Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2021-00412-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 52001-23-33-000-2021-00412-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 52001-23-33-000-2021-00412-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de noviembre de 2022
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 52001-23-33-000-2021-00412-01
Solicitante: FREDY ALBERTO ROBLES GÓMEZ
Concejal
acusada: SONIA LILIANA FLÓREZ
Tesis: No configura causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades para un concejal, el que se
alegue que un pariente en primer grado de
afinidad suyo celebró un contrato con el mismo
municipio en el que resultó elegido concejal.
No incurre en la causal de pérdida de investidura
por violación al régimen de conflicto de intereses
cuando se alega que un pariente en primer grado
de afinidad del concejal celebró un contrato con la
alcaldía del municipio en el que resultó elegido.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Fredy
Alberto Robles Gómez en contra de la sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Nariño, mediante la
cual denegó la pérdida de investidura de la señora Sonia Liliana Flórez,
en calidad de concejal del municipio de Puerto Asís, Putumayo, para el
período constitucional 2020-2023.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1
El señor Fredy Alberto Robles Gómez solicitó se decretara la pérdida de
investidura de la señora Sonia Liliana Flórez, por considerar que incurrió
en las causales previstas en el numeral 1 del artículo 48, en el artículo 49
de la Ley 617 de 2000 y en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de
1994.
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
El actor informó que la señora Sonia Liliana Flórez fue elegida como concejal
del municipio de Puerto Asís, Putumayo, período constitucional 2020 - 2023,
por el Partido Alianza Social Independiente - ASI, tal como consta en la
credencial E-27 del 30 de octubre de 2019 emitida por la Comisión
Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que
tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2020.
Sostuvo que “(…) la señora SONIA LILIANA FLÓREZ viene aprovechando su
posición como CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS para que el
Alcalde Municipal JOSÉ FERNANDO CASTILLO RUIZ elegido por su mismo
partido ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI le otorgue contratos a sus
hijastros (primer grado de afinidad) en directa violación del régimen legal
de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses,
como es el caso de su hijastro Mario Fernando Quevedo Arteaga (…) quien
actualmente tiene vigente el contrato de prestación de servicios de apoyo
a la gestión No. 442-2021 para desarrollar actividades de recuperación de
espacio público en la Secretaría General y de Gobierno del Municipio de
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01. “0001 PerdidaInvestidura”.
2
Ibídem.
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Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
Puerto Asís – Putumayo suscrito con la Alcaldía Municipal de Puerto Asís
desde el 21 de septiembre de 2021 con ID del contrato en SECOP II
CO1.PCCNTR.2869744, tipo de proceso contratación directa, cuantía del
contrato $3.026.919 COP, número de contrato CO1.PCCNTR.2869744,
descripción del contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN – y fecha de terminación del contrato el día 20 de diciembre de
2021 (…)”.
Informó que, previo a dicho contrato, el señor Mario Fernando Quevedo
Arteaga suscribió los contratos de prestación de servicios nro. 235 de 2021
y 141 de 2021 con el municipio de Puerto Asís.
Enfatizó que el señor Mario Fernando Quevedo Arteaga, hijastro de la
concejal Sonia Liliana Flórez, reiteradamente ha suscrito contratos con la
alcaldía de Puerto Asís, Putumayo, municipio donde ejerce como concejal la
acusada, y que “(…) por su posición de concejal y amiga del alcalde JOSE
FERNANDO CASTILLO esta situación irregular se ha perpetuado en el
tiempo, donde ambos servidores públicos hacen caso omiso al
cumplimiento del ordenamiento legal sobre inhabilidades e
incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses (…)”.
Expuso que el señor Mario Fernando Quevedo Arteaga es hijo del señor Luis
Alejandro Quevedo Bravo, quien a su vez es el esposo de la señora Sonia
Liliana Flórez, lo que demuestra que entre la señora Flórez y el señor
Quevedo Arteaga existe un vínculo de afinidad legítima en primer grado.
Anotó que “(…) se evidencia que existe una violación al régimen legal de
inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses
concretamente establecido en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, por la
cual los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y
distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
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Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente (…)”.
En atención a lo anterior, el actor refirió, indistintamente, que la concejal
acusada incurrió en violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades y conflicto de intereses, con fundamento en que “(…) su
hijastro (primer grado de afinidad) reiteradamente viene siendo contratista
del MUNICIPIO DE PUERTO ASIS y a la fecha tiene un contrato de prestación
vigente con el MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, entidad territorial de la cual es
concejal la demandada (…)”.
2.- Contestación de la acusada3
La señora Sonia Liliana Flórez, actuando por conducto de apoderado,
contestó la solicitud y se opuso a las pretensiones, manifestando como
argumentos de defensa los siguientes:
Indicó que se opone “(…) a todas y cada una de las pretensiones
planteadas en el libelo demandatorio, ávida (sic) consideración que el
accionante, no demuestra el factor objetivo, subjetivo, la culpabilidad y
por tal media (sic) no hay nexo de casualidad (sic), en el mismo sentido
no se demuestra el interés directo e indirecto (…)”.
Propuso como excepciones las que denominó (i) “falta de legitimación en
la causa por pasiva”; (ii) “ausencia de responsabilidad y causa para
atribuirle una inhabilidad e incompatibilidad. No cumple los presupuestos
del artículo 70 de la Ley 136 de 1996, en lo referente al conflicto de
intereses”, y (iii) “ausencia de nexo causal y responsabilidad”.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01. “0024ContestaciónDemanda”.
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Frente a la primera de las excepciones planteadas, esto es, la referida a
la falta de legitimación en la causa por pasiva, señaló que “(…) mi cliente
no está contratando directa, ni indirectamente, ni por interpuesta
persona, con la administración, por tal razón no hay legitimación en la
causa para demandar a mi cliente y mucho menos cuando no se presenta
un interés directo o indirecto con el negocio jurídico efectuado por el señor
alcalde de la Municipalidad (…)”.
Citó la sentencia del 8 de febrero de 2011 dictada por el Consejo de
Estado, sin especificar el número del proceso, para señalar que “(…) las
inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que
deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio
del Estado, deben estar consagradas en forma expresa y clara en el
Estatuto General que rige la función pública y son taxativas y de
interpretación restrictiva, lo cual significa que deben sujetarse
estrictamente a las causales previstas por el legislador (…)”. Agregó que
tampoco se demostró la vulneración del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
En cuanto a la excepción denominada “ausencia de responsabilidad y
causa para atribuirle una inhabilidad e incompatibilidad. No cumple los
presupuestos del artículo 70 de la Ley 136 de 1996 (sic), en lo referente
al conflicto de intereses”, adujo que no se demuestra el factor objetivo y
subjetivo, y que del contenido del artículo 1 de la Ley 1881 de 2018 se
desprende que su sentido está dirigido a “(…) los contratistas (sic) no a
los servidores públicos que están ocupando sus cargos, de tal manera que
mi cliente es una persona exenta de culpa no está obligada a saber el giro
de los negocios jurídicos y contratación de la administración (…)”.
En lo atinente al conflicto de intereses, señaló que los requisitos para que
se configure son “(…) (a) que haya ejercido la investidura de congresista,
diputado o concejal, en la actuación en ejercicio de sus facultades como
concejal; (b) la existencia de un interés directo actual en la deliberación
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de carácter moral o económico en la decisión de un tema específico a la
cual haga parte; (c) que participe sin que haya manifestado su
impedimento en el asunto (…)”.
Expresó que en el asunto no está demostrada la existencia de un conflicto
de intereses, máxime cuando las facultades para contratar radican en el
alcalde del municipio como ordenador del gasto.
Agregó que “(…) no se evidencia una conducta que despl[i]egue ilicitud y
vulnere el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, en el entendido que es una
prohibición, que es de contera del derecho disciplinario, porque las
causales de pérdida de investidura están (sic) taxativas en el artículo 55
de la Ley 136 de 1994 y 48 de la Ley 617 de 2000. // En caso (sic) en
cuestión no se configura un conflicto de intereses, porque (sic) la sencilla
razón sin (sic) un tercero suscribe un contrato con la administración, me
atrevo a pensar que le puede beneficiar de manera directa e
indirectamente a mi cliente, por tal razón en este caso hay una ausencia
de causa para demandar (…)”.
Frente al medio exceptivo denominado “ausencia de nexo causal y
responsabilidad”, precisó que no se deriva de su conducta, ni por acción
ni por omisión, que haya infringido los artículos 48 y 70 de la Ley 617 de
1994.
Por último, expuso que no utilizó su calidad de concejal para obtener
provecho y beneficio directo o que hubiera recibido dádiva alguna,
intervenido en el proceso contractual o que haya incidido
psicológicamente para que se celebrara el contrato con el señor Quevedo
Arteaga, por lo que no se tipifican las causales de pérdida de investidura.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
3.- La sentencia de primera instancia4
Previo a abordar la sentencia de primera instancia, se pone de presente que
el a quo, mediante auto del 9 de noviembre de 20215, indicó que “(…) este
Tribunal rechazará lo atinente a la reforma de la demanda, esto es la
invocación de la causal que se refiere al tráfico de influencias (…)”, razón
por la cual la solicitud solo fue admitida frente a la vulneración del régimen
de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
En sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 el Tribunal
Administrativo de Nariño dispuso:
“[…]
PRIMERO: DENEGAR la pérdida de investidura de la señora SONIA
LILIANA FLÓREZ, Concejal Municipal de Puerto Asís (P), de
conformidad con la parte motiva de esta sentencia.
Comuníquese la presente decisión a la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Puerto Asís (P).
SEGUNDO: REMÍTASE copias del expediente contentivo del presente
medio de control ante la Fiscalía General de la Nación – Delegada, la
Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Regional del
Putumayo. Ello con base en lo indicado en el numeral 7.10 de la parte
motiva de esta providencia.
[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)
Como razones de la decisión, indicó lo siguiente:
Señaló que no se demostró que la acusada haya incurrido en la causal
alegada de pérdida de investidura y que la prohibición establecida en el
artículo 49 de la Ley 617 de 2000 tiene como destinatarios a los cónyuges,
4
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01.
“0045Sentencia1eraInstanciaPérdidaInvestidura”.
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01. “0013AutoAdmiteDemanda”.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
compañeros permanentes y parientes de los concejales y no a éstos
últimos.
Aclaró que “(…) en el presente asunto se estudiará si se configuró o no
una causal de incompatibilidad, por cuanto la demandada ostenta el cargo
de Concejal Municipal del Municipio de Puerto Asís (P), entendiendo como
incompatibilidad la prohibición de actividades simultáneas con el cargo o
función pública, mientras que la inhabilidad se refiere a circunstancias o
restricciones que impiden acceder a un cargo público (…)”.
Precisó que “(…) la causal de pérdida de investidura alegada por la parte
demandante es la contenida en el artículo 55 numeral 2º de la Ley 136
de 1994 y la Ley 617 de 2000, artículo 48 numeral 1º que se refiere a la
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de
intereses. Empero la parte demandante hace énfasis que en el presente
asunto se configura la causal de pérdida de investidura al contrariar la
prohibición contenida en el inciso 3 y parágrafo 3 del artículo 49 de la Ley
617 de 2003 (…)”.
Frente al artículo 49 de la Ley 617 de 2000, expuso:
“(…) 7.4.1. En primer lugar, debe indicarse que la conducta prohibida en
dicha norma se refiere específicamente a una prohibición legal, que para
el caso que se estudia gira en torno a contratar. De manera clara la norma
señala que se encuentra prohibida la contratación con la entidad territorial
donde ejercen su función los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales; concejales municipales y distritales.
7.4.2. En segundo lugar, se debe decantar quién es el sujeto activo de
dicha prohibición.
Así se tiene que la norma establece la prohibición de contratar para las
siguientes personas: a) Los cónyuges o compañeros permanentes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales
municipales y distritales y b) sus parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil (…).
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7.4.3. Dicha norma determina de manera clara quiénes se encuentran
cobijados bajo tal prohibición. Valga resaltar que la norma estudiada no
indica que la prohibición recaiga en los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales y concejales municipales y distritales, sino
específicamente en sus parientes y en el cónyuge o compañero
permanente.
7.4.4. Es entonces que se observa que la prohibición de contratar, bajo la
norma que se estudia, recae en los parientes y en el cónyuge o compañero
permanente, mas no en los gobernadores, diputados, alcaldes municipales
y distritales y menos en los concejales. Es más, se resalta que el título del
art. 49 señala: “prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales; concejales municipales y distritales…”.
(…)
7.4.6. Así las cosas, se tiene que en el presente asunto, partiendo del
dicho de la demanda, esto es, que existe un vínculo de afinidad entre el
señor Quevedo Arteaga y la señora Liliana Flórez, eventualmente se
estaría incurriendo en una violación a una prohibición legal. Empero, dicha
violación no puede ser atribuida a la hoy demandada, sino que la misma
recaería en el señor Mario Fernando Quevedo Arteaga, en tanto, se
reitera, la norma tiene como sujeto activo a los parientes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales
municipales y distritales (…)”.
Por otra parte, indicó que en el proceso se demostró que el señor Quevedo
Arteaga ha celebrado en tres ocasiones contratos de prestación de
servicios con el municipio de Puerto Asís, Putumayo, pero no el vínculo de
afinidad existente entre el mencionado señor y la señora Sonia Liliana
Flórez, al no obrar prueba del vínculo matrimonial de esta última con el
padre del señor Mario Fernando Quevedo Arteaga.
Afirmó que en el presente asunto no se le puede atribuir a la acusada la
violación a la prohibición legal contenida en el inciso 3 del artículo 49 de
la Ley 617 de 2000, debido a que la norma no estableció como
destinatario de dicha prohibición a los concejales, sino que está dirigida a
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
Anotó que, de existir una vulneración al artículo 49 de la Ley 617 de 2000,
podría ser atribuida eventualmente al señor Quevedo Arteaga, que, según
se dice en la solicitud de pérdida de investidura, ostenta un vínculo de
afinidad con la acusada en primer grado.
En atención a lo anterior, consideró “(…) que resulta impertinente entrar a
indagar o realizar un juicio de carácter objetivo y menos el subjetivo para
determinar si hay lugar a la configuración de la pérdida de investidura, en tanto,
se reitera la prohibición legal establecida en el art. 49 de la Ley 617 de 2000 se
encuentra dirigida a los parientes, compañero permanente o cónyuge de los
Concejales (…)”.
En cuanto al conflicto de intereses, precisó que tampoco se demostró en
el proceso y destacó que el solicitante no determinó de manera clara la
razón por la cual lo consideró estructurado.
Reiteró que no se encontró probado en el proceso el vínculo entre la
concejal acusada y el señor Quevedo Arteaga, ni el posible interés o
beneficio directo o indirecto de la señora Sonia Liliana Flórez respecto de
los contratos celebrados por quien se afirma es su hijastro.
Explicó que, “(…) respecto de las causales invocadas en los arts. 55 de la
Ley 136 de 1994 y 48 de la Ley 617 de 2000 debe indicar la Sala que no
se encuentra demostrada la configuración de la causal de
incompatibilidad. Valga resaltar que dichas normas señalan la pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses. // Esto es, estas normas hacen parte de las
denominadas normas en blanco, en tanto para definir el supuesto de
hecho se requiere la remisión a otras normas. En este caso se requiere la
remisión a normas que establezcan de manera clara la causal de
inhabilidad y/o de incompatibilidad en la cual se incurrió y que da origen
a la pérdida de investidura. // En el caso en particular la parte
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
demandante solo sustentó el art. 49 de la Ley 617 de 2000, el cual fue
abordado con anterioridad y frente al cual se indicó que la prohibición allí
contenida no aplicaba a la demandada (…)”.
Puntualizó que no se pronunciaría frente a la causal de tráfico de
influencias debido a que dicha causal no fue admitida.
Por último, anotó que, “(…) teniendo en cuenta la solicitud realizada por
la parte demandante y del señor Agente del Ministerio Público, dentro de
la audiencia, así como la posible infracción de normas por parte del señor
Mario Fernando Quevedo Arteaga y el señor José Fernando Castillo Ruíz
(Alcalde del Municipio de Puerto Asís(P)), por los hechos narrados en la
presente acción y teniendo en cuenta que este Tribunal no tiene
competencia para pronunciarse sobre tales imputaciones o
manifestaciones, simplemente habrá de remitir las copias del expediente
ante la Fiscalía General de la Nación - Delegada, a la Procuraduría General
de la Nación y la Procuraduría Regional del Putumayo (…)”.
4.- El recurso de apelación presentado por Fredy Alberto Robles
Gómez6
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el señor Fredy Alberto Robles
Gómez interpuso recurso de apelación e indicó que la sentencia de
primera instancia no se detuvo en analizar de manera completa la causal
de pérdida de investidura invocada en la demanda, que se encuentra
contenida en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994.
Arguyó que “(…) esta causal es compuesta y hace alusión al deber de
verificación integral por parte del operador judicial de sus tres
6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01. “0049RecursoDeApelacion-En Término”.
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componentes: 1) violación del régimen de inhabilidades 2) violación del
régimen de incompatibilidades 3) violación del régimen de conflicto de
intereses. // Así las cosas, la sentencia recurrida únicamente motiva la
decisión con base en el análisis del régimen de inhabilidades respecto de
la prohibición para contratar alegada, donde concluye que no existió
inhabilidad en tanto la prohibición recaía en el hijastro de la concejal
SONIA LILIANA FLOREZ y no ella en su calidad de concejal (…)”.
Alegó que la sentencia de primera instancia carece de motivación frente
a la inexistencia de una causal de incompatibilidad y de conflicto de
intereses.
Además, sostuvo:
“(…) Ahora bien, al tratarse de una causal de pérdida de investidura en
blanco como bien lo manifiestan, no es admisible que la sala haya
pretermitido el análisis sosteniendo que el demandante no hizo remisión
a las normas violadas, pues claramente la violación de la prohibición
establecida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 que fue ampliamente
reiterada en la demanda y la misma servía de base para analizar el
concepto de incompatibilidad y de conflicto de intereses, sin tener que
buscar otras normas diferentes a esta.
Y es que claramente para esta parte procesal, el hecho de que el Alcalde
Municipal de Puerto Asís JOSE FERNANDO CASTILLO contrate
reiteradamente con el hijastro de la concejal en ejercicio SONIA LILINA
FLOREZ de su mismo partido político ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE-
ASI, es una situación que genera una grave, cuestionable y reprochable
INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES para la CONCEJAL,
pues como se sostuvo en la audiencia, una de las funciones
constitucionales principales de los CONCEJALES es ejercer de manera
objetiva el control político sobre la administración local y demás entidades
descentralizadas, para lo cual, tanto ella como sus parientes más
próximos, deben estar alejados de cualquier actuación -que en momento
alguno- pudiera reducir –por factores externos y subjetivos- la capacidad
de reacción que la propia Constitución, la Ley, y el reglamento del Concejo
Municipal, le otorgan bajo su investidura de CONCEJAL, de increpar en
defensa de la moralidad administrativa y cualquier acto de corrupción que
llegue a su conocimiento.
Quiere decir lo anterior que hay un claro, evidente y descarado conflicto
de intereses de la señora concejal SONIA LILIANA FLOREZ en el ejercicio
de sus funciones constitucionales como CONCEJAL al tener vinculado a un
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
pariente suyo de primer grado de afinidad como contratista de la
administración municipal, lo que significa que le debe favores políticos al
Alcalde y por eso ve comprometida su objetividad en el ejercicio de su
función de control político, la cual debería hacer de manera independiente
y objetiva.
(…)
Así las cosas, diáfanamente vemos que la prohibición establecida en el
artículo 49 de la Ley 617 de 2000 QUE NO SE CONTRATE CON LOS
CONYUGES O PARIENTES MAS CERCANOS DE LOS CONCEJALES alude a
la probidad de la división y separación de poderes, en este caso en el
plano municipal, pues contrariar dicha norma NO SOLO es una causal de
inhabilidad para el señor MARIO QUEVEDO ARTEAGA la cual se demostró
transgredida, sino que también constituye una violación al régimen de
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES para la CONCEJAL
SONIA LILIANA FLOREZ, quien tiene comprometida su independencia
política al recibir indirectamente contratos para su núcleo familiar.
Es que la consumación de tal situación pone en tela de juicio la
independencia de los Concejales frente al ejecutivo municipal por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de
afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad política representativa en nombre
del pueblo.
Irrefutablemente, para demostrar la violación al régimen de
incompatibilidades y conflicto de intereses alegados en el caso en marras,
no se necesita prueba diferente a acreditar la relación de afinidad entre el
contratista del Municipio de Puerto Asís, MARIO QUEVEDO ARTEAGA y la
concejal SONIA LILIANA FLORES, quien se encuentra casada con el padre
del primero, ello más el vínculo contractual que tiene vigente el hijastro
de la concejal con la entidad territorial en la cual su madrastra funge como
cabildante, hecho que fue ampliamente probado en el proceso.
De ahí en adelante, se puede aseverar la existencia de un beneficio
económico y social para el hijastro de la concejal por recibir una
retribución monetaria del municipio producto de un contrato directo, lo
cual también beneficia a la CONCEJAL SONIA LILIANA FLOREZ pues de
manera indirecta tiene un provecho económico para su núcleo familiar
más cercano, el cual que proviene de las arcas de la administración
municipal a quien ella debe ejercer control político.
Ahora bien, estos argumentos fueron manifestados verbalmente y por
escrito en documento aportado en la audiencia pública, por lo que la
afirmación de que no fue estructurada la causal de incompatibilidad y
conflicto de intereses no es consecuente con los hechos desarrollados en
el curso del proceso de perdida de investidura, todo lo cual obra en el
expediente electrónico.
(…)
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13
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
Dicho esto, no sobra resaltar que la demandada jamás negó la existencia
de su vínculo de afinidad con el señor MARIO QUEVEDO ARTEAGA pues el
mismo es real e irrefutable y la falta de acreditación legal no se debe a
culpa de la parte demandante.
(…)
Finalmente se cuestiona la posición de la sala al señalar sin dubitaciones
que la prohibición establecida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000
únicamente recae en el los cónyuges o compañeros permanentes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales
municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil quienes no podrán
ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de
sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.
Dicha interpretación, insinúa que tal prohibición es unilateral, es decir de
una sola vía, lo cual es inconcebible en nuestro ordenamiento jurídico,
pues compete a los ordenadores del gasto como por ejemplo los
gobernadores y ALCALDES verificar que las personas con quienes
contraten no se encuentren incursos en causales de inhabilidades,
también corresponde a los titulares del derecho político propender porque
sus familiares no se involucren contractualmente con las entidades
territoriales de las cuales hacen parte. Tan es así, que la postura nuestra
fue apoyada por el MINISTERIO PUBLICO en tanto dicha actuación tiene
un claro reproche disciplinario.
Finalmente, tiene razón el despacho al sostener que las causales de
pérdida de investidura son taxativas, así lo entiende el suscrito
demandante y precisamente por eso la norma en que se funda la demanda
es la que textualmente señala el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 en su
numeral segundo, con lo cual se quiere ilustrar al despacho de que no se
están buscando normas diferentes para sustentar la causal de la demanda
pues la causal de violación alegada esta específicamente tipificada.
Ahora bien, la remisión que se hace al artículo 49 de la Ley 617 de 2000
es para significar que con la violación a tal prohibición se transgrede tanto
la violación al régimen de inhabilidades por parte del hijastro de la concejal
SONIA LILIANA FLORES, como la transgresión al régimen de
incompatibilidades y conflicto de intereses por parte del cabildante, en
tanto existe la concurrencia antagónica entre su interés familiar y el
interés público (…)”. (mayúsculas originales en el escrito)
El recurso de apelación fue concedido por auto del 11 de enero de 20227.
7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01. “0051 AutoConcedeApelaciónSentencia”.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
5.- Trámite de segunda
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 11
de febrero de 20228 y por auto del 27 de mayo del mismo año, se admitió
el recurso de apelación y se decretaron como pruebas las solicitadas por
el recurrente en el escrito de apelación9, así:
“(…) Requiérase a la Registraduría Nacional del Estado Civil - Puerto Asís,
para que remita, en el término de tres (3) días contados a partir del recibo
de la presente providencia, copia en físico o en medio magnético del
registro civil de nacimiento del señor Mario Fernando Quevedo Arteaga,
identificado con cédula de ciudadanía nro. 1.123.307.943, así como los
registros civiles con la nota marginal de matrimonio de los señores Sonia
Liliana Flórez identificada con cédula de ciudadanía nro. 69.026.436 y Luis
Alejandro Quevedo Bravo identificado con cédula de ciudadanía nro.
18.183.250 (…)”.
5.2. Allegadas las pruebas decretadas10 y corrido el traslado de rigor por
Secretaría de la Sección11, el expediente ingresó a despacho para fallo el
21 de junio de 202212.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
8
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01.
9
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01.
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Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001 23 33 000 2021 00412 01.
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Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
investidura de concejales y diputados, con base en lo previsto por el
parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200013 y por el numeral 5 del
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 201914, emitido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios
entre las secciones15.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que la señora Sonia Liliana Flórez fue elegida concejal del
municipio de Puerto Asís, Putumayo, por el Partido Alianza Social
Independiente - ASI para el período constitucional 2020-2023, el
solicitante aportó copia del formulario E-2716, donde consta que se declaró
electa como concejal de dicho municipio del departamento del Putumayo,
para el citado período.
3.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente:
3.1. Acorde con certificación sin fecha aportada por el solicitante, el Jefe
Grupo – Gestión Administrativa Municipal y Talento Humano de la alcaldía
municipal de Puerto Asís informó que el señor Mario Fernando Quevedo
13
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
15
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
16
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001233300020210041201. “0002PruebasDemandaPerdidaInvestidura”.
Pág.2.
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16
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
Arteaga ejecutó los siguientes contratos con el municipio de Puerto Asís,
Putumayo:
• Contrato nro. CPS Nº 141-2021 ejecutado entre el 18 de enero de 2021
y el 30 de marzo de 2021, cuyo objeto fue la “(…) prestación de servicios
de apoyo a la gestión como tecnólogo al comité de riesgos, control de
contaminación visual y auditiva en el municipio de Puerto Asís (…)”, por
un valor de $2.455.16817.
• Contrato de prestación de servicios profesionales nro. 235-2021
ejecutado entre el 7 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2021, cuyo objeto
fue la “(…) prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar
actividades de recuperación de espacio público en la secretaría general y
de gobierno de Puerto Asís, Putumayo (…)18”.
3.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil remitió con destino al
presente proceso copia del registro civil de nacimiento con indicativo serial
nro. 19883727, en el que consta que el señor Mario Fernando Quevedo
Arteaga es hijo del señor Luis Alejandro Quevedo Bravo19.
4.- Análisis de la Sala
En el asunto bajo examen, se solicitó decretar la desinvestidura de la
señora Sonia Liliana Flórez en calidad de concejal del municipio de Puerto
Asís, Putumayo, para el período constitucional 2020-2023, con
fundamento en que incurrió en la causal de pérdida de investidura
17
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001233300020210041201. “0002PruebasDemandaPerdidaInvestidura”.
Pág.10.
18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001233300020210041201. “0002PruebasDemandaPerdidaInvestidura”.
Pág.11.
19
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 52001233300020210041201
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por
incurrir en la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de
2000, por cuanto, se afirma, tiene vínculo de parentesco en primer grado
de afinidad con el señor Mario Fernando Quevedo Arteaga, quien es
contratista del municipio donde resultó elegida concejal.
El numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, dispone:
“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los
concejales perderán su investidura por:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de
conflicto de intereses (…)”.
A su vez, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, establece:
“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar
asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general (…)”.
Por su parte, el artículo 49 de la citada ley preceptuó:
“ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A
CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS
GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y
DISTRITALES. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007. El nuevo
texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes, y
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros
de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio,
ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores
fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo
departamento o municipio.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE, Inciso CONDICIONALMENTE exequible>
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y
distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios
del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas.
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El nuevo
texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales
municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser
contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus
entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente (…)”. (subrayas
originales).
En consecuencia, comoquiera que el recurrente fundamenta la
configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses,
en que la acusada transgredió la prohibición contenida en el artículo 49
de la Ley 617 de 2000, la Sala comenzará por referirse a la jurisprudencia
proferida por esta Sección frente a la mencionada prohibición, para luego
abordar el caso concreto, en el que estudiará si incurrió en la causal por
vulneración del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y, por
último, en el conflicto de intereses.
4.1. La jurisprudencia que ha proferido la Sección Primera
respecto del artículo 49 de la Ley 617 de 2000
Sobre la prohibición contenida en la disposición previamente citada, la
Sección, de forma reiterada, ha sostenido que no está dirigida a los
servidores públicos de elección popular en razón a que no es a ellos a
quienes se les prohíbe realizar las conductas referidas en la norma, sino
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19
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
a sus parientes, por lo que no puede constituirse en una incompatibilidad
o inhabilidad que dé lugar a la pérdida de investidura para los diputados
y concejales municipales y distritales.
En efecto, en relación con el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, en
sentencia del 22 de enero de 200920, la Sección explicó que no constituía
una incompatibilidad aplicable a los concejales:
“(…) Vista dicha disposición, es fácil inferir que no forma parte del régimen
de incompatibilidades de los concejales y demás servidores públicos que
en ella se mencionan, puesto que no establecen conductas o situaciones
que los afecten o involucren de manera directa e inmediata, sino que
comprometen a terceros, específicamente a las personas vinculadas con
los concejales en las formas y grados que en ella se indican, en términos
de una prohibición, la cual, de suyo, se extienden a los nominadores.
Las incompatibilidades son situaciones, actos o actividades que implican
la intervención del concejal o que se den en cabeza de ellos, es decir, de
carácter personal, en las cuales, por mandato de la Constitución Política y
de la ley no deben incurrir o realizar durante el tiempo que ostenten la
investidura de concejal y el que adicionalmente señale la ley. Son
situaciones personales de él y solo de él, que jurídicamente le están
vedadas, son excluyentes con su condición de concejal.
Por consiguiente, para su violación es necesaria la intervención del
concejal mediante la realización del acto, actividad o aceptación de la
situación jurídica que corresponda a una incompatibilidad.
De modo que tratándose claramente de una prohibición para los parientes,
cónyuge o compañera o compañero permanente de los concejales y,
obviamente, para quienes tienen la potestad de nominación en los cargos
o situaciones jurídicas que se especifican en la norma, no constituye en
modo alguno una incompatibilidad de éstos, y es a aquellos a quienes
compromete y les genera responsabilidades o consecuencias jurídicas, si
ella se llega a infringir sin intervención formal del concejal, v. g. como
nominador o como contratante.
Por estarse frente a una situación que no se encuadra en el tipo de causal
de pérdida de la investidura que se le atribuyó el inculpado, resultan
irrelevantes cualesquiera otras consideraciones sobre la situación
procesal del sub lite, luego las atrás expuestas son suficientes para
concluir que lo invocado por el solicitante como fundamento fáctico de su
acción no encuadra en la causal de pérdida de la investidura que se le
20
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 22 de
enero de 2009. C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta. Expediente radicación nro.
63001-23-31-000-2008-00030-01.
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Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
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endilga al encartado, esto es la violación del régimen de
incompatibilidades de los concejales (…)”. (Subrayas de la Sala)
En igual sentido, la Sala en sentencia del 29 de enero de 200921, precisó
que tampoco es una inhabilidad predicable de los concejales:
“(…) La Sala encuentra que el artículo 1° de la Ley 1148 de 2007 inciso
segundo, invocado por el demandante para solicitar la pérdida de
investidura, hace relación a las prohibiciones legales que tienen los
parientes, en este caso de los concejales, para ser funcionarios; no hace
relación a las inhabilidades de los concejales.
Como bien lo precisó el Tribunal la norma citada consagra expresamente
una prohibición para los parientes de las autoridades territoriales
señaladas en ella, para que puedan ejercer un cargo público en el
respectivo ente territorial.
La prohibición consagrada en la norma es una directriz de obligatorio
cumplimiento que deben ineludiblemente observar los nominadores y los
parientes de las autoridades mencionadas en el mismo precepto, so pena
de que ellos incurran en conductas irregulares.
Reiteradamente ha dicho la Corporación que la consagración de las
causales de pérdida de investidura, dado su carácter prohibitivo, debe ser
expresa y su interpretación estricta y que no es posible su aplicación
extensiva o analógica, por consiguiente no es dable darle la interpretación
que pretende el actor, lo cual es razón suficiente para confirmar el fallo
apelado que negó las súplicas de la demanda (…)”. (Subrayas de la Sala)
Con posterioridad, en sentencia del 13 de agosto de 200922, la Sección
reiteró su posición respecto del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, en el
sentido que no constituye causal de pérdida de investidura para los
concejales, así:
“(…) Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que
la prohibición establecida en dicha norma (artículo 49 de la Ley 617 de
2000, modificado por la Ley 1148 de 2007), no constituye causal de
pérdida de la investidura, como quiera que no va dirigida a los
gobernadores, diputados y alcaldes (extendida también a los concejales
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de
enero de 2009. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente radicación nro. 76001 23 31
000 2008 0092 01.
22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de
agosto de 2009. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro. 44001 23
31 000 2009 00010 01.
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21
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con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1296 de 2009), sino a sus
parientes.
Ello constituye prohibición para los parientes, como ya se dijo, y no causal
de pérdida de investidura de los concejales.
A esa conclusión llegó la Sección Primera del Consejo de Estado en
sentencia de 3 de julio de 2008 en la que sostuvo:
«[…] Del texto de la norma transcrita resulta claro para la Sala que la
misma contiene una prohibición dirigida, entre otros, a LOS PARIENTES
DE LOS DIPUTADOS y a las entidades del sector central o descentralizado
del Departamento, Distrito o Municipio, para que entre sí no celebren
contratos ni sean designados aquellos funcionarios de éstas; empero, la
violación de esa prohibición que, como ya se dijo, no tiene por destinatario
al Diputado, pues no es éste a quien se le prohíbe ejecutar o realizar tal
conducta, no puede, por lo mismo, constituir causal de pérdida de su
investidura […]».
Así, para esta Sala es claro que el artículo 49 de la Ley 617 de 2000
(modificado por la Ley 1148 de 2007) no puede constituir en ningún caso
el fundamento jurídico normativo para la solicitud de la pérdida de
investidura del demandado, en tanto que las prohibiciones y presupuestos
fácticos en él contenidos sólo son predicables respecto del cónyuge o
compañera permanente y de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, pero en modo
alguno acarrea la pérdida de investidura del concejal respectivo con quien
se tiene parentesco (…)”.
El anterior criterio fue reiterado por la Sección Primera del Consejo de
Estado en las sentencias del 5 de agosto de 201023 y del 4 de octubre de
201224. Finalmente, en sentencia del 26 de agosto de 202125, esta Sala
recordó:
“(…) 53. que la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617,
modificada por las Leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los servidores
públicos de elección popular, pues no es a estos a quienes se les prohíbe
realizar tales conductas, sino a sus parientes y a quienes fungen como
nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del
23
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2010. C.P. (E) María Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación nro. 25000
23 15 000 2010 00493 01.
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 4 de octubre
de 2012. C.P. (E) Marco Antonio Velilla Moreno. Expediente radicación nro. 25000-23-
27-000-2012-00094-00.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de
agosto de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 63001
23 33 000 2021 00027 01.
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22
Radicación: 52001 23 33 000 2021 00412 01
Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
departamento, distrito o municipio, de manera que no podría constituir
causal de pérdida de investidura, incompatibilidad o inhabilidad para
aquellos servidores públicos.
(…)
62. Aplicada la tesis expuesta por esta Sala en las sentencias de 3 de julio
de 2008, 22 de enero de 2009, 29 de enero de 2009, 13 de agosto de
2009, 5 de agosto de 2010, 4 de octubre de 2012, 27 de marzo de 2014
y 12 de noviembre de 2015, al caso en concreto, es posible colegir que no
resulta válido fundar una causal de pérdida de investidura en contra de la
acusada sobre la situación de hecho consistente en que su pariente, el
señor Pablo Emilio Montañez Lesmes, es contratista del municipio para el
cual fue elegida concejal, Córdoba (Quindío), como lo ha pretendido el
demandante en su solicitud como en el recurso de apelación presentado
en contra de la sentencia de primera instancia.
63. Como fue explicado con anterioridad, la prohibición contenida en el
artículo 49 de la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, no está
dirigida a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes
y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central
o descentralizado del departamento, distrito o municipio y, de esta
manera, no resulta posible acompañar la interpretación extensiva
pretendida por el demandante puesto que, como señalaron las
providencias judiciales expuestas, las causales de pérdida de investidura
tienen un carácter taxativo y restrictivo y no resulta posible su
interpretación extensiva o analógica, resultando irrelevante el análisis de
los hechos fundamento del medio de control.
II.6. Conclusión
64. La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia,
constató que no resultaba válido fundar una causal de pérdida de
investidura con sustento en la prohibición contenida en el artículo 49 de
la Ley 617, modificada por las leyes 1148 y 1296, razón por la que
procederá a confirmar la sentencia de 26 de marzo de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo del Quindío, y mediante la cual se denegó la
solicitud de pérdida de investidura de la señora Lorena Mildred Castaño
Durán, concejal del municipio de Córdoba (Quindío) (…)”. (Subrayas de la
Sala)
Por consiguiente, la Sala estima que el artículo 49 de la Ley 617 de 2000
no constituye una causal de pérdida de investidura para los concejales
municipales y diputados, ni se trata de una incompatibilidad o inhabilidad
aplicable al régimen de dichos servidores.
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Solicitante: Fredy Alberto Robles Gómez
4.2. Caso concreto
4.2.1. Frente a la violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades
La Sala precisa que, tanto en la solicitud como en el recurso de apelación,
el actor refiere, de manera indistinta, a que la concejal acusada violó el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses
por incurrir en la prohibición señalada en el artículo 49 de la Ley 617 de
2000.
Acorde con la jurisprudencia en cita, la Sala señala que no es procedente
fundamentar la causal de pérdida de investidura por violación al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades en lo dispuesto por el artículo 49 de
la Ley 617 de 2000, en atención a que dicha disposición no está dirigida
a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes. Y sería
un contrasentido que el elegido popularmente estuviera expuesto a
perder su investidura por una conducta que no se le puede atribuir, ni
directa ni indirectamente, pues es evidente que no puede constreñir a sus
parientes para que dejen de tomar las decisiones que sólo a ellos les es
atribuible.
En ese sentido, no hay lugar a examinar la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
formulada contra la señora Sonia Liliana Flórez por el hecho de que se
alegue que el señor Mario Fernando Quevedo Arteaga, de quien se afirma
es su pariente en primer grado de afinidad, sea contratista del mismo
municipio en el que ella funge como concejal.
Así las cosas, no es posible entrar a analizar los supuestos de hecho y de
derecho en que el solicitante fundamenta la desinvestidura.
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4.2.2. Frente a la configuración del conflicto de intereses
El conflicto de intereses se ha definido “como aquella conducta en que
incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que,
movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general,
sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia
de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero
y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la
pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del
funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta
de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con
las funciones del cargo de manera transparente e imparcial”26.
Acerca de los elementos que deben estar cumplidos para su configuración,
siguiendo decisiones de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección
ha explicado27:
«[…] En lo concerniente a los presupuestos que deben estar configurados
para la estructuración de esta causal, la cual por extensión también
comprende a los concejales y diputados, son los siguientes:28
“[…] (i) La calidad de congresista, [léase concejal] elemento transversal y
común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés
directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista
[concejal] o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o
no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv)
haber conformado el quórum o participado el congresista [concejal] en el
debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un
26
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés. Expediente radicación: 11001-03-25-
000-2005-00068-00(IJ), cita extractada de sentencia del 2 de abril de 2018, Sala
Dieciocho (18) Especial de Decisión de Pérdida de Investidura. C.P. Oswaldo Giraldo
López. Expediente radicación 11001-03-15-000-2018-04626-00.
27
Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P.
Oswaldo Giraldo López. Sentencia del 1 de febrero de 2018. Expediente radicación nro:
66001-23-33-000-2017-00089-01(PI). Reiterada en sentencia del 30 de mayo de 2019.
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 05001-23-31-000-
2017- 02538- 01 (PI).
28
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de
junio de 2017. Expediente radicación nro.11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). (PI).
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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asunto de conocimiento funcional del [concejal], cualquiera sea su
naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas,
sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del
Congreso de la República [concejo municipal]
[…]»
En el asunto bajo examen, se observa que, ni en la solicitud, ni en el
recurso de apelación, el señor Fredy Alberto Robles Gómez expresa de
manera clara las razones por las que considera se configura el conflicto
de intereses; no obstante, en la solicitud se afirma que “(…) la señora
SONIA LILIANA FLÓREZ viene aprovechando su posición como CONCEJAL
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS para que el Alcalde Municipal JOSÉ
FERNANDO CASTILLO RUIZ elegido por su mismo partido ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE ASI le otorgue contratos a sus hijastros (primer grado de
afinidad) en directa violación del régimen legal de inhabilidades e
incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses, como es el caso
de su hijastro Mario Fernando Quevedo Arteaga (…) quien actualmente
tiene vigente el contrato de prestación de servicios de apoyo (…)”.
(mayúsculas originales)
A su vez, en el recurso de apelación, indicó que “(…) el hecho de que el
Alcalde Municipal de Puerto Asís JOSE FERNANDO CASTILLO contrate
reiteradamente con el hijastro de la concejal en ejercicio SONIA LILINA
FLOREZ de su mismo partido político ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE-
ASI, es una situación que genera una grave, cuestionable y reprochable
INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES para la CONCEJAL,
pues como se sostuvo en la audiencia, una de las funciones
constitucionales principales de los CONCEJALES es ejercer de manera
objetiva el control político sobre la administración local y demás entidades
descentralizadas, para lo cual, tanto ella como sus parientes más
próximos, deben estar alejados de cualquier actuación -que en momento
alguno- pudiera reducir –por factores externos y subjetivos- la capacidad
de reacción que la propia Constitución, la Ley, y el reglamento del Concejo
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Municipal, le otorgan bajo su investidura de CONCEJAL, de increpar en
defensa de la moralidad administrativa y cualquier acto de corrupción que
llegue a su conocimiento (…)”. (mayúsculas originales).
Conforme con lo anterior, se tiene que los argumentos señalados y las
pruebas obrantes en el expediente no permiten constatar la existencia de
los elementos que, de acuerdo con la jurisprudencia, dieran lugar a la
configuración del conflicto de intereses, ya que no se advierte que la
acusada haya participado en un asunto propio de sus funciones y producto
de ello adoptado alguna decisión en provecho suyo o de sus familiares.
En esa medida, las razones que fundamentan la solicitud de pérdida de
investidura por violación del conflicto de intereses no encuadran dentro
de los elementos señalados en precedencia que permitirían acreditar el
elemento objetivo de la causal.
Por las razones anotadas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de
2021, por el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones explicadas
en la parte motiva.
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SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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