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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00267-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-33-000-2024-00267-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, atendiendo los motivos explicados en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-33-000-2024-00267-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

8 de mayo de 2025

Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: CLAUDIA INÉS MARTÍN RUÍZ
Concejal acusada: SANDRA MILENA ESTUPIÑAN ORJUELA

Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura la
concejal cuyo pariente en tercer grado de
consanguinidad fue designado rector de una
institución educativa en el mismo municipio en el
que resultó elegida.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
solicitante en contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó la solicitud de
desinvestidura de la concejal del Municipio de Tunja Sandra Milena
Estupiñán Orjuela, período constitucional 2024 – 2027.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

La señora Claudia Inés Martín Ruiz, actuando en nombre propio, solicitó
que se decrete la pérdida de investidura de la señora Sandra Milena
Estupiñán Orjuela, por violación al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses, con fundamento en los
numerales primero y sexto del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, así como
el artículo 49 ibidem.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La solicitante informó que la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela fue
elegida concejal del Municipio de Tunja para el período constitucional 2024
– 2027 y tomó posesión el 3 de enero de 2024.

Afirmó que la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela es hija del señor José
Antonio Estupiñán Cáceres, quien a su vez es hermano del señor Julio
Ricardo Estupiñán Cáceres, es decir, este último es tío de la concejal
acusada.

Explicó que el señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres, el tío de la concejal,
funge como rector de la Institución Pública Educativa “Rural del Sur” de
Tunja, cargo del que tomó posesión el 27 de noviembre de 2023 y que
actualmente ocupa.

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.
2 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.

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Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

Adujo que “el alcalde de turno, el año pasado (2023) nombró al tío de la
concejala, JULIO RICARDO ESTUPIÑÁN CÁCERES COMO RECTOR DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR DE TUNJA, el día 25 de octubre
de 2023 al mismo tiempo que la sobrina era concejala y aspiraba
nuevamente a ser concejala, en plena campaña política, razón muy
determinante para probar que la concejala está inhabilitada para ser electa
y además incurre en violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, conflicto de intereses, Ley 617 del 2000, y demás
normas concordantes, razón por la cual debe perder la investidura”.

Alegó que, de conformidad con el numeral primero del artículo 48 de la Ley
617 de 2000, la acusada “está inmersa en la pérdida de investidura porque
viola el régimen de incompatibilidades al ser el tío rector de un colegio
público del mismo municipio que es concejala”.

Aludió al numeral sexto del artículo 48 ibidem que establece que los
concejales perderán su investidura “por las demás causales expresamente
previstas en la ley” y, en ese contexto, citó el artículo 49 ibidem para
explicar que la acusada “está inmersa en la pérdida de investidura porque
el tío fue designado funcionario rector dentro del mismo municipio donde
ella es concejal”.

De otro lado, expuso que el tío de la acusada, como rector de una institución
educativa, ejerce autoridad administrativa, facultad disciplinaria, es el
ordenador del gasto y celebra “los contratos que hayan de pagarse con
cargo a los recursos vinculados a los fondos”.

Seguidamente, enlistó los contratos que el tío de la concejal ha suscrito con
fecha del 13 y 29 de febrero de 2024, 21 de marzo de 2024, 4 de abril de

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2024 y 3 de mayo de 2024, y, resaltó que “los contratos se han suscrito al
mismo tiempo que la sobrina del rector es concejal del Municipio de Tunja”.

También afirmó que la acusada “está inmersa en la perdida de investidura,
por conflicto de intereses pues esta situación es la que se materializa al ser
el tío rector de un colegio oficial de la misma ciudad que ella es concejal,
ya que el juicio de equilibrio en lo relacionado para ella, y la integridad de
sus acciones, al parecer tienden a estar indebidamente influenciadas por un
interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico, político o
personal”.

Resaltó que la concejal “no se ha declarado impedida para ejercer las
votaciones de presupuesto ante el concejo de Tunja, temas presupuestales
que infieren directamente como la aprobación del plan de desarrollo del
presente año 2024, en los recursos que le asignan al colegio del cual es
rector el tío, sino por el contrario ella votó a favor en todas las instancias”.

2.- Contestación de la concejal acusada3

La concejal acusada, por conducto de apoderado, contestó la solicitud de
pérdida de investidura oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en
lo siguiente:

“(i) Ausencia en la configuración de causal de inhabilidad”

Se refirió a la inhabilidad prevista en el numeral 4 de la Ley 617 de 2000 y
explicó que en este caso no estaba configurada porque el vínculo de
consanguinidad entre la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela y el señor

3 Vistoen el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.

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Julio Ricardo Estupiñán Cáceres es de tercer grado, de modo que “no se
configura el parentesco que exige la norma, esto es, en segundo grado
consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.

Agregó que “tampoco está presente el elemento temporal, dado que el
señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres tomó posesión del cargo de rector de
la Institución Educativa Rural del Sur el 27 de noviembre de 2023, es decir,
casi un mes después de las elecciones”.

“(ii) Ausencia en la configuración de causal de incompatibilidad”

Citó el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y precisó que “en el presente caso,
la parte demandante en el libelo introductorio, no manifiesta que la señora
Sandra Estupiñán realice alguna actividad laboral o profesional de forma
concomitante con el desempeño de su cargo como concejal, por lo que
tampoco se configura dicha causal de pérdida de investidura”.

“(iii) Ausencia en la configuración de violación al régimen de conflicto de
interés”

Argumentó que “no se encuentra acreditado en el plenario el elemento
objetivo, dado que ni siquiera se probó que la señora Sandra Estupiñán
haya intervenido y/o votado en los proyectos de acuerdo que se acusa
debía declararse impedida”.

Expuso que “al Concejo Municipal le corresponde establecer frente al
gasto (en educación) el sector, programa, subprograma y proyecto, sin
asignar directamente los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones a las Instituciones Educativas del Municipio”, y que “en el
caso concreto, fue el alcalde Tunja (…) en ejercicio de sus facultades

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legales conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y demás
normas concordantes, a través de acto administrativo, quienes ordenaron
transferir a las Instituciones Educativas Oficiales el presupuesto anual”.

Aseguró que, “a partir de las pruebas que obran en el expediente, no se
observa ninguna actuación efectuada por mi prohijada que configure un
interés de carácter moral, que se halle ligado a un interés personal, actual
y directo o indirecto, pues, como ya se dijo, se encontraba facultada para
intervenir en la discusión y votación del Presupuesto Anual del Municipio
y en le Plan de Desarrollo formulado por el Alcalde Municipal”.

“(iv) Inexistencia de causal normativa que fundamenta el reproche
alegado. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no es causal de pérdida de
investidura”

Aseguró que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no está
dirigida a los servidores públicos de elección popular, “sino a sus parientes
y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central
o descentralizado del departamento, distrito o municipio”. Acotó que “el
citado artículo no prevé que la sanción por el incumplimiento de la
prohibición en él contenida sea la pérdida de investidura”.

3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 4 de septiembre
de 2024, negó la solicitud de desinvestidura.

4 Vistoen el índice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.

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Como fundamentos de la decisión, expuso que, en primer lugar, estudiaría
si se configuraron las causales relativas a la vulneración de los regímenes
de incompatibilidades y conflicto de intereses (artículo 48.1 Ley 617 /00,
artículo 45 y 70 Ley 136/1994) e inhabilidades (artículo 48.6 Ley 617/
2000 y artículo 43.4 Ley 136/1994), y, seguidamente, que analizaría si la
prohibición del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 constituía o no causal
de pérdida de investidura.

(i) Vulneración del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses.

Expuso que, “pese a que en la demanda se sostuvo que la concejal
demandada vulneró el régimen de incompatibilidades, se echa de menos
una imputación concreta en tal sentido. De acuerdo con los hechos
probados, no se alegó ni se halló acreditado que la concejal ejerciera
simultáneamente función pública -por su investidura- y otra actividad
pública o privada de las previstas taxativamente en el artículo 45 de la
Ley 136 de 1994, que la ubicara en imposibilidad de desempeñarse como
miembro de la corporación pública, o que comprometiera su juicio en tal
calidad. Como no se vislumbran el componente objetivo -ejercicio
simultaneo de actividades prohibidas para los concejales: causal de
incompatibilidad- de la causal (sic), no se requiere la verificación del
aspecto subjetivo -conducta dolosa o culposa-. Por lo que, no se
estructura esta causal de desinvestidura y se procede con el análisis de
la siguiente - vulneración del régimen de conflicto de intereses- (…)”.

En relación con el conflicto de intereses expuso que, “en la demanda se
alegó que, pese a conocer su grado de parentesco en tercer grado
consanguíneo con el rector de la IE Rural del Sur, la concejal Estupiñán
Orjuela estaba incursa en conflicto de interés y omitió declararse impedida
en decisiones relativas a la aprobación y asignación del presupuesto a

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dicho ente educativo. Pues era evidente que, al ser rector su tío, se vería
beneficiado con el voto de aquella”.

El tribunal explicó que “se comprobó que los recursos objeto de discusión
fueron suministrados por acto administrativo expedido por el alcalde
municipal en su condición de ordenador del gasto, y no por el concejo
municipal. Esto denota que, por ausencia de intervención en la asignación
de los recursos a la IE, no le era exigible a la concejal demandada
manifestar impedimento alguno por interés en el asunto. También se echa
de menos que, como lo permite el artículo 70 de la Ley 136 de 1994,
durante las sesiones en que se debatieron las normas orgánicas de
presupuesto y la aprobación del presupuesto anual de rentas y gastos
presentado por el alcalde, se haya presentado recusación en su contra.
Adicionalmente, la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que
la concejal demandada hubiera participado efectivamente y votado en los
debates relacionados con aprobación del presupuesto, y, mucho menos,
que dentro del mismo se hubieran destinado recursos a la IE Rural del
Sur de Tunja. Razón por la cual, dicha causal -conflicto de intereses- no
se encuentra acreditada. Por lo que, no será necesario proseguir con el
estudio de la eventual conducta culposa o dolosa de la demandada en la
vulneración de los regímenes de incompatibilidades y conflicto de
intereses”.

(ii) Vulneración del régimen de inhabilidades

Adujo que la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley
136 de 19945 exige para su configuración los siguientes elementos: “i)

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“(…) ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con

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parentesco -en segundo grado consanguíneo, para el caso concreto-, ii)
temporal - ejercicio de autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la
elección-, iii) espacial -misma municipalidad-, y iv) objetivo -ejercicio de
autoridad civil, política, administrativa o militar”.

Precisó en relación con el parentesco que en la sentencia C 325 de 2009
la Corte Constitucional “estableció que, por mandato del artículo 299
superior, el legislador no podía establecer para los diputados un régimen
de inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el señalado para
congresistas (Art. 179 constitucional). En razón a ello, el Tribunal
Constitucional determinó que el grado de consanguinidad aplicable a la
causal de inhabilidad de diputados de que trata el artículo 33.5 de la Ley
617 de 2000, debía ser el tercero (como en el caso de los congresistas) y
no el segundo. Dicha subregla no sería aplicable al caso, en tanto, el caso
bajo examen se predica del régimen taxativo aplicable a una concejal y
no a un diputado. Además, la interpretación no sería extensiva porque,
deviene de un mandato explícito dado por el constituyente al legislador -
para que, respecto de los diputados, no establezca un régimen de
inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el de congresistas,
y dicho mandato no fue consagrado en relación con tales regímenes
aplicables a concejales”.

Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que “entre la demandada y el
rector de la IE Rural del Sur de Tunja existe tercer grado de
consanguinidad, y no el segundo, como lo exige la causal contenida en el

funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro
del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento
político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha (…)”.

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artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994. Lo que sería suficiente para sostener
que no se estructura la inhabilidad”

Sin embargo, acotó que “en punto al aspecto temporal y al ejercicio de
autoridad, pese a que, por su condición de rector, el pariente de la
demandada ejerció autoridad administrativa -especialmente por la
celebración de contratos estatales en el municipio de Tunja, no lo fue
dentro de los doce (12) meses anteriores a la inscripción -29 de julio de
2023- ni a la elección -29 de octubre de 2023-. Y es así porque, la elección
tuvo lugar el 29 de octubre y fue declarada el 3 de noviembre de 2023 -
en Formulario E-26 CON-. Mientras que, aunque el nombramiento del
rector fue expedido por el alcalde de Tunja el 25 de octubre de 2023 -
cuatro (4) días antes de los comicios-, lo cierto es que la posesión se
suscribió el 27 de noviembre siguiente, y tuvo efectos fiscales a partir del
15 de enero de 2024, cuando había culminado el período electoral. Al
respecto, siendo carga de la parte demandante, no se acreditó que, una
vez nombrado como rector el tío de la demandada y con antelación a la
elección -preexistencia de la inhabilidad-, entre la accionada y su pariente
se presentaran favorecimientos de índole político o circunstancias que
impidieran la declaratoria como concejal de Tunja. En todo caso, el
ejercicio de autoridad que se reprocha en la demanda tuvo ocurrencia
desde enero de la presente anualidad y no en época electoral”.

Aseguró que, “(…) como entre la demandada y el rector de la IE Rural del
Sur no existe el segundo grado de consanguinidad, sino el tercero, y,
adicionalmente se estableció que el directivo docente no ejerció autoridad
dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, sino que lo hizo a
partir de enero de 2024 -cuando habían culminado los comicios-, no es
viable sostener que se configuró la causal de inhabilidad (…)”.

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(iii) La prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000

El tribunal explicó que la prohibición señalada en el artículo 49 de la Ley
617 de 2000 no es aplicable al caso, porque no fue establecida por el
legislador como una causal expresa de pérdida de investidura; no es
aplicable a servidores públicos de elección popular y “de llegar a tenerse
como causal de desinvestidura, sería inaplicable por la excepción que
prevé la misma norma frente a los nombramientos que se hagan producto
de la carrera administrativa, como ocurrió en este caso”.

A lo dicho agregó que, “(…) como se extrae de los considerandos del
Decreto 0572 de 25 de octubre de 2023, el nombramiento del pariente de
la demandada se produjo como consecuencia de un proceso meritocrático
de selección de docentes y directivos docentes adelantado por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, dentro del cual no intervinieron funcionarios
del ente territorial en fases de evaluación, asignación de puntaje ni
conformación de lista de elegibles. Por lo que, contrario a lo afirmado en
la demanda, es evidente que se trató de un proceso de selección de
personal vía carrera administrativa, y no de una designación por voluntad
del alcalde municipal o por intervención de la accionada. En todo caso, de
llegar a considerarse que la prohibición es causal de desinvestidura,
conforme al parágrafo 1º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, se
exceptúan de las prohibiciones allí previstas “(…) los nombramientos que
se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera
administrativa”, tal como aconteció en el caso bajo examen (…)”.

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4.- El recurso de apelación6

La solicitante, por conducto de apoderado, apeló lo decidido por el a quo
con fundamento en lo siguiente:

Insistió en que “sí se configura la causal de pérdida de investidura por
parentesco puesto que la Ley 1148 de 2007, artículo 1, que modifica el
artículo 49 de la Ley 617 de 2000 (…) es claro en cuanto a que no pueden
formar parte de la misma administración, parientes de concejales
municipales hasta el cuarto grado de consanguinidad, entre otras, como
miembros de juntas directivas o consejos de entidades del sector central
del mismo municipio, como para el caso es representante legal del mismo
municipio el tío de la concejala. Esta norma y artículo permanecen
vigentes al día de hoy”.

De otro lado, acotó que “uno de los argumentos que toma la sala para
negar las pretensiones de la pérdida de investidura, es que hasta enero
de 2024, el tío de la concejala tomó posesión como rector de la misma
alcaldía donde la sobrina es concejala, para nosotros este precepto que
acatamos sobre las bases del tiempo y sendas sentencias del Consejo de
Estado, podemos argumentar que esto genera una ventaja que al darse
el nombramiento como se ven autos en plena acción electoral, el día 25
de octubre de 2023, genera una desigualdad que merece reproche puesto
que él pudo sugerir insinuar que el proyecto político en el cual está
inmersa su sobrina y que en autos y pruebas está soportado que son muy
cercanos puede beneficiarla de acuerdo a su nueva posición como rector
de una institución de la misma ciudad en que la sobrina es concejala por

6 Vistoen el índice 66 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.

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tal motivo podemos dar cuenta que también se encausa con el precepto
de pérdida de investidura”.

Añadió que “la fuente de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades, para el caso subjudice es preventiva y proteccionista,
la igualdad de los aspirantes a las justas electorales bajo el propósito de
precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que
implique la indebida utilización de esta condición de candidato en las
actividades que adelante ante aquellas y evitar vicios de mayor
trascendencia cómo es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones
con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o
que él electorado asocie deduzca o concluya que verlo en tratativas con
las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores
para obtener los votos”.

Por último, reprochó que el a quo indicó que “el nombramiento del tío de
la concejala se dio en cumplimiento de las normas señaladas por la
Comisión Nacional de Servicio civil y por esta razón no se configura la
causal para pérdida investidura. No estamos de acuerdo con la decisión
acatada y respetada por nuestra parte en lo cual manifestamos que visto
y aportado el documento probatorio que el tío de la concejala no figura
como empleado de carrera por la CNSC, ya que si fuera así, los
evaluadores no habrían pertenecido al nominador”.

Adujo que, “para la fecha en que el tío de la concejala se presentara al
cargo y presentara las pruebas, esta fungía como concejala del municipio
de Tunja y pudo influir para que el tío obtuviera mayor nota y obtener el
empleo, esta duda razonable es la que en sendas sentencias el Consejo
de Estado ha condenado y ha reprochado, pues no se puede tener la más
mínima duda que un candidato u otro tenga la más mínima ventaja, ya

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que, con actuaciones como ésta, se altera y se rompe el equilibrio
electoral los regímenes de incompatibilidades e inhabilidades”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 26 de septiembre de
20247.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 4
de octubre de 20248.

5.2. Por auto del 31 de octubre de 2024, se admitió el recurso de
apelación interpuesto por el solicitante9

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 25 de noviembre de
202410.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, acorde con lo previsto por el

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Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 01.
9 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

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10
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Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200011 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo 201912 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
modificado por el artículo 1 del Decreto 434 de 2024, que regula la
distribución de negocios entre las secciones13.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela fue elegida
concejal del Municipio de Tunja, Boyacá, por el partido Cambio Radical,
para el período constitucional 2024 – 2027, la parte actora aportó copia
del formulario E – 26 CON14 y no se discute que no haya tomado posesión
del cargo.

3.- Examen de los motivos de la apelación

Del recurso de apelación se desprende que la parte solicitante formuló
tres inconformidades frente a la decisión de primera instancia: (i) insistió
en que sí está configurada “la causal de pérdida de investidura” prevista
en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000; (ii) señaló que la sentencia de

11 “Por lacual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
12
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
14 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

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Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

primera instancia sostuvo que desde enero de 2024 el tío de la concejal
ejerció como rector de la institución educativa, no obstante, fue nombrado
el 25 de octubre de 2023, es decir, “en plena acción electoral”, lo que
estima generó una desigualdad en la contienda electoral, dado que el
pariente “pudo sugerir insinuar el proyecto político en el cual está inmersa
su sobrina”; (iii) por último, reprochó que el a quo indicó que “el
nombramiento del tío de la concejala se dio en cumplimiento de las
normas señaladas por la Comisión Nacional de Servicio civil y por esta
razón no se configura la causal para pérdida investidura” , pero manifestó
que “el tío de la concejala no figura como empleado de carrera por la
CNSC, ya que si fuera así, los evaluadores no habrían pertenecido al
nominador”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala pasa a examinar cada una de las
inconformidades formuladas en el recurso de apelación.

(i) El primer reproche de la apelación tiene que ver con que el recurrente
insiste en que sí está configurada “la causal de pérdida de investidura por
parentesco puesto que la Ley 1148 de 2007, artículo 1, que modifica el
artículo 49 de la Ley 617 de 2000 (…) es claro en cuanto a que no pueden
formar parte de la misma administración, parientes de concejales
municipales hasta el cuarto grado de consanguinidad, entre otras, como
miembros de juntas directivas o consejos de entidades del sector central
del mismo municipio, como para el caso es representante legal del mismo
municipio el tío de la concejala. Esta norma y artículo permaneces
vigentes al día de hoy”.

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Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

Al respecto, se recuerda que la norma que invoca la parte recurrente, esto
es, el artículo 49 de la Ley 617 de 200015, establece lo siguiente:

“[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A
CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS
GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y
DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y
DISTRITALES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
1148 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges
o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y
concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de
juntas o consejos directivos de entidades del sector central o
descentralizados del correspondiente departamento, distrito o
municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes
legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el respectivo departamento o municipio.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE, Inciso CONDICIONALMENTE
exequible> Los cónyuges o compañeros permanentes de los
gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y
concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, no podrán ser designados funcionarios del respectivo
departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas.
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El
nuevo texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros
permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo
departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.

PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas
vigentes sobre carrera administrativa.

15 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

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PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección
o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en
este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación
de personas a través de contratos de prestación de servicios.

PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los
cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de
municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de
concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las
prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán
únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil […]”.

La jurisprudencia de la Sección Primera de la Corporación ha explicado de
manera reiterada que “(…) la prohibición contenida en el artículo 49 de la
Ley 617, modificada por las Leyes 1148 y 1296, no está dirigida a los
servidores públicos de elección popular, pues no es a estos a quienes se
les prohíbe realizar tales conductas, sino a sus parientes y a quienes
fungen como nominadores en las entidades del sector central o
descentralizado del departamento, distrito o municipio, de manera que no
podría constituir causal de pérdida de investidura, incompatibilidad o
inhabilidad para aquellos servidores públicos (…)”16.

En consecuencia, el primer reproche formulado en la apelación,
consistente en que está configurada “la causal de pérdida de investidura”
prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, no tiene vocación de
prosperidad y, por el contrario, la Sala considera que le asiste razón al a
quo cuando señaló que tal disposición no es aplicable a los servidores
públicos de elección popular y que el legislador no la estableció como una
causal de pérdida de investidura.

16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia

del 26 de agosto de 2021. Expediente radicado nro. 63001 2333 000 2021 00027 01.
C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01
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(ii) En el segundo reproche de la apelación la parte recurrente cuestiona
que “uno de los argumentos que toma la sala para negar las pretensiones
de la pérdida de investidura, es que hasta enero de 2024, el tío de la
concejal tomó posesión como rector de la misma alcaldía (sic) donde la
sobrina es concejala, para nosotros este precepto que acatamos sobre las
bases del tiempo y sendas sentencias del Consejo de Estado, podemos
argumentar que esto genera una ventaja que al darse el nombramiento
como se ven autos en plena acción electoral, el día 25 de octubre de 2023,
genera una desigualdad que merece reproche puesto que él pudo sugerir
insinuar que el proyecto político en el cual está inmersa su sobrina y que
en autos y pruebas está soportado que son muy cercanos puede
beneficiarla de acuerdo a su nueva posición como rector de una institución
de la misma ciudad en que la sobrina es concejala por tal motivo podemos
dar cuenta que también se encausa con el precepto de pérdida de
investidura”.

Es de precisar que la argumentación que reprocha la recurrente fue
expuesta por el a quo para analizar la configuración de la inhabilidad
prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 199417,
específicamente, en el requisito relativo a que el ejercicio de autoridad
tenga lugar dentro de los 12 meses anteriores a la elección y, en ese

17 “(…) ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de

2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de
parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad
civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro
del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas
o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté
vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento
político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha (…)”.

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contexto, el tribunal indicó que la elección de la concejal fue el 29 de
octubre de 2023, mientras que el nombramiento del tío como rector fue
“el 25 de octubre de 2023 -cuatro (4) días antes de los comicios-“, pero
“lo cierto es que la posesión se suscribió el 27 de noviembre siguiente, y
tuvo efectos fiscales a partir del 15 de enero de 2024, cuando había
culminado el período electoral”.

En ese escenario, lo que la parte recurrente alega es que, como el
nombramiento del tío de la concejal tuvo lugar el 25 de octubre de 2023,
ello pudo generar una ventaja y desigualdad “que merece reproche”, dado
que fue en “plena acción electoral” y el pariente “pudo sugerir insinuar
que el proyecto político en el cual está inmersa su sobrina y que en autos
y pruebas está soportado que son muy cercanos puede beneficiarla de
acuerdo a su nueva posición como rector de una institución de la misma
ciudad en que la sobrina es concejala”.

Sin embargo, la Sala observa que lo expuesto en el recurso de apelación
no está encaminado a controvertir la configuración de los requisitos que
componen la inhabilidad, en especial, el relativo al elemento temporal,
que implica que el ejercicio de autoridad tenga lugar 12 meses antes de
la elección, más aún cuando el tribunal expuso que el tío de la concejal
tomó posesión del cargo el 27 de noviembre de 2023, es decir, después
de la elección de la acusada; por el contrario, la inconformidad de la
apelante se fundamenta simplemente en que debe reprocharse el hecho
que el tío de la concejal haya sido designado rector “en plena acción
electoral” porque parte de la base que tal circunstancia pudo ocasionar
una ventaja a la acusada, pero, se insiste, tal argumentación no da cuenta
de la configuración de los elementos de la inhabilidad, ni tampoco
desvirtúa las razones que señaló el tribunal para explicar que el elemento
temporal no estaba acreditado.

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En efecto, en el expediente está acreditado que, mediante el Decreto 0572
del 25 de octubre de 2023, el Alcalde de Tunja nombró en período de
prueba al señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres como rector de la
Institución Educativa “Rural del Sur”, pero tomó posesión del cargo “con
nombramiento en período de prueba” el 27 de noviembre de 2023 y la
elección fue el 29 de octubre de 2023; es decir, que el pariente no pudo
ejercer autoridad administrativa de manera previa a la elección de la
concejal acusada, requisito temporal de la inhabilidad examinada.

Por consiguiente, el segundo reproche formulado en la apelación tampoco
tiene vocación de prosperidad, dado que las causales de pérdida de
investidura son de aplicación restrictiva, lo que se traduce en que los
supuestos previstos en la ley son los que deben examinarse para
establecer si hay lugar a su configuración y, en este caso, la parte
solicitante no desvirtuó los motivos por los cuales el tribunal consideró no
está configurado el elemento temporal de la inhabilidad invocada, y su
argumentación tampoco está encaminada a demostrar que dicho requisito
esté cumplido.

(iii) La tercera inconformidad expuesta en el recurso de apelación tiene
que ver con que el a quo indicó que “el nombramiento del tío de la
concejala se dio en cumplimiento de las normas señaladas por la Comisión
Nacional de Servicio civil y por esta razón no se configura la causal para
pérdida investidura”, y adujo que “no estamos de acuerdo con la decisión
acatada y respetada por nuestra parte en lo cual manifestamos que visto
y aportado el documento probatorio que el tío de la concejala no figura
como empleado de carrera por la CNSC, ya que, si fuera así, los
evaluadores no habrían pertenecido al nominador”.

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En cuanto a este último reproche, la Sala recuerda que el tribunal sí aludió
a que el tío de la concejal fue nombrado como consecuencia de un proceso
meritocrático adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil
cuando examinó la prohibición del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, para
señalar que, en caso de considerarse tal prohibición como causal de
pérdida de investidura, aquella no sería aplicable porque, como el mismo
artículo lo dispone, se exceptúan los nombramientos efectuados con
fundamento en las normas de carrera administrativa.

En ese escenario, lo que la Sala observa es que el hecho que el pariente
de la concejal haya sido nombrado por un concurso de méritos no fue lo
que fundamentó la decisión del tribunal para negar la solicitud de pérdida
de investidura en este aspecto, sino que el argumento principal radicó en
que el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no es una causal de pérdida de
investidura, criterio que prohijó la Sala en acápites precedentes. De
manera que la discusión sobre si el tío de la acusada fue designado o no
por concurso de méritos es una circunstancia irrelevante para determinar
si se incurrió en la prohibición del artículo 49 ibidem, pues lo cierto es que
tal disposición no trae como consecuencia la declaratoria de
desinvestidura.

De cualquier modo, la Sala advierte que, tal como lo indicó el a quo, del
Decreto 0572 del 25 de octubre de 2023, mediante el cual el alcalde de
Tunja nombró en período de prueba al señor Julio Ricardo Estupiñán
Cáceres como rector de la Institución Educativa “Rural del Sur”, se
desprende que el mencionado señor fue nombrado en dicho cargo porque
ocupó el primer puesto en la lista de legibles en el marco de la
Convocatoria nro. 2232 de 202118.

18 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Por lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la sentencia proferida
el 4 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que
negó la solicitud de pérdida de investidura.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, atendiendo los motivos
explicados en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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