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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00144-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 50001-23-33-000-2025-00144-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 56 Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400. 32 Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01 Accionante: José Enrique Molina Rojas SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 50001-23-33-000-2025-00144-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS
Accionados: HARBEY BERMUDEZ SÁNCHEZ Y OTROS1
Tema: Violación del régimen de conflicto de intereses como causal de
pérdida de investidura de los concejales - reiteración de jurisprudencia

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte accionante, en contra
de la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por la Sala Plena del Tribunal
Administrativo del Meta.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud2

1. El ciudadano José Enrique Molina Rojas en ejercicio del medio de control previsto
en el artículo 143 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113, solicitó:

“[…] Capítulo 3 – PRETENSIONES:

PRIMERA: DECRETAR LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA de los señores concejales
del municipio de San José del Guaviare, período constitucional 2024-2027: HARBEY
BERMUDEZ SANCHEZ, PAUL OSNEY MAMBI MARTINEZ, MIGUEL ROBERTO
MONROY AYALA, WILLIAM ALEXANDER COY GUEVARA, DIONISELDO
ALVARADO ESPINOSA, DANNY LEANDRO ARDILA VARGAS, DAYAN DARIO
DIAZ RENTERIA, LUIS EDUARDO LEON BARRIOS, DORA MIRLEIDY ALVAREZ
PEREZ, JOSE DAGOBERTO RUIZ RINCON, WILMER ALEXANDER GUERRERO
AVILA, JAIR IVAN CARMONA POVEDA, YEISSON STEVEN AVILA GAITAN,
FREDY YESIS HERRERA y JAFER DAYAN BARRETO ROMERO, por violar el
artículo 11 numerales 1 y 2 de la Ley 1437 de 2011; numeral 2 del artículo 55 de la
Ley 136 de 1994, régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de
intereses de conformidad con lo probado en los hechos y los soportes adjuntos y
demás normas aplicables detalladas en este escrito.

SEGUNDA: NOTIFÍQUESE la providencia respectiva a las partes y al Ministerio
Público, y COMUNÍQUESE la misma al Concejo Municipal de San José de Guaviare,
al Gobernador del departamento, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio del

1
Paul Osney Mambi Martínez, Miguel Roberto Monroy Ayala, William Alexander Coy Guevara, Dioniseldo Alvarado Espinosa,
Danny Leandro Ardila Vargas, Dayan Dario Díaz Rentería, Luis Eduardo León Barrios, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, José
Dagoberto Ruiz Rincón, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Jair Iván Carmona Poveda, Yeisson Steven Ávila Gaitán, Fredy
Yesid Herrera y Yafer Dayan Barreto Romero.
2
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.

2

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

Interior y a la Registraduría Nacional del Estado Civil de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de la Ley 1881 de 2018. […]” (negrilla del texto)

I.1.1.- Los hechos

2. El accionante manifestó que el alcalde municipal de San José del Guaviare radicó,
el 6 de febrero de 2025, el proyecto de acuerdo núm. 2 de 2025, a través del cual
buscaba la aprobación de una modificación al vigente plan básico de ordenamiento
territorial del municipio.

3. Indicó que el proyecto de acuerdo no fue votado por la respectiva comisión en la
sesión de 28 de febrero de 2025 y, en consecuencia, en su concepto, quedó
archivado, conforme lo previsto en los artículos 75 de la Ley 136 de 2 de junio de
19944 y 98 del reglamento interno del Concejo Municipal de San José del Guaviare,
añadiendo que en su trámite se presentó una recusación contra los integrantes de
la comisión primera de esa corporación la cual no fue resuelta.

4. Aseveró que el alcalde del municipio de San José del Guaviare, mediante los
decretos municipales números 38 y 42 de 2025, convocó al concejo municipal a
sesiones extraordinarias a llevarse a cabo del 11 al 24 de marzo de 2025, para,
entre otros asuntos, continuar con el trámite del Proyecto de Acuerdo núm. 2, “[…]
Por medio del cual se adopta la modificación excepcional de norma urbanística
estructural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San José del Guaviare”
aplazado en comisión primera”. […]”.

5. Consideró que el alcalde del municipio de San José del Guaviare habría violado
normas constitucionales y legales, de lo cual indicó eran partícipes los concejales
de ese municipio, puesto que el proyecto señalado “[…] había quedado archivado
y no suspendido como lo afirmó en sus decretos de convocatoria […]” y debía
radicarse nuevamente, conforme lo señalan los artículos 23, 24, 73 y 75 de la Ley
136, así como el reglamento del concejo de ese municipio -artículo 98-. (negrilla y
subrayado del texto)

6. Afirmó que se evidenciaba una “[…] extralimitación de funciones y abuso de
autoridad, como de poder […]” y que se había materializado “[…] un presunto acto
de prevaricato por acción y omisión en la comisión primera del plan […]”, al tramitar,
debatir y aprobar, en primer debate, el Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, sin
surtir el trámite previsto en el artículo 73 de la Ley 136, con lo cual, insistió, se
desconocieron los artículos 23, 24, 73 y 75 de esa misma norma y el reglamento
interno del Concejo Municipal de San José del Guaviare.

7. Aseguró que presentó el 24 de marzo de 2025 recusación contra de todos los
concejales del municipio de San José del Guaviare, electos para el período 2024-
2027:

4
“[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”

3

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

“[…] por no haber advertido ni manifestado ninguno de ellos impedimento alguno por
el presunto Conflicto de Interés que les podía general [sic] el hecho cierto y probado
que, frente al Acuerdo Municipal No. 06 del 2023 del PBOT, que ellos pretendían
modificar con el Proyecto de Acuerdo No 002 del 2025, estaba demandado en el
Juzgado Primero Oral Administrativo de San José del Guaviare, que como consta en
el expediente que la corporación como tal, y la alcaldía, habían sido debidamente
notificados el día 19 de abril del 2024 sobre la admisión de la demanda contra el acto
Acuerdo del PBOT del 2023, objeto del trámite de reforma, circunstancia, que les
generaba una vinculación dentro de dicho trámite al ser concejales activos en la
corporación, que buscaba reformar una acto administrativo que si bien es cierto
gozaba para ese 24 de marzo de 2025, de la presunción de legalidad, también lo era,
que cursaba demanda contra el mismos ante las autoridades administrativas. […]”

8. Sostuvo que la recusación que presentó cumplía con los elementos mínimos para
su admisibilidad y estudio al identificar como “[…] recusados […]” a todos los
concejales de San José del Guaviare y exponer las razones por la que se
configuraba el conflicto de intereses, destacando que el escrito mencionó el artículo
11 inciso primero de la Ley 1437, así como:

“[…] razones y pruebas puntuales y ciertas, datos exactos y soportados por los
radicados de los Juzgados de conocimiento sobre la demanda del PBOT desde el
2024, soportes que además les permitían a los concejales demandados ilustrarse
sobre la posible configuración del conflicto y en especial de la valida [sic] recusación
al respecto.

(…)

1.3.6.- En la recusación se indicó el principio de adecuación típica de la conducta del
posible conflicto de intereses con base el numeral 1 del art. Artículo 11 del CPACA
[sic] (…) porque al haber conocido en las sesiones ordinarias del período del mes de
febrero, tenían claro el alcance de las modificaciones la PBOT [sic] demandado […]”

9. Mencionó que la recusación presentada en contra de los concejales del municipio
de San José del Guaviare debió tramitarse el 24 de marzo de 2025, conforme a los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437, esto es, corriendo traslado al procurador regional
del Guaviare, no obstante, “[…] en un ejercicio abusivo […]” y “[…] excediendo sus
facultades […]”, crearon una comisión accidental, integrada por los mismos
concejales, para tramitarla y resolverla, con lo cual desconocieron los mencionados
artículos y el reglamento del concejo municipal, usurpando las funciones del
procurador regional, decidiendo que los concejales no estaban impedidos.

10. Expuso que:

“[…] la plenaria, a pesar de tener claro que la recusación era por un misma [sic] asunto
vinculante para todos, no eran recusaciones diferentes, crearon un carrusel y
procedieron, para hacerle el quite a la norma, permitir que un concejal recusado se
retirara del recinto, mientras los otros catorce (14) concejales recusados, votaban la
misma recusación del concejal ausente y así sucesivamente lo hicieron en quince (15)
oportunidades. Por lo anterior es preciso señalar que dichas recusaciones debieron
tramitarse en bloque y nunca de manera individual, por eso era competencia ya del
procurador regional del Guaviare, no era haciéndole esguince a los principios que rige
la administración pública, como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe,
moralidad y transparencia, se turnaron ausentándose de la sesión en donde se

4

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

debatía sus recusaciones de manera individual, para tener la oportunidad de votar en
favor del recusado de turno, conducta por demás reprochable. […]” (negrilla del texto)

11. Argumentó que como no existía norma aplicable a las recusaciones en el
reglamento del Concejo Municipal de San José del Guaviare, se debió acudir al
artículo 12 de la Ley 1437, de tal forma que la actuación administrativa debió
suspenderse y oír a los recusados en relación con la aceptación o no de la
recusación, para que esta se decidiera por parte del procurador regional del
Guaviare.

12. Señaló que los concejales cuestionados:

“[…] debieron abstenerse de votar su propia recusación, toda vez que incurrieron
objetivamente en una conducta contraria no solo a sus deberes sino que se tradujo
en un conflicto de intereses, pues, resultaba claro que les era útil resolver por sí
mismos una situación que les convocaba personalmente, como era negarse unas
recusación formuladas, para mantenerse como actores habilitados en la votación de
la ponencia del proyecto de acuerdo municipal No 02 del 2025 que modificaba el
actual, para ese momento PBOT de la ciudad, por lo que en conclusión, lo que se les
reprocha haber sido juez y parte de sus recusaciones, asunto contrario al interés
general y obrar objetivo e imparcial que le impone el cargo de concejales. […]”

13. Estimó que la conducta fue realizada con dolo, teniendo en cuenta que tenían
conocimiento de los hechos que originaban el conflicto de intereses y apuntó que
los concejales, infringiendo el reglamento de la corporación y los artículos 11 y 12
de la Ley 1437, crearon una comisión accidental para resolver la recusación.

I.1.2. La causal de pérdida de investidura

14. Mencionó como fundamentos de derecho de su solicitud, los artículos 312 de la
Carta Política, 55, numeral 2., y 70 de la Ley 136, así como el artículo 48, numeral
1., de la Ley 617 de 6 de octubre de 20005, los cuales establecen como causal de
pérdida de investidura, la violación del régimen de conflicto de intereses.
Igualmente, aludió a los numerales 1. y 2. del artículo 11 de la Ley 1437.

I.2. Contestaciones a la solicitud de pérdida de investidura

I.2.1. Contestación presentada por el concejal José Dagoberto Ruiz Rincón6

15. El accionado, en nombre propio, contestó la solicitud formulada en su contra y se
opuso a sus pretensiones.

16. Manifestó que no existía interés directo que beneficiara a alguno de los
concejales y “[…] el único que pudo tener interés por cuanto beneficiaba a un
pariente, se excusó de votar […]”.

5
“[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. […]”.
6
Cfr. Índice 11, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

5

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

17. Adujo que lo relativo a las recusaciones y a la forma en que se resolvían no
estaba previsto en la Ley 617 y que los concejales las decidieron por estar dentro
de sus funciones, destacando que “[…] las comisiones accidentales son eso,
accidentales y para materias de ocurrencia por fuera de lo normal. […]”.

18. Afirmó que el accionante acepta que las recusaciones se debatieron y resolvieron
en derecho porque no hay norma específica que ordene trasladar a ninguna otra
instancia esa decisión.

19. Aseveró que los concejos municipales, conforme al artículo 287 de la Carta
Política no tienen instancia superior de control ni funcionarios pares para confirmar
o revisar sus actuaciones y gozan de autonomía, insistiendo en que no existe norma
expresa que señale que el asunto debió remitirse al agente del Ministerio Público.

20. Aseguró que las irregularidades que pudo haber cometido el alcalde del
municipio de San José del Guaviare en el trámite del Proyecto de Acuerdo núm. 2
de 2025 le incumben a ese servidor público y no a los concejales, indicando que si
en gracia de discusión se hubieren presentado, se ha debido acudir a la acción de
nulidad prevista en el artículo 137 de la Ley 1437.

21. Alegó que el numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437 no era aplicable a los
concejos municipales y que no votó su propio impedimento como lo señala el
accionante pues fueron votadas por los demás concejales.

I.2.2. Contestación presentada por los concejales Harbey Bermúdez Sánchez,
Paul Osney Mambi Martínez, Miguel Roberto Monroy Ayala, William Alexander
Coy Guevara, Dioniseldo Alvarado Espinosa, Danny Leandro Ardila Vargas,
Dayan Darío Díaz Rentería, Luis Eduardo León Barrios, Dora Mirleidy Álvarez
Pérez, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Jair Iván Carmona Poveda, Yeisson
Steven Ávila Gaitán, Fredy Yesid Herrera y Yafer Dayan Barreto Romero7

22. Los concejales del municipio de San José del Guaviare, señores Harbey
Bermúdez Sánchez, Paul Osney Mambi Martínez, Miguel Roberto Monroy Ayala,
William Alexander Coy Guevara, Dioniseldo Alvarado Espinosa, Danny Leandro
Ardila Vargas, Dayan Darío Díaz Rentería, Luis Eduardo León Barrios, Dora Mirleidy
Álvarez Pérez, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Jair Iván Carmona Poveda,
Yeisson Steven Ávila Gaitán, Fredy Yesid Herrera y Yafer Dayan Barreto Romero,
a través de apoderado, contestaron la solicitud formulada en su contra y pidieron
que se despacharan desfavorablemente sus pretensiones, condenando en costas
al accionante.

23. Luegode referirse a los hechos sustento de la solicitud, formularon las
excepciones de inexistencia de las causales alegadas, indebida interpretación de

7
Cfr. Índice 12, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

6

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

las normas alegadas como vulneradas y falta de pruebas para configurar el interés
del servidor público.

24. Fundamentaron la excepción de inexistencia de las causales alegadas en que lo
expuesto por el accionante carece de fundamento lógico y probatorio, teniendo en
cuenta que no se acreditó, frente al numeral 1. del artículo 11 de la Ley 1437, el
interés en una situación distinta de tramitar, aparentemente, en indebida forma la
recusación fundada en la situación descrita “[…] numeral 2 del artículo 11 de la Ley
1437 […]”.

25. Expusieron que antes de que se diera discusión al Proyecto de Acuerdo núm. 2
de 2025, el accionante presentó recusación en contra de la comisión que tramitaba
el proyecto, la cual se resolvió en el término legal.

26. Aseveraron que el accionado presentó una segunda recusación en contra de la
totalidad de los concejales del municipio de San José del Guaviare al considerar
que estaban impedidos para tramitar el proyecto de acuerdo por medio del cual se
adoptaría la modificación excepcional de norma urbanística estructural del plan
básico de ordenamiento territorial de ese municipio, al haber sido objeto de acciones
judiciales el Acuerdo núm. 6 de 2023.

27. Aseguraron que la causal descrita en el numeral 2. del artículo 11 de la Ley 1437
no se configuraba toda vez que:

“[…] esta causal de recusación debe analizarse desde el punto de vista analizado por
el Honorable Concejo de estado [sic] en Sentencia de la Sección Cuarta, Radicación:
11001-03-27-000-2018-00012-00, del 13 de febrero de 2020, que refiere en sus
apartes conclusivos que el hecho de haber conocido el asunto en una etapa anterior
dentro de la misma entidad y en la misma calidad es decir como concejal no refiere
indudablemente que este impedido [sic] para conocer del mismo asunto, más sin
embargo, los concejales no fueron permeados, pues el acuerdo radicado que buscaba
la modificación del acuerdo N° 06 del 2023, puesto que la sola demanda no incluye
aspectos propios que determinen su imparcialidad en el tema a debatir, razón por la
que se encontró infundada la recusación, que en ultimas carece de fundamento
lógico. […]” (negrilla del texto)

28. Se refirió a la Sentencia C-337 de 2006, proferida por la Corte Constitucional, la
cual, en su concepto, se había dejado claro que no estaba prohibido a los
congresistas que hayan manifestado un impedimento pronunciarse sobre los
impedimentos de los demás ni contrariaba la Constitución Política que estos fueran
resueltos por las comisiones o plenarias respectivas y no por la Comisión de Ética
del Congreso y que para el efecto se designaran comisiones accidentales o
subcomisiones de acompañamiento que rindieran informe al respecto, trámite que
adelantó el Concejo Municipal de San José del Guaviare para resolver la recusación
presentada en contra de los concejales.

29. Anotaron que en el presente asunto se creó una comisión accidental pero la
recusación fue resuelta por la plenaria del Concejo Municipal de San José del

7

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

Guaviare y citó apartes de la Sentencia C-1040 de 2005 de la Corte Constitucional,
para señalar que, en materia del procedimiento para resolver impedimentos,
ninguna norma de la Carta Política o de la Ley 5ª de 17 de junio de 19928 prohíbe
que:

“[…] el Congresista que se ha declarado impedido pueda participar en la decisión de
los impedimentos presentados por otros congresistas, pues lo que si les está vedado
es participar en la decisión de su propia solicitud de impedimento, así como cuando
se les acepta un impedimento, procede excusar del deber de votar que tienen. Un
entendimiento contrario de las disposiciones que regulan el tema, puede traer como
consecuencia la imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por varios
Congresistas a la vez, llegándose en la práctica a lo que se denominó un “callejón sin
salida”, pues podría en un momento dado reducirse el quórum decisorio a un quantum
inferior al necesario para resolverlos. Como también se determinó en la Sentencia
citada, debe valorarse la práctica parlamentaria que ha sido consistente al respecto y
armónica con cada uno de los casos que se han presentado, sin que por ello se
incurra en un vicio de procedimiento.

Y, en cuanto al órgano competente para resolver los impedimentos, en la Sentencia
C-1040 de 2005, también concluyó la Corte, que son las comisiones o plenarias
respectivas las que tienen competencia para resolver los impedimentos presentados
por cuanto ni la Constitución, ni tampoco la Ley 5 de 1992, disponen que dichos
impedimentos sean enviados y resueltos por la Comisión de Ética del Congreso. […]”

30. Pusieron de presente que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-337 de 2006,
había sentado:

“[…] las bases sobre la forma en que se deben resolver los impedimentos y
recusaciones en los cuerpos colegiados como lo es del caso en el Concejo
Municipal, destacando la importancia de la autonomía y en efecto la forma de realizar
dicho procedimiento, ello acompañado de la naturaleza individual del impedimento,
recalcando que el único impedimento seria que el mismo miembro de la corporación
vote su propio impedimento o recusación, pues el sentir del legislador es que se
garantice la imparcialidad y se mantengan los quórums y mayorías
constitucionalmente requeridos para la toma de decisiones, tal como ocurrió el día 24
de marzo de 2025, ocasión que daría cuenta de la configuración APARENTE de la
causal de perdida de investidura de los 15 concejales. […]” (negrilla del texto)

31. Expusieron que esta corporación había convalidado la competencia de la
plenaria de los concejos municipales para resolver sus propios impedimentos y
recusaciones, mencionando la sentencia de 24 de abril de 2014, expediente núm.
25000-23-24-000-2011-00030-01 [sic], proferida por la Sección Primera.

32. Aludieron a la sentencia de 10 de octubre de 2017, expediente 11001-03-28-000-
2017-00015-00, proferida por la Sección Quinta de la corporación, en la se habrían
analizado un asunto de características similares a la que se decide en este proceso
y en la que se habría señalado que:

“[…] el procedimiento para adelantar el trámite de las recusaciones e impedimentos
debe hacerse con estricta autonomía del cuerpo colegiado y en efecto no deben
desconocerse las garantías procesales que les asisten de cara a su función pública,

8
“[…] Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes. […]”

8

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

sin embargo entre líneas precisa que La pérdida de investidura es una sanción de
carácter riguroso, por lo que los vicios deben ser SUSTANCIALES Y NO
MERAMENTE FORMALES O INTERPRETACIONES ERRÓNEAS de la
competencia sobre el trámite de impedimentos que la propia ley ha entregado a los
cuerpos colegiados, para finalmente resolver de manera desfavorable el petitum de
perdida de investidura en ese asunto en particular, pues no puede confundirse la
autonomía de los cuerpos colegiados con una adecuación errónea de una causal de
perdida de investidura. […]” (negrilla del texto)

33. En lo atinente a la excepción de indebida interpretación de las normas alegadas
como vulneradas, insistieron, con sustento en lo expuesto anteriormente por la
Corte Constitucional y esta corporación, que no operaba la causal invocada por el
accionante puesto que no era errado el procedimiento adelantado por los concejales
para resolver la recusación.

34. Estimaron que no tenían influencia, para su beneficio personal, en la decisión
que debe adoptar el Juzgado Primero Administrativo de San José del Guaviare
respecto de la legalidad del Acuerdo núm. 6 de 2023, lo cual descartaba la
existencia de un conflicto de intereses.

35. Señalaron que su participación en la aprobación del Proyecto de Acuerdo núm.
2 de 2025 respondió al cumplimiento de sus funciones y buscando la protección del
interés general, de tal forma que existe interés directo, particular y actual que
comprometiera su imparcialidad, con lo cual tampoco se advertía una actuación
dolosa o gravemente culposa.

36. Precisaron que la resolución de impedimentos y recusación no era una función
de la Procuraduría General de la Nación y agregaron que para los cuerpos
colegiados que no tiene superior jerárquico, como los concejos distritales y
municipales y las asambleas departamentales, la jurisprudencia había indicado que
“[…] la corporación misma asume ese rol de “superior” para efectos de la decisión
[…]”.

37. En lo que se refiere a la excepción de falta de pruebas para configurar el interés
del servidor público, aseveraron que el accionante no había probado la
configuración de la causal atribuida.

I.3. La sentencia de primera instancia9

38. La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 10 de
julio de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de pérdida de investidura de los señores
HARBEY BERMUDEZ SANCHEZ, PAUL OSNEY MAMBI MARTINEZ, MIGUEL
ROBERTO MONROY AYALA, WILLIAM ALEXANDER COY GUEVARA,
DIONISELDO ALVARADO ESPINOSA, DANNY LEANDRO ARDILA VARGAS,
DAYAN DARIO DIAZ RENTERIA, LUIS EDUARDO LEON BARRIOS, DORA

9
Cfr. Índice 40, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

9

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

MIRLEIDY ALVAREZ PEREZ, JOSE DAGOBERTO RUIZ RINCON, WILMER
ALEXANDER GUERRERO AVILA, JAIR IVAN CARMONA POVEDA, YEISSON
STEVEN AVILA GAITAN, FREDY YESID HERRERA y YAFER DAYAN BARRETO
ROMERO como Concejales del Municipio de San José del Guaviare por el periodo
constitucional 2024-2027, por las razones expresadas en la parte motiva de esta
sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones indicadas en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: En firme esta decisión, archívese el expediente. […]” (negrilla del texto)

39. Consideró que el problema jurídico que se debía resolver en el presente asunto
era el consistente en:

“[…] establecer si los Concejales del Municipio de San José del Guaviare (…) elegidos
para el período constitucional 2024-2027, incurrieron en la causal de pérdida de
investidura consagrada en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto
es, si violaron el régimen de conflicto de intereses al no resolver la recusación que el
demandante formuló contra ellos atendiendo el trámite señalado en los numerales 1
y 2 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. […]”

40. Indicó que la respuesta al problema jurídico era “[…] en sentido negativo […]",
puesto que:

“[…] el demandante no logró demostrar la configuración de la causal de pérdida de
investidura invocada, toda vez, que el procedimiento adelantado para resolver las
recusaciones planteadas por el aquí demandante contra todos los concejales se
encuentra ajustado a derecho; de igual manera, no se probó que le asistiera a los
demandados un interés directo, actual y particular al tramitar Acuerdo No. 006 de
2025 fundado en la demanda de nulidad en contra del PBOT original que se tramita
ante esta jurisdicción. […]”

41. Encontró que no se estructuraba el presupuesto consistente en acreditar de
manera inequívoca la existencia de un interés directo, particular y actual de los
concejales accionados que haya generado colisión entre “[…] el interés público que
representan en su condición de concejales y el interés privado, propio o de las
personas en los rangos establecidos por la ley […]”.

42. Expuso que el accionante estimaba que la recusación por él formulada en contra
de los concejales del municipio de San José del Guaviare para tramitar el Proyecto
de Acuerdo núm. 2 de 2025, el cual originó el Acuerdo núm. 6 de 2025, debía
tramitarse siguiendo el artículo 12 de la Ley 1437, esto es, remitirse al procurador
regional del Guaviare para que este la decidiera.

43. Sostuvo que, si bien el artículo 11 de la Ley 1437 era aplicable a los concejales
municipales, lo cual quiere decir que debían declararse impedidos cuando se
encontraran, para el presente caso, en las conductas descritas en los numerales 1
y 2 de dicho artículo, también lo era que la forma en que debían resolverse los
impedimentos “[…] es la regulada en la normativa especial consagrada en la Ley 5ª

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Accionante: José Enrique Molina Rojas

de 1992 y el órgano facultado para resolver las recusaciones será la plenaria de la
Corporación. […]”.

44. Afirmó que el Concejo Municipal de San José del Guaviare resolvió la recusación
presentada por el accionante en sesión plenaria de 24 de marzo de 2025:

“[…] procediendo a resolver, una a una, la recusación de cada uno de los concejales,
evidenciándose, que cada concejal al cual se le resolvía su recusación no se
encontraba en el recinto; práctica que se encuentra ajustada a derecho y a las normas
que regulan el tema, resaltándose, que no resulta acertada la intelección del
demandante referida a que la recusación de los concejales debió ser resuelta por el
Procurador Regional del Guaviare, así como tampoco que se usurpó por la plenaria
la función de dicha autoridad administrativa. […]”

45. Anotó que la forma que se resolvieron las recusaciones de los concejales
municipales se ajustó al ordenamiento jurídico y al carácter deliberativo de las
corporaciones públicas de elección popular y destacó que, conforme lo ha indicado
la Corte Constitucional, no existía normatividad que prohibiera que:

“[…] un concejal que fue recusado una vez se le resuelva por la plenaria su
recusación, no aceptándola, pueda votar en la decisión de los demás concejales
recusados, lo cual va a acorde con el derecho al ejercicio político para el cual fueron
elegidos y a la protección de que las decisiones del concejo municipal sean tomadas
por mayorías. […]”

46. Señaló que no le asistía razón al accionante al indicar que no era viable designar
una comisión accidental para analizar las recusaciones puesto que, una vez
revisado el reglamento del Concejo Municipal de San José del Guaviare, encontró
que su artículo 52 prevé que el presidente de la corporación puede conformar
comisiones accidentales para el cumplimiento de asuntos específicos, entre otros,
“[…] “asuntos de ética” […]”, en el cual se puede encuadrar las recusaciones, de tal
forma que era viable acudir a esa figura.

47. Estimó que no podía tenerse por acreditado el interés, provecho o beneficio,
específico y particular, que pudieron obtener los concejales accionados, sus
cónyuges, familiares o socios, derivado del trámite al Proyecto de Acuerdo núm. 2
de 2025, originado en la existencia de un proceso judicial en contra del Acuerdo
núm. 6 de 2023, puesto que en nada interfiere con el ejercicio de las funciones
constitucionales y legales que tienen los concejales, aún si sus actuaciones se
relacionan con el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de San José
del Guaviare.

48. Explicó que los actos administrativos tienen presunción de legalidad hasta que
sean anulados por esta jurisdicción, de manera que siguen produciendo efectos y
pueden ser modificados, adicionados y hasta derogados, en este caso, por el
concejo municipal. En el presente asunto indicó que el Acuerdo núm. 6 de 2023 no
fue objeto de suspensión provisional, por lo que no era posible derivar el
mencionado interés por la existencia del proceso judicial.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

49. Puso de presente que en este asunto, el Concejo Municipal de San José del
Guaviare, en la sesión de 24 de marzo de 2025, aceptó el impedimento presentado
por el concejal Harbey Bermúdez Sánchez para votar el artículo 6° del Proyecto de
Acuerdo núm. 2 de 2025 y añadió que:

“[…] frente al procedimiento que el Concejo Municipal de San José del Guaviare
adelantó para dar trámite al proyecto de Acuerdo No. 002 de 2025 respecto del cual
el demandante alega que fue irregular porque debió archivarse el proyecto, ya que,
en su criterio, no fue aprobado en el primer debate y, que además fue irregular la
actuación del Alcalde Municipal de San José del Guaviare al citar a sesiones
extraordinarias para retomar el debate de dicho proyecto, la Sala considera que dicha
actuación por parte del cabildo municipal se encuentra ajustada a los ritos que rigen
dichas actividades, pues, el órgano de cierre ha precisado que cuando existe una
recusación en el trámite de un asunto de su competencia funcional el concejo
municipal debe suspenderlo y proceder a resolver la recusación y una vez resuelta
se reanudara el estudio del tema que se encontraba debatiendo; situación que
acaeció en este caso, por lo tanto, resultaba válido retomar el debate del proyecto.
[…]”(negrilla del texto)

50. Concluyó que en la medida en que no se logró acreditar la configuración objetiva
de la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de
intereses resultaba inocuo realizar el análisis del elemento subjetivo.

I.4. El recurso de apelación10

51. La parte accionante, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación, solicitando:

i) Decretar la pérdida de investidura de los concejales accionados.

ii) Compulsar copia a “[…] la comisión de investigaciones […]” para que
determine la responsabilidad del abogado de los accionados quien
argumentó que el reglamento del Concejo Municipal de San José del
Guaviare contenía un numeral que permitía crear una comisión accidental
para resolver impedimentos y recusaciones.

iii) Compulsar copia a las autoridades judiciales para que se investigue a los
concejales accionados por el delito de prevaricato al violar el artículo 12 de
la Ley 1437.

iv) Compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación para determine si la actuación de los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Meta se ajustó a
derecho o existió abuso o extralimitación en la autonomía e independencia
judicial.

10
Cfr. Índice 43, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

12

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

52. Se refirió a los artículos 312 de la Carta Política; 25, 31 y 70 de la Ley 136; 11 y
12 de la Ley 1437; y 52, 53, 55 del reglamento del Concejo Municipio de San José
del Guaviare –Acuerdo 31 de 28 de noviembre de 2013–, para indicar que la
recusación presentada por él en contra de los concejales de ese municipio para el
segundo debate del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, no se tramitó con apego
al ordenamiento jurídico.

53. Indicó que la recusación formulada en contra de los concejales municipales se
sustentó en la existencia de un conflicto de intereses al tramitar el Proyecto de
Acuerdo núm. 2 de 2025 que buscaba modificar el Acuerdo núm. 6 de 2024, este
último objeto de un medio de control de nulidad por vicios en su formación.

54. Manifestó que al haber sido recusados todos los concejales municipales en la
sesión plenaria del 24 de marzo de 2025, una vez notificados y enterados por la
lectura que hiciera el secretario del Concejo Municipal de San José del Guaviare,
se debió darle trámite conforme al artículo 12 de la Ley 1437, debiendo suspender
la actuación administrativa, esto es, el estudio del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de
2025, hasta tanto:

“[…] no se surtiera en primer lugar, dentro de los tres días siguientes el traslado al
superior inmediato el pronunciamiento individual, sobre la aceptación o no de la
recusación, términos que desconocieron de tajo los recusados. […]”

55. Apuntó que el presidente del Concejo Municipal de San José del Guaviare, así
como los demás concejales, quedaron impedidos para actuar, toda vez que “[…] sin
existir la posibilidad de que la plenaria pudiera resolver por sí misma las
recusaciones y a falta de superior inmediato dentro de la corporación […]”, se debió
remitir el asunto, junto con las manifestaciones de los concejales, al procurador
regional del Guaviare para que resolviera la recusación, conforme el artículo 12 de
la Ley 1437.

56. Aseveró que el presidente del concejo municipal, al crear una comisión accidental
para que conceptuara si se aceptaba o no la recusación respecto de los concejales
del municipio de San José del Guaviare, incurrió en el delito de prevaricato por
omisión, al igual que los demás concejales al continuar sesionando el día 24 de
marzo de 2025.

57. Consideró que no fue correcta la actuación de los concejales del municipio de
San José del Guaviare al omitir remitir al procurador regional de Guaviare puesto
que para resolver la recusación presentada, tratándose de servidores públicos que
no tienen superior jerárquico, la competencia se encuentra atribuida a la
Procuraduría General de la Nación, a través de las procuraduría territoriales, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la Ley 1437 y de las“[…] reglas de
competencia previstas en el numeral 8° del Artículo 75B del Decreto Ley 262 de
2000, adicionado por el artículo 21 del decreto ley 1851 de 2021. […]”.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

58. Expuso que cuando se trata de corporaciones de elección popular o de cuerpos
colegiados, la competencia para resolver los impedimentos, recusaciones y
conflictos de competencia correspondería a la misma autoridad, siempre y cuando
no se vea afectado el cuórum decisorio, evento en el cual la competencia la asumiría
la Procuraduría General de la Nación, representada, insistió, por el procurador
regional del Guaviare.

59. Alegó que no era cierto que fuera la Ley 5ª la norma que debía aplicarse o tenerse
en cuenta para resolver la recusación presentada en contra de los concejales,
reiterando que se habría violado el artículo 12 de la Ley 1437 por parte de los
accionados al “[…] crear una comisión accidental para que desde allí, concejales
recusados, impedidos por razón de esta recusación, decidieran por todos, si
aceptaban o no la recusación del 24 de marzo de 2025 […]”, dentro del trámite del
Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025.

60. Mencionó que el reglamento del Concejo Municipal de San José del Guaviare,
no permitía que el presidente de la corporación, estando recusado y por ello
impedido para actuar, bajo la creación de una comisión accidental, resolviera un
asunto que, reiteró, le correspondía al procurador regional del Guaviare, al haberse
afectado el cuórum decisorio.

61. Expresó, conforme a lo expuesto, que los accionados actuaron como juez y parte
tanto en la comisión accidental creada en la sesión de 24 de marzo de 2025 como
en la sesión plenaria de ese día, “[…] resolviéndose primero negar las recusaciones
y después en un evidente carrusel, dejar igualmente sin efecto dichas recusaciones.
[…]”.

62. Adujo que la sentencia de primera instancia no acertó al avalar, de acuerdo con
el artículo 52 del reglamento del Concejo Municipal de San José del Guaviare y con
sustento en las sentencias C-1040 de 2005 y C-337 de 2006, la creación de una
comisión accidental para que conceptuara y decidiera si se aceptaba o no la
recusación presentada por él contra los concejales accionados.

63. Lo anterior, toda vez que, como lo indicaron esas decisiones, las cuales
considera que fueron interpretadas erróneamente, no hay norma alguna que señale
que una comisión accidental pueda decidir “[…] de facto […]” si se aceptaban o no
las recusaciones, debiéndose aplicar el artículo 12 de la Ley 1437.

64. Sostuvo que la primera instancia pasó por alto el procedimiento adelantado frente
al concejal Harbey Bermúdez Sánchez, quien fue recusado y, asimismo, presentó
impedimento para votar el artículo 6° del proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, toda
vez que a este accionado se le aceptó el impedimento y se le rechazó la recusación,
“[…] como si al no votar ese artículo, y votar el Acuerdo 06 de 2025 lo eximiera de
responsabilidad, ocurriendo lo mismo con la votación para resolver la recusación
del concejal YAFER DAYAN BARRETO […]”.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

65. Le endilgó a la primera instancia haber incurrido en exceso de ritualidad, teniendo
en cuenta que:

“[…] se pronuncia y trae a colación asuntos que no estaban en la demanda de perdida
de investidura, pero que se usan para confundir, como es el caso de las demandas
de los Radicados Números 95001333300120230021400,
95001333300220250004100 y 95001333300120250004200, donde el demandante
es el ciudadano José Enrique Molina Rojas y son demandados El [sic] Municipio de
San José del Guaviare y el Concejo Municipal de San José del Guaviare, porque
sencillamente ese no era tema de debate en la acción de pérdida de investidura,
situación de extremo que reitera al pronunciarse calificando la existencia de las
investigaciones en la Procuraduría Regional de Instrucción del Guaviare, quejas
disciplinarias con Radicados Números E-2025-137280, E-2025-193638 y E2025-
200315 donde actúa como quejoso el ciudadano José Enrique Molina Rojas, por
presuntas irregularidades cometidas en el marco de la discusión y aprobación de la
modificación excepcional del PBOT de San José del Guaviare en el 2023. […]”

66. Consideró que, contrario a lo expuesto por la primera instancia, si estaban
acreditados los supuestos para la configuración de la causal de pérdida de
investidura, puesto que:

“[…] b) Si existió en ellos un interés directo, particular y concreto de los concejales
para continuar con un trámite a costa de violar las leyes, por el afán de aprobar ese
24 de marzo de 2025 a como diera lugar el nuevo PBOT, incurriendo en las
violaciones al régimen de impedimentos y conflicto de interés que señala la ley 136
de 1994 y 671 de 2000, al igual que el Art. 11 de la ley 437 de 2011, con la resolución
ilegal de las recusaciones por los asuntos sometidos a su consideración; [sic]

c) No haber antes, manifestado impedimento alguno frente al asunto que es motivo
de decisión; como es el caso del concejal BERMUDEZ, a manera de ejemplo, lo cual
convalidaba la necesidad de que fuera el Procurador Regional quien como inmediato
superior al estar impedidos por la recusación de los 15 concejales, quien resolviera la
situación en los diez días siguientes.

d) Porque los 15 concejales demandados si conformaron el quorum y participaron en
el debate y votación en la sesión plenaria del 24 de marzo de 2025, la cual nunca
podía haber seguido a causa de la recusación de todos los 15 concejales, cuando
dicha sesión y el trámite del proyecto de acuerdo en trámite debió suspenderse para
acudir ante el superior inmediato, esto es el Procurador Regional para que esta
autoridad por mandato del Art. 12 de la Ley 1437 de 2011 resolviera las recusaciones
con fundamento en el Art. 11 de la misma norma del CPACA, en armonía con la Ley
136 de 1994 y 617 de 2000 y,

e) Haber tenido pleno conocimiento que, con su participación en el asunto funcional
de la corporación, pretermitiendo la creación de la comisión accidental para resolver
las recusaciones era abiertamente ilegal, un prevaricato de hecho-. […]”

67. Aseveró que la primera instancia no se pronunció respecto de la petición
formulada consistente en que se compulsara copias a la Fiscalía General de la
Nación, la Procuraduría General de la Nación o la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para que se investigara la conducta del apoderado judicial de los
accionados al afirmar “[…] cosas que no están contenidas en el reglamento interno
del concejo […]” relativas a la integración y funciones de una comisión de ética.

15

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

68. Hizo referencia a que, en sentencias de 17 de junio de 2021 y 29 de septiembre
de 2022, proferidas por la Sección Quinta de esta corporación en los expediente
números 11001-03-28-000-2019-00061-00 y 68001-23-33-000-2021-00846-01, se
ha expresado que:

“[…] cuando se trata de corporaciones públicas de elección popular o cuerpos
colegiados, la competencia para resolver los impedimentos, recusaciones, conflictos
de intereses que se presenten, corresponderá a la misma autoridad pública según su
reglamento, siempre y cuando no se vea afectado el quorum decisorio, evento en el
cual, la competencia la asumirá la Procuraduría General de la Nación. […]”

I.5. Trámite del recurso de apelación

69. Mediante auto de 14 de agosto de 202511, se concedió el recurso de apelación
interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia de 10 de julio de 2025.

70. En auto de 3 de octubre de 202512, se resolvió admitir el recurso de apelación y
correr traslado del auto admisorio a los accionados y al agente del Ministerio
Público.

71. El accionante13 insistió en la revocatoria de la sentencia de primera instancia
reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación y, a su turno, el
apoderado judicial del concejal accionado José Dagoberto Ruiz Rincón14 solicitó su
confirmación. Los demás concejales accionados y el agente del Ministerio Público
no intervinieron en esta oportunidad procesal.

72. Mediante auto de 12 de diciembre de 202515, se negó el decreto de las pruebas
aportadas por el accionante con el memorial de 8 de octubre de 2025.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

73. Esta Sala de Decisión, con miras a resolver la presente controversia, abordará:
i) su competencia; ii) la acreditación de la condición de concejales respecto de los
accionados; iii) el problema jurídico; y iv) el cargo formulado por el apelante contra
la sentencia de primera instancia.

II.1. La competencia

74. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir esta
controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2. del artículo 48 de la Ley

11
Cfr. Índice 45, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
12
Cfr. Índice 4, SAMAI.
13
Cfr. Índice 8, SAMAI.
14
Cfr. Índice 9, SAMAI.
15
Cfr. Índice 13, SAMAI.

16

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

617; en el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201916, expedido por
la Sala Plena de esta Corporación; y en el artículo 15017 de la Ley 1437.

II.2. La acreditación de la condición de concejales

75. La condición de los accionados, señores Harbey Bermúdez Sánchez, Paul Osney
Mambi Martínez, Miguel Roberto Monroy Ayala, William Alexander Coy Guevara,
Dioniseldo Alvarado Espinosa, Danny Leandro Ardila Vargas, Yafer Dayan Barreto
Romero, Dayan Darío Díaz Rentería, Luis Eduardo León Barrios, Dora Mirleidy
Álvarez Pérez, José Dagoberto Ruiz Rincón, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Jair
Iván Carmona Poveda, Yeisson Steven Ávila Gaitán y Fredy Yesid Herrera, como
concejales del municipio de San José del Guaviare, período 2024 – 2027, se
encuentra acreditada por la copia del formulario E-26 CON18, correspondiente a las
elecciones de autoridades territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023, a través
del cual se declaró la elección de los concejales de ese municipio para el
mencionado período.

76. Se precisa que la condición de los accionados como concejales del municipio de
San José del Guaviare, período 2024-2027, no fue objeto de cuestionamiento en el
recurso de apelación.

II.3. El problema jurídico

77. La Sala, una vez agotados los trámites propios de este medio de control sin que
se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, y de
acuerdo con lo regulado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201219 , aplicables por virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 y el
artículo 306 de la Ley 1437, considera que el asunto que debe resolver, siguiendo
el recurso de apelación formulado por el accionante, se contrae a determinar si debe
revocarse la sentencia de 10 de julio de 2025 que denegó la pérdida de investidura
de los accionados para, en su lugar, imponer esta sanción.

78. El apelante consideró que se encontrarían reunidos los elementos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2. del artículo
55 de la Ley 136 por violación del régimen de conflicto de intereses.

II.4. El cargo formulado por el apelante en contra de la sentencia de primera
instancia

79. Elapelante solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia que
denegó la pérdida de la investidura de los accionados para, en su lugar, acceder a
la imposición de la sanción y, adicionalmente, compulsar copias a las autoridades

16
Modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
17
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080.
18
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
19
“[…] por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

17

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

penales y disciplinarias para efectos de que se investigara penal y
disciplinariamente al apoderado judicial de los concejales accionados, a los
concejales accionados y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta que
profirieron la decisión apelada.

80. El apelante se aparta de la sentencia de primera instancia al considerar, con
sustento en los artículos 312 de la Carta Política; 25, 31 y 70 de la Ley 136; 11 y 12
de la Ley 1437; y 52, 53 y 55 del reglamento del Concejo del Municipio de San José
del Guaviare –Acuerdo núm. 31 de 28 de noviembre de 2013– que el Concejo
Municipal de San José del Guaviare tramitó de forma irregular la recusación que él
formuló en contra de los concejales municipales en el trámite del Proyecto de
Acuerdo núm. 02 de 2025, que dio origen al Acuerdo núm. 6 de 2025.

81. Estimó que al haber sido recusados en la sesión plenaria del 24 de marzo de
2025, todos los concejales del municipio de San José del Guaviare, se debió dar
aplicación al artículo 12 de la Ley 1437, de tal forma que se ha debido suspender el
trámite del proyecto de acuerdo y, luego de que los accionados manifestaran si
aceptaban o no la recusación, remitir el asunto al procurador regional del Guaviare
para que este lo resolviera.

82. No obstante, los concejales accionados, según el apelante, desconociendo el
ordenamiento jurídico y el reglamento del Concejo Municipal, con el interés de
tramitar a toda costa la modificación al plan de ordenamiento territorial del municipio
de San José del Guaviare, conformaron una comisión accidental para estudiar la
recusación y posteriormente procedieron a resolverla, desconociendo,
principalmente, el artículo 12 de la Ley 1437, luego de lo cual continuaron el trámite
del citado proyecto de acuerdo, el cual fue finalmente aprobado.

83. La violación del régimen de conflicto de intereses, como causal de pérdida de
investidura está prevista en el artículo 55, numeral 2., de la Ley 136, el cual indica
que los concejales perderán su investidura: “[…] 2. Por violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. […]”.

84. En el mismo sentido, el artículo 48, numeral 1., de la Ley 617, estableció que,
entre otros, los concejales municipales y distritales, perderían su investidura:

“[…] 1. Por la violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que
afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en
general. […]”.

85. El artículo 70 de la Ley 136, estableció, respecto del conflicto de intereses, lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO 70. CONFLICTO DE INTERÉS. Cuando para los concejales exista
interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto

18

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios
de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.

Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales
consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho
registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella. […]”(negrilla del texto)

86. Esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales
previstos en los artículos 1°. y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5°.
del Acto Legislativo 1 de 14 de julio de 200920, preceptos que establecen que
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en la prevalencia del interés
general, y señalan que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

87. De esa forma, con esta causal de pérdida de investidura se castiga la posibilidad
de que quienes resulten elegidos popularmente para integrar corporaciones
públicas pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios,
ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo
precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.

88. Siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el
conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el
asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le beneficia o afecta de forma
personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus
socios.

89. Así, el asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento
entre su interés personal y el interés general o el bien común que, se reitera, deben
guiar el ejercicio de sus competencias, lo cual lo obliga a manifestar su impedimento
para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida
de investidura.

90. Esta Sección21 ha precisado que para la configuración de esta causal de pérdida
de investidura, deben estar acreditados los siguientes supuestos:

“[…] i) que se demuestre la calidad de concejal; ii) que se demuestre la existencia de
un interés directo, particular y actual en cabeza del concejal o de su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, en
un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y
legales; y iii) que el concejal participe en el debate o votación del asunto, sin
manifestar impedimento frente al asunto que configura el interés. […]”

20
“[…] Por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia. […]”.
21
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 31 de marzo de 2023. Radicación núm.: 05001-23-33-000-2022-01141-01. En el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de agosto de 2025. Consejero
ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2024-00062-01.

19

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

91. Como pruebas relevantes para resolver el cargo formulado se tienen las
siguientes:

91.1. Copia del Acuerdo núm. 6 de 26 de abril de 2023 22,“[…] “POR MEDIO DEL
CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, PRODUCTO DE LA REVISIÓN
Y AJUSTE POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS DEL LARGO PLAZO DEL
ACUERDO MUNICIPAL N° 008 DE MARZO DE 2001 Y SE DA CUMPLIMIENTO A
LA SENTENCIA 4360 DE 2018 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” […]”.

91.2. Copia del documento de fecha 6 de febrero de 202523, mediante el cual el
alcalde municipal encargado de San José del Guaviare, remitió el proyecto de
acuerdo “[…] “Por medio del cual se adopta la modificación excepcional de norma
urbanística estructural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de
San José del Guaviare”. […]”.

91.3. Documento denominado “[…] PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL (…)
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (…) “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMA URBANÍSTICA
ESTRUCTURAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE” […]”24, de la Alcaldía Municipal de
San José del Guaviare.

91.4. Copia del documento de 28 de febrero de 202525, con fecha de radicación de 3
de marzo de 2025, mediante el cual los concejales William Alexander Coy Guevara,
Yafer Dayan Barreto Romero, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Paul Osney Mambi
Martínez y Luis Eduardo León Barrios dieron respuesta a la recusación formulada
por el accionante en relación con el trámite, en primer debate, del Proyecto de
Acuerdo núm. 2 de 2025, manifestando que no se encontraban en alguna causal de
impedimento prevista en la Ley 1564 y en el artículo 11 de la Ley 1437, ni tenían
interés particular ni directo para realizar el estudio, análisis y trámite del mencionado
proyecto.

91.5. Copia del acta núm. 2 de 20 de marzo de 202526 que da cuenta de la sesión de
esa fecha de la comisión primera del Concejo Municipal de San José del Guaviare,
integrada por los concejales Yafer Dayan Barreto Romero, Jair Iván Carmona
Poveda, William Alexander Coy Guevara, Luis Eduardo León Barrios y Paul Osney
Mambi Martínez, en la cual se dio continuidad al primer debate del Proyecto de
Acuerdo núm. 2 de febrero de 2025, mediante el cual se pretendía adoptar la
modificación excepcional de norma urbanística estructural del plan básico de

22
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
23
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
24
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
25
Cfr. Índice 12, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
26
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

20

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

ordenamiento territorial del municipio de San José del Guaviare. Consta en dicha
acta que:

“[…] Al no haber más intervenciones se somete a consideración de la comisión
primera registrándose su aprobación con las respectivas modificaciones y
sugerencias por cinco votos a favor para que continue su trámite y surta su segundo
debate ante la plenaria de la Corporación […]”

91.6. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025 27 “[…]
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE
NORMA URBANÍSTICA ESTRUCTURAL DEL PLAN BÁSICO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE”. […]” (negrilla del texto), presentada por los concejales William
Alexander Coy Guevara, Luis Eduardo León Barrios y Paul Osney Mambi Martínez.

91.7. Copia del acta núm. 34 de 24 de marzo de 202528 que da cuenta de la sesión
plenaria del Concejo Municipal de San José del Guaviare realizada ese día y en la
cual se dio el segundo debate al Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025.

91.8. En el acta, respecto de la conformación de la comisión accidental, consta lo
siguiente:

“[…] 5. Lectura de Correspondencia.

(…)

RECUSACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO NUESTRO DEL SEÑOR MOLINA A
TODOS LOS CONCEJALES DEL CONCEJO (se da lectura a la recusacion). [sic]

(…)

8. Ponencia para segundo debate al PA No. 002 de 2025, “POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMA URBANÍSTICA
ESTRUCTURAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE”, a cargo del Ponente HC William
Alexander Coy Guevara- y los Coordinadores Ponentes HC Luis Eduardo León
Barrios y Paul Osney Mambi Martínez.

(…)

A continuación el Presidente designa la Comisión Accidental, encargada de atender
la recusacion presentada por el señor Enrique Molina, para lo cual desgina a los HC:
[sic]

YEISON AVILA DEL PARTIDO ADA, HARBEY BERMUDEZ DEL PARTIDO
LIBERAL, MIGUEL MONROY, DEL PARTIDO CONSERVADOR, DAYAN DARIO
DIAZ, VERDE y DANI ARDILA, DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL. Para que esta
Comisión Accidental, delibere sobre la recusacion. [sic]

SE DECLARA UN RECESO DE DOS HORAS. Siendo las 12:45 pm

27
Cfr. Índice 12, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
28
Cfr. Índices 2, 11 y 12 SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

21

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

Levantado el receso se declara sesión permanente y se llama a lista contestando 15
concejales, comprobándose el respectivo quorum para continuar con la sesión de
clausura del primer periodo de sesiones extra ordinarias.

El presidente manifiesta que se resolverá el tema de la recusacion y otorga el uso de
la palabra a la Comisión Accidental, designada para resolver las recusaciones contra
los todos los concejales, [sic]

EL HC MIGUEL, delegado de la comisión accidental, saluda y manifiesta que después
de analizar el documento considera la comisión, no deberíamos aceptar dicha
recusacion, ya que el documento no tiene un piso legal se nombre un motivo para que
los concejales se declaren impedidos y para que quede en contexto pide que sea
leída el acta de la comisión accidental, (se da lectura al acta de comisión accidental,
la cual hace parte de esta acta como anexo). pide disculpas, ya que se están haciendo
las consultas para resolver la recusación del ciudadano Molina, y que aún no se
cuenta con el documento que se debe presentar ante la plenaria y considera que el
mencionado señor, esta perturbando las actividades del del concejo y fue el mismo
ciudadano que recuso a la comisión primera, demando el PBOT, el mismo que
demando ante el juzgado, considera que el ciudadano tiene derecho, pero que
considera que no es el mecanismo que debe implementar, teniendo en cuenta que es
un proyecto muy importante. [sic]

Manifiesta que en la recusacion el ciudadano ni siquiera muestra cuál de los
concejales de acuerdo a al artículo de la ley estemos impedidos. Por lo tanto, no podía
recusarnos, además considera que se volvió un actuar de meterle temor a toda la
corporación, ya que puede presentar otro documento so hoy no se hace lo que el
señor dice, y que ya van siete solicitudes y quizás tenga el derecho pero que hubiese
sustentado bien y haber demostrado que estamos actuando mal, por lo que solicita al
presidente que la plenaria solucionar de una vez por todas esta recusacion. [sic] […]”

91.9. El acta da cuenta de la votación de la recusación presentada por el accionante,
en la cual el presidente del Concejo Municipal de San José del Guaviare manifestó
que debía resolverse la situación de cada concejal “[…] conforme a lo plasmado en
la ley y como se realizaba en el Congreso de la República […]”, para lo cual se leyó,
para cada uno de los concejales, lo que estos consideraron respecto de la
recusación y se procedió por parte de los concejales, una vez se retiraba de la
plenaria el concejal respecto del cual se decidía la recusación, a adoptar la
respectiva decisión. Los concejales decidieron rechazar la recusación formulada por
el accionante.

91.10. En lo que se refiere al trámite que se le dio al Proyecto de Acuerdo núm. 2 de
2025, en la mencionada acta se indicó lo siguiente:

“[…] Se abre el debate del PA No. 002 de 2025

(…)

Al no haber más intervenciones la Mesa Directiva y el Presidente Fredy Yesid Herrera,
le pregunta a todas las Bancadas del Concejo, si están de acuerdo que el PA No. 002
de2025, se convierta el Acuerdo Municipal y pase a sanción del señor Alcalde, para
tal efecto se registra la siguiente votación.

VOTO POR BANCADAS 2024: DE LOS ART. 1 AL 5 DEL PA No. 002 DE 2025

22

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

(…)

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: Se registra la aprobación por OCHO bancadas
existentes en el Concejo.

Sometido a voto individual, al ser sometido por el Presidente los articulos [sic] del
1 al 5 del PA No. 002 de 2025 a votación individual de cada Concejal se registra su
aprobación por unanimidad con ( 15 ) votos a favor para que pase a sanción del
Alcalde.

VOTO POR BANCADAS 2024: DEL ART. 6 DEL PA No. 002 DE 2025

(…)

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: Se registra la aprobación por OCHO bancadas
existentes en el Concejo.

Sometido a voto individual, al ser sometido por el Presidente el articulo 6 del PA
No. 002 de 2025 a votación individual de cada Concejal se registra su aprobación por
mayoria con ( 14 ) votos a favor para que pase a sanción del Alcalde. Dejando
constancia que el Vocero del Partido Liberal manifiesta que se ha aceptado el
impedimento del HC Harbey para votar el articulo 6 del proyecto. [sic]

VOTO POR BANCADAS 2024: DEL ART. 7 al 33 DEL PA No. 002 DE 2025

(…)

RESULTADO DE LA VOTACIÓN: Se registra la aprobación por OCHO bancadas
existentes en el Concejo.

Sometido a voto individual, al ser sometido por el Presidente los articulos [sic] 7al
33 del PA No. 002 de 2025 a votación individual de cada Concejal se registra su
aprobación por unanimidad con ( 15 ) votos a favor para que pase a sanción del
Alcalde. […]” (negrilla y subrayado del texto)

91.11. Copia de los documentos de 24 de marzo de 202529, mediante los cuales los
concejales Danny Leandro Ardila Vargas, Dayan Darío Díaz Rentería, Dioniseldo
Alvarado Espinosa, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, Fredy Yesid Herrera, Jair Iván
Carmona Poveda, José Dagoberto Ruiz Rincón, Luis Eduardo León Barrios, Miguel
Roberto Monroy Ayala, Paul Osney Mambi Martínez, Harbey Bermúdez Sánchez,
William Alexander Coy Guevara, Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Yafer Dayan
Barreto Romero y Yeisson Steven Ávila Gaitán, manifestaron a la comisión
accidental del Concejo Municipal de San José del Guaviare no encontrarse en
alguna de las causales de impedimento previstas en la Ley 1564 y en el artículo 11
de la Ley 1437, además de señalar que no les asistía interés particular ni directo en
el estudio, análisis y tramite del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025.

91.12. Copiadel acta de la comisión accidental encargada del estudio de la
recusación de los integrantes de la plenaria del Concejo Municipal de San José del
Guaviare, fecha 24 de marzo de 202530, integrada por los concejales Miguel Roberto
Monroy Ayala, Dayan Darío Díaz Rentería, Yeisson Steven Ávila Gaitán, Harbey

29
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
30
Cfr. Índices 12, 25 y 27, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

23

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

Bermúdez Sánchez y Danny Leandro Ardila Vargas, en la cual dicha comisión
sugirió que no se aceptara la recusación presentada por el accionante.

91.13. Certificación de fecha 2 de abril de 202531 expedida por el secretario general
del Concejo Municipal de San José del Guaviare, relacionada con el trámite en
primer y segundo debate del proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, “[…] “POR
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMA
URBANÍSTICA ESTRUCTURAL DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE” […]”.

91.14. Copia del Acuerdo núm. 6 de 24 de marzo de 2025 32,“[…] “POR MEDIO DE
LA CUAL SE ADOPTA LA MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMA
URBANÍSTICA ESTRUCTURAL DEL PBOT DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE, ACUERDO MUNICIPAL 006 DE 2023” […]”. (Negrilla del texto).

91.15. Copia del Acuerdo núm. 31 de 28 de noviembre de 2013 33, por el cual se
modificó el reglamento interno del Concejo Municipal de San José del Guaviare.

91.16. Comunicación remitida por el Juzgado Segundo Administrativo de San José
del Guaviare, relativa al medio de control de nulidad, identificado con el número
95001333300220250004100, presentado por el accionante en contra el Acuerdo
núm. 6 de 24 de marzo de 2025, con copia de las piezas procesales y enlaces para
el acceso digital a estas 34.

91.17. Comunicación remitida por el Juzgado Primero Administrativo de San José del
Guaviare, relativa a los medios de control de nulidad, identificados con los números
95001333300120230021400 y 95001333300120250004200, presentados por el
accionante en contra del Acuerdo núm. 6 de 26 de abril de 2023 y los decretos
municipales 38 de 6 de marzo de 2025 y 42 de 10 de marzo de 2025, con copia de
las piezas procesales y enlaces para el acceso digital a estas35.

91.18. Comunicación del procurador regional de instrucción del Guaviare, mediante
la cual informa que en esa dependencia se allegaron “[…] asuntos del demandante
JOSÉ ENRIQUE MOLINA ROJAS […]”36, respecto de la existencia de
irregularidades cometidas en el marco de la discusión y aprobación de la
modificación excepcional del plan básico de ordenamiento territorial de San José
del Guaviare, con radicados E-2025-137280 del 21 de marzo del 2025, E-2025-
193638 del 22 de abril del 2025 y E-2025-200315 del 25 de abril del 2025, de los
cuales se allegó copia.

31
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
32
Cfr. Índice 2, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
33
Cfr. Índices 2, 25 y 27, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
34
Cfr. Índice 26, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
35
Cfr. Índice 28, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.
36
Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

24

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

92. La primera instancia, para negar la solicitud de pérdida de investidura, consideró
que el procedimiento adelantado para resolver la recusación presentada por el
accionante -la cual no se aportó al expediente- en contra de los concejales del
municipio de San José del Guaviare estaba ajustado a derecho y, adicionalmente,
que no se había acreditado un interés directo, actual y particular al tramitar el
Acuerdo núm. 6 de 2025.

93. Se pone de presente que el Reglamento Interno del Concejo Municipal de San
José del Guaviare no prevé regla alguna para el trámite que esa Corporación debía
seguir para resolver las recusaciones que se presenten en contra de sus miembros
y solo estableció en relación con las reglas de interpretación que “[…] en caso de
no encontrarse disposición aplicable se tendrá en cuenta las disposiciones
contenidas en la Ley 5 de 1992, o la que haga sus veces […]”.

94. La Ley 5ª reguló el trámite de las recusaciones en su artículo 294 37, cuyo
contenido es el siguiente:

“[…] ARTÍCULO 294. RECUSACIÓN. Quien tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún Congresista, que no se haya comunicado oportunamente a las
Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas, procediendo únicamente si se
configura los eventos establecidos en el artículo 286 de la presente ley. En este
evento se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista de la respectiva Corporación, la cual dispondrá de tres (3) días hábiles
para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada.

La decisión será de obligatorio cumplimiento. […]”

95. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo Estado, en providencia de 26 de
noviembre de 202538, en la cual reiteró lo señalado en la providencia de 13 de
diciembre de 202339, respecto al trámite de las recusaciones presentadas en contra
de los concejales y la autoridad que debe resolverlos, indicó que:

“[…] De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que los concejales, salvo
cuando desempeñan el cargo de presidente del cuerpo colegiado a la que pertenecen,
no pueden ser catalogados como autoridades territoriales.

(…)

De los antecedentes expuestos, en el caso de los concejales, individualmente
considerados, la Sala ha descartado la competencia de las procuradurías regionales,
pues no son autoridades territoriales ya que no ejercen autoridad civil, política o de
cargo de dirección administrativa, salvo el presidente. Por ello, son los demás
integrantes del concejo, conforme a sus reglamentos internos, quienes deben decidir
los impedimentos o recusaciones de sus miembros.

37
Modificado por el artículo 5° de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019, “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley
5 de 1992 y se dictan otras disposiciones […]”.
38
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Juan Manuel Laverde Álvarez. Providencia
de 26 de noviembre de 2025. Radicación núm.: 11001-03-06-000-2025-00438-00. Referencia: conflicto negativo de
competencias administrativas.
39
Cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán. Providencia de 13
de diciembre de 2023. Radicación núm.: 11001-03-06-000-2023-00675-00. Referencia: conflicto negativo de competencia
administrativa.

25

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

En síntesis, la aplicación del artículo 12 del CPACA es supletoria y procede cuando
no exista superior ni cabeza del respectivo sector administrativo.

(…)

5) En virtud del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, las procuradurías regionales son
competentes para conocer de impedimentos o recusaciones presentados contra
autoridades territoriales que no tienen superior ni cabeza del respectivo sector
administrativo.

(…)

8) No obstante, como se explicó en la parte considerativa de esta decisión, los
concejales individualmente considerados, salvo cuando desempeñan el cargo de
presidente de la corporación a la que pertenecen, no pueden ser catalogados como
autoridades territoriales.

9) Además, de los antecedentes que ha analizado la Sala, se extrae que la aplicación
del artículo 12 del CPACA es supletoria y procede cuando no exista superior ni
cabeza del respectivo sector administrativo. (negrilla y subrayado del texto)

96. Cabe señalar que en el presente asunto, el Concejo Municipal de San José del
Guaviare acudió a la regla de interpretación contenida en su reglamento, esto es, i)
procedió a conformar una comisión accidental conforme lo permite su artículo 52 y
que puede ocuparse de asuntos de ética, ii) dicha comisión emitió una sugerencia
dirigida a que no se aceptara la recusación presentada por el accionante y iii) la
plenaria de esa corporación procedió a resolver la recusación formulada contra cada
uno de los concejales accionados sin que ninguno de ellos haya votado su propia
recusación.

97. En relación con este último aspecto se advierte que la Corte Constitucional, a
través de la sentencia C- 1040 de 200540, al efectuar el control de constitucionalidad
por vicios de procedimiento en la formación del Acto Legislativo 2 de 2004 “[…] Por
el cual se reforman artículos de la Constitución Política de Colombia y se dictan
otras disposiciones […]” indicó que en el ordenamiento jurídico se encuentra
prohibido que un congresista participe en la votación de su propio impedimento,
pero no para decidir los impedimentos de los demás congresistas, al señalar:

“[…] (2) Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que cada manifestación individual de
impedimento obedece a consideraciones subjetivas sobre circunstancias
eminentemente personales de los congresistas (artículo 291, Ley 5ª de 1992), lo cual
permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada congresista

40
La Corte Constitucional, sentencia C- 302 de 2021 se refirió a los parámetros consignados en la sentencia C- 1040 de 2005:
«22. En el ámbito del trámite para la aprobación de las reformas constitucionales, resulta de especial interés la Sentencia C-
1040 de 2005. En esta la Corte sostuvo, esencialmente, lo siguiente: i) la competencia para resolver los impedimentos
presentados por los congresistas se encuentra en cabeza de las comisiones o plenarias respectivas, sin que el asunto deba
remitirse a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista; ii) no obstante, dicha Comisión sí es competente para resolver
las recusaciones en las que se denuncie un conflicto de intereses; iii) el congresista que se ha declarado impedido puede
participar en la decisión de los impedimentos presentados por otros congresistas, pues lo que le está vedado es participar en
la decisión de la propia solicitud de impedimento; iv) en todo caso, un congresista solo puede ser excusado del deber de
decidir los impedimentos formulados por otros legisladores después de que le haya sido aceptado el impedimento propio; v)
si varios congresistas presentan impedimento para conocer un asunto, nada se opone a que se realice un debate conjunto
de los mismos, sin perjuicio de que posteriormente la decisión de estos sea individual y separada; y vi) la falta de la declaratoria
del impedimento para discutir y votar un determinado tema no da lugar a invalidar la participación o la manifestación de
voluntad del congresista».

26

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación particular tiene
sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el trámite de una ley
o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. De ahí que el artículo 182 de la
Constitución señale que la declaración de impedimento ha de basarse en una
creencia, es decir, en una apreciación eminentemente subjetiva sobre la situación
individual en que se encuentre el congresista respecto de un proyecto determinado.
Por el sólo hecho de invocar la existencia de un conflicto de intereses, el
parlamentario no pierde la competencia para pronunciarse sobre otros impedimentos,
pues ellos son por naturaleza personalísimos, en la medida en que se refieren a la
afectación del fuero interno del funcionario al cual acceden (Ley 5ª de 1992, art. 291),
lo cual permite distinguir cada situación de las demás en la medida en que cada
congresista debe valorar, antes de manifestar un impedimento, si su situación
particular tiene sobre su voluntad una incidencia tal que le impide participar en el
trámite de una ley o, excepcionalmente, de una reforma constitucional. Por lo anterior,
es indiscutible que cada impedimento es diferente, pues obedece a la apreciación
sujetiva [sic] de circunstancias personales de un congresista que “cree” estar
impedido, y por lo mismo, alejado de los principios de transparencia y objetividad que
deben regir en el ejercicio de sus funciones41. En este sentido, si los impedimentos
no corresponden tan sólo a la valoración objetiva de un comportamiento, sino que,
por el contrario, priman en ellos las consideraciones personales que se tengan por el
funcionario que lo formula; es obvio que, bajo esa medida, cada cual está impedido
para participar en la votación de su propio impedimento, pero no para decidir
los impedimentos de los demás, ya que siempre se encontraran motivaciones
diferentes que deben ser resueltas de distinta manera, teniendo en cuenta la
variedad de matices que admite el comportamiento humano42. Ello no obsta para
que en casos concretos sea posible agrupar los conflictos de intereses por causas
similares para efectos de ser estudiados conjuntamente atendiendo a las respectivas
especificidades, por ejemplo, por una subcomisión conformada para ese propósito
específico (como ha tenido lugar en la práctica parlamentaria. Anexo I); simplemente
lo anterior indica que la naturaleza personalísima de cada impedimento permite a los
congresistas que los han formulado participar en la decisión de los impedimentos de
los demás.

(3) Adicionalmente, insiste la Corte en que los congresistas tienen el deber de asistir
a las sesiones del Congreso y votar en las decisiones que adopten las Cámaras (Ley
5ª de 1992. art. 127); el Reglamento del Congreso no efectúa distinción alguna en
cuanto al alcance de este deber de votar, es decir, no lo restringe exclusivamente a
los proyectos de ley o acto legislativo que se encuentren a consideración de las
Cámaras, se extiende, por lo tanto, a todos los asuntos cuya decisión se plantee a los
congresistas, incluyendo la definición de los impedimentos por conflictos de interés.
Los congresistas sólo pueden ser excusados de este deber de decidir efectivamente
después de que les haya sido aceptado el impedimento, como lo disponen
expresamente los artículos 124 y 293 de la Ley 5ª de 1992. Esto es entendible, dado
que los congresistas representan a sus electores y no pueden eludir su función de
representación política para la cual fueron elegidos sin que previamente se les haya
aceptado el impedimento por la plenaria o la comisión constitucional permanente de
cada cámara. De lo contrario, sería fácil evadir el cumplimiento de sus
responsabilidades y también se abrirá la puerta para paralizar la actividad del
Congreso. Así lo ha dicho también el Consejo de Estado e inclusive lo reiteró al decidir

41
Sobre la materia, se sostuvo en la Asamblea Nacional Constituyente, al vincular los conflictos de intereses con la
declaración de impedimento: “En cuanto al conflicto de interés prácticamente se repite la norma que fue creada en el
Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente y es que; los congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de
la respectiva Cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico, que los inhiba para decidir sobre asuntos
sometidos a su consideración, esta es una norma que no puede ser realmente más precisa, puesto que es muy difícil, definir
en qué consiste una situación tan subjetiva que inhiba para decidir libremente sobre un asunto, entonces se deja a la
consideración del mismo congresista, aunque obviamente si hay una razón objetiva que permita tipificarlo pueda recusarse
(...)”.
42
Tal y como ha sucedido, por ejemplo, en esta Corporación en los Autos 172 de 2003 y 080A de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).

27

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

sobre la demanda de pérdida de investidura contra la representante a la Cámara Yidis
Medina, demanda que no prosperó. […]”. (negrilla fuera del texto)

98. En la citada sentencia de constitucionalidad, la Corte Constitucional explicó que
de llegar a admitirse la tesis de la imposibilidad de definir los impedimentos de los
otros podría llegarse a paralizar la función legislativa a cargo del Congreso de la
República, en contravía de los principios de representación democrática y
participación política:

“[…] Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la imposibilidad de definir los
impedimentos de otros, pues en la práctica se podría llegar a un “callejón sin
salida”. En efecto, si el número de miembros del parlamento se redujera hasta
un quantum inferior al número necesario para conformar el quórum decisorio,
no podrían definirse los impedimentos, sacrificando la función legislativa y, por ende,
desconociendo el principio democrático en la formación de las leyes, que se
manifiesta en que el pueblo pueda pronunciarse mediante la actividad legítima de sus
representantes. Hasta que un impedimento no es aceptado, no es posible convocar
a los miembros que siguen en la lista electoral (mal llamados suplentes), pues no
existe falta alguna en términos constitucionales, ya que sólo hay una manifestación
que per se no resulta vinculante. […]” (negrilla fuera del texto)

99. La Corte Constitucional, en sentencia C-337 de 200643, reiteró la regla de la
sentencia anterior en el siguiente sentido:

“[…] En efecto, en materia del procedimiento de resolución de los
impedimentos, ninguna norma de la Carta Política como de la Ley 5 de 1992,
expresamente prohíbe, y de manera general, que el Congresista que se ha
declarado impedido pueda participar en la decisión de los impedimentos
presentados por otros congresistas, pues lo que si les está vedado es participar
en la decisión de su propia solicitud de impedimento, así como cuando se les
acepta un impedimento, procede excusar del deber de votar que tienen. Un
entendimiento contrario de las disposiciones que regulan el tema, puede traer como
consecuencia la imposibilidad de definir los impedimentos que se presenten por varios
Congresistas a la vez, llegándose en la práctica a lo que se denominó un “callejón sin
salida”, pues podría en un momento dado reducirse el quórum decisorio a un quantum
inferior al necesario para resolverlos. Como también se determinó en la Sentencia
citada, debe valorarse la práctica parlamentaria que ha sido consistente al respecto y
armónica con cada uno de los casos que se han presentado, sin que por ello se
incurra en un vicio de procedimiento. […]” (negrilla fuera del texto)

100. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de mayo de
200944, señaló lo siguiente:

“[…] los congresistas tienen el deber de manifestar su impedimento siempre que se
trate de “determinado proyecto o decisión trascendental” y dentro de estas
expresiones no cabe lo relativo a la decisión que ha de adoptarse en la respectiva
Cámara respecto de la declaración de impedimento de otro congresista.

(…)

43
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C- 337 de 2006, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
44
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 11 de mayo de 2009. Consejero
ponente: Alfonso Vargas Rincon. Radicado núm.: 11001-03-15-000-2009-00043-00.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

En otras palabras, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales antes
mencionados, el solo hecho de poner en conocimiento de la respectiva cámara el
impedimento, no releva al congresista de su obligación de asistencia, así no pueda
participar para resolver su propio impedimento. […]”

101. La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de 27 de julio de
201045, sostuvo:

“[…] si el impedimento es negado subsiste para el Congresista el deber constitucional
de participar en el trámite del proyecto legislativo o asunto respecto del cual había
propuesto el impedimento.46

Ahora bien, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que los congresistas no pueden
intervenir para decidir su propio impedimento, aunque pueden intervenir para decidir
el impedimento de los otros. […]”.

102. En consecuencia, la Corte Constitucional, desde la sentencia C- 1040 de 2005
y hasta la fecha, al igual que esta Corporación Judicial han señalado que los
congresistas no pueden intervenir en el trámite de su propio impedimento, aunque
pueden intervenir para decidir el impedimento de los otros parlamentarios.

103. Resulta importante señalar que si bien estas consideraciones se esgrimieron en
relación con los impedimentos de los congresistas orientan el estudio de las
recusaciones de los concejales y, además de ello, esta interpretación es la que
resulta más compatible con los principios de eficacia y economía en las funciones
encomendadas por la Constitución Política y la ley a los concejos municipales
encaminadas hacia la satisfacción del interés general, de lo cual puede colegirse
que no existe una evidente ilegalidad en el trámite que el Concejo Municipal de San
José del Guaviare impartió a la recusación formulada por el accionante.

104. En todo caso, la Sala considera que el medio de control de pérdida de
investidura no tiene por objeto establecer la legalidad de las actuaciones llevadas a
cabo por el Concejo Municipal de San José del Guaviare para resolver la recusación
formulada en contra de la totalidad de los concejales por parte del accionante dentro
del trámite y aprobación del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, que dio origen al
Acuerdo núm. 6 de 2025.

105. Le corresponde establecer en este medio de control si la conducta de los
concejales accionados se encuadra –desde los aspectos objetivo y subjetivo– en la
causal de pérdida de investidura consistente en la violación del régimen de conflicto
de intereses, regulada en los artículos 55 –numeral 2.– y 70 de la Ley 136 y 48 –
numeral 1.– de la Ley 617.

106. En ese sentido esta Sección47 ha indicado que:

45
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de julio de 2010. Consejero ponente:
Mauricio Fajardo Gómez. Radicado núm.: 11001-03-15-000-2009-01219-00.
46
Sobre este aspecto cabe consultar lo expuesto por la Sala Plena en sentencia proferida el 21 de julio de 2009, expediente
00042, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
47
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Hernándo Sánchez
Sánchez. Sentencia de 5 de septiembre de 2024. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00133-01. En el mismo sentido:

29

Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

“[…] 83. Finalmente, la Sala considera que, así como lo indicó el Tribunal
Administrativo del Meta, en la sentencia de primera instancia, el proceso pérdida de
la investidura no tiene por objeto determinar la legalidad de las actuaciones que
realiza la plenaria del Concejo Municipal, sino determinar si el elegido popularmente
incurrió en la causal de pérdida de investidura que se le endilga; por esta razón, no
hay lugar a estudiar ninguno de los planteamientos realizados por el Solicitante,
relacionados con ese punto. […]”

107. Para el efecto, el accionante debe acreditar, de acuerdo con el artículo 167 de
la Ley 1564, además, de la condición de concejales de los accionados, la existencia
de un interés directo, particular y actual en cabeza de estos o de su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
en un asunto que conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y
que estos participaron en el debate o votación sin manifestar impedimento frente al
asunto que configura el interés.

108. Al respecto, el accionante manifestó en su recurso de apelación que sí existía
el interés directo, particular y actual en cabeza de los concejales accionados, en la
siguiente forma:

“[…] b) Si existió en ellos un interés directo, particular y concreto de los concejales
para continuar con un trámite a costa de violar las leyes, por el afán de aprobar ese
24 de marzo de 2025 a como diera lugar el nuevo PBOT, incurriendo en las
violaciones al régimen de impedimentos y conflicto de interés que señala la ley 136
de 1994 y 617 de 2000, al igual que el Art. 11 de la ley 437 de 2011, con la resolución
ilegal de las recusaciones por los asuntos sometidos a su consideración; [sic] […]”
(negrilla del texto)

109. Esta Sección48 ha indicado, respecto del interés directo, particular y actual que:

“[…] El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben destacarse:
el interés directo, particular y actual del accionado, o de su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o de alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de
derecho o de hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que son
puestos a consideración e intervención del miembro de la corporación.

El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real del miembro
de la corporación pública hacia un tema, objeto o aspecto cualquiera sometido a su
estudio, decisión, debate, votación, censura o participación en desarrollo de sus
funciones como tal, con el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se aleja en todo caso
de la intención inicial de obtener el bien general49 y afecta la transparencia y
objetividad de dicha actuación.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio
Cifuentes. Sentencia de 27 de junio de 2024. Radicación núm.: 50001-23-33-000-2024-00029-01.
48
Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón. Sentencia de 31 de agosto de 2023. Radicación núm.: 25000-23-15-000-2022-00981-01(PI).
49
Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm. único de radicación 11001-03-15-
000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el
artículo 133 de la Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y
que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses privados del

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

La Sala Plena50 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser entendido como
“[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse
al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés
que la norma moral y la norma legal exigen […]”51 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o
los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto […]”52. […]”

110. El accionante no estableció que en efecto existiera una inclinación real de los
concejales accionados para materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia para sí mismos, sus familiares o socios en la decisión que adoptaban
relativa a la resolución de la recusación formulada en su contra en el trámite del
Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025.

111. Fundamentó la existencia de ese interés en la necesidad de los concejales de
dar trámite y aprobar el citado proyecto de acuerdo, lo cual corresponde a una de
las atribuciones que constitucionalmente tienen los concejos consistente en,
conforme el numeral 7. del artículo 313, “[…] 7. Reglamentar los usos del suelo, y
dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas
con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. […]” y de la
cual no se deduce la existencia del interés directo, particular y actual, requerido para
la configuración objetiva de la causal de pérdida de investidura por violación del
régimen de conflicto de intereses.

112. Se precisa que, para resolver la recusación presentada por el accionante, cada
uno de los concejales accionados se retiró de la sesión plenaria realizada el 24 de
marzo de 2025 mientras era resuelta su situación particular, de tal forma que
ninguno de ellos votó su propia recusación y, en todo caso, esta no fue la situación
atribuida a los accionados.

113. Finalmente, el accionante solicitó compulsar copias a las autoridades penales y
disciplinarias para efectos de que se investigara penal y disciplinariamente al
apoderado judicial de los concejales accionados, a los concejales accionados y a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta.

114. Se precisa, siguiendo los artículos 67 de la Ley 906 de 31 de agosto de 200453,
86 de la Ley 1952 de 28 de enero de 201954 y 67 de la Ley 1123 de 200755, que si
el accionante estima que las personas mencionadas supra incurrieron en conductas

congresista con el interés público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la
recusación, el congresista queda separado de la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el
interés privado o particular del congresista no subordine al interés público […]”.
50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio de 2010, número único de
radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015,
número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
51
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo de 1996, Expediente núm. AC-
3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
52
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente núm.
AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
53
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. […]”.
54
“[…] Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones
de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. […]”.
55
“[…] Por la cual se establece el código disciplinario del abogado. […]”.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

constitutivas de delitos y faltas disciplinarias, puede acudir a las autoridades
judiciales y administrativas para presentar las respectivas denuncias y quejas
disciplinarias. En todo caso, no se advierte que exista mérito para acceder a la
compulsa de copias solicitada por el accionante.

115. Es así como está acreditado en el expediente que el accionante presentó ante
la Procuraduría General de la Nación quejas disciplinarias en contra del alcalde y
los concejales del municipio de San José del Guaviare por las actuaciones
realizadas por estos en el trámite del Proyecto de Acuerdo núm. 2 de 2025, el cual
dio lugar al Acuerdo núm. 6 de 2025, las cuales se identifican con los números de
radicación E-2025-137280 de 21 de marzo de 2025, E-2025-193638 de 22 de abril
de 2025 y E-2025-200315 de 25 de abril de 202556.

II.5. Conclusión

116. La Sala, de acuerdo con las consideraciones expuestas, no encontró
acreditados los elementos para la configuración objetiva de la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 2. del artículo 55 de la Ley 136 y en el numeral 1.
del artículo 48 de la Ley 617, consistente en la violación del régimen de conflicto de
intereses, lo cual impide continuar con el análisis del elemento subjetivo de
culpabilidad.

117. En consecuencia, confirmará la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por
la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se negó la
solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de los señores Harbey
Bermúdez Sánchez, Paul Osney Mambi Martínez, Miguel Roberto Monroy Ayala,
William Alexander Coy Guevara, Dioniseldo Alvarado Espinosa, Danny Leandro
Ardila Vargas, Yafer Dayan Barreto Romero, Dayan Darío Díaz Rentería, Luis
Eduardo León Barrios, Dora Mirleidy Álvarez Pérez, José Dagoberto Ruiz Rincón,
Wilmer Alexander Guerrero Ávila, Jair Iván Carmona Poveda, Yeisson Steven Ávila
Gaitán y Fredy Yesid Herrera, concejales del municipio de San José del Guaviare,
período 2024 – 2027, por las razones expuestas en el presente proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de julio de 2025, proferida por la Sala
Plena del Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

56
Cfr. Índice 29, SAMAI. Expediente digital 50001233300020250014400.

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Radicación núm.: 50001-23-33-000-2025-00144-01
Accionante: José Enrique Molina Rojas

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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