien público
explotado a través de contratos de concesión.
Si se trata de la prestación de los servicios de agua potable o saneamiento básico, de conformidad con la distribución de
competencias dispuestas por la ley, las autoridades competentes verificarán la idoneidad técnica y solvencia financiera del
solicitante para efectos [de] los procedimientos correspondientes.
67
Artículo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios públicos estarán sujetos a las normas
generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y tranquilidad
ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías adecuadas a los riesgos que creen.
Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de empresas de servicios
públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de las vías,
puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños
y perjuicios que causen por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios públicos las licencias o
permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser consideradas por
otras autoridades competentes para el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o
limitar la competencia.
31
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
complementarias tales como la “[…] captación de agua y su procesamiento,
tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte”. […]”68. (Negrilla del texto).
140. De acuerdo con lo anterior, se considera que, siempre que una entidad
desarrolle cualquiera de las actividades previstas como servicios públicos
domiciliarios en los términos del artículo 21 de la Ley 142, independientemente de
su denominación, corresponde a una entidad de aquellas que “[…] presten servicios
públicos domiciliarios […]”, categoría dentro de la cual se encuentran las
“organizaciones autorizadas” para prestar servicios públicos en municipios
menores, en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas, conforme a la
Ley 142.
141. La parte accionada afirmó que la Asociación de suscriptores del Acueducto
Mosocallo del municipio de Villa de Leyva es de naturaleza privada; no fue
constituida con recursos públicos ni participación estatal; no ha sido subsidiada por
el Estado. Tampoco ha recibido donaciones del ente territorial ni ha contratado con
el municipio. Por ende, se rige por las normas del derecho privado y no por el
derecho público.
142. El Tribunal de primera instancia señaló que cuando el artículo 40 de la Ley
617 alude a “[…] entidades que presten servicios públicos domiciliarios […]” se está
refiriendo a las entidades que tenían como objeto legal dicha prestación, sea cual
fuere su denominación (empresa, instituto o establecimiento público), al igual que a
las empresas de servicios públicos delimitadas en la Ley 142.
143. Así las cosas, el debate principal radica entonces en precisar si la referida
Asociación de Acueducto d Mosocallo del municipio de Villa de Leyva es una
entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto en los términos
previstos en el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo
40 de la Ley 617.
144. En el sub examine, consta que según el certificado de 7 de noviembre de
202469: i) la Asociación de Suscriptores del Acueducto del municipio de Villa de
Leyva se constituyó por Acta 01 del 23 de septiembre de 1999 suscrita por la
asamblea constitutiva e inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de octubre de 1999
y; ii) el señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget fue elegido representante legal de
la Asociación de Suscritores del Acueducto Mosocallo en varias oportunidades, así:
a) el 9 de noviembre de 2003 (inscrito el 19 de mayo de 2004 ); b) el 30 de marzo
de 2008 (inscrito el 3 de octubre de 2008); c) el 13 de marzo de 2016 (inscrito el 7
de abril de 2016) y; d) el 1 de septiembre de 2019 (inscrito el 15 de octubre de
2019), así:
“[…] Que revisado el expediente de la entidad sin animo (sic) de lucro:
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL
68
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de abril de 2011. Radicado
núm.: 25000-23-15-000-2010-02234-01(PI). Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
69
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia. « 009_MemorialWeb_Otro-Prueba2CERTIFICA.pdf».
32
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con sigla
ACUEDUCTO MOSOCALLO, Nit: 820005016-5 y número de matrícula mercantil:
S0501205, se encontró que según por acta 10 del 09 de noviembre del 2003, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 19 de mayo 2004, bajo el número 5693 del libro
respectivo del del Registro de entidades sin animo (sic) de lucro, se realizaron los
siguientes nombramientos de REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE):
CARLOS BERMUDEZ, identificado cédula de ciudadanía número:79.231.884.
CERTIFICA:
Que revisado el expediente de la entidad sin animo de lucro: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con sigla ACUEDUCTO
MOSOCALLO, Nit: 820005016-5 y número de matrícula mercantil: S0501205, se
encontró que según por acta 14 del 30 de marzo del 2008 inscrito en esta Cámara
de Comercio el 03 de octubre 2008, bajo el número 9947 del libro respectivo del del
Registro de entidades sin animo (sic) de lucro, se realizaron los siguientes
nombramientos de representante legal: REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE): CARLOS BERMUDEZ, identificado cédula de ciudadanía
número:79.231.884
[…]
Que revisado el expediente de la entidad sin animo (sic) de lucro: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con sigla ACUEDUCTO
MOSOCALLO, Nit: 820005016-5 y número de matrícula mercantil: S0501205, se
encontró que según por acta 25 del 13 de marzo del 2016 inscrito en esta Cámara
de Comercio el 07 de abril 2016, bajo el número 17333 del libro respectivo del del
Registro de entidades sin animo de lucro, se realizaron los siguientes
nombramientos de representante legal: REPRESENTANTE
LEGAL(PRESIDENTE): CARLOS EDUARDO BERMUDEZ RUGET, identificado
cédula de ciudadanía número:79.231.884
CERTIFICA:
Que revisado el expediente de la entidad sin animo (sic) de lucro: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con sigla ACUEDUCTO
MOSOCALLO, Nit: 820005016-5 y número de matrícula mercantil: S0501205, se
encontró que según por acta 29 del 01 de septiembre del 2019 inscrito en esta
Cámara de Comercio el 15 de octubre 2019, bajo el número 23491 del libro
respectivo del del Registro de entidades sin animo (sic) de lucro, se realizaron los
siguientes nombramientos de representante legal: REPRESENTANTE
LEGAL(PRESIDENTE): CARLOS EDUARDO BERMUDEZ RUGET, identificado
cédula de ciudadanía número:79.231.884.
“[…] Que revisado el expediente de la entidad sin animo de lucro: ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACA, con sigla ACUEDUCTO
MOSOCALLO, Nit: 820005016-5 y número de matrícula mercantil: S0501205, a la
fecha no existen documentos posteriores de nombramiento de representante legal,
aquí certificados. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
145. Conforme el certificado de existencia y representación legal de 24 de octubre
de 2024, la Asociación de Acueducto Mosocallo del municipio de Villa de Leyva tiene
el siguiente objeto social:
33
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
“[…] Objeto social: La asociación tendrá los siguientes objetivos y fines: A. Defender,
por todos los medios legales, los intereses y derechos de los suscriptores. B.
Coordinar, promover y velar por el cumplimiento de las diferentes actividades
relacionadas con la eficiente prestación del servicio en cuanto a la
administración mantenimiento y funcionamiento del acueducto. Vincular,
mediante promoción, a todos los habitantes de las viviendas en el área que cubre el
acueducto, cuidado y conservación del con el fin de que participen en el sistema. D.
Solicitar a las diferentes entidades gubernamentales para que concurran
financieramente en las mejoras de las obras del acueducto para el mejoramiento del
servicio. E. Promover la adecuada disposición de las aguas residuales
domésticas. Promover la defensa y protección de las cuencas hidrográficas.
G. Realizar campañas de educación am bienal y de saneamiento. H. Otros fines que
apruebe la asamblea general y que estén de acuerdo con los objetivos y fines de la
asamblea. I. Promover y liderar ante las autoridades competentes la limpieza,
canalización y descontaminación del rio villa de leyva y demás fuentes hídricas del
área dentro de su jurisdicción. Entendiéndose jurisdicción las veredas que integran
el acueducto. […]”. (Negrilla fuera del texto).
146. Además de ello, según los estatutos de la Asociación de Suscritores del
Acueducto Mosocallo70 se describe que es una organización de carácter privado y
servicio comunitario, sin ánimo de lucro, y por ello, su patrimonio en ningún caso
podrá pertenecer a quienes como personas naturales o jurídicas la integren.
147. El artículo 10 enlista sus objetivos, entre los cuales se encuentran los
siguientes:
“[…] a) Defender, por todos los medios legales, los intereses y derechos de los
suscriptores.
b. Coordinar, promover y velar por el cumplimiento de las diferentes
actividades relacionadas con la eficiente prestación del servicio en cuanto a
la administración, mantenimiento y funcionamiento del acueducto.
c. Vincular, mediante promoción, a todos los habitantes de las viviendas en el área
que cubre el acueducto, con el fin de que participen en el mantenimiento y operación
del sistema.
d. Solicitar a las diferentes entidades gubernamentales para que concurran
financieramente en las mejoras de las obras.
e. Efectuar la adecuada recolección de las aguas residuales domésticas.
f. Promover la defensa y protección de las cuencas hidrográficas.
g. Realizar campañas de educación ambiental y de saneamiento.
h. Otros fines que apruebe la Asamblea General y que estén de acuerdo con los
objetivos y fines de la Asociación.
[…]”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).
70
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
34
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
148. Igualmente, el estatuto de la Asociación de suscriptores de Mosocallo
informan lo siguiente:
“[…] Artículo 46. El servicio del acueducto se prestará únicamente por intermedio de
las acometidas autorizadas por la Junta directiva. La Junta Directiva no está obligada
a dar servicio de acueducto para actividades agrícolas, industriales o pecuarias, así
como para lotes que carezcan de edificación o de vivienda.
PARÁGRAFO 1. El servicio del acueducto se prestará para el consumo humano y uso
doméstico, comprendiendo éste último: lavamanos, servicio sanitario, ducha,
lavaplatos y lavarropas.
PARÁGRAFO 2. La destinación del servicio del acueducto que se hubiese aplicado
para otros usos antes de la aprobación de los presentes estatutos, tendrá que acatar
el Artículo Primero de la parte resolutiva de las resoluciones números 0125 y 597 de
1996, por las cuales CORPOBOYACÁ, y PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA
otorgaron la concesión de aguas, lo que no excluye el pago de una tarifa diferencial
comercial con base en las normas de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
PARÁGRAFO 3. En caso de contravención de lo estipulado en el presente Artículo,
la Junta Directiva suspenderá el servicio y aplicará las sanciones con base en las
normas legales vigentes. […]”.
[…]
Artículo 58. El cobro de la cuota básica familiar, así como la de consumo, será
cancelado a partir del pago – parcial o total – de la matrícula, por parte del suscriptor.
Artículo 59. La cuota básica mensual familiar de consumo así como la cuota mensual
de los derechos de conexión adjudicadas y que no se encuentren en servicio por
decisión de sus propietarios, fijadas por la Asamblea General, serán canceladas en
los primeros diez (10) días de cada bimestre vencido y en el caso de consumo
adicional, para la fijación de la tarifa, se aplicará la siguiente escala:
[…]
Artículo 62. Es deber de los suscriptores velar por el buen uso y estado de las redes
y demás instalaciones del acueducto, debiendo informar, de los daños que se
observen, a la Junta Directiva ó al Fontanero.
Artículo 63. Es deber de los suscriptores mantener en buen estado las conexiones
domiciliarias y hacer uso del servicio de acuerdo con estos Estatutos.
[…]
Artículo 71. Los medidores y cajillas que serán suministrados por la Junta Directiva
de la Asociación, hacen parte integral del sistema y en ningún caso los suscriptores
podrán intervenir en la operación y mantenimiento de los mismos. Estos serán
instalados en la vía pública colindando con el predio privado del suscriptor dueño del
derecho de conexión.
Artículo 72. Para el cobro de la cuota familiar por el sistema de medidores, se tendrá
en cuenta la tabla citada en el artículo 58 de los presentes Estatutos, donde se
especifican los valores por consumo.
[…]
35
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
Artículo 76. Toda conexión domiciliaria, que por una u otra causa dure suspendida
seis (6) meses, perderá el derecho adquirido y la Junta Directiva procederá a cancelar
el derecho de conexión; para el efecto dará aviso al interesado con una (sic) mes de
anticipación; si antes ó al término fijado el propietario desea seguir gozando del
servicio, pagará las cuotas atrasadas más el valor de la reconexión y una multa
equivalente al valor de cuatro (4) días de salario mínimo diario legal vigente.
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
149. En este punto, se debe traer a colación el artículo 14 de la Ley 142, el cual
señala:
“[…] Servicios públicos domiciliarios. Son los servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía
móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se define en este capítulo.
(…)
14.22. Servicio público domiciliario de acueducto. Llamado también servicio
público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta
para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará
esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su
procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte.
14.23. Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección
municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y
conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.
[…]”. (Negrilla fuera del texto)
150. Por lo tanto, le asistió razón al Tribunal de primera instancia en el sentido de
considerar que la Asociación de Suscritores del Acueducto Mosocallo es una
entidad encargada de la prestación de servicios públicos, puesto que, por mandato
expreso del artículo 15.4. de la Ley 142 y el artículo 1 del Decreto 421 de 2000 se
trata de comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo
de lucro autorizadas para la prestación de los servicios públicos.
151. Por otro lado, los hechos consistentes en que esa asociación sea de carácter
privado o que no reciba subsidios por Transferencias del Fondo de Solidaridad y
Retribución de los ingresos para los suscriptores del uso residencial en los estratos
1, 2 y 3; no haya celebrado contratos con el municipio de Villa de Leyva71; no
pertenezca al régimen subsidiado ni cuente con el usuario en la plataforma del
71
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia. Respuesta de 10 de enero de 2025, mediante la cual el Alcalde
del municipio de Villa de Leyva responde al señor Juan David Bermúdez Vergara lo siguiente:
“[…] Que, en la plataforma, SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) de la Agencia Nacional de Contratación
Pública, no reposa ningún contrato suscrito entre el municipio de Villa de Leyva con el Acueducto Mosocallo o con la
Asociación de Acueducto ASOCHAINA de Villa de Leyva Boyacá, durante las vigencias 2022 y 2023.
Se expide en Villa de Leyva, a solicitud de la Oficina del Señor JUAN DAVID BERMUDEZ a los veintiocho (28) días del mes
de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). […]” (Negrilla del texto).
36
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
sistema de contratación pública SECOP72, tampoco resultan ser un requisito
previsto de la causal de inhabilidad analizada, debido a que el énfasis de la causal
recae en las “[…] entidades que prestan servicios públicos domiciliarios […]”, sin
que el supuesto previsto en la norma incorpore un elemento normativo adicional.
152. Por tal razón, se comparte el criterio del a quo en cuanto a que “[…] la
prestación de servicios públicos puede hacerse a través de diferentes formas
asociativas, entre ellas, las organizaciones autorizadas conforme a la ley para
adelantar esas actividades en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas, condición que a criterio de la Sala ostenta el Acueducto
Mosocallo y en consecuencia, y por expresa disposición del artículo 1° de la ley
142 de 1994, las normas que regulan el régimen de los servicios públicos
domiciliarios le son aplicables73. […]”. (Negrilla del texto).
153. Finalmente, la Sala considera que el medio de control de pérdida de
investidura no constituye el escenario idóneo para ventilar las eventuales
irregularidades sobre la forma como se hizo elegir el señor Carlos Eduardo
Bermúdez Ruget, toda vez que esto no se acompasa con la finalidad de esta
institución y, porque además, el ordenamiento jurídico ha dispuesto de otros
instrumentos jurídicos para cuestionar eventualmente el contenido de estas
decisiones.
II.8.3. El cónyuge, compañero (a) permanente o el pariente del candidato
hayan sido representantes legales de las entidades que presten servicios
públicos domiciliario – elemento temporal-
72
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia. Igualmente, Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de segunda
instancia. Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia. Igualmente, Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de
segunda instancia.
Mediante respuesta de 10 de enero de 2025, mediante la cual el Acueducto Mosocallo de Villa de Leiva mediante respuesta
10 de enero de 2025, informa al señor Juan David Bermúdez lo siguiente:
“[…] Durante las vigencias indicadas, no existen contratos de ningún tipo con el sector público. Sin embargo, desde hace más
de treinta años y hasta el mes de diciembre del año 2020, se subsidió el servicio de acueducto a las escuelas rurales de la
zona de influencia del acueducto MOSOCALLO, desde esta fecha hasta hoy se ha venido cobrando el servicio a las
instituciones: […] La asociación de suscriptores del acueducto Mosocallo del Municipio de Villa de Leyva, departamento de
Boyacá no pertenece al régimen subsidiado municipal. […] La asociación de suscriptores del acueducto Mosocallo del
Municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá no pertenece al régimen subsidiado municipal.
• Se informe y CERTIFIQUE de manera clara y detallada si la asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del
Municipio de Villa de Leyva subsidia en los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado a alguno de los suscriptores
pertenecientes a la asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del Municipio de Villa de Leyva.”
La siguiente lista de usuarios presenta subsidio del 100% en el servicio de Acueducto:
[…]
• “Se informe y CERTIFIQUE de manera clara y detallada si la asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del
Municipio de Villa de Leyva utiliza y tiene usuario en la plataforma del sistema de contratación estatal publica SECOP”.
Actualmente la asociación NO cuenta con usuario en mencionada plataforma. […]”.
73
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de mayo de 2006, MP.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp.:
NR: 219744 25000-23-15-000-2004-02430-01, pérdida de investidura. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28
de abril de 2011, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp 25000-23-15-000-2010-02234-01(PI). Corte Constitucional, C-
741 del 28 de agosto de 2003, MP.: Manuel José Cepeda Espinosa sobre la exequibilidad del artículo 15 de la Ley 142 de
1994, hizo referencia a las organizaciones autorizadas. Posición reiterada recientemente por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, Sentencia del 24 de octubre de 2024, CP.: Gloria María Gómez Montoya, EXP: 15001-23-33-000-2023-00456-01.
37
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
154. El numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de
la Ley 617, exige que el cónyuge, compañero (a) permanente o el pariente del
candidato “[…] hayan sido representantes legales [...] de las entidades que presten
servicios públicos domiciliarios […] en el respectivo municipio o distrito. […]”. Por lo
tanto, según el supuesto normativo no se exige que se haya “ejercido” o se haya
materializado las funciones, conforme lo ha considerado la jurisprudencia74.
155. En el presente caso, consta que las elecciones al concejo municipal de Villa
de Leyva se realizaron el 29 de octubre de 2023, por lo que el período inhabilitante
está comprendido desde ese día hasta el 29 de octubre de 2022.
156. Conforme se indicó supra, según el certificado de 7 de noviembre de 202475,
el señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget fue elegido representante legal de la
Asociación de Suscritores del Acueducto Mosocallo en varias oportunidades, así:
a) el 9 de noviembre de 2003; b) el 30 de marzo de 2008; c) el 13 de marzo de 2016
y; d) el 1 de septiembre de 2019.
157. Según dicho documento “[…] revisado el expediente de la entidad sin ánimo
de lucro: ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO MOSOCALLO
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA… a la fecha no existen documentos
posteriores de nombramientos de representante legal, aquí certificados […]”, razón
por la cual se colige que durante el año anterior a la elección del señor Juan David
Bermúdez Vergara, su padre tenía la condición de representante legal de la
Asociación, condición que ostenta en la actualidad, en virtud del Acta 34 de 10 de
marzo de 2024, inscrita en la Cámara de Comercio el 22 de julio de 202476.
II.8.4. Que la entidad que preste servicios públicos domiciliarios lo haga en el
respectivo municipio o distrito
158. La Asociación de suscriptores del Acueducto Mosocallo del municipio de Villa
de Leyva tiene su domicilio en el municipio de Villa de Leyva. Por lo tanto, se cumple
este elemento.
159. Al haberse demostrado los elementos objetivos, la Sala entrará a analizar el
elemento subjetivo.
II.9. Estudio del elemento subjetivo
160. La Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 201677 indicó que era
necesario probar la responsabilidad subjetiva del inculpado a fin de dar aplicación a
todos los principios que integran el debido proceso, en el siguiente sentido:
74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 16 de septiembre de 2021.
Radicado núm.: 70001-23-33-000-2019-00297-01 (70001-23-33-000-2020-00006-01). Magistrado ponente: Luis Alberto
Álvarez Parra.
75
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia. «009_MemorialWeb_Otro-Prueba2CERTIFICA.pdf».
76
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia « 010_MemorialWeb_Otro-Prueba1CERTIFIC.pdf».
77
Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
38
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
“[…] el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios
que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo
un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada
en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico
(principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el
juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura
el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto
es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y
analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que
desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una
situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia
que permita descartar la culpa […]”. (Negrilla fuera de texto).
161. Acorde con lo anterior, el artículo 1 de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.
de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201978, establece que el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura “[…] es un juicio de responsabilidad
subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las
causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]”. Según se
evidencia, para establecer el grado de responsabilidad es necesario demostrar el
dolo o la culpa grave. (Negrilla fuera de texto).
162. Esta Sección, en sentencia de 25 de mayo de 201779 reiteró lo expuesto en la
sentencia de unificación SU-424 de 2016 y señaló lo siguiente:
“[…] “Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario
al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe
dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA ANGULO conocía o debía
78
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. […]”.
79
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de mayo de 2017, número
único de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI), CP: María Elizabeth García González
39
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la
celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado,
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para
la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:
“ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o
descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.
[…]
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias
que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco
normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o
no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se
está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo
de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los
hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en
su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio
y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o
durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos
de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul,
dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en
el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades
públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio
al cual aspira a ser Concejal.
40
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos
por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es
una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la
certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes
no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte
Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como
contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía
el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a
otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico,
atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos
privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un
privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”.80
[…]
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez,
una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir
de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas
que pueden seguirse de su inobservancia.
[…]”. (Negrilla del texto).
163. Esta Sección en sentencia de 19 de abril de 202181 expuso:
“[…] El estudio de la culpabilidad en los procesos de pérdida de investidura
124. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra
de los […] [miembros de las corporaciones públicas de elección popular] que, con su
conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de
pérdida de investidura establecidas en la Constitución […]” (Destacado fuera de
texto).
[…]
126. Esta Corporación ha considerado que “[…] [e]l análisis subjetivo del juicio que
debe efectuar el juez de la pérdida de la investidura en razón de su carácter
80
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, MP: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia
de 19 de abril de 2021, radicado: 44001-23-40-000-2020-00030-01(PI).
41
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
sancionatorio, a la luz del artículo 29 constitucional, impone, por demás, un análisis
de responsabilidad basado en la culpabilidad y que la doctrina constitucional ha
interpretado como la proscripción de la responsabilidad objetiva en el ejercicio del jus
puniendi del Estado […]”.
127. Sobre el particular, la Corte Constitucional consideró que en el marco de las
solicitudes de pérdida de la investidura se debía determinar en cada caso si se
configuraba o no el elemento subjetivo de culpabilidad de quien ostenta la dignidad
porque el juicio de responsabilidad contiene un elemento objetivo, sobre la
adecuación típica de la conducta, y un elemento subjetivo que “[…] atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]” (Destacado fuera de texto).
[…]
130. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud de la conducta;
es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer que su
comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
131. Por un lado, en los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de
investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la
misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso; por el otro, en aquellos
eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta
pero que, en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad, debía
saber que la misma resultaba contraria a derecho y adoptar las medidas para evitar
su realización, se estaría ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas
circunstancias que se lo hubieran impedido.
[…]
La conducta dolosa o gravemente culposa
133. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003.
134. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta -
en este caso, haber incurrido en conflicto de intereses- se encontraba prohibida por
la Constitución Política y la ley.
135. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención
en la misma.
136. Asimismo, la pérdida de investidura solamente tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva que debe ser inexcusable. […]”. (Negrilla del
texto y subrayado fuera del texto).
164. En consecuencia, al juez de la pérdida de investidura le corresponde, luego de
encontrar probado la configuración del elemento objetivo, verificar el elemento
subjetivo.
42
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
165. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se deben
analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de esta.
166. Según lo anterior, habrá dolo cuando se pruebe que el demandado tenía
conocimiento de la causal de inhabilidad y que su conducta era constitutiva de una
causal de pérdida de investidura y que, además, tenía la intención de incurrir en
ella. Por su parte, en aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto en virtud
de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad no adoptó las medidas
necesarias para incurrir en el elemento objetivo, se estaría ante un comportamiento
culposo.
167. Además, no basta para exonerarse de la sanción de pérdida de investidura
argumentar la buena fe simple, pues quien aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular está en la obligación de conocer y asesorarse adecuadamente de
los deberes que el cargo le impone y las prohibiciones previstas en el ordenamiento
jurídico que traen como consecuencia la pérdida de investidura, lo cual comprende
el estudio del conjunto del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o violación
del régimen del conflicto de intereses.
168. De allí que el accionado puede justificar la configuración de la conducta
prohibida porque el servidor actúa con buena fe calificada y en presencia de un
error invencible, es decir, aquel que es común a muchos y del cual no es posible
sustraerse y en la jurisprudencia se ha señalado que, al menos, se puede presentar
en los siguientes eventos:
“[…] (i) cuando los jueces han interpretado la disposición de una manera y luego
modifican su criterio, lo que puede afectar el principio de confianza legítima, y (ii)
cuando la persona se asesora de un profesional idóneo y éste le aconseja mal, ello
siempre y cuando no haya claridad en relación con el punto que se discute para la
configuración de la causal de pérdida de investidura, dado que, si ésta es clara, no
suple la falta de diligencia el hecho de solicitar un concepto. […]”82.
169. La Corte Constitucional en sentencia SU 292 de 2025, luego de hacer un
recuento de los principales pronunciamientos jurisprudenciales en esta materia,
consideró:
“[…] 280. En suma, y atendiendo la naturaleza sancionatoria del proceso de pérdida
de investidura y la gravedad de la sanción, tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado han reconocido el deber de los jueces contencioso-administrativos
de realizar un análisis de la culpabilidad de la conducta del demandado para
comprobar si existió dolo o culpa cuando se configuró la causal. Lo anterior, teniendo
en cuenta: (i) las circunstancias particulares de cada caso y (ii) el conocimiento del
demandado de la ilicitud de su conducta. […]”.
170. Ahora bien, en materia probatoria rige el principio onus probandi incumbit
actori, reconocido en el artículo 167 de la Ley 1564, según el cual corresponde al
82
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de septiembre de 2021.
Radicado núm.: 47001-23-33-000-2020-00544-01. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
demandante probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen.
171. Igualmente, en procesos de pérdida de investidura también rige el principio de
libertad probatoria, según el cual resultan admisibles los medios de prueba
previstos en el ordenamiento jurídico siempre que resulten útiles, pertinentes y
conducentes.
172. De acuerdo con dichos principios, le corresponde al juez de pérdida de
investidura valorar la totalidad de los medios de prueba bajo las reglas de la sana
crítica en el estudio del elemento subjetivo, método que comporta la utilización de
“[…] criterios de la lógica, el uso de la ciencia y de la técnica, y las reglas de la
experiencia. Respecto de la lógica, podemos destacar el principio de no
contradicción y el de razón suficiente. En cuanto a la ciencia y la técnica, ello está
asociado con las opiniones, estudios y dictámenes de los expertos en determinadas
materias. A su vez, las reglas de la experiencia pueden ser individuales y colectivas,
como también pueden ser construidas por conocimientos públicos y privados […]”.83
173. Por lo expresado, no se comparte la conclusión del tribunal de primera
instancia en cuanto consideró que no era posible efectuar el estudio del elemento
subjetivo de manera oficiosa, pues, como quedó visto, los distintos desarrollos
jurisprudenciales tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporación han
señalado que al juez de la pérdida de investidura le corresponde, luego de
determinar la configuración de la causal alegada, verificar si el demandado conocía
o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento
jurídico y, en este orden, verificar si existía un eximente de responsabilidad, deber
del cual no resulta posible sustraerse, justamente por comportar un elemento
integrante del debido proceso.
174. Por lo tanto, la Sala valorará las pruebas oportunamente practicadas y
decretadas en el proceso dentro de las oportunidades previstas en el ordenamiento
jurídico bajo las reglas de la sana crítica y la persuasión racional.
175. De acuerdo con el artículo 26 del Código de Comercio, el registro mercantil
tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de
comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto
de los cuales la ley exigiere esa formalidad:
“[…] ARTÍCULO 26. REGISTRO MERCANTIL - OBJETO - CALIDAD. El registro
mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los
establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad.
El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y
archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener
copias de los mismos. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
83
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de enero de
2021. Radicado núm.: 76001-23-33-000-2012-00394-01 (0941-19). Consejero ponente: William Hernández Gómez.
44
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
176. De conformidad con el artículo 28.9 del Código de Comercio, la designación
de los representantes legales es uno de los actos que deben inscribirse en el registro
mercantil, así:
“[…] ARTÍCULO 28. PERSONAS, ACTOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN
INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL. Deberán inscribirse en el registro
mercantil:
[…]
9) La constitución, adiciones o reformas estatutarias y la liquidación de sociedades
comerciales, así como la designación de representantes legales y liquidadores, y su
remoción. Las compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades deberán
cumplir, además de la formalidad del registro, los requisitos previstos en las
disposiciones legales que regulan dicha vigilancia, y
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto).
177. El artículo 30 del Código de Comercio señala que toda inscripción se probará
con el certificado expedido por la respectiva cámara de comercio o mediante
inspección judicial practicada en el registro mercantil.
178. Además de ello, el artículo 117 ibidem prevé que para probar la
representación de una sociedad bastará la certificación de la cámara respectiva,
con indicación del nombre de los representantes, de las facultades conferidas a
cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones acordadas a dichas facultades,
en su caso. Por su parte, el artículo 16484 de la citada codificación establece que
las personas que figuren en la cámara de comercio del domicilio social como
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán tal
carácter para todos los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección.
179. La Corte Constitucional en sentencia C- 621 de 200385 indicó que “[…] el
registro del nombramiento de representante legal o revisor fiscal tiene un carácter
no simplemente declarativo, sino también constitutivo, en cuanto los efectos
jurídicos de la designación no se producen ante terceros sino con la inscripción en
la Cámara de Comercio, y en ocasiones posiblemente esos efectos jurídicos
tampoco podrán ser oponibles a los asociados o la misma sociedad […]”.
180. Así las cosas, para todos los efectos legales, el representante legal de una
empresa es la persona que figura en el certificado de la cámara de comercio,
documento que es público y que, por lo tanto, se presume auténtico de conformidad
con el artículo 244 de la Ley 156486.
84
Declarado condicionalmente exequible en sentencia C-621-03.
85
Corte Constitucional. Sentencia C- 621 de 2003, Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
86
“[…] Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. […]”.
(Negrilla del texto).
45
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
181. En el presente caso, consta que el señor Carlos Eduardo Bermúdez Ruget,
padre del demandado87, fue elegido representante legal del Acueducto Mosocallo
de Villa de Leyva en varias oportunidades, incluido los años 2008, 2016, 2019 y
2024 y viene ejerciendo tal condición de manera ininterrumpida desde el año 2016
hasta el 2024.
182. Por lo tanto, a partir del 2016, la condición de representante legal de su padre
se encontraba registrada en el certificado de la cámara de comercio, y desde ese
momento, el referido registro era de público conocimiento para la ciudadanía.
183. Conforme se indicó anteriormente, constituye una obligación de quien aspira
a un cargo de elección popular revisar los requisitos necesarios para su inscripción
y posterior elección y posesión y en este sentido el deber de informarse sobre
aquellas circunstancias inhabilitantes que podían tener como efecto la pérdida de
investidura.
184. En el caso particular, el accionado tenía el deber de indagar si con quien
tuviera vínculo de matrimonio o unión permanente, o de parentesco en segundo
grado de consanguinidad, entre otros, 12 meses antes de su elección, hubiera sido
representante legal de entidades que prestaran servicios públicos domiciliarios.
185. En este caso, como se señaló, el padre del demandado tenía la condición
de representante legal de la de Asociación de Suscriptores del Acueducto
Mosocallo del municipio de Villa de Leyva, desde el año 2016, es decir, que al
momento de su inscripción como concejal del municipio de Vila de Leyva estaba
en la obligación no solo de conocer la inhabilidad prevista en la ley para ser elegido
en dicho cargo, sino también de investigar e informarse si podría estar incurso en
esta causal, máxime que cuando, como se mencionó, la condición de representante
legal de una empresa figura en el certificado de la Cámara de Comercio que, se
insiste, es de público conocimiento.
186. Además de ello, en el expediente reposan las siguientes capturas de pantalla
que demuestran que el accionado conocía de la existencia de las labores
desarrolladas por el Acueducto Mosocallo, así:
87
Según consta en el Registro Civil de Nacimiento (…)
46
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
I) La captura de pantalla88 de 27 de octubre de 2022
La imagen corresponde a una captura de pantalla de la red social de Facebook publicada
en el usuario del señor Juan David Bermúdez Vergara, el día 27 de octubre de 2022.
El texto que acompaña la publicación es el siguiente: “[…] Cuando las obras se hacen
con la razón y transparencia los resultados son positivos… Mejorando la calidad de Agua
de los villeleyvanos. Felicitaciones a los acueductos veredales de V/L son un gran
ejemplo de perseverancia, desarrollo, bienestar y honestidad con la comunidad. […]”.
Además, tiene etiquetas (hashtags) # ElAguaEsLaVida […]”.
En la imagen se detalla unas obras de construcción o adecuación de infraestructura.
En la parte de abajo se aprecia una publicación del señor Carlos Eduardo Bermúdez de
27 de octubre de 2022, la cual viene acompañada del siguiente texto: “[…]Trabajando por
los acueductos rurales de Villa de Leyva: […] Acueducto Mosocallo. Toda una comunidad
de 8 mil personas aportando para un beneficio común […]”. Además, tiene etiquetas
(hashtags) #CeroCorrupción #Amorporvilladeleyva.
88
Cfr. Índices 8 y 9 del expediente digital de segunda instancia.
47
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
Captura de pantalla de 12 de mayo de 2023
Esta imagen corresponde a una captura de pantalla de la red social del señor Juan David
Bermúdez Vergara, el día 12 de mayo de 2023, en la cual repostea la publicación hecha
por la señora Adriana Sierra Cortés de 29 de abril de 2023.
El texto que acompaña la publicación contiene un mensaje mediante el cual agradece
expresamente a Roberto Romero, Felipe Rubio y Carlos Bermúdez por motivar a miles
de personas a sembrar árboles y a generar conciencia sobre la vida, el ecosistema y el
planeta. En la parte final aparece una mención al ejército de Colombia y al Acueducto
Mosocallo, acompañadas de algunas fotografías en las cuales se aprecia vegetación,
montañas, árboles, animales y unas personas en zonas montañosas.
Captura de pantalla de 14 de agosto de 2023
48
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
La imagen corresponde a una publicación de la cuenta del señor Carlos Eduardo
Bermúdez de 14 de agosto de 2023, la cual viene acompañada de un mensaje de apoyo
a la candidatura de su hijo y en la parte de abajo se ve como el señor Juan David
Bermúdez Vergara le da un “me gusta” a esa publicación.
Captura de pantalla de 24 de octubre de 2023
La imagen corresponde a una publicación de la cuenta del señor Carlos Eduardo
Bermúdez de 24 de octubre de 2023, la cual viene acompañada del logo de la campaña
del señor Juan David Bermúdez.
Captura de pantalla de 28 de octubre de 2023
La imagen corresponde a una publicación de la cuenta del señor Carlos Eduardo
Bermúdez de 28 de octubre de 2023 la cual viene acompañada del siguiente texto: “[…]
Muchas gracias por su apoyo. Centro Democrático #1. Concejo 2024-2027.
HONESTIDAD Y LEALTAD […]”.
187. En atención a lo anterior, bajo una actuación diligente, el accionado podía tener
conocimiento de que su padre, 12 meses antes de su elección, era representante
legal de la empresa antes mencionada no solo con la verificación del certificado de
la Cámara de Comercio sino además, porque con dichas publicaciones, se puede
49
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
observar que era de conocimiento público y específicamente de él, que el señor
Carlos Eduardo Bermúdez hacía parte del Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva.
188. Por otro lado, se advierte que si bien el accionado, al momento de pronunciarse
sobre las fotografías antes expuestas expuso una serie de argumentos para
desvirtuar la existencia del elemento objetivo y subjetivo de la causal de inhabilidad
objeto de análisis, la Sala advierte lo siguiente:
189. – En este asunto no interesa la existencia o no de una coalición a la que hace
referencia en su escrito, por cuanto se insiste que el debate central de esta
controversia es la configuración de la causal de inhabilidad previamente
mencionada.
190. – Independientemente de su apoyo a las causas ambientales, lo que se puede
acreditar con esa fotografía es que el padre del accionado hace parte de la empresa
de Acueducto del mismo municipio donde resultó elegido.
191. – El objeto de debate en este proceso no es el apoyo político del padre sino la
configuración de la causal de inhabilidad referida.
192. – Si bien el accionado no puede hacerse cargo de las publicaciones de su padre,
a través de estas fotografías se observa que era de público conocimiento que él
hacía parte de la empresa de acueducto.
193. – El medio de control de pérdida de investidura no constituye el medio adecuado
para controvertir las eventuales irregularidades sobre el registro de la cámara de
comercio.
194. – No interesa para la configuración de la inhabilidad el hecho de que el eventual
apoyo del padre se haya traducido en una ventaja electoral, como se indicó en el
estudio del elemento objetivo.
195. Ahora bien, el accionado argumentó que no le era posible saber la condición
que tenía su padre en dicha empresa, por cuanto no tenía comunicación con él
desde el año 2017, debido a las amenazas de muerte formuladas por su progenitor
en su contra y que solo conoció de esa situación en el año 2024, cuando presentó
una reclamación ante el mismo acueducto.
196. Alegó que ha sido víctima de violencia por parte de su familia, situación que se
agravó en el año 2017, cuando sufrió un intento de asesinato con arma de fuego.
Explicó que los inconvenientes con su padre tuvieron como origen una disputa por
el predio denominado “[…] La Ramada […]” y que su padre “[…] a sabiendas de que
conocía de las inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos a elección
popular pues había sido candidato a la Alcaldía de Villa de Leyva en el año 2015,
decide de manera premeditada vincularse como representante legal del acueducto
con el único fin de dañar o truncar mi vida política y también de paso vengarse por
haberlo removido como representante legal de la compañía. […]”.
50
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
197. En los escritos presentados el 17 de julio de 2026, el accionado reiteró en líneas
generales estos argumentos.
198. Parademostrar tales afirmaciones, el accionado aportó los siguientes
elementos de prueba relevantes:
i) Medida preventiva de protección del 30 de enero de 202489, adoptada por la
Comisaría de Familia a favor del señor Juan David Bermúdez Vergara, documento
en el cual se lee lo siguiente:
“[…] El despacho le concede el uso de la palabra a la denunciante (sic) señor JUAN
DAVID BERMUDEZ VERGARA, respecto de (sic) se ratifica de los hechos
denunciados ante la Fiscalía 19 local de Villa de Leyva y en su ampliación de
denuncia realizada el día once (11) de diciembre del año 2023.
CONTESTADO: Haga un recuento de los hechos ocurridos el día sábado dos de
diciembre del presente año, donde al parecer fue víctima de violencia física, verbal
y psicológica por parte de su padre señor CARLOS EDUARDO BERMUDEZ
RUGET, según oficio proveniente del asistente de la Fiscalía 18 local CAVIF de Villa
de Leyva en donde ponen en conocimiento ante este Despacho de imponer la
medida de protección a que haya lugar. PREGUNTADO: Haga un recuento de los
hechos ocurridos el día sábado dos de diciembre del presente año, donde al parecer
fue víctima de violencia física, verbal y psicológica por parte de su padre señor
CARLOS EDUARDO BERMUDEZ RUGET, según oficio proveniente del asistente
de la Fiscalía 18 local CAVIF de Villa de Leyva en donde ponen en conocimiento
ante este Despacho de imponer la medida de protección a que haya lugar.
CONTESTADO: Ese día me traslada (sic) a las instalaciones de mi vivienda en la
vereda Espinal finca la ramadita, con un trabajador de la empresa a retirar
mercancía para el negocio de Villa de Leyva eran entre las 2:40 y 3:15 de la tarde,
al momento de ingresar me encontré con mi señor padre donde inmediatamente,
comenzó a agredirme verbalmente […]”.
ANÁLISIS PROBATORIO Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
“[…] Con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos y si de los mismos se deriva
la necesidad de imponer una medida de protección en favor del señor JUAN DAVID
BERMUDEZ VERGARA, conforme a las normas de Violencia Intrafamiliar, para lo
cual se tiene en cuenta la ratificación y ampliación de los hechos rendidos en esta
diligencia por parte del accionante y el denunciado no estando presente en esta
diligencia se toman como ciertos los hechos denunciados en su contra.
En la medida de protección provisional de fecha cuatro (04) de diciembre de 2023,
se ordenó valoración y tratamiento psicoterapéutico al señor CARLOS EDUARDO
BERMUDEZ RUGET, a través de su EPS el inicio de su tratamiento
psicoterapéutico.
Valoradas las pruebas en conjunto y bajo las reglas de la sana critica (sic), se tiene
como acervo probatorio las declaraciones de las partes, las pruebas documentales
y testimoniales, de las cuales el despacho puede precisar que el accionado en efecto
genero (sic) una agresión verbal y psicológica hacia el señor JUAN DAVID
BERMUDEZ VERGARA.
89
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
51
Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
[…]
RESUELVE
PRIMERO: IMPONER MEDIDA DE PROTECCIÓN DEFINTIVA (sic) a favor del
señor JUAN DAVID BERMUDEZ VERGARA ORDENANDO al señor CARLOS
EDUARDO BERMUDEZ RUGET, que debe cesar de manera inmediata cualquier
acto de agresión, agravio y ofensa verbal o psicológica o física que atente contra la
integridad del señor JUAN DAVID BERMUDEZ VERGARA, quien reside en la
vereda Espinal finca la ramadita del municipio de Sáchica Boyacá, por ningún medio
electrónico ni tecnológico.
[…]”.
• Valoración médico legal FPJ-39 y el Informe Pericial de Clínica Forense de 2 de
diciembre de 202390.
• Videos de la Emisora Villa de Leyva online de 19 de noviembre de 201991, para lo
cual la Sala procederá a la transcripción literal de los siguientes apartes pertinentes:
“[…] No sé que le está pasando, me quiere quitar mi finca, me quiere quitar mis
almacenes, todos mis negocios y la verdad en este momento me encuentro en una
situación económica bastante difícil porque no me ha entregado ni el usufructo de mis
cosas ni ha respondido y todas las denuncias que he recibido de él es para terminar
conmigo, ósea, que me vaya de mi propia finca, de que me vaya para allá en una
pieza en Sáchica, ósea me ha tocado defenderme, gracias a Dios tengo amigos que
son los que me colaboran y me ayudan con los pagos de los abogados, con los pagos
de los transportes de las idas, de las venidas.
PREGUNTA. Esta situación se da después de que llega al concejo o antes tenían de
pronto algún tipo de inconveniente.
Responde: Mire, esta situación se presenta en el año 2017, que quiso hacer lo mismo,
con un poder que él mismo me firmó logré pasar el bache y logré sacar otra vez la
representación legal de Carlos Bermúdez ante la cámara de comercio y logré
recuperar la empresa después de que tuve unos déficit bastante altos poque él cogió
unos dineros sin habérsele autorizado. Ahora se presenta lo mismo, volví a confiar en
él y vuelve y me traiciona, entonces me hizo firmar un acta, el Acta 27, donde la verdad
le firmé sin leerla porque la verdad lo que habíamos pactado era una cosa y apareció
con otra, y de esa acta se ha cogido para hacer los manejos que él quiera para
quererse quedar con mis negocios y estoy jurídicamente luchando contra esto y
seguiré luchando porque la verdad siempre florece, Villa de Leyva la conoce […]92”.
199. Así las cosas, resulta cierto que el día 30 de enero de 2024, la Comisaría de
Familia adoptó una medida preventiva de protección definitiva a favor del señor
Juan David Bermúdez Vergara y se ordenó a su padre cesar de manera inmediata
cualquier tipo de agresión, agravio, ofensa verbal o psicológica o física que atente
contra su integridad, por hechos que se originaron el 11 de diciembre de 2023.
90
Cfr. Índice 21 del expediente digital de la primera instancia.
91
Pueden ser consultados en los siguientes links: ( https://www.facebook.com/share/r/15rJKcPLPn/ y
https://www.facebook.com/share/v/15tXeDV6MK/ y https://www.facebook.com/share/v/15tXeDV6MK/ ),
92
https://www.facebook.com/share/v/15tXeDV6MK/.
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Radicación núm.: 15001-23-33-000-2024-00402-01
Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
200. Con base en las pruebas mencionadas, la Sala considera lo siguiente: i) que
pese a que el accionado mencionó que la disputa con su padre data del año 2017,
estos documentos acreditan supuestos fácticos de diciembre de 2023; ii) que los
hechos denunciados son posteriores a la elección del señor Juan David Bermúdez
Vergara, como concejal del municipio de Villa de Leyva; y, iii) que la presunta
enemistad con su padre, no lo eximía de actuar de manera diligente y de que al
momento de inscribirse y ser elegido como concejal tuviera el deber de advertir que
se encontraba en la inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 43 de la Ley
136.
201. Lo anterior, porque tenía el deber legal de revisar los requisitos necesarios
para su inscripción y posterior elección y de informarse sobre aquellas conductas
prohibitivas que impedían su inscripción, al margen de que se presentara una
relación de animadversión con quien fuere su progenitor.
202. Debe recordarse que conforme al artículo 9° del Código Civil, la ignorancia
de la ley no sirve de excusa y, adicionalmente, en el plenario no se encuentra
prueba de que el demandado hubiere obrado con la diligencia requerida para
conocer, consultar o informarse sobre la situación en la cual se encontraba para no
incurrir así en causal de inhabilidad prevista en el numeral 4°. del artículo 43 de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617, en consonancia con el numeral
2.° del artículo 55 de la Ley 136, antes de su inscripción al concejo en las elecciones
realizadas el 29 de octubre de 2023.
203. La Sala reitera que, aunque al parecer existe una relación de enemistad por
parte del demandado con su padre por una disputa familiar sobre una empresa,
esta circunstancia no lo exonera del deber legal que le asistía de actuar con
diligencia e indagar acerca del marco normativo del cargo al cual pretendía aspirar,
adelantando las gestiones tendientes de cara a conocer los requisitos que son de
obligatoria observancia para quien pretende y aspira a ser elegido a un cargo de
elección popular, con mayor razón si había sido llamado a ocupar una curul a partir
de la renuncia del señor Víctor Alfonso Gamboa Chaparro en el mes de agosto de
202293 y, además, de verificar, que, efectivamente, no estuviera incurso en alguna
causal de inhabilidad.
204. Por lo tanto, la culpa evidenciada en este proceso es la grave ya que el
accionado no obró con el cuidado mínimo requerido ni efectuó ninguna conducta
diligente para no haber incurrido en la causal de inhabilidad objeto de análisis en
este proceso.
205. Adicionalmente, según el estudio de las pruebas aportadas en el proceso
tampoco se demostró que el accionado actuó en presencia de un error invencible,
dado que de no haber podido tener conocimiento directo de la condición de su padre
en la empresa de acueducto de Villa de Leyva, pudo haber salido del presunto
93
Cfr. Índice 9 y 10 del expediente digital de Segunda instancia. «9_MemorialWeb_Alegatos-RenunciaHCVictorG(.pdf)
NroActua 9», y «7_MemorialWeb_Alegatos-ACTA0521(.pdf) NroActua 9».
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
yerro, observando el certificado de Cámara de Comercio de la empresa, aunado al
hecho que las fotografías allegadas demuestran que el demandado antes de su
elección sabía que su padre estaba vinculado en la misma.
206. Por otra parte, la parte accionada en el escrito de oposición aportó el
concepto 041691 de 2024 suscrito por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, dentro del cual se señaló:
“[…] ...1. ¿Cuál es la definición de “entidades públicas” que se encuentra en el artículo
33 ley 617 de 2000?
¿Cuáles son los niveles de entidades públicas a los que hace referencia el artículo 33
ley 617 de 2000?
¿Es la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) una entidad pública en
Colombia? ¿Es una violación al régimen de inhabilidades la firma de un contrato de
prestación de servicios suscrito entre un candidato a Asamblea en la calidad de
representante legal de una empresa 100% privada y la OIM dentro del año anterior a
la elección? […]
¿Es una violación al régimen de inhabilidades la firma de un contrato de prestación
de servicios suscrito entre un candidato a Asamblea en la calidad de representante
legal de una empresa 100% privada y la OIM dentro del año anterior a la elección?
Sobre las inhabilidades de los diputados, la Ley 2200 de 2022, la cual deroga
disposiciones contenidas en la Ley 617 de 2000 que les sean contrarias, dispone:
ARTÍCULO49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades
establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser
inscrito como candidato, ni elegido diputado:
(...)
Quien dentro los doce (12) meses anteriores a la elección haya intervenido en la
gestión de negocios ante entidades públicas del nivel departamental o en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio
o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
departamento. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal
de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen
subsidiado en el respectivo departamento. […]”. (Cursivas del texto).
207. La citada entidad arribó a la siguiente conclusión:
“[…] De acuerdo con lo establecido en la normativa transcrita y para el caso que se
analiza, se precisa que la OIM no es una entidad pública, ni tampoco el candidato
a diputado ha sido representante legal que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo departamento,
por lo tanto, no estaría incurso en la comisión de la conducta inhabilitante antes
descrita. […]”.
208. De los apartes transcritos, se advierte que la consulta está relacionada con
la inhabilidad prevista en el numeral 5.° del artículo 49 de la Ley 2200 de 8 de
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
febrero de 202294, para el caso de los diputados, que señala que no podrán ser
inscritos como candidato ni elegido quien dentro los doce (12) meses anteriores a
la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del
nivel departamental o en la celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento. Así mismo, quien dentro del
año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos,
tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo departamento.
209. Es decir, el supuesto normativo que se analiza en dicho concepto es
diferente a la causal de inhabilidad que se reprocha en esta oportunidad.
210. Por lo tanto, dicho concepto no prueba que el accionado contó con una
asesoría adecuada para esclarecer las implicaciones respecto de la causal de
inhabilidad objeto de reproche.
211. Por todo lo expuesto, la Sala encuentra probada la configuración de la causal
de inhabilidad prevista en el numeral 4°. del artículo 43 de la Ley 136, modificado
por el artículo 40 de la Ley 617, porque se probó que su padre tenía la calidad de
representante legal de una entidad encargada de la prestación de servicios públicos
domiciliarios en el respectivo municipio y el grado de culpabilidad demostrado en el
presente caso es la culpa grave.
II.10. Conclusiones
212. En el sub examine, a partir de una revisión integral de las pruebas aportadas al
proceso, se demostró que el concejal del municipio de Villa de Leyva, Juan David
Bermúdez Vergara, incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el
numeral 4.° del artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley
617, en consonancia con el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, ya que se
probó que su padre tenía la condición de representante legal de una entidad
encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios en el mismo
municipio, y esta conducta se cometió con culpa grave.
213. Por tal motivo, la Sala revocará la sentencia de primera instancia de 11 de
marzo de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá,
para, en su lugar, decretar la pérdida de investidura del señor Juan David Bermúdez
Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva, período 2024-2027.
94
“[…] POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS DEPARTAMENTOS […]”.
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Accionante: Carlos Eduardo Bermúdez Ruget
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 11 de marzo de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de investidura del señor Juan David Bermúdez
Vergara, concejal del municipio de Villa de Leyva para el período 2024-2027.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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