Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-01426-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-01426-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2021-01426-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 250002315000202101426-01
Solicitante: Faber Mauricio Camacho Zambrano
Concejal: Orlando Olaya Murillo
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor Faber Mauricio
Camacho Zambrano –en adelante el Solicitante- contra la sentencia de 6 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete la
pérdida de investidura de Concejal del Municipio de Guaduas, Departamento de
Cundinamarca, señor Orlando Olaya Murillo -en adelante el Concejal-, porque, a su
juicio, incurrió en las causales prevista en el numeral 2.° del artículo 551 de la Ley 136
de 2 de junio de 19942 y el numeral 6.° del artículo 483 de la Ley 617 de 6 de octubre
1 Según el cual los concejales perderán su investidura “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.
2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
3 Según el cual los concejales perderán su investidura “[…] 6. Por las demás causales expresamente previstas
en la ley […]”.
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Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
de 20004, en concordancia con el literal “a” del numeral 15 del artículo 8 de la Ley 80
de 1993 y el artículo 496 de la Ley 617.
Pretensión
2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura es la
siguiente:
“[…] PRETENSIONES
Se decrete la Pérdida de Investidura del Concejal Electo del Municipio de
Guaduas (C/marca) para el período constitucional 2020-2023, ORLANDO
OLAYA MURILLO […], conforme al numeral 2 del Artículo 55 de la Ley 136 de
1994 en concordancia con el numeral 6 del Artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
por encontrarse inhabilitado para contratar con el Municipio de Guaduas
(C/marca) el ciudadano LEONEL FELIPE ZAPATA LOPEZ conforme al literal
a-) del numeral 1º del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por ser hijastro del
Concejal en ejercicio de este municipio ORLANDO OLAYA MURILLO violando
la prohibición establecida en el Artículo 1 de la Ley 1296 de 2009 modificatorio
del inciso tercero del Artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 a su vez modificatorio
del Artículo 49 de la Ley 617 de 2000 que establece que “Los cónyuges o
compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad, o primero
civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o
municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni
indirectamente.", que para el caso de los municipios de cuarta, quinta y sexta
categoría como es el caso del municipio de Guaduas (C/marca) se estableció
en el parágrafo 3 del Artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 que “se aplicarán
únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil”, toda
vez que el ciudadano LEONEL FELIPE ZAPATA LOPEZ, hijastro del Concejal
ORLANDO OLAYA MURILLO, suscribió Contrato de Prestación de Servicios
de Apoyo a la Gestión CPSAG-046-2021 con el Municipio de Guaduas, estando
su padrastro fungiendo como concejal en ejercicio de dicho municipio […]”
(Destacado del texto de la solicitud de pérdida de investidura).
4 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
5 Norma que establece las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y según el cual “[…] [S]on inhábiles
para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […] a) Las personas que se
hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes […]”.
6 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 y por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. La norma
establece en lo pertinente lo siguiente: “[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A
CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS,
ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. […] Los
cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales,
concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus
entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente […] PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los
cónyuges, compañeros permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta
categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones
establecidas en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil […]”.
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Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
Presupuestos fácticos
3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar su
pretensión:
3.1. Señaló que el señor Olaya Murillo se inscribió como candidato al Concejo
Municipal de Guaduas, Cundinamarca, y que fue elegido concejal el 30 de octubre
de 2019.
3.2. Manifestó que el señor Olaya Murillo suscribió en diciembre de 2019 y en
febrero de 2021 los formatos Único de la Función Pública - Hoja de Vida Persona
Natural y Único Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad
Económica Privada Persona Natural, en los que hizo constar, entre otras cosas: i)
que tiene como cónyuge a la señora Omaira López; ii) que tiene como dirección de
correspondencia la Carrera 6 # 11-97 del Corregimiento de Puerto Bogotá; y iii) que
trabaja en la empresa Olaya Pez, con domicilio en el Municipio de Guaduas,
Corregimiento de Puerto Bogotá, en la dirección CARRERA 6 # 6- 75.
3.3. Afirmó que el señor Olaya Murillo tomó posesión como Concejal electo del
Municipio de Guaduas para el período constitucional 2020-2023, el 3 de enero de
2020.
3.4. Indicó que el señor Leonel Felipe Zapata López tiene registrado su nacimiento
en la Notaria 1 de Antioquia, el 26 de julio de 1988, según Certificado de Inscripción
de Registro Civil que expidió la Registraduría Nacional del Estado Civil el 4 de mayo
de 2021, y en el que consta además que su madre es la señora Omaira López y su
padre el señor Leonel de Jesús Zapata Colón.
3.5. Señaló que el señor Leonel Felipe Zapata López presentó el 13 de enero de
2021 ante la Oficina de Gestión Contractual del Municipio de Guaduas una
propuesta para un Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión cuyo
objeto es: “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
ADMINISTRATIVA COMO ENCUESTADOR DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL
MUNICIPIO DE GUADUAS”. Agregó que, en dicha propuesta, adjuntó los formatos
Único de la Función Pública - Hoja de Vida Persona Natural; Único Declaración
Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada Persona Natural;
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Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflicto de
Interés; y Formulario Único de Afiliación y Registro de Novedades de la EPS
Sanitas, donde hace constar que nació el día 5 de julio de 1988 en el Departamento
de Antioquia, Municipio de Santafé de Antioquia, y que tiene como dirección de
correspondencia la “CARRERA 6 # 6-75 CORREGIMIENTO DE PUERTO
BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS”.
3.6. El señor Leonel Felipe Zapata López suscribió el 25 de enero de 2021 el
contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPSAG-046-2021, con
el Municipio de Guaduas, por valor de $8.507.200,oo pesos M/cte., con plazo de
ejecución contractual hasta el 30 de junio de 2021 y cuyo objeto es: “PRESTAR
LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO
ENCUESTADOR DE LA OFICINA DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE GUADUAS”,
el cual inició su ejecución el mismo 25 de enero de 2021.
Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos jurídicos que sustentan
la solicitud
4. El Solicitante manifestó que el fundamento normativo de su solicitud son el
numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136; el numeral 6.° del artículo 48 de la Ley 617;
el numeral 1.° del artículo 8 de la Ley 80; y el artículo 49 de la Ley 617, modificado por
el artículo 1.° de la Ley 1296 y el artículo 1 de la Ley 1148, normas según las cuales
son inhábiles para contratar directa o indirectamente con el respectivo municipio los
parientes de los concejales dentro del segundo grado de afinidad y que en el caso de
los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría como el caso de Guaduas,
Cundinamarca, esta inhabilidad solo se extiende a, entre otros, los parientes en primer
grado de afinidad.
5. Señaló que de conformidad con los artículos 47 y 49 del Código Civil, sobre
afinidad legítima y líneas y grados de la afinidad ilegítima, el señor Leonel Felipe
Zapata López es pariente en primer grado de consanguinidad del Concejal y, en
consecuencia, teniendo en cuenta que el señor Zapata López suscribió el Contrato de
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPSAG-046-2021 con el Municipio de
Guaduas, estando su pariente en primer grado de consanguinidad fungiendo como
concejal en ejercicio de dicho municipio, este incurrió en la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades.
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Contestación de la solicitud de pérdida de investidura7
6. El Concejal, por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura y solicitó que se
negara la pretensión con fundamento en los siguientes argumentos:
7. Se pronunció en relación con las pretensiones y hechos de la solicitud y, en
especial, manifestó: i) que la señora Omaira López no es cónyuge sino compañera
permanente del Concejal; ii) que no le constan ni tuvo conocimiento sobre los hechos
relacionados con la suscripción del contrato por parte del señor Leonel Felipe Zapata
López; iii) que no le consta ni tiene conocimiento sobre la dirección que el señor Leonel
Felipe Zapata López señaló en los documentos mencionados en los hechos de la
solicitud de pérdida de investidura; y iv) que no le consta ni tiene conocimiento sobre
las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Secretaria del Concejo Municipal de Guaduas y la Notaría Única de Santafé de
Antioquia.
8. Señaló que si se revisan las causales de pérdida de investidura se encuentra que
ninguna de las causales, taxativas y de interpretación restrictiva, aplican para el
caso en el cual un pariente en primer grado de afinidad de un concejal celebra un
contrato con el mismo municipio en el cual ejerce el cargo de concejal, y menos
cuando este no participó en la fase precontractual o de celebración del contrato ni
ejerció tráfico de influencias para su celebración.
9. Manifestó que la interpretación restrictiva tiene su razón de ser en el carácter
especial del proceso de pérdida de investidura y que no procede la aplicación
analógica y extensiva, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 2015.
10. Señaló que las pruebas permiten concluir que el Concejal: i) no solicitó a la
Administración Municipal que se celebrara tal contrato; ii) no participó en la
estructuración de los estudios previos de dicho contrato; iii) no suscribió dicho
contrato; iv) no actuó en la conformación y celebración del negocio jurídico realizado
entre el señor Leonel Felipe Zapata López y el Municipio de Guaduas; y v) en
7 Cfr. Archivo en formato PDF denominado “CONTESTACIÓN DEMANDA PÉRDIDA DE INVESTIDURA”.
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consecuencia, no se puede encausar la conducta del Concejal en alguna de las
causales de pérdida de investidura establecidas para los concejales en el artículo
48 de la Ley 617.
11. Afirmó que el señor Leonel Felipe Zapata López tiene aproximadamente 33
años y que desarrolla sus actividades sociales en forma independiente al concejal
o a su compañera permanente. Agregó que el señor Zapata López no convive con
el Concejal ni mantiene relaciones de familiaridad o de amistad estrechas con él, de
tal forma que el Concejal no tuvo información previa de la intención del señor Zapata
López de contratar con el Municipio de Guaduas ni este le informó sobre su
intención de contratar con el Municipio.
12. Manifestó que la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 está
dirigida a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales y
no constituye causal de pérdida de investidura para los concejales como lo pretende
el Solicitante y que en todo caso no se probó que la conducta era dolosa o
gravemente culposa.
13. Indicó que, teniendo en cuenta la normativa internacional que protege los
derechos políticos del Concejal, en el marco del respeto de los tratados
internacionales en vigor para el Estado colombiano, “[…] ante la ausencia de
demostración de que el Concejal cuestionado hubiera incurrido en alguna causal de
pérdida de investidura, el Honorable Tribunal está llamado a proteger sus derechos
políticos y, em consecuencia, está llamado a mantener su investidura de concejal
del municipio de Guaduas, Cundinamarca […]”.
14. Con fundamento en lo anterior solicitó que se desestimen las pretensiones
de la solicitud de pérdida de investidura y se condene en constas al Solicitante.
Intervención del Ministerio Público
15. El Ministerio Público presentó intervención, en primera instancia, en el
sentido de solicitar el decreto y práctica de pruebas documentales y testimoniales.
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La audiencia pública establecida en los artículos 11 y 12 de la Ley 18818
16. La audiencia pública tuvo lugar el 22 de noviembre de 2021 con asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura, el Concejal y su apoderado,
y el Ministerio Público.
La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia9
17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
6 de diciembre de 2021, en primera instancia, resolvió: “[…] NIEGÁSE las
pretensiones de la demanda de pérdida de investidura interpuesta en contra del
concejal del municipio de Guaduas (Cund.), señor ORLANDO OLAYA MURILLO
[…].
Consideraciones del Tribunal
18. El Tribunal consideró que se debía estudiar si “[…] procede la sanción de
pérdida de investidura en contra del Concejal del Municipio de Guaduas (Cund.),
señor Orlando Olaya Murillo, quien fuera elegido para el período comprendido entre
el 1º de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023, tal como se constata con
Credencial Electoral expedida por los Miembros de la Comisión Escrutadora
Municipal el 30 de octubre de 2019, por haber violado el régimen de inhabilidades
[…]” por, en criterio del Solicitante, “[…] la celebración de un contrato de prestación
de servicios, del hijastro del Concejal demandado con el municipio de Guaduas
(Cund.), la cual se concretó el 25 de enero de 2021, cuando se suscribió y dio inicio
a la ejecución del Contrato 046 de 2021 […]”.
19. El Tribunal realizó un estudio de las normas que establecen la pérdida de
investidura, en especial, del artículo 48 de la Ley 617. Asimismo, estudió el artículo
8.° de la Ley 80 y el artículo 49 de la Ley 617, modificado por el artículo 1.° de la
Ley 1296.
20. El Tribunal consideró que “[…] resulta evidente que la situación planteada por
el demandante es cierta y no se discute por el demandado. Sin embargo, se
8 Cfr. documento denominado “20_250002315000202101426001audienciapubli20211129162933”. Documento
aportado en forma electrónica.
9 Cfr. Documento en formato PDF denominado “19. Sentencia.pdf”.
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Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
advierte que la conducta se atribuye al señor OLAYA MURILLO, siendo que la
prohibición radicaba en cabeza del contratista, como se determinó en el
numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. Frente al encartado se hubiera
podido aducir un tráfico de influencias en el evento que hubiera incidido realmente
en la contratación; pero ni la acusación se formuló en tal sentido, ni tampoco existe
prueba que lo conduzca a aseverar. De todas formas, como se sabe el proceso de
pérdida de investidura debe circunscribirse a la causal puntualmente endilgada, ya
que lo contrario conllevaría a un desconocimiento del derecho fundamental al
debido proceso […]”.
21. Reiteró que las causales de pérdida de investidura son taxativas y las
inhabilidades para contratar con el estado son personales. Por ello, señala que la
persona objeto de la solicitud de pérdida de investidura es el Concejal, el cual no
está acusado de contratar con el estado mientras fungía como tal y que aquella
inhabilidad en que hubiere podido incurrir su pariente en primer grado de afinidad
no es objeto de pronunciamiento por esa Corporación. Consideró que en estos
procesos la responsabilidad es eminentemente personal y por ello no puede
depender de la actuación de alguien distinto porque ello sería como aceptar
intervenciones de terceros que no siempre pueden ser de buena fe.
22. Por último, precisó, por un lado, que el desconocimiento de la prohibición
contenida en el artículo 49 de la Ley 617 está destinada a los parientes de los
concejales y que no constituye causal de pérdida de investidura de miembros de las
corporaciones públicas de elección popular; y, por el otro, que el hecho de que el
señor Olaya Murillo hubiese tomado posesión como concejal del Municipio de
Guaduas, constituye una prohibición para que su cónyuge o compañera
permanente y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad y único civil sean empleados o contratistas del municipio, pero no una
inhabilidad sobreviniente para el Concejal, que conlleve a la pérdida de su
investidura, como lo entendió el Solicitante.
El recurso de apelación presentado por el Solicitante de la pérdida de
investidura
23. El Solicitante presentó recurso de apelación en el que reiteró los argumentos
planteados en la Solicitud de pérdida de investidura y, en especial, manifestó que
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en el proceso se probó que el Concejal estaba inhabilitado con ocasión del contrato
suscrito por el señor Leonel Felipe Zapata López con el Municipio de Guaduas,
conforme con el literal “a” del artículo 1.° de la Ley 80. Afirmó que dicha situación
constituye vulneración del mandato establecido en el artículo 49 de la Ley 617,
modificado por las leyes 1148 y 1296, y que por ello se debe decretar la pérdida de
investidura.
24. Luego de explicar algunas de las características de la acción de pérdida de
investidura señaló que una de las prácticas indebidas más recurrentes en la
administración pública es el nepotismo, entendido como la preferencia que tienen
algunos funcionarios públicos para dar contratos o empleos a algunos familiares o
a parientes de servidores públicos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino
su lealtad o alianza, o también entendido como el trato de favor que dan alguno
funcionarios públicos hacia familiares o parientes de servidores públicos, a los que
se otorgan contratos, cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin
tener en cuenta otros méritos. Afirma que se trata de una práctica que pone en serio
riesgo el ejercicio de la función administrativa, en particular su imparcialidad y
transparencia.
25. Manifestó que la prohibición invocada está destinada a evitar la injerencia
indebida de los miembros de las corporaciones públicas en la gestión pública del
orden territorial y a favor de sus allegados como, según señala, ocurrió con el
Concejal y su pariente en primer grado de afinidad, en el marco del contrato suscrito
con el Municipio de Guaduas, en contravía de la prohibición establecida en el
artículo 49 de la Ley 617, modificado por las leyes 1148 y 1296, lo cual impide la
permanencia del Concejal como servidor público del Municipio.
26. Indicó que “[…] la inhabilidad señalada para los parientes de diputados y
concejales […] endilgada no puede verse en el sentido unívoco que expresa la
norma, es decir, con el mismo significado o la misma interpretación que siempre se
le ha dado a la norma, puesto que si el pariente del concejal incurre en violación
flagrante de la misma al suscribir contrato con el municipio en el que ejerce como
concejal su pariente, subsume inmediatamente a éste en una inhabilidad
sobreviniente que le impide seguir ejerciendo en el cargo de concejal y que deberá
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inmediatamente ser advertida a la administración, a menos que éste decida
renunciar a su curul […]”.
27. Por último, señaló que en este caso se configura el elemento subjetivo porque
está probado que para la fecha en que se suscribió el contrato de prestación de
servicios el Concejal y su pariente en primer grado de afinidad convivían, tenían
trato y relaciones de familiaridad y amistad porque en los formatos aportados al
proceso se consignó el mismo domicilio y dirección de correspondencia, lo cual
implica además que el Concejal no podía ser ajeno al conocimiento de la intención
del pariente de contratar con el Municipio de Guaduas. Para el efecto, citó el artículo
5.° de la Ley 1801 de 2016 que define la convivencia.
Traslado del recurso de apelación
28. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Concejal por intermedio de su
apoderado, se pronunció sobre el recurso de apelación. El Solicitante y el Ministerio
Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
29. Para efectos metodológicos de la decisión, la Sala procederá al estudio de: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el
marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de pérdida
de investidura; v) el marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades; vi) los artículos 49
de la Ley 617 y el literal “a” del numeral 1.° del artículo 8.° de la Ley 80 de 1993; y
vii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
30. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en especial, su artículo 22, sobre la
aplicación de esa normativa a los procesos de pérdida de investidura de concejales
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y diputados; iii) el artículo 15010 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; y iv) el artículo 13 del
Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 201912: la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del
presente asunto.
31. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de que
trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo
actuado, se procede a decidir el caso sub lite.
32. Vistos los artículos 32813 y 32014 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.
Problema Jurídico
33. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de apelación:
33.1. Si el señor Orlando Olaya Murillo incurrió o no en la causal de pérdida de
investidura previstas en el numeral 2.° del artículo 5515 de la Ley 136 y el numeral
6.° del artículo 4816 de la Ley 617, por violación del régimen de inhabilidades. En
ese sentido, se analizará si la conducta descrita en el artículo 4917 de la Ley 617,
en concordancia con el literal “a” del numeral 118 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993,
constituye causal de pérdida de investidura de concejales por violación del régimen
de inhabilidades y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento
subjetivo, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
10 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
11 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
12 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
13 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
14 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
15 Según el cual los concejales perderán su investidura “[…] 2. Por violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”.
16 Según el cual los concejales perderán su investidura “[…] 6. Por las demás causales expresamente previstas
en la ley […]”.
17 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 y por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009.
18 Norma que establece las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y según el cual “[…] [S]on inhábiles
para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […] a) Las personas que se
hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes […]”.
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sentencia de 6 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia, que negó las pretensiones de la solicitud.
La calificación habilitante
34. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de concejal del señor Olaya Murillo, lo cual se
encuentra acreditado con el Formulario E-26CON de 30 de octubre de 201919.
35. En ese orden de ideas, la investidura de concejal del señor Olaya Murillo se
tiene por cierta en la medida en que los documentos anteriormente indicados
constituyen prueba de dicha calidad y su condición no fue cuestionada durante el
proceso ni en el recurso de apelación, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de
control de pérdida de investidura.
Marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
36. Vistos los artículos 18420 de la Constitución Política; 14321 de la Ley 1437 y las
leyes 136, 617, 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.
Desarrollos jurisprudenciales
37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a un
proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio22 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la protección
19
Cfr. folios 21 a 29, en especial, el folio 28 del escrito de solicitud de pérdida de investidura. Documento
aportado en forma electrónica.
20 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de
acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud
formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
21 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar
la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
22 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro
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y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el ejercicio del
cargo que confiere el voto popular.
38. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del cargo
público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos sobre
sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio,
al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que comportan
la defraudación del principio de representación.
39. La Sala Plena23 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de la
pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i) constituye
un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular deben observar atendiendo la
naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una sanción de
carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es atribuida
exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la sanción
más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en una
corporación pública de elección popular porque implica la separación inmediata de
las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa corporación y, por
expresa disposición de la propia Constitución Política, la inhabilidad permanente
para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de pérdida de investidura limitan
o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de
ser elegido.
40. En esa misma orientación, la Corte Constitucional24 consideró que la pérdida de
investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
41. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
24 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
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Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201025. En ese orden,
las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice el
juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura, lo
cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
42. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en particular,
en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro homine, in
dubio pro reo, y de legalidad.
43. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en el
marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna manera
como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los términos de la ley
1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la jurisprudencia de las altas
cortes26, una vez verificada la configuración del elemento objetivo, se debe proceder
al estudio del elemento subjetivo27.
44. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003
de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio de pérdida
de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en
contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en
la Constitución […]”28 (Destacado fuera de texto).
45. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que el
juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
25 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
26 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
27 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión […]”.
28 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad con
el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en
lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
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aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, el de
interpretación restrictiva; y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo29.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades
46. Visto el numeral 1.° del artículo 183 de la Constitución Política, los congresistas
perderán su investidura, “[…] [p]or violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses […]”.
47. Visto el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre pérdida de la investidura
de concejal, estos perderán su investidura, entre otros, “[…] 2. Por violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses […]”
(Destacado fuera de texto).
48. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que tanto la Sala Plena del
Consejo de Estado30 como la Sección Primera31 de esta Corporación han sostenido
que el mandato establecido en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136, sobre
pérdida de investidura de concejal “[…] [p]or violación del régimen de inhabilidades
[…]”, se encuentra vigente, en los términos del numeral 6 del artículo 48 de la Ley
617, según el cual los concejales municipales y distritales perderán su investidura
“[…] 6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”.
49. Las inhabilidades de los concejales han sido desarrolladas en diversas normas,
entre ellas:
29 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca probada, existe
alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o,
en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general
exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de junio de 2002, C.P
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 7177.
31 Véase por ejemplo: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
proferida el 4 de septiembre de 2014; proceso identificado con número único de radicación
080012333000201300249-01 Consejero Ponente, doctor Guillermo Vargas Ayala; y ii) Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 30 de junio de 2017, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, núm. único de radicación: 250002336000201600731-01
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50. El artículo 122 de la Constitución Política, modificado por el acto legislativo
01 de 14 de julio de 2009, establece, por un lado, que “[…] no podrán ser inscritos
como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como
servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos
con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión
de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados
por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos
armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el
exterior […]”; y, por el otro, “[…] [t]ampoco quien haya dado lugar, como servidores
públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia
ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo
que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño […]”.
51. El artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
sobre inhabilidades de los concejales; normativa que estableció que no podrá ser
inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
51.1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o
excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el
ejercicio de funciones públicas.
51.2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien, como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de
contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
51.3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones,
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o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social
en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
51.4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o
distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen
subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Asimismo, quien esté vinculado
entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas
que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha.
Los artículos 4932 de la Ley 617 y el literal “a” del numeral 133 del artículo 8 de
la Ley 80 de 1993
52. Visto el artículo 49 de la Ley 617, modificado por el artículo 1.° de la Ley 1148 y
por el artículo 1.° de la Ley 1296, que establece lo siguiente:
“[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A CÓNYUGES,
COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES,
DIPUTADOS, ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES
MUNICIPALES Y DISTRITALES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
1148 de 2007. El texto es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes,
y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales
municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos
de entidades del sector central o descentralizados del correspondiente
departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes
legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades
32 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007 y por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. La norma
establece en lo pertinente lo siguiente: “[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A
CÓNYUGES, COMPAÑEROS PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS,
ALCALDES MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. […] Los
cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales,
concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus
entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente […]”.
33 Norma que establece las inhabilidades e incompatibilidades para contratar y según el cual “[…] [S]on inhábiles
para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […] a) Las personas que se
hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes […]”.
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Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
respectivo departamento o municipio.
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados,
alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, y sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios del
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas.
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El texto es el
siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales, concejales municipales y
distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo
departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni
directa, ni indirectamente.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre
carrera administrativa.
PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o
designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo
también se aplicarán en relación con la vinculación de personas a través de
contratos de prestación de servicios.
PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros
permanentes y parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y
sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta
y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se
aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil […]”34.
53. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-903 de 17 de septiembre de
200835 estudió dos demandas presentadas por ciudadanos en ejercicio de la acción
34 Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-903 de 2008.
Asimismo, la expresión “compañeros permanentes” contenida en el artículo 1 de la Ley 1148, que modificó el
artículo 49 de la Ley 617, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-029 de 28
de enero de 2009, “[…] en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los
integrantes de las parejas de un mismo sexo […]”.
35 Corte Constitucional, M.P. doctor Jaime Araujo Rentería. Sobre el particular, la Corte consideró lo siguiente:
“[…] Por estas razones, la Corte considera que los grados de parentesco que determinan la inhabilidad
contemplada en el Art. 292 de la Constitución son taxativos o cerrados, de suerte que el legislador no puede
establecer dicha inhabilidad con base en otros grados. En cambio, la inhabilidad allí prevista respecto de los
diputados y de los concejales puede ser establecida por el legislador, hasta los grados indicados, también en
relación con otros servidores públicos del orden territorial, como son, por ejemplo, los gobernadores y los
alcaldes distritales o municipales. […] Con base en estas consideraciones, se puede concluir que el inciso 2°
del Art. 1° de la Ley 1148 de 2007, demandado en esta oportunidad, al disponer que no podrán ser designados
funcionarios del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, los
parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y
distritales, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, desbordó el límite
de los grados de parentesco establecido en el Art. 292, inciso 2°, de la Constitución. En consecuencia, la Corte
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pública de inconstitucionalidad contra el artículo 49 de la Ley 617, modificado por el
artículo 1 de la Ley 1148, y, en su parte resolutiva, resolvió, por un lado, declararse
inhibida para adoptar decisión de fondo en relación con las expresiones “el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad”, contenida en el inciso 1.° del
artículo 1.° de la Ley 1148 de 2007, y “del cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad”, contenida en el inciso 3° del mismo artículo, por ineptitud sustantiva
de la demanda; y, por el otro, declaró inexequible la expresión “[…] dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil […]” contenida en el
inciso 2.° del artículo 1.° de la ley 1148 y exequible el resto del inciso, en el
entendido de que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado
de consanguinidad, primero de afinidad y único civil, como lo establece el artículo
292 de la Constitución Política.
54. La Sala, en sentencia de 26 de agosto de 202136, realizó un estudio
jurisprudencial sobre la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617,
modificada por las leyes 1148 y 1296, que se reitera en esta oportunidad, y en el
que se explicó que la Sección Primera en decisiones de 3 de julio de 200837, 22 de
enero de 200938, 29 de enero de 200939, 13 de agosto de 200940, 5 de agosto de
201041, 4 de octubre de 201242, 27 de marzo de 201443 y 12 de noviembre de 201544,
declarará inexequible la expresión "dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil" contenida en dicho inciso. […] Por otra parte, en lo que concierne al resto del inciso demandado, cuyo
texto es "los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes no podrán ser designados funcionarios del
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas", es evidente que contraría
el Art. 292, inciso 2°, de la Constitución, ya que la prohibición allí contenida no tendría un límite por razón de los
grados de parentesco. Por tanto, la Corte lo declarará exequible en forma condicionada, en el entendido de que
la prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único
civil, como lo establece dicha norma superior […]”.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de 2021, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación 63001 23 33 000 2021 00027 01
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de julio de 2008;
número único de radicación: 440012331000200800017-01 C.P. doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 22 de enero de
2009. Número único de radicación: 630012331000200800030-01. C.P. doctor Rafael Enrique Ostau De Lafont
Pianeta.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 29 de enero de
2009. Número único de radicación: 760012331000200800192-01. C.P. doctora Martha Sofia Sanz Tobon.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 13 de agosto de
2009. Número único de radicación: 440012331000200900010-01. C.P. doctora Maria Claudia Rojas Lasso.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 5 de agosto de
2010. Número único de radicación: 250002315000201000493-01. C.P.(E) doctora Maria Claudia Rojas Lasso.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de octubre de
2012. Número único de radicación: 250002327000201200094-01. C.P (E). doctor Marco Antonio Velilla Moreno.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 27 de marzo de
2014. Número único de radicación: 500012333000201300297-01. C.P. doctora Maria Elizabeth Garcia
Gonzalez.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de noviembre
de 2015. Número único de radicación: 200012331000201300115-01. C.P. doctor Roberto Augusto Serrato
Valdés.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Número único de radicación: 250002315000202101426-01
Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
ha considerado que la precitada prohibición no está dirigida a los servidores públicos
de elección popular, pues no es a estos a quienes se les prohíbe realizar las
conductas, sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las
entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o
municipio, de manera que no podría constituir causal de pérdida de investidura,
incompatibilidad o inhabilidad para aquellos servidores públicos. Es importante
resaltar que las consideraciones anteriores fueron reiteradas recientemente en
sentencia de 12 de mayo de 202245.
55. Visto el literal “a” del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sobre las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, son inhábiles para participar en
licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales, entre otras, las
personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.
56. Expuesto todo lo anterior, la Sala procederá a determinar si la conducta del
Concejal se subsume en los presupuestos fácticos de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de inhabilidades, en los términos de la solicitud
de pérdida de investidura.
Análisis del caso concreto
57. De conformidad con el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136; el artículo 48,
numeral 6, de la Ley 617; el literal “a” del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de
1993; el artículo 49 de la Ley 617; y el marco normativo: la Sala procede a apreciar
y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
La presunta conducta que constituye inhabilidad en el caso concreto
58. En el caso sub examine, el Solicitante señala que el Concejal incurrió en causal
de pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2.°, de la Ley 136 y
48, numeral 6.°, de la Ley 617, por violación del régimen de inhabilidades, en
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de mayo de
2022; proceso identificado con el número único de radicación 250002315000202101425-01. C.P. doctora Nubia
Margoth Peña Garzón.
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Número único de radicación: 250002315000202101426-01
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concordancia con el literal “a” del numeral 1.° del artículo 8.° de la Ley 80 y el artículo
49 de la Ley 617 porque el pariente en primer grado de afinidad del Concejal, señor
Leonel Felipe Zapata López, celebró el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo
a la Gestión CPSAG-046-2021 con el Municipio de Guaduas, estando su pariente
fungiendo como concejal en ejercicio de dicho municipio.
59. El Tribunal consideró, en la sentencia proferida en primera instancia, que la
conducta indicada por el Solicitante no es constitutiva de causal de pérdida de
investidura de concejal porque, por un lado, la interpretación de las causales de
pérdida de investidura debe ser rígida y estricta, lo cual implica la imposibilidad de
aplicación analógica y, en todo caso, las inhabilidades son personales; y, por el otro,
no existe precepto constitucional o legal que establezca que la conducta del
Concejal es constitutiva de esa sanción. Al respecto, consideró que el artículo 49 de
la Ley 617 establece una prohibición dirigida a los parientes de los Concejales en
los términos de esa normativa, que no es constitutiva de inhabilidad sobreviniente
para el miembro de la corporación pública de elección popular.
60. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
y la Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de
la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro de
las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las causales
son de aplicación restrictiva46; lo anterior en atención a que las prohibiciones, en tanto
limitan los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; y, en
consecuencia, la configuración de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida
y taxativa y su aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la
interpretación extensiva.
61. Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia
de 21 de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de investidura
son aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante “[…] destacar la
atinente a que las causales de pérdida de investidura de los congresistas [entiéndase
en este caso concejales] deban ser concebidas como de derecho estricto, de
46Ver: i) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; número único de radicación:
110010315000201200059-00, sentencia de 21 de julio de 2015. C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso; y ii)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; número único de radicación:
230012333004201500489-01; C.P. doctor Guillermo Vargas Ayala.
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Número único de radicación: 250002315000202101426-01
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orden público y de interpretación restrictiva, pues no puede perderse de vista
que la pérdida de investidura es una sanción que impide al afectado el ejercicio
pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad […]”. Asimismo,
señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional como el Consejo
de Estado han puesto de presente que las normas que establecen derechos y
libertades constitucionales deben interpretarse de manera que se garantice su más
amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten mediante el señalamiento
de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para el desempeño de cargos
públicos, deben estar consagradas expresamente en la Constitución o en la ley
y no pueden interpretarse en forma extensiva sino siempre, con la finalidad
enunciada, en forma restrictiva […]”.
62. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado el
carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del castigo,
así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a él le son
aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de las
cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva legal, taxatividad y
favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…] son de orden público, de
interpretación restrictiva y “que no cabe su aplicación por analogía ni por
extensión”, ya que tienen por consecuencia una sanción “que impide al
afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad
[…]” y reiteró que “[…] el legislador está obligado a describir la conducta o
comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa
posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la
prohibición que da lugar a sanción […]” (Destacado fuera de texto).
63. Ahora bien, conforme lo indicado supra, en relación con el artículo 49 de la Ley
617, esta Sala en sentencia de 12 de mayo de 202247 reiteró su criterio
jurisprudencial según el cual dicha norma no establece una prohibición para los
miembros de las corporaciones públicas de elección popular sino para, en este
caso, por tratarse de un municipio de sexta categoría48, los cónyuges o compañeros
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 12 de mayo de
2022; proceso identificado con el número único de radicación 250002315000202101425-01. C.P. doctora Nubia
Margoth Peña Garzón.
48 Cfr. Folio 90 escrito de solicitud de pérdida de investidura. Documento denominado “CT01 – Categorización
de Municipios Categoría por Municipios 2021”. Documento aportado en forma electrónica.
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permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil de los concejales, sin que, como se explicó, dicha circunstancia
pueda conllevar a la configuración de una causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de inhabilidades. En dicha providencia se consideró los
siguiente:
“[…] Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que no existe inhabilidad
alguna en cabeza del concejal WILSON RENÉ RIVERA DIAVANERA, comoquiera
que el artículo 49 de la Ley 617 no establece una prohibición para los
cabildantes sino para sus cónyuges o compañeros permanentes y parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, -
en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría-, quienes, entre otros
asuntos, no pueden ser contratistas del respectivo distrito o municipio, o de
sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente, sin que, bajo
circunstancia alguna, la inobservancia de aquella conlleve la configuración de
una causal de desinvestidura.
Toda la solicitud está encaminada a demostrar una aparente inhabilidad del
accionado, pero a partir de la conducta desplegada por su compañera permanente,
señora LIBIA MARÍA JOYA QUINTERO, luego de celebrar el Contrato de Comodato
núm. 015 de 16 de mayo de 2019 con el municipio de Guaduas (Cundinamarca), lo
que a la luz del artículo 49 de la Ley 617 no representa la inhabilidad que invoca el
solicitante en su escrito inicial.
Ello, sumado a que el solicitante, si bien alegó los artículos 55, numeral 2, de la Ley
136, y 48, numeral 6, de la Ley 617, relativos a las causales de pérdida de investidura
por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de
intereses, no señaló, expresamente, a cuál de éstas se refería, menos aún adelantó
su respectiva explicación11, sino que concentró todos sus esfuerzos en
demostrar la hipótesis prevista en el artículo 49 de la Ley 617, que no contiene
un veto para los concejales, como antes se indicó […]” (Destacado fuera de
texto).
64. La Sala considera, adicionalmente, que el artículo 8 de la Ley 80 reguló las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar al señalar, entre otros, en el literal
“a” del numeral 1, que “[…] son inhábiles [respectivamente] para participar en
licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […] a) Las
personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las
leyes. […]” (Destacado fuera de texto).
65. Es decir, que se trata de normas que establecen una inhabilidad para celebrar
contratos pero en cabeza de los cónyuges o compañeros permanentes y parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil de los
concejales de municipios de, entre otras, sexta categoría, mas no una inhabilidad
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Medio de control de pérdida de investidura de Concejal
que constituya causal de pérdida de investidura para el Concejal como lo pretende
el Solicitante.
66. Se trata de normas autónomas que no pueden ser sujeto de interpretación
extensiva y mucho menos armonizadas, en el marco del proceso de pérdida de
investidura, para configurar, como lo pretende el Solicitante, una causal de pérdida
de investidura de concejal fundamentada en los contratos que celebra su pariente
en primer grado de afinidad con una entidad pública, como en este caso, el
Municipio de Guaduas. No resulta procedente extender la alegada “inhabilidad” del
pariente al Concejal porque como se explicó, al proceso de pérdida de investidura,
por tener naturaleza sancionatoria, le es aplicable el principio de interpretación
restrictiva, lo cual implica que no se puede concluir que cualquier disposición o
prohibición tiene la potencialidad de establecer conductas cuya consecuencia sea
la pérdida de investidura.
67. En ese orden de ideas, la Sala considera acertada la posición del Tribunal, en
cuanto consideró que la celebración del contrato en este caso no constituye causal
de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades en la medida
en que el artículo 49 de la Ley 617 y el literal “a” del numeral 1.° del artículo 8.° de
la Ley 80 no establecen una causal de pérdida de investidura de concejales sino
una prohibición dirigida a las personas establecidas en esa normativa, resultando
irrelevante para estos efectos la existencia o no de convivencia, trato y relaciones
de familiaridad y amistad. En todo caso, la conducta no se subsume en ninguno de
los supuestos establecidos en las normas que establecen las inhabilidades de los
concejales que sí constituyen causal de pérdida de investidura, en especial, el
artículo 43 de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617.
68. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, no se encuentra probado que la conducta del Concejal se enmarque en una
inhabilidad como causal de pérdida de investidura, en los términos de los artículos
55, numeral 2.°, de la Ley 136 y 48, numeral 6.°, de la Ley 617, esta Sala considera
que no es necesario realizar el estudio del elemento subjetivo.
Conclusiones
69. La Sala confirmará la sentencia de 6 de diciembre de 2021 proferida por el
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto dispuso denegar la solicitud
de pérdida de investidura del concejal, Orlando Olaya Murillo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de diciembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera de esta Corporación
que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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