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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2017-01224-01

Pérdida de investidura de concejal por violación al régimen de inhabilidades: vínculo de parentesco con quien dentro de los…

Fecha
24 de mayo de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2017-01224-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 7 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2017-01224-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

24 de mayo de 2018

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Vínculo de parentesco con quien dentro de los doce meses anteriores a la elección ejerció autoridad / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Presupuestos de la inhabilidad por parentesco o vínculo con autoridad / AUTORIDAD CIVIL – Concepto: Evolución jurisprudencial / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Concepto / INSPECTOR DE TRÁNSITO – Es autoridad en su respectiva jurisdicción con funciones de carácter regulatorio y sancionatorio / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Configurada al determinarse que su hija ejerció como Inspectora Urbana, de Tránsito y Transporte dentro de los doce meses anteriores a su elección en el mismo municipio

[N]o le asiste razón al recurrente cuando precisó que de acuerdo con el Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, el Inspector de Tránsito y Transporte es de nivel técnico y, por lo tanto, sólo tenía asignadas funciones que implican el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, dado que, como quedó demostrado, la señora Eliana Morales Rodríguez ejerció autoridad al imponer multas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 164 de 24 de julio de 2013 y en la Ley 769 de 2002, […] Puede concluirse, entonces, que la señora Eliana Morales Rodríguez, hija del concejal demandado, ejerció autoridad civil, lo anterior teniendo en cuenta las funciones relativas a procesos administrativos originados en actuaciones policivas por contravenciones relacionadas en la perturbación a la posesión material o a la tenencia de un bien inmueble e, igualmente, en materia de tránsito y transporte al tramitar e imponer multas en esas materias. En efecto, tal y como quedó demostrado en los actos administrativos relacionados con antelación, la hija del concejal demandado, en ejercicio de la función administrativa y con competencia, desarrolló un fin perseguido por el ordenamiento jurídico, que no es otro que protección a la propiedad y la regulación del tránsito y transporte en el municipio de Lebrija.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Vínculo de parentesco con quien dentro de los doce meses anteriores a la elección ejerció autoridad / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Valoración factor subjetivo / CULPA Y DOLO - Concepto / IGNORANCIA DE LA LEY NO SIRVE DE EXCUSA- Alcance / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Deber de diligencia

[E]s una obligación general para quien pretende acceder a la función pública la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, incluso en los eventos de elección popular; sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon; e, igualmente, se tendrán en cuenta los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar. Ahora bien, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó con la diligencia debida pues está establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la que ahora se le endilga, el señor Lelio Morales Peña procedió a inscribirse para tales comicios. Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios, en la medida en que, se reitera, la Ley 617 establece, en el numeral 4º del artículo 40, las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, tener vínculo con funcionario que haya ejercido autoridad civil dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección en el mismo ente territorial.

FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 NUMERAL 4 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 188 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 190 / LEY 769 DE 2002 – ARTÍCULO 3 / LEY 769 DE 2002 – ARTÍCULO / CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 68001-23-33-000-2017-01224-01(PI)

Actor: EDWIM ACERO CASTILLO

Demandado: LELIO MORALES PEÑA

Referencia: RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL – CAUSALES DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – TENER VÍNCULO CON FUNCIONARIO QUE HAYA EJERCIDO AUTORIDAD CIVIL DENTRO DE LOS DOCE (12) MESES ANTERIORES A LA ELECCIÓN

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, frente a la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se decretó la pérdida de la investidura del señor LELIO MORALES PEÑA.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante escrito presentado ante la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Santander (fls. 1 a 5, cdno. 1), el señor EDWIM ACERO CASTILLO, en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, presentó demanda en contra del señor LELIO MORALES PEÑA, en su condición de Concejal del municipio de Lebrija (Santander), elegido para el período constitucional 2016 – 2019, con el fin de obtener la siguiente declaratoria:

“[…] Que se decrete la pérdida de investidura como Concejal del Municipio de Lebrija – Santander al señor Lelio Morales Peña, por estar incurso en la causal 5ª del artículo 179 de la Carta Política de Colombia, en razón a ser el padre legítimo de la funcionaria Eliana Morales Rodríguez, quien desempeñó las funciones de Inspector Urbano e Inspector de Tránsito y Transporte, cargos a los que, en la municipalidad se le atribuye autoridad civil, lo cual implica autoridad administrativa.

2. Que una vez en firme la providencia que decrete la pérdida de investidura se oficie a la Registraduría Nacional del Estado Civil a fin de que surta el respectivo trámite y llame a ocupar la curul al concejal que cumpla con los requisitos de ley.

3. Que de ser procedente se compulse las respectivas copias a la Procuraduría General de la Nación […]” (fl. 2. Cdno. 1).

I.2. La causal alegada

El actor señaló que el señor LELIO MORALES PEÑA se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura consagrada en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, con la modificación introducida por el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre 2000, esto es, tener vínculo con funcionario que haya ejercido autoridad civil dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección.

I.3. Los fundamentos de hecho y de derecho

La actora se fundamentó en los siguientes supuestos de hecho y de derecho:

Manifestó que el señor LELIO MORALES PEÑA participó en la jornada electoral que se llevó a cabo el día 25 de octubre de 2015 y que, como consecuencia de ello, resultó elegido como concejal del municipio de Lebrija (Santander), para el período constitucional 2016 – 2019.

Aseguró que al momento de la inscripción se encontraba inhabilitado, “[…] en razón a que su hija legítima Eliana Morales Rodríguez, abogada identificada con la cédula de ciudadanía número 1.099.365.832 expedida en Lebrija, ejerció como servidora pública en el municipio de Lebrija, en el cargo de Inspector Urbano e Inspector de Tránsito y Transporte, código 312, grado 04 […]; cargos que implican autoridad administrativa […]”.

Expuso que la Constitución Política en su artículo 179 señala de forma precisa las causales que inhabilitan para ser elegido congresista, y que en este sentido el numeral 5º dispone que “[…] quienes tengan vínculo por matrimonio, unión permanente o parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política […]”.

Aunado a lo anterior, recordó que “[…] el numeral 4º de la Ley 617 de 2000, en tratándose de inhabilidades aplicables a los concejales, en el artículo 40 […] señala “tener vínculo por matrimonio, o unión permanente o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funciones que dentro de los doce meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad civil, política, administrativa, o militar en el respectivo municipio o distrito […]”.

En este orden de ideas, sostuvo que el señor LELIO MORALES PEÑA se encuentra en primer grado respecto de la señora ELIANA MORALES RODRÍGUEZ, quien ejerció funciones de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte en la municipalidad de Lebrija, coincidiendo la jurisdicción en materia de funciones con la jurisdicción electoral para el año 2015, fecha en la cual se celebraron las elecciones territoriales.

II.- ACTUACIONES DE LA PERSONA VINCULADA AL PROCESO

II.1. Intervención del señor Lelio Morales Peña

A través de apoderado judicial, el accionado contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, para lo cual manifestó que en representación del Partido Opción Ciudadana resultó electo como concejal para ocupar una de las trece (13) curules que integran el concejo municipal de Lebrija – Santander.

En relación con el grado de parentesco de consanguinidad civil o de afinidad de Eliana Morales Rodríguez sostuvo que no se allegó con la demanda el material probatorio que lo confirmara.

Igualmente, precisó que tampoco se demostró el ejercicio del cargo de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte, toda vez que no obra el acta de posesión o la incapacidad médica del inspector de policía titular, causal que originó el encargo de que trata la Resolución 021 del 27 de enero de 2015.

Aseveró que en el evento en el que se demuestre que la señora Eliana Morales Rodríguez hubiera ocupado los referidos cargos, no se puede afirmar que ejerció autoridad civil y/o administrativa al no cumplirse con lo definido en los artículos 188 de la Ley 136 de 1994, respecto al poder de mando frente a los particulares y 189 ibídem en el sentido de ser funcionaria del nivel directo de la entidad territorial.

Recordó que los cargos de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte de la planta de personal de la Alcaldía Municipal de Lebrija son del nivel técnico, cuyas funciones se relacionan con procesos y procedimientos en labores misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.

Concluyó que la señora Eliana Morales Rodríguez estuvo vinculada a la Administración Pública de Lebrija pero en el cargo de técnico administrativo, código 367, grado 01 y que los anteriores cargos se encuentran excluidos de aquellos empleos que sí tienen la potencialidad de alterar la decisión de los electores, como son los del nivel directivo y asesor.

III.- LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia de 7 de noviembre de 2017 (fls. 249 a 259, cdno. 1), el Tribunal Administrativo de Santander decretó la pérdida de investidura del señor LELIO MORALES PEÑA, en su condición de concejal del municipio de Lebrija (Santander), elegido para el período constitucional 2016 – 2019.
Al respecto, manifestó que se tiene acreditado que el señor Morales Peña fue electo concejal de Lebrija el 25 de octubre de 2015, por lo que el año inhabilitante es el comprendido entre el 24 de octubre de 2014 y el 24 de octubre de 2015.

Señaló que a partir de la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Eliana Morales Rodríguez, se evidencia que ella es hija del señor Lelio Morales Peña, identificado con la cédula de ciudadanía 13.954.237, quien es hoy el demandado, por lo que entre ellos existe un vínculo de consanguinidad en primer grado.

Advirtió que la señora Eliana Morales, mediante la Resolución 021 de 27 de enero de 2015, fue encargada de las funciones del cargo de Inspector Urbano, código 303, grado 04 y de las funciones de Inspector de Tránsito y Transporte, código 312, grado 04, de la planta global del municipio de Lebrija.

Recordó que en virtud de las funciones consgradas en los Decretos 1333 de 1986 y 014 de 1999, el cargo de Inspector Municipal de Policía “[…] no se remite a duda que entraña el ejercicio de autoridad civil, ya que aparejan potestades correccionales, sancionatorios y de control con poder decisorio sobre los actos y las personas controladas […]”.

Igualmente comentó que “[…] el artículo 3º del Código Nacional de Tránsito identifica a los Inspectores de Policía y de Tránsito como autoridades de Tránsito, quienes en virtud del artículo 7º ibídem ejercen funciones de policía administrativa para velar “por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público, con carácter regulatorio y sancionatorio […]”.

Así las cosas, concluyó que las funciones legales asignadas al Inspector Urbano y al Inspector de Tránsito y Transporte del municipio de Lebrija implican el ejercicio de autoridad civil, en tanto su ejercicio tiene la capacidad de influir en el electorado, pues ambas se ejercen sobre los particulares con mando, sin que estos puedan resistirse a las decisiones que con fundamento en ellas se lleguen a adoptar, dado su carácter obligatorio y coercitivo.

Precisó que si bien es cierto que “[…] las funciones asignadas al Inspector de Tránsito y Transporte de Lebrija en materia de prevención de tránsito no implican la adopción de decisiones que vinculan directamente a los ciudadanos […]”, también lo es que en materia sancionatoria tiene la facultad de realizar audiencias públicas y, además, la de imponer sanciones por el desconocimiento de normas de tránsito, tal y como se desprende de las numerosas decisiones que se aportaron al plenario.

En relación con el elemento subjetivo, consideró que “[…] sí era exigible que el señor Lelio Morales Peña estuviera al tanto al momento de ser elegido como concejal del municipio de Lebrija, de las funciones que su hija hubiese desempeñado dentro de la administración pública dentro del año anterior a la realización de las votaciones […] que al participar la señora Eliana Morales Peña de la vida pública de Lebrija, al señor Morales Peña se le exigía un especial cuidado en verificar que las funciones por ella desarrolladas no tuvieran la potencialidad de alterar o influir en las elecciones en las que él decidió participar […]”:

Finalmente, aseveró que dentro del proceso el demandado no desplegó actividad probatoria tendiente a demostrar que desempeñó alguna actividad para actualizar su conocimiento al momento de su participación en la jornada electoral del 25 de octubre de 2015, respecto a las funciones desempeñadas por su hija, ni otra circunstancia que excluya su responsabilidad.

IV.- RECURSO DE APELACIÓN

IV.1. Apelación del señor Lelio Morales Peña

En escrito fechado el 17 de noviembre de 2017 (fls. 266 a 270, cdno. 1) la parte demandada apeló la sentencia de instancia y, en tal sentido, manifestó que no comparte lo expuesto por el a quo por las siguientes razones:

En primer lugar, se refirió a que el argumento legal utilizado por la primera instancia –numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994-, no resulta procedente para fundar la postura que originó la pérdida de investidura contra el señor Lelio Morales Peña, toda vez que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 derogó dicha causal como constitutiva de pérdida de investidura.

Manifestó que “[…] en consideración a que la violación del régimen de inhabilidades, consagrado como causal de pérdida de la investidura en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 19994, se omitió en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, resulta valido inferir que la mencionada causal se eliminó dentro del régimen de pérdida de investidura de concejal, conforme lo dispone el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, ya que al existir una nueva disposición legal que regula integralmente la materia, la anterior disposición legal regula integralmente la materia, la anterior disposición debe tenerse como eliminada del ordenamiento jurídico, en lo que respecta a las causales de pérdida de investidura de concejal […]”.

En segundo lugar, el demandado aludió a la configuración de la causal relativa al ejercicio de autoridad civil yen este sentido precisó que no es posible acudir a lo dispuesto en el Decreto 1333 de 1986, ya que las funciones en él establecidas aplican para el Inspector de Policía y no para el Inspector de Tránsito y Transporte.

Aseveró que el cargo de Inspector de Tránsito y Transporte es de nivel técnico y, por lo tanto, conforme lo dispone el numeral 4.4 del artículo 3 del Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, dicho empleo sólo tiene asignadas funciones que implican el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo.

Aclaró que la autoridad civil y administrativa en materia de tránsito y transporte la ejerce la Secretaría de Tránsito y Movilidad, conforme lo indica el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 3° de la Ley 1383 de 2010, entidad que, a su vez, es el organismo de tránsito, según lo dispone el literal c) del artículo 6º de la Ley 769 de 2002.

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que la Inspección de Tránsito y Tránsito en el municipio de Lebrija es una dependencia subordinada de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, conforme lo establece el artículo 9º del Acuerdo 016 de 2013 y el Decreto 048 de 2013.

Puso de presente que al plenario no se allegó la prueba mediante la cual se haya logrado demostrar que la señora Eliana Morales Rodríguez haya ejercido el cargo de Inspectora de Tránsito y Transporte.

Finalmente, anotó que subjetivamente no se encuentra probado que “[…] Eliana Morales Rodríguez en su condición de Inspectora Urbana […] o en su defecto, como Inspectora de Tránsito y Transporte, en el período de tiempo de que trata la Resolución 021 del 27 de enero de 2015, […] haya incidido o intervenido favorable o desfavorablemente en la conducta y decisión del elector en favor o en contra del accionado, […] o que durante las audiencias mediante las cuales se declararon contraventores de infracciones o normas de tránsito, así como para ejecutoriar los actos administrativos resultantes de las mencionadas audiencias, mediante procesos de cobro coactivo, haya recurrido al empleo de fuerza pública, condición esta que se encuentra enmarcada dentro de la definición de autoridad civil […]”.

V-. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público, en concepto rendido el 28 de febrero de 2018 (fls. 21 a 28. Cdno. Ppal), manifestó que comparte la conclusión a la cual llegó el Tribunal Administrativo de Santander, en el entendido de que el concejal accionado se encuentra incurso en la violación al régimen de inhabilidades consagrada en el numeral 4° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, con la modificación incorporada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez que su hija ejerció los cargos de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte, los cuales comportan el ejercicio de autoridad civil y administrativa.

Recordó que el concepto de autoridad administrativa ha sido definido por la jurisprudencia como el poder del cual está investido un funcionario para que, dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de las necesidades e intereses de sus administrados.

Puso de presente que tal función también puede ser ejercida por quien tiene autoridad civil, pero la diferencia radica en que, además, tiene el poder de adoptar decisiones generales y comprende actividades relacionadas.

Frente a este tema, comentó que el Consejo de Estado ha entendido que el término de autoridad civil abarca un concepto genérico de autoridad, el cual incluye el de autoridad administrativa como especie.

Sostuvo que autoridad civil es el género que comprende a la autoridad administrativa, pues si bien es cierto que las diferencias entre ambas no son fáciles de apreciar, ello no justifica que se confundan, teniendo en cuenta que el concepto de autoridad civil no resulta excluyente sino que comporta la autoridad administrativa que está relacionada con las potestades del servidor público investido de función administrativa, toda vez que al mismo tiempo es considerada autoridad civil.

En cuanto al fondo del asunto y una revisadas las pruebas obrantes en el proceso, consideró que la señora Eliana Morales Rodríguez fue encargada de las funciones del cargo de Inspector municipal de Policía e Inspector de Tránsito y Transporte.

Al respecto, anotó que la Ley 23 de 1991 asigna a los inspectores de policía la competencia para conocer en primera instancia de los procesos policivos por contravenciones previstas en el artículo 1º de la misma norma.

De otro lado, mencionó que la Ley 769 de 2002 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito […]”, señala que son autoridades de tránsito, en su respectiva jurisdicción, los Inspectores de Tránsito y Transporte.

Asimismo indicó que el artículo 7º de la misma norma, establece que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas; sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio, y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías.

Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público consideró que el ejercicio de cargo de Inspector de Policía y de Tránsito que desempeñó la hija del concejal dentro del año a su elección como concejal encaja dentro de lo que jurisprudencialmente se define como autoridad civil y/o administrativa.

En efecto, evidenció que la hija del acusado tuvo funciones de Policía, teniendo en cuenta las facultades para iniciar procesos administrativos policivos por contravenciones originadas por la perturbación a la posesión material o a la tenencia de un bien inmueble, como quedó demostrado en los actos administrativos sancionatorios suscritos y, que, en su calidad de Inspectora de Tránsito, impuso multas por contravenciones a las normas de tránsito, razón por la cual se debía confirmar la decisión impugnada.

VII-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, de una parte, en virtud del artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, norma que establece la segunda instancia para tales procesos y, de otra, el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, reglamento donde quedó consagrado que el recurso de apelación de las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos será de conocimiento de la Sección Primera.
VII.2. Procedibilidad de la acción

Se encuentra acreditado que el señor LELIO MORALES PEÑA, fue electo como Concejal del municipio de Lebrija (Santander), para el período constitucional 2016 – 2019, según consta en el documento contentivo de la forma E-26 JAL (fl. 15, cdno. 1). Ello significa que el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de la investidura, atendido el artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

VII.3. Planteamiento del problema jurídico a resolver

El recurrente, en su escrito de apelación, afirmó que el motivo de inconformidad con la sentencia de instancia radica en que el a quo erró al considerar que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, consagró la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, por lo que el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 no puede servir de fundamento legal para proferir la sentencia, toda vez que el mismo fue derogado por la referida Ley 617.

Sostuvo que el demandado no se encuentra inhabilitado, como quiera que la señora Eliana Morales Rodríguez no ejerció cargo alguna que implique autoridad civil.

Corresponde, entonces, a la Sala, de acuerdo con las prescripciones del inciso 1º del artículo 328 del Código General del Proceso, analizar si el señor LELIO MORALES PEÑA, quien resultó electo como concejal del municipio de Lebrija (Santander), se encuentra incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en razón a que su hija ejerció como Inspectora Urbana, de Tránsito y Transporte, por lo que actuó con autoridad civil dentro del año anterior a su elección en el respectivo municipio.

Para desatar el problema jurídico, la Sala debe determinar, inicialmente, si dicha prohibición es causal de pérdida de investidura para los concejales.

VII.3.1. La violación del régimen de inhabilidades previsto en la ley para los concejales

La aplicación del precedente jurisprudencial relativo a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de concejales ha sido abordada por esta Sección en diferentes oportunidades, argumentos que serán prohijados en esta oportunidad.

Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Sección Primera, han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que la misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.

En las providencias de 23 de julio de 2002, 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012, la Sección Primera consideró lo siguiente:

“[…] Al respecto, se tiene que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación decidió que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 deben entenderse incorporadas otras causales de Pérdida de la Investidura de concejales municipales, pues no derogó en su totalidad, por ejemplo, en lo concerniente la totalidad de la Ley 136 de 1994. Por ello, con respecto a la vigencia de la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena asumió por importancia jurídica el estudio del tema arribando a la conclusión de que el numeral 8° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 remite a causales de Pérdida de la Investidura consagradas en' otras normas, entre ellas, la Ley 136 de 1994, por lo que se entiende que en este aspecto no derogó el numeral 2º del artículo 55 de dicha norma y, consecuencialmente, encontró que la violación al régimen de inhabilidades continúa siendo causal de Pérdida de la Investidura de concejales […]”.

“[…] Frente al cargo de pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4º del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la ley 617 de 2000.

3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:

“[…] El régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Concejales y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los Concejales […]” (Negrillas fuera de texto).

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine.

VII.3.2. La causal de pérdida de investidura alegada por la parte actora

Definido que la violación al régimen de inhabilidades sí constituye un motivo de pérdida de investidura para los concejales, es necesario dilucidar ahora si en el presente caso se presentó la causal alegada por la actora, la que encuentra su consagración en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, con la modificación introducida por el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre 2000, cuyo tenor es:

“[…] ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: […]

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. […]” (Negrilla fuera de texto).

Para emprender el análisis propuesto se estudiarán, en primer lugar, los elementos necesarios para la configuración de la inhabilidad antes transcrita, para luego, en segundo término, abordar el análisis de los argumentos expuestos por el demandado en el recurso de alzada.

Sobre el particular la Sala recuerda que para que se configure la causal de inhabilidad señalada, se requiere la presencia de los siguientes supuestos: (i) tener la condición de Concejal; (ii) haber tenido vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados señalados en la ley; (iii) que dicho vínculo se tenga con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

(i) Tener la condición de Concejal

Como se precisó con antelación, dentro del plenario se encuentra acreditado que el señor Lelio Morales Peña, fue electo como concejal del municipio de Lebrija (Santander), para el período constitucional 2016 – 2019, según consta en el documento contentivo de la forma E-26 JAL (fl. 15. Cdno. 1).

(ii) Haber tenido vínculo matrimonial o unión permanente o parentesco en los grados señalados en la ley

En segundo lugar, en cuanto al parentesco como generador de la inhabilidad, el numeral 4º del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre 2000, dispone: “[…] quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil […]” (negrillas fuera de texto).

Al respecto y de la revisión del plenario, la Sala encuentra que reposa dentro del expediente copia del Registro Civil de Nacimiento de la señora Eliana Morales Rodríguez (fls. 229 y 231. Cdno. 1), del cual se desprende, sin dubitación alguna, el vínculo en primer grado de consanguinidad entre la referida persona y el servidor público demandado.

En efecto, se tiene que la señora Eliana Morales Rodríguez es hija del señor Lelio Morales Peña, quien es sujeto pasivo del medio de control de pérdida de la investidura de la referencia, por lo que se encuentra acreditado el segundo de los elementos que configuran la causal.

(iii) Que dicho vínculo se tenga con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

En tercer lugar, la Sala encuentra que la señora Eliana Morales Rodríguez, hija del demandado, por medio de la Resolución 021 del 27 de enero de 2015 expedida por el Alcalde Municipal (fl. 37. Cdno. 1), fue encargada de las funciones de Inspectora Urbana categoría 3 a 6, Código 303, Grado 04 y de las funciones de Inspectora de Tránsito y Transporte, Código 312, Grado 04, de la planta globalizada del municipio de Lebrija, identificada con cédula de ciudadanía 1.099.365.832 de Lebrija. Se resalta que la citada funcionaria era titular del empleo que fue denominado Técnico Administrativo, Código 367, grado 01 en provisionalidad y fue encardada de referido cargo mientras se cumplía la incapacidad del señor Armando Escamilla Ariza.

Al respecto y en cuanto al elemento temporal, la Sala advierte que las elecciones al concejo del municipio de Lebrija se efectuaron el 25 de octubre de 2015, por lo que el período inhabilitante de que trata la norma en comento se configura dentro de los doce (12) meses anteriores a dicha jornada electoral, esto es, entre el 25 de octubre de 2014 y el 25 de octubre de 2015.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el encargo para el ejercicio de las funciones por parte de la señora Eliana Morales Rodríguez se produjo entre el 27 de enero de 2015 y el 23 de febrero de la misma anualidad (fls. 36 y 37. Cdno. 1), la Sala encuentra demostrado que las labores encargadas se realizaron dentro del referido período inhabilitante.

Ahora bien y en relación con el elemento funcional, la Sala estima necesario establecer si el cargo de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte de la planta globalizada del municipio de Lebrija, que desempeñó la hija del concejal demandado, comporta o no el ejercicio de autoridad civil, tal y como lo concluyó el a quo.

Al respecto, la Sala recuerda que el concepto de autoridad civil aparece definido en el artículo 188 de la Ley 136 de 1994, el cual señala lo siguiente:

“[…] Artículo 188. Autoridad civil. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones […]” (Negrillas fuera de texto).

Sobre el tema la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la autoridad civil consiste en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante típicos actos de autoridad que recaen sobre los ciudadanos, la comunidad en general y sobre la organización estatal en sí. Dicha manifestación de autoridad implica, por lo tanto, el ejercicio de dirección o mando y se expresa en la posibilidad de impartir órdenes, instrucciones o de adoptar medidas coercitivas, de carácter general o particular, de obligatorio acatamiento, tal y como lo precisó la Sala Plena en el texto de la providencia que se transcribe a continuación:

“[…] La autoridad civil suele expresarse a través de i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) de la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquella que determina originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública […]” (Negrillas fuera de texto).

En igual sentido, la Sala Plena de la Corporación ha señalado que la autoridad civil comprende la autoridad administrativa, al considerar “[…] que para efectos de examinar las causales de inhabilidad y determinar si un servidor público ejerce o no autoridad civil, se debe partir del análisis del contenido funcional que tenga su cargo y, en tal perspectiva, la autoridad civil comprende la autoridad administrativa, de la manera que la primera es el género y la segunda la especie […]” (Negrillas fuera de texto).

Por ende, según lo sostuvo la sentencia de 8 de mayo de 2007, “[…] la autoridad civil es caracterizada por el legislador porque el empleado público está investido de capacidad legal y reglamentaria para emplear el poder público ‘en función de mando’ con el propósito de desarrollar los altos fines perseguidos por la ley, y en caso de desacato por el destinatario de la respectiva orden, hacerse obedecer con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario […]” (Negrillas fuera de texto).

En lo atiente a la autoridad administrativa ella es definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que la misma no solo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y de los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas laborales e investigar faltas disciplinarias).

Si se observa el alcance de la función de la autoridad administrativa al ser comparada frente a la autoridad civil, “[…] se podrá inferir que las competencias de la primera están inmersas en las competencias de la última, la que además puede proyectarse externamente, hacia los particulares, de modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la coacción con el concurso de la fuerza pública […]” (Negrillas fuera de texto).

Teniendo en cuenta lo anterior y de la revisión del plenario, la Sala reitera que la señora Eliana Morales Rodríguez fue encargada de las funciones del cargo de Inspectora de Tránsito y Transporte, y que de acuerdo con la Resolución 164 de 24 de julio de 2013, le correspondía ejercer las siguientes actividades (fls. 38 a 42. Cdno. 1):

“[…] Denominación del empleo: Inspector de Tránsito y Transporte
Clase de empleo: Carrera administrativa
Código 312
Grado: 04

[…]

Propósito principal

Realizar los procedimientos establecidos en materia de tránsito y transporte para la atención de los eventos que se ocasionen en ese sector de acuerdo al marco legal vigente en esta materia.

Descripción de las funciones esenciales

1. Acatar las directrices impartidas por el secretario de tránsito y movilidad, sobre regulación y control de tránsito público y urbano en todas sus modalidades, el mejoramiento de las condiciones de movilidad y el desarrollo de infraestructura vía y de transporte.

2. Velar por el estricto cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, de conformidad con las directrices impartidas por las autoridades competentes.

3. Efectuar vigilancia y control en materia de tránsito y movilidad, imponiendo las sanciones a los contraventores de conformidad con lo establecido en el código nacional de tránsito y demás normas vigentes.

4. Participar en la elaboración de los reglamentos de tránsito para la circulación de vehículos y peatones, indispensables para el cumplimiento de normas superiores […].

5. Velar por la expedición por parte de la autoridad competente y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

6. Emitir conceptos técnicos en asuntos de su competencia relacionados con el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de las entidades prestadoras de servicio de transporte público y de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia.
7. Proyectar para la firma del superior inmediato los actos administrativos para la reglamentación de funcionamiento de parqueaderos.

8. Conocer de las contravenciones de tránsito y transporte […] proyectar para la firma las medidas preventivas en los términos de ley.

9. Elaborar los informes sobre las actividades desarrolladas por la dependencia y por solicitud de diferentes entidades […].

10. Realizar las audiencias por imposición de comparendos […] proyectar para la firma del superior inmediato acto administrativo pertinente de conformidad con las normas y leyes vigentes […]” (Negrillas fuera de texto).

Así las cosas, de la lectura detallada del manual de funciones transcrito, la Sala encuentra que si bien es cierto que, en materia preventiva, a la señora Eliana Morales Rodríguez le correspondía proyectar los actos administrativos técnicos para la firma del superior inmediato, también lo es que se le otorgaron específicas funciones y potestades para el estricto cumplimiento de las normas de tránsito y transporte, esto es, para vigilar y controlar el tránsito y la movilidad; para imponer sanciones a los contraventores de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y demás normas vigentes; para emitir conceptos técnicos en asuntos de su competencia relacionados con el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de las entidades prestadoras de servicio de transporte público y, además, para realizar las audiencias para imposición de comparendos.

Bien lo consideró el a quo cuando sostuvo que “[…] las funciones asignadas al Inspector de Tránsito y Transporte de Lebrija en materia de prevención de tránsito no implican la adopción de decisiones que vinculan directamente a los ciudadanos […]”, pero que en materia sancionatoria tiene la facultad de realizar audiencias públicas y además la de imponer sanciones por el desconocimiento de normas de tránsito […]”.

Cabe resaltar que la señora Eliana Morales Rodríguez, en ejercicio de las funciones antes reseñadas, inició e impuso sanciones por la contravención de normas de tránsito y movilidad; entre las cuarenta y cuatro (44) actuaciones administrativas que se aportaron al plenario, y de las que se resaltan las siguientes (fls. 186 a 225. Cdno. 1):

ACTUACIÓN
DECISIÓN

FUNCIONARIO
Resolución 14850 de 23 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito a la señora Johanna Moreno Quiroga e impone multa de $171.830
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 186)
Resolución 14809 de 16 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Fabián Quitian Suárez e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 187)
Resolución 14801 de 16 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Pablo César Cárdenas Corzo e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 188)
Resolución 14815 de 16 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Armando Gil Ramírez e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 189)
Resolución 14800 de 16 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito a la señora Antonio María Ortiz Fuentes e impone multa de $644.350
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 190)
Resolución 14816 de 16 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Yesid Ramírez e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 192)
Resolución 14882 de 23 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Luis Alberto Ángel Ruíz e impone multa de $171.827
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 197)
Resolución 14893 de 23 de febrero de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor José Alirio Malagón Mantilla e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 198)
Resolución 14976 de 5 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Juan Camilo Zambrano e impone multa de $644.350
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 207)
Resolución 14970 de 6 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Oscar Gómez Santamaría e impone multa de $644.350
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 211)
Resolución 15016 de 6 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Yoseph Sarmiento Reyver e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 212)
Resolución 15002 de 9 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Jesús Alberto Gelves e impone multa de $171.827
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 215)
Resolución 14993 de 9 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Elías Serrano e impone multa de $322.170
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 217)
Resolución 14999 de 9 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Ever García Ramírez e impone multa de $322.175
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 219)
Resolución 14999 de 10 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor Hernán Archila e impone multa de $171.827
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 221)
Resolución 15005 de 10 de marzo de 2015

Declarar contraventor de normas de tránsito al señor José Duarte Cárdenas e impone multa de $171.827
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora Municipal de Policía y Tránsito Encargada
(fl. 222)

Ahora bien, tal como lo señaló el Agente del Ministerio Público, es claro que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, son autoridades los Inspectores de Tránsito son autoridades en su respectiva jurisdicción. Establece el citado precepto:

“[…] El Ministro de Transporte. Los Gobernadores y los Alcaldes. Los organismos de tránsito de carácter departamental, municipal o Distrital. La Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte. Los Inspectores de Policía, los Inspectores de Tránsito, Corregidores o quien haga sus veces en cada ente territorial. La Superintendencia General de Puertos y Transporte. Las Fuerzas Militares para cumplir exclusivamente lo dispuesto en el parágrafo 5° de este artículo. Los Agentes de Tránsito y Transporte […]” (Negrillas fuera de texto).

En este mismo sentido, el artículo 7º ibídem, dispone que las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas; sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben estar orientadas a la prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías, como se evidencia. Dispone la referida norma:

“[…] Cumplimiento régimen normativo. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías […]” (Negrillas fuera de texto).

Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente cuando precisó que de acuerdo con el Decreto 785 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, el Inspector de Tránsito y Transporte es de nivel técnico y, por lo tanto, sólo tenía asignadas funciones que implican el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, dado que, como quedó demostrado, la señora Eliana Morales Rodríguez ejerció autoridad al imponer multas de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 164 de 24 de julio de 2013 y en la Ley 769 de 2002,

De otra parte y en relación con el ejercicio de las funciones de Inspector Urbano, la Sala observa que si bien es cierto que no se aportó el manual de funciones de dicho empleo, también lo es que la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del municipio de Lebrija allegó al plenario sendos actos administrativos a través de los cuales se evidencia que funcionaria tramitó procesos policivos originados en la perturbación a la posesión material o con la tenencia de un bien inmueble, como se observa a continuación:

ACTUACIÓN
DECISIÓN
FUNCIONARIO
Auto de 24 de febrero de 2015
Proceso policivo por perturbación a la tenencia
Se admitió querella por perturbación a la tenencia
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora de Policía Encargada
(fl. 181)
Auto de 25 de febrero de 2015
Proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho
Se rechazó la querella presentada por falta de competencia funcional
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora de Policía Encargada
(fl. 182)
Auto de 4 de marzo de 2015
Proceso ordinario civil de policía por perturbación a una servidumbre
Se inadmitió la querella presentada, por no reunir los requisitos establecidos en el CPS
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora de Policía Encargada
(fls. 183 y 184)
Auto de 9 de marzo de 2015
Proceso ordinario civil de policía por perturbación a una servidumbre
Se admitió querella por perturbación a una servidumbre
Eliana Morales Rodríguez
Inspectora de Policía Encargada
(fl. 185)

Puede concluirse, entonces, que la señora Eliana Morales Rodríguez, hija del concejal demandado, ejerció autoridad civil, lo anterior teniendo en cuenta las funciones relativas a procesos administrativos originados en actuaciones policivas por contravenciones relacionadas en la perturbación a la posesión material o a la tenencia de un bien inmueble e, igualmente, en materia de tránsito y transporte al tramitar e imponer multas en esas materias.

En efecto, tal y como quedó demostrado en los actos administrativos relacionados con antelación, la hija del concejal demandado, en ejercicio de la función administrativa y con competencia, desarrolló un fin perseguido por el ordenamiento jurídico, que no es otro que protección a la propiedad y la regulación del tránsito y transporte en el municipio de Lebrija.

En este contexto, se repite, no es recibo el argumento del recurrente en cuanto a que los cargos desempeñados por la señora Eliana Morales Rodríguez se relacionan con procesos y procedimientos en labores misionales y de apoyo y, mucho menos, se refieren a la aplicación de la ciencia y la tecnología.

De otra parte, la Sala considera que si bien es cierto que no obra dentro del plenario el acta de posesión de la hija del concejal demandado, también lo es que la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del municipio de Lebrija informó que “[…] revisando el archivo institucional, no se encontró el acta por cuanto parece que se encuentra refundida dentro de la documentación de archivo general, y por la inmediatez en la que se requiere allegar la documentación, no da tiempo para hacer una exhaustiva búsqueda del documento en mención […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la referida dependencia en oficio del 31 de agosto de 2017 (fls. 36, 179 y s.s. Cdno. 1), certificó que el encargo desempeñado por la señora Eliana Morales Rodríguez, “[…] se efectuó por el tiempo de la incapacidad del Dr. Armando Escamilla Ariza, desde el 27 de enero de 2015 al 23 de febrero de 2015 […]”.

Finalmente, en punto de la culpabilidad, se deberá analizar si en las circunstancias particulares en que se presentó la conducta, el demandado conocía o debía conocer la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión. En este sentido el juez, luego de determinar si se configura la causal de pérdida de investidura, debe evaluar si existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.

En el presente caso, la Sala debe evaluar la conducta desplegada por el concejal demandado, esto es, si al inscribirse a los comicios del 25 de octubre de 2015, en los cuales se elegirían los concejales de, entre otros entes territoriales, el municipio de Lebrija (Santander), conocía que su hija, Eliana Morales Rodríguez, ejercía autoridad civil al desempeñar en encargo los cargos de Inspectora Urbana e Inspectora de Tránsito y Transporte en el mismo municipio.

Al respecto no debe perderse de vista para el presente caso, que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU 501 de 2015, Magistrada Ponente Myriam Ávila Roldan, subrayó que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

Entonces, esta Sala precisó en la precitada sentencia de 25 de mayo de 2017, que el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa y, para el análisis de esos aspectos, debía acudirse al artículo 63 del Código Civil, que prevé:

“[…] ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro […]”.

Cabe resaltar que es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, incluso en los eventos de elección popular; sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon; e, igualmente, se tendrán en cuenta los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Ahora bien, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó con la diligencia debida pues está establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la que ahora se le endilga, el señor Lelio Morales Peña procedió a inscribirse para tales comicios.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios, en la medida en que, se reitera, la Ley 617 establece, en el numeral 4º del artículo 40, las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, tener vínculo con funcionario que haya ejercido autoridad civil dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección en el mismo ente territorial.

Por lo anterior, la Sala considera que, como bien lo consideró el Tribunal de instancia, debe decretarse la pérdida de investidura del señor Lelio Morales Peña, electo como Concejal del municipio de Lebrija (Santander), para el período constitucional 2016 – 2019, razón por la que se confirmará la sentencia proferida por el a quo, tal y como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia apelada, esto es, la sentencia de 7 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2004 – 2404. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012. Rad.: 2012 – 00235. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 5 de mayo de 2016. Rad.: 2013 – 00290. Consejera ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 7 de mayo de 2013. Rad.: 2012 – 00789. Consejero Ponente: doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de febrero de 2008. Rad.: 00287. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 19 de marzo de 2001. Rad.: 00155. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de mayo de 2007. Rad.: 00016.
“[…] Artículo 190. Artículo 190o. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales. También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias […]”. Ibídem.
“[…] por la cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta global de personal de la administración central del municipio de Lebrija, Santander […]”. Los actos administrativos técnicos han sido catalogados por la doctrina como una especie de los administrativos generales, han sido llamados Reglamentos, y se entiende por ellos lo siguiente: ordenamientos técnicos, de carácter general, obligatorios con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de la Ley. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires. Ediciones Hispania Libros. Reimpresión 2015.
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito […]”.
“[…] por la cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta global de personal de la administración central del municipio de Lebrija, Santander […]”.
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito […]”.

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