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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-01141-01

Fecha
31 de marzo de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2022-01141-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia, DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2022-01141-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

31 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de concejal
Número único de radicación: 050012333000202201141-01
Solicitante: John Jairo Aristizábal
Concejal: Conrado Antonio Bonilla Henao

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por Conrado Antonio
Bonilla Henao contra la sentencia de 18 de noviembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia.

La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor John Jairo Aristizábal -en adelante el Solicitante- pidió, en ejercicio
del respectivo medio de control, que se decrete la pérdida de investidura del
Concejal de Angelópolis, Antioquia, señor Conrado Antonio Bonilla Henao -en
adelante el Concejal-, porque, a su juicio, incurrió en la causal prevista en el
numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 1, sobre violación
del régimen de conflicto de intereses.

Pretensiones

2. La pretensión que fundamenta la solicitud de pérdida de investidura 2 es la
siguiente:

1 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
2 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Ver documento electrónico denominado “03Demanda.pdf”.

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“[…] PRETENSIONES

Por lo manifestado anteriormente, solicitamos que se declare la pérdida de
investidura del señor Conrado Antonio Bonilla Henao. […]”.

Presupuestos fácticos

3. El Solicitante indicó, en síntesis, los siguientes hechos y argumentos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. Manifestó que el señor Conrado Antonio Bonilla Henao fue elegido como
Concejal de Angelópolis, para el período constitucional 2020-2023.

3.2. Señaló que el Alcalde Municipal de Angelópolis radicó el 1 de agosto de
2022, ante el Concejo Municipal, el Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022, “[…]
Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Angelópolis para realizar
cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y demás
normas que en adelante lo modifiquen, adicionen, complementen o reglamenten.
[…]”.

3.3. Indicó que el Proyecto de Acuerdo tenía como anexo el listado de
beneficiarios con la decisión de cesión o enajenación, dentro de los cuales se
encontraba el señor Carlos Emilio Bonilla Henao, pariente en segundo grado de
consanguinidad del Concejal.

3.4. Expresó que el Concejal participó, en sesión de 22 de agosto de 2022, con
su voto negativo, en el debate del Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022, el cual
fue archivado.

Causal de pérdida de investidura alegada y argumentos que sustentan la
solicitud

4. El Solicitante manifestó que el artículo 70 de la Ley 136 prevé sobre el conflicto
de intereses que “[…] cuando para los concejales exista interés directo en la
decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de
derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas […]”.

5. Indicó que el artículo 11 de la Ley 1437, prevé que “[…] cuando el interés
general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y

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directo del servidor público, este deberá declararse impedido […]” y el numeral 2.°
del artículo 55 de la Ley 136 determina como causal de pérdida de investidura la
violación del régimen de conflicto de intereses.

6. Explicó que el Concejal incurrió en la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses, por cuanto participó en el debate
y votó de forma negativa el Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022, cuyo posible
beneficiario era su pariente en segundo grado de consanguinidad, el señor Carlos
Emilio Bonilla Henao, sin declarar su impedimento “[…] para asistir y conformar el
quorum deliberatorio y decisorio […]”.

Contestación de la solicitud de pérdida de investidura

7. El Concejal, por conducto de apoderado, dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, se refirió a la solicitud de pérdida de investidura3 y solicitó que
se negaran sus pretensiones, con fundamento en los siguientes argumentos:

7.1. Se pronunció sobre los presupuestos fácticos de la solicitud en el sentido
de precisar que en el listado anexo al Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022 se
incluyó al pariente en segundo grado de consanguinidad del Concejal como
propietario de uno de los bienes susceptibles de enajenación, el cual no constituía
bien fiscal por ser de propiedad de dicho particular.

7.2. En relación con la conducta, señaló que no existió conflicto de interés,
debido a que votó negativamente el Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022 y
dicho proyecto no se aprobó.

7.3. Al respecto, explicó que el interés debía ser actual, inminente, directo y
claro y no podía configurarse a partir de una posibilidad, en ese sentido, señaló
que si el proyecto no se convirtió en acuerdo no se consumó la utilidad o provecho,
comoquiera que no se expidió la decisión que podría afectarlo o beneficiarlo.

7.4. Asimismo, indicó que, conforme al artículo 116 del Decreto 1333 de 25 de
abril de 19864, los acuerdos municipales son actos complejos que culminan con
la sanción del alcalde y producen efectos a partir de la fecha de su publicación, a
menos que ellos señalen una fecha posterior.

3 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Ver documento electrónico denominado “12Contestación”.
4 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal.

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7.5. De igual forma, afirmó que, teniendo en cuenta los conceptos de la Sala
Consulta y Servicio Civil5 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional6, el conflicto
de interés se configura por la concurrencia del interés privado con el interés
público que afecta la transparencia de la decisión y para que se genere el beneficio
debe ser específico y personal, por lo que, para el caso concreto, solo se
materializaría con la expedición del acuerdo municipal.

7.6. Adicionalmente, adujo que actuó de buena fe, por cuanto “[…] preguntó y
requirió si para el caso específico podía participar en la discusión de este proyecto
de acuerdo. El señor Wilmar Quintero Bohórquez, que en su momento estaba
asesorando al Concejo Municipal, le dijo que si podía participar en los debates.
De hecho, fue tal ausencia de mala fe, que votó negativo el proyecto de acuerdo.
Esto quiere decir, ni más ni menos, que aún sin que se configure el conflicto de
interés. […]”.

La audiencia pública prevista por el artículo 12 de la Ley 1881

8. La audiencia pública7 tuvo lugar el 4 de noviembre de 2022 con la asistencia
y participación de la Concejal y su apoderado; y el Ministerio Público.

La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la sentencia de 18 de
noviembre de 20228, en primera instancia, resolvió “[…] SE DECRETA LA
PÉRDIDA DE INVESTIDURA del señor Conrado Antonio Bonilla Henao como
Concejal del Municipio de Angelópolis – Antioquia para el período 2020 – 2023,
de conformidad con las razones expuestas […]”.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal consideró que el asunto a resolver era “[…] establecer si de cara
a los medios de convicción allegados al cartulario, las normas aplicables y la
posición jurisprudencial que las desarrollan, el demandado incurrió con su actuar
en la causal de pérdida de investidura contenida en el numeral 2 del artículo 55
de la Ley 136 de 1994 sobre conflicto de interés […]”.

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta Civil y Servicio Civil, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, Concepto

de 28 de abril de 2004, Radicación núm. 1572.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-302 de 9 de septiembre de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger,

Referencia expediente: D-14.045.
7 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documentos denominados “45.VideoAudienciaPública” y
“46.ActaAudienciaPública”.
8 Cfr. Índice 2 de SAMAI. Documento denominado “52Sentencia”.

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El elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura

11. Luego de enunciar los hechos probados y los marcos normativo y desarrollos
jurisprudenciales de la pérdida de investidura y de la causal invocada objeto de
estudio, consideró que la causal de conflicto de intereses tenía como finalidad
evitar que los concejales utilicen su investidura para obtener beneficios a su favor
o el de su familia, comoquiera que su función es velar por el bien común.

12. Señaló que “[…] atendiendo a la causal de conflicto de intereses invocada por
el demandante y dando aplicación a la posición emitida por el Consejo de Estado
sobre ésta, pasarán a analizarse los siguientes elementos: i) calidad de Concejal;
ii) existencia de un interés directo, particular y actual; iii) participación sin haber
manifestado impedimento; y iv) si el actuar es doloso o gravemente culposo –
culpabilidad. […]”.

13. Consideró que se encontraba probado que el señor Conrado Antonio Bonilla
Henao ostenta la condición de Concejal del Municipio de Angelópolis, para el
período 2020-2023. Asimismo, indicó que, según el Acta de la sesión del concejo
municipal núm. 007, en la sesión de 22 de agosto de 2022, el Concejal se
presentó, participó en el debate y votó de forma negativa el Proyecto de Acuerdo
núm. 016 de 2022.

14. Afirmó que el interés “[…] que debe estar demostrado es aquel particular,
actual, cierto y directo; igualmente, es necesario precisar que ha sido el mismo
Consejo de Estado quien ha conminado a las autoridades judiciales a realizar un
estudio cuidadoso en estos aspectos, en la medida que se trata de un fuero interno
del Corporado, y en ese orden debe razonarse si con la intervención que se
cuestiona se advierte la posibilidad de obtener ventajas de tipo reparativo positivo
o negativo, enriquecedor o de exoneración de obligaciones para sí o para las
personas previstas en el orden legal. […]”.

15. Consideró que se encontraba probado el interés, por cuanto el proyecto tenía
como finalidad otorgar a la entidad territorial la posibilidad de ceder a título gratuito
bienes fiscales a aquellas personas que cumplieran con los requisitos, con el fin
de formalizar la propiedad de los ocupantes ilegales de predios fiscales que
hubieran estado allí de manera ininterrumpida como mínimo 10 años, haciendo
mejoras y construcciones, para garantizar el derecho a la vivienda digna.

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16. Consideró que se encontraba probado que, con la exposición de motivos del
Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022, se anexó un listado de “[…] posibles
beneficiarios […]”, en el cual se encontraba el señor Carlos Emilio Bonilla Henao.

17. Consideró que se encontraba probada la relación de consanguinidad entre el
Concejal y el señor Carlos Emilio Bonilla Henao, porque, aun cuando no se
aportaron sus registros civiles de nacimiento, en la contestación de la demanda
no fue controvertida dicha situación y en la sesión de 22 de agosto de 2022, el
Concejal admitió que su pariente en segundo grado de consanguinidad estaba
incluido en el listado.

18. Indicó que, carecía de fundamento el argumento presentado en la
contestación de la demanda según el cual no se podía configurar la causal de
pérdida de investidura por conflicto de interés, puesto que era necesario que el
Proyecto de Acuerdo se hubiere materializado en una norma, comoquiera que,
aun cuando el Concejal votó de manera negativa el Proyecto de Acuerdo, lo cierto
es que participó en su debate y el solo hecho de comparecer a la sesión y
conformar el quorum era suficiente, según lo establecido por la jurisprudencia del
Consejo de Estado9.

19. Consideró que se encontraba probada la participación del Concejal sin haber
manifestado impedimento, por cuanto no podía desconocerse que, al momento
de decidir sobre la aprobación del Proyecto de Acuerdo, se mencionó en el anexo
de posibles beneficiarios al pariente de segundo grado de consanguinidad del
Concejal, lo cual le impedía participar en el debate, en la medida que debió
presentar la manifestación de impedimento y no intervenir sino hasta que este
fuera decidido.

20. Expuso que el Concejal asistió a la sesión y participó en el debate, debido a
que “[…] el proyecto en su sentir era bueno, y que por demás había unos vicios
en relación con el proceder de la Alcaldía en la medida que primero debía iniciar
por la identificación de los inmuebles, adicionando que podían radicar nuevamente
el proyecto subsanado las advertencias realizadas, excluyendo a su pariente y
hecho esto “el proyecto va”, en otras palabras advirtió sobre las irregularidades y
adelantó que superadas, su voto sería positivo, con estos actos hizo parte de una
efectiva intervención en el asunto; posición contraria implicaría, que pese a que
un Concejal vote negativamente, aliente con su intervención a otros miembros,
incida en el sentido de la discusión o incluso pueda promover algún proyecto, y

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de noviembre

de 2007, proceso identificado con el número único de radicación: 76001-23-31-000-2006-00737-01 (PI).

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en todo caso se concluya que no se presentó una transgresión del artículo 133
Superior dado el sentido de su voto. […]”.

21. Resaltó que el Concejal, en la referida sesión, manifestó que se presentaba
un conflicto de interés, ante la presencia de su pariente de segundo grado de
consanguinidad en el listado anexo al Proyecto de Acuerdo; sin embargo, en vez
de manifestar su impedimento, participó en la sesión exponiendo sus
consideraciones, resaltó los presuntos vicios de legalidad del proyecto y lo votó
de forma negativa.

El elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura

22. Consideró probado el elemento de culpabilidad a título de culpa grave, debido
a que: i) el Concejal tenía pleno conocimiento sobre el conflicto de interés que se
presentaba respecto al Proyecto de Acuerdo, como lo afirmó en la sesión de 22
de agosto de 2022; ii) si bien el señor Wilmar Quintero Bohórquez, Director
Ejecutivo de la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo – OLTED,
emitió concepto sobre el asunto, sus consideraciones no sustituían la decisión del
órgano competente para decidir sobre el referido conflicto ni constituía un
habilitante de su conducta; y iii) el proyecto no era de aquellos que fijaba
beneficios para la comunidad en general, de tal forma que todos pudieran ser
partícipes del mismo, comoquiera que tenía como destinatarios un grupo
determinado y determinable, limitado a los ocupantes de bienes fiscales que
hubieran estado allí de manera ininterrumpida como mínimo 10 años, razón por la
cual el estudio resultaba más estricto en cuanto a la configuración de la causal.

23. Concluyó que “[…] se da por acreditado no solo la circunstancia de la
realización objetiva de la conducta, sino además el elemento de culpabilidad a
título de culpa grave, en tanto a pesar de conocer y advertir la causal en la que
incurría y advertir su eventual conflicto de intereses, optó por participar en la
sesión y votar para adoptar una decisión en el respectivo proyecto, debiendo como
ya se dijo, apartarse del conocimiento del asunto. […]”.

El recurso de apelación presentado por el Concejal

24. El Concejal10 presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revoque
la sentencia proferida por el Tribunal y, en su lugar, se niegue la solicitud de
pérdida de investidura, lo cual fundamentó en los siguientes términos11:

10 A través de apoderado.
11 Cfr. Documento denominado “58RecursoApelaciónSentencia”.

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Primer argumento: “La sentencia no motiva de fondo el asunto”

25. Señaló como punto central de inconformidad el hecho de que se debió tener
en cuenta, al momento de analizar la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de conflicto de intereses, que esta no se podía configurar,
porque el Concejal no estuvo de acuerdo con el proyecto y el proyecto no se
convirtió en acuerdo municipal.

26. Indicó que el interés existe a partir de un acto creador que lo habilita a nacer
a la vida jurídica, por lo que no se podría generar una utilidad, provecho o ganancia
sin la existencia de una base jurídica para ello, razón por la cual, estimó que el
hecho de que se relacione al pariente de segundo grado de consanguinidad del
Concejal en un listado anexo al Proyecto de Acuerdo no resulta suficiente para
que se configure el conflicto de interés.

27. Expuso que la sentencia omite pronunciarse sobre el argumento asociado a
la configuración de un conflicto de interés desde la perspectiva de participar en el
trámite de un Proyecto de Acuerdo que no nace a la vida jurídica. En ese sentido,
afirmó que “[…] en el análisis debió quedar claro, en alguno de los pasajes del
fallo, se trataba de un proyecto de acuerdo archivado; si bien se hace una mención
tangencial, no se refiere a la trascendencia jurídica de ese hecho, y por eso, en
derecho, se puede afirmar categóricamente, el fallo carece de motivación dado la
falta de análisis de un tema nuclear de la litis. […]”.

Segundo argumento: “la motivación anfibológica”

28. Expuso que la sentencia apelada se fundamentó en la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre la configuración del conflicto de interés en aquellos
casos en que el servidor público participa en el debate o en la aprobación de un
Proyecto de acuerdo que se convierte en norma, lo cual difería del caso concreto,
en el cual se analizó la conducta de un servidor público que participó en un
proyecto que no fue aprobado y, por tanto, no genera efectos jurídicos.

29. Afirma que el interés no sería actual ni real, porque la condición de posible
beneficiario de una titulación de predios no dependía de la aprobación del
Proyecto de Acuerdo y estaba supeditada a la expedición de otros actos
administrativos. En ese sentido, precisa que “[…] siguiendo esa argumentación,
podríamos afirmar, si se da la aprobación del proyecto de acuerdo y el hermano
del concejal es poseedor de un bien con las calidades para ser titulado, pero nunca
se da la titulación, entonces, en ese caso tampoco se configuraría la causal de

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conflicto de interés si aplicamos la definición de la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional, siguiendo lo dicho por el Consejo de Estado. […]”.

Tercer argumento: “La sentencia desconoce el precedente jurisprudencial vertical”

30. Afirma que, conforme a la sentencia SU – 379 de 201912 proferida por la Corte
Constitucional, el juicio de pérdida de investidura no puede fundarse
exclusivamente en el elemento objetivo sino que debe tener en cuenta el análisis
del elemento subjetivo.

31. Explica que, al igual que en la sentencia de 19 de octubre de 201813 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, el interés no es actual ni real, en
la medida que se trata de la participación en un Proyecto de Acuerdo del cual no
surgió ninguna situación jurídica consolidada y, en el evento haberse aprobado la
iniciativa sería necesario, además, la expedición de otros actos administrativos
para que se concretara el presunto interés14.

Cuarto argumento: “Creación de causales de pérdida de investidura ex post facto”

32. Señala que el Tribunal se apartó de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
al innovar “[…] en una temática en la cual le estaba vedada tal creación, es decir,
no podía salirse del canal estipulado por la jurisprudencia y por la norma elemental
de la lógica; no se podía sancionar con la perdida de investidura por una situación
tentada, o mejor, no existe la tentativa en el conflicto de interés, se crea el derecho
o este no existe […]. Se dice y explica la jurisprudencia el interés deberá ser
actual, no puede ser un interés futuro, pero en el caso del Concejal Bonilla Henao,
no solo se desconoció este tema, sino fue sancionado por la mera tentativa, de
discutir un proyecto de acuerdo que no se convirtió en acuerdo municipal. […]”.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-379 de 20 de agosto de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Ref. Exp.

T-6.406.726.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de octubre

de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, proceso identificado con el número único de radicación:
250002337000201700003-01.
14 En ese sentido, señala: “[…] Siguiendo esa argumentación, podríamos afirmar, si se da la aprobación del

proyecto de acuerdo y el hermano del concejal es poseedor de un bien con las calidades para ser titulado,
pero nunca se da la titulación, entonces, en ese caso tampoco se configuraría la causal de conflicto de interés
si aplicamos la definición de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, siguiendo lo dicho por el
Consejo de Estado. […]. Una vez aprobado el acuerdo municipal para consolidar la situación jurídica
generada por el acuerdo se necesitan actos administrativos (resoluciones) para la entrega de los terrenos al
privado; o mejor, para consolidar y concretar la situación jurídica creada por el acuerdo municipal, se
necesitan actos administrativos adicionales sin los cuales tampoco se concretaría el beneficio económico.
Cuando se le entregue al beneficiario por medio de un acto administrativo el predio, y se convierta en
propietario, surge el conflicto de interés, dadas las ventajas económicas obtenidas con la actuación
administrativa. Antes no pueden surgir ventajas acordes con la definición acogida por la jurisprudencia
respecto al tema. […]”.

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Quinto argumento: “La sentencia impugnada desconoce la definición de bienes
fiscales”

33. Indica que “[…] La definición de bienes fiscales es un tema de raigambre
constitucional […]” y que “[…] en este caso se desconoció ipso facto esta
definición. En el listado se muestran a los propietarios de unos bienes, posibles
beneficiarios del proyecto de acuerdo. No puede existir un privado como
propietario de un bien fiscal, estos bienes solo pueden aparecer a cargo de una
entidad pública […]”. En ese sentido, estima que “[…] también se violentó y
desconoció un principio básico frente a la operación de los bienes fiscales. Si esos
bienes tienen un propietario, frente a ellos no operaria la causal de conflicto de
interés pregonada en contra de mi Poderdante. […]”.

Traslado del recurso de apelación

34. Surtido el traslado del recurso de apelación, el Solicitante y el Ministerio
Público guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses; vi) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura;
vii) el análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.

Competencia de la Sala

36. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de
200015, sobre pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y
distritales y de miembros de juntas administradoras locales; ii) la Ley 1881, en
especial, su artículo 22, sobre la aplicación de esa normativa a los procesos de
pérdida de investidura de concejales y diputados; iii) el artículo 15016 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201117, sobre competencia del Consejo de Estado, en
segunda instancia; y iv) el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de

15 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
16 Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080. […]”.
17 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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201918: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto.

37. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar
lo actuado, se procede a decidir el caso sub lite.

38. Vistos los artículos 32819 y 32020 de la Ley 1564, la Sala se pronunciará
únicamente en relación con los reparos o argumentos planteados por el apelante.

Problema Jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el Concejal incurrió o no en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 2.° del artículo 55 de la Ley 136, sobre violación del régimen
de conflicto de intereses, al participar, debatir y dar su voto – en sentido negativo
– al Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022, por medio del cual se autorizó al
Alcalde del Municipio de Angelópolis a realizar una cesión a título gratuito o
enajenación de dominio de bienes fiscales, de conformidad con el artículo 277 de
la Ley 1955 de 25 de mayo de 201921, en el cual era un posible beneficiario un
pariente de segundo grado de consanguinidad.

40. En ese sentido, se analizará si se cumplen los supuestos del elemento objetivo
y, en caso de encontrarlo configurado, se estudiará el elemento subjetivo, con el
objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida en primera instancia.

La calificación habilitante

41. Vistos los artículos 5, literal “b”, y 22 de la Ley 1881, la Sala considera que se
encuentra probada la calidad de concejal para el periodo 2020-2023 del señor
Conrado Antonio Bonilla Henao, según consta en el formulario E-26CON expedido
por los miembros de la Comisión Escrutadora de la Registraduría Nacional del

18 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado
19 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”.
20 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”.
21 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad. […]”.

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Estado Civil, en el que se indica que fue elegido como Concejal del Municipio de
Angelópolis, Antioquia22.

42. En este caso, la investidura de la Concejal se tiene por cierta en la medida en
que los documentos anteriormente indicados constituyen prueba de dicha calidad
y su condición no fue cuestionada durante el proceso ni en el recurso de apelación,
lo cual la hace sujeto pasivo del medio de control de pérdida de investidura.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura

Marco normativo

43. Vistos los artículos 18423 de la Constitución Política; 14324 de la Ley 1437 y
las leyes 136, y 617 1881 y 2003, en especial, el artículo 1 de la Ley 1881.

Desarrollos jurisprudenciales

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio25 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.

45. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.

22 Cfr. Ver documento “04Anexos” que corresponde a la copia del formulario E-26CON expedido por los

Miembros de la Comisión Escrutadora en relación con las elecciones realizadas el 27 de octubre de 2019.
23 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado

de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
24 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara

correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
25 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-

000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.

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46. La Sala Plena26 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.

47. En esa misma orientación, la Corte Constitucional27 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

48. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 2010 28. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.

49. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad y congruencia.

26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,

Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
27 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
28 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).

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50. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, conforme con
la jurisprudencia de las altas cortes29, una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo 30.

51. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente
culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución […]”31.

52. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso y, con fundamento
en ello, determinar si la conducta se subsume en el supuesto fáctico de la norma
que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la investidura y si se
configura o no el elemento subjetivo32.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de conflicto de intereses

53. Visto el numeral 2. º del artículo 55 de la Ley 136, “[…] [l]os concejales
perderán su investidura por: […] 2. Por violación del régimen de […] conflicto de
intereses. […]”.

54. Visto el artículo 70 de la Ley 136, sobre el conflicto de interés, que señala “[…]
cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte
de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de

29 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
30 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó

la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
31 Normativa aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, de conformidad

con el artículo 22 de la Ley 1881, según el cual “[…] Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables,
en lo que sea compatible, a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]”.
32 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso

sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.

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afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o, de hecho, deberá
declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. […]”.

55. La Sala Plena ha definido el conflicto de intereses33 “[…] como aquella
conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la
que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin
declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus
funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de
la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses
propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse
impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa
motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera
transparente e imparcial […]”.

56. Esta Sección34 tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y señaló que esta
“[…] solo se configura con un interés directo, particular y concreto, […] en el asunto
objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones
[…]”; y agregó que “[…] la Sala Plena35 ha sido enfática en sostener que si el
interés se confunde con el que asiste a todas las personas o a la comunidad en
general, en igualdad de condiciones, no existe conflicto, pues en tal caso estaría
actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio […]”.

57. De conformidad con lo anterior, el conflicto de interés se configura cuando el
miembro de la corporación pública de elección popular, en ejercicio de sus
funciones constitucionales, legales y reglamentarias, participa en la discusión o
votación de un asunto en el cual tiene un interés directo, particular y concreto.

58. Asimismo, es indiferente para la configuración de la causal que la participación
tenga lugar únicamente durante la etapa de discusión o en la etapa de votación
en la medida en que la sola participación en cualquiera de esas etapas estructura
el conflicto de intereses y, en consecuencia, la causal de pérdida de investidura.

33 Véase, por ejemplo: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 2 de

abril de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López; proceso identificado con el número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-04626-00(PI); y Sentencia del 28 de noviembre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Expediente radicación: 11001-03-25-000-2005-00068-00(IJ).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 14 de

marzo de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, identificada con núm. único de radicación 68001-23-15-
000-2006-00003-01.
35 Sentencia de 23 de agosto de 1998. Expediente AC-1675. Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y

Concepto de 27 de mayo de 1999. Expediente 1191. Actor: Ministro del Interior.

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59. En suma, para que se estructure el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar
los siguientes supuestos: i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se
demuestre la existencia de un interés directo, particular y actual en cabeza del
concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o
socios de derecho o de hecho, en un asunto que el concejal conozca en razón de
sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el concejal participe en el debate
o votación del asunto, sin manifestar impedimento frente al asunto que configura
el interés.

60. La Corte Constitucional, en sentencia C-1040 de 19 de octubre de 200536,
señaló sobre el interés directo, particular y actual, al momento de interpretar la
causal de pérdida de investidura, lo siguiente:

“[…] Existe un interés directo, cuando el provecho que se obtenga por el
parlamentario, sus familiares o socios en los términos previstos en la ley, no
requiera para su demostración de actos, hechos o desarrollos posteriores que lo
conviertan en hipotético o aleatorio. Sobre el particular la jurisprudencia del
Consejo de Estado ha señalado que la comprobación del mismo: “debe surgir de
los extremos de la relación que se plantea a través de la decisión que haya de
tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin intermediación alguna. Sólo
dentro de los límites de un determinado ordenamiento jurídico, puede tener para
el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992,
relevancia su interés, el cual no puede ser otro que aquél en el cual sus
destinatarios tengan relación directa con el mismo” Por otra parte, el interés se
torna en particular, cuando la adopción de una decisión en un asunto concreto le
generaría al parlamentario un provecho o beneficio, específico y personal, para sí
mismo o para quienes de acuerdo con la ley se encuentren relacionados con él, y
que no obstante estar consciente de dicha circunstancia, no manifiesta su
impedimento para participar en el debate o votación correspondiente. Finalmente,
el interés debe ser inmediato, con el propósito de excluir sucesos o hechos
contingentes e imprevisibles, sobre los cuales no sea posible determinar o
predecir con cierto grado de convicción y de evidencia fáctica su realización en el
futuro. […]”.

Desarrollos jurisprudenciales sobre la configuración de la causal de pérdida
de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses por
participación en el debate o votación de un proyecto

61. Esta Corporación, mediante sentencia de 20 de enero de 199437, precisó que
la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de interés

36 Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 19 de octubre de 2005, Magistrados Ponentes Manuel José

Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, Referencia Expediente D-5645.
37 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de enero de 1994, radicado: CE-SP-

EXP1994-NAC796 (AC-796), MP: Ernesto Rafael Ariza Muñoz.,

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se configura cuando el congresista participa en el debate o en la votación de un
proyecto de ley.

62. Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas mediante otras
providencias de la Corporación, en sentencias de 1 de marzo de 1996 38, de 5 de
marzo de 199639, de 13 de marzo de 199640, de 19 de marzo de 199641, de 16 de
abril de 199642, de 14 de mayo de 199643, de 4 de mayo de 200144, de 5 de agosto
de 200345, de 9 de noviembre de 200446, de 24 de mayo de 200747, de 23 de
marzo de 201048, de 14 de julio de 201549, de 6 de junio de 201750, de 19 de
septiembre de 201751, de 1° de febrero de 201852, de 19 de noviembre de 201853,
de 18 de septiembre de 202154 y de 20 de enero de 202355.

63. De los antecedentes antes citados, resulta evidente que la jurisprudencia de
esta Corporación ha abordado con suficiencia los requisitos para la configuración
de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses y ha
establecido que dicha causal se materializa con la participación del Congresista56

38 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia de 1 de marzo de 1996, radicado: CE-SP-
EXP1996-NAC3299, MP: Mario Rafael Alario Méndez.
39 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 1996, radicado: 183-CE-SP-

EXP1996-NAC3302, MP: Amado Gutierrez Velásquez.
40 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de marzo de 1996, radicado: CE-SP-

EXP1996-NAC3299 (AC-3299), MP: Mario Rafael Alario Méndez.
41 Consejo de Estado, Sala Plena, radicado: AC-33.00, MP: Joaquín Barreto Ruiz
42 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de abril de 1996, radicado: 110-CE-SP-

EXP1996-NAC3304, MP: Daniel Suárez Hernández.
43 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de mayo de 1996, radicado: 365-CE-SP-

EXP1996-NAC3303, MP: Dolly Pedraza de Arenas.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de mayo de

2001, radicado: 41001-23-31-000-2000-3812-01 (6799), MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
45 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 5 de agosto de 2003, radicado: 11001-03-

15-000-2003-0587-01 (PI-0587), MP: Alejandro Ordoñez Maldonado. En igual sentido: sentencia de 1° de
abril de 2004, Sala Plena del Consejo de Estado, 11001-03-15-000-2002-1127-01 (PI-058), MP: Alejandro
Ordoñez Maldonado.
46 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo., sentencia del 9 de noviembre de 2004,

expediente: PI- 0584. C. P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Oportunidad en la cual se dijo: «[…] que “Como no
resulta conforme con los paradigmas de la ética pública que en un momento dado se superpongan esos intereses,
la Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar la existencia del conflicto de intereses,
cuestión que queda en evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un debate o en una
decisión trascendental estando de por medio intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación, ese debate o esa decisión».
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de

2007, radicado: 25000-23-15-000-2005-01890-01 (PI-01890), MP: Martha Sofia Sanz Tobón.
48 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de marzo de 2010,

radicado: 11001-03-15-000-2009-00198-00, MP: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 14 de julio de 2015, radicado: 11001-03-

15-000-2012-01350-00, CP: Ramiro Pazos Guerrero.
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado: 11001-03-15-000-2016-02279-

00(PI) actor: Renzo Efraín Montalvo Jiménez, demandado: Efraín Cepeda Sarabia, MP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
51 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de febrero de

2018, radicado: 66001-23-33-000-2017-00089-01, MP: Oswaldo Giraldo López.
53 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso, Sala Especial de Decisión, sentencia de 19 de

noviembre de 2018, radicado: 11001-03-15-000-2018-02245-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
54 Consejo de Estado, Sala Especial 26 de Decisión, sentencia de 8 de septiembre de 2021, radicado: 11001-

03-15-000-2020-04535-00, MP: Guillermo Sánchez Luque.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicado:
050012333000202101942011, MP: Nubia Margoth Peña Garzón.
56 Aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales.

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en cualquiera de las etapas del proceso de formación de las normas, lo cual
comprende no solo el debate sino también su votación, sin que incida el resultado
de dichos debates o votaciones, esto es, que el Proyecto de Acuerdo termine con
una norma aprobada o con su archivo por no alcanzar las mayorías
correspondientes.

64. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 19 de septiembre de
201757, consideró:

“[…] Sobre el último aspecto, atañedero a la intervención en el trámite legislativo,
se ha estimado que «[…] el impedimento puede darse por la participación o votación
en una decisión o asunto de que conozca el Congreso de la República, sea que se
trate de deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o actos
legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el
artículo 291 al señalar que el congresista debe declararse impedido cuando observe
que existe un conflicto de intereses para conocer y participar sobre determinado
proyecto o decisión trascendental»58 (se destaca).
Incluso, se ha precisado que comporta una violación del régimen de conflicto de
intereses, cuando el congresista a pesar de estar impedido, constituye el quorum
deliberativo, pues aunque no interviene en el debate ni en la votación, sí participa
en la conformación de aquel; así se dejó anotado en sentencia de 11 de marzo de
2003, expediente 11001-03-15-000-2002-0519-01(PI-047), C. P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, al considerar que «[…] resulta claro para la Sala que el
demandado estaba impedido de intervenir en el trámite del proyecto de ley que
culminó con la expedición de la Ley 680 de 2001, “por la cual se reforman las Leyes
14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en materia
de Televisión”, y al no haber manifestado tal impedimento y, por el contrario, haber
contribuido al quórum para aprobar el informe de la Comisión de Conciliación por
no haber demostrado que se retiró del recinto antes de la votación y participado
activamente en los debates que se dieron en el seno de la Comisión Sexta
Constitucional Permanente del Senado, incurrió en la causal de pérdida de
investidura consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses. […]”.

65. En suma, esta Corporación ha sostenido que la sola asistencia a la sesión con
la cual se contribuye a la conformación del quorum deliberatorio o decisorio, así
el servidor público no intervenga en el debate o en la votación, constituye una de
las formas de participación en su debate y, por ende, da lugar a la configuración
de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses.

Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del elemento subjetivo de
la causal de pérdida de investidura

66. Conforme con la normativa aplicable al caso referida supra, el artículo 1 de la
Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019,

57 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.
58 (cita es original): Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso-administrativo, sentencia de 23 de marzo

de 2010, expediente 11001-03-15-000-2009-00198-00, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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resulta aplicable al caso sub examine, en virtud del principio de favorabilidad en
la medida en que, por un lado, la situación no se encuentra consolidada; y, por el
otro, establece una situación más favorable a la persona objeto de solicitud de
pérdida de investidura, relativa a que el elemento subjetivo de la causal de pérdida
de investidura solamente se configura por conductas dolosas o gravemente
culposas.

67. Vistos los artículos 9.º y 18 del Código Civil, “[…] la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa […]”59 y “[…] [l]a ley es obligatoria tanto a los nacionales como a
los extranjeros residentes en Colombia […]”. Asimismo, visto el artículo 57 de la
Ley 4 de 20 de agosto de 1913, “[…] [s]obre régimen político y municipal […]”,
“[…] [l]as leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive los extranjeros,
sean domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de éstos, los derechos
concedidos por los tratados públicos […]”.

68. Al respecto, es preciso indicar que el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de investidura ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por el Consejo
de Estado y por la Corte Constitucional. En ese sentido, la Sala procede a enunciar
algunos de los principales pronunciamientos proferidos al respecto.

Sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 2016

69. La Corte Constitucional, en sentencia SU – 424 de 11 de agosto de 201660,
consideró que en el marco de las solicitudes de pérdida de la investidura se debía
determinar en cada caso si se configuraba el elemento subjetivo de quien
ostentaba la dignidad, porque el juicio de responsabilidad contenía un elemento
objetivo y un elemento subjetivo que atendía “[…] a las circunstancias particulares
en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía
conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción
u omisión […]”.

59 Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-651 de 3 de diciembre de 1997, señaló

sobre el artículo 9 del Código Civil, lo siguiente: “[…] Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico […].
Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible
a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de
las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia. […].
No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del
derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para
evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante
en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades
para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban
ser relevados de cumplirlos […]” (Destacado fuera de texto).
60 Corte Constitucional, Sentencia SU-424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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20

Núm. Único de radicación: 050012333000202201141-01

70. Lo anterior, porque el análisis de responsabilidad que realiza el juez en este
proceso sancionatorio es de carácter subjetivo; además, porque “[…] [e]n un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla
general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las
sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la
ocurrencia de una conducta regulada en la ley […], contraria al ordenamiento
jurídico […] y culpable […]”.

71. Asimismo, señaló que: i) por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
de la Constitución Política; ii) “[…] el juicio constitucional de pérdida de investidura
analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con
culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado) […]”, y iii) era
necesario verificar la culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer la
inhabilitación para ser elegido a perpetuidad.

Sentencia de 25 de mayo de 2017

72. Esta Corporación, mediante sentencia de 25 de mayo de 201761, indicó que
para definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, se debían analizar

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver
Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 050012333000201601908-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de
2017. C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre
de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de
2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 760012333004201601478-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre
de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01.

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los elementos que constituían el aspecto subjetivo de la misma, los cuales
correspondían al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si
el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

73. Sobre el particular, señaló que aun cuando la revisión de los requisitos y el
marco normativo que regía el cargo al cual se aspiraba era una obligación general
para el candidato, el entendimiento de dichos requisitos debía analizarse de
acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es, el grado de formación,
su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o
asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta
es culposa o si, por el contrario, se estaba ante una situación de buena fe exenta
de culpa que impidiera el reproche subjetivo de su obrar.

74. De igual forma, precisó que las calidades o requisitos positivos y negativos
con los que debía contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal eran
de obligatoria observancia, revisión y análisis previo, por cuanto “[…] [e]sa, es una
diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de
inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a
la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de
Cabildante. […]”.

75. Asimismo, consideró que el proceso de pérdida de investidura exige la
observancia del debido proceso y, particularmente, de los principios pro homine,
in dubio pro reo, legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

76. En ese sentido, la Sala señaló como parámetros para realizar el estudio del
elemento subjetivo, lo siguiente:

“[…] Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de
2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01.

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un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado
a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben
analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los
cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto
es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba
contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que
su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura,
estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por
ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se
concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma
resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

[…]

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno
conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso
la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la
ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado,
al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que
para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le
era menester desplegar. […].

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos
señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los
negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles
equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado
que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o
descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa
se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable
de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro”.

En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el
cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el
entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su
profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida

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inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado
requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche
subjetivo de su obrar […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017

77. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU – 632 de 12 de octubre de
201762, consideró que la culpabilidad es uno de los elementos que se deben
valorar en los procesos de pérdida de investidura, esto es, determinar “[…] si el
demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su
voluntad se enderezó a esa acción u omisión, aspecto que implica verificar si se
está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa […]”.

Sentencia de 10 de mayo de 2018

78. Esta Corporación, en sentencia de 10 de mayo de 201863, consideró que la
omisión del deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar
un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que
le impiden serlo derivaba en “[…] una conducta negligente de su parte […]”64.

79. En ese sentido, concluyó que “[…] el demandado, por elemental cautela y
cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al
cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó
de forma diligente […]”.

62 Corte Constitucional, Sentencia SU – 632 de 12 de octubre de 2017; Magistrado Ponente, doctor José

Fernando Reyes Cuartas.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de

2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 170012333000201600473-01.
64 Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] El proceder del demandado deriva en negligente, habida cuenta
que no verificó el régimen de inhabilidades que rodeaba el cargo al cual aspiró, pues ello le hubiera permitido
percatarse que en su persona se erigía una prohibición para aspirar y ser elegido Concejal Municipal […]”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01;
providencia en la cual se consideró que “[…] está claramente establecido en este proceso que no obstante
su deber de conocer estas normas y que el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la
correspondiente responsabilidad […]”; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, Sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
810012339000201700118-01 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
Sentencia de 3 de mayo de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación:
760012333000201800572-01; providencias en las cuales se consideró que “[…] No hay prueba en el
expediente que permita determinar que el Concejal demandado obró con el cuidado requerido y así definir si
su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar. Al respecto, cabe precisar que el artículo 9.º del Código Civil, según
el cual, “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.

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Núm. Único de radicación: 050012333000202201141-01

Sentencia de 11 de junio de 2020

80. Esta Corporación, en sentencia de 11 de junio de 202065, hizo referencia al
artículo 4 de la Constitución Política, según el cual “[…] [e]s deber de los
nacionales […] acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades […]” y reiteró el contenido del artículo 9.º del Código Civil, en el cual
se indica que “[…] la ignorancia de las leyes no sirve de excusa […]”.

81. Asimismo, resaltó que el estudio del elemento subjetivo requería el análisis
del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un
interés jurídico; entretanto, la segunda atañía a un concepto que está ligado a la
diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

82. En ese sentido, concluyó que para llegar a definir si una conducta era dolosa
o gravemente culposa se debían analizar los elementos que constituían el aspecto
subjetivo de la misma, los cuales correspondían al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud de la conducta; es decir, se debía determinar si el sujeto
conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.

83. De igual forma, indicó que, por un lado, en los casos en los cuales se probara
que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo
de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad
doloso; y por el otro, en aquellos eventos en los que se concluyera que el sujeto
no conocía la ilicitud de su conducta pero, en virtud de la diligencia requerida para
el desarrollo de su actividad, debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho y adoptar las medidas para evitar su realización, se estaría ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran
impedido.

Sentencia de 11 de marzo de 2021

84. Esta Corporación, en sentencia de 11 de marzo de 202166, consideró que “[…]
no cualquier gestión permite demostrar diligencia y cuidado por parte de quien es

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de junio de

2020, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 170012333000201800611-02.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la Corporación. Ver
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de agosto de
2021, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación: 630012333000202000417-01.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 11 de marzo de

2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.

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Núm. Único de radicación: 050012333000202201141-01

acusado de haber incurrido en una inhabilidad u otra causal de pérdida de
investidura; y por el solo hecho de haber elevado una consulta o formulado una
inquietud a una entidad de derecho público o a un particular, se deba tener por
superada la censura de su conducta. Precisamente […] el análisis de la
culpabilidad del demandado no se agota allí, sino que el Juez tiene la obligación
de auscultar las singularidades de cada caso en aras de calificar el
comportamiento desplegado por el demandado […]”.

85. Asimismo, señaló que en los conceptos jurídicos y opiniones solicitados a
entidades públicas, cuerpos u órganos consultivos, así como las asesorías
jurídicas requeridas a profesionales del derecho, se debe propender por la
formulación correcta y completa de las preguntas, con el acompañamiento, de ser
necesario, de la documentación y elementos que permitan su debida
comprensión, inquietud que debe coincidir con los supuestos fácticos y jurídicos
que son verdaderos motivos de duda y que podrían encuadrar en la causal de
pérdida de investidura; y de la respuesta del asunto que se ha encomendado, las
apreciaciones o recomendaciones jurídicas vertidas en los conceptos y asesorías
deben ser conclusivas y contener medianos criterios de idoneidad, congruencia,
pertinencia y sustentación razonada en su elaboración, de modo tal que de estos
se desprenda un convencimiento justificado, defendible y razonable de no estar
incurso en una conducta constitutiva de pérdida de investidura.

86. De conformidad con lo anterior, el estudio de cada caso se debe realizar
teniendo en cuenta que la pérdida de investidura es un juicio de carácter
sancionatorio, lo cual implica que el juez debe realizar un análisis integral de la
responsabilidad bajo una estricta aplicación de los principios que gobiernan el
debido proceso, entre ellos, los principios pro homine e in dubio pro reo; y, con
fundamento en ello, determinar si la conducta se subsume en el presupuesto
fáctico de la norma que establece como consecuencia jurídica la pérdida de la
investidura y si se configura o no el elemento subjetivo, relativo a la culpabilidad.

Principio pro homine

87. El principio pro homine o pro persona, también denominado “Cláusula de
favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos67, ha sido entendido
como el criterio hermenéutico en virtud del cual se debe acudir a la norma más
amplia o a la interpretación más extensiva cuando lo pretendido es el

67 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006; M.P. Clara Inés Vargas Hernández

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Núm. Único de radicación: 050012333000202201141-01

reconocimiento de derechos68; e inversamente a la norma o a la interpretación
más restrictiva cuando lo pretendido es el establecimiento de restricciones
permanentes al ejercicio de esos derechos o a su suspensión extraordinaria.

88. La Corte Constitucional en la sentencia T-320 de 2009 señaló que el principio
referenciado es aplicable a la interpretación de los derechos fundamentales
establecidos en la Constitución Política al señalar que este “[…] se constituye en
una valiosa pauta hermenéutica [que] ordena la adopción de la interpretación que
mejor se compadezca con los derechos fundamentales en juego, [es decir] la que
sea “más favorable a la protección de los derechos del agenciado” […]”
(Destacado fuera de texto).

89. En este orden de ideas, sin desconocer que las autoridades judiciales son
competentes para aplicar e interpretar las normas jurídicas, en virtud del principio
de autonomía e independencia judicial, lo cierto es que esa interpretación debe
propender por una hermenéutica que resulte menos restrictiva de los derechos
fundamentales [lo cual implica una interpretación restrictiva de las causales de
pérdida de investidura] porque, se reitera, el principio pro homine impone al juez
que “[…] sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se
prefiera [aquella] que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma
más amplia del derecho fundamental […]”69.

Principio in dubio pro reo

90. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido que la pérdida
de investidura hace parte del poder punitivo del Estado70 por comportar una
sanción para el miembro de la corporación pública de elección popular –Congreso
de la República, concejo municipal o distrital o asamblea departamental- que
transgrede el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflictos de
intereses, la cual conlleva la imposibilidad de ser elegidos nuevamente en un
cargo de elección popular. En ese orden de ideas, por tratarse de un trámite
sancionatorio, a esta clase de procesos se deben aplicar las reglas del debido
proceso sancionador, entre ellas el principio de in dubio pro reo.

68 Entiéndase Derechos Humanos y derechos fundamentales.
69 Corte Constitucional, sentencia C-438 de 2013. M.P. Alberto Rojas Rios.
70 Ver: sentencia T-1232 de 2003 la Corte Constitucional y sentencia proferida el 21 de julio de 2015 por la

Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; proceso identificado con el número único
de radicación 110010315000201200059-00.

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Núm. Único de radicación: 050012333000202201141-01

91. El in dubio pro reo ha sido definido como aquella garantía constitucional,
derivada del artículo 29 de la Constitución Política, según la cual el juez está
obligado a resolver toda duda razonable en favor del demandado.

92. En ese orden de ideas, la aplicación del principio supra en los trámites
sancionatorios se exige por razón de la severidad, las implicaciones y los
prolongados efectos de la sanción, derivados de la inhabilidad permanente para
desempeñar cargos de elección popular que aquella trae aparejada; en ese orden,
en el proceso se debe demostrar de manera rotunda, concluyente y fehaciente,
que el demandado realizó la conducta típica que el ordenamiento jurídico
proscribe y que sanciona con la desinvestidura y que es culpable. Cualquier duda
razonable en relación con la realización de la conducta o la culpabilidad se debe
interpretar en favor del miembro de la corporación pública.

La conducta dolosa o gravemente culposa

93. Visto el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4.° de la Ley
2003.

94. Para efectos de la configuración de una conducta dolosa se deben determinar,
por un lado, el conocimiento del sujeto en relación con que determinada conducta
-en este caso, haber incurrido en inhabilidad- se encontraba prohibida por la
Constitución Política y la ley.

95. Y, por el otro, que la voluntad del sujeto se dirigió a realizar la acción contraria
a derecho. Ante el conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la
intención en la misma.

96. Asimismo, la pérdida de investidura tendrá lugar si la conducta es
“gravemente culposa”, lo que conlleva a que debe ser inexcusable.

Análisis del caso concreto

97. De conformidad con el marco normativo y de conformidad con los desarrollos
jurisprudenciales expuestos en la parte considerativa de esta sentencia: la Sala
procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas decretadas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que

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en derecho corresponda para, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

98. El Tribunal consideró en la sentencia proferida, en primera instancia, que se
configuraba el conflicto de intereses porque el Concejal no manifestó su
impedimento para participar en el trámite y votación del Proyecto de Acuerdo núm.
016 de 2022, por medio del cual se autorizó al Alcalde del Municipio de
Angelópolis a realizar una cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales, de conformidad con el artículo 277 de la Ley 1955, a pesar de que
uno de los posibles beneficiarios era un pariente en segundo grado de
consanguinidad.

99. El Concejal71, en el recurso de apelación, señaló que para que se configure el
conflicto de interés, como causal de pérdida de investidura, es necesario que se
pruebe el interés del miembro de la corporación pública; y en el caso sub examine,
no se probó que el Concejal tuviera un interés actual ni real, en la medida que no
se tuvo en cuenta el hecho de que no votó a favor ni se aprobó el Proyecto de
Acuerdo indicado supra, en el cual su pariente de segundo grado de
consanguinidad era un presunto beneficiario. Asimismo, afirmó que el juicio de
pérdida de investidura no podía fundarse exclusivamente en el elemento objetivo
sino que debía tener en cuenta el análisis del elemento subjetivo.

Análisis de los supuestos del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura por violación del régimen de conflicto de intereses en el caso
concreto

Que se ostente la calidad de concejal

100. La Sala encuentra probado que el señor Conrado Antonio Bonilla Henao fue
elegido como Concejal del Municipio de Angelópolis, Antioquia, para el periodo
2020-2023, según se explicó en el acápite “[…] La calificación habilitante […]” de
esta providencia, y se encontraba en ejercicio de su investidura cuando se sometió
a discusión el Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022. En consecuencia, el primer
supuesto del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura se encuentra
probado.

71 Por medio de apoderado.

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Que exista un interés directo, particular y actual del concejal o alguna de las
personas señaladas en la ley, de orden moral o económico, en la
deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva
corporación pública

101. Para el efecto, la Sala encuentra probado que:

101.1. En el Acta núm. 007 de 22 de agosto de 202272 del Concejo Municipal de
Angelópolis consta que se registró, por iniciativa del Alcalde Municipal, el Proyecto
de Acuerdo núm. 16 de 2022, por medio del cual se le autoriza a dicho alcalde
para realizar una cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes
fiscales, de conformidad con el artículo 277 de la Ley 1955.

101.2. El Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 202273 citó como fundamento
normativo de la iniciativa lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Política74,
sobre el derecho a vivienda digna; en el numeral 7. ° del artículo 313 ibidem75,
sobre las competencias de los concejos en materia de vivienda; en el artículo 277
de la Ley 195576, sobre cesión a título gratuito o enajenación de bienes fiscales; y
en el parágrafo 4.° del artículo 3277 de la Ley 13678, sobre atribuciones de los
concejos respecto a la enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

101.3. La exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022 señaló
lo siguiente:

“[…] Considerando que la titulación de los predios fiscales corresponde a una
herramienta eficaz mediante la cual las entidades públicas del orden nacional y
territorial, pueden transferir la propiedad de los predios fiscales ocupados
ilegalmente, a quienes demuestren la ocupación del terreno siempre y cuando
cumplan con los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente y
teniendo en cuenta que en el país se predomina una constante en el que los predios
de propiedad de las entidades territoriales, son ocupados ilegalmente con mejoras
o construcciones de propiedad privada o pública, que se consolidan en la mayoría

72 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 04 Anexos […]”.
73 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 04 Anexos […]”.
74 “[…] Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones

necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.
[…]”.
75 “[…] Artículo 313. Corresponde a los concejos: […] 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los

límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda. […]”.
76 “[…] Artículo 277. Cesión a Título Gratuito o Enajenación de Bienes Fiscales. Modifíquese el artículo 14 de

la Ley 708 de 2001, el cual quedará así: […] Artículo 14. Cesión a título gratuito o enajenación de dominio de
bienes fiscales. […]”.
77 “[…] Artículo 18. […] El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: […] Artículo 32. Atribuciones. Además

de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:
[…] PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, el
Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en los siguientes
casos: 3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. […]”.
78 Modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 6 de julio de 2012, “[…] Por la cual se dictan normas para

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.

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de los casos, como asentamientos urbanísticos con toda la provisión de servicios
públicos en ocasiones precarios.

Surge la necesidad de generar programas y proyectos encaminados a
solucionar los problemas de informalidad en la tenencia de la tierra que
permitan que los hogares ocupantes de dichos terrenos logren la
consolidación de su patrimonio, mediante la obtención de título de propiedad,
situación que les posibilita el acceso al mercado financiero e inmobiliario,
otorgándoles la oportunidad de percibir recursos que les permitan mejorar su
calidad de vida a través de la banca privada o mediante la asignación de subsidios
estatales de mejoramiento de vivienda.

El proceso de titulación consolida visiblemente los siguientes logros:
➢ Soluciona el déficit habitacional.
➢ Sanea la Propiedad fiscal.
➢ Mejora la base del recaudo del impuesto predial.
➢ Viabiliza la inversión de recursos públicos, contribuyendo a la solución de la
problemática social y de ordenamiento territorial.
[…]

El citado artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 fue reglamentado por el Decreto 149
de 4 de febrero de 2020, en los aspectos relacionados con la cesión gratuita de
bienes inmuebles fiscales urbanos ocupados por un tercero de manera ilegal con
mejoras o construcciones de destinación económica habitacional, siempre que se
demuestre la ocupación ininterrumpida de diez (10) años.

Dando ahora la posibilidad referida en el parágrafo 1 del citado artículo 277 de la
Ley 1955 de 2019 o en el artículo 14 de la Ley 2044 de 2020, a que, si no se
cumplen los requisitos requeridos respecto del inmueble, esto es que tenga
destinación habitacional o que el hogar cumpla con la ocupación
ininterrumpida, dicho inmueble podrá ser enajenado aplicando la normativa
vigente y reglamentaria de esa materia.

Tenemos entonces que, definida la autorización legal para formalizar la propiedad
en favor de los hogares ocupantes ilegales de predios fiscales, se observa
claramente esta figura propende por la garantía del acceso al derecho a una
vivienda digna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la
Constitución Política.

De igual forma, se requiere dar cumplimiento al plan de desarrollo “CREEMOS
EN ANGELÓPOLIS” en su línea estratégica 1: creemos en Angelópolis
equitativo, incluyente y con bienestar, SECTOR: Vivienda, Producto: Bienes
fiscales saneados y titulados.

Vale la pena señalar que este esquema de formalización de propiedad, representa
para el municipio el desarrollo de una cultura de trabajo interinstitucional
coordinado, que le asegura metodologías de gestión óptimas para el diseño y
desarrollo de proyectos que redunden en el robustecimiento de las rentas y
mejoramiento de la economía local. De otro lado, se busca vincular a la población
en varias de las actividades que generen sentido de solidaridad, participación y
compromiso en aquellos proyectos emprendidos por la administración, que
comprometen el bienestar y una mejor calidad de vida de la comunidad; todo esto
en cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de
Derecho consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política. […].

Cordialmente,

JAIME ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ
Alcalde Municipal […]” (Destacado fuera del texto).

101.4. La exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022 tiene
un listado anexo en el cual aparecen relacionadas cuatro columnas con la

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información de los posibles beneficiarios de la iniciativa y en el cual se encuentra
el señor Carlos Emilio Bonilla Henao:

101.5. En el Acta núm. 007 de 22 de agosto de 202279 del Concejo Municipal de
Angelópolis consta que la Comisión Tercera Permanente o de Presupuesto y
Hacienda Pública dio apertura a la respectiva sesión ordinaria, con el llamado a
lista y verificación del quorum, acto en el cual el Concejal contestó el llamado a
lista:

101.6. El Concejal declaró abierta la sesión, una vez confirmado el quorum
deliberatorio y decisorio80, en la cual se debatieron algunas iniciativas, dentro de
los cuales se encontraba el Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022.

101.7. Posteriormente, se aprobó la proposición de dar apertura al debate del
Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022, para lo cual se dio lectura al informe de
ponencia para primer debate por parte del señor Jesús Antonio Marín Quiroz,
ponente de la iniciativa, como se expone a continuación:

“[…] vemos que las entidades públicas podrán transferir mediante cesión a título
gratuito la propiedad de los bienes fiscales o la porción de ellos ocupados
ilegalmente, con mejoras y/o construcciones de destinación económica
habitacional, siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar
que cumpla con las condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de
interés social y ello ocurra de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. Frente al proyecto de acuerdo
sobre enajenación gratuita de bienes fiscales, a título gratuito, la recomendación es
importante que en el proyecto se describan y detallen cuáles serán los bienes
susceptibles para enajenar y una vez se ajuste la recomendación el proyecto es
viable y mi ponencia es positiva. […]”81.

79 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 04 Anexos […]”.
80 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto – Documento anexo

[…]”.
81 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 49:15 en

adelante.

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101.8. A continuación, se declaró abierto el debate sobre dicha iniciativa y se le
concedió la palabra al ponente del proyecto, quien expuso su objeto y contenido
así:

“[…] como ponente de este proyecto y viendo el gran impacto que tiene este
proyecto para nuestra comunidad donde hay más de 170 familias que se van a ver
beneficiadas y los de VIVA han venido varias veces a socializarnos este proyecto,
y hace 2 o 3 días vino y nos socializó de tal forma que casi todas las inquietudes
que teníamos, quedamos muy contentos, solicito a la comisión tercera aprobar este
proyecto en la comisión y pasarlo a plenaria. […]”.

101.9. Sobre el particular, el Concejal tomo el uso de la palabra y señaló lo
siguiente82:

“[…] El proyecto sí es muy bueno, pero para mí las dudas todavía están […]
está muy claro que la ley no ha cambiado, el conflicto de interés sigue con
nosotros por lo tanto yo hasta que no retiren a mi hermano que está aquí en
este listado y sabiendo que ahí nos dicen muy claro, ellos tienen que pasar el
listado primero de los que sí cumplan o sea no pasar este proyecto hasta que
ellos pasen el listado de los que sí cumplan y que si puedan estar, ósea que
si le puedan dar licencia o sea lo que están pidiendo, entonces, por lo tanto,
hasta que no retiren nuestros familiares, porque sigue el conflicto de interés,
automáticamente nosotros quedamos inhabilitados según veo yo, entonces
para mí no este proyecto, si vuelven a pasar este proyecto, no lo vuelvan a
pasar a nosotros a esta comisión pero que me retiren el conflicto de interés y
que nos manden los documentos ósea los no posibles beneficiarios sino los
beneficiarios que son, este proyecto va, por ahora mi voto sigue siendo
negativo. […]”. (Destacado incluido por la Sala).

101.10. La Presidenta de la corporación pública abrió la votación del Proyecto de
Acuerdo núm. 016 de 202283 y el Concejal dio su voto negativo84. Al finalizar la
votación, la iniciativa fue archivada, como se observa a continuación85:

“[…]

Con dos votos negativos el proyecto queda archivado en comisión. […]”.

102. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que al Concejal le asistía
un interés directo, particular y actual en la decisión del Proyecto de Acuerdo núm.
016 de 2022, porque se trataba de una iniciativa en la cual su pariente de segundo

82 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 51:44 en

adelante.
83 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 1:15:36.
84 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 1:15:40.
85 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto – Documento anexo

[…]”.

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grado de consanguinidad, el señor Carlos Emilio Bonilla Henao, pariente en
segundo grado de consanguinidad, se encontraba como uno de los posibles
beneficiarios de la autorización otorgada al Alcalde, como se observa en el listado
referido supra, anexo a la exposición de motivos del proyecto de acuerdo.

103. Sobre el particular, es preciso indicar que en la exposición de motivos del
citado proyecto se indicó la importancia de llevar a cabo la iniciativa, por motivos
de interés social, debido a que era necesario señalar las políticas y plazos en los
cuales se autorizaría al Alcalde Municipal para que ejecutara la cesión a título
gratuito respecto de bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras
y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la
ocupación ilegal hubiera sido efectuada por un hogar que cumpliera con las
condiciones para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y
hubiera ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo 10 años de anterioridad al
inicio del procedimiento administrativo.

104. Asimismo, se advirtió que, conforme al parágrafo 1.º del artículo 27786 de la
Ley 1955 y el artículo 1487 de la Ley 2044 de 30 de julio de 202088, los inmuebles
que no cumplieran con los requisitos requeridos para la cesión gratuita podrían
ser enajenados directamente aplicando la normativa vigente en esa materia.

105. En ese sentido, para la Sala el Concejal debió manifestar su impedimento,
en la medida que su pariente en segundo grado de consanguinidad aparecía como
uno de los posibles beneficiarios de la autorización otorgada por el Concejo al
Alcalde Municipal para poder realizar la cesión gratuita o enajenación directa de
bienes referida supra, por lo que podría resultar afectado su pariente de segundo
grado de consanguinidad con la decisión del Proyecto de Acuerdo núm. 016 de
2022.

86 “[…] Artículo 277. Cesión a Título Gratuito o Enajenación de Bienes Fiscales. Modifíquese el artículo 14 de

la Ley 708 de 2001, el cual quedará así:
Artículo 14. Cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales. Las entidades públicas
podrán transferir mediante cesión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción
de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional,
siempre y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones para
ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con
mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesión gratuita se
efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrita en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, será plena prueba de la propiedad. […].
Parágrafo 1o. Para bienes inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras que no cuenten con
destinación económica habitacional, procederá la enajenación directa del predio fiscal por su valor catastral
vigente a la fecha de la oferta. El Gobierno nacional reglamentará la materia. […]”.
87 “[…] Artículo 14. Modifíquese el artículo 3o de la Ley 1001 de 2005 el cual quedara así:

Artículo 3o. Enajenación Directa de Bienes Fiscales. Las entidades públicas podrán enajenar directamente
los bienes inmuebles fiscales de su propiedad en primer lugar al ocupante sin sujeción a las normas de
contratación estatal, cuando el inmueble y/o el hogar interesado en la cesión no cumpla con los criterios
previstos en el artículo 14 de la Ley 708 de 2001 modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y las
normas que lo modifiquen, complementen, adicionen o reglamentan.[…]”.
88 Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales

y se dictan otras disposiciones

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Que el concejal participe efectivamente del respectivo trámite, sin haber
manifestado su impedimento para actuar o sin haber sido recusado para los
efectos

106. En el Acta núm. 007 de 22 de agosto de 202289 del Concejo Municipal de
Angelópolis consta que el Concejal asistió a la respectiva sesión ordinaria, lo cual
contribuyó a conformar el quorum deliberatorio y decisorio que permitió debatir y
votar el Proyecto de Acuerdo núm. 016 de 2022 y participó en el debate de la
iniciativa, sin manifestar su impedimento y sin haber sido recusada, por lo que la
Sala encuentra probado este supuesto.

107. De conformidad con lo indicado en el marco normativo y jurisprudencial sobre
la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses referido supra, en especial, en lo referente a la participación en el debate
o votación de un proyecto, la Sala considera que las normas aplicables al conflicto
de intereses no condicionan su configuración a que el asunto en el cual el Concejal
haya participado sea aprobado, en la medida que el legislador estableció
textualmente que el Concejal “[…] deberá declararse impedido de participar en los
debates o votaciones respectivas […]”.

108. En ese sentido, contario a lo manifestado en el recurso de apelación, la Sala
advierte que el Tribunal no desconoció el precedente vertical ni aplicó una nueva
causal de pérdida de investidura «ex post facto», pues esta Corporación y la Corte
Constitucional90 han establecido líneas jurisprudenciales, en las cuales se ha
considerado que la causal de pérdida de investidura comprende todas las etapas
de formación de una norma, desde el debate hasta la votación, e incluso, se ha
señalado que la sola comparecencia a la sesión constituye una forma de
participar, pues con ella se conforma el quorum deliberatorio y decisorio, así el
servidor no intervenga en el debate o en la votación91.

109. Por lo anterior, el Concejal tiene el deber de manifestar su impedimento
desde el momento en que advierte que se encuentra comprometida su
imparcialidad, con el fin de evitar que el interés particular entre en conflicto con el

89 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 04 Anexos […]”.
90 Sobre el particular, la Sentencia SU 379 de 2019 donde se indicó: «73. De lo expuesto es dado concluir

que la pérdida de investidura como juicio sancionatorio: (i) busca proteger el interés general frente a los
intereses privados, personales o familiares que en un determinado momento puedan tener o defender las
personas que ostenten un cargo de elección popular; (ii) en la aplicación del régimen de conflicto de intereses,
debe verificarse la existencia de un interés directo por parte de quien participa en las etapas de la aprobación
de un proyecto -debate o votación-; y (iii) la valoración que realice el juez sobre el provecho (interés o
beneficio) sea propio o a favor de un consanguíneo[112], no debe ser incierto, sino que requiere un nexo
causal entre dicho beneficio y el poder de interferir en la toma de la decisión».
91 Sala Plena de lo Contencioso, sentencia de 19 de septiembre de 2017, radicado: 11001-03-15-000-2014-

01602-00, MP: Carmelo Darío Perdomo Cuéter.

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interés general, independente del resultado del debate o de la votación
correspondiente.

110. Asimismo, se considera que la sentencia de 19 de octubre de 2018 proferida
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en el proceso identificado con el
número único de radicación 2500023370002017000030192, no comparte
identidad fáctica ni jurídica con el presente asunto, en la medida que en dicha
oportunidad se solicitó la pérdida de investidura de un Concejal por participar en
la aprobación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se adoptó la revisión
general y ajustes a un acto administrativo que estaba dirigido a una pluralidad de
personas y se determinó que no existía interés porque la afectación no devenía
directamente del acuerdo sino de la expedición de otros actos que le permitieran
materializarlo; mientras que, en el caso sub examine, el Proyecto de Acuerdo núm.
016 de 2022 afecta situaciones de carácter particular y concreto, por cuanto al
momento de decidir la iniciativa se tuvo en cuenta el listado de posibles
beneficiarios con la decisión, lo cual implica que los fundamentos jurídicos de la
sentencia de 19 de octubre de 2018 no pueden ser aplicados al asunto objeto de
examen.

111. En atención a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que, conforme se indicó
supra, se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de la pérdida de
investidura alegada, esta Sala procederá a realizar el estudio del elemento
subjetivo.

Análisis del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura en el
caso sub examine

112. La Sala analizará el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura
en el caso sub examine, entre otros, con fundamento en los parámetros
establecidos por la Sala en la sentencia de 25 de mayo de 201793, referida supra.

92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de octubre

de 2018, radicado: 25000-23-37-000-2017-00003-01, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 810012339000201500081-01.
Las consideraciones de esta sentencia fueron reiteradas en otras providencias de la
Corporación. Ver Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 8 de junio de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación:
050012333000201601908-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Radicación Número: 760012333004201601077-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de
2017. C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 730012333005201600620-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre
de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 540012333000201600346-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 12 de octubre de
2017, Número único de radicación: 680012333000201601393-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 440012331001201600055-01.

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113. En ese sentido, la Sala considera que para el estudio del elemento subjetivo
se requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico y la segunda atañe a un concepto que está
ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

114. Para llegar a definir si una conducta es dolosa o gravemente culposa se
deben analizar los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma,
los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud
de la conducta; es decir, se debe determinar si el sujeto conocía o debía conocer
que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

115. Sobre el particular, en el caso sub examine, se encuentra probado que:

116. La exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo núm. 16 de 2022 indicó
que el Concejo Municipal de Bucaramanga señalaría las políticas y tiempos en los
cuales se autorizaría al Alcalde para ejecutar la cesión a título gratuito de los
inmuebles que cumplieran requisitos y anexó un listado con los “posibles
beneficiarios”, en los siguientes términos:

“[…] Por lo anterior y por motivos de interés social, tanto para el municipio como
sus habitantes, el Concejo Municipal señalará las políticas y tiempos dentro de
los cuales se autorizará al señor Alcalde para que ejecute la cesión a título
gratuito respecto de inmuebles fiscales ocupados ilegalmente con mejoras y/o
construcciones de destinación económica habitacional, siempre y cuando la

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 20 de octubre de
2017, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación: 760012333004201601478-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 27 de octubre de
2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 250002342000201506456-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de noviembre
de 2017, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333002201600055-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 1 de febrero de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación 660012333000201700089-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 26 de abril de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación 130012333000201700277-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 10 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 170012333000201600473-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 24 de mayo de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación 700012333000201600274-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de junio de 2018,
C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 660012333000201600080-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 4 de octubre de
2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 810012339000201700118-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 3 de mayo de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, Número único de radicación: 760012333000201800572-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 16 de mayo de
2019, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 810012339000201600056-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 13 de junio de
2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, Número único de radicación: 050012333000201800666-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 19 de septiembre
de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Número único de radicación: 130012333000201800738-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11 de marzo de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 150012333000202000065-01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de julio de
2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, Número único de radicación: 440012340000202000232-01.

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ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condiciones
para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de
manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio del
procedimiento administrativo, en los términos y requisitos consagrados en el
artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, y aquellas normas que lo reglamenten,
adicionen, modifiquen o complementen.

Anexamos listado de posibles beneficiarios. […]” (Destacado fuera del texto).

117. En el Acta núm. 007 de 22 de agosto de 202294 del Concejo Municipal de
Angelópolis, referida supra, consta que el Concejal manifestó que para votar el
proyecto de acuerdo solicitó una asesoría a la Organización de Líderes
Territoriales para el Desarrollo. En ese sentido, en dicha sesión, reprodujo un
audio que contenía una asesoría presentada por el señor Wilmar Quintero
Bohórquez, Director Ejecutivo de la entidad, como se expone a continuación95:

“[…] Toma el uso de la palabra el concejal Conrado: El proyecto sí es muy bueno,
pero para mí las dudas todavía están, por eso me asesoré, de OLTED
[Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo] nos mandaron una
asesoría y para poder votar este proyecto para segundo debate quiero que
escuchen un audio que nos enviaron de OLTED.

“Doctor Wilmar Quintero – OLTED96: […] El lunes 29 de agosto tenemos una
reunión con las personas de USAID que son las que están cofinanciando en
algunos municipios este tema de los procesos de identificación de bienes
fiscales y baldíos para poder titular y con el Ministerio de Agricultura y con el
Ministerio de Vivienda y con los contratistas, en este caso los que están
haciendo ese proceso en Santander.

Precisamente porque el Concejo de San Juan de Arama ha tenido que negar
el proyecto de acuerdo por existir la posibilidad de un conflicto de interés y
porque no se están identificando los bienes de forma específica dentro del
proyecto de acuerdo que les presentan. Entonces, es importante que ustedes
tengan claro lo que ya en varias oportunidades les he manifestado, el conflicto de
interés de los concejales está regulado por el artículo 70 de la Ley 136, esa
norma sigue vigente, al igual que la línea jurisprudencial del Concejo de
Estado frente a la posibilidad de que los concejales incurran en conflicto de
interés. Cuando existe un beneficio directo, o sea, no es igual para toda la
población o la comunidad o municipio, es específicamente para las personas que
se benefician de la decisión que en este caso quiénes son, son los
ocupadores de esos bienes fiscales o inmuebles que posiblemente puedan
ser beneficiados con la titulación gratuita de esos predios. Desde luego el
conflicto de interés puede existir, pero para determinar que existe conflicto
de interés el proyecto de acuerdo debe identificar dentro del articulado del
proyecto los bienes baldíos o fiscales que se autorizan ceder a título gratuito,
conforme lo permite esta normatividad reciente. Entonces, los concejos municipales
deben garantizar dos cosas: lo primero, es que el proyecto de acuerdo
identifique los bienes que ya se sabe por parte de la alcaldía cumplen las
condiciones para poder ser titulados a esos ocupantes ilegales pero que están
destinándolo para vivienda de interés social; entonces, el concejo al garantizar
que en el acuerdo estén relacionados los bienes también de una vez de esa
norma puede garantizar no tener conflicto de interés. Ya conociendo cuáles
son los bienes y relacionándolos dentro del articulado, si hay algún bien que

94 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 04 Anexos […]”.
95 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 51:44 en

adelante.
96 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 57:46 en

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corresponda a una ocupación que esté haciendo un concejal o cualquiera de
sus familiares en cuarto grado de consanguinidad pues hay conflicto de
interés porque solamente esos poseedores de esos bienes son los que se van
a beneficiar del acuerdo.

118. El señor Wilmar Quintero Bohórquez, Director Ejecutivo de la Organización
de Líderes Territoriales para el Desarrollo, recomendó, en el referido audio, que
para participar y votar el proyecto de acuerdo sin incurrir en conflicto de interés
podría: i) solicitar que se retirara su predio o el de sus familiares como posibles
beneficiarios de la iniciativa o ii) votar de forma negativa el proyecto, porque de
esa forma demostraría que no quería beneficiarse de la decisión, precisando que
mientras no se identificaran los bienes no se podría saber con certeza quienes
eran los beneficiarios:

“[…] Entonces qué puede hacer un concejal para solventar ese conflicto de
interés, o solicitando que se retire su predio de ahí o el de sus familiares para
poder participar en la discusión y la votación porque ya sus predios no serían
beneficiados de esa titulación gratuita o en su defecto votando negativo el
proyecto, porque si usted vota negativo así lo aprueben, usted no quería
beneficiarse, su decisión fue negarlo, no habría una decisión tendiente de la
que usted se pudiera beneficiar, ahí no operaría los conflictos de intereses,
pero mientras a ustedes no les identifiquen los bienes, primero se estaría
violando la norma y segundo ustedes estarían en un juego bastante difícil
porque no podrían saber de manera determinante si van a ser o no van a ser
beneficiarios. Y esto ya ha sido objeto de pronunciamiento, hace menos de unos
meses el Tribunal Administrativo de Boyacá por ejemplo invalidó acuerdos en ese
sentido precisamente porque el concejo otorgó una autorización general, además
ilimitada y no identificó los bienes fiscales o baldíos que se iba a autorizar titular a
estos ocupadores y por esa razón se caen esos acuerdos; es más como una
terquedad del Alcalde que necesita de una autorización del Concejo para poder
hacer la titulación, ósea, es lo último que el Alcalde necesita, primero tiene que
hacer todo el proceso de identificación, establecer quiénes cumplen los
requisitos, qué predios no los cumple […] pero es que quieren hacer las cosas
al revés, sin tener identificados los bienes quieren pedir la autorización general al
Concejo como si el concejo diera autorizaciones generales, el Concejo da
autorizaciones específicas, como lo estableció el parágrafo 4° del artículo 18 de la
1551 […] Cuando se trata de autorizaciones específicas el concejo tiene que
identificar, en este caso, los bienes inmuebles sobre los cuales está
otorgando la posibilidad de enajenar a título gratuito. Por eso esos proyectos
que les presentan a ustedes donde no se identifican los bienes, son proyectos
inviables, improcedentes y le voy a compartir las imágenes de la noticia de la
relatoría del Tribunal Administrativo, si porque no somos nosotros, son los jueces
de la República los que lo han dicho […]”. (Destacado incluido por la Sala).

119. La Concejal Adriana María Gómez Johnson, al intervenir en dicha sesión,
manifestó que en el proyecto de acuerdo no había claridad sobre el listado de
posibles beneficiarios, porque los nombres cambiaban según las necesidades de
la empresa que iba a desarrollar la iniciativa y que tal situación había contribuido
a que el proyecto no se hubiera aprobado en otras oportunidades97:

97 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 59:11 en

adelante.

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“[…] Como decía el asesor, este proyecto se ha hundido tres veces, la primera
vez que el proyecto se hundió yo le dije a este proyecto NO porque estaba
recién llegada y no tenía mucha claridad cómo se estudiaban estos proyectos,
y yo le dije NO porque no entendí. La segunda vez se hundió porque no cumplía
con la temporalidad donde se empezó a hablar del conflicto de intereses hasta
el cuarto grado de consanguinidad de los concejales, donde no había un
listado claro y decían los señores de VIVA a hablar del proyecto y nos hablaron de
369 personas más o menos que eran los supuestos beneficiarios y cuando
preguntamos por el listado nos mandaron uno de 65 personas, no sabían qué
querían, el proyecto se hundió en esa vez. La tercera vez fue ahorita en mayo, se
volvió a mandar y en este fui yo la ponente y les quiero leer el análisis del
articulado del proyecto cuando presenté mi ponencia, este proyecto iba para
adelante si nos hubiera mandado en ese momento el listado que pedimos
como debe de ser presentado este proyecto ya lo tenía la comunidad en sus
manos, pero comunidad, la verdad es que para mí fue una gran sorpresa cuando
faltando cinco o diez minutos para empezar la sesión del Concejo llega un
listado y vamos a mirar y ya resultó que yo tenía 4 predios, mi familia otros,
entonces mi pregunta en ese momento fue ¿por qué no los mandaron desde
el principio que pedimos el primer listado?. Ahorita que vinieron a
socializarnos el proyecto, preguntamos por qué cambian los nombres, y el
señor de VIVA dice que hoy pueden cambiar los nombres, hoy pueden
aparecer unos y mañana otros, pasado mañana otros, que él puede cambiar
los nombres a medida que se vaya necesitando, entonces esa misma
respuesta me hace pensar a mi es que no tienen claro el proyecto, es que ese
listado es lo último que se hace para la enajenación de los bienes y no saben ni a
quién le van a dar los mejoramientos o les van a arreglar sus escrituras. […]”
(Destacado incluido por la Sala).

120. El Concejal, en dicha sesión, señaló que se tenía que pasar el listado con
los inmuebles que cumplieran con los requisitos planteados en la iniciativa, en
ese sentido, solicitó no pasar el proyecto hasta que se conociera con certeza
sobre los beneficiarios de la misma y retirar a sus familiares del respectivo listado,
manifestando su votó en sentido negativo98:

“[…] [E]l conflicto de interés sigue con nosotros por lo tanto yo hasta que no
retiren a mi hermano que está aquí en este listado y sabiendo que ahí nos dicen
muy claro, ellos tienen que pasar el listado primero de los que sí cumplan o
sea no pasar este proyecto hasta que ellos pasen el listado de los que sí
cumplan y que si puedan estar, ósea que si le puedan dar licencia o sea lo que
están pidiendo, entonces, por lo tanto, hasta que no retiren nuestros familiares,
porque sigue el conflicto de interés, automáticamente nosotros quedamos
inhabilitados según veo yo, entonces para mí no este proyecto, si vuelven a
pasar este proyecto, no lo vuelvan a pasar a nosotros a esta comisión pero
que me retiren el conflicto de interés y que nos manden los documentos ósea
los no posibles beneficiarios sino los beneficiarios que son, este proyecto va,
por ahora mi voto sigue siendo negativo. […]”. (Destacado incluido por la Sala).

121. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra probado que el Concejal
solicitó asesoría sobre la configuración de la causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses a la Organización de Líderes Territoriales para el Desarrollo
entidad que, al tener conocimiento de otros procesos de titulación de bienes
fiscales y baldíos en “[…] Santander […]”, le podía otorgar cierta claridad sobre la

98 Cfr. Índice núm. 2 SAMAI, “[…] 20 Archivos […]”, “[…] Acta núm. 07 de 22 de agosto […]”, minuto 51:44 en

adelante.

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materia, y la cual, a través de su Director Ejecutivo, le manifestó que para efectos
de establecer el conflicto de intereses previsto en el artículo 70 de la Ley 136, se
debían identificar los bienes baldíos o fiscales que se autorizaría ceder a título
gratuito y, además, para solventar dicho conflicto, se podría solicitar el retiro de su
predio o del de sus familiares con el fin de participar en la discusión y votación o,
en su defecto, podrían votar de forma negativa el proyecto, por cuanto ello
evidenciaría que su intención no era beneficiarse del mismo.

122. En ese sentido, la Sala considera que el Concejal no solo puso de presente
el haber actuado de buena fe y la convicción que tenía sobre la rectitud de su
conducta, sino que en el proceso se demostró que actuó en virtud de la diligencia
requerida para el desarrollo de su actividad, al solicitar asesoría sobre la
configuración de la causal, máxime si se tiene en cuenta que en el asunto objeto
de examen el listado de beneficiarios no era definitivo sino que variaba según las
necesidades de la empresa que tenía a cargo el desarrollo del proyecto.

123. En ese orden, la Sala resalta que la naturaleza sancionatoria de la pérdida
de investidura exige la aplicación estricta de ciertas garantías procesales, entre
ellas los principios pro homine e in dubio pro reo, aplicables en el caso sub
examine, las cuales implican que el juez está obligado a propender por una
interpretación que resulte menos restrictiva para los derechos fundamentales y
resolver la duda razonable en favor del miembro de la corporación pública, como
quiera que estos principios constituyen una salvaguarda en este tipo de procesos
de carácter sancionatorio y aseguran, en mejor manera, las garantías
fundamentales del medio de control.

124. Lo anterior, aunado al hecho de que el Solicitante no cumplió con la carga de
probar la configuración del elemento subjetivo, con el objeto de que se declarara
la pérdida de investidura del Concejal.

125. Por lo expuesto anteriormente, la Sala considera que, partiendo del supuesto
de que para el Concejal su conducta no resultaba contraria al ordenamiento
jurídico -es decir, no se configura el elemento cognoscitivo del dolo-, según se
encontró acreditado en el caso sub examine y, además, es excusable, conforme
con las consideraciones expuestas supra, lo cual implica que no fue gravemente
culposa: pese a que incurrió en la causal prevista en el numeral 2.° del artículo 55
de la Ley 136, sobre violación del régimen de conflicto de intereses, la conducta
del Concejal no es dolosa ni gravemente culposa y, en consecuencia, no se
configura el elemento subjetivo de la pérdida de investidura.

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Conclusiones

126. La Sala considera que en el caso sub examine no se encontró acreditada la
configuración del elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura por
violación del régimen de conflicto de intereses previsto en el numeral 2.° del
artículo 55 de la Ley 136, en la medida en que la conducta no se realizó en forma
dolosa o gravemente culposa; en consecuencia, se revocará la sentencia de 18
de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 18 de noviembre de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente (E) Ausente con Permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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