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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2021-00027-01

Pérdida de investidura

Fecha
26 de agosto de 2021
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2021-00027-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2021-00027-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

26 de agosto de 2021

PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RÉGIMEN DE INHABILIDADES – Concejal / CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - No lo es la prohibición establecida en artículo 49 de la Ley 617 de 2000 / CONCEJAL MUNICIPAL - Inexistencia de causal de pérdida de investidura en artículo 49 de la Ley 617 de 2000 / PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Normas sobre inhabilidades e incompatibilidades son de interpretación restrictiva / PROHIBICIONES - Las establecidas en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no se aplican a concejales sino a sus parientes / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

Aplicada la tesis expuesta por esta Sala en las sentencias de 3 de julio de 2008, 22 de enero de 2009, 29 de enero de 2009, 13 de agosto de 2009, 5 de agosto de 2010, 4 de octubre de 2012, 27 de marzo de 2014 y 12 de noviembre de 2015, al caso en concreto, es posible colegir que no resulta válido fundar una causal de pérdida de investidura en contra de la acusada sobre la situación de hecho consistente en que su pariente, el señor […], es contratista del municipio para el cual fue elegida concejal, Córdoba (Quindío), como lo ha pretendido el demandante en su solicitud como en el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia. Como fue explicado con anterioridad, la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio y, de esta manera, no resulta posible acompañar la interpretación extensiva pretendida por el demandante puesto que, como señalaron las providencias judiciales expuestas, las causales de pérdida de investidura tienen un carácter taxativo y restrictivo y no resulta posible su interpretación extensiva o analógica, resultando irrelevante el análisis de los hechos fundamento del medio de control.

FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55 NUMERAL 2 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 6 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 49 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 63001-23-33-000-2021-00027-01(PI)A

Actor: WILMAR ÁLVAREZ

Demandado: LORENA MILDRED CASTAÑO DURÁN

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Tema: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES PREVISTO PARA LOS CONCEJALES / PROHIBICIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 617

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante, en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura de la señora Lorena Mildred Castaño Durán, concejal del municipio de Córdoba (Quindío).

ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura

El ciudadano Wilmar Álvarez, por conducto de apoderada judicial y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda ante esta jurisdicción, con el fin de que se despoje de su investidura a la señora Lorena Mildred Castaño Durán, concejal del municipio de Córdoba (Quindío), elegida para el período constitucional 2020-2023.

I.1.1. La causal de pérdida de investidura invocada por el demandante

El demandante, como sustento a su solicitud, invocó la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de los concejales prevista en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 6° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000; la prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617, disposición normativa modificada por las Leyes 821 de 2003 y 1148 de 2007; y finalmente, el literal a) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

I.1.2. Los hechos sustento de la solicitud

Adujo que el día 24 de julio de 2019, la ciudadana Lorena Mildred Castaño Durán inscribió su candidatura al concejo del municipio de Córdoba (departamento de Quindío), para el período constitucional 2020-2023.

Relató que, el día 27 de octubre de 2019, la señora Lorena Mildred Castaño Durán resultó elegida como concejal del municipio de Córdoba para el período constitucional 2020-2023, por el partido Cambio Radical, y tomó posesión de su investidura el día 2 de enero de 2020, según consta en el acta contentiva de la sesión inaugural del concejo municipal.

Indicó que la concejal Lorena Mildred Castaño Durán tiene un vínculo en primer grado de afinidad con el señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, quien es padre del señor Cristian Camilo Montañez Turriago, con quien tiene vigente una unión marital de hecho.

El señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, en su calidad de representante legal de la Cooperativa de Transportadores de Córdoba, «COOTRASCORD LTDA.», ha suscrito diversos contratos con la Alcaldía del municipio de Córdoba durante los años 2019 y 2020 (tales como el Contrato Directo No. 003-2019 de 12 de febrero de 2019, el Contrato Directo No. 006 de 26 de junio de 2019, el Contrato de Prestación de Servicios CPS-117 de 3 de junio de 2020, el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-076 de 3 de junio de 2020, así como las aceptaciones de ofertas de fechas 9 de febrero, 30 de abril, 28 de agosto y 4 de diciembre de 2019, en los procesos de selección de mínima cuantía SMIC-007 de 2019, SMIC-016 de 2019, SMIC-035 de 2019 y SMIC-050 de 2019).

I.1.3. La explicación de la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda

Anotó que los concejales, así como sus parientes consanguíneos o por afinidad:

«[…] deben estar separados a la administración en cuanto a repartición de cuotas burocráticas, nombramientos en provisionalidad o en propiedad de cualquier índole, exceptuándose los nombramientos a que haya lugar en razón y con ocasión a un concurso público; contratos estatales, de prestación de servicios profesionales, y en general, cualquier tipo de favorecimiento que le pueda restar objetividad a (i) su ejercicio político de control sobre la administración municipal, y (ii) a las iniciativas de acuerdo municipal que propendan por el desarrollo y crecimiento de la entidad territorial».

Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, precisó que la inhabilidad se refiere al defecto o impedimento para obtener un cargo, empleo u oficio, en tanto que la incompatibilidad es concebida como la prohibición o tacha para ejercer una actividad determinada.

Subrayó que la institución de pérdida de investidura tiene como finalidad preservar la ética y la moralidad, afianzando la legitimidad de las corporaciones públicas de elección popular.

Luego de transcribir el contenido del numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136; los artículos 48 (numeral 6°) y 49 de la Ley 617, el artículo 1° de la Ley 821, así como el artículo 1° de la Ley 1148, consideró que se encontraban demostrados los presupuestos exigidos para decretar la pérdida de investidura de la concejal demandada, puesto que tal servidora pública de elección popular tiene un vínculo en primer grado de afinidad con el señor Pablo Emilio Montañez, quien ha celebrado diversos contratos con la Alcaldía municipal de Córdoba (Quindío) en los años 2019 y 2020, mediante la modalidad de la contratación directa y de prestación de servicios.

En armonía con lo anterior, consideró demostrados los elementos de la causal de inhabilidad deprecada, en tanto que:

«[…] la servidora pública presenta nexo de afinidad en primer grado con aquel contratista del municipio de Córdoba, en razón y con ocasión que su compañero permanente, el ciudadano Cristian Camilo Montañez Turriago, es hijo de los esposos Alida Turriago y Pablo Emilio MONTAÑEZ.

De lo que viene de exponerse, salvo mejor criterio y entendimiento del Honorable Tribunal Administrativo de Quindío, se configura la causal porque las relaciones de contratación directa y diferentes contratos de prestación de servicios entre el suegro de la hoy CONCEJAL y la Alcaldía de Córdoba Quindío, se dio y se viene dando dentro del término inhabilitante, con una entidad pública del orden municipal y en consecuencia, su objeto contractual se ejecutó y aún se viene ejecutando dentro del mismo municipio; sabiendo primeramente esto, que aparte de tener la iniciativa de promover acuerdos municipales, una de las funciones principales de la servidora pública es participar y ejercer de manera objetiva el control político sobre la administración local y demás entidades descentralizadas, para lo cual, tanto ella como sus parientes más próximos, deben estar alejados de cualquier actuación -que en momento alguno pudiera reducir –por factores externos y subjetivos- la capacidad de reacción que la propia Constitución, la Ley, y el reglamento del Concejo Municipal, le otorgan bajo su investidura de CONCEJAL, de increpar en defensa de la moralidad administrativa y cualquier acto de corrupción que llegue a su conocimiento […]».

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura

El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 10 de febrero de 2021, inadmitió la demanda, teniendo en cuenta que la parte actora no dio cumplimiento con los requisitos formales previstos en los artículos 160 y 166 del CPACA y, mediante auto de 23 de febrero de 2021 admitió la demanda; ordenó la notificación personal al demandado y al agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 9° de la Ley 1881 de 2018, y el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 que modificó el artículo 199 del CPACA. Surtido el trámite de rigor, la accionada contestó oportunamente la demanda.

I.3. La contestación de la demanda

La concejal Lorena Mildred Castaño Durán, por conducto de apoderada judicial y encontrándose en la oportunidad legal correspondiente, contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de sus pretensiones, solicitando que se negara la solicitud de pérdida de investidura.

Inicialmente, afirmó que las causales de pérdida de investidura son de carácter taxativo y restrictivo y no hay lugar a admitir interpretaciones extensivas o analógicas, de ahí que quien solicite la pérdida de investidura debe atenerse a los supuestos previstos en el artículo 48 de la Ley 617.

Advirtió que, a pesar de que el artículo 48 de la Ley 617, no consagró de forma expresa la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura como sí lo traía la Ley 136, el numeral 6° de la citada disposición dejó abierta la posibilidad para que otras normas pudieran consagrar otras causales de pérdida de investidura, tal y como lo ha reiterado el Consejo de Estado en su copiosa jurisprudencia.

Luego de transcribir el contenido del artículo 40 de la Ley 617, que modificó el artículo 43 de la Ley 136, anotó que ninguna de las causales de inhabilidad a que hace referencia dicha norma encaja dentro del supuesto de hecho a que alude el demandante. Ello, en su sentir, resulta transgresor del principio de legalidad, máxime si se tiene en cuenta que la pérdida de investidura es un proceso jurisdiccional, de naturaleza disciplinaria, cuyas causales son taxativas y, que debe ser adelantado con plena observancia a la garantía de ser juzgado conforme a las leyes prexistentes al acto que se le imputa.

Adicionalmente, resaltó que la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado que el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no establece una causal de pérdida de investidura, sino una prohibición para los familiares de los servidores públicos de elección popular, en este caso, los concejales, pues no resultan admisibles las interpretaciones extensivas ni analógicas en el juicio de desinvestidura.

Subrayó que, de llegar a admitirse una interpretación contraria, el contrato de prestación de servicios tiene por finalidad realizar actividades relacionadas con la administración de la entidad o el cumplimiento de sus funciones; su carácter es temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para la ejecución de las prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como naturales, y añadió que en el caso objeto de análisis, los contratos que fueron aportados como pruebas junto con la demanda fueron celebrados por la Cooperativa de Transportadores de Córdoba Quindío COOTRANSCORD identificada con el NIT: 800.107.952, en su calidad de persona jurídica, aclarando que «[…] no la persona unida en lazos de afinidad con la concejal Lorena Mildred Castaño Duran».

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: (i) «[i]nexistencia de la causal de pérdida de investidura alegada por el demandante», la que sustentó en el argumento según el cual el artículo 49 de la Ley 617 no consagra una causal de pérdida de investidura sino una prohibición para los familiares, en los términos antes anotados, y (ii) la «genérica o innominada».

I.4. Trámite del proceso judicial

El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante providencia de 16 de marzo de 2021 abrió el proceso a pruebas y fijó el pasado 18 de marzo, hora 10:00 a.m., para la realización de la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.

En el día y hora programada se escucharon las intervenciones del Agente del Ministerio Público, y la apoderada de la parte demandada. La parte demandante no asistió a la diligencia de alegaciones.

El Procurador 13 Judicial II para Asuntos Administrativos, agente del ministerio público en este proceso, presentó concepto en el cual solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.

La vista fiscal puso de presente que, para la configuración de la causal de inhabilidad por celebración de contratos, es necesario que concurran los siguientes elementos objetivos (i) un sujeto cualificado, esto es, que el concejal celebre un contrato con una entidad pública de cualquier nivel en interés propio o de terceros; (ii) dentro del año anterior a la elección como concejal y, (iii) que el mismo deba ejecutarse en el mismo municipio para el cual resultó elegido como concejal. Adicionalmente, debe probarse la culpabilidad o el elemento subjetivo.

Descendió al caso en concreto y afirmó que no se encontraban demostrados los elementos para la configuración de la causal de inhabilidad, pues la concejal Lorena Mildred Castaño Durán no celebró contrato alguno con la administración del municipio de Córdoba (Quindío) y, por ende, no se probó uno de los supuestos necesarios, aclarando que dicha causal se predica del concejal que funge como contratista y de ninguna manera se extiende a sus familiares. Igualmente, anotó que los supuestos normativos para decretar la pérdida de investidura son de interpretación restrictiva y se encuentra proscrita la analogía.

La parte demandada reiteró los argumentos esbozados en el escrito de contestación de la demanda en el entendido de que (i) las causales de pérdida de investidura son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva; (ii) el artículo 49 de la Ley 617 establece una prohibición para los familiares de los concejales y, como tal, no es constitutiva de causal de pérdida de investidura, y (iii) en todo caso, los contratos de prestación de servicios que fueron aportados junto con la demanda fueron celebrados por la Cooperativa de Transportadores de Córdoba Quindío «COOTRANSCORD», en su calidad de persona jurídica.

I.5. La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante decisión de 26 de marzo de 2021, resolvió declarar probada la excepción denominada «inexistencia de la causal de pérdida de investidura alegada por el demandante» y, en consecuencia, denegar la solicitud de pérdida de investidura de la concejal Lorena Mildred Castaño Durán.

El fallador de primera instancia precisó que el problema jurídico principal de este proceso radicaba en establecer, de un lado, si la concejal Lorena Mildred Castaño Durán se encontraba incursa en la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades, por tener vínculo de parentesco, en primer grado de afinidad, con el señor Pablo Emilio Montañez, quien es contratista del municipio de Córdoba y, como problema jurídico asociado, se debía determinar si el acusado incurrió en la causal de inhabilidad contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por la Ley 1148 de 2007 y, en consecuencia, si se configura la causal de pérdida de investidura señalada en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136. De establecerse lo anterior, se debía verificar si se encontraba demostrado el elemento subjetivo o de culpabilidad en el presente caso.

Precisó que la pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y en la ley, que tiene como finalidad sancionar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan; es un mecanismo esencial de la democracia participativa, mediante el cual los ciudadanos ejercen control sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan; es de naturaleza sancionatoria, lo que implica que el juzgador debe efectuar un análisis integral de la responsabilidad aplicando los principios que gobiernan el debido proceso y, adicionalmente, verificar si se configura o no el elemento subjetivo o de culpabilidad.

Señaló, igualmente, que a pesar de que el artículo 48 de la Ley 617, no consagró de manera expresa la violación al régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, lo cierto es que dicha norma no reguló en su totalidad y de forma absoluta lo concerniente a las causales de pérdida de investidura de los miembros de las corporaciones públicas, en vista de que su numeral 6° dejó abierta la posibilidad de que otras normas pudieran consagrar otras conductas de desinvestidura, por lo que debe entenderse comprendido, igualmente, la violación al régimen de inhabilidades.

Recordó, a partir de los lineamientos jurisprudenciales, que para la configuración de la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43 de la Ley 136, disposición normativa que fue modificada por el artículo 40 de la Ley 617, es necesario que se compruebe: i) la celebración de contrato con entidad pública de cualquier nivel; ii) que se haga en interés propio o de terceros; iii) que el contrato se celebre dentro del año anterior a la elección del concejal, y iv) que el contrato se ejecute en el mismo municipio en el cual resultó elegido el servidor público de elección popular.

Relacionó los contratos que fueron aportados junto con la demanda, como son el Contrato Directo No. 003-2019 de 12 de febrero de 2019, el Contrato Directo No. 006 de 26 de junio de 2019, el Contrato de Prestación de Servicios CPS-117 de 3 de junio de 2020, el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-076 de 3 de junio de 2020, todos suscritos entre el señor John Jairo Pacheco Rozo, en su condición de alcalde municipal de Córdoba (Quindío), y el señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, en su calidad de representante Legal de COOTRANSCORD LTDA., y de su valoración probatoria infirió que era claro que la concejal acusada no suscribió tales acuerdos de voluntades. De tal manera que, en el sub examine, no se dio cumplimiento a uno de los requisitos exigidos por la ley y desarrollados jurisprudencialmente para su configuración.

Para reafirmar su tesis, citó la sentencia de 31 de enero de 2019, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, en la cual se delimitó el alcance de las inhabilidades en la contratación estatal.

Para terminar, ordenó la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que determine si existe mérito para investigar una posible falta disciplinaria por violación al régimen de prohibiciones con ocasión de los contratos celebrados entre la Alcaldía municipal de Córdoba y el señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, pariente en primer grado de afinidad de la concejal Lorena Mildred Castaño Durán.

I.6. El recurso de apelación

La parte demandante, actuando en nombre propio, presentó recurso de apelación orientado a que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se despoje de su investidura a la concejal Lorena Mildred Castaño Durán, apoyado en los argumentos que se sintetizan a continuación:

Invocó el contenido normativo de los artículos 55 (numeral 2°) de la Ley 136; 48 (numeral 6°) y 49 de la Ley 617; el artículo 1° de la Ley 821; el artículo 1° de la Ley 1148, así como el literal a) del artículo 8 de la Ley 80, para concluir que:

«[….] La señora Lorena Mildred Castaño Durán, quien fue elegida CONCEJAL en el certamen electoral llevado a cabo el pasado 27 OCT. 2019, PARA LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE CÓRDOBA QUINDÍO, SE ENCUENTRA UNIDA POR PARENTESCO con el señor Pablo Emilio MONTAÑEZ Lesmes, ciudadano que (i) tuvo vínculos contractuales con la Administración Municipal de Córdoba Quindío, estadios previos a la inscripción de su candidatura, (ii) contrató con posterioridad a la inscripción y antes de las elecciones de octubre de 2.019; y así ha permanecido sin variación alguna “ahora” ya estando su pariente próxima posesionada desde el 1º de ENE. 2020, como CONCEJAL, se evidencia que aquél continúa participando en el sistema de contratación directa y por prestación de servicios con esa entidad territorial bajo la actual administración del Alcalde John Jairo Pacheco Rozo».

El recurrente, igualmente, encontró configurados los elementos de la causal de pérdida de investidura, dado que:

«[…] se configura la causal porque las relaciones de contratación directa y diferentes contratos de prestación de servicios entre el suegro de la hoy CONCEJAL y la Alcaldía de Córdoba Quindío, se dio y se viene dando dentro del término inhabilitante, con una entidad pública del orden municipal y en consecuencia, su objeto contractual se ejecutó y aún se viene ejecutando dentro del mismo municipio; sabiendo primeramente esto, que aparte de tener la iniciativa de promover acuerdos municipales, una de las funciones principales de la servidora pública es participar y ejercer de manera objetiva el control político sobre la administración local y demás entidades descentralizadas, para lo cual, tanto ella como sus parientes más próximos, deben estar alejados de cualquier actuación -que en momento alguno- pudiera reducir –por factores externos y subjetivos- la capacidad de reacción que la propia Constitución, la Ley, y el reglamento del Concejo Municipal, le otorgan bajo su investidura de CONCEJAL, de increpar en defensa de la moralidad administrativa y cualquier acto de corrupción que llegue a su conocimiento».

Agregó que el señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, pariente en primer grado de afinidad de la concejal Lorena Mildred Castaño Durán, en su calidad de representante legal de la cooperativa de transportadores de Córdoba, COOTRASCORD, ha administrado la sobretasa a la gasolina regulada en el artículo 117 de la Ley 488 de 1998 y el artículo 55 de la Ley 788 de 2002, y para tales efectos, indicó que en el registro mercantil que fue aportado junto con el escrito contentivo del recurso de alzada «[…] aparece la estación de gasolina la española como un activo del patrimonio de la cooperativa de transportadores de Córdoba, cuyo domicilio está en el mismo municipio».

I.7. Trámite del recurso de apelación

El magistrado ponente en primera instancia, mediante providencia de 26 de abril de 2021, concedió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

Repartido el proceso en segunda instancia, el despacho sustanciador del proceso en esta instancia, a través del auto de 14 de mayo de 2021, admitió el recurso de apelación y corrió traslado del auto admisorio, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, a las partes y al agente del Ministerio Público.

Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales, las partes no presentaron alegaciones de conclusión y el agente del Ministerio Público no intervino dentro del proceso. Posteriormente, el magistrado ponente en esta instancia, mediante auto de 7 de julio de 2021, decidió denegar el decreto de pruebas en segunda instancia presentada por la parte demandante.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala de Decisión, a efectos de resolver la presente controversia, abordará los siguientes aspectos: i) competencia de la Sala; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto de la acusada; iii) el problema jurídico a resolver; iv) la causal de pérdida de investidura invocada por el solicitante y, posteriormente, se pronunciará en relación con v) el caso concreto y las conclusiones.

II.1. La competencia

Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el artículo 150 del CPACA.

II.2. La condición de concejal de la acusada

La señora Lorena Mildred Castaño Durán, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 1.094.903.333, tiene la condición de concejal del municipio de Córdoba (Quindío) en el período 2020-2023, como lo acredita el formulario E-26 CON, resultado del escrutinio y declaratoria de la elección de los concejales de ese municipio, dentro de los que se encuentra la acusada.

Asimismo, fue aportada copia del acta núm. 01 que da cuenta de la sesión inaugural del concejo del municipio de Córdoba (Quindío) de 2 de enero de 2020, en la cual tomaron posesión los concejales de ese municipio, entre ellos, la concejal cuestionada, Lorena Mildred Castaño Durán.

Por tal motivo, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley.

II.3. El problema jurídico

La sala de decisión, una vez se han agotado los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, considera que el asunto que debe resolver se contrae a determinar si se configuran los elementos –objetivos y subjetivos– que permitan despojar de su investidura de concejal del municipio de Córdoba (Quindío) a la señora Lorena Mildred Castaño Durán, elegida para el período 2020-2023, por violar el régimen de inhabilidades, causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos de acuerdo con el artículo 55 numeral 2° de la Ley 136 en concordancia con el artículo 48 numeral 6° de la Ley 617, al incurrir en la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, al tener vínculo de parentesco en el primer grado de afinidad con el señor Pablo Emilio Montañez, quien es contratista de aquel municipio.

Para el efecto debe tenerse en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019, concibe la pérdida de investidura como un proceso de carácter sancionatorio en el que se realiza un juicio de responsabilidad subjetivo, lo que significa que para efectos de establecer si un concejal incurrió en las causales que se le imputan, se requiere analizar, inicialmente, la tipicidad de la conducta, lo que implica establecer si los hechos invocados en la solicitud y que se le atribuyen al servidor público se adecúan a la causal endilgada.

Pero dicho análisis no resulta suficiente para despojar de la investidura a los concejales en la medida en que, adicionalmente y en caso de que se encuentre que la conducta del acusado se adecúa a la causal de pérdida de investidura que se le atribuye, se requiere evaluar si aquel actuó en forma dolosa o gravemente culposa.

II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye a la acusada

A juicio del demandante, la acusada violó el régimen de inhabilidades previsto para los concejales, por haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las Leyes 1148 y 1296, al tener vínculo en el primer grado de afinidad con el señor Pablo Emilio Montañez, quien es contratista del municipio en el cual fue elegida, Córdoba (Quindío).

La Sala, inicialmente, debe recordar que esta Corporación ha sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no indica que dicha causal hubiera sido eliminada, puesto que el numeral 6° del mencionado artículo establece que los diputados, concejales municipales y distritales y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura por las demás causales expresamente previstas en la ley.

Precisamente, la Ley 136, norma que no ha sido derogada en su totalidad por la Ley 617, señala, en el numeral 2° del artículo 55, que los concejales perderán su investidura «2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses». En efecto, en sentencia de 24 de mayo de 2018, esta Sección, en el sentido indicado, destacó lo siguiente:

«[…] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del Consejo de Estado como la Sección Primera, han sostenido que pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no alude a la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que la misma haya sido suprimida, toda vez que el numeral 6º del referido artículo 48 prevé con total claridad que los diputados, concejales municipales y distritales, y los miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura “[…] por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.

En las providencias de 23 de julio de 2002, 2 de marzo de 2006 y 13 de diciembre de 2012, la Sección Primera consideró lo siguiente:

“[…] Al respecto, se tiene que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación decidió que en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 deben entenderse incorporadas otras causales de Pérdida de la Investidura de concejales municipales, pues no derogó en su totalidad, por ejemplo, en lo concerniente la totalidad de la Ley 136 de 1994. Por ello, con respecto a la vigencia de la violación del régimen de inhabilidades, la Sala Plena asumió por importancia jurídica el estudio del tema arribando a la conclusión de que el numeral 8° del artículo 43 de la Ley 617 de 2000 remite a causales de Pérdida de la Investidura consagradas en' otras normas, entre ellas, la Ley 136 de 1994, por lo que se entiende que en este aspecto no derogó el numeral 2º del artículo 55 de dicha norma y, consecuencialmente, encontró que la violación al régimen de inhabilidades continúa siendo causal de Pérdida de la Investidura de concejales […]”.

“[…] Frente al cargo de pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de inhabilidades al haber ejecutado un contrato de prestación de servicios en territorio del Distrito y dentro del término de inhabilidad del numeral 4º del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993, la controversia gira en torno de establecer si el juez de primera instancia erró al considerar, de una parte, que la violación al régimen de inhabilidades de los ediles no constituye causal de pérdida de investidura y, de otra parte, que las inhabilidades del artículo 66-4 del Estatuto Orgánico de Bogotá, fueron establecidas para la elección de los ediles del Distrito Capital, lo que podría llevar a su anulación mediante la acción electoral, pero realmente no están consagrados como causal de pérdida de investidura en la ley 617 de 2000.

3.1. En cuanto al primer reproche, la Sala acoge lo señalado por esta Sección en providencia del 2 de marzo de 2006, cuando precisó que:

“[…] El régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136 de 1994 como causal de pérdida de investidura no fue derogado ni expresa ni tácitamente por la Ley 617 de 2000 en cuanto se refiere a los Concejales. De allí que, no obstante, que nada se dijo respecto de la violación del régimen de inhabilidades por parte de los Concejales y las consecuencias de ella en cuanto a la pérdida de investidura se refiere, se aplicarán las disposiciones que rigen para los Concejales […]” (Negrillas fuera de texto).

En suma y siguiendo los precedentes jurisprudenciales, la Sala concluye que la violación al régimen de inhabilidades sigue siendo causal de pérdida de investidura para los Concejales, circunstancia que debe enmarcar la resolución del caso sub examine. […]»

Realizadas las consideraciones anteriores y como se indicó líneas atrás, la conducta que se le atribuye a la acusada es haber violado el régimen de inhabilidades por haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las Leyes 1148 y 1296, cuyo contenido es el siguiente:

«[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE, Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.

<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. […]»

Esta Sala, en decisiones de 3 de julio de 2008, 22 de enero de 2009, 29 de enero de 2009, 13 de agosto de 2009, 5 de agosto de 2010, 4 de octubre de 2012, 27 de marzo de 2014 y 12 de noviembre de 2015, ha considerado que la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las Leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, pues no es a estos a quienes se les prohíbe realizar tales conductas, sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio, de manera que no podría constituir causal de pérdida de investidura, incompatibilidad o inhabilidad para aquellos servidores públicos.

La Sala, en la sentencia de 3 de julio de 2008, señaló que:

«[…] El artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, que modificó el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, consagra:

(…)

Del texto de la norma transcrita resulta claro para la Sala que la misma contiene una prohibición dirigida, entre otros, a LOS PARIENTES DE LOS DIPUTADOS y a las entidades del sector central o descentralizado del Departamento, Distrito o Municipio, para que entre sí no celebren contratos ni sean designados aquellos funcionarios de éstas; empero la violación de esa prohibición que, como ya se dijo, no tiene por destinatario al Diputado, pues no es éste a quien se le prohíbe ejecutar o realizar tal conducta, no puede, por lo mismo, constituir causal de pérdida de su investidura […]»

En la sentencia de 22 de enero de 2009, manifestó:

«[…] 3.4. Al respecto se tiene que el artículo 49 de la Ley 617 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, es del tenor siguiente:

(…)

Vista dicha disposición, es fácil inferir que no forma parte del régimen de incompatibilidades de los concejales y demás servidores públicos que en ella se mencionan, puesto que no establecen conductas o situaciones que los afecten o involucren de manera directa e inmediata, sino que comprometen a terceros, específicamente a las personas vinculadas con los concejales en las formas y grados que en ella se indican, en términos de una prohibición, la cual, de suyo, se extienden a los nominadores.

Las incompatibilidades son situaciones, actos o actividades que implican la intervención del concejal o que se den en cabeza de ellos, es decir, de carácter personal, en las cuales, por mandato de la Constitución Política y de la ley no deben incurrir o realizar durante el tiempo que ostenten la investidura de concejal y el que adicionalmente señale la ley. Son situaciones personales de él y solo de él, que jurídicamente le están vedadas, son excluyentes con su condición de concejal.

Por consiguiente, para su violación es necesaria la intervención del concejal mediante la realización del acto, actividad o aceptación de la situación jurídica que corresponda a una incompatibilidad.

De modo que tratándose claramente de una prohibición para los parientes, cónyuge o compañera o compañero permanente de los concejales y, obviamente, para quienes tienen la potestad de nominación en los cargos o situaciones jurídicas que se especifican en la norma, no constituye en modo alguno una incompatibilidad de éstos, y es a aquellos a quienes compromete y les genera responsabilidades o consecuencias jurídicas, si ella se llega a infringir sin intervención formal del concejal, v. g. como nominador o como contratante.

Por estarse frente a una situación que no se encuadra en el tipo de causal de pérdida de la investidura que se le atribuyó el inculpado, resultan irrelevantes cualesquiera otras consideraciones sobre la situación procesal del sub lite, luego las atrás expuestas son suficientes para concluir que lo invocado por el solicitante como fundamento fáctico de su acción no encuadra en la causal de pérdida de la investidura que se le endilga al encartado, esto es la violación del régimen de incompatibilidades de los concejales […]»

En la sentencia de 29 de enero de 2009, señaló:

«[…] La Sala encuentra que el artículo 1° de la Ley 1148 de 2007 inciso segundo, invocado por el demandante para solicitar la pérdida de investidura, hace relación a las prohibiciones legales que tienen los parientes, en este caso de los concejales, para ser funcionarios; no hace relación a las inhabilidades de los concejales.

Como bien lo precisó el Tribunal la norma citada consagra expresamente una prohibición para los parientes de las autoridades territoriales señaladas en ella, para que puedan ejercer un cargo público en el respectivo ente territorial.

La prohibición consagrada en la norma es una directriz de obligatorio cumplimiento que deben ineludiblemente observar los nominadores y los parientes de las autoridades mencionadas en el mismo precepto, so pena de que ellos incurran en conductas irregulares.

Reiteradamente ha dicho la Corporación que la consagración de las causales de pérdida de investidura, dado su carácter prohibitivo, debe ser expresa y su interpretación estricta y que no es posible su aplicación extensiva o analógica, por consiguiente no es dable darle la interpretación que pretende el actor, lo cual es razón suficiente para confirmar el fallo apelado que negó las súplicas de la demanda […]»

En la sentencia de 13 de agosto de 2009, indicó:

«[…] Violación del régimen de incompatibilidades por desconocimiento de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.

Según el actor, como la ciudadana OLARIS IBARRA es contratista de la E.S.E. Nuestra Señora de los Remedios, ello sitúa al demandado en la causal de que trata el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, al haber contratado su hermana la prestación de servicios de asesoría con entidades descentralizadas del mismo municipio en el que IBARRA CAMPO es concejal.

El aparte pertinente del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por la Ley 1148 de 2007, vigente para la época de los hechos, es el siguiente:

(…)

Posteriormente, el inciso recién transcrito, resultó modificado por el artículo 1º de la Ley 1296 de 2009 (29 de abril), cuyo texto es el siguiente:

(…)

Sin embargo, como los hechos objeto del caso bajo estudio tuvieron ocurrencia bajo la vigencia de la Ley 1148 de 2007, debe aplicarse ésta y no la modificación introducida por la Ley 1296 de 2009.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la prohibición establecida en dicha norma (artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por la Ley 1148 de 2007), no constituye causal de pérdida de la investidura, como quiera que no va dirigida a los gobernadores, diputados y alcaldes (extendida también a los concejales con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1296 de 2009), sino a sus parientes.

Ello constituye prohibición para los parientes, como ya se dijo, y no causal de pérdida de investidura de los concejales.

A esa conclusión llegó la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 3 de julio de 2008 en la que sostuvo:

(…)
Así, para esta Sala es claro que el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007) no puede constituir en ningún caso el fundamento jurídico normativo para la solicitud de la pérdida de investidura del demandado, en tanto que las prohibiciones y presupuestos fácticos en él contenidos sólo son predicables respecto del cónyuge o compañera permanente y de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, pero en modo alguno acarrea la pérdida de investidura del concejal respectivo con quien se tiene parentesco […]»

En la sentencia de 5 de agosto de 2010, estimó lo siguiente:

«[…] La excepción propuesta por el demandado para que se considere que no incurrió en causal de pérdida de investidura, contemplada, en su entender, en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificado por la Ley 1148 de 2007, no es de recibo, como veremos más adelante. Dice esta norma:

(…)

Como lo expresó el fallo apelado, la norma transcrita se refiere al marco específico de los nombramientos de servidores públicos que ingresan a la función pública en virtud de normas de carrera administrativa y no para la elección de los miembros de las corporaciones públicas, sumado a que las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades son de interpretación y aplicación restrictiva.

Si se tiene en cuenta que lo que pretende la norma, es impedir que la persona que tenga “autoridad”, pueda influir en el electorado en favor de su pariente que aspira a ser concejal, lo que iría contra el principio de igualdad de oportunidades de los otros candidatos, es irrelevante que el cargo que desempeña el pariente sea de carrera administrativa, como es el caso de la hermana del demandado, porque se trata de que estos servidores, que tienen autoridad, en todo momento actúen con imparcialidad.

Como bien lo señaló el Procurador Delegado, esta Sección en diversos pronunciamientos ha señalado que la causal prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1147 de 2007, no se refiere a una causal de pérdida de investidura, porque no va dirigida, en este caso, a los concejales, sino que es una prohibición para sus parientes. Dijo la Sección en sentencia del 13 de agosto de 2009:

(…)

En conclusión, las prohibiciones consagradas en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, están consagradas exclusivamente, en este caso, para los parientes de los concejales; por lo tanto la excepción de que trata el parágrafo 1° debe aplicarse respecto de los destinatarios de la norma, por lo que no es aplicable a los concejales ni menos aún para excepcionarlos de la inhabilidad de que trata el artículo 43 numeral 4° de la ley ídem […]»

En la sentencia de 4 de octubre de 2012, resaltó:

«[…] Sumado a esto, resta decir que la interpretación extensiva que hace el actor es insostenible, en primer lugar, porque ya se vio que en materia de causales de pérdida de investidura que no está permitido realizar interpretaciones extensivas ni analógicas, y en segundo término, porque como bien lo sostuvieron el a quo y el Ministerio Público, el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no comporta una causal de pérdida de investidura sino una prohibición para los familiares de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales según las reglas contenidas en dicha norma, consideración que ha sido constante y reiterada en esta Sección al pronunciarse sobre el particular de la siguiente manera:

(…)

Quedan entonces desvirtuados los fundamentos de la alzada, y se confirma que el concejal de Cota Víctor Manuel Tibachica Balcero no se encontraba inhabilitado para ser elegido por el hecho de que su pariente en cuarto grado de consanguinidad ejerciera como inspectora de policía de ese municipio […]»

En la sentencia de 27 de marzo de 2014, expresó que:

«[…] El artículo 49 de la Ley 617 de 2000, es del siguiente tenor:

(…)

De las pruebas allegadas al proceso se tiene que el señor LIBARDO RINCÓN GAITÁN resultó electo en las elecciones llevadas a cabo el 30 de octubre de 2011 como Diputado del Departamento del Vichada, para el período constitucional 2012-2015, cargo que actualmente desempeña.

Igualmente, se encuentra acreditado que la señora MARTHA LUCÍA RINCÓN GAITÁN es hermana del Diputado demandado, conforme consta en el registro civil de nacimiento visible a folio 28 del cuaderno original.

De la misma manera, consta que la señora MARTHA LUCÍA RINCÓN GAITÁN, hermana del demandado, suscribió el 1o. de enero de 2013 el contrato de prestación de servicios núm. 012 con la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO, por el término de cuatro meses (folios 29 a 31).

Precisado lo anterior, cabe señalar que la Sala en sentencia de 3 de julio de 2008 (Expediente núm. 2008-00017 (PID), Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que ahora se prohíja, sostuvo que la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, antes transcrito, está dirigida, entre otros, a LOS PARIENTES DE LOS DIPUTADOS y a las entidades del sector central o descentralizado del Departamento, Distrito o Municipio, para que entre sí no celebren contratos ni sean designados aquellos funcionarios de éstas; “empero la violación de esa prohibición que, como ya se dijo, no tiene por destinatario al Diputado, pues no es éste a quien se le prohíbe ejecutar o realizar tal conducta, no puede, por lo mismo, constituir causal de pérdida de su investidura”.

Tal criterio fue reiterado por la Sala en sentencia de 5 de agosto de 2010 (Expediente núm. 2010-00493-01 (PIC), Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso (E)), al sostener:

(…)

En este orden de ideas, y como quiera que la prohibición consagrada en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, está dirigida, entre otros, a los parientes de los Diputados, no puede constituir causal de pérdida de investidura.

Y ello debe ser así, teniendo en cuenta que las causales de pérdida de investidura son taxativas y, por ende, de aplicación restrictiva, las cuales están consagradas en el artículo 48, ibídem, respecto de los Diputados.

Ahora, si bien es cierto que el artículo 292 de la Constitución Política, prevé una inhabilidad, la misma está dirigida a los familiares de los Diputados y Concejales para ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial, y no respecto de aquéllos.

Las consideraciones en precedencia, conducen a la Sala a confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]»

En la sentencia de 12 de noviembre de 2015, expresó que:

«[…] Frente a la prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, la Sala ha resaltado que contiene una prohibición dirigida a los familiares de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, y no comporta una causal de pérdida de investidura pues frente éstas no es posible realizar interpretaciones extensivas ni analógicas. Al respecto, la Sala indicó:

“(…) Sumado a esto, resta decir que la interpretación extensiva que hace el actor es insostenible, en primer lugar, porque ya se vio que en materia de causales de pérdida de investidura que no está permitido realizar interpretaciones extensivas ni analógicas, y en segundo término, porque como bien lo sostuvieron el a quo y el Ministerio Público, el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no comporta una causal de pérdida de investidura sino una prohibición para los familiares de los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales según las reglas contenidas en dicha norma, consideración que ha sido constante y reiterada en esta Sección al pronunciarse sobre el particular de la siguiente manera:

“Como lo expresó el fallo apelado, la norma transcrita se refiere al marco específico de los nombramientos de servidores públicos que ingresan a la función pública en virtud de normas de carrera administrativa y no para la elección de los miembros de las corporaciones públicas, sumado a que las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades son de interpretación y aplicación restrictiva. Si se tiene en cuenta que lo que pretende la norma, es impedir que la persona que tenga “autoridad”, pueda influir en el electorado en favor de su pariente que aspira a ser concejal, lo que iría contra el principio de igualdad de oportunidades de los otros candidatos, es irrelevante que el cargo que desempeña el pariente sea de carrera administrativa, como es el caso de la hermana del demandado, porque se trata de que estos servidores, que tienen autoridad, en todo momento actúen con imparcialidad. Como bien lo señaló el Procurador Delegado, esta Sección en diversos pronunciamientos ha señalado que la causal prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1147 de 2007, no se refiere a una causal de pérdida de investidura, porque no va dirigida, en este caso, a los concejales, sino que es una prohibición para sus parientes. Dijo la Sección en sentencia del 13 de agosto de 2009: “Así, para la Sala es claro que el artículo 49 de la ley 617 de 2000 no puede constituir en ningún caso el fundamento jurídico normativo para la solicitud de pérdida de investidura del demandado, en tanto que las prohibiciones y presupuestos fácticos en él contenidos sólo son predicables respecto del Cónyuge y de sus parientes, pero en modo alguno acarrea la pérdida de investidura del concejal respectivo”. En conclusión, las prohibiciones consagradas en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, están consagradas exclusivamente, en este caso, para los parientes de los concejales; por lo tanto la excepción de que trata el parágrafo 1° debe aplicarse respecto de los destinatarios de la norma, por lo que no es aplicable a los concejales ni menos aún para excepcionarlos de la inhabilidad de que trata el artículo 43 numeral 4° de la ley ídem.” (…)” […]»

II.5. El caso en concreto

Aplicada la tesis expuesta por esta Sala en las sentencias de 3 de julio de 2008, 22 de enero de 2009, 29 de enero de 2009, 13 de agosto de 2009, 5 de agosto de 2010, 4 de octubre de 2012, 27 de marzo de 2014 y 12 de noviembre de 2015, al caso en concreto, es posible colegir que no resulta válido fundar una causal de pérdida de investidura en contra de la acusada sobre la situación de hecho consistente en que su pariente, el señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, es contratista del municipio para el cual fue elegida concejal, Córdoba (Quindío), como lo ha pretendido el demandante en su solicitud como en el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia de primera instancia.

Como fue explicado con anterioridad, la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio y, de esta manera, no resulta posible acompañar la interpretación extensiva pretendida por el demandante puesto que, como señalaron las providencias judiciales expuestas, las causales de pérdida de investidura tienen un carácter taxativo y restrictivo y no resulta posible su interpretación extensiva o analógica, resultando irrelevante el análisis de los hechos fundamento del medio de control.

II.6. Conclusión

La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia, constató que no resultaba válido fundar una causal de pérdida de investidura con sustento en la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, razón por la que procederá a confirmar la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, y mediante la cual se denegó la solicitud de pérdida de investidura de la señora Lorena Mildred Castaño Durán, concejal del municipio de Córdoba (Quindío).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 26 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado

[p4 – p5]
Expediente digital. Primer correo. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000. Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Dichos documentos fueron aportados junto con la demanda. Norma que señala que: «Artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley». Norma modificada por el artículo 1° de la Ley 1148 de 2007, referente a las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales. Expediente digital. Documento 011.
«ARTÍCULO 160. DERECHO DE POSTULACIÓN».
«ARTÍCULO 166. ANEXOS DE LA DEMANDA». Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. Expediente digital. Documento 020. Expediente digital. Carpeta 023. Expediente digital. Documento 031. Expediente digital. Carpeta 036. Cabe destacar que la parte actora presentó excusa. Expediente digital. Documento 038. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de enero de 2019 dentro del proceso radicado bajo el Nro. 110010325000201100611-00. Expediente digital. Carpeta 040.
«Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales».
«Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones». Expediente digital. Documento 040. Índice 1 SAMAI. Índice 4 SAMAI. Índice 6 SAMAI. Índice 9 SAMAI.
«PARAGRAFO 2o. La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días»
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. «ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Primera: […] 5. El recurso de apelación contra las sentencias de los Tribunales sobre pérdida de investidura […]».
«ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012.

El nuevo texto es el siguiente:> <Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código […]».
(1.1.) Certificado organización electoral 27 OCT. 2019.pdf
(1.2.) Acta No. 001 – 2020 CONCEJO MUNICIPAL CÓRDOBA QUINDÍO.pdf
«ARTÍCULO  5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«ARTÍCULO  22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
«ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses».
«ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley».
«ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución. Se observará el principio del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución Política. PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in idem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del Congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal». CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 68001-23-33-000-2017-01224-01(PI). Actor: EDWIM ACERO CASTILLO. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 23 de junio de 2002. Rad.: 7177. Magistrado Ponente: doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 2004 – 2404. Magistrada Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de diciembre de 2012. Rad.: 2012 – 00235. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-903 de 2008, decidió «[…] Segundo.- DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión "dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil" contenida en el inciso 2° del artículo 1° de la ley 1148 de 2007 y EXEQUIBLE el resto del inciso, en el entendido de que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece el Art. 292 de la Constitución Política […]»
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil ocho (2008). Radicación número: 44001-23-31-000-2008-00017-01(PI). Actor: GABRIEL ESTEBAN PINTO REDONDO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA. Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil nueve (2009). Radicación número: 63001-23-31-000-2008-00030-01(PI). Actor: RUBEN DARIO PAVAS MANRIQUE. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009). Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00192-01(PI). Actor: ANDRES FELIPE CARDENAS MARETON. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009). Radicación número: 44001-23-31-000-2009-00010-01. Actor: ALBA MARIA URECHE MOSCOTE. Demandado: ERIBERTO ANTONIO IBARRA CAMPO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente (E): MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-15-000-2010-00493-01(PI). Actor: JOSUE MARTINEZ ROMERO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO (E). Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012). Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00094-00(PI). Actor: JOSUE MARTINEZ ROMERO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 50001-23-33-000-2013-00297-01(PI). Actor: LUIS NELSON POSADA SERRANO. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 20001-23-31-000-2013-00115-01(PI). Actor: ALFONSO NÚÑEZ GUTIÉRREZ. Sentencia de 3 de julio de 2008; Exp: 44001-23-31-000-2008-00017 (PI); C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 2009-00010 01, C.P. Dra María Claudia Rojas Lasso.
“Artículo 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo departamento, distrito o municipio. No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.” (Negrilla fuera de texto)
ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007.

El nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo departamento o municipio.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE, Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas.
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente. PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa. PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios. PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), Radicación número: 50001-23-33-000-2013-00297-01(PI), Actor: LUIS NELSON POSADA SERRANO, Demandado: LIBARDO RINCON GAITAN
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Expediente No. 2010-00493. C.P. María Claudia Rojas Lasso. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. Consejera ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON. Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009). Radicación número: 76001-23-31-000-2008-00192-01(PI). Actor: ANDRES FELIPE CARDENAS MARETON.

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