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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00438-01

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00438-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00438-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

29 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra
Accionada: Lina Marcela Cabezas Portela
Tema: Causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la
sentencia de 9 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La solicitud de pérdida de investidura1

1.El señor José Neftalí Burgos Saavedra, en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, solicitó:

“[…] presento solicitud para que se decrete la pérdida de investidura de la concejal,
Sra. Lina Marcela Cabezas Pórtela (sic) quien fue elegida en el municipio de Girardot
Cundinamarca para el período constitucional 2024-2027. […]”.

I.1.1. Los hechos

2.Informó que la señora Lina Marcela Cabezas Portela fue elegida concejal del
municipio de Girardot para los períodos constitucionales 2020-2023 y 2024-2027.

3. Alegó que el 30 de diciembre de 2023, la accionada, en su calidad de segunda
vicepresidenta del concejo municipal de Girardot suscribió la Resolución 035 de 28
de diciembre de 2023, mediante la cual autorizó el pago de unas prestaciones
sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, por el período del 1.° de enero
de 2023 al 30 de diciembre de 2023, emolumentos que fueron liquidados de manera
indebida.

4. Afirmó que la señora María Alejandra Posada Escobar es pariente en segundo
grado de afinidad de la accionada; la señora Lyda Fernanda González Cabezas es
prima de la concejal y; el señor Juan Fernando Leal Murillo es su compañero
sentimental, quienes han suscrito contratos de prestación de servicios con la
1
002 y 021 del expediente digital de primera instancia.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

2

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

alcaldía del municipio de Girardot y este último con la Clínica San Rafael Dumian
Medical.

5.La concejal participó en las sesiones en las que se debatieron proyectos de
acuerdo que beneficiaron a las personas antes señaladas.

I.1.2. La explicación de las causales de pérdida de investidura

I.1.2.1. Indebida destinación de dineros públicos

6. El solicitante invocó la causal de pérdida de investidura por “[…] indebida
destinación de dineros públicos […]”, prevista en el numeral 3.° del artículo 33 de
la Ley 136 de 2 de junio de 19943 y en el numeral 4.° del artículo 48 de la Ley 617
de 6 de octubre de 20004, por el hecho de que la accionada suscribió la Resolución
035 de 2023, mediante la cual reconoció y autorizó el pago de las prestaciones
sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, secretario del concejo, las cuales
fueron liquidadas de manera indebida.

I.1.2.2. Violación del régimen del conflicto de intereses

7. Para sustentar esta acusación, el accionante invocó los artículos 55 (numeral
2.°) y 70 de la Ley 136 y los artículos 48 (numeral 1.°) y el parágrafo 3.° del artículo
49 de la Ley 617, referente a las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de los concejales municipales y distritales, entre otros,
con sustento en las siguientes premisas:

8. i) La cuñada de la accionada, María Alejandra Posada Escobar (pariente en
segundo grado de afinidad) suscribió los contratos núms. 502 de 26 de marzo de
2020 y 638 de 14 de julio de 2020, para prestar servicios profesionales en la
Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio de Girardot. A pesar de
ello, la acusada participó en el trámite de “[…] varios acuerdos de proyectos (sic)
de la Secretaría de desarrollo económico y social del municipio […]”, área donde
trabajaba su pariente y no dio a conocer esta situación ante el comité de ética de la
duma municipal. Además de ello, la contratista no informó este hecho al momento
de firmar el compromiso de transparencia.

9. ii) La prima de la accionada, Lyda Fernanda González Cabezas, (pariente en
cuarto grado de consanguinidad), suscribió el contrato de prestación de servicios
núm. 043 de 20 de febrero de 2024, con el municipio de Girardot, para prestar apoyo
técnico y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027. A pesar de ello, la acusada
participó en el trámite y aprobación de este instrumento normativo, a sabiendas que
beneficiaría a su prima, sin manifestar su impedimento y sin dejar la anotación ante
el comité de ética de la duma. Adicionalmente, la contratista tampoco dio a conocer

3
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
4
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley
orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]”.

3

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

sobre la existencia de una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés en
el compromiso de transparencia.

10. iii) El compañero sentimental de la concejal, Juan Fernando Leal Murillo, es
contratista de la Clínica San Rafael Dumian Medical S.A.S., empresa que recibe
dinero del Estado a través de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de
Girardot y, por esta razón, incurrió en la prohibición prevista en el parágrafo 3.° del
artículo 49 de la Ley 617.

I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura en la primera instancia

11. A través de auto de 26 de junio de 20245, el magistrado sustanciador del proceso
admitió la demanda y ordenó la notificación personal a la accionada y a la agente
del Ministerio Público.

I.3. La oposición de la accionada6

12. La concejal, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda.

13. Explicó que no se cumplen los presupuestos de procedencia de la causal de
pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, porque la
acusada no fue ordenadora del gasto ni tenía a su cargo la función de liquidar las
prestaciones de los servidores públicos del concejo municipal.

14. Añadió que la pérdida de investidura no es el medio adecuado para debatir la
legalidad de la Resolución 035 de 2023, la cual se presume legal.

15. Subrayó que el interés constitutivo de desinvestidura debe ser directo, particular
y concreto y surgir de los extremos de la relación planteada por la decisión del
servidor público de elección popular.

16. Indicó que el accionante invocó la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen del conflicto de intereses, por el hecho de que la concejal participó en
la votación de varios proyectos de acuerdo que pretendían beneficiar a sus
familiares que laboraban en la alcaldía y/o prestaban sus servicios en IPS, sin haber
especificado los asuntos o acuerdos en los cuales intervino la acusada y sin explicar
las razones para encontrar configurado el conflicto de interés.

17. Expuso que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
han señalado que el interés debe ser particular, directo, actual o inmediato y se
requiere que el acto jurídico resultante de la concurrencia de la voluntad de los
concejales tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera
autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos, o desarrollos ulteriores
para concretar el beneficio personal.

5
026 expediente digital de primera instancia.
6
037 expediente digital de primera instancia.

4

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

18. Argumentó que el solicitante no aportó las pruebas idóneas para demostrar el
parentesco en consanguinidad y afinidad existente con las personas enunciadas en
la demanda.

19. Explicó que el medio idóneo para probar el parentesco era el registro civil, según
el Decreto Ley 1260 de 1970, documentos no allegados al proceso y añadió que no
era posible acudir al testimonio o interrogatorio de parte para probar el vínculo de
consanguinidad y afinidad.

I.4. La audiencia pública

20. El 12 de agosto de 20247, se realizó la audiencia pública prevista en los
artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20188, con la asistencia y
participación del accionante, la Procuradora Primera Judicial II para Asuntos
Administrativos y el apoderado de la acusada.

I.4.1. El accionante

21. El solicitante insistió en los argumentos de la solicitud.

I.4.2. El Ministerio Público

22.La Procuradora Primera Judicial II para Asuntos Administrativos emitió
concepto en el que solicitó la denegación de las pretensiones de la demanda.

23. i) Estudio de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos. Anotó que, según las pruebas allegadas, no se demostró que
la accionada cambiara o distorsionara los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución Política, la ley o el reglamento, porque el
reconocimiento de las prestaciones a favor del secretario del concejo está conforme
a la ley y no se acreditó que la concejal hubiese obtenido un incremento patrimonial
para sí o para favorecer a un tercero.

24. ii) Estudio de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de interés. La agente del Ministerio Público adujo que: i) no se
demostró con medios de prueba idóneos la unión permanente ni el vínculo de
parentesco en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las
personas enunciadas en la demanda y; ii) no se demostró en qué consistió el interés
o beneficio particular y directo en cabeza de la concejal que le impedía participar
en el Plan de Desarrollo 2024-2027 y en otros acuerdos aprobados por el concejo.

7
076 expediente digital de primera instancia.
8
“[…] POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS,
SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES. […]”.

5

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

I.4.3. La accionada

25. La concejal reiteró los argumentos de la contestación de la solicitud, en el
sentido de no encontrar demostrados los elementos de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos y violación del régimen de
conflicto de intereses.

I.5. La sentencia de primera instancia9

26. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 9 de septiembre de 2024, denegó las súplicas de la solicitud de
pérdida de investidura.

27. Planteó como problema jurídico el consistente en definir si se debía declarar la
pérdida de investidura de la concejal del municipio de Girardot, Lina Marcela
Cabezas Portela, por hechos ocurridos para los períodos constitucionales 2020-
2023 y 2024-2027, por haber incurrido en las causales de pérdida de investidura de
indebida destinación de recursos públicos y conflicto de intereses.

I.5.1. Estudio de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos

28. Precisó que para probar esta causal se deben demostrar los siguientes
presupuestos: i) que el demandado ostente la condición de concejal; ii) que se trate
de dineros públicos; y iii) que los dineros públicos sean indebidamente destinados,
sin importar si la conducta esté o no tipificada como delito.

29. Sostuvo que la Resolución 035 de 2023 goza de presunción de legalidad, en
tanto no ha sido declarada nula por el juez competente y, en consecuencia, las
prestaciones reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla Moreno se presumen
ajustadas al ordenamiento jurídico.

30. Anotó que la acción de pérdida de investidura no es el mecanismo idóneo para
estudiar si las prestaciones sociales reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla
Moreno fueron debidamente liquidadas.

I.5.2. Estudio de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses

31. El a quo consideró que no se configuró la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen del conflicto de intereses, con sustento en los siguientes
argumentos:

32. i) En cuanto a los hechos relacionados con la señora María Alejandra Posada
Escobar, sostuvo que “[…] la parte actora no se encargó de argumentar ni de probar

9
079 expediente digital de primera instancia.

6

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

cuál fue el interés directo, particular y actual en cabeza de la concejal respecto de
los acuerdos de proyecto (sic) de la secretaría de desarrollo económico y social del
municipio en los que intervino y que podían beneficiar a la señora Posada Escobar,
así como tampoco demostró el parentesco existente entre ambas […]”.

33. (ii) Frente a los hechos asociados con la señora Lyda Fernanda González
Cabezas señaló que “[…] al participar la demandada en su calidad de concejal en
la adopción y aprobación de los planes de desarrollo del municipio de Girardot, se
entiende que lo hizo en ejercicio de las funciones constitucionales, legales y
reglamentarias que le asisten y no se encuentra argumentado ni demostrado que
la señora Lina Marcela Cabezas Portela hubiese tenido algún interés directo,
particular y actual en la aprobación de dicho plan, ni cómo beneficiaría a la señora
González Cabezas; igualmente, tampoco se demostró el parentesco existente entre
ambas […]”.

34. (iii) Sobre los hechos relacionados con el señor Juan Fernando Leal Murillo
precisó que “[…] no se acudió a una causal de pérdida de investidura consagrada
en la ley, por tanto, no es posible, como lo pretende la parte actora, interpretar la
norma que se refiere a las prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de los concejales municipales y distritales, para con ello
crear una causal de pérdida de investidura adicional a las consagradas en las Leyes
136 de 1994 y 617 de 2000. […]”.

I.6. El recurso de apelación10

35. El accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia del 9 de
septiembre de 2024, para que se revocara.

36. Luego de efectuar un resumen de la demanda y de la sentencia, mostró su
inconformismo frente al estudio de la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen del conflicto de intereses. Para sustentar lo anterior, adujo los
siguientes argumentos que se transcriben:

“[…] La tesis que sostiene este apoderado judicial del demandante en el marco del
presente recurso es que la sección debe REVOCAR la sentencia recurrida, ya que
con la actuación de la demandada, sí se configuró la causal de pérdida de investidura
por haberse probado en ella, el conflicto de intereses.

[…]

EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN DEL MISMO

En las pruebas relacionadas con la señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS,
la sala plena da como hecho probado jurídicamente relevante No.7, 7.6, que la
contratista mencionada realizó el Apoyo técnico y seguimiento al plan de desarrollo
del Municipio “Girardot es de todos visión 2040” en el año 2020-2023; dicha

10
084 expediente digital de primera instancia.

7

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

interpretación es errada, puesto que la contratista según el Contrato No.043 del 20 de
febrero de 2024, suscrito con la Alcaldía de Girardot, fue con el Plan de Desarrollo del
Municipio de Girardot “Girardot socialmente justa” 2024-2027.

6. CONCLUSIÓN

A manera de conclusión expongo los argumentos por los cuales la Honorable Sección
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado debe revocar la
sentencia recurrida:

1. Porque el Tribunal interpretó erróneamente al decir que el Plan de Desarrollo en el
cual la señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS trabajó había sido adoptado
casi cuatro años atrás, el 30 de julio de 2020.

2. Aclaro que el plan de desarrollo “Girardot es de todos visión 2040” es del año 2020-
2023 y el plan de desarrollo “Girardot socialmente justa 2024- 2027”.

3. La señora LIDA FERNANDA GONZALEZ CABEZAS trabajó como contratista en el
año 2024.

[…]”. (Mayúscula y negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

I.7. Trámite del recurso de apelación

37. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, a través de
proveído de 6 de noviembre de 202411, concedió la alzada y remitió el proceso al
Consejo de Estado.

38. Repartido el proceso, mediante auto de 21 de abril de 202512, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante; negó el
decreto de las pruebas solicitadas en segunda instancia y corrió traslado a la parte
accionada y al Ministerio Público.

39. El accionante en el término del traslado guardó silencio.

40.La accionada, por conducto de apoderado judicial, indicó13 que el escrito de
apelación no contiene elementos de contradicción frente a la sentencia recurrida,
pues simplemente se limita a manifestar que se mal interpretó el objeto del contrato
043 de 2024.

41. Reiteró los argumentos del escrito de contestación, así: i) no se demostraron
los presupuestos de la causal de indebida destinación de dineros públicos, teniendo
en cuenta que la accionada no fue ordenadora del gasto y la liquidación de las
prestaciones sociales a favor del señor Andrés Bonilla Moreno, secretario del
concejo, se realizó en debida forma y; ii) frente al conflicto de intereses, no se
allegaron los registros civiles de nacimiento para demostrar el grado de parentesco
con las personas enunciadas en la demanda ni se determinaron cuáles fueron los

11
088 expediente digital de primera instancia.
12
Índice 009, SAMAI.
13
Índice 17, SAMAI.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

asuntos o acuerdos sobre los que recaía el supuesto aprovechamiento o beneficio
que podía representar la participación de la concejal en tales asuntos.

42. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado emitió
concepto14, por medio del cual solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia.

43. Alegó que el demandante parece confundir el régimen de conflicto de interés
con las prohibiciones dirigidas a los cónyuges y familiares de los concejales prevista
en el artículo 49 de la Ley 617.

44. Adujo que “[…] la celebración de un contrato de prestación de servicios por
parte de quien se adujo como pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
de un concejal, no da lugar a la configuración del elemento objetivo consistente en
la violación del régimen de conflicto de interés previsto en el artículo 55, numeral 2
de la Ley 136 de 1994, y los medios de prueba tampoco llevan a tal convicción.
[…]”.

45. Precisó que no compartía el argumento del Tribunal de primera instancia, en el
cual indicó que la Resolución 035 de 2023 goza de presunción de legalidad, en
tanto no ha sido declarada nula por el juez competente y, por ende, las prestaciones
reconocidas a favor del señor Andrés Bonilla Moreno se consideraban ajustadas al
ordenamiento jurídico.

46. El señor Procurador Delegado indicó que tal interpretación resulta equivocada
porque en procesos de naturaleza sancionatoria como ocurre con la pérdida de
investidura, el juez está llamado a verificar si la conducta de indebida destinación
de dineros públicos se materializó o no, al margen de la presunción de legalidad
del acto administrativo, pues de lo contrario se correría con el riesgo de volver
inoperante esta causal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

47. La Sala, para desatar la presente controversia, se pronunciará sobre los
siguientes aspectos: i) la competencia; ii) la acreditación de la condición de la
concejal; iii) el problema jurídico; iv) cuestión previa; v) los desarrollos
jurisprudenciales de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de interés; vi) estudio del caso concreto y; vii) conclusiones.

II.1. La competencia

48. Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud
de lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 150

14
Índice 18, SAMAI.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

de la Ley 1437 y en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de
201915.

II.2. La acreditación de la condición de la concejal

49. La calidad de la señora Lina Marcela Cabezas Portela se encuentra acreditada
con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de 18
de julio de 202416, en la cual se indica que resultó electa como concejal del
municipio de Girardot para los períodos constitucionales 2020-2023 y 2024-2027,
en los comicios celebrados los días 27 de octubre del 2019 y 29 de octubre del
2023, respectivamente. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el literal b)
del artículo 5.° de la Ley 188117.

II.3. El problema jurídico

50. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201218, aplicables por virtud de lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley 1881 y
306 de la Ley 1437, siguiendo el recurso de apelación formulado por el accionante,
considera que el asunto que debe resolver consiste en establecer lo siguiente:

51. Si se debe decretar la pérdida de investidura a la concejal del municipio de
Girardot, Lina Marcela Cabezas Portela, por haber incurrido en la causal de pérdida
de investidura prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, en
concordancia con el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, referente a la
violación del régimen del conflicto de intereses, porque, según se indica en la
demanda, la accionada aprobó el Plan de Desarrollo 2024-2027, a pesar de que su
participación en esa iniciativa reportaría un beneficio a la señora Lyda Fernanda
González Cabezas, quien, según se afirma, es la prima de la accionada y había
suscrito el contrato de prestación de servicios núm. 043 de 20 de febrero de 2024,
para prestar apoyo técnico y seguimiento al plan de desarrollo del municipio.

52. En tal virtud, se debe demostrar si los hechos y comportamientos alegados por
el accionante en el escrito de solicitud de pérdida de investidura y en el recurso de
apelación se adecúan en la causal de pérdida de investidura consistente en la
violación del régimen del conflicto de intereses.

53. Solo en el evento de encontrar configurado el aspecto objetivo, la Sala deberá
definir si se cumple o no el elemento subjetivo, en los términos definidos en la Ley
1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019,
que exige el análisis del dolo o la culpa grave.

15
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. […]”.
16
058 del expediente digital de primera instancia.
17
“[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse
por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral
Nacional […]”. Aplicable por remisión del artículo 22 ibidem
18
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

10

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

II.4. Cuestión previa

54. El señor Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, en su
concepto de fondo, cuestionó la interpretación que efectuó el a quo sobre la
configuración de la causal de pérdida de investidura de indebida destinación de
dineros públicos, porque consideró que el juez está llamado a verificar si esta
conducta se materializó o no, al margen de la presunción de legalidad del acto
administrativo, a fin de no convertir en inoperante esta causal.

55. En su concepto, indicó:

“[…] Esta agencia del Ministerio Público desea llamar la atención respecto de un
argumento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, si bien no fue objeto de
apelación, genera una alerta. El Tribunal argumentó que respecto de la indebida
destinación de dineros públicos esta no se encontraba probada, pues la Resolución
que ordenó la liquidación de prestaciones sociales del secretario general del concejo
gozaba de presunción de legalidad, y no se había arrimado al plenario fallo judicial
que hubiese suspendido o anulado ese acto administrativo.

Con base en tal argumento adujo que no era el escenario para juzgar si las
liquidaciones se habían realizado o no de manera correcta, y por tanto no podía
dirigirse a tener certeza sobre la configuración de esa causal, dada la presunción de
legalidad del acto administrativo.

Este argumento es totalmente equivocado.

En primer lugar, porque al juzgar la indebida destinación de dineros públicos, el juez
contencioso debe analizar el acto (comúnmente administrativo) en el que
presuntamente se materializa tal destinación indebida. Si se exigiese que primero
debe existir un fallo judicial que en sede de nulidad haya declarado tal consecuencia
sobre el acto, para luego sí poder juzgar la indebida destinación de dineros públicos,
esta causal sería prácticamente inoperante, dado que, en la muy amplia parte de los
casos, la indebida destinación de dineros públicos se materializa en un acto
administrativo.

Además, al ser esto un juicio sancionatorio, del ejercicio del iu (sic) puniendi del
Estado, el juez está llamado a verificar si la conducta de indebida destinación se
materializó, o no, al margen de la presunción de legalidad del acto administrativo.
Esto, porque es un juicio de conducta, subjetivo, como bien lo define el artículo 1 de
la Ley 1881 de 2018. […]”

56. En procesos de naturaleza sancionatoria cobra especial relevancia el respeto
por el principio de congruencia que comporta la armonía que debe existir entre la
parte motiva y resolutiva del fallo, y garantiza que la decisión de fondo corresponda
a lo pedido por las partes en la demanda y su contestación19. Además de ello, el
recurso de apelación tiene como finalidad que “[…] el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión20[…]”.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, radicación número: 73001-23-31-000-2006-
01785-01(18580), actor: Cémex Colombia S.A; demandado: Municipio San Luis, CP: Hugo Fernando Bastidas.
20
Artículo 320 de la Ley 1564.

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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

57. Así las cosas, en aplicación de los principios de lealtad procesal, congruencia,
y derechos de defensa y de contradicción, la Sala no se pronunciará sobre el
cuestionamiento que planteó el señor agente del Ministerio Público sobre el análisis
que hizo el a quo sobre la causal de pérdida de investidura por indebida destinación
de dineros públicos, porque el accionante no planteó ningún argumento para
controvertir el fallo de primera instancia frente a esta conducta y de hacerse se
desbordaría el marco de la apelación y eventualmente se afectaría el debido
proceso.

II.5. La violación del régimen del conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura de los concejales

58. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses encuentra sustento en el artículo 133 de la Constitución Política, que
señala que los miembros de los cuerpos colegiados de elección popular
representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común.
Igualmente, en el artículo 11 de la Ley 1437, que indica que cuando el interés propio
de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo, el servidor
público deberá declararse impedido.

59. La causal de pérdida de investidura por violación del régimen del conflicto de
intereses se encuentra prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en
el numeral 1.° del artículo 48 de la Ley 617, normas que son del siguiente tenor:

Ley 136

“[…] ARTÍCULO 55.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales
perderán su investidura por:

[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses.

[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

Ley 617

“[…] ARTÍCULO 48.- Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los
diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses.
No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten
al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general
[…]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

60. El artículo 70 de la Ley 136, señala que el concejal deberá declararse impedido
para participar en los debates o votaciones respectivas cuando se evidencie la
existencia de un interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera a
él o alguna de las personas señaladas en la ley -cónyuge o compañero o

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil- o a su socio o socios de
derecho o, de hecho.

61. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el conflicto de interés
se presenta cuando el servidor público de elección popular movido por un interés
particular “[…] toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones
o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función
pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de
la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues
es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de
cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial21[…]”.

62. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 1.° de noviembre de
201622, al igual que esta Sección han señalado que para la configuración del
conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben concurrir los
siguientes requisitos:

“[…] a) Que la persona señalada de adelantar la actuación violatoria del régimen de
conflicto de intereses, ejerza o haya ejercido la investidura de Congresista de la
República;

b) La existencia de un interés directo, particular y actual del Congresista, ya sea de
orden moral o económico, en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo
del Congreso; y,

c) Que a pesar de ello, el Congresista participe efectivamente del respectivo trámite,
sin haber manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para
los efectos.

63. Frente al presupuesto a), la mencionada sentencia precisó lo siguiente:

“[…] El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura, exige para
este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que incurrió en un conflicto de
intereses mediante el ejercicio irregular de su investidura congresional, esto es, que
debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara […]”.

64. En lo que atañe al presupuesto relativo b) asociado a que se esté en
presencia de un interés directo, particular y actual, ya sea de orden moral o
económico, la sentencia supra discurrió en el siguiente sentido:

“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual; su esencia moral o económica; y los asuntos o
temas que son puestos a consideración e intervención del Congresista.

El primero, consiste en la presencia de una inclinación real del Congresista hacia un
tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones congresionales, con el ánimo
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de noviembre de 2017, C.P. César
Palomino Cortés, radicado núm.: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
22
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia de 1° de noviembre de 2016, radicado núm.: 11001-03-15-000-2015-01571-
00(PI), MP: María Elizabeth García González.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

de materializar un provecho, utilidad, ventaja o conveniencia propia, o de su cónyuge,
familiares o socios, que se aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien
general23 y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación […]”.

65. Finalmente, y frente al requisito c) relativo a que se demuestre la participación
efectiva del respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento o sin haber
sido recusado, la citada sentencia señaló:

“[…] El tercero alude a los asuntos o temas que son sometidos a consideración e
intervención del Congresista, que lejos de circunscribirse de forma exclusiva a los
legislativos, también cobija los electorales, judiciales, de control político e incluso
administrativos a su cargo, en cuanto hacen parte de las distintas facetas
congresionales en las que aquél termina interfiriendo inevitablemente por mandato
constitucional y legal.

[…]

La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio, decisión, debate,
votación, censura y/o intervención en los asuntos congresionales; en principio, “el
congresista está en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le permita a la comisión
o corporación legislativa correspondiente definir o decidir el impedimento. No se trata,
como es obvio, de una decisión puramente discrecional del congresista. De todas las
circunstancias de hecho que pudieran configurar un interés privado de índole
económico o moral debe surgir la obligación del congresista de manifestar el
impedimento24”, por lo que de guardar silencio al respecto quedaría activada la causal
[…]”.

II.6. El estudio del caso concreto

II.6.1. El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura

• Análisis del primer elemento. Que la persona señalada de adelantar la
actuación violatoria del régimen del conflicto de intereses ejerza o haya
ejercido la investidura de concejal

66. Conforme se indicó supra, quedó probado que la señora Lina Marcela Cabezas
Portela tiene la condición de concejal del municipio de Girardot para la época de
los hechos juzgados, según lo demuestra la certificación expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil de 18 de julio de 2024. Así las cosas, se
cumple este primer elemento común a todos los juicios de pérdida de investidura.

• Análisis del segundo elemento. La existencia de un interés directo,
actual, particular o inmediato del concejal o alguna de las personas
señaladas en la ley, de orden moral o económico

23
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo
Fernando Bastidas- la Sala Plena indicó: “No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de
los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
De modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés público inmerso en el debate, en
la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento
o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de la función para
el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o particular del congresista no subordine al
interés público.”
24
(cita es original): Sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

67. La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
sentencia de 9 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

68. El Tribunal de primera instancia subrayó que no se demostraron los elementos
objetivos de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de
conflicto de intereses, el cual es motivo de reproche de la alzada.

69. Según se indicó, el apelante fundamentó su inconformidad frente a lo analizado
por el a quo en relación con el conflicto de interés que, según se afirma en el escrito
de demanda, se configuró por la participación de la accionada en el Plan de
Desarrollo 2024-2027 para favorecer, presuntamente, a su prima Lyda Fernanda
González Cabezas, quien había suscrito el contrato de prestación de servicios núm.
043 de 20 de febrero de 2024 con la alcaldía del municipio de Girardot.

70. Sostuvo que el Tribunal de primera instancia se equivocó al afirmar que el
contrato de prestación de servicios núm. 043 de 20 de febrero de 2024, suscrito
entre la señora Lyda Fernanda González Cabezas y la alcaldía del municipio de
Girardot tenía como objeto prestar sus servicios como profesional en administración
de empresas para realizar el apoyo técnico y seguimiento al Plan de Desarrollo “[…]
GIRARDOT ES DE TODOS VISIÓN 2040 […]” porque, en realidad, tenía como
propósito prestar apoyo y seguimiento al Plan de Desarrollo 2024-2027 “[…]
Girardot socialmente justa 2024-2027. […]”.

71. Para resolver, se debe señalar que el solicitante en el escrito introductorio
señaló que la causal de pérdida de investidura por violación del régimen del
conflicto de intereses, en este supuesto, se configura en razón a que:

“[…] La señora Concejala LINA MARIA CABEZAS PORTELA tenía pleno
conocimiento de que al aprobar el plan de desarrollo del municipio y de que su prima
había contratado con el mismo municipio, sería beneficiaria de la aprobación de dicho
plan de desarrollo, puesto que laboraba en el seguimiento del mismo, lo cual hacía
confundir el interés general de su investidura, con su interés propio particular, en el
proyecto del plan de desarrollo se discutieron en la comisión permanente y en
plenaria y según el acta, los concejales que la integraban participaron activamente
efectuando propuestas y sugiriendo correcciones y, además, expresamente quedó
registro que la señora LINA MARCELA CABEZAS PORTELA votó positivamente el
proyecto. […]”. (Negrilla del texto y subrayado fuera del texto)

72. El interés constitutivo de desinvestidura, según la jurisprudencia, ha sido
definido como aquella razón subjetiva que le impide al servidor público de elección
popular actuar con la ecuanimidad, la ponderación y la transparencia exigibles por
razón de su cargo y, “[…] el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus
circunstancias, derivarían el congresista a los suyos de la decisión que pudiera
tomarse en el asunto […]25”.

25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de septiembre de 2016, MP: María
Claudia Rojas Lasso, radicado núm.: 11001-03-15-000-2013-02218-00.

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Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

73. La Sala encuentra probado que la señora Lyda Fernanda González Cabezas
y la alcaldía de Girardot suscribieron el contrato de prestación de servicios núm.
043 de 20 de febrero de 202426, el cual tuvo como objeto: “[…] CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS Y/O PÚBLICO PARA REALIZAR APOYO TÉCNICO Y
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT,
CUNDINAMARCA […]”. (Negrilla del texto)

74. Además de ello, la señora Lyda Fernanda González Cabezas asumió, dentro
de sus obligaciones, adelantar el seguimiento al Plan de Desarrollo de “[…]
GIRARDOT ES DE TODOS VISIÓN 2040 […]”, tal y como se desprende de la
lectura de sus obligaciones:

“[…] OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 1. Promover las estrategias para el
seguimiento de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo. 2. Establecer el plan
de acción del Plan de Desarrollo Municipal. 3. Asesorar a las secretarías en las
estrategias para dar cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo. 4 Apoyar en
la estructuración de los Planes y las herramientas de planificación del Plan
Desarrollo Municipal. 5. Acompañar las mesas de trabajo de seguimiento del
cumplimiento del plan de desarrollo del Municipio de Girardot. 6. Apoyar el
funcionamiento del Consejo Territorial de Planeación. 7. Emitir conceptos técnicos
sobre el estado de cumplimiento del Plan de Desarrollo. 8. Las demás que por ley o
contrato le correspondan. B. OBLIGACIONES GENERALES. 1. Contribuir al
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de GIRARDOT ES DE TODOS
VISIÓN 2040. 2. Atender con especial diligencia los requerimientos para el
cumplimiento del objeto contractual que haga el supervisor. 3. Asegurar la
conservación de memorias, archivos y en general todos los documentos que se
produzcan durante la ejecución del contrato, los cuales podrán ser solicitados
durante la misma ejecución o aun después de que haya culminado su vigencia,
remitiendo al archivo que le indiquen los originales que se produzcan. 4. Hacer
entrega al momento de la liquidación del contrato de una copia de la totalidad de
dicha información en medio magnético. 5. Acreditar el cabal cumplimiento mensual
de las obligaciones establecidas por la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, frente
al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL), en los porcentajes
correspondientes y entregar los soportes respectivos al supervisor del contrato junto
con el informe mensual de actividades. Excepción hecha a partir del mes de junio
de 2019, toda vez que en virtud a lo normado en los artículos 2.2.1.1.1.7, 3.2.7,2,
3.2.7.3 y 3.2.7.6 del Decreto 780 del 2016 modificado por el Decreto 1273 del 2018,
a partir del mes de septiembre de 2018, fecha de entrada en vigencia del pago mes
vencido de los aportes de la Seguridad Social de los trabajadores independientes,
ninguna entidad contratante podrá exigir a sus contratistas el pago de los aportes
de manera anticipada. 6. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el
supervisor. 7. Guardar la debida confidencialidad de los procesos y procedimientos
del municipio y reserva profesional sobre la información que se obtenga en
desarrollo de las actividades realizadas. 8. Responder por la calidad de los servicios
prestados. 9. Presentar informe mensual al supervisor del contrato, sobre el
cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago, 10.
Presentar mensualmente la cuenta de cobro o su documento equivalente,
dependiendo el régimen tributario al que pertenezca el contratista. 11. Informar al
municipio el cambio del régimen tributario cuando a ello hubiere lugar. 12. Solicitar
al supervisor del contrato, con mínimo 15 días de antelación, las modificaciones
contractuales que llegase a requerir para la adecuada ejecución del mismo, las
modificaciones contractuales que se requieran de conformidad con la naturaleza del

26
009 expediente digital de primera instancia.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

contrato y sus condiciones fácticas serán acordadas entre el supervisor y el
contratista. 13. Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el
objeto y las obligaciones del contrato que realice el supervisor del mismo. 14. Hacer
buen uso de los elementos que contengan imágenes o elementos de distinción tales
como carné, prendas identificativas o bienes y propender por el buen nombre del
municipio. 15. Suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato, si
hubiera lugar a ello. 16. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. […]”.
(Negrilla fuera del texto)

75. La Sala considera que los argumentos del accionante están relacionados con
cuestiones referentes a la suscripción del contrato de prestación de servicios por
parte de la señora Lyda Fernanda González Cabezas, presuntamente prima de la
concejal.

76. Sin embargo, el solicitante no explicó ni probó en qué consistió la razón
subjetiva en cabeza de la accionada que le impedía participar en el debate de este
asunto porque se presentó una colisión entre el interés personal y el interés general,
pues en el escrito introductorio se limitó a señalar que este se configuraba por el
solo hecho de que su prima era contratista de la alcaldía y tenía dentro de sus
obligaciones la relativa a adelantar el seguimiento al plan de desarrollo.

77. Justamente, la acusación formulada por el accionante se fundamentó en que
la señora Lyda Fernanda González Cabezas “[…] sería beneficiaria de la
aprobación de dicho plan de desarrollo, puesto que laboraba en el seguimiento
[…]”27, motivo por el cual el interés se torna en hipotético y aleatorio.

78. La sola celebración del contrato de prestación de servicios suscrito entre la
señora Lyda Fernanda González Cabezas y la alcaldía de Girardot, así como el
hecho que en sus obligaciones se encontraba la de adelantar el seguimiento al Plan
de Desarrollo no resulta suficiente para que se configure el conflicto de interés pues,
según lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación, el juez tiene la tarea
de verificar la existencia de un interés que debe ser directo, cierto y actual, no
incierto, lo que significa que es necesario demostrar la existencia de un nexo causal
entre el eventual beneficio, provecho o utilidad y el poder de interferir en la toma de
la decisión.

79. Además de ello, la sola afirmación del accionante no resultaba suficiente para
demostrar el vínculo en cuarto grado de consanguinidad existente entre la concejal
y la señora Lyda Fernanda González Cabezas. Si bien es cierto que en la primera
instancia se practicó el interrogatorio de la accionada, el día 24 de junio de 202428,
la jurisprudencia de esta Corporación29 ha señalado que tal medio de prueba no
resulta procedente, en aplicación del principio de no incriminación consagrado en
el artículo 33 de la Constitución Política.

27
Negrilla fuera del texto.
28
En dicho interrogatorio la accionada indicó que tiene una prima de nombre Lyda Fernanda González Cabezas, pero no
tenía conocimiento si era la misma persona a la que se refirió la parte demandante.
29
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón,
providencia de 19 de octubre de 2021, radicado núm.: 81001-23-39-000-2020-00127-01.

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Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

80. La Sala coincide con el criterio expuesto por el Ministerio Público a lo largo del
proceso, en el sentido de que el accionante parece confundir la causal de pérdida
de investidura por violación del régimen del conflicto de intereses con la prohibición
prevista en el artículo 49 de la Ley 617, la cual está dirigida a los
cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los concejales municipales y
distritales, entre otros, y según lo ha señalado de manera pacífica la jurisprudencia,
esta no tiene como consecuencia la desinvestidura de los concejales30.

81. La interpretación de las causales de pérdida de investidura se encuentra
gobernada por los principios de taxatividad e interpretación restrictiva, razón que
impide la aplicación extensiva del supuesto normativo de la conducta.

82. Así las cosas, la Sala no encuentra demostrado este primer elemento y
tampoco encuentra acreditado el tercer requisito, conforme pasa a estudiarse a
continuación.

• Análisis del tercer requisito: que el concejal participe efectivamente del
respectivo trámite, sin haber manifestado su impedimento para actuar
o sin haber sido recusado para los efectos

83. El actor no cumplió con la carga de demostrar la participación efectiva de la
concejal en el trámite y aprobación del Plan de Desarrollo 2024-2027“[…] Girardot
Socialmente Justa 2024-2027. […]31”, toda vez que no aportó la copia del acuerdo
ni de las actas de las sesiones, con el fin de poder establecer si se dio o la
intervención real de la accionada.

84. Por las anteriores razones, y atendiendo los argumentos de la alzada, la Sala
concluye que la concejal del municipio de Girardot, Lina Marcela Cabezas Portela,
no incurrió desde el punto de vista objetivo, en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.° del
artículo 48 de la Ley 617, motivo por el cual, se confirmará la sentencia de 9 de
septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual denegó la pérdida de investidura.

85.Al no haberse acreditado el elemento objetivo de la causal analizada, la Sala
queda relevada del estudio del elemento subjetivo.

II.7. Conclusiones

86. Según las pruebas aportadas en el expediente no se demostró que la
accionada incurrió en la causal de pérdida de investidura por violación del régimen
del conflicto de intereses invocada en la demanda. En consecuencia, se debe
confirmar la sentencia del 9 de septiembre de 2024, proferida por la Sala Plena del

30
Sobre el particular: ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de
agosto de 2021, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado núm.: 63001-23-33-000-2021-00027-01.
31
https://mapas.cundinamarca.gov.co/documents/1ef42aa0578945228536ca351e9059cc/about.

18

Radicación núm.: 25000-23-15-000-2024-00438-01
Accionante: José Neftalí Burgos Saavedra

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó la pérdida de investidura de
la concejal del municipio de Girardot, Lina Marcela Cabezas Portela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 9 de septiembre de 2024, proferida por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme con las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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