Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2025-00057-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 81001-23-39-000-2025-00057-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 81001-23-39-000-2025-00057-02
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 81001 23 39 000 2025 00057 02
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola
Accionado: Raúl Alfonso Cisneros Parra
Medio de control: Pérdida de investidura
Tema: La prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no
constituye una causal de pérdida de investidura
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia que negó la desinvestidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante en contra de
la sentencia proferida el 19 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo de Arauca,
que negó la desinvestidura del señor Raúl Alfonso Cisneros Parra.
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- La solicitud de pérdida de investidura
El señor Carlos Alberto Merchán Espíndola, en ejercicio del medio de control previsto por
el artículo 143 del CPACA, solicitó1:
[…] - Que se declare la pérdida de investidura de RAUL ALFONSO CISNEROS PARRA
C.C. (…) presidente concejo del municipio de Arauca, como concejal del municipio
de Arauca, período constitucional 2024-2027.
• Que como consecuencia de la declaratoria de la pérdida de investidura de RAUL
ALFONSO CISNEROS PARRA C.C. (…), presidente concejo del municipio de Arauca
período 2024-2027, se ordenen cumplir los efectos derivadas (sic) de la sentencia y los
registros correspondientes.
• Compulsar copias a la autoridad competente en caso de encontrar conductas penales y
disciplinarias en el transcurso del presente medio de control de pérdida de investidura.
[…] (mayúsculas y negrillas originales).
1 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23 39
000 2025 00057 00.
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Radicado: 81001 23 39 000 2025 00057 02
Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola
Accionado: Raúl Alfonso Cisneros Parra
1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2
La parte accionante señaló que en el mes de mayo de 2025 el municipio de Arauca celebró
un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para operar maquinaria pesada
con el señor Román Alonso Cisneros Parra, cuyo representante o beneficiario es hermano
del concejal Raúl Alfonso Cisneros Parra, presidente del concejo municipal.
Alegó que se configuró una inhabilidad sobreviniente originada por el parentesco en
segundo grado de consanguinidad entre el concejal y el contratista.
Añadió que este hecho contraviene el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 que prohíbe a los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad beneficiarse de contratos con la
entidad territorial correspondiente.
Precisó que el contrato celebrado entre el municipio y el hermano del concejal ocurrió
después de la elección y posesión del acusado Raúl Alfonso Cisneros Parra como
presidente del concejo de Arauca, constituyendo una «inhabilidad sobreviniente» conforme
a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado – sin citar jurisprudencia-, puesto que,
el contrato se ejecutó en la misma jurisdicción donde el concejal ejerce sus funciones, lo
que podría comprometer la imparcialidad del funcionario y el adecuado control político en
beneficio del interés general.
Afirmó que el presidente del concejo municipal de Arauca, Raúl Alfonso Cisneros Parra,
ejerce una función pública con capacidad de influencia sobre la administración municipal y
cuando su hermano celebró un contrato con el municipio se generó un claro conflicto de
interés de orden moral porque implicó que un familiar cercano pudiera beneficiarse
económicamente de una entidad pública sobre la cual el concejal tenía influencia.
Aseveró que al concejal le correspondía actuar diligentemente para evitar situaciones de
conflicto de intereses y que su silencio y permisividad frente a la contratación de su hermano
revelaron un comportamiento gravemente negligente, lo que era suficiente para configurar
el elemento subjetivo exigido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que obró
con culpa grave por la omisión de deberes funcionales.
Invocó como disposiciones transgredidas, entre otras, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
así como el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 y citó varias sentencias del Consejo de Estado
que denominó «jurisprudencia específica sobre concejales»3.
2.- Contestación del concejal acusado
El accionado, actuando por conducto de apoderado, se refirió a los hechos expuestos en
la demanda y manifestó su oposición a las pretensiones. Como razones de defensa
expuso lo siguiente4:
2 Ibidem.
3 Citó las siguientes sentencias que intituló y desarrolló así: jurisprudencia específica sobre concejales: 1.
Consejo de Estado. Sección Primera. Radicación 11001 03 15 000 2005 00306 00. Caso concejal incurre
en inhabilidad durante el ejercicio del cargo. 2. Consejo de Estado. Radicación 15001 23 31 000 2012
00267 01. Concejal del municipio de Sogamoso (Boyacá) fue destituido por incurrir en una inhabilidad
familiar posterior a su elección y 3. Consejo de Estado. Radicación 11001 03 15 000 2019 01598 00 (PI).
Doctrina reiterada: la pérdida de investidura no exige que la inhabilidad exista antes de la elección.
4 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 00.
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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola
Accionado: Raúl Alfonso Cisneros Parra
Que el accionante centró la solicitud de desinvestidura en una prohibición contenida en
el artículo 49 de la Ley 617 de 2000; sin embargo, el artículo 48 determina las causales
de pérdida de investidura y entre ellas no están las prohibiciones del artículo 49, por lo
que no se puede hacer una interpretación extensiva ni analógica.
Agregó que la naturaleza sancionatoria de esta acción exige la aplicación restrictiva de
las causales de pérdida de investidura, lo que también obedece a los principios pro
homine e in dubio pro-reo.
Alegó que, si existe duda en relación con el carácter de la causal, el juez está obligado
a resolverla a favor del demandado, y que en el presente caso no hay prueba alguna que
señale como determinador o que demuestre la intervención del concejal en la
contratación de su hermano en la alcaldía municipal, ni tampoco se podía pretender
sancionarlo por la actuación desplegada por terceros cuya autonomía escapa de su
poder de decisión.
Hizo alusión a los pronunciamientos jurisprudenciales citados por el accionante y
manifestó que nada tenían que ver con el caso y carecían de similitud fáctica y jurídica,
«dejando sin sustento normativo o jurisprudencial su solicitud».
Sostuvo que «el accionante, de manera poco ética y faltante a la técnica jurídica a lo
largo de su escrito mezcla causales de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones
intentando encausar su causa con elementos normativos incompletos e inaplicables».
Por último, en cuanto al elemento subjetivo, indicó que el accionante no aportó prueba
alguna que permitiera demostrar la conducta dolosa o gravemente culposa en cabeza
del acusado, atendiendo lo previsto por el artículo 1 de la Ley 1881 de 2018.
3.- La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Arauca, en sentencia proferida el 19 de agosto de 2025,
negó la desinvestidura del acusado.
Para ello hizo referencia a antecedentes jurisprudenciales acerca de la institución de
pérdida de investidura6, a la causal de conflicto de intereses7 y a los hechos probados
en el caso.
Recalcó que el primer elemento que se requiere para la procedencia de la pérdida de
investidura está probado, puesto que, se acreditó que el señor Raúl Alfonso Cisneros
Parra fue elegido concejal del municipio de Arauca para el período 2024-2027 y desde
el 28 de noviembre de 2024 fungía como presidente de la corporación.
Precisó que, en relación con lo normado por el artículo 49 de la Ley 617 de 2000, el
Consejo de Estado ha establecido que tal precepto no puede ser considerado como una
prohibición para los miembros de la corporaciones públicas de elección popular, en tanto
5 Visto en el índice 43 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 00.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Séptima Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura. C.P. María Adriana Marín. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Expediente
radicación: 11001 03 15 000 2018 03883 00 (PI). Así como también citó la sentencia SU- 424 de 2016 de
la Corte Constitucional, entre otros.
7 Sentencia del 31 de marzo de 2023. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación: 05001 23
33 000 2022 01141 01.
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resultaría contradictorio que se les asignara el carácter de causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de incompatibilidades cuando no constituye una
prohibición dirigida a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes.
Agregó que, «(…) sería irracional que el elegido popularmente se encuentre expuesto a
perder su investidura por una conducta que no se le puede atribuir, a sabiendas que no
está bajo su control constreñir a sus parientes para la toma o no de decisiones propias».
Consideró que no había lugar a examinar la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades formulada contra el concejal
acusado por los hechos alegados en la demanda, en tanto sería un contrasentido como
lo dijo el Consejo de Estado en uno de los precedentes citados8 «(…) que el elegido
popularmente estuviera expuesto a perder su investidura por una conducta que no se le
puede atribuir, ni directa ni indirectamente, pues es evidente que no se puede constreñir
a sus parientes para que dejen de tomar las decisiones que sólo a ellos le es atribuible».
En cuanto a la causal de conflicto de intereses, argumentó que de las pruebas obrantes
en el proceso no se advertía que el demandado hubiese participado en ejercicio de sus
funciones en un asunto propio y que producto de ello adoptara una decisión en provecho
suyo o de uno de sus familiares.
Por lo anterior, concluyó que los argumentos señalados por el demandante no contenían
claras razones para endilgar la causal de conflicto de intereses al accionado, y, por lo
tanto, no estaban configurados los elementos objetivos.
De otro lado, manifestó que no había lugar a condenar en costas dado que en el asunto
se ventilaba un interés público, en virtud de lo normado por el artículo 188 del CPACA,
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos
365 y 366 del CGP.
4.- El recurso de apelación9
La parte solicitante pidió que fuera revocada la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se decretara la desinvestidura del acusado.
Los argumentos del recurso serán analizados más adelante al descender en su examen.
El recurso de apelación fue concedido por auto del 17 de julio de 202510.
5.- Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 24 de septiembre
de 202511.
8 Sin especificar a cuál cita jurisprudencial hacía referencia.
9 Visto en el índice 46 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
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10 Visto en el índice 48 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 02.
11 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 02.
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5.2. Por auto del 18 de noviembre de 2025 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte solicitante12.
5.3. Por escrito radicado el 21 de noviembre de 202513, la apoderada sustituta del señor
Raúl Alfonso Cisneros Parra manifestó que se oponía a lo argumentado por la parte
solicitante en el recurso de apelación, ya que el acusado no desplegó un comportamiento
reprochable y, por el contrario, su actuar siempre estuvo amparado en la ley.
Agregó que el recurso no contiene elementos para debatir la sentencia apelada, sino que
se limita a insistir en que se debe sancionar al acusado cuando las causales de
desinvestidura son de aplicación restrictiva y tampoco se configuró el elemento subjetivo.
5.4. El expediente ingresó a despacho para fallo el 27 de noviembre de 202514.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las
sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales, acorde con
lo previsto por el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200015 y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo 201916
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre las secciones17.
2.-Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Se acreditó con el formulario E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil que
el señor Raúl Alfonso Cisneros Parra fue elegido concejal por el municipio de Arauca
(Arauca) para el período constitucional 2024-2027, por el Partido Conservador
Colombiano18 y no se discute que no haya tomado posesión del cargo.
12 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 02.
13 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 02.
14 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 02.
15 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”. El
parágrafo 2° del artículo 48, establece que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia
de las pérdidas de investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
16 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1° de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
17 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos
de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación
contra las sentencias de los Tribunal es sobre pérdida de investidura (…)”.
18 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 00.
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3.- Análisis de la Sala
La Sala examinará los argumentos de la apelación siguiendo el orden en que fueron
planteados por la parte recurrente.
(i) «Sobre la existencia de la inhabilidad y su configuración dentro del régimen
sancionatorio»
El recurrente cuestionó que el fallo impugnado haya concluido que la conducta atribuida
al acusado no configure causal de pérdida de investidura porque el artículo 49 de la Ley
617 de 2000 no estableció una prohibición dirigida al concejal sino a sus parientes.
Consideró que esa interpretación desconoce el alcance real del régimen de inhabilidades
e incompatibilidades cuyo propósito es preservar la transparencia, moralidad e
imparcialidad en el ejercicio de cargos públicos.
Añadió que la finalidad del artículo 49 es evitar que se generen situaciones de conflicto
de interés, tráfico de influencias o utilización del poder político para favorecer
indebidamente intereses familiares y que, si bien la contratación fue suscrita por el
hermano del concejal, el vínculo familiar directo y el momento de la contratación dentro
del período del ejercicio constituyen en sí mismos elementos suficientes para tener por
configurada la inhabilidad sobreviniente.
En lo que concierne a este primer reproche, la Sala advierte que la acción de pérdida de
investidura es de naturaleza sancionatoria, de interpretación restrictiva y sus causales
son taxativas.
El artículo 4819 de la Ley 617 de 2000 establece que los diputados y concejales perderán
su investidura por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses (numeral 1). Así mismo, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el artículo
48 no aludió a la violación al régimen de inhabilidades esto no significa que dicha causal
haya sido suprimida como de pérdida de investidura20.
Por su parte, el artículo 49 de la Ley 617 de 200021, que invoca el recurrente, dispone lo
siguiente:
[…] ARTICULO 49. PROHIBICIONES RELATIVAS A CÓNYUGES, COMPAÑEROS
PERMANENTES Y PARIENTES DE LOS GOBERNADORES, DIPUTADOS, ALCALDES
MUNICIPALES Y DISTRITALES; CONCEJALES MUNICIPALES Y
DISTRITALES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007. El nuevo texto
es el siguiente:> Los cónyuges o compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores,
diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no
podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del sector central o
descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de
19 Que previó las causales de pérdida de investidura de diputados, concejales y miembros de juntas
administradoras locales.
20 Así lo ha explicado de manera reiterada esta Sección. Verbigracia. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto de 2021. C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés. Expediente radicación: 63001 23 33 000 2021 00027 01 (PI) A.
21 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional».
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juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de
las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el
respectivo departamento o municipio.
Aparte tachado INEXEQUIBLE, Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los cónyuges o
compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser designados funcionarios
del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas22.
<Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 1296 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:>
Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes
municipales y distritales, concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil no podrán ser
contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades
descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.
PARÁGRAFO 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se
hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.
PARÁGRAFO 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de
servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en
relación con la vinculación de personas a través de contratos de prestación de servicios.
PARÁGRAFO 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y
parientes de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de
concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas
en el presente artículo se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros
permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil […].
Refiriéndose a esta disposición, la Sección Primera del Consejo de Estado ha explicado
que23 «la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617, modificada por las Leyes
1148 y 1296, no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, pues no es
a estos a quienes les prohíbe realizar tales conductas, sino a sus parientes y a quienes
fungen como nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del
departamento, distrito o municipio, de manera que no podría constituir causal de pérdida
de investidura, incompatibilidad o inhabilidad para dichos servidores públicos»24.
En consonancia con ello, el artículo 292 de la Constitución Política establece que no
podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges
o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.
22 La Corte Constitucional, en la sentencia C-903 de 2008, decidió «[…] Segundo.- DECLARAR
INEXEQUIBLE la expresión "dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil" contenida en el inciso 2° del artículo 1° de la ley 1148 de 2007 y EXEQUIBLE el resto del inciso, en
el entendido de que esta prohibición se predica de los parientes en el segundo grado de consanguinidad,
primero de afinidad y único civil, como lo establece el Art. 292 de la Constitución Política […]» (mayúsculas
y negrillas originales).
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 26 de agosto
de 2021. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación: 63001 23 33 000 2021 00027 01
(PI) A.
24 En el mismo sentido se pueden consultar entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2008. C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno. Expediente radicación: 44001 23 31 000 2008 00017 01 (PI); sentencia del 22 de enero de
2009, C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta. Expediente radicación 63 001 23 31 000 2008 00030
01; sentencia del 29 de enero de 2009. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Expediente radicación 76 001 23
31 000 2008 00192 01 (PI).
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Accionante: Carlos Alberto Merchán Espíndola
Accionado: Raúl Alfonso Cisneros Parra
En el caso concreto está acreditado que:
-) El accionado ostenta la calidad de concejal del municipio de Arauca (Arauca), puesto
que como se indicó en líneas precedentes, fue elegido para el período constitucional
2024-2027.
-) En la sesión ordinaria del 28 de noviembre de 2024 acta 200.01.151 de 2024, tomó
posesión la mesa directiva del concejo del municipio de Arauca para el período 2025 y
que el señor Raúl Alfonso Cisneros Parra fue elegido presidente de la corporación25.
-) Se aportaron copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Román
Alonso Cisneros Parra26 y Raúl Alfonso Cisneros Parra27, de los cuales se desprende
que son hijos de los señores Maritza del Carmen Parra Ruíz y Román Alonso Cisneros
Rodríguez y, por, ende, hermanos.
-) También obra copia del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 000-
297 de 2025, celebrado entre el municipio de Arauca y el señor Román Alonso Cisneros
Parra en calidad de contratista, en el cual consta su objeto, valor y vigencia, así28:
[…] PRIMERA: OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 1
PARA OPERAR LA MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
(…)
QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. El valor total del presente
contrato es la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS
($3.630.000,oo) M/CTE, que el MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA, así: CUATRO (4)
pagos mensuales a razón de $1.815.000,oo cada uno (…).
SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO: El tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a prestar a entera satisfacción del MUNICIPIO, el servicio objeto del presente
contrato, será de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de
inicio.
[…] (mayúsculas, negrillas y subrayas originales).
Acorde con lo expuesto, aun cuando se encuentra probado el parentesco y la
contratación del hermano del acusado, tales hechos no configuran una causal de pérdida
de investidura.
Al efecto, la Sala reitera que, la prohibición prevista en el artículo 49 de la Ley 617 de
2000, no tipifica una causal desinvestidura. En consecuencia, su vulneración no
encuadra en los supuestos señalados taxativamente por el legislador y resulta
improcedente extender su ámbito de aplicación extensiva o analógica para derivar una
causal de esta naturaleza, por lo tanto, este reproche no tiene prosperidad.
(ii) «Aplicación errónea del principio de taxatividad»
El recurrente también manifestó que la sentencia hace énfasis en que las causales de
pérdida de investidura deben interpretarse de manera restrictiva por su carácter
sancionatorio, invocando el principio de taxatividad, y que, si bien se comparte que no
25 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001 23
39 000 2025 00057 00. Anexos demanda folios 32 a 43.
26 Anexos demanda. Folio 48.
27 Anexos demanda. Folio 49.
28 Anexos demanda. Folios 44 a 47.
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puede haber analogía en materia sancionatoria, ello no implica desconocer la causal de
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, lo que no requiere
interpretación extensiva alguna.
Argumentó que, la jurisprudencia del Consejo de Estado – sin citar cuál-, ha sostenido
que cuando se trata de inhabilidades sobrevinientes derivadas de actuaciones de
familiares el examen debe centrarse en si el cargo de concejal pudo generar una indebida
influencia o percepción de ventaja indebida, lo que considera ocurrió en el caso.
Al respecto, la Sala considera que lo manifestado por el recurrente no constituye un
reproche frente a la ratio de la sentencia de primera instancia, ni en esta se desconoció
la existencia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, sino que concluyó que,
en el caso concreto, no se configuraba causal alguna de pérdida de investidura.
En efecto, no se acreditó que el concejal hubiera intervenido en la celebración del
contrato ni tampoco que hubiera ejercido influencia indebida para favorecer la
contratación de su pariente.
Conviene reiterar que, como lo ha señalado esta Corporación29, por tratarse de una
acción pública de tipo punitivo «(…) la acción de pérdida de investidura está sujeta a los
principios generales que gobiernan el derecho sancionador tales como la presunción de
inocencia y el principio de legalidad de la causal por la cual se impondría la sanción.
Sanción que debe imponerse según los postulados del Estado Social de Derecho y
conforme con las reglas del debido proceso».
(iii) «Error en la valoración de las pruebas»
El recurrente afirmó que en el expediente está acreditado mediante prueba documental
que el hermano del señor Cisneros Parra suscribió un contrato de prestación de servicios
con el municipio de Arauca estando el concejal en el ejercicio del cargo.
Aseveró que la cercanía del vínculo (hermano) y el hecho de que el contrato se haya
celebrado con la misma entidad territorial en la que el accionado ejerce su cargo de
control político genera una presunción razonable de ventaja o interferencia, lo que afecta
gravemente la moralidad administrativa.
En cuanto a este reparo, la Sala destaca que está probado que en el año 2025 el
hermano del acusado, esto es, el señor Román Alonso Cisneros Parra celebró un
contrato de prestación de servicios con el municipio de Arauca, con un término de
duración de dos meses– el contrato no especificó la fecha de inicio, pero según se
desprende de lo allí consignado, el certificado de disponibilidad presupuestal se expidió
el 9 de abril de 2025.
Igualmente se comprueba que el señor Raúl Alfonso Cisneros Parra fue elegido
presidente del concejo municipal de Arauca para el período 2025. No obstante, dichos
hechos no permiten predicar la configuración de una causal de pérdida de investidura,
pues no se acreditó que la contratación hubiese sido producto de la interferencia, gestión
o influencia del concejal.
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 23 de marzo de 2010.
C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente radicación 110001 03 15 000 2009 00198 00.
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Por último, cabe agregar que, la sola existencia del vínculo familiar o la coincidencia
territorial entre el contrato y la corporación a la cual pertenece el accionado no generan
por sí mismas una incompatibilidad o una inhabilidad como la que predica el recurrente,
pues, conforme al carácter sancionatorio de esta acción, el análisis del caso debe
hacerse bajo una estricta aplicación de los principios del debido proceso y la tipicidad,
con el fin de determinar si la conducta atribuida al acusado se subsume en el presupuesto
fáctico de la norma30.
En el caso concreto, como se dijo, no está demostrado que el concejal haya intervenido
directa o indirectamente en el contrato celebrado por su hermano, razón por la cual este
reproche no puede tener despacho favorable.
(iv) «Jurisprudencia relevante omitida»
El recurrente aseveró que la sentencia de primera instancia desconoce precedentes
relevantes del Consejo de Estado – sin indicar cuáles-, en los que se ha determinado
que la sola existencia del vínculo familiar y la celebración del contrato con la entidad
territorial correspondiente, pueden ser suficientes para declarar la pérdida de investidura,
siempre que concurran los demás elementos de la causal.
Respecto de esta censura, la Sala observa que, el recurrente no identificó cuáles son los
precedentes relevantes del Consejo de Estado que, a su juicio, habrían sido
desconocidos por el a quo; de modo que, la invocación genérica de jurisprudencia no
satisface la carga argumentativa mínima exigible para cuestionar la decisión del tribunal
de instancia.
(v) «Aplicación errónea del principio de tipicidad»
El recurrente argumentó que el tribunal consideró que la causal de pérdida de investidura
debe estar expresamente tipificada y por tanto rechazó cualquier interpretación que
implicara aplicar el artículo 49 como sustento de una causal sancionatoria; sin embargo,
el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece como causa de pérdida de investidura en
el numeral 1, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
Consideró que «(…) es claro que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades no se
agota en el artículo 48, sino que debe ser interpretado en armonía con los artículos 40,
49 y concordantes de la misma ley, lo que permite afirmar que la violación al artículo 49,
al estar incluido en dicho régimen, sí puede configurar causal de pérdida de investidura
sin necesidad de interpretación extensiva o analógica» y que negar esta posibilidad
implica desconocer el carácter sistemático y preventivo del régimen de inhabilidades.
En relación con este reparo, la Sala reitera que, el carácter sancionatorio de la acción de
pérdida de investidura impone la aplicación estricta del principio de tipicidad, lo que exige
verificar si la conducta atribuida al acusado se subsume en la hipótesis normativa
descrita por el legislador.
En el caso bajo examen, no se demostró que el acusado haya violado el régimen de
inhabilidades o de incompatibilidades o que la contratación hecha por el municipio a su
hermano fuera consecuencia de su intervención directa o de su influencia en la actividad
contractual, lo que no satisface los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 48
30 Así lo explicó esta Sección en sentencia del 19 de septiembre de 2018. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Expediente radicación 25 000 23 42 000 2016 02966 01 (PI). (literal 39 de la sentencia)
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ibidem y, por lo tanto, no puede extenderse mediante interpretación sistemática o
concordancia normativa.
Aunado a lo anterior, valga indicar que, no se configura la inhabilidad sobreviniente a la
que alude el apelante, precisamente porque los sujetos a los que va dirigida la prohibición
del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no son los elegidos popularmente, entre los que se
encuentran los concejales, sino sus parientes en los grados previstos en la norma según
la categoría del municipio, así como a los servidores públicos de la entidad territorial que
deban realizar nombramientos, elecciones, designaciones o celebrar contratos, siendo
claro que en estos eventos no hay lugar a que se configure una inhabilidad sobreviniente
para el elegido popularmente.
En consecuencia, no le asiste razón al recurrente.
(vi) «Responsabilidad por omisión o tolerancia»
El recurrente afirmó que, si bien la conducta fue ejecutada por el hermano del concejal,
el servidor público no puede escudarse en la autonomía de sus parientes para eludir su
responsabilidad.
Aseguró que, la Corte Constitucional ha afirmado reiteradamente que el régimen de
inhabilidades tiene un carácter objetivo, y su vulneración no requiere probar dolo o culpa,
bastando la verificación de los hechos y su adecuación a la norma.
Que el concejal Cisneros Parra tenía pleno conocimiento de su parentesco, de su
posición pública, y de la normativa que impedía contratos con sus familiares. Por lo tanto,
la sola celebración del contrato por su hermano, con la administración municipal, durante
el ejercicio de sus funciones, activa la inhabilidad y justifica la pérdida de investidura.
Frente a este punto, la Sala reitera, que las causales de pérdida de investidura son de
aplicación restrictiva, que deben estar taxativamente previstas en la ley, y obedecen al
principio de legalidad.
Así mismo, es necesario precisar que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la Corte
Constitucional ha sido enfática en afirmar que31 «(…) el análisis de responsabilidad que
hace el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en
un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una
conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento
jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable».
En la referida sentencia SU- 424 de 2016, la Corte indicó que, verificada la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura debe examinar si en el caso particular
concurre el elemento de culpabilidad -dolo o culpa grave- atendiendo las circunstancias
particulares en las que se presentó la conducta. En ese análisis debe verificarse si el
acusado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se
enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, «(…) el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se
configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna
31 Corte Constitucional. Sentencia SU- 424 de 2016 (numeral 34).
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circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado
de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar
la culpa32».
Así mismo, se recuerda que el artículo 1 de la Ley 1881 de 201833, es claro en indicar
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad
subjetivo, por lo tanto, es necesaria la demostración de que el acusado con su conducta
dolosa o gravemente culposa hubiere incurrido en una de las causales de pérdida de
investidura previstas legalmente.
En conclusión, no le asiste razón al recurrente cuando afirma que el régimen aplicable
es el objetivo, y, de otra parte, tampoco se acreditó que los hechos del caso se subsuman
en una causal de desinvestidura tipificada legalmente.
(vii) «Finalidad de la pérdida de investidura»
Por último, la parte recurrente señaló que la acción de pérdida de investidura no busca
castigar penal ni disciplinariamente a un servidor público, sino proteger el orden jurídico,
el principio democrático, la igualdad, la moralidad pública y la función administrativa,
conforme a los artículos 6, 40, 123 y 209 de la Constitución Política.
Que la sentencia del tribunal incurrió en una visión excesivamente garantista del debido
proceso sancionatorio, desvirtuando el espíritu preventivo y protector del interés público
que inspira esta acción, lo cual contradice múltiples sentencias del Consejo de Estado –
sin citar ninguna-.
Citó las disposiciones que consideraba eran aplicables y concluyó que estaba
plenamente demostrado que durante el ejercicio del cargo de concejal del señor Raúl
Alfonso Cisneros Parra, su hermano celebró un contrato de prestación de servicios con
el mismo ente territorial en el cual el concejal ejerce funciones de representación política
y control administrativo y que este hecho configura una inhabilidad sobreviniente en los
términos del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con los
artículos 40 y 49, lo que constituye una clara causal de pérdida de investidura, por lo que
solicitó se revocara la decisión del a quo y, en su lugar, se accediera a las pretensiones.
En cuanto a este reproche, la Sala destaca que la finalidad constitucional de la acción
de pérdida de investidura -esto es, la defensa del orden jurídico, la moralidad pública y
el respeto por las reglas del ejercicio del cargo- no habilita al juez para desconocer los
principios que gobiernan el debido proceso sancionatorio. La naturaleza excepcional de
esta acción impide la aplicación de causales no previstas taxativamente en la ley.
Tal como se indicó, para la prosperidad de esta acción debe demostrarse que la conducta
atribuida al acusado se corresponde con uno de los supuestos tipificados expresamente
por el legislador para estos efectos. En el caso concreto, ni la celebración de un contrato
de prestación de servicios con el municipio de Arauca por parte del hermano del acusado,
ni la invocación del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 configuran una causal de pérdida
de investidura. Por lo tanto, este disenso tampoco prospera.
32 Ibidem.
33 «Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los Congresistas, se consagra
la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones». Aplicable a a los procesos de
pérdida de investidura de concejales y diputados según lo previsto por el artículo 22 de la misma ley.
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En conclusión, la Sala confirmará la sentencia proferida el 19 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Arauca, que negó la desinvestidura del señor Raúl Alfonso
Cisneros Parra como concejal del municipio de Arauca.
Por último, no se impondrá condena en costas, dado que la pérdida de investidura es
una acción pública y, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, cuando en el
proceso se ventila un interés público no procede dicha condena.
De otro lado, se reconocerá personería adjetiva a la profesional del derecho Laura
Carolina Lozano Carrero, identificada con cédula de ciudadanía 1.016.026.352 y tarjeta
profesional 290.318 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada sustituta del
señor Raúl Alfonso Cisneros Parra, atendiendo el memorial poder de sustitución
conferido por el apoderado principal34.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2025 por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo de Arauca, según las razones señaladas en la parte
motiva.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Reconocer a la profesional del derecho Laura Carolina Lozano Carrero como
apoderada sustituta del señor Raúl Alfonso Cisneros Parra.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen.
COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 22 de
enero de 2026.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
34 Obrante en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 81001
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