Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-00981-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-00981-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2022-00981-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
31 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 250002315000202200981011
Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
TESIS: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ELECCIÓN DE CONTRALOR
DISTRITAL, PERÍODO 2022-2025. SE CONFIGURÓ ELEMENTO OBJETIVO DE LA
VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE
CONCEJAL DE BOGOTÁ, D.C., QUIEN INTERVINO Y VOTÓ EL RECHAZO DE
PLANO DEL ESCRITO FORMULADO EN CONTRA DE SU IMPARCIALIDAD POR
SUPUESTA EXISTENCIA DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL. DE LAS
CAUSALES Y TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO
ELECTORAL ADELANTADO POR MIEMBROS DE CORPORACIONES PÚBLICAS
TERRITORIALES. DE LOS CRITERIOS Y REQUISITOS DE LA RECUSACIÓN
FORMULADA CONTRA MIEMBROS DE CORPORACIONES PÚBLICAS
TERRITORIALES EN MEDIO DE UN PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE
DIGNATARIOS. DEL ELEMENTO SUBJETIVO: LA INTENCIÓN DE RETARDAR LA
ELECCIÓN DEL CONTRALOR DISTRITAL, PERÍODO 2022-2025, PONE DE
MANIFIESTO QUE, AL ESCRITO DE 17 DE MAYO DE 2022, NO SE LE PUEDEN
ATRIBUIR LOS EFECTOS PROPIOS DE UNA RECUSACIÓN FORMAL. LA
DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE LA ACCIONADA EN EL TRÁMITE PARA
RECHAZARLO DE PLANO, ENCUENTRA UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE Y
EXCULPATORIA EN TANTO QUE (I) ACTUÓ BAJO LA ÍNTIMA E INSUPERABLE
CONVICCIÓN DE QUE NO ERA UN MECANISMO LEGÍTIMO CON CAPACIDAD DE
SEPARARLO DEL TRÁMITE ELECTORAL, ASÍ COMO QUE (II) SU
COMPORTAMIENTO NO QUEBRANTABA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO AL NO
SER CIERTA LA SUPUESTA VIGENCIA DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD
FISCAL. ABUSO DEL DERECHO: LA CONDUCTA DE LA CONCEJAL TAMBIÉN
LOGRA EXIMIRSE DE RESPONSABILIDAD, POR CUANTO NO SE PUEDE PERDER
DE VISTA QUE LA ACTUACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ EL ESCRITO
CONSTITUYÓ UN ABUSO DEL DERECHO.
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2022 00981 01
Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Comoquiera que el proyecto de fallo que presentó a consideración el
consejero de Estado, doctor OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, no
obtuvo la mayoría de votos requeridos para su aprobación, la Sala
procederá a decidir el recurso de apelación interpuesto por la
solicitante contra la sentencia de 24 de octubre de 2022, proferida
por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual denegó la pérdida de investidura de la señora DORA
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, concejal de Bogotá, D.C., por hechos
ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA,
actuando en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de
investidura de la señora DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, concejal
de Bogotá, D.C., por hechos sucedidos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2 de la Ley 136 de 2 de junio de
19942, en concordancia con el artículo 11, numeral 1 de la Ley 1437
de 18 de enero de 20113, esto es por violación al régimen de conflicto
de intereses.
2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
I.2.- En apoyo de su pretensión la solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
Señaló que el 27 de octubre de 2019, la señora DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ fue elegida concejal de Bogotá D.C. por el Partido
Alianza Verde para el período constitucional 2020-2023.
Adujo que en la sesión plenaria de 17 de mayo de 2022 del Concejo
de Bogotá, D.C., fue presentado escrito de recusación en contra de la
concejal para que no participara en el proceso de elección del
contralor de Bogotá, D.C., por cuanto cursaban procesos de
responsabilidad fiscal en su contra en la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ D.C.
Indicó que el presidente del Concejo de Bogotá, D.C. puso a
consideración de la plenaria el respectivo trámite de la recusación, en
el que la accionada votó para que no se le diera trámite al escrito
presentado en su contra, sin manifestar el impedimento previsto en el
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 1437, a pesar de que se decidía
una situación de su interés, esto es, participar en la elección del
contralor de Bogotá, D.C.
Manifestó que los concejales de la bancada del Partido Alianza Verde,
señores EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, JULIÁN ESPINOSA
ORTIZ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, MARTÍN RIVERA
ALZATE y JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE4, quienes
4 A través de auto de 12 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la presente solicitud de pérdida de investidura, únicamente, contra la concejal
DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, por lo que a continuación ordenó escindirla y repartirla
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también asistieron a la sesión de 17 de mayo de 2022, participaron y
votaron dicho asunto, sin declararse impedidos, tal como se los exigía
el artículo 11, numeral 14, de la Ley 1437.
I.3.- La concejal, por intermedio de apoderado judicial, contestó la
solicitud de pérdida de investidura con la que se opuso a dicha
pretensión para lo cual manifestó, en síntesis, que en el acta núm.
039 de 17 de mayo de 2022 se consignó que ese mismo día, siendo
las 7:57 a.m., el ciudadano JOSÉ ABRAHAM MEJÍA CORREA
presentó escrito ante la secretaría general del Concejo de Bogotá,
D.C., mediante el cual la recusó, entre otros cabildantes, por tener
tres procesos fiscales de 2007 y 2008, por lo que no podía participar
en la elección del contralor de Bogotá, D.C.; no obstante, afirmó que
el contenido del escrito no fue trasladado a ninguno de los concejales
y que sólo tuvieron conocimiento de su existencia hasta el inicio de
la sesión.
Indicó que lo que se pretendía con la presentación de la recusación
no era demostrar una causal de impedimento, sino dilatar la elección
de contralor de Bogotá, D.C.; que no estaba impedida para ejercer
las funciones de su cargo, dentro de las que se encontraba votar en
la elección de contralor de Bogotá, D.C.; y que al votar por el trámite
del escrito presentado por el señor JOSÉ ABRAHAM MEJÍA
CORREA no se decidió el fondo del asunto, por lo que no existió
conflicto con un interés directo.
de forma individual contra cada uno de los demás concejales accionados EDWARD ANÍBAL
ARIAS RUBIO, JULIÁN ESPINOSA ORTIZ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, MARTÍN
RIVERA ALZATE y JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ SASTOQUE. Ver índice 00002 de SAMAI,
archivo: “003 DEMANDA Y ANEXOS (.rar) NroActua 2”.
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Alegó que la solicitante no demostró el dolo como tampoco hizo
referencia a la culpa grave, por lo que tanto ella como los demás
concejales que intervinieron en la sesión de 17 de mayo de 2022,
actuaron de buena fe; y que, por el contrario, lo que se advierte es
dolo por parte de la persona que presentó la recusación, debido a
que los procesos de responsabilidad fiscal incluidos en la causal de
impedimento ya habían sido archivados.
Señaló que en la sesión de 17 de mayo de 2022 lo que se votó fue si
se le debía dar trámite a un escrito que no fue considerado como
recusación, por no cumplir con el artículo 118 del reglamento del
Concejo de Bogotá, D.C.; y que para adoptar la decisión de
rechazarlo por considerarlo dilatorio y temerario, se puso de presente
que, según el artículo 9º de la Ley 610 de 15 de agosto de 20005, la
acción fiscal ya habría caducado y prescrito.
Sostuvo que en la misma sesión no se votó la recusación de manera
individual y que los miembros del Partido Alianza Verde, como
bancada, no tenían porqué declararse impedidos en esa votación,
como sí lo hicieron respecto del impedimento presentado por el
concejal LIBARDO ASPRILLA LARA.
Mencionó que la causal de pérdida de investidura de concejal,
prevista en el artículo 55, numeral 2 de la Ley 136, no se configura
en el presente asunto habida cuenta que los procesos fiscales
adelantados en su contra fueron archivados hace muchos años, por
5 “[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías […]”.
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
lo que la participación en la elección de contralor de Bogotá, D.C., en
nada la favorecería.
En atención a lo anterior, solicitó denegar las pretensiones, por
cuanto se demostró que, para el momento de la elección del contralor
de Bogotá D.C., no estaba incursa en la causal de impedimento
invocada en el escrito de pérdida de investidura.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 24 de octubre de 2022, denegó la
pérdida de investidura de la señora DORA LUCÍA BASTIDAS
UBATÉ, concejal de Bogotá, D.C., para lo cual dejó constancia, entre
otros aspectos, que con auto de 27 de septiembre de 2022 se negó
la práctica de los testimonios solicitados por la accionada, esto es de
los concejales de Bogotá, D.C., señores SAMIR JOSÉ ABISAMBRA
VESGA y SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA BUELVAS, así como del
señor ROBERTO JOSÉ FUENTES FERNÁNDEZ, -Director Técnico
Jurídico del Concejo de Bogotá, D.C.-, porque, conforme quedó
establecido en dicha providencia, los hechos que se pretenden probar
constan en los demás medios de prueba que reposan en el
expediente y que, además, giran en torno a un trámite reglado que
ya está definido en la normatividad, quedando así descartada su
conducencia y utilidad.
Luego de aludir a las características de la causal de pérdida de
investidura de violación al régimen de conflicto de intereses, precisó
que del material probatorio allegado al expediente sólo se evidencia
el trámite administrativo que el cabildo distrital desplegó para
analizar si se estudiaba o no una recusación presentada el 17 de
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
mayo de 2022 a las 7:57 a.m. en contra de la señora DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, esto es el mismo día de la sesión convocada
para elegir al contralor de Bogotá, D.C.
Resaltó que lo que votaron los concejales en la sesión de 17 de mayo
de 2022 fue la decisión de “[…] someter a consideración el
procedimiento para resolver o negar la recusación en contra de los
HS CS Lucía Bastidas Ubaté, Álvaro Acevedo Leguizamón y Samir
José Abisambra Vesga […]”, obteniéndose veintisiete (27) votos por
el ‘no’ y solo uno (1) por el ‘sí’.
Señaló que no se observó interés alguno por parte de la accionada,
como quiera que el reglamento del Concejo de Bogotá, D.C. confía a
sus servidores la decisión de si es pertinente o no darle trámite a
todo escrito que se radique ante ese cabildo, por lo cual se calificó
que no todo escrito de recusación debía ser considerado como tal,
pues se exigió una tarifa presupuestal para que esas solicitudes de
recusación pudieran ser tramitadas y resueltas de fondo.
Mencionó que está demostrado que los procesos fiscales a los que se
aludió en el escrito de 17 de mayo de 2022 en contra de la concejal
ya estaban archivados, por lo que haber participado en la votación
de darle trámite o no al referido escrito no generó impedimento
alguno; y que la participación en la votación de la elección del
contralor de Bogotá, D.C., tampoco puede catalogarse de incorrecta
pues, al momento de esa elección, las causales promovidas en contra
de la accionada no eran actuales.
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En cuanto al elemento subjetivo indicó que tampoco está acreditado
el dolo o culpa grave por parte de la concejal, en atención a que no
se demostraron los componentes de utilidad o provecho, como
tampoco que con su actuar estuviera acaparando un interés directo
o propio.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO
La solicitante interpone recurso de apelación en el cual pretende que
se revoque la sentencia impugnada y, en su lugar, se acceda a la
pérdida de investidura, para lo cual sostiene que, de conformidad con
los planteamientos que se hicieron en la solicitud inicial, la concejal
DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ sí incurrió en la causal de conflicto
de intereses en dos oportunidades diferentes, esto es cuando
deliberó y votó para que no se tramitara la recusación interpuesta en
su contra y cuando sin declararse impedida deliberó y votó por la
terna conformada por el señor JULIÁN MAURICIO RUÍZ
RODRÍGUEZ, nuevo argumento este último incorporado en el escrito
recurrente. Y que el sólo hecho de votar en el trámite de la recusación
le asigna responsabilidad puesto que el deber ser era declararse
impedido y no participar de la votación.
Agrega que no le asiste razón al Tribunal frente al primer supuesto
planteado como uno de los argumentos de la pérdida de investidura
de la concejal referente a no haberse declarado impedida para
deliberar y votar por dicha recusación, comoquiera que exigir la
prueba del dolo o la culpa grave, sería lo mismo que desnaturalizar
por completo dicha acción y premiar a quienes con simples
actuaciones contravengan todo el ordenamiento jurídico.
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Señala que dentro del expediente reposan pruebas suficientes para
inferir el dolo y se probó objetivamente que la concejal votó cuando
no podía hacerlo; y que exigir una prueba directa del dolo, sería lo
mismo que exigir la práctica de la tortura al concejal para que
manifieste de su propia boca que actuó con dolo.
Aduce que si votar a su favor no constituye un conflicto de interés
que comporte dolo en sí mismo, de aquí en adelante nada podrá ser
catalogado como un conflicto de interés, a no ser que se reforme la
Constitución y se avale la tortura para poder conseguir a través de
ese medio o de otros medios ilegales la confesión del concejal. Por lo
tanto, que si en este caso no existe un conflicto de intereses no lo
existirá en ninguna otra, pues brilla de bulto que lo que hubo fue una
violación de la normatividad objetiva.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:
IV.1. La concejal, a través de apoderado, insiste en los argumentos
de su defensa, dentro de los cuales señala que no debía declararse
impedida para participar y votar la decisión de no tramitar y rechazar
de plano la recusación presentada en su contra y solicita confirmar
la sentencia de primera instancia.
6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Menciona que el recurso se encuentra indebidamente sustentado ya
que carece de argumentos de apelación, se limita a reiterar que la
accionada debió declararse impedida para deliberar y votar la
recusación presentada en su contra cuando los concejales recusados
explicaron con antelación, en la sesión plenaria de 17 de mayo de
2022, que los procesos de responsabilidad fiscal que en el pasado
adelantó en su contra la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., habían
terminado hace varios años atrás. Y que en el caso particular de la
concejal eran procesos de 2007 y 2008, es decir archivados desde
hace más de 14 años, lo que condujo a la plenaria del Concejo de
Bogotá, D.C. a rechazarla de plano.
Sostiene que hay ausencia de conflicto de interés por inexistencia de
los supuestos procesos de responsabilidad fiscal porque tratándose
de una convocatoria pública que, según su cronograma, había
iniciado el 1o. de febrero de 2022 y cuyas actividades se habían
surtido en su totalidad, -quedando solo pendiente la elección y
posesión del contralor-, resultaba lógico entender que una recusación
presentada a las 7:57 a.m. de 17 de mayo de 2022, es decir una
hora y tres minutos antes de que iniciara la sesión en la que se
elegiría y posesionaría al contralor, lo único que buscaba era dilatar
la elección de dicho funcionario, sobre todo si se tiene en cuenta que
la recusación estaba fundamentada en hechos que no eran ciertos
puesto que, como ya se indicó, los procesos de responsabilidad fiscal
contra los concejales DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, SAMIR
JOSÉ ABISAMBRA VESGA y ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN
ya habían concluido.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2022 00981 01
Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Manifiesta la inexistencia de conflicto de interés por haber votado el
rechazo del escrito presentado por el señor JORGE ABRAHAM
MEJÍA CORREA, puesto que, sumado a lo anterior, la nueva
disposición del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C., -
artículo 118 del Acuerdo núm. 741 de 2019, modificado por el artículo
21 del Acuerdo núm. 837 de 2022-, el cual goza de presunción de
legalidad, permitió que ese cabildo contara con las herramientas
jurídicas para rechazar de plano los escritos de recusación que no
cumplieran con unos requisitos mínimos y así permitir el normal
desarrollo de las funciones de gestión normativa, control político y
elección de servidores públicos a distritales.
Reitera que hubo ausencia de dolo y culpa grave puesto que, en
ningún aparte de la solicitud ni del recurso de apelación, existe
asomo alguno en el que se sustente la existencia del dolo o de la
culpa grave de la accionada, precisamente porque su conducta fue
diligente y ajustada a derecho. Y que de ninguna manera puede
aceptarse que exigir la prueba del dolo signifique desnaturalizar la
acción de pérdida de investidura o que aquel se prueba por el mero
hecho de haber votado una recusación.
IV.2. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Con relación al nuevo cargo incluido por la apelante en su recurso,
referente a que la accionada incurrió en conflicto de intereses al
deliberar y votar por la terna a contralor de Bogotá, D.C.,
conformada, entre otros, por el señor JULIÁN MAURICIO RUÍZ
RODRÍGUEZ, sin haberse declarado impedida, la Sala resalta que se
abstendrá de hacer pronunciamiento alguno al respecto, toda vez
que se trata de un argumento que no fue expuesto ni sustentado en
la solicitud de desinvestidura inicial, por lo que su formulación en el
escrito de alzada resulta extemporáneo e impide su oportuna
discusión y debate probatorio, ello en garantía de los principios del
debido proceso, contradicción y congruencia7.
Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala establecer, en los
precisos términos del recurso de apelación interpuesto y en
consonancia con la solicitud inicial, si la concejal de Bogotá, D.C.,
señora DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ, incurrió en la causal
prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, en concordancia
con el artículo 11, numeral 1 de la Ley 1437, esto es por violación
del régimen de conflicto de intereses, al participar, intervenir y votar,
sin declararse impedida, en el asunto relacionado con darle trámite,
o no, al escrito formulado en su contra durante la sesión plenaria de
17 de mayo de 2022.
V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura de concejales8
7 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencias de 4 de noviembre de 2022, número único de radicación 68001-23-33-
000-2022-00198-01, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón y 11 de octubre de
2019, número único de radicación 05001-2333-000-2017-02599-01, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2022 00981 01
Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura prevista en los artículos 55, numeral 2, de la
Ley 136, y 48, numeral 1, de la Ley 617, así:
“[…] Ley 136, artículo 55. Pérdida de la investidura de
concejal. Los concejales perderán su investidura por:
(...)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades
o de conflicto de intereses [...]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de
diputados, concejales municipales y distritales y de
miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses
cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal
o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía
en general […]” (Resaltado fuera del texto original).
En este sentido, el artículo 70, de la Ley 136, previó, en cuanto al
conflicto de intereses de concejales, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:
“[…] Artículo 70.- Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
de radicación 47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de
radicación 05001233300020170347301; y 25 de febrero de 2021, número único de
radicación 25000231500020190021701.
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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2022 00981 01
Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de
impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la
respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflictos de interés, determina lo siguiente:
“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge,
compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de
hecho o de derecho [...]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un concepto
jurídico indeterminado y, debido a ello, es el juez quien decide, en
cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente para
acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se
ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al alcance y contenido
de la causal en comento y su incursión en sede judicial,
consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
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orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los asuntos
que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de concejales.
Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011, de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:
“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen
los arts. 182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo
clarificador, que es importante destacar a continuación antes de
abordar el caso concreto:
i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de
manera que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las
circunstancias reprochables desde el punto de vista del interés en
su concreción. Sin embargo, la indeterminación de los mismos sigue
caracterizando la institución.
ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le
prohíbe al congresista participar de la deliberación y decisión del
tema puesto a consideración del Congreso.
En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de
mayo de 2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a
los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva
Cámara las situaciones de orden moral o económico que los inhiban
para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección IV-, reguló lo relativo a
la aplicación, declaración, comunicación y efectos del impedimento
y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen de
declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”
iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda
clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar
el congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el
trámite de los asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa
que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de
proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de
otras decisiones administrativas, electorales o políticas, siempre que
lo afecten.
De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre
ellas lo ha aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo
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caso ha analizado si en el evento concreto se presenta un conflicto
de intereses del congresista demandado que participó en la
correspondiente elección: “Para la Sala, la situación de conflicto de
interés que puede presentarse en un asunto o materia de
conocimiento de los congresistas, no se circunscribe únicamente a
los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo ha
precisado la Sala Plena9, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control
político y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón,
ha dicho la Sala10, que la situación de conflicto debe analizarse en
cada caso específico, para determinar si las particulares
circunstancias del congresista, su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o sus parientes, o socios, se contraponen
con el interés comprometido en el asunto o materia en el que
intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-
03-15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa
Briceño-
En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse
por la participación o votación en una decisión o asunto de que
conozca el Congreso de la República, sea que se trate de
deliberaciones y votaciones relacionadas con proyectos de ley o
actos legislativos, o se trate de una decisión trascendental. En
efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar que el congresista
debe declararse impedido cuando observe que existe un conflicto de
intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto o
decisión trascendental’.
“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino
cuando se trate de las otras funciones de ese órgano como las
funciones de control político, las administrativas, las judiciales y las
electorales.
“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de
forma contundente cuando se trata de la intervención de los
congresistas en el proceso de formación de normas jurídicas que
luego vendrían a favorecerlos de forma particular y concreta, como
cuando se dictan normas relativas al régimen del derecho penal
estando el congresista sometido efectivamente a una investigación
penal, cosa que no sucede en este caso. Este tema fue tratado por
la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el concepto del 15 de
mayo de 200811, y así se concluyó en ese dictamen.” -sentencia del
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de
noviembre de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de
octubre de 2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
11 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones
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23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). CP.
Hugo Fernando Bastidas-
En forma concluyente también ha expresado que “Para que se
estructure la violación del régimen del conflicto de intereses es
suficiente que el congresista participe en los debates12, así sea
simplemente integrando el quórum de la sesión donde se discuta el
tema respectivo13.” –Sala Plena. Sentencia del 27 de julio de 2010.
Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI). CP. Mauricio Fajardo
Gómez-
iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al
congresista a separarse del tema que compete resolver al Congreso,
aquél debe ponerla en conocimiento de la Corporación, so pena de
ser recusado. En estos términos, tanto la institución del
impedimento como la recusación tienen apoyatura directa en el art.
182 de la CP.
v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se
encuentra implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los
conflictos de intereses y las recusaciones”. Esta atribución para
ultimar los detalles de la materia, en lo no regulado en la
Constitución Política, constituye una típica reserva de ley.
vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el
conflicto de intereses son: a) la existencia de un interés particular
del congresista en la deliberación o decisión de un tema específico
a cargo del Congreso, b) que efectivamente participe de ello, c) que
ese interés sea directo, no eventual o hipotético, d) que además el
respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007
Senado, porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una
investigación preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo
con los fundamentos normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Sala
considera recomendable que proceda a declarar su impedimento ante la respectiva
Corporación, para que sea ésta la que decida sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar
el congresista favorablemente el mencionado proyecto de Acto legislativo, ¿qué
consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y pérdida de investidura? De
acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el congresista no declare su
impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el debate y votación del
proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha participación podría
dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara una causal para
un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril
de 2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero
ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto
de 2003, número único de radicación 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero
ponente Alejandro Ordóñez Maldonado.
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interés sea actual, y e) que el beneficio recibido no sea general sino
particular […]”14.
A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones15:
[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de
transparencia democrática que por su alcance y fundamento debe
analizarse en forma concreta.
2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de
concurrencia antagónica entre el interés particular y el interés
público que afecta la decisión a tomar y obliga a declararse impedido
a quien deba tomarla.
2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de
impedir que prevalezca el interés privado del congresista [en este
caso entiéndase concejal] sobre los intereses públicos, el cual,
prevalido de su influencia, podría obtener provechos indebidos
para sí o para terceros, es decir, evitar favorecer intereses que
no sean los relativos al bien común o que la imparcialidad de sus
decisiones se comprometa y distorsione por motivos personales o
particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero interno del
congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de existir
y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.
2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento
radica en que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la
decisión -para el caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril
de 2011, número único de radicación 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero
ponente Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicación 11001-03-15-
000-2012-00-00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver
también, en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencias de 6 de junio de 2017, número único de radicación 11001-03-
15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o.
de febrero de 2018 número único de radicación 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación
85001233300020200001602, consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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decisión siempre debe haber, en forma inequívoca, un solo interés:
el interés general de la ley. Por tanto, en caso de conflicto se
mezclan el interés privado y el público, con lo cual queda en duda
cuál fue el interés dominante. b) En que el impedimento evita que
la decisión sea determinada por el interés particular en detrimento
del interés público.
2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala
estima conveniente advertir que el tema, de por sí complejo,
requiere para su tratamiento del análisis de cada caso concreto,
pues la conducta humana admite de manera necesaria matices y,
por tanto, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del
fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no
vulnerar los derechos del congresista o hacer inanes los alcances de
la ley.
3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses
en el caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto
se configura por la concurrencia de interés privado e interés público,
se hace indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes
requisitos:
3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay
“exigencia para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo,
Tomo II, p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas
o provechos representados en derechos subjetivos, o en
ventajas de tipo reparativo positivo (como indemnización por daños
o detrimento de derechos) o negativo (reparación de gastos), o de
tipo enriquecedor (como ganancias, utilidades, provechos,
derechos, etc.), o cuando se refieren a la simple exoneración de
desventajas (exoneración de obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de éste (sic)
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
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puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este
caso entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en
el caso bajo estudio.
3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente.
Para que este interés público concurrente pueda verse
menoscabado, también se hace indispensable tener en cuenta
aquellos aspectos que puedan afectar que sea el único determinante
de la decisión; lo cual implica que en la misma persona que tiene un
interés privado, también concurran estos requisitos:
a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar
pueda afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.
3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos
intereses mencionados puede desprenderse inequívocamente la
existencia de un conflicto de interés como causal de impedimento o
recusación. En tanto que este fenómeno no se estructuraría, de una
parte, cuando no concurra alguno de los requisitos mencionados
para los referidos intereses, y, de otro, cuando simplemente se trata
de mera apreciación subjetiva de conflicto sin sustento en
elementos objetivos [...]”16.
A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección17 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004,
radicación núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 30 de mayo de 2019, número único de radicación 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número
único de radicación 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González.
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de que los concejales pretendan, con determinadas decisiones,
lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en
detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés
general que debe guiar el ejercicio de sus funciones; esto es, cuando
el accionado tiene interés directo en el asunto que se encuentra
conociendo porque le afecta en forma personal, o a su cónyuge o
compañero o compañera permanente, o de alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea
de orden moral o económico.
El asunto puesto en conocimiento del miembro de la corporación
pública le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el
interés general o bien común que, se reitera, debe guiar el ejercicio
de sus funciones, lo que obliga a que aquél manifieste su
impedimento para efectos de que sea resuelto, so pena de incurrir
en la referida causal de desinvestidura.
La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en cabeza
de un concejal, supone la omisión en que se incurre cuando, en un
asunto sometido a su intervención, no advierte ante el resto del
órgano político-administrativo al cual pertenece, la connivencia entre
sus intereses particulares, –ya sean de orden moral y/o económico-
, y los ineludibles intereses públicos que per se está obligado a
proteger en desarrollo de sus funciones públicas corporativas, en
tanto que de dicha concurrencia de intereses resulta afectado de
alguna manera u obtiene un provecho privado.
Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
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referenciados y reiterados, la Sala hace hincapié en los presupuestos
cuya presencia debe quedar demostrada de forma suficiente y
concurrente dentro del proceso, en orden a verificar la configuración
de la causal de conflicto de intereses en concejales:
a) Que el accionado haya adelantado la actuación imputada en
ejercicio de su respectiva investidura;
b) Que exista un interés directo, particular y actual del concejal, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho, de orden moral o económico, en la deliberación o decisión de
un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es
decir un asunto de conocimiento funcional del miembro de la
corporación pública, cualquiera sea su naturaleza, lo que no
circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-
administrativas, sino a toda materia que sea competencia del
órgano; y,
c) Que, a pesar de ello, dicho concejal conforme el quórum o
intervenga en el debate del referido asunto, o lo vote o participe
efectivamente del trámite, sin haber manifestado el impedimento
para actuar o sin haber sido recusado para los efectos18.
El presupuesto “a)”, común a las causales de pérdida de investidura,
exige para este escenario la calidad cualificada del sujeto activo que
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de
febrero de 2015, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-01139-00(PI),
consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso.
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incurrió en un conflicto de intereses mediante el ejercicio irregular de
su investidura, esto es que debe acreditarse su condición de concejal.
El presupuesto “b)” encierra tres componentes principales que deben
destacarse: el interés directo, particular y actual del accionado, o de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o de
hecho; su esencia moral y/o económica; y los asuntos o temas que
son puestos a consideración e intervención del miembro de la
corporación.
El primer componente consiste en la presencia de una inclinación real
del miembro de la corporación pública hacia un tema, objeto o
aspecto cualquiera sometido a su estudio, decisión, debate, votación,
censura o participación en desarrollo de sus funciones como tal, con
el ánimo de materializar un provecho, utilidad, ventaja o
conveniencia propia, o de su cónyuge, familiares o socios, que se
aleja en todo caso de la intención inicial de obtener el bien general19
y afecta la transparencia y objetividad de dicha actuación.
La Sala Plena20 se ha pronunciado afirmando que el interés debe ser
19 Con relación al bien general, en la sentencia de 23 de marzo de 2010, proceso con núm.
único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI), consejero ponente Hugo
Fernando Bastidas, la Sala Plena indicó: “[…] No hay que olvidar que el artículo 133 de la
Constitución dice que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia y el bien común. De
modo que el día en que colisionan los intereses privados del congresista con el interés
público inmerso en el debate, en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de
intereses, conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la recusación.
En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación, el congresista queda separado de
la función para el caso específico, con lo cual el ordenamiento pretende que el interés
privado o particular del congresista no subordine al interés público […]”.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 27 de julio
de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI), consejero
ponente Mauricio Fajardo Gómez y cit. de 24 de febrero de 2015, número único de radicación
11001-03-15-000-2012-01139-00(PI), consejera ponente doctora María Claudia Rojas
Lasso.
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entendido como “[…] una razón subjetiva que torna al funcionario y
que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones
con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma
moral y la norma legal exigen […]”21 y como “[…] el provecho,
conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían
el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el
asunto […]”22.
La Corporación ha enfatizado, al respecto, en lo siguiente:
“[…] 3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto,
resulta indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que
comprometa objetivamente la intangibilidad del interés general
perseguido, para lo cual la Sala estima necesario hacer las
siguientes precisiones:
a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia
para la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II,
p. 10 -, lo cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor
(como ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando
se refieren a la simple exoneración de desventajas (exoneración de
obligaciones, cargas, etc.).
b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de
ordinario, pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a
que siendo actual y estando amparado por la ley puede perturbar el
ánimo del interesado a actuar en su propio favor. Para ello debe
tenerse en cuenta que el interés: 1) Es actual, cuando se ha
adquirido y puede afectarse. De allí que por ausencia de este
requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es jurídico, porque se
encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable interés
originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando
puede extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se
da cuando el interés es inalienable (v. gr. La vida).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de
marzo de 1996, Expediente núm. AC-3300, consejero ponente Joaquín Barreto Ruiz.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de
octubre de 2000, Expediente núm. AC-1116, consejero ponente Mario Alario Méndez.
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c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de
manera inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa
movido por el interés público o general -regulación abstracta en
general-. El interés puede ser individual o colectivo, referido en el
primer caso, por ej., a la propiedad particular y, en el segundo, al
interés común de los propietarios en una urbanización.
d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista o en su
cónyuge, compañero (a), pariente hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo estudio
[…]”23.
El segundo componente atañe a la naturaleza económica o moral del
interés que procura reprimir esta causal, ante los cuales la Sala Plena
ha explicado los siguientes criterios que la Sección prohíja:
“[…] El conflicto de intereses de índole económico tiene un
perfil mucho más claro habida cuenta de que los artículos
287 y 288 de la Ley 5ª de 1992 prescriben el deber de
registrar los intereses privados y la participación accionaria
que tenga el respectivo congresista, todo para que haya
transparencia respecto de la vida económica del congresista
frente al interés público que se debate en el Congreso y de
cara al pueblo.
No hay que olvidar que el artículo 133 de la Constitución dice que
los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa
representan al pueblo y que deberán actuar consultando la justicia
y el bien común. De modo que el día en que colisionan los intereses
privados del congresista con el interés público inmerso en el debate,
en la decisión o en el voto habría un caso de conflicto de intereses,
conflicto que pretenden resolver las figuras del impedimento o de la
recusación. En efecto, de prosperar el impedimento o la recusación,
el congresista queda separado de la función para el caso específico,
con lo cual el ordenamiento pretende que el interés privado o
particular del congresista no subordine al interés público.
El conflicto de intereses de índole moral, en cambio, no
23 Consejo de Estado, Sala de Servicio y Consulta Civil, Concepto de 28 de abril de 2004,
consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez, Expediente núm. 1572; acogido y
reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 24 de
agosto de 2006, Expediente núm. 2006-0003, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade
y de 22 de marzo de 2013, Expediente núm. 2012-00054, consejera ponente doctora María
Claudia Rojas Lasso.
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aparece nítidamente definido ni tiene un perfil claro en las
normas constitucionales y legales, como sí ocurre con el
conflicto de intereses de índole económico, lo que no
significa que no exista o que no pueda presentarse. Es más,
no se descarta que una determinada situación fáctica derive
simultáneamente tanto en un conflicto económico como en
un conflicto de tipo moral. Por un lado, es totalmente admisible
que el congresista, como cualquier ciudadano, ejerza o haya
ejercido derechos fundamentales y de ahí que tenga intereses
privados que deba cuidar. Por otro lado, la Constitución le ordena
que como congresista vote en pos del bien común y la justicia, vale
decir, en pos del interés general. En esa dinámica es factible el
enfrentamiento de intereses que debe evitarse, tal como se explicó.
Como no resulta conforme con los paradigmas de la ética pública
que en un momento dado se superpongan esos intereses, la
Constitución castiga el hecho de que el congresista omita denunciar
la existencia del conflicto de intereses, cuestión que queda en
evidencia cuando justamente el congresista vota, participa en un
debate o en una decisión trascendental estando de por medio
intereses personales de tipo económico o moral francamente
incompatibles con el interés público relacionado con esa votación,
ese debate o esa decisión […]”24 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
El tercer componente alude a los asuntos o temas que son sometidos
a consideración e intervención del concejal que, lejos de
circunscribirse de forma exclusiva a los legislativos, también cobija
los electorales, judiciales, de control político, administrativos a su
cargo o, en general, que correspondan a decisiones trascendentales,
en cuanto hacen parte de las distintas facetas en las que aquél
termina interfiriendo, inevitablemente, por mandato constitucional y
legal. Por tanto, el impedimento para intervenir, siempre que lo
afecten, no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
24 Cit. sentencia del 23 marzo de 2010 –Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).
consejero ponente Doctor Hugo Fernando Bastidas. Ver también sentencias AC-1499 de 26
de julio de 1994, consejero ponente Doctor Delio Gómez Leyva; AC-3300 de 19 de marzo
de 1996, consejero ponente Doctor Joaquín Barreto Ruiz; AC-3302 de 5 de marzo de 1996,
consejero ponente Doctor Amado Gutiérrez Velásquez; AC-12262 de 26 de febrero de 2001,
consejero ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros; de 14 de mayo de 2002,
Expediente núm. 2001-0211 (PI-031), consejero ponente Doctor Nicolás Pájaro Peñaranda;
y de 20 de noviembre de 2007, Expediente núm. 2007-00286 (PI), consejero ponente
Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.
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puramente político-administrativas de la corporación pública sino
cuando también se trate de las otras funciones de ese órgano como
son las de control político, judiciales y electorales, entre otras.
Por otra parte, el presupuesto “c” exige que, además de haberse
verificado la existencia del interés particular en cabeza del miembro
involucrado en el respectivo trámite, este participe efectivamente del
mismo, sin que hubiese manifestado su impedimento para actuar o
sin haber sido recusado para conseguir apartarlo del tema.
La participación efectiva en el trámite se materializa con el estudio,
decisión, debate, votación, censura y/o intervención en los asuntos
funcionales; en principio, el miembro de la corporación pública está
en la obligación de manifestar el impedimento cuando advierta la
existencia del eventual conflicto de intereses, de tal modo que le
permita al resto de sus compañeros definir o decidir el impedimento.
No se trata, como es obvio, de una decisión puramente discrecional
habida cuenta que, de todas las circunstancias de hecho que
pudieran configurar un interés privado de índole económico o moral,
surge la obligación de manifestar el consecuente impedimento25;
guardar silencio al respecto no impide la activación de la causal.
V.3.- Del conflicto de intereses cuando convergen el deber de
elegir contralor territorial con procesos de responsabilidad
fiscal surtidos contra miembros de corporaciones públicas
territoriales
25Cit. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23
marzo de 2010, número único de radicación 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI),
consejero ponente Hugo Fernando Bastidas.
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En cuanto al conflicto de intereses que se genera a partir de la
coexistencia de los intereses públicos que representa el miembro de
una corporación pública territorial en ejercicio de sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, con los intereses que se
derivan de procesos de responsabilidad fiscal surtidos en su contra o
de sus parejas, parientes o socios, la jurisprudencia de la Sección ha
determinado el siguiente criterio:
“[...] En igual sentido, esta Sección ha proferido importantes
decisiones que analizan la configuración del conflicto de interés
cuando se trata de participar en la elección de un contralor,
a pesar de que para dicha fecha existe un proceso de
responsabilidad fiscal que puede comprometer la
imparcialidad y objetividad en dicho trámite.
En tal sentido, cabe destacar que esta Sección, en sentencia de 27
de enero de 200526, analizó el problema jurídico consistente en
establecer si el diputado del departamento del Tolima, Yesid
Guerrero Reyes, incurrió en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, ya
que para la fecha en que se efectuó la elección del contralor
departamental se encontraba vinculado a un proceso de
responsabilidad fiscal en su contra, al punto que el cese de dicho
proceso se produjo un poco más de dos (3) meses después de
aquella elección.
Esta Sección señaló que de la lectura del numeral 1° del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, se desprende que el interés que puede
generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, esto
es, que el efecto que la decisión pueda tener en los servidores
públicos de elección popular sea inmediato, sin consideración a
circunstancias o elementos externos a la decisión; que se produzca
de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente
suyo; que sea particular y concreto, sea en su beneficio o en su
perjuicio, y que además no se manifieste el impedimento por esa
situación personal o familiar en el trámite del asunto.
En esa línea de ideas, en la providencia se aludió lo siguiente:
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
27 de enero de 2005, número único de radicación 44001233100020040068401, consejero
ponente Rafael Ostau de Lafont Pianeta.
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[…] 3.1. Se encuentran igualmente demostrado en el proceso:
• Que como diputado intervino en la elección del Contralor de
ese departamento el 8 de enero de 2004, según el acta de la
respectiva sesión (folio 10 a 17), en la cual se observa que
respaldo de manera expresa el nombre de quien resultó
electo27, quien lo fue por unanimidad, lo que permite deducir
que igualmente votó a favor de éste;
• Que por auto 090 de 29 de diciembre de 1998, de cierre de
diligencias preliminares y apertura de investigación fiscal, la
División de Investigaciones Fiscales de la Contraloría
Departamental del Tolima, vinculó a dicha investigación, entre
otros, al señor YESID GUERRERO REYES en calidad de alcalde
en ese entonces del municipio de Río Blanco (folios 40 y 41),
y
• Que por auto No. 020 de 23 de marzo de 2004 la Dirección
Técnica de Responsabilidad, del mismo ente de control,
dispuso la cesación del respectivo proceso de responsabilidad
fiscal y ordenó el archivo de esas diligencias, por encontrar
prescrita la correspondiente acción a solicitud de varios de los
otros vinculados al proceso. Dicho auto le fue notificado al
encausado el 5 de abril de 2004 (folios 42 a 50).
3.2.- De lo anterior se deduce que a la fecha de la mencionada
elección de Contralor, el demandado se encontraba vinculado
a un proceso de acción de responsabilidad fiscal adelantado
por la Contraría Departamental, pues el cese del mismo se
produjo un poco más de 2 meses después de aquella elección.
La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de esa
disposición se desprende que el interés que puede
generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser
directo, es decir que el efecto que la decisión pueda
tener en las personas que como servidores públicos
intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a
circunstancias o elementos externos a la decisión; que
se produzca de forma especial respecto de ellas, de su
cónyuge o de un pariente suyo, es decir, particular y
concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que
además no se manifieste el impedimento por esa
situación personal o familiar en el trámite del asunto, y
27 A ese efecto dijo el diputado Yesid Guerrero Reyes: “...en la contraloría sabemos que va
a quedar un hombre con mucha sabiduría que será suficiente garantía para los Tolimenses
y será suficiente garantía para la comunidad el tener la figura de MARIANO RODRÍGUEZ en
la Contraloría del Departamento del Tolima” (folio 13).
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así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativa de esta
Corporación cuando se ha ocupado del asunto con
ocasión de procesos de pérdida de la investidura de los
congresistas.
Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de esa
figura radica en que es deber de los referidos servidores
públicos poner de manifiesto ante la corporación respectiva,
las circunstancias que por razones económicas o morales y a
sabiendas de las mismas pueden afectar su objetividad,
imparcialidad o independencia frente al asunto oficial o
institucional que le compete decidir. De suerte que la causal
no se configura por el sólo hecho de encontrarse en una
situación personal o familiar que puede ser directa y
específicamente afectada por la respectiva decisión,
sino por no manifestarla, a sabiendas de encontrarse
en la situación de que se trate, como impedimento para
tomar parte en aquélla.
3.4. En el caso del sub lite, es claro que la situación
personal en que se encontraba el demandado le
implicaba un interés específico o directo en la medida
en que se trataba de designar nada más y nada menos
que el titular y máxima autoridad del organismo de
control que lo estaba investigando y que por ende podía
tomar una decisión en perjuicio o beneficio suyo;
decisión que en últimas iba a depender del funcionario
que se iba a elegir en ese entonces, luego sí se daba un
conflicto de intereses respecto del encartado y era su
deber haberlo manifestado a la membresía de la
Corporación, y al haber omitido hacerlo mediante la
manifestación de impedimento que la norma le imponía
resulta estructurada la causal bajo examen, sin que al
efecto tenga relevancia el hecho de que, según ahora se ha
planteado, había tenido ocurrencia el fenómeno de caducidad
de la acción o prescripción de la responsabilidad fiscal
señaladas en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, pues el
examen de esas situaciones y lo que cabía proveer era parte
justamente del conocimiento del proceso que le correspondía
al órgano de control.
Declarar o no la ocurrencia de uno u otro fenómeno era
de competencia de dicho órgano, que le implicaba,
como en efecto lo hizo a petición de parte interesada,
examinar la situación procesal y valorarla
jurídicamente, toda vez que no es cierto que operen de
jure, es decir, de plano o automáticamente, ya que
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requieren ser declaradas, habida cuenta que se
encuentran sujetas a supuestos distintos del sólo
transcurso del tiempo que debe verificar el juzgador; y
la decisión que se tomara en uno u otro sentido lo
beneficiaba o lo perjudicaba, es decir, que la mera
circunstancia de que pudiera declararse o no una u otra
figura era de su interés personal, directo, específico, y
ella iba a depender de un órgano que estaría bajo la
dirección suprema del funcionario que en ese momento
elegirían. La eventual prescripción en el momento de la
elección era un evento futuro que iba a depender del juicio o
valoración que de la situación procesal hiciera dicho
organismo, por ende, quien resultara electo iba a poder incidir
en las resultas de esa valoración.
De modo que el encausado faltó a la ética y
transparencia con que debía actuar en el asunto, pues
a sabiendas de su situación no la informó a la asamblea,
la cual era la que debía determinar si por la
circunstancia que ahora alega, o por cualquiera otra,
estaba o no impedido frente al respectivo punto del
orden del día, como sí lo hizo uno de sus colegas, el entonces
Presidente de la duma, quien estando en su misma situación
de procesado fiscalmente por el referido ente departamental,
así lo manifestó y se abstuvo de tomar parte en el asunto,
según consta en el acta de la sesión (folio 14, párrafo
tercero)28 […].
En consecuencia, en armonía con las apreciaciones del
Procurador Primero Delegado ante la Corporación, la Sala
encuentra fundadas las razones del recurso de apelación
interpuesto por la actora, es decir, que el demandado, en
calidad de diputado del departamento del Tolima, sí
incurrió en causal de pérdida de investidura por
conflicto de intereses y que por ello se debe decretar
dicha medida, para lo cual es menester revocar la sentencia
apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta
providencia […]. (Las negritas no son originales).
Los criterios contenidos en los apartes transcritos de la providencia
fueron reiterados en sentencias de 22 de marzo de 201329, de 28
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia de 27 de enero de 2005. Radicación: 44001-23-31-000-
2004-00684-01. Actor: Luz Helena Gómez Leyva.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
22 de marzo de 2013, número único de radicación 18001-23-31-000-2012-00054-01(PI),
consejera ponente María Claudia Rojas Lasso.
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de noviembre del mismo año30 y de 31 de julio de 201431, en el
entendido de que constituye un deber para el servidor
público declararse impedido para intervenir en la elección
del titular y máxima autoridad del organismo de control y
que, por ende, podría llegar a tomar una decisión en
perjuicio o beneficio, a sabiendas de que su participación en
dicha elección podría comprometer su objetividad o
independencia frente al asunto oficial o institucional a
decidir.
Así, en primer lugar, en sentencia de 22 de marzo de 2013, esta
Sección se ocupó de analizar el problema jurídico consistente en
establecer si el diputado acusado incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por
haber participado en la elección del Contralor Departamental del
Caquetá que tuvo lugar en la sesión del 3 de enero de 2012, sin
declararse impedido por la investigación que en su contra cursaba
para esa fecha en el órgano que dicho funcionario entraría a dirigir.
En esta oportunidad, la regla jurídica que se reiteró consistió
en señalar que el accionado sí incurrió en la causal de
pérdida de investidura por haber violado el régimen de
conflicto de intereses, pues para la fecha en que resultó
elegido el contralor departamental (3 de enero de 2012) se
encontraba en trámite un proceso de responsabilidad en su
contra, al punto que ese mismo día fue notificado del acto
administrativo que ordenó su archivo y, además, contra esa
decisión procedía el grado de consulta, el cual fue decidido
por el Contralor Departamental. De esta manera, en la
mencionada sentencia se señaló:
[…] Las pruebas allegadas al proceso demuestran que para el
3 de enero de 2012, fecha en la cual resultó elegido el
señor Gustavo Espinosa Ferla como Contralor
Departamental del Caquetá, el proceso de responsabilidad
fiscal No. 788 se encontraba en trámite, toda vez que ese
mismo día se notificó por estado el Auto No. 059,
mediante el cual se ordenó el archivo de dicho proceso
y, además, frente a esa decisión procedía el grado de
consulta que fue decidido por el Contralor
Departamental mediante Resolución 024 de 10 de
febrero de 2012 (folio 226).
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
28 de noviembre de 2013, número único de radicación 2013-00027-02(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
31 de julio de 2014, número único de radicación 2013-00282-01, consejera ponente María
Elizabeth García González.
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De conformidad con el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, el
Auto No. 059 de 30 de diciembre de 2011, por medio del cual
se ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal No.
788, quedaría ejecutoriado cuando los recursos fueran
decididos y, en el caso presente, la decisión quedó en firme
con la Resolución 024 de 10 de febrero de 2012, por la cual el
Contralor Departamental confirmó el auto de archivo del
proceso de responsabilidad fiscal aludido.
El tenor del artículo 56 de la Ley 610 de 2000 es el siguiente:
“ARTÍCULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las
providencias quedarán ejecutoriadas:
1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.
2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación,
cuando no se interpongan recursos o se renuncie
expresamente a ellos.
3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.”
En efecto, el diputado demandado no se declaró
impedido y participó en la votación y elección del
Contralor Departamental del Caquetá, cuando el
proceso de responsabilidad fiscal No. 788 aún se
encontraba en trámite.
Para la Sala, el hecho de que el Diputado hubiera pagado la
suma correspondiente al perjuicio endilgado en el proceso de
responsabilidad fiscal, no es razón suficiente para exonerarlo
de responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de
intereses, pues la situación personal en la que se encontraba
el demandado, suponía un interés específico o directo en la
medida en que se trataba de un proceso de responsabilidad
fiscal que se encontraba en trámite en el momento en que se
eligió al Contralor Departamental, quien sería el encargado de
decidir la consulta en el referido proceso como en efecto
ocurrió.
Si bien es cierto que elegir al Contralor Departamental
constituye un deber constitucional y legal de los
Diputados, de conformidad con los artículos 272 de la
Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996,
también es cierto que para ese momento existía una
situación frente a la cual el demandado tenía un interés
específico y directo, como lo era el proceso de
responsabilidad fiscal No. 788 en su contra, lo cual
conllevaba a que el Diputado MATIZ HERRERA debió
declararse impedido y abstenerse de participar en la
elección del Contralor Departamental; y al no haberlo
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hecho, se situó en el supuesto fáctico del numeral 1º
del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.
Fuerza es, entonces concluir que el Diputado NELSON
RICARDO MATIZ HERRERA incurrió en la causal de pérdida
de investidura, al infringir el régimen de conflicto de
intereses previsto en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 617
de 2000, lo que exime a la Sala de pronunciarse respecto de
los restantes cargos, ante la prosperidad de la solicitud».
(Destacado de la Sala).
La anterior regla jurídica también fue plasmada en sentencia de 28
de noviembre de 2013, en el sentido de señalar que el diputado
incurrió en la causal de pérdida de investidura pues para la fecha en
que se efectuó la elección del contralor departamental del Meta (15
de enero de 2004) se encontraba en trámite el proceso de
responsabilidad fiscal (se había proferido auto de apertura
del proceso), razón por la cual dicho servidor público de elección
popular debió declararse impedido y abstenerse de participar en la
votación del contralor departamental del ente territorial. En esa
sentencia se indicó lo siguiente:
“[…] Como quiera que se trata de un asunto similar, dada la
identidad de la causal y el punto de derecho discutido, la Sala
prohíja en esta oportunidad las consideraciones indicadas en
la referida sentencia, pues de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae que el demandado en la sesión de
la DUMA celebrada el 15 de enero de 2004, en la que se
llevó a cabo la elección del Contralor Departamental del
Meta presidió y votó, a pesar de que en dicho ente de
control Fiscal se tramitaba en su contra un proceso de
responsabilidad fiscal, lo cual era de su conocimiento.
En efecto, el 9 de octubre de 2000, la Dirección de Control
Fiscal de la Contraloría Departamental del Meta dictó auto de
indagación preliminar contra el demandado y otras personas,
por presuntas irregularidades relacionadas con denuncias
sobre pagos de supernumerarios y asesores externos de la
Asamblea Departamental del Meta, siendo radicada bajo el
núm. 09100, en virtud de la cual se escuchó en versión libre y
espontánea al señor FÉLIX MARIO DÍAZ HERRERA el 7 de
noviembre de ese año, conforme consta a folios 129 y 148 del
anexo núm. 1.
Consta también en el anexo núm. 1 que el 30 de
noviembre de 2001 se profirió auto de apertura de
proceso de responsabilidad fiscal (folio 324 y 324); el 7
de julio de 2006, de dictó auto de imputación de
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responsabilidad fiscal núm. 007-06, por detrimento de
fondos públicos de la Asamblea Departamental del
Meta, en la suma de $78’500.400.oo, entre otros,
contra el demandado (folios 611 a 656); el 7 de octubre
de ese año se profirió fallo declarando fiscalmente responsable
al señor FÉLIX MARIO DÍAZ HERRERA y otros (folios 852 a
902); contra dicha decisión el demandado y otros
interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación,
siendo resuelto el primero de manera confirmatoria el 16 de
noviembre del citado año (folios 978 a 990); y el segundo
mediante fallo de 5 de enero de 2007, a través del cual el
Contralor Departamental del Meta declaró la prescripción de la
acción fiscal y ordenó el archivo del proceso de responsabilidad
fiscal.
Conforme lo sostuvo la Sala en la sentencia transcrita, si bien
es cierto que elegir al Contralor Departamental constituye un
deber constitucional y legal de los Diputados, de conformidad
con los artículos 272 de la Constitución Política y 4º de la Ley
330 de 1996, también lo es que para ese momento existía una
situación frente a la cual el demandado tenía un interés
específico y directo, como lo era el proceso de responsabilidad
fiscal núm. 09100 que se tramitaba en su contra (y otros), por
lo que en su condición de Diputado de la Asamblea
Departamental del Meta ha debido declararse impedido
y abstenerse de participar en la elección del Contralor
de ese ente territorial. Al no haberlo hecho, con dicha
conducta quedó incurso en la causal de pérdida de investidura
que se le endilga, esto es, la violación del régimen de conflicto
de intereses prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000 (Destacado de la Sala).
Finalmente, el problema jurídico analizado en sentencia de 31 de
julio de 2014 tuvo por objeto establecer si el diputado acusado
incurrió en la casual de pérdida de investidura por haber violado el
conflicto de intereses, al haber participado en la votación del
contralor departamental, a pesar de que para esa fecha (3 de enero
de 2012) se encontraba en trámite un proceso de responsabilidad
fiscal (estaba pendiente de resolver el grado de consulta), y en ella
se plasmaron los siguientes argumentos:
[…] la Sala prohíja en esta oportunidad las consideraciones
indicadas en la referida sentencia, pues de los documentos
obrantes en el expediente, se extrae que el demandado en la
sesión de la DUMA celebrada el 3 de enero de 2012, en la
que se llevó a cabo la elección del Contralor Departamental del
Caquetá presidió y votó, a pesar de que en dicho ente de
control Fiscal estaba aún en trámite un proceso de
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responsabilidad fiscal adelantado en su contra, lo cual era de
su conocimiento, y no obstante no se declaró impedido.
[…]
De lo expuesto, resulta evidente que el fallo sin
responsabilidad fiscal núm. 051 de 20 de diciembre de 2011,
dictado dentro del juicio fiscal adelantado en contra del aquí
demandado por la Contraloría Departamental del Caquetá
para la fecha en que la DUMA eligió Contralor, 3 de enero de
2012, no estaba en firme, pues, como quedó visto, estaba
pendiente de resolver el grado de consulta, lo cual tuvo
ocurrencia el 6 de febrero de 2012 y su ejecutoria el 13
de ese mes y año, lo cual pone de manifiesto el conflicto
de intereses.
Ahora, si bien es cierto, como lo sostuvo la Sala en la sentencia
que ahora se reitera, que elegir al Contralor Departamental
constituye un deber constitucional y legal de los Diputados, de
conformidad con los artículos 272 de la Constitución Política y
4º de la Ley 330 de 1996, también lo es que, como quedó
demostrado, para ese momento existía una situación
frente a la cual el demandado tenía un interés
específico y directo, como lo era el proceso de
responsabilidad fiscal núm.484 que se tramitaba en su
contra (y otros).
Adicionalmente, como se sostuvo en el fallo prohijado, el
hecho de que se hubiera pagado la suma correspondiente al
perjuicio endilgado al Diputado en el proceso de
responsabilidad fiscal, no es razón suficiente para exonerarlo
de responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de
intereses, pues la situación personal en la que se
encontraba el demandado, suponía un interés
específico o directo en la medida en que se trataba de
un proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba
en trámite en el momento en que se eligió al Contralor
Departamental, quien sería el encargado de decidir la
consulta en el referido proceso como en efecto ocurrió […]
(Destacado de la Sala).
Igualmente, en reciente decisión de 1° de febrero de 201832, esta
Sala reiteró las tesis anteriores en los siguientes términos:
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
1 de febrero de 2018, número único de radicación 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI),
consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
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[…] b) La concurrencia de un interés directo, particular
o inmediato en cabeza del mismo: acorde con el material
probatorio obrante en el plenario este elemento se cumple por
cuanto estaba pendiente de decisión el proceso de
responsabilidad fiscal que seguía el Contralor Municipal
de Dosquebradas, en contra del concejal que votó
afirmativamente por su elección.
Lo anterior si se tiene en cuenta que tal como se indicó en los
hechos probados, el proceso inicialmente fue conocido por el
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría Municipal de Dosquebradas; sin
embargo fue remitido al Contralor Municipal para que
continuara su trámite, según auto nro. 011A-2016 del 9 de
febrero de 2016, por habérsele concedido a la Directora
Operativa un periodo de vacaciones, y por auto nro. DC 010-
2016 del 17 de marzo de 2016 firmado por el Contralor Fernán
Alberto Cañas se archivaron las diligencias a favor del señor
Jorge Libardo Montoya Álvarez.
c) Su no manifestación de impedimento ni haber sido
separado del conocimiento de la elección del Contralor
Municipal de Dosquebradas por recusación: Acorde con
el acta de sesión ordinaria nro. 050 del 29 de febrero de
2016 del Concejo Municipal de Dosquebradas, fue
elegido como Contralor del mismo municipio el señor
Fernán Alberto Cañas López; allí se consignó que la
votación fue nominal y no obra constancia de que el
Concejal Jorge Libardo Montoya Álvarez haya
manifestado su impedimento para votar o sido
recusado.33
d) Conformar el quorum o participado en el debate o
votación del asunto: También se desprende de la citada acta
nro. 050, que el señor Fernán Alberto Cañas López fue elegido
como Contralor Municipal de Dosquebradas por un total de 14
votos, dentro de los cuales emitió su voto positivo el Concejal
Jorge Libardo Montoya Álvarez.34
e) Que su participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del concejal: Conforme con el
artículo 272 de la Constitución Política35, dentro de las
33 Folios 41 a 65 cuaderno principal.
34 Folios 46 y 47 cuaderno principal.
35 “Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios
donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva.
(…). Inciso modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es
el siguiente:> Los Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por
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funciones a cargo de los Concejos municipales se encuentra la
elección de los contralores municipales.
Así las cosas, aunque es deber de los miembros del
Concejo Municipal participar en la elección del
contralor, ello no obsta para que deba sustraerse de
dicho proceso el concejal que sepa que en su contra se
adelanta un juicio fiscal que conocerá el funcionario
respecto del cual emitió su voto y de esta manera no
ver afectada su imparcialidad […]
Corolario de lo expuesto, se verifica que se cumplen los
requisitos para que se configure la causal de violación del
conflicto de intereses y por ello corresponde determinar si
también se reúne el elemento subjetivo.
El elemento subjetivo:
[…]
Argumenta el demandado que participó en la elección del
Contralor porque estaba convencido de su inocencia en el
proceso fiscal. Tal afirmación en contravía de lo pretendido
demuestra que conocía de la existencia del conflicto pero trata
de evadirlo declarando la inocencia anticipada. A la vez que
hace más reprochable su conducta, pues si se consideraba
inocente, debió abstenerse de participar en la elección del
funcionario que lo investigaría, para garantizar su
imparcialidad.
Tal como lo ha dicho la Sala “(…) teniendo un deber de
diligencia ordinaria que atender en el marco de sus funciones
-las que debía saber-, evidentemente no lo satisfizo con el
cuidado mediano que las personas emplean normalmente en
sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en
negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la
culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta
causal de pérdida de investidura. (…).”36 (destacado en la
providencia).
En consecuencia, el hecho de que el concejal considerara que
su conducta no constituía una causal que permitiera que fuera
las Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria
pública conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde,
según el caso. (…)”
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
20 de octubre de 2017, número único de radicación 76001-23-33-004-2016-01478-01(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.
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declarado responsable fiscal, no lo exoneraba del deber de
presentar el impedimento para participar en la elección
del contralor municipal que a futuro debía conocer del
proceso que cursaba en su contra, indistintamente de
la decisión que al final fuera adoptada por el fallador
fiscal, si se tiene en cuenta que lo que la ley garantiza y
protege es la injerencia que con su voto pueda tener
sobre el contralor elegido […] (Destacado de la Sala) [...]”
[...]”37 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Igualmente, la Sección ha establecido, de conformidad con la
estructura del proceso de responsabilidad fiscal, lo siguiente:
“[...] Para esta Sala de Decisión una primera conclusión emerge con
claridad: el deber de declarar el impedimento surge
independientemente de si se trata de participar en la
elección de un contralor que ejerce su cargo en propiedad o
en encargo. Ello en vista de que el servidor público
encargado adquiere la misma competencia del titular desde
el momento en que se posesiona. En esta medida el
funcionario encargado no solo goza de los mismos
privilegios de su titular sino, además, queda cobijado por el
mismo régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones y conflicto de intereses. Aceptar lo contrario
supondría violentar la estructura sobre la cual se edifica la función
pública y vulnerar los principios axiológicos constitucionales como la
moralidad, eficacia e imparcialidad.
La Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las
contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad
de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, causen por acción
u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado38.
El proceso de responsabilidad fiscal está integrado por las siguientes
fases. La primera denominada indagación preliminar. La segunda
guarda relación con la apertura del proceso de responsabilidad
fiscal. La tercera está asociada con el auto de imputación de
responsabilidad fiscal. La cuarta es la atinente al decreto y práctica
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
38 Ley 610, artículo 1°.
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de pruebas. La quinta es el fallo con o sin responsabilidad fiscal. Y
la sexta está asociada a los recursos ordinarios y al grado de
consulta39.
Así las cosas, y según lo dispone el artículo 39 de la Ley 610 de
2000, la indagación preliminar tiene por objeto verificar la
competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y
su afectación al patrimonio estatal, así como determinar la entidad
afectada e identificar a los servidores públicos y a los particulares
que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a él.
Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal y
como lo dispone el artículo 40 ibidem, se inicia formalmente
el proceso y ello procede cuando ya existe certeza sobre la
ocurrencia del hecho y la causación del daño patrimonial y
existen indicios serios sobre los posibles autores (artículo 40
ejusdem). El auto de apertura debe contener: la
competencia del funcionario de conocimiento, los
fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, la
identificación de la entidad estatal afectada y de los
presuntos responsables fiscales, la determinación del daño
patrimonial al Estado, la estimación de su cuantía, el decreto
de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes
y de las medidas cautelares a que haya lugar. Este es un auto
de trámite que debe ser notificado a los presuntos
responsables fiscales con el fin de que ejerzan el derecho de
defensa y de contradicción (artículo 41 ibidem).
(...)
Para la Sala, la notificación del auto de apertura del proceso
de responsabilidad fiscal resulta entonces relevante para
efectos de determinar la existencia de un posible conflicto
de interés, tal y como lo indicó esta Sección en reciente
providencia de 18 de febrero de 202040. Esa decisión, valga
resaltarlo, señala el momento a partir del cual surge el deber
objetivo de poner en conocimiento del respectivo cuerpo
colegiado el impedimento para no participar en el asunto
sometido a su consideración en tanto que ya existe certeza
sobre la ocurrencia del hecho y la causación del daño
patrimonial e indicios serios sobre los posibles autores
39 Para efectos de analizar las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, se consultó la
obra Responsabilidad Fiscal y Gerente de Recursos Públicos, Marcos Normativos y
Preventivos. El proceso de responsabilidad y sus procedimientos, Iván Darío Gómez Lee,
Legis, Primera Edición, 2014, páginas 309 y siguientes.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Número de radicación:
85001233300020200001202, actor: Franklin Patiño Achagua, demandado: Marco Tulio Ruiz
Riaño, MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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(artículo 40 de la Ley 610 de 2000). En efecto, en ella se precisó
lo siguiente:
[…] 121. En el presente asunto, la vinculación formal al
proceso de responsabilidad fiscal resulta relevante para
efectos de determinar la existencia de un conflicto de interés
en cabeza del diputado Marco Tulio Ruiz Riaño, puesto que, se
reitera, para los efectos del presente asunto, de allí surgirá el
deber objetivo de poner en conocimiento de la Asamblea
Departamental de Casanare, su eventual impedimento […].
En esta medida, se incurre en la causal de pérdida de
investidura quien participa en la elección de un contralor
departamental que asumiría sus funciones bajo la
modalidad de encargo, cuando al mismo tiempo existe una
investigación en su contra, en la cual se profirió auto de
apertura de investigación fiscal y la misma fue notificada,
providencia que conformidad con el artículo 106 de la Ley
1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- y, tratándose de los
procesos responsabilidad fiscal que se tramitan en su
integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 se debe
notificar personalmente, según el sistema de notificación
personal y por aviso previsto para las actuaciones
administrativas en la Ley 1437 de 2011 [...]”41 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
En este estadio del asunto bajo examen, y con fundamento en la
reiterada jurisprudencia de la Sección, deviene importante señalar
reglas de verificación del conflicto de intereses con fines de pérdida
de investidura, cuando en el marco de la elección de los contralores
municipales dicho asunto esté a cargo de un concejal que tenga
procesos de responsabilidad fiscal iniciados en su contra, o de sus
parejas, parientes o socios, así:
(i) El interés que genera conflicto con el asunto funcional de que se
trate debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda
tener en el concejal que interviene en ella sea inmediato, sin
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión,
esto es que aquello que resulte hipotético, eventual o etéreo, carece
del potencial requerido para configurar un interés real capaz de
colisionar con el interés público.
(ii) Ese interés directo se debe materializar respecto del propio
concejal, cuando recae en sí mismo, así como cuando proviene de su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o, de hecho,
indistintamente de si redunda en su beneficio o perjuicio.
(iii) Con el auto de apertura se inicia formalmente el proceso
ordinario de responsabilidad fiscal, tal y como lo dispone el artículo
4042 de la Ley 610 de 15 de agosto de 200043, toda vez que ello
procede cuando de la indagación preliminar, de la queja, del
dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema
de control, se establezca la existencia de un daño patrimonial al
Estado e indicios serios sobre los posibles autores de este.
42 “[...] Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la
indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de
vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial
al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente
ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia
formalmente el proceso de responsabilidad fiscal.
En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que
ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite que
ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.
Parágrafo. Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos
resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones
fraudulentas o irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se desatenderá el
dictamen emitido y se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal [...]”.
43 “[...] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías [...]”.
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Por su parte, cuando se está en presencia de un proceso verbal de
responsabilidad fiscal, es el auto de apertura e imputación de
responsabilidad fiscal el que le da inicio, en los términos previstos
por el artículo 97 de la ley 1474 de 12 de julio de 201144, providencia
que deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41
y 48 de la Ley 610, y contener, además, la formulación
individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos
por los cuales se vincula al garante45.
Para la Sala, por lo tanto, la debida y oportuna notificación del auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, -en el proceso
ordinario-, y del auto de apertura e imputación de responsabilidad
fiscal, -en el proceso verbal-, resulta relevante para determinar el
momento desde el cual emerge en el concejal el interés particular, -
originado en sí mismo, en su pareja, pariente o socio-, que pugna
con el interés público funcional, lo que logra desatar el conflicto de
intereses que requiere ser advertido ante el resto de la corporación
pública.
44 “[...] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública [...]”.
45 Ley 1474 de 2011 “[...] Artículo 98. Etapas del procedimiento verbal de
responsabilidad fiscal. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:
a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al
Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario
competente expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual
deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000
y contener además la formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y
los motivos por los cuales se vincula al garante.
El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia
de descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la
citación para notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la notificación se
citará a audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, o
al defensor de oficio si lo tuviere y al garante [...]”.
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(iv) Constituye un compromiso para el concejal, por lo tanto, si no
ha sido recusado aún, declararse impedido para intervenir en la
elección del titular y máxima autoridad del organismo de control
fiscal y que, por ende, podría llegar a tomar una decisión en perjuicio
o beneficio suyo al interior del proceso de responsabilidad fiscal en el
que se haya notificado el auto de apertura o el auto de apertura e
imputación, según sea el caso, habida cuenta que su participación en
dicha elección compromete su objetividad o independencia frente a
ese asunto oficial o institucional a decidir.
(v) Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 272 de la
Constitución Política, elegir al contralor municipal o distrital
constituye un deber constitucional de los concejales, también es
cierto que, llegado ese momento, coexistiría con aquel un interés
específico y directo, como lo es el trámite de un proceso de
responsabilidad fiscal debidamente iniciado en su contra, de su
pareja, pariente o socio, que irrumpe en el equilibrio e imparcialidad
de la función pública, hasta el punto de provocar el conflicto.
(vi) En estas circunstancias, el deber de declarar el impedimento
surge para el concejal independientemente de si se trata de participar
en la elección de un contralor en propiedad o en encargo. Ello en
vista de que el servidor público encargado adquiere la misma
competencia del titular desde el momento en que se posesiona, por
lo que no solo goza de los mismos privilegios del titular sino, además,
queda cobijado por el mismo régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses.
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(vii) Con fundamento en lo anterior, no manifestar la situación
conflictiva durante la elección del contralor municipal o distrital, a
pesar de no haber sido recusado, y aun así participar en aquel
proceso, constituye un conflicto de intereses susceptible de activar la
causal de pérdida de investidura de los concejales municipales y
distritales.
Las anteriores pautas genéricas, por lo tanto, deberán observarse en
el análisis del correspondiente conflicto de intereses cuando
converjan el deber de elegir contralor territorial con procesos de
responsabilidad fiscal surtidos contra miembros de corporaciones
públicas territoriales, sin perjuicio de aquellas particularidades que
surjan como derrotero en cada juicio.
V.4.- Del caso concreto
V.4.1.- Análisis objetivo de los elementos configurantes del
conflicto de intereses en el caso concreto
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso46, pudo verificar lo siguiente:
La señora DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ fue elegida concejal de
Bogotá, D.C., por el Partido Alianza Verde, para el período
constitucional 2020-2023, según se desprende de la contestación de
la solicitud de pérdida de investidura en la que tiene por cierto dicha
circunstancia, así como también se evidencia en el acta núm. 039 de
46 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el
proceso reposan en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el índice
00002 de SAMAI, archivo: “003 DEMANDA Y ANEXOS (.rar) NroActua 2”.
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17 de mayo de 2022, correspondiente a la sesión plenaria del
Concejo de Bogotá, D.C., y en el Acuerdo núm. 002 de 10 de
diciembre de 201947, expedido por el Consejo Nacional Electoral.
La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. decidió archivar los procesos
de responsabilidad fiscal iniciados contra la accionada mediante las
siguientes providencias: (i) en el núm. 50100-0035/07 con Auto
núm. 112 de 27 de junio de 2007, confirmado en grado jurisdiccional
de consulta a través de Auto de 14 de septiembre de 2007,
ejecutoriado el 16 de octubre de 2007, según constancia expedida
por la Secretaría Común; (ii) en el núm. 50100-0041/07 con Auto
núm. 081 de 26 de agosto de 2009, confirmado en grado
jurisdiccional de consulta a través de Auto de 5 de noviembre de
2009, ejecutoriado el 4 de diciembre de 2009, según constancia
expedida por la Secretaría Común; (iii) y en el núm. 50100-0120/08
con Auto núm. 054 de 12 de junio de 2009, confirmado en grado
jurisdiccional de consulta a través de Auto de 26 de agosto de 2009.
Adicionalmente, aparece constancia de 16 de agosto de 2022
expedida por la Secretaría Común de la Subdirección del Proceso de
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.,
mediante la cual certifica que, una vez revisados los aplicativos
PREFIS Y SIPROFISCAL, no se evidencia proceso activo surtido contra
la accionada.
En desarrollo del cronograma establecido por el Concejo de Bogotá,
D.C., para llevar a cabo el proceso de convocatoria pública para la
47 “[…] Por medio de la cual se resuelve el desacuerdo declarado mediante la Resolución No.
008 del 25 de noviembre de 2019 por los Delegados del Consejo Nacional Electoral y se
declara la elección de Concejales de Bogotá D.C. periodo 2020-2023 […]”.
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elección del contralor distrital de Bogotá, D.C., -período 2022-
2025-, se observa que, previo al inicio de la sesión plenaria de 17 de
mayo de 2022, fueron sometidos a votación dos grupos de escritos
denominados ‘recusación’, así: (i) en un primer grupo, el presentado
por el señor JORGE ABRAHAM MEJÍA CORREA en contra de la
accionada DORA LUCIA BASTIDAS UBATÉ y los concejales
ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, SAMIR JOSÉ ABISAMBRA y
LIBARDO ASPRILLA LARA, el cual se justificó en la supuesta
existencia de procesos de responsabilidad fiscal; y (ii) en un segundo
grupo, el formulado por el señor ALID DAVID RODRÍGUEZ
BECERRA en contra del concejal GERMÁN AUGUSTO GARCÍA
MAYA, que se tramitó de manera independiente y se justificó en la
aparente circunstancia consistente en que: “[…] el concejal Germán
Augusto García pertenece al partido Liberal Colombiano desde hace
años atrás, en ese proceso político se acercó y se volvió militante de
su partido político, la profesional Yesenia Donoso Herrera pasó de la
UAN del concejal Germán García a la Contraloría Distrital de Bogotá
en donde ostenta un cargo de dirección y dice que se encuentra
incurso en el artículo 11 del numeral 8°, de la Ley 1437 de 2011
[…]48.
El asunto bajo examen gira en torno, exclusivamente, al escrito
radicado por el señor JORGE ABRAHAM MEJÍA CORREA,
ciudadano en ejercicio, a través de mensaje electrónico dirigido a las
7:57 am a distintas cuentas del correo electrónico institucional del
Concejo de Bogotá, D.C., entre esas las de la Presidencia y
48 Acta 039 de 17 de mayo de 2022 correspondiente a la sesión ordinaria de esa fecha, en
la cual tuvo lugar el acto de elección del contralor distrital de Bogotá. Ver página 36.
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presidente de la corporación, en contra de la accionada DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, en el que afirmó lo siguiente:
“[…] 17 de mayo de 2022, 07:57
Jorge Mejía <Jormeco@outlook.com.ar>
Para: […]
Asunto: Recusación Concejales Dora Lucia Bastidas Ubaté,
Samir José Abisambra, Álvaro Acevedo Leguizamón, y a Libardo
Asprilla Lara
Bogotá D.C. 17 mayo de 2022,
Doctores
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA
Presidente
HUMBERTO RAFAEL AMÍN MARTELO
Primer Vicepresidente
RUBEN DARIO TORRADO PACHECO
Segundo Vicepresidente
MESA DIRECTIVA
Concejo de Bogotá
Ciudad
CC Procuraduría General de la Nación
Referencia: RECUSACIÓN
Jorge Abraham Mejía Correa, mayor de edad y domiciliado en la
Ciudad de Bogotá D.C., identificado con C.C. 19388295 de Montería
(Córdoba), obrando como ciudadano en ejercicio y en beneficio del
interés común como los reza nuestra Constitución Política de
Colombia.
Conforme a las causales señaladas en el artículo 118 del acuerdo
741 de 2019 del Concejo de Bogotá, modificado por el artículo 21
del acuerdo 837 de 2022, y el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011,
me permito recusar a los Concejales Dora Lucia Bastidas Ubaté,
Samir José Abisambra, Álvaro Acevedo Leguizamón, y a Libardo
Asprilla Lara, para que participen en el proceso de elección del
Contralor Distrital, de acuerdo con los siguientes hechos:
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Solicitante: YESSIKA TATIANA BARRERA BARRERA
1. La Mesa Directiva expidió la Resolución No. 68 del 1 de marzo de
2022 mediante la cual convocó a la elección del contralor de Bogotá
para el periodo 2022-2025.
2. Los Concejales Dora Lucia Bastidas Ubaté, Samir José
Abisambra, Álvaro Acevedo Leguizamón, y a Libardo Asprilla Lara,
tienen procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría
de Bogotá.
3. En anteriores oportunidades las Concejales María Fernando Rojas
y María Susana Muhamad, se declararon impedidas por tener
procesos de responsabilidad fiscal, en dichas oportunidades, la
Plenaria del Concejo de Bogotá aceptó los impedimentos de las
mencionadas Concejalas.
4. Los procesos de responsabilidad fiscal de los Concejales Dora
Lucia Bastidas Ubaté, Samir José Abisambra, Álvaro Acevedo
Leguizamón, y a Libardo Asprilla Lara, son los siguientes:
Concejal Proceso Valor ($) Entidad
Dora Lucia 50100- 40.000.000,00 Instituto Distrital
Bastidas 0035- de la
Ubaté 07 Participación y
Acción Comunal
50100- 125.765.387,00 Instituto Distrital
0041- de la
07 Participación y
Acción Comunal
50100- 75.094.250,00 Instituto Distrital
0120- de la
08 Participación y
Acción Comunal
Samir José 170100- 87.222.745,00 Secretaría Distrital
Abisambra 0177-15 de Ambiente
170100- 26.723.096,00 Secretaría Distrital
0385-15 de Ambiente
170100- 47.700.000,00 Secretaría Distrital
0430-15 de Ambiente
Álvaro 50100- 2.881.000,00 Fondo de
Acevedo 0264-05 Desarrollo Local
Leguizamón Rafael Uribe
Libardo 70100- 1.371.497.648,00 Instituto para la
Asprilla Lara 0361-21 Economía Social -
IPES
5. Los Concejales Dora Lucia Bastidas Ubaté, Samir José
Abisambra, Álvaro Acevedo Leguizamón, y a Libardo Asprilla Lara,
por tener procesos de responsabilidad fiscal, están impedidos de
participar en la elección del Contralor Distrital de Bogotá, y en esa
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medida claramente se está violando el Artículo 11 Numeral 1 de la
Ley 1437 de 2011, en su aparte:
“Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función
pública entre en conflicto con el interés particular y directo del
servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor
público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:
(…)
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su
socio o socios de hecho o de derecho.” (negrita y subrayado fuera del
texto).
6. Por lo anterior, solicito que a la presente recusación se dé el
trámite establecido en el artículo 118 del Acuerdo 741 de 2019 del
Concejo de Bogotá, modificado por el artículo 21 del Acuerdo 837
de 2022.
NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones al Correo electrónico:
jormeco@outlook.com.ar
Atentamente,
Jorge Abraham Mejía Correa […]” (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Desde las 9:30 a.m. y hasta las 12:31 p.m. del mismo día, se llevó
a cabo la sesión plenaria ordinaria, recogida en el acta núm. 039, en
la cual resultó elegido el señor JULIÁN MAURICIO RUÍZ
RODRÍGUEZ como contralor distrital de Bogotá, D.C. Para el efecto,
la reunión se inició con el registro electrónico de los concejales y
verificación del quórum decisorio, dentro de los cuales se evidencia
la presencia de la concejal acusada, señora DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ.
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Una vez leído el orden del día, los concejales SAMUEL ARRIETA
BUELVAS, EMEL ROJAS CASTILLO y ÁLVARO JOSÉ ARGOTE
MUÑOZ propusieron que, de conformidad con lo establecido en el
artículo 85 del Reglamento Interno de la Corporación, el punto 4º de
ese orden del día, denominado ‘comunicaciones y varios’, quedara
como punto 3º, con el objeto que, en primer lugar, la plenaria se
manifestara sobre los impedimentos y recusaciones y, solo,
posteriormente, se ocupara del punto del orden del día relativo a la
elección del contralor de Bogotá, D.C., sugerencia que fue acogida y
aprobada por la sesión.
Luego el secretario de la plenaria, por orden del presidente, informó
y leyó el referido escrito por completo, así:
“[…] Al sistema de la Secretaría llegaron las recusaciones de
los concejales Lucía Bastidas Ubaté, Samir José Abisarnbra,
Álvaro Acevedo Leguizamón y Libardo Asprilla. En el sistema
aparece 17 de mayo de 2022 hora: 7:57, sí el día de hoy y por
sistema se está solicitando señor Presidente el siguiente tema,
“Jorge Abraham Mejía Correa, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Bogotá, identificado con la cédula 19.388.295 de Montería
Córdoba obrando como ciudadano en ejercicio y en beneficio de
interés común como lo reza nuestra Constitución Política de
Colombia, conforme a las causales señaladas en los artículos 118
del Acuerdo 741 de 2019, del Concejo de Bogotá modificado por el
artículo 21 del Acuerdo 837 del 2022 y el artículo 11 de la Ley 1437
del 2011, me permito recusar a los concejales Lucía Bastidas Ubaté,
Samir José Abisambra, Álvaro Acevedo Leguizamón y Libardo
Asprilla Lara para que participen en el proceso de elección del
Contralor Distrital, de acuerdo con los siguientes hechos.
Le informo que todo se encuentra en la red del Concejo de Bogotá.
Dice: “La Mesa Directiva expidió la Resolución 68 del 1° de marzo
del 2022 mediante la cual convoca a elección del Contralor de
Bogotá para el período 2022-2025.
2. Los concejales Lucia Bastidas Ubaté, Samir José Abisambra,
Álvaro Acevedo Leguizamón y Libardo Asprilla Lara tienen
procesos de responsabilidad fiscal en la Contraloría de
Bogotá.
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3. En anteriores oportunidades los concejales María Fernanda Rojas
y María Susana Muhammad se declararon impedidas por tener
procesos de responsabilidad fiscal en dichas oportunidades, la
Plenaria del Concejo de Bogotá aceptó los impedimentos de las
mencionadas concejalas.
4. Los procesos de responsabilidad fiscal de los concejales
Lucía Bastidas Ubaté, Samir José Abisambra, Álvaro Acevedo
Leguizamón y Libardo Asprilla Lara son los siguientes, hay un cuadro
que cita unos procesos señor Presidente, proceso en contra de Dora
Lucía Bastidas Ubaté, 50100-0035 del 2007 por valor de 40
millones; entidad Instituto Distrital de Participación y Acción
Comunal. Existe otro proceso que es 50100-0431 del 2007
por un valor de 125.765.387 Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal: existe otro proceso 50100-
120 del 2008 por 75.094.250, Instituto Distrital de la
Participación.
Para el caso del honorable concejal Samir José Abisambra, existe un
proceso 170100177 del 2015 por 87.222.745, Secretaría Distrital
de Ambiente; existe otro proceso 170100385 de 2015, por
26.723.096, Secretaría Distrital de Ambiente y existe otro proceso
170100430 de 2015 por47.700 Secretaría Distrital de Ambiente.
Para Álvaro Acevedo Leguizamón, existe un proceso de 501000264
del 2005 por 2.881.000 Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe.
(…)
5. Los concejales Lucía Bastidas Ubaté, Samir José Abisambra,
Álvaro Acevedo Leguizamón y Libardo Asprilla Lara por tener
procesos de responsabilidad fiscal, están impedidos de
participar en la elección del Contralor Distrital de Bogotá y
en esa medida claramente se está violando el artículo 11
numeral 1 de la Ley 1437 del 2011. Se cita la norma y dice
notificaciones.
(…)
Señor Presidente le informo que esos son los temas que se
encuentran en este correo que recibió la Secretaría General y se
encuentran señor Presidente en la red interna […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
El presidente de la corporación, a renglón seguido, manifestó:
“[…] Quedó claro el impedimento y la recusación, por consiguiente,
vamos a poner en consideración de la Plenaria si tramitamos
o no la recusación.
Yo quiero hacerles un comentario, me voy a poner en el atril
para poderles mostrar un poco qué fue lo que pasó. Bueno
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esto es lo que se sabía que iba a pasar, unas recusaciones
temerarias y depende pues del Concejo si le damos trámite
o no, y si vamos a seguir en ese juego que yo sigo creyendo
que no hay ningún concejal metido en eso. Estoy
completamente convencido que es gente de afuera, no hay
ningún concejal en esto. En mi caso particular, dice que
tengo tres investigaciones, que desde la vez pasada en el
proceso anterior yo las manifesté y les dije que me las
habían cerrado, pero sin embargo hoy para intentar dilatar
el proceso pues dicen y recusan a un concejal como Samir
Abisambra. Yo tengo aquí los archivos de las tres investigaciones,
debidamente ejecutoriados. Aquí están los archivos del año
antepasado, no de ayer, del año antepasado están aquí, por
consiguiente, ni siquiera se toman la molestia, no es que no quieren
investigar, lo que quieren es dilatar, lo que quieren es sabotear.
La investigación de la concejal Lucía y el concejal Acevedo,
llevan más de 15 años, más de 15 años un proceso de
responsabilidad fiscal, quien sabe más que yo de esto, la
prescripción es a los 5 años, a los 5 años, a los 10 y llevan
más de 15 años, más de 15 años, por consiguiente, también
fueron archivadas, lo que pasa es que cuando esta mañana
yo averigüé, son tan viejas que ya no están en el edificio de
la Contraloría, están en otro edificio, casi que en archivo
muerto, por consiguiente, el mensaje que hoy como Concejo
de Bogotá independiente del partido político que seamos es,
no vamos a dejar parar el Concejo para cualquier tema y
nosotros hoy tenemos unos temas agenciados y estoy de acuerdo
como dice el concejal Samuel, que el tema de recusaciones e
impedimentos pase el trámite propio al tema de elección porque
tenemos que definirlos, hoy es el día para definirlos y obviamente
pues tocará tramitarle el impedimento al concejal Libardo porque él
ya se manifestó en su impedimento, ya lo pidió, hoy lo pidió, hay
que darle trámite y hay que hacer el proceso normal, pero ahí está
el mensaje que nosotros debemos mandar y también me niego a
pensar que haya alguien de la Contraloría metido en esto, porque
dar una información que obviamente, solamente pueden sacar de
la Contraloría.
Me niego a pensar eso, me niego a pensar ese tema, pero
hoy el mensaje que les doy es, no caigamos en el juego de
dilatar y dilatar, porque si no hacemos nada hoy pues
mañana llegarán otras y el viernes y el lunes, y así en
cualquier proceso que nosotros hagamos.
Quiero decirles que, con referencia a la recusación anterior
interpuesta contra el concejal Leal, yo sí solicité la denuncia a la
Fiscalía, y el viernes estuvo aquí la Policía Judicial, aquí estuvo y los
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atendieron los funcionarios del Concejo, porque voy a llegar hasta
las últimas consecuencias, en eso, voy a llegar hasta las últimas
consecuencias.
Pero nosotros el mensaje es hoy y es ahora, entonces está en
manos de nosotros compañeros. Mil gracias […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
La concejal acusada, al respecto, sostuvo lo siguiente:
“[…] H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ: Presidente, primero,
yo sí creo que hay que hacer las investigaciones pertinentes, aquí lo
digno es que lo recusen, ha sido un sinfín de meses, nos toca traer
la torta cuando cumplamos el año de las recusaciones y yo
efectivamente tuve procesos de responsabilidad fiscal, como
lo hemos tenido todos los que hemos estado en cargos
públicos, los que no han administrado ni la casa, pues
obviamente no tienen absolutamente nada, nada porque no
han hecho nada y me parece temeraria Presidente la
recusación que hacen contra nosotros como concejales
cuando son procesos, los míos del 2007, que además se
cerraron y se archivaron porque tengan en cuenta que
cuando acabamos un cargo público 5 años para pagar
abogados, pólizas y demás y me hace acordar que yo a uno
de esos procesos fui a hablar con el investigador que ponen
de planta de la Contraloría y me dijo en ese momento lo
siguiente “Lucía, aquí no hay absolutamente nada, pero
tengo orden de joderla” en ese momento. Finalmente eso lo
archivaron. Así me dijeron, finalmente eso lo archivaron
porque por desgracia utilizan los órganos de Control a veces
para joder a la gente.
Entonces yo creo Presidente uno, que hay que investigar, sí y se lo
mandaron a unos concejales específicamente al correo electrónico
ahi veo, ahí ustedes lo tienen y saben a quiénes, pero yo sí quiero
que investiguemos Presidente -Secretario, si me deja hablarle al
Presidente gracias- si corresponde al nombre el número de cédula
o no para que mandemos a la Registraduría, porque o si no, están
usurpando identidades, están falsificando un documento y que la
línea telefónica también sin llamar usted Presidente, porque
después lo meten en problemas como la vez pasada, que se sepa a
quién corresponde esa línea de teléfono que ponen ahí, yo creo que
hay que oficiar a la Registraduría, a las empresas de telefonía celular
y a la Fiscalía para que nos den una respuesta. Ya no más, los que
quieran saber algo sobre mi vida personal y pública, por favor,
pregunten, porque ahí ponen una parte de la información
Presidente, doctor Julián le estoy hablando al Presidente, gracias,
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porque ahí ponen una parte de la información Presidente,
que efectivamente tuvimos investigaciones, pero les faltó un
pedacito de la información y era que estos procesos estaban
archivados y no por tiempo, sino porque no hubo ha lugar en
esas investigaciones de las auditorías que anualmente le
hacen a todos los funcionarios públicos y que salen de
carácter penal, administrativo y demás en esas auditorías.
Les faltó complementar el cuadrito que hicieron, lo que es mal
intencionado y es con el fin de retrasar este proceso. A las malas
no, y yo creo que lo vamos a acompañar los concejales de Bogotá
en las investigaciones que esperamos que por fin den algún
resultado Presidente. Entonces, yo no tengo ninguna
investigación abierta, ningún proceso de responsabilidad
abierto porque eso fue hace 15 años y en el Gobierno
Nacional que fue hace más poquito, tampoco tengo
absolutamente nada […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
El concejal ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, por su parte,
manifestó:
“[…] Señor Presidente, ese tema pues es mal intencionado, es
temerario, fíjense que es una investigación de carácter fiscal cuando
tuve la oportunidad de ser Alcalde de la localidad Rafael Uribe Uribe
y han transcurrido 17 años, sí, supongamos que me hubieran
sancionado para los que están pensando que me sancionaron, ya
ha hubo un tiempo suficiente para hablar de la caducidad y
prescripción de la acción fiscal que es de 5 años, entonces no se
preocupen pero estoy plenamente seguro que no tuve
ninguna sanción en mi estadía en la localidad Rafael Uribe
Uríbe como Alcalde Local, eso se puede corroborar en
cualquier momento y les quiero contar que yo tenía todos
esos expedientes pero como hubo un cambio de tejas en mi
casa en la noche llovió y se mojaron todos los expedientes,
pero vamos a mirar si aún existe para los ciudadanos
preocupados o supuestamente gente que está acá o está en
las entidades que están preocupadas.
Pero señor Presidente antes de eso, esta Corporación
acordó, y fue la discusión anterior a una recusación y a unos
impedimentos, que usted vigilaría por el requisito de
procedibilidad, entonces yo sí le solicito que con respecto a
mi caso, veo que es una cuestión temeraria y que proceda a
ejercer por primera vez esa facultad con mi caso a
rechazarla de plano, porque no ha lugar y por los mismos
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términos que se están dando después de pasados 17 años
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Un grupo de concejales que hacían parte de la plenaria, señalaron,
cada uno desde su punto de vista, lo siguiente:
“[…] H.C. GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA: Presidente muchas
gracias, yo creo que en el mismo sentido, pues fui notificado de una
recusación que firma un ciudadano que no tengo el nombre en este
momento pero naturalmente como lo que ha pasado en los
últimos meses acá con proyectos de importancia estratégica
y en este tipo de decisiones de carácter electoral de esta
Corporación que son absolutamente temerarias, yo creo que
hacen referencia a una funcionaria de la actual Contraloría Distrital
que presuntamente tiene un vínculo personal conmigo, claro que la
conozco pero no tengo ningún conflicto de interés en ese particular
ni mucho menos, yo no estoy impedido para participar en este
proceso, ni más faltaba, lo he expresado, mi recusación tuvo trámite
el pasado día viernes, al igual que la de otros miembros de esta
bancada, entonces yo también le solicitaría a usted
Presidente que esta recusación sea rechazada de plano por
la Corporación y dar trámite al orden del día. Gracias.
(…)
H.C. CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS: Gracias señor
Presidente, pues vemos una vez más el mismo numerito que
salvó el POT, aquí fue una recusación la que le permitió a
Claudia López decretar el Decreto 555 y hacer lo que quiso
con el futuro de la ciudad quién está detrás de estas
recusaciones, pues es imposible saberlo, pero hay una cosa
señor Presidente y es que yo entiendo que aquí hay algunas
recusaciones que no tienen ningún sentido, es que están
recusando a algunos concejales por unos procesos que son
de hace tanto tiempo que quizás algunos concejales ni
siquiera habían nacido Presidente, esto es realmente un
absurdo, pero el trámite de estas recusaciones es como es,
y aquí no podemos ponernos a inventar nada niegan las
recusaciones, si usted somete a consideración estas
recusaciones señor Presidente, yo las votaré de manera
negativa. La concejal Lucía Bastidas no está impedida, el
concejal Germán García al menos por esto que dicen en mi opinión
no está impedido, otra cosa es el tema que habíamos hablado la
semana anterior, el concejal Acevedo menos, esto no debe seguir
ocurriendo señor Presidente, pero nosotros no podemos inventarnos
la Ley.
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Entonces yo en esto si no estoy de acuerdo con quienes
dicen que esto se puede negar de plano, discutimos la
recusación y la Plenaria como debe ser después de que los
concejales respondan niega las recusaciones y seguimos
adelante con este trámite que además Presidente todos
sabemos cuál va a ser su conclusión.
(…)
H.C. EMEL ROJAS CASTILLO: Presidente muchas gracias, nosotros
hemos presentado como lo planteó el concejal Arrieta y el concejal
Argote, una proposición para que se modificara el orden del día, si
usted revisa Presidente, la proposición fue aprobada por los
concejales y ahí nosotros colocamos de primero, como diría un
amigo mío, primero están los impedimentos, entonces lo que
corresponde y yo también estoy de acuerdo en que nosotros
no tenemos que inventarnos nada, la ley es clara, ahora
estaba leyendo con el concejal Arrieta la Sentencia y el concepto
también del Consejo de Estado, no tenemos ningún problema,
nuestro Reglamento nos autoriza que votemos el
impedimento del concejal Asprilla y que luego estamos
facultados y usted presentó esa facultad hoy y el
Reglamento lo permite, de rechazar de plano cuando no se
cumpla con los requisitos que como lo dijo el concejal
Carrillo pues son evidentes que están torpedeando, así de
sencillo.
(…)
H.C. MARÍA VICTORIA VARGAS SILVA: Presidente yo no quiero
armar una discusión con este tema pero creo que para la Plenaria
es muy clara la posición que yo he tenido que no voté esos artículos
del Reglamento y yo simplemente me atengo a lo dispuesto en
el artículo 12 del CPACA que establece que la autoridad
competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo y por
eso yo pregunté cuándo habían sido radicados ese
impedimento y esa recusación y en cuanto a la recusación
me dijeron que había sido hoy.
Cuando cualquier persona presente una recusación el
recusado manifestará si acepta o no la causal invocada
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
radicación, entonces no quiero generar una controversia por esto,
yo prefiero retirarme porque el Reglamento no prevé la posición de
decir yo voto en blanco, o me abstengo de votar, entonces prefiero
retirarme y no generar más discusión.
Gracias Presidente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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A continuación, el presidente puso a consideración la recusación,
para lo cual mencionó que “[…] nosotros como Mesa Directiva
vamos a ponerlo en consideración de la Plenaria si la
tramitamos o no, si alguien no quiere participar se puede salir
antes de iniciar la votación […]”, a lo que nuevamente el concejal
CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS, advirtió lo siguiente:
“[…] H.C. CARLOS ALBERTO_CARRILLO ARENAS: Presidente
muchas gracias, yo creo que es bastante lo que yo he insistido aquí,
lo que insistí durante la discusión del Reglamento, nuestro
Reglamento no puede imponer condiciones adicionales a lo
que ya está reglado, nuestro Reglamento no puede pasar por
encima de la Ley, y aquí colegas, ustedes se están
equivocando y yo creo Presidente y se lo digo con respeto
que usted desde la Mesa Directiva están induciendo a esta
Corporación a cometer un error y yo se lo digo más desde el
punto de vista personal, yo pues a mí no es que me quieran
mucho en mi partido señor Presidente y estoy
absolutamente seguro de que si yo doy un papayaso como
este pues me expongo es a poner en riesgo mi curul.
Entonces señor Presidente, yo dejo constancia de que me
retiro, pero antes de retirarme, me reintegraré a la sesión en
cuanto pues se termine el trámite de este exabrupto que
usted está presentando, pero quiero hacer una pregunta si me lo
permite Presidente muy corta, aquí hay unos funcionarios de la
Personería Distrital, me equivoco señor Secretario, aquí siempre hay
un delegado de la Personería, porque la Personería Distrital en
cabeza del señor Pinilla, está atenta a todas las decisiones y a todas
las actuaciones de este Concejo, pues revisando hojas de vida señor
Presidente, resulta que hay un señor de apellido Pinilla Malagón que
pues parece ser el hermano del Personero de Bogotá también
contratado en la Contraloría de Pipe. Es que la bola de Pipe pareciera
que da para todo y yo sí quisiera preguntarle al señor Personero si
está conectado a la sesión o si nos escucha desde más allá de la
virtualidad, si también el Personero al igual que los concejales de
Bogotá tienen contratado a un pariente en segundo grado de
consanguinidad en la Contraloría de Pipe, porque pues aquí ya
quedaría claro que esa bolsa de Pipe ha dado para todo.
Muchas gracias señor Presidente
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
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El concejal SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA, ante estas
circunstancias, formuló la siguiente pregunta al presidente que fue
respondida así:
“[…] H.C. SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA: Una pregunta, la
pregunta es ¿lo que usted va a someter a consideración de la
Plenaria como voz de la Mesa Directiva, es si tramita hoy o
no las recusaciones?, ¿eso es lo primero que se va a solicitar
a la Plenaria para que decidamos? Si es hoy el trámite, es
para seguir interviniendo, respóndame eso.
PRESIDENTE: No concejal Celio, en el Reglamento del
Concejo, en el último Reglamento quedó establecido que hay
unas causales que deben tener cada una de las
recusaciones, que si esas causales no están la Mesa
Directiva someterá a la Plenaria si tramita o no la recusación
presentada por los requisitos mínimos establecidos, en los
dos casos que llegó la recusación como lo dijimos, el concejal
Acevedo, la concejal Lucía, el concejal Germán y el concejal
Samir pues no hay causal a impedimento porque no existen
las investigaciones ni el supuesto interés, por eso
obviamente ponemos en consideración de la Plenaria, si la
Plenaria en su mayoría me dice que hay que tramitar la
recusación, pues yo obviamente tengo la obligación de
tramitarla y miramos si la podemos tramitar, suspendemos
la sesión y la tramitamos inmediatamente y si me dice que
no, pues la rechazamos de plano y vamos con el siguiente
punto del orden del día.
Eso es concejal Celio.
H.C. SEGUNDO CELIO NIEVES HERRERA (continúa): Bueno,
entonces yo quiero manifestar lo siguiente, yo el artículo 118
modificado no lo voté, porque yo estoy convencido que se
extralimitó en sus funciones y en sus competencias, si esas
recusaciones se van a tramitar en el día de hoy, yo me retiro
también de la sesión en este momento, eso era lo que quería
solicitar que me respondiera, si se iban a tramitar hoy, yo
me retiro de la sesión […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por su parte, los concejales MANUEL JOSÉ SARMIENTO
ARGUELLO, MARISOL GÓMEZ GIRALDO y ANA TERESA BERNAL
MONTAÑEZ, resaltaron:
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“[…] H.C. MANUEL JOSÉ SARMIENTO ARGUELLO: Sí gracias
Presidente yo también he planteado mis cuestionamientos a la tesis
planteada sobre la posibilidad de que la Plenaria rechace de plano la
recusación, pero más allá de esto, porque uno podría decir que
existe ese antecedente jurisprudencial del Consejo de Estado, pues
los requisitos que exige la recusación son requisitos
formales, que esté identificado la persona, que esté
identificado el concejal recusado, que señale los hechos en
que se fundamenta y que señal la causal taxativa. O sea, no
se puede rechazar de plano una recusación, aceptando la
tesis de la competencia de la Plenaria cuando se cumplen
esos requisitos formales, así uno de una vez vea que no se
configura la causal, si cumple la recusación con esos cuatro
requisitos formales se tiene que tramitar como lo señala el
Reglamento y estas recusaciones considero así no tengan el
sustento porque las investigaciones ya están cerradas,
cumplen con esos requisitos formales.
Por lo tanto, yo tampoco voy a participar en la votación que usted
va a someter a la Plenaria. Gracias Presidente.
(…)
H.C. MARISOL GÓMEZ GIRALDO: Gracias Presidente, mire yo
estoy completamente de acuerdo con usted en que la
recusación no procede en la medida en que realmente son
procesos fiscales que ya vencieron, en el caso de las personas
que fueron recusadas esta mañana, en todo caso, los abogados
me aconsejan no extralimitarme en funciones y no rechazar
de plano una recusación cuando debo seguir el Reglamento
del Consejo de Estado, de manera que entonces Presidente
yo también me retiro. Gracias
(…)
H.C. ANA TERESA BERNAL MONTAÑEZ: Presidente yo creo que
el Reglamento y con la modificación que se hizo es clave, las
recusaciones tienen un trámite y tienen un procedimiento,
no las podemos rechazar de plano porque eso sería
extralimitarse, entonces yo con esta aclaración, de verdad
Presidente que me retiro de la sesión por esta situación […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Los concejales SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA BUELVAS, MARCO
FIDEL RAMÍREZ ACOSTA, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA y
GLORÍA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, apuntaron:
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“[…] H.C. SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA BUELVAS: No Presidente,
yo estoy totalmente de acuerdo con la opción de rechazar de
plano esta recusación. Si fallan en lo formal y son temerarias
pues en lo sustancial son aún más razón hay para rechazarla
de plano, incluso Presidente en el caso por ejemplo de la
Procuradora Cabello que fue recusada por el Código electoral, la
Corte rechazó la recusación, simplemente porque el ciudadano no
puso bien la cédula, no lo enlistó bien, en este caso Presidente en
aras de discusión, me queda aún más despejada cualquier
duda que tuviese porque los afectados como llaman en el
argot judicial, por estrado y por conducta concluyente
fueron notificados y aquí han dicho públicamente que
ninguna de esas causas que se le indilgan para la recusación
corresponden a la realidad, o están prescritas o ya no
existen, razón para decir Presidente, si hay razón en la
forma, en el contenido aún más. Por eso Presidente no tengo
ninguna duda y aquí me quedo para respaldar esta decisión
de rechazar de plano, estas recusaciones.
(…)
H.C. MARCO FIDEL RAMÍREZ ACOSTA: Presidente mire, yo me
anticipé en la discusión de la Región Metropolitana, escenario que
además quienes están detrás de manera sistemática y
consecutiva presentar recusaciones para impedirle a este
Concejo que no se traten los temas que se tienen que tratar
como lo fue el Plan de Ordenamiento Territorial, como lo fue
la discusión del Presupuesto, tuvo que salir por Decreto
porque no pudimos discutir el Presupuesto, como lo fue la
Región Metropolitana y ahora como lo es una función
constitucional de este Concejo que es elegir este Ente de
Control, se lo dije en la Región Metropolitana si este Concejo
no se pone de acuerdo para rechazar estos procedimientos
que están paralizando al Concejo, no vamos a cumplir con
nuestras propias funciones señor Presidente y quiero
recordarle hoy que con toda la argumentación jurídica y lo
que ha expuesto el concejal Arrieta, el concejal Emel y con
la legalidad que se ha sustentado tenemos que rechazar esto
señor Presidente o si no, vamos a tener que seguir
recibiendo este tipo de recusaciones y van a paralizar el
Concejo de Bogotá.
Le solicito que proceda a consultarle a la Plenaria y que tomemos
una decisión, si defendemos una posición como Corporación de
evitar que estos procesos se sigan dando o si seguimos aceptando
que nos sigan paralizando. Gracias Presidente.
(…)
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H.C. GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA: Presidente, en el mismo
sentido, yo creo que acá nos dimos una pela importantísima
en lo que tenía que ver con la modificación del Reglamento,
fueron meses en que la Comisión de Gobierno trabajó con
ese propósito, es decir, reglamentariamente se permite a
ustedes como Mesa Directiva establecer si rechazan de
plano este tipo de actuaciones que a toda luz son temerarias,
es un precedente importante que se tiene que trazar el día
de hoy, entonces Presidente, yo sí creo que usted debe
poner a consideración de la Plenaria, el hecho de rechazar
de plano estas cuatro recusaciones y creo que nosotros ya
hemos venido diciendo exactamente lo mismo, entonces
creo que ya pasemos a votación para surtir el orden del día.
(…)
H.C. GLORÍA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ: Muy corto y es, en su
momento yo tuve la oportunidad de votar el artículo 118 del
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá está vigente, no
ha sido demandado, yo actúo con la presunción de la buena
fe de que efectivamente goza de legalidad y en virtud de eso,
pues yo si le quiero pedir Presidente porque mañana vuelven
y recusan y así vamos a estar no solo para este tema sino
para absolutamente todos, sino de verdad pare de contar y
cerremos el Concejo de Bogotá, eso es una absoluta
vergüenza y en ese sentido le pediría que votemos. Gracias
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
El presidente procedió a abrir la votación para decidir si se tramitaba
la recusación o no, de lo cual quedó constancia, así:
“[…] PRESIDENTE: Entonces señor Secretario vamos a votar
la primera recusación que llegó, lea la conclusión y vamos a
hacerlo en votación nominal para que habiliten el sistema
Secretario. Si votamos que SÍ aprobamos, decimos que hay
que tramitar la recusación presentada contra la concejal
Lucía Bastidas, Álvaro Acevedo, Samir Abisambra y Libardo
Asprilla, ah, ya Libardo no, perdónenme, Lucía, Álvaro,
Samir, esas tres, es que la de Germán es otra, entonces la
voto aparte.
Es que la recusación de Lucía, la de Álvaro y la de Samir son una
sola, si votamos SÍ hay que darle trámite; si votamos NO, no hay
que darle trámite.
Habiliten el sistema por favor. Repito, SÍ es que la Plenaria decide
darle trámite a la recusación, NO, es que la Plenaria rechaza de
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plano la recusación temeraria. Entonces habiliten el sistema por
favor. Está abierta la votación, ya pueden comenzar a votar. Está
abierta la votación.
Repito, para los amigos que acaban de llegar, los compañeros
concejales, SÍ, ustedes dicen que hay que tramitar la recusación;
NO, ustedes dicen que hay que rechazar de plano la recusación. El
voto es libre, como ustedes crean que hay que hacerlo.
(…)
Entonces anuncio que voy a cerrar la votación ¿Quién falta el
concejal Fabián? Listo, anuncio que voy a cerrar, ¿concejal Fabián
ya pudo votar? Hágalo por voz concejal Fabián.
H.C. FABIAN ANDRÉS PUENTES SIERRA: NO.
PRESIDENTE: Okey con el voto por voz del concejal Fabián,
cerremos votación, Secretario, queda cerrada la votación.
SECRETARIO: Señor Presidente le informo que la votación es
la siguiente, veintisiete (27) votos por el NO, con el voto del
concejal Fabián Puentes Sierra que fue por voz y un (1) por
el SÍ, señor Presidente, le informo que ha sido negada de
plano la recusación contra los siguientes honorables
concejales Lucía Bastidas Ubaté, Samir José Abisambra y
Álvaro Acevedo Leguizamón, señor Presidente […]” (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
Por último, la accionada intervino así:
“[…] H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ (Explica su voto):
Presidente como aquí el colega Martín me nombró, se le aclara una
vez más porque además varios concejales están con ese cuentico,
porque han venido aquí a plantearlo, no somos juez y parte querido
Martín, no somos juez y parte porque lo que estamos diciendo
es si se tramitan o no las recusaciones y eso también va para
Edward que tiene la misma teoría que Martín, así es, no
estamos siendo juez y parte como lo dijo el concejal Martín
Rivera, no es cierto; sino que estamos generando un precedente
para que tengan otro jueguito de ahora en adelante, diferente al
juego de las recusaciones que lleva meses haciendo carrera
en este Concejo de Bogotá y creo que ahí sí es como
Corporación porque sesiones que se le dediquen al tema de
las recusaciones son sesiones en las que pierde Bogotá, que
le podríamos estar dedicando al control político. Así que no
señores, no es juez y parte, se estaba votando un procedimiento
para que eso quede en el acta de la elección de Contralor, que es
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en lo que estamos el día de hoy. Gracias. […]” (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Finalizada la fase anterior de la recusación, la plenaria procedió con
el punto número 4 consistente en la elección y posesión del contralor
distrital. El presidente y secretario lo convocaron y la concejal
acusada hizo una intervención previa, votó y luego explicó su voto,
así:
“[…] H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ: Presidente, primero
y como aquí están los medios de comunicación el show siempre y
toda moneda tiene dos caras ¿Cierto? Una es cómo llegamos acá,
la Mesa Directiva del Concejo del año pasado inició un proceso que
continúa la Mesa del Concejo actual y hoy están los tres
copresidentes allí sentados el día de hoy, el Fondo Cuenta del
Concejo contrató una universidad, esa universidad hizo un proceso
en el que ninguno de los cuarenta y cinco (45) concejales ha
intervenido, ni en la contratación ha intervenido ni la mesa anterior,
ni esta mesa, el Presidente actual del Concejo con base en esa terna
y en ese estudio que hace la universidad, nos entregan una terna,
yo no sé si está la universidad hoy o no, nos entrega una terna y
esa terna de los tres mejores puntajes fue la que vino aquí el día de
ayer y escuchamos los concejales a cada uno de los tres ternados.
Había el Presidente convocado una elección de Contralor, dentro de
esa elección del Contralor en el procedimiento se dan unas
recusaciones y vuelve y juega, no votamos ninguna recusación, no
somos arte y parte como quieren decir, si no quieren votar porque
el deber de los concejales es votar, pues votan por el de los tres el
que les parezca porque el voto es libre, porque nosotros sobre esa
terna es que elegimos y es una obligación, salirse de las votaciones
sí que trae sus enredos y a nosotros nos citaron para eso aquí hoy,
cada uno puede votar por quien le dé la gana, nadie les está diciendo
voten por tal o por tal; es decir, el trámite que se dio para
aceptar o no el procedimiento de las recusaciones hace parte
de la elección del Contralor de Bogotá.
Se salieron unos de la votación, están en su derecho, ellos también
asumen su responsabilidad, cada uno asume, pero aquí toca dejar
de decir que son corruptos cuando no votan o no hacen lo que yo
quiera y de estar catalogando y reafirmando a los demás y yo
insisto, Secretario para que quede en el acta, nosotros no soy juez
y parte de absolutamente nada porque votamos un procedimiento,
entonces para que les quede claro, pueden hacer todo el show que
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quieran pero aquí estamos para cumplir con un deber que tenemos
que es votar y elegir Contralor de la ciudad de Bogotá, para eso,
entonces esas claridades quería dejar, porque es que como siguen
repitiendo y repitiendo, nos toca volver a repetir y volver a repetir
para que sepan que toda moneda tiene dos caras y que ahí expliqué
el procedimiento que hemos tenido que además, es legal, están
mintiendo quienes están diciendo que el procedimiento es ilegal,
usen otra palabrita, digan no me gusta, yo quería que se parara la
sesión y que hiciéramos otra mañana y otra pasado y otra pasado,
es diferente, pero aquí estamos en el marco de la legalidad, el
Presidente convocó a la elección como debía convocar y
resulta que hoy el día de la elección radicaron unas
presuntas recusaciones con información temeraria e
incompleta que el procedimiento no lo aceptó, esta Plenaria
del Concejo de Bogotá con los voticos que hubo.
Muchas gracias Presidente […]”.
(…)
PRESIDENTE: Mil gracias.
Entonces vamos ahora a hacer el punto que ya mencionó el
Secretario, elección del Contralor, señor Secretario, vamos a
llamar a cada uno de los concejales y en viva voz van a decir
por cuál de los tres candidatos votan y usted en esta hojita
que está en blanco va anotando el voto de cada uno de los
candidatos, la explicación del voto será al final, la
explicación del voto para que hagamos la elección y
simplemente mencionemos el nombre.
(…)
Entonces iniciemos la votación señor Secretario y hagamos el
llamado a lista de cada uno de los concejales Secretario.
SECRETARIO: Con gusto señor Presidente.
De acuerdo a la planilla dada por el Presidente se encuentra lo
siguiente:
Audiencia pública para elección del Contralor Distrital, sesión
Plenaria 17 de mayo de 2022.
Elección a Contralor Distrital.
Aspirante: Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Luis Fernando Bueno
González y Sandra Patricia Bohórquez González
(…)
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H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ: Mi voto es por Mauricio
Ruiz.
(…)
SECRETARIO: Señor Presidente le informo de la votación para
la elección del Contralor Distrital por Julián Mauricio Ruiz
Rodríquez votaron veintinueve (29) honorables concejales y
seis (6) honorables concejales votaron en blanco. En total
votaron treinta y cinco (35) honorables concejales, señor
Presidente.
PRESIDENTE: Muy bien entonces con eso queda la elección
del doctor Julián Mauricio Ruiz y queda decretada, pero antes
de que él pase vamos a hacer explicación del voto, les voy a decir
el orden el cual me pidieron, si falta alguno me dicen, concejal
Rolando, concejal Acosta, concejal Argote, concejal Acevedo,
concejal Armando Gutiérrez, concejal Lucía, concejal Nelson,
concejal Marisol, concejal Laserna, concejal Ati, concejal Martín,
concejal Julián, concejal Venus, concejal María Victoria.
(…)
H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ (Explica su voto):
Gracias Presidente, bueno, primero, este es un proceso legal que
ustedes la Mesa Directiva han blindado y la Mesa anterior,
aprovecho para agradecerle al doctor Andrés Castro Franco quien
también obtuvo el primer lugar en el examen pasado, por la labor
que ejerció en el control político y lo que hizo en la Ciudad, lo vimos
en la calle visitando obras, creo que eso es importante el
reconocimiento y augurarle éxitos en sus nuevos caminos, ojalá
llegue a lo que está aspirando y creo que es importante para el
control fiscal en la Ciudad.
Con la Contraloría uno tiene como amores y desamores porque es
que ese control posterior limita mucho lo que nosotros a veces
desde el control político quisiéramos, pero solo ligado con la
comunidad, solo metiendo tecnología de la información, inteligencia
artificial que propuso ayer en su presentación el candidato Mauricio
Ruiz, creo que es importante lo que va a hacer hacia adelante,
nosotros esperamos siempre que los órganos de Control no estén
aquí solamente el día que se les elige sino que estén
permanentemente con nosotros y bueno, nuestra bancada del
partido Verde está dividida esta vez, unos están impedidos, unos
votamos por Mauricio y otros votaron en blanco. Eso es
democrático, aquí no impusieron nada esta vez en la bancada del
partido Verde y creo que es un aprendizaje.
En la crisis Presidente también quedan lecciones y creo que
hoy en medio del procedimiento de la elección del Contralor,
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que se haya dejado claro el procedimiento de no aceptar
recusaciones también le va a hacer muy bien al Concejo de
Bogotá hacia adelante en los diferentes proyectos que
vamos a discutir, que los que juegan a recusaciones pues se
inventen otra cosita y nosotros, usted Samir, Germán García,
Álvaro Acevedo, alistémonos porque seguramente nos van a
denunciar como han dicho tantos hoy, porque creen y se han
inventado que hoy hicimos de juez y parte en un proceso que
nada tiene que ver con ninguna recusación.
(…)
PRESIDENTE: Muy bien, con esto culminamos la explicación de los
votos, como dijimos quedó decretada la elección del doctor Julián
Mauricio Ruiz con veintinueve (29) votos, seis (6) en blanco y lo más
importante es que como dijeron muchos de ustedes mandamos un
mensaje, un mensaje que el Concejo quiere trabajar y no se va a
dejar dilatar bajo ninguna circunstancia. Por consiguiente, entonces
llamemos al doctor Julián Mauricio Ruiz para la posesión debida,
señor Secretario. ¿Doctor Julián Mauricio Ruiz jura cumplir fiel y
cabalmente los deberes y responsabilidades como Contralor de
Bogotá, respetar su investidura y cumplir la Constitución, las leyes
y los Acuerdos del Distrito Capital, con la dignidad y el decoro que
su cargo exige?
CONTRALOR DE BOGOTÁ ELECTO, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez:
Sí juro
PRESIDENTE: Si así lo hiciere, que la Patria os lo premie y si no, que
Ella os lo demande. Queda usted investido como Contralor de
Bogotá, felicitaciones […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
V.4.1.1.- A partir de lo anterior, la Sala encuentra que la accionada
adelantó la conducta censurada en ejercicio de su investidura de
concejal de Bogotá, D.C., durante el período constitucional 2020-
2023, en representación del Partido Alianza Verde.
V.4.1.2.- En cuanto a la existencia de un interés directo, particular
y actual de la concejal, se reitera, tal como se señaló en el problema
jurídico planteado en esta providencia, que la conducta a examinar
gira en torno a la violación del régimen de conflicto de intereses por
participar, deliberar y votar, sin declararse impedida, en el asunto
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relacionado con darle trámite, o no, al escrito formulado en su contra
durante la sesión plenaria de 17 de mayo de 2022.
Para abordar el análisis de esta conducta debe tenerse en cuenta que
la actora indicó en su solicitud que en la sesión plenaria del Concejo
de 17 de mayo de 2022, y previo a la elección del contralor, el
presidente puso de presente el escrito formulado contra la concejal
y esta manifestó, como consta en el acta núm. 039 de 17 de mayo
de 2022, que debía procederse a su rechazo de plano, esto es que
deliberó, participó y votó un asunto en el que tenía un claro conflicto
de intereses, sin declararse impedida.
Mencionó que pese a la censura presentada en su contra, la concejal
votó dicho trámite, de forma negativa, explicando los motivos de su
decisión con el fin de que aquella fuese rechazada, tal como obra en
el Acta núm. 039, situación de la cual, en sentir de la actora, emerge
un interés directo y particular que inobservó, debido a que fungió
como juez y parte respecto de los hechos que se ponían en
conocimiento de la plenaria del Concejo de Bogotá, D.C., es decir
conformando el quórum deliberativo y decisorio para resolver el
rechazo de plano del escrito de 17 de mayo de 2022.
Para la Sala, por lo mismo, resulta importante destacar en este
escenario que el reproche radica en el abordaje del asunto sometido
a deliberación y votación por el presidente del Concejo de Bogotá,
D.C., consistente en determinar, exclusivamente, si el escrito del
señor JORGE ABRAHAM MEJÍA CORREA debía tramitarse como
una recusación formalmente presentada o si se rechazaba de plano
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por carecer de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico y
ser abiertamente temeraria.
Es entonces a esa materia en concreto que se circunscribe el análisis
de la conducta de la concejal, sin que ello permita auscultar las
circunstancias de fondo del referido escrito, es decir sin que
corresponda determinar si era cierto o no que existían tres procesos
de responsabilidad fiscal vigente en contra de la cabildante, que le
impedían participar en la elección del contralor de Bogotá, D.C. ante
un eventual interés directo en dicho asunto. Lo contrario supondría
traspasar los precisos límites en los que se enmarca la solicitud
formulada contra la accionada, puesto que esta arguye la
configuración de un interés actual y directo proveniente de deliberar
y votar qué tratamiento debía recibir el escrito de 17 de mayo de
2022, que no de la aceptación o negación de una recusación por la
preexistencia de procesos de responsabilidad fiscal, lo cual
permanece excluido, se insiste, de este primer estudio.
Con fundamento en la evidencia revisada y acotaciones efectuadas,
resulta palmario que el 17 de mayo de 2022, fecha acordada para
elegir a un candidato de la terna y posesionar al nuevo contralor
distrital de Bogotá, D.C., el señor JORGE ABRAHAM MEJÍA
CORREA presentó un memorial que denominó ‘recusación’ contra la
concejal acusada, entre otros, alegando que cursaban en su contra
los procesos de responsabilidad fiscal núms. 50100-0035/07, 50100-
0041/07 y 50100-0120/08, adelantados por la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ, D.C. por hechos relacionados con el Instituto Distrital de
la Participación y Acción Comunal.
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Permanece probado que, ante dicho documento, el presidente del
Concejo de Bogotá, D.C. decidió, en su condición de director de la
reunión plenaria, someter a consideración, deliberación y
votación de los asistentes, la opción de tramitarlo o
rechazarlo de plano, a partir de razones que explicó
suficientemente a lo largo de la sesión, -luego de responder
cuestionamientos de diferentes concejales-, entre los que se
encontraba el de ser un escrito temerario, presentado con el único
objeto de dilatar el proceso de elección del contralor distrital como
había ocurrido en otras ocasiones, infundado y carente de sustentos
fácticos y jurídicos, por cuanto giraba en torno a investigaciones
fiscales fenecidas, entre otros motivos.
A partir de ello, se observa que la accionada sí participó
efectivamente, sin declararse impedida, tanto de la deliberación de
dicho asunto sometido a sus funciones públicas de concejal, como de
la votación mediante la cual, finalmente, se decidió no tramitarla sino
rechazarla de plano, circunstancia que le significó la colisión de su
interés particular con los intereses públicos de los cuales era garante.
Es decir, fue esa una cuestión elevada a la discusión de la sesión
plenaria por su presidente, luego de haber sido aprobado un cambio
en el orden del día sugerido por un grupo de concejales, para que la
reunión en pleno decidiera, en ejercicio de sus funciones como
servidores públicos, si debía otorgársele al escrito de 17 de mayo de
2022 el carácter de recusación, -caso en el cual debía resolverse
mediante la fórmula, tiempos y traslados regulados en el artículo 118
del Acuerdo núm. 741 de 2019, modificado por el artículo 21 del
Acuerdo núm. 837 de 2022-, o si, por el contrario, debía rechazarse
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de plano por no cumplir con los requisitos establecidos.
Esto corrobora que la concejal, en dicho trámite, tenía que haber
observado el régimen de conflicto de intereses en los términos de los
artículos 11, numeral 1 del CPACA, 70 de la Ley 136 y 11749 y 118
del Acuerdo núm. 741 de 2019, por cuanto el impedimento para
intervenir no solo se concreta en el ejercicio de las funciones
puramente político-administrativas de la corporación pública, -lo que
fue puntualizado en la jurisprudencia referida en esta providencia-,
sino también cuando se trata del resto de funciones de ese órgano
como son las judiciales, electorales y de control político, entre
otras determinaciones que resultan trascendentales para el
correcto funcionamiento de la corporación, así como en este
evento en el que se definió la suerte de una censura promovida por
un ciudadano que procuraba apartar al cabildante de la elección de
contralor distrital.
El interés directo, privado y actual de la concejal se materializó,
precisamente, en el beneficio particular que le representó el hecho
de deliberar y participar en la decisión de rechazar de plano el escrito
recriminatorio de 17 de mayo de 2022, en cuanto que a pesar de que
le convenía que dicho memorial no fuese tramitado, ella misma
intervino en ese rechazo así como en su habilitación personal para
participar y votar en la elección del contralor distrital, período 2022-
2025, lo cual provocó un conflicto con el interés general que la
obligaba a actuar con moralidad y transparencia en la decisión de
49Modificado por el artículo 19 del Acuerdo núm. 837 de 2002: “[…] ARTÍCULO 117.-
CONFLICTO DE INTERÉS. De conformidad con la Constitución y la ley, todo concejal
deberá declararse impedido cuando el interés general propio de la función pública entre en
conflicto con su interés o beneficio particular y directo […]”.
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manifestar su impedimento y apartarse así de dicho asunto, de haber
sido aceptado.
Por lo tanto, está probado el elemento objetivo de la causal de
pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de
intereses en cabeza de la concejal DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ,
con ocasión de su participación, deliberación y votación, sin
declararse impedida, en el asunto relacionado con darle trámite de
recusación, o no, al escrito formulado en su contra durante la sesión
plenaria de 17 de mayo de 2022, -convocada para elegir al contralor
distrital de Bogotá, D.C., período 2022-2025-.
V.4.2.- Análisis subjetivo de la conducta del concejal
En cuanto al análisis de culpabilidad de la concejal DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, relativo a su participación, deliberación y
votación, sin declararse impedida, del asunto relacionado con darle
trámite, o no, al escrito formulado en su contra durante la sesión
plenaria de 17 de mayo de 2022, -convocada para elegir al contralor
distrital de Bogotá, D.C., período 2022-2025-, se reiteran, en
primera medida, los criterios expuestos por la Sala en sentencia de
25 de mayo de 201750, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
50Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
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recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública51, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.
• Son causales de pérdida de investidura52: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades53; la indebida destinación de
dineros públicos54; el conflicto de intereses55 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado56.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
51 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
52 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
53 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);
180, 181 y 183 de la Constitución Política.
54 Art. 183 de la Constitución Política.
55 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
56 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
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de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
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de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”57 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.58
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
57 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
58 Ídem.
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culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201259 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.60 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”61, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
59
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
60 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
61 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
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culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.
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Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
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propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
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igualdad constitucional y generador del caos jurídico”62
[…]63” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar64.
Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia
de la ley no sirve para excusar su transgresión, al tenor del artículo
9° del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que regulan
el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está
ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento
a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,
al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,
en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.
62 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
63 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201965, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201866, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.
De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen, y a partir de las consideraciones
vertidas, la Sala procederá a examinar, como punto de partida
insoslayable del trámite que tuvo como desenlace la conducta
desplegada por la concejal, el escrito de 17 de mayo de 2022
presentado por el señor JORGE ABRAHAM MEJÍA CORREA.
V.4.2.1.- De las causales y trámite de la recusación durante
procedimiento electoral adelantado por miembros de
corporaciones públicas territoriales
El artículo 70 de la Ley 136, frente al conflicto de intereses, reguló el
asunto así:
“[…] Artículo 70. Conflicto de interés. Cuando para los
concejales exista interés directo en la decisión porque le
65 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
66 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o
primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho,
deberá declararse impedido de participar en los debates o
votaciones respectivas.
Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los
concejales consignarán la información relacionada con su actividad
económica privada. Dicho registro será de público conocimiento.
Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal
de impedimento de algún concejal, que no se haya
comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo
ante ella […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
La Ley 1437 de 18 de enero de 201167, codificación que regula el
procedimiento administrativo que deben surtir los organismos y
entidades que conforman las ramas del poder público del Estado en
sus distintos órdenes, sectores y niveles68, tal como lo encarna la
autoridad del Concejo de Bogotá, D.C., prevé lo siguiente en torno al
conflicto de intereses y las causales de recusación:
“[…] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de
impedimento y recusación. Cuando el interés general propio
de la función pública entre en conflicto con el interés
particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba
adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
67 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.
68 “[…] Artículo 2o. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código
se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público
en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del
Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les
dará el nombre de autoridades.
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de
policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o
remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad,
tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para
ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este
Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto
en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código […]”.
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definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su
impedimento por:
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero
o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho.
2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor,
su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
indicados en el numeral precedente.
3. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
sus parientes arriba indicados, curador o tutor de persona
interesada en el asunto.
4. Ser alguno de los interesados en la actuación administrativa:
representante, apoderado, dependiente, mandatario o
administrador de los negocios del servidor público.
5. Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o
jurisdiccionales entre el servidor, su cónyuge, compañero
permanente, o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1,
y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o
apoderado.
6. Haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su
representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su
cónyuge, compañero permanente, o pariente hasta el segundo
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, antes
de iniciarse la actuación administrativa; o después, siempre que la
denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el
denunciado se halle vinculado a la investigación penal.
7. Haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero
permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de
las personas interesadas en la actuación administrativa o su
representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para
intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal.
8. Existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación
administrativa, o amistad entrañable entre el servidor y alguna de
las personas interesadas en la actuación administrativa, su
representante o apoderado.
9. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de
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sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas
interesadas en la actuación administrativa, su representante o
apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público,
establecimiento de crédito o sociedad anónima.
10. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna
de las personas interesadas en la actuación administrativa o su
representante o apoderado en sociedad de personas.
11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la
actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma,
o haber intervenido en esta como apoderado, Agente del Ministerio
Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de
concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga
sobre el contenido de una decisión tomada por la administración.
12. Ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de
alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa.
13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno
de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero
civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la
misma cuestión jurídica que él debe resolver.
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados
de elección popular inscritas o integradas también por el interesado
en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o
en alguno de los dos períodos anteriores.
15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para
llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado
por este como referencia con el mismo fin.
16. Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber
actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director,
miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad,
asociación o grupo social o económico interesado en el asunto
objeto de definición […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Así pues, la Sala Electoral se ocupó de estructurar los requisitos
mínimos que debía cumplir este tipo de escritos para que los mismos
se avinieran a la teleología de las normas que contemplan dicha
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figura, -artículos 11 y 12 del CPACA-, con el fin de que dicho
mecanismo de control legítimo del poder público no se convirtiera en
un medio para entorpecer el curso normal del procedimiento electivo,
a través de la presentación indiscriminada de memoriales carentes
de los fundamentos serios y creíbles que deben acompañar esta clase
de manifestaciones.
Fue entonces que empezó a construir una línea jurisprudencial en
torno a este punto, tal y como se hizo en el auto de 27 de febrero de
2020, en el que se estudia una recusación que fue presentada en
forma anónima y se concluye:
“[…] De acuerdo con lo dicho por la Corte Constitucional, la regla
general consiste en que la persona que presente una petición,
manifieste debidamente su identificación, y como excepción se
establece la posibilidad de que se presenten quejas anónimas
cuando exista una justificación seria y creíble del
peticionario para mantener la reserva de su identidad.
Revisado el escrito de recusación, se tiene que el mismo fue
presentado sin firma, por la señora María Fernanda Pérez Diago,
quien no declara más información personal que su correo
electrónico para notificaciones, con fundamento en el peligro que la
denuncia pública representa, sin embargo se advierte que en el
mismo se limita a hacer esa afirmación sin dar alguna justificación
seria y creíble de la misma, además debe tenerse en cuenta que no
aportó pruebas, ya que solicitó que se oficie para que se alleguen
los documentos que en su sentir, demuestran sus afirmaciones.
A su vez, se encontró que el número de identificación que dio en
Servientrega para el envío del escrito, corresponde al de otra
persona, tal como consta en la certificación en línea de la
Registraduría y Policía Nacional.
De acuerdo con lo anterior, en esta etapa del proceso se
tiene que de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, el escrito de recusación presentado se hizo por
una persona anónima, sin que se hubiera dado alguna razón
que justificara tal anonimato, razón por la cual no debía
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darse el trámite correspondiente […]”69 (Negrillas y subrayas
fuera de texto).
Posteriormente, mediante auto de 12 de marzo de 2020, la Sección
Quinta erigió unos requisitos formales en aras de otorgar efectos de
una recusación al respectivo escrito, lo que implicaba que:
“[…] la autoridad competente una vez tiene conocimiento de una
recusación, verifique si cumple con los requisitos mínimos para
catalogase como tal, los cuales se según se desprende de los
artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011 (tratándose de actuaciones
administrativas) corresponden al (I) señalamiento del servidor
público o particular que ejerce función pública sobre el que recae el
reproche y, (II) las razones por las que se estima que
respecto de aquél existe un conflicto entre el interés
particular y el general, razones que deben estar
encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del
caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas.
A los mencionados requisitos debe añadirse a la luz del artículo 16
de la Ley 1437 de 2011, que describe las pautas mínimas que debe
contener una solicitud, la identificación del solicitante (salvo que
exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener
la reserva de su identidad70), en tanto tal exigencia (I) permite
precisar el titular del derecho de petición que debe
garantizarse y (II) reviste de seriedad su ejercicio, “pues
obliga a que quien lo suscribe se haga responsable de las
afirmaciones que realice en sustento del mismo e impide que
se utilice para afectar impunemente derechos de terceros
como el buen nombre o la honra”71, como lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-951 de 2014 […]”72 (Negrillas
y subrayas fuera de texto).
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 27 de
febrero de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.
70 Ver: Corte Constitucional, sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014, magistrada
ponente Martha Victoria Sáchica Méndez.
71 Ídem.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de
marzo de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera
ponente Rocío Araújo Oñate.
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Luego, en la sentencia de 3 de septiembre de 202073, se hicieron
precisiones en torno a las anteriores reglas, así:
“[…] la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho que los
escritos de recusación deben cumplir con los siguientes requisitos:
(I) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…).
(II) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce
función pública, sobre el que recae el reproche y,
(III) Las razones por las que se estima que respecto de
aquél existe un conflicto entre el interés particular y el
general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar
jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de
las causales de impedimento legalmente establecidas.
En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quorum. Lo anterior, puesto que lo que hacen
los miembros del Consejo Directivo es constatar que el
escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de
no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán
rechazarlo y no darle trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es procedente
tramitarlo y producirá los efectos correspondientes. Ante la falta de
reglamentación del trámite de las recusaciones en los estatutos de
las corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
73 Esta tesis fue reiterada en la Sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de
radicación 11001-03-28-000-2019-00084-00, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso […]”74
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Finalmente, la Corporación se pronunció consolidando los requisitos
que deben verificarse en los escritos de recusación y que deben
cumplir mínimamente75:
“[…] (i) Identificación del solicitante, a menos de que exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva
de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia
C-951 de 2014 de la Corte Constitucional (…)
(ii) El señalamiento del servidor público o particular que
ejerce función pública, sobre el que recae el reproche y,
(iii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél
existe un conflicto entre el interés particular y el general, las
cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y
probatoriamente si es del caso, la configuración de las
causales de impedimento legalmente establecidas.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
3 de septiembre de 2020, número único de radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00,
consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 12 de
marzo de 2020, número único de radicación 11001-0328-000-2020-00009-00, consejera
ponente Rocío Araújo Oñate; sentencia de 3 de septiembre de 2020, número único de
radicación 11001-03-28-000-2020-00031-00, consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia de 18 de marzo de 2021, número único de radicación 11001-03-28-000-
2019-00084-00 (acum.), consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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En caso de que se verifique la falta de alguno de estos
requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos
propios de la recusación, esto es, no se suspende la
actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve
afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los
miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna
los requisitos mínimos formales, y en caso de no encontrarlos
acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle
trámite.
Si el escrito cumple con los requisitos de forma, es
procedente tramitarlo y producirá los efectos
correspondientes. Ante la falta de reglamentación del
trámite de las recusaciones en los estatutos de las
corporaciones autónomas regionales, debe aplicarse lo
establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y seguirse el
siguiente procedimiento:
1. Presentado el escrito de recusación, la actuación administrativa
se suspende hasta cuando sea resuelta. Con la suspensión del
procedimiento administrativo, se busca que la recusación se decida
antes de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente, en este caso, votar en la elección del director
general.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de la
recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta o no la
causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe decidir
de plano la recusación dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo, esto es, sin acudir a trámites o procedimientos
adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad competente para
decidir es el superior jerárquico del recusado, si no lo tuviere, lo será
la cabeza del respectivo sector administrativo y, a falta de los
anteriores, el Procurador General o Regional, según el caso (Énfasis
de la Sala) 76.
Así las cosas, los escritos de recusación al ser
manifestaciones que buscan separar del conocimiento de un
determinado asunto a la autoridad que por ley le
corresponde sustanciarlo y/o decidirlo, debe, al tenor del
artículo 12 de la Ley 1437, guardar una carga mínima de
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
17 de junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero
ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
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seriedad que se materializa en el escrito motivado que exige
la ley, en determinar el sujeto que lo propone y sobre el que
recae, las razones de hecho en que se fundamenta y la
causal taxativa en la que se subsume. Dicha suficiencia,
deviene de la necesidad de mantener en cabeza de los funcionarios
y demás autoridades, el cabal cumplimiento de sus funciones,
sin dilación alguna, por lo que, cuando deben ser separados
del ejercicio de ellas, éstas razones deben enmarcarse en la
defensa del interés general, la transparencia, eficiencia,
imparcialidad y demás principios que rigen la función
pública.
Es por ello que, cuando se verifica que falta alguno de los
elementos formales, atrás aludidos, que cualifican la
existencia precisa de la recusación, el trámite administrativo
debe seguir su curso, dado que no puede dotarse de efectos
a una petición que no cumple con los requisitos que el
legislador previó para su materialización, por lo que de suyo
deviene que no debe suspenderse la actuación y menos
separarse de su función a sujeto alguno, lo que conlleva a
que en los cuerpos colegiados no se afecte su quorum […]”77
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Así las cosas, la Sala Electoral señaló que “[…] la debida satisfacción
de los requisitos de procedibilidad de las recusaciones que se
desprenden de los artículos 11, 12 y 16 del CPACA, en los términos
en que han sido enunciados por esta Sección, esto es, (i)
identificación del peticionario o justificación de su anonimato; (ii)
identificación del servidor sobre el que recae el conflicto de interés
alegado; y, (iii) la exposición de las razones en que se funda
aquel “encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si
es del caso, la configuración de las causales de impedimento
legalmente establecidas”, deben ser examinados como la
carga mínima exigible para dotarlas del grado de seriedad
77 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
29 de septiembre de 2022, número único de radicación 68001233300020210084601,
consejero ponente Pedro Pablo Vanegas Gil.
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necesario con el fin de darles trámite y que la autoridad
proceda a resolverlas de fondo […]”78.
En cuanto al trámite de las recusaciones, el artículo 12 de la Ley 1437
determina el sendero a seguir ante su formulación, así:
“[…] Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro
de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con
escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del
respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador
regional en el caso de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si
acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el
conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un
funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del
expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el
recusado manifestará si acepta o no la causal invocada,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite
señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la
recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo
de los términos para que proceda el silencio administrativo se
reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso
1 de este artículo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A su vez, el Acuerdo núm. 837 de 29 de marzo de 2022, “[…] por el
cual se modifica el Acuerdo 741 de 2019 y se dictan otras
disposiciones […]”, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., en su
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
17 de junio de 2021, número único de radicación 032800020190006100 (acum.), consejero
ponente Luis Alberto Álvarez Parra.
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artículo 21, modificó el artículo 118 del Acuerdo núm. 741 de 25 de
junio de 2019, en cuanto al trámite de los impedimentos y
recusaciones, así:
“[…] Artículo 118.- Trámite de los impedimentos y de las
recusaciones.
Cuando para el concejal exista interés o beneficio particular
y directo en la decisión, este deberá declararse impedido de
participar en los debates o votaciones respectivas.
En caso de posible impedimento, desde su conocimiento y
hasta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el
concejal comunicará el asunto mediante escrito motivado
dirigido al Presidente de la Corporación.
Recibida la comunicación del concejal, el Presidente de la
Corporación la someterá a consideración de la Plenaria, desde el
mismo día de su presentación sin exceder los diez (10) días hábiles
siguientes a la fecha de su recibo.
En caso de ser aceptado un impedimento se procederá así:
1. Cuando se trate de impedimento para rendir ponencia, el
Presidente designará nuevo ponente mediante sorteo.
2. En los debates de proyectos de acuerdo y de control político, así
como la elección de funcionarios y los demás asuntos sometidos a
su consideración, el concejal impedido no participará del punto del
orden del día respectivo y el secretario dejará constancia expresa
en el acta.
Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de
algún concejal que no se haya comunicado oportunamente
a la Corporación, podrá recusarlo.
Toda recusación deberá presentarse por escrito y contener
los siguientes requisitos:
1. La identificación del recusante, salvo que exista una
justificación seria y creíble en el escrito de recusación, para
mantener la reserva de su identidad.
2. La identificación del concejal recusado.
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3. Los hechos en que se fundamenta, junto con los
elementos probatorios que considere necesarios para
soportarla.
4. La causal taxativa en la que se subsume y las razones por
las cuales se configure.
Recibido el escrito de recusación, la Mesa Directiva lo
remitirá al concejal recusado, para que manifieste si acepta
o no la causal invocada desde el mismo día de su
comunicación sin exceder los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de su formulación.
De conformidad con la Constitución, la ley y el presente
Reglamento, el Presidente de la Corporación continuará con
el respectivo trámite.
La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de
la recusación, hasta cuando se decida.
Parágrafo 1. El impedimento o la recusación aceptada producirán
plenos efectos durante toda la actuación administrativa, sin
importar la instancia en la que esta se encuentre y hasta tanto
persista el impedimento o la recusación.
Parágrafo 2. Cuando haya sido aceptado o negado un
impedimento, no podrá volverse a presentar otro frente al mismo
asunto y por la misma causal, ni tampoco procederá recusación
contra ese mismo concejal por el mismo asunto y la misma causal
a menos que se presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.
De igual forma, cuando se haya aceptado o negado una recusación,
el concejal no podrá manifestar un impedimento frente al mismo
asunto ni por la misma causal, ni tampoco se podrá proponer
nuevas recusaciones por las mismas razones, a menos que se
presenten hechos sobrevinientes o nuevas pruebas.
Parágrafo 3. Cuando una recusación haya sido rechazada y se
encuentre que hubo temeridad o mala fe, el Secretario General del
Concejo deberá remitir el caso a la autoridad competente […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Precisamente, respecto del trámite de las recusaciones de las
corporaciones públicas territoriales, en sentencia de esta Corporación
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judicial se precisó:
“[…] 2.4.2. Del trámite de la recusación en la Asamblea
Departamental
56. En cuanto al trámite de las recusaciones en los
organismos corporados, es importante señalar que por
mandato del artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, ante la falta
de norma expresa para su instrucción, se aplica lo dispuesto
en la parte primera del CPACA, que prevé:
Artículo 12. Trámite de los impedimentos y
recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará
dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la
actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere,
a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de
todos los anteriores, al Procurador General de la Nación
cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde
Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso
de las autoridades territoriales.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el
impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la
fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a
quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si
es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto
ordenará la entrega del expediente.
Cuando cualquier persona presente una recusación, el
recusado manifestará si acepta o no la causal invocada,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite
señalado en el inciso anterior.
La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentación de la
recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el
cómputo de los términos para que proceda el silencio
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que
hace referencia el inciso 1 de este artículo.
57. En sentencia de esta Sección, sobre el procedimiento previsto
en el artículo 12 citado y su aplicación, se precisó:
En primer lugar, sobre la aplicación del artículo 12 del CPACA
al trámite de las recusaciones de los miembros de los
consejos directivos de las corporaciones autónomas, esta
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Sección sostuvo79:
“(…) Aunque de una lectura desprevenida del artículo 12 del
CPACA parecería desprenderse que dicha norma no resulta
aplicable para la resolución de impedimentos y recusaciones
presentadas en el marco de las actuaciones administrativas
adelantadas por los órganos de dirección y administración de
las corporaciones autónomas, toda vez que, dichos cuerpos
no tienen un “superior” en el sentido estricto de la palabra y
al ser parte de una entidad autónoma tampoco tienen
“cabeza del respectivo sector administrativo” que supla la
ausencia de superior.
Lo cierto es que una hermenéutica sistemática de la
norma permite concluir que aquélla sí tiene aplicación
en las actuaciones administrativas, de carácter
electoral, que adelantan las corporaciones autónomas
regionales.
Esto es así si se tiene en cuenta la autonomía con que la
Constitución Política ha dotado a estas entidades, lo cual
deviene en una aplicación especial de la regla contenida en
el mencionado artículo.
En efecto, en estos casos al no existir “superior” o “cabeza
del respectivo sector administrativo” que pueda resolver los
impedimentos o recusaciones presentadas en relación con
uno de los integrantes del Consejo Directivo, se colige que a
quien corresponde resolver tal circunstancia es, justamente,
al resto de los integrantes del señalado cuerpo colegiado. Con
ello se garantiza que estas entidades resuelvan sus asuntos
sin la interferencia de otra autoridad administrativa,
preservando la autonomía constitucionalmente consagrada.”
(Negrillas fuera del texto original)
Así las cosas, esta es la norma aplicable por tratarse de una
elección no popular adelantada por una corporación
autónoma80.
58. En la misma providencia citada, se indicó que, de acuerdo con
lo anterior, el trámite para resolver una recusación es el siguiente:
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
26 de junio de 2016, número único de radicación 1100103280002016000800, consejero
ponente Alberto Yepes Barreiro.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
4 de agosto de 2016, radicado 2015-0054-00, consejero ponente Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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1. Presentado el escrito de recusación, la actuación
administrativa se suspende hasta cuando la recusación sea
resuelta. Con la suspensión del procedimiento
administrativo, se busca que la recusación sea resuelta antes
de que el funcionario recusado participe en la actuación
correspondiente, en este caso, votar en la elección del
director general.
En este punto debe tenerse en cuenta que, si bien la norma
no establece que la suspensión deba decretarse a través de
una providencia o actuación determinada, lo cierto es que el
funcionario recusado no puede ejercer sus competencias,
bien sea adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar
decisiones definitivas, hasta tanto la recusación sea resuelta.
2. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación de
la recusación, el servidor recusado debe manifestar si acepta
o no la causal invocada.
3. Surtido el trámite anterior, la autoridad competente debe
decidir de plano la recusación dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de su recibo, esto es, sin acudir a
trámites o procedimientos adicionales.
Finalmente, esta norma establece que la autoridad
competente para decidir es el superior jerárquico del
recusado, si no lo tuviere, lo será la cabeza del respectivo
sector administrativo y, a falta de los anteriores, el
Procurador General o Regional, según el caso”.
59. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala que los
estatutos de la Asamblea Departamental de Santander se
encuentran contenidos en la Ordenanza No. 041 de 2015 y
en ellos no hay regulación expresa sobre el trámite de los
impedimentos y las recusaciones. Sin embargo, por analogía
remitió el trámite de este procedimiento a la Ley 5º de 1992 […]”81
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En este punto, la Sala prohíja las consideraciones de la Corporación,
en torno a que, (i) para el trámite de las recusaciones de las
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de 29 de
septiembre de 2022, número único de radicación 68001233300020210084601, consejero
ponente Pedro Pablo Vanegas Gil.
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corporaciones públicas territoriales, por mandato del artículo 12 de
la Ley 1437, este se debe aplicar ante la falta de norma expresa para
su instrucción82, y (ii) que una hermenéutica sistemática de esa
norma permite concluir que aquélla sí tiene aplicación en las
actuaciones administrativas, de carácter electoral, que adelantan las
corporaciones públicas territoriales.
V.4.2.2.- De los criterios y requisitos de la recusación
formulada contra miembros de corporaciones públicas
territoriales en el marco de un procedimiento de elección de
dignatario
No obstante, como ya se advirtió, cualquier consideración en torno
la conducta desplegada por la concejal acusada durante su
participación, deliberación y votación en el referido asunto, debe
tener como punto de partida imprescindible un análisis detallado del
escrito de 17 de mayo de 2022 para establecer si correspondía, o no,
a una recusación formalmente considerada y, por lo mismo, si el
comportamiento del accionado encuentra una justificación razonable
y exculpatoria en los términos planteados desde su defensa.
Para ello debe tenerse en cuenta, bajo el criterio de la jurisprudencia
contenciosa administrativa y el artículo 118 del Acuerdo núm. 741 de
2019, modificado por el artículo 21 del Acuerdo núm. 837 de 2022,
que una recusación es aquella que contiene, como mínimo, (i) la
identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación
seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de
26 de junio de 2016, número único de radicación 1100103280002016000800, consejero
ponente Alberto Yepes Barreiro.
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identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-951
de 2014 de la Corte Constitucional; (ii) el señalamiento del servidor
público o particular que ejerce función pública, sobre el que recae el
reproche, en este caso el concejal; (iii) las razones de hecho por las
que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el
interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a
ilustrarlo jurídica y probatoriamente si es del caso; y (iv) la mención
de la causal de impedimento legalmente establecida.
Precisado lo anterior, se tiene que en el escrito de 17 de mayo de
2022: (i) el señor JORGE ABRAHAM MEJÍA CORREA se identificó
plenamente como el solicitante; (ii) señaló a la concejal DORA
LUCÍA BASTIDAS UBATÉ como la servidora pública sobre quien
recae el reproche; (iii) indicó que con fundamento en el artículo 118
del Acuerdo núm. 741 de 2019, modificado por el artículo 21 del
Acuerdo núm. 837 de 2022, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C.,
el accionado tenía los procesos de responsabilidad fiscal identificados
con núms. 50100-0035/07, 50100-0041/07 y 50100-0120/08,
adelantados por la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. por hechos
relacionados con el Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal, lo cual le impedía intervenir en la elección del contralor de
Bogotá, D.C., y, que, por lo mismo, (iv) se estaría violando el artículo
11 de la Ley 1437. Solicitó, luego de ello, que a la recusación se le
diera el trámite establecido en el citado artículo 118 del Acuerdo
núm. 741 de 2019.
La Sala advierte, en este punto, que el artículo 272 de la Constitución
Política de Colombia, modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo
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04 de 18 de septiembre de 201983, establece que “[…] Los
Contralores departamentales, distritales y municipales serán
elegidos por las Asambleas Departamentales, Concejos
Municipales y Distritales, de terna conformada por quienes
obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública
conforme a la ley, siguiendo los principios de transparencia,
publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de
género, para un periodo de cuatro años que no podrá coincidir
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde […]”.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6º del Acto Legislativo
04 de 2019, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
expidió la Resolución núm. 0728 del 18 de noviembre de 201984, en
cuyo artículo 10º se prevé que “[…] La corporación pública
correspondiente conformará la terna con quienes ocupen los tres
primeros lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de
ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, por
orden alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo
que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no
implican orden de clasificación de elegibilidad […]”.
Debe resaltarse que el Acuerdo núm. 741 de 2019, reglamento
interno del Concejo de Bogotá, D.C., en cuanto al deber
constitucional y legal de los concejales de elegir al contralor distrital,
determina lo siguiente:
“[…] Artículo 101.- Servidores públicos sujetos a
elección. La Plenaria del Concejo de Bogotá D. C., en la forma
83 “[…] Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal […]”.
84 “[…] Por la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de
selección de contralores territoriales […]”.
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prevista en el presente Reglamento elige: Mesa Directiva del
Concejo de Bogotá D.C., Secretario General del Concejo,
Miembros de /as Comisiones Permanentes, Contralor y
Personero Distrital. Las Comisiones Permanentes eligen su
respectiva Mesa Directiva y el Secretario correspondiente.
Parágrafo. Siempre que por cualquier circunstancia se haga
una elección después de haberse iniciado un periodo, se
entiende hecha solo para el resto del periodo en curso que haga
falta.
(…)
Artículo 105. <Modificado por el art. 25, Acuerdo 837 de
2022>. - El Concejo de Bogotá, D.C., elegirá Contralor de
Bogotá durante las sesiones ordinarias de noviembre
anteriores al vencimiento del periodo constitucional del
Contralor y para un periodo institucional de cuatro (4)
años, que iniciará un primero de enero y concluirá el
treinta y uno de diciembre, de conformidad a lo
establecido en el artículo 272 de la Constitución Política,
la Ley 1904 de 2018, la Resolución 728 de 2019 de la
Contraloría General de la República y las normas que las
modifiquen o sustituyan.
Parágrafo. La Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, D.C.,
adelantará el respectivo proceso de convocatoria pública
de conformidad con las normas legales vigentes. […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Resulta evidente que elegir el contralor municipal o distrital, -en este
caso el de Bogotá, D.C.-, es una función constitucional, legal y
reglamentaria a cargo de los concejos, por lo que solo ante la
existencia de una circunstancia que afecte de manera personal y
directa al miembro de la corporación pública, le surge a este el deber
de declararse impedido para no participar en el proceso electoral con
el fin de garantizar no solo los principios de la función pública tales
como la moralidad y la transparencia, sino también que no se
comprometa la imparcialidad del voto que se emita.
En medio de este contexto, en el que está involucrado una función
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pública de alto valor y peso constitucional, no cualquier escrito
constituye una recusación formal con el potencial requerido para ser
tramitada como tal, ni para lograr separar a la concejal del
cumplimiento del deber funcional que le subsiste en calidad de
servidora pública o apartarla de su intervención en el procedimiento
administrativo de elección del contralor, -como ocurrió en el asunto
sub iudice-, menos aun si el motivo de la censura es, precisamente,
la existencia de supuestos procesos activos de responsabilidad fiscal
que puedan llegar a comprometer la ecuanimidad de la cabildante.
No en vano, tanto los artículos 11 del CPACA y 118 del Acuerdo núm.
741 de 2019, modificado por el artículo 21 del Acuerdo núm. 837 de
2022, como la jurisprudencia de esta Corporación judicial, exigen,
dentro de los requisitos de la recusación, que esta se formule junto
con las evidencias que permitan ilustrar, jurídica y probatoriamente,
los hechos que se decidan enrostrar en contra del concejal; la Sala
pone de relieve que son tres los objetivos claros que se deben
procurar con ello: (i) corroborar la seriedad y solidez del escrito
recriminatorio, el cual debe estar acorde con la complejidad del
trámite político-administrativo, judicial, electoral o de control
político, entre otros, que tenga a su cargo el concejal; (ii) evitar las
suspensiones y traslados, e impedir que el asunto sufra dilaciones
injustificadas por la admisión de memoriales ligeros e insuficientes;
y (iii) blindar el desarrollo integral del respectivo trámite en
cumplimiento del deber constitucional, legal o reglamentario que
convoque a la corporación territorial, garantizando así el interés
superior de la función pública por encima de actos triviales,
incorrectos o temerarios.
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V.4.2.3.- Es por esto por lo que, a partir de los criterios expuestos y
tal como la Sección ya tuvo oportunidad de determinarlo en casos
similares al actual cuyas consideraciones ahora se prohíjan85, de las
pruebas y normas examinadas en el marco constitucional, legal y
reglamentario del procedimiento de elección de contralor de Bogotá,
D.C., para la Sala no cabe duda que el escrito de 17 de mayo de
2022 no corresponde al de una recusación formalmente considerada,
y sí a un mecanismo cuyo trámite implicaba una dilación injustificada
porque no cumplió con los requisitos exigidos tanto por la
jurisprudencia de esta Corporación judicial como del reglamento
interno del Concejo de Bogotá, D.C., circunstancia que, por lo mismo,
le impedía producir los efectos propios de tal instrumento de censura
al interior del comportamiento del accionado.
Conforme fue citado, si bien en el escrito se identificó plenamente su
suscriptor y mencionó la eventual existencia de procesos de
responsabilidad fiscal en contra de la concejal DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, lo cierto es que ello no es suficiente para erigirse
en una recusación formal, en la medida en que, precisamente, a este
tipo de recriminaciones lanzadas en medio de un procedimiento
electoral para elegir contralor distrital, cuando se alega que el
cabildante tiene activo, aparentemente, un juicio fiscal, se les debe
exigir un mayor esfuerzo probatorio y una diligencia cualificada en la
presentación de los documentos que permitan corroborar, desde el
principio, la seriedad y solidez de las razones reprochadas.
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 10 de agosto de
2023, número único de radicación 25000231500020220092601, consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón; de 27 de abril de 2023, número único de radicación
25000231500020220092701, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón; de 20 de abril
de 2023, número único de radicación 25000231500020220088901, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés; y de 11 de mayo de 2023, número único de radicación
25000231500020220101601, consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Las reglas de la experiencia le permiten a la Sala observar, que no
son la mayoría de los ciudadanos los que están involucrados en la
veeduría y control social de la elección de dignatarios como los
personeros y contralores territoriales, sino que, por el contrario,
dicho interés es mantenido por personas dedicadas al seguimiento
de cerca de estos trámites electorales, en el ejercicio legítimo y
necesario de los mecanismos de supervisión democrática, motivo por
el cual están familiarizados tanto con los detalles de las convocatorias
públicas, conformación de ternas, requisitos, pruebas de
conocimiento, cronogramas, publicación de resultados, entrevistas y
demás etapas evacuadas en el seno de la corporación pública, como
con las herramientas disponibles para obtener información y
evidencias de los órganos de control para elaborar las respectivas
recusaciones, denuncias, quejas, e incluso, acciones judiciales, entre
otras diligencias propias del desarrollo de sus veedurías.
En este sentido, estima la Sala que así como el señor JORGE
ABRAHAM MEJÍA CORREA obtuvo información relativa a que hubo
procesos de responsabilidad fiscal identificados con núms. 50100-
0035/07, 50100-0041/07 y 50100-0120/08, adelantados por la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. contra la concejal DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, también tenía la carga de indagar, auscultar y
recoger las evidencias ante dicho ente de control86 que permitieran
comprobar la rigurosidad de su reproche, -o al menos probar que no
le fue posible conseguirlas a pesar de haber ejercido el derecho de
86 La CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C., tiene a disposición en su página web un ‘formulario
electrónico para la recepción de solicitudes de información pública’, mediante el cual recibe
los derechos de petición de forma virtual:
[http://sigespro.contraloriabogota.gov.co/webfilePQRS/].
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petición de información-, y así verificar: (i) si la investigación estaba
activa o no; (ii) si había sido archivada o no; o (iii) en qué fase se
encontraba, entre otros datos de acceso público no sujetos a reserva,
que viabilizaran la configuración de un impedimento susceptible de
recursarse.
De haber evacuado esta gestión, el interesado no habría encontrado
motivos reales para formular escrito de recusación alguno y se
hubiera abstenido de poner en duda la imparcialidad de la cabildante,
evitando así la interrupción de la sesión plenaria, habida cuenta que,
conforme se pudo constatar, a pesar de que la CONTRALORÍA DE
BOGOTÁ D.C. aperturó los referidos procesos de responsabilidad
fiscal, lo cierto es que ese mismo ente de control decidió archivarlos
a través de decisiones que quedaron debidamente ejecutoriadas.
Se encuentra probado que el ciudadano pregonó ante el Concejo de
Bogotá, D.C. la existencia de los procesos de responsabilidad fiscal
identificados con núms. 50100-0035/07, 50100-0041/07 y 50100-
0120/08 con el ánimo, entre otros propósitos, de dificultar el
cumplimiento del deber constitucional y legal de elección del
contralor distrital en cabeza de la accionada, luego de optar por no
buscar u omitir la información que demostraba que aquellos
permanecían archivados desde el 16 de octubre de 2007, 4 de
diciembre y 26 de agosto de 2009, respectivamente, esto es desde
hacía más de trece años, sin que pudiese constituir motivo de
impedimento alguno.
V.4.2.4.- La intención de retardar la elección del contralor distrital,
período 2022-2025, pone de manifiesto que al escrito de 17 de mayo
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de 2022, presentado por el ciudadano JORGE ABRAHAM MEJÍA
CORREA, no se le pueden atribuir los efectos propios de una
recusación formal, y, por lo mismo, la deliberación y votación
ejercidas por la accionada para rechazarlo de plano, encuentran
justificación razonable y exculpatoria en tanto que (i) actuó bajo la
íntima e insuperable convicción de que no era un mecanismo legítimo
con capacidad de separarla del trámite electoral, así como que (ii)
su comportamiento no quebrantaba el ordenamiento jurídico al no
resultar cierta la supuesta vigencia del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 50100-0264-05.
Se reitera la prueba de la intervención de la accionada DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, durante la citada sesión, que dan cuenta de lo
corroborado por la Sala:
“[…] H.C. DORA LUCÍA BASTIDAS UBATÉ: Presidente, primero,
yo sí creo que hay que hacer las investigaciones pertinentes, aquí lo
digno es que lo recusen, ha sido un sinfín de meses, nos toca traer
la torta cuando cumplamos el año de las recusaciones y yo
efectivamente tuve procesos de responsabilidad fiscal, como
lo hemos tenido todos los que hemos estado en cargos
públicos, los que no han administrado ni la casa, pues
obviamente no tienen absolutamente nada, nada porque no
han hecho nada y me parece temeraria Presidente la
recusación que hacen contra nosotros como concejales
cuando son procesos, los míos del 2007, que además se
cerraron y se archivaron porque tengan en cuenta que
cuando acabamos un cargo público 5 años para pagar
abogados, pólizas y demás y me hace acordar que yo a uno
de esos procesos fui a hablar con el investigador que ponen
de planta de la Contraloría y me dijo en ese momento lo
siguiente “Lucía, aquí no hay absolutamente nada, pero
tengo orden de joderla” en ese momento. Finalmente eso lo
archivaron. Así me dijeron, finalmente eso lo archivaron
porque por desgracia utilizan los órganos de Control a veces
para joder a la gente.
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Entonces yo creo Presidente uno, que hay que investigar, sí y se lo
mandaron a unos concejales específicamente al correo electrónico
ahi veo, ahí ustedes lo tienen y saben a quiénes, pero yo sí quiero
que investiguemos Presidente -Secretario, si me deja hablarle al
Presidente gracias- si corresponde al nombre el número de cédula
o no para que mandemos a la Registraduría, porque o si no, están
usurpando identidades, están falsificando un documento y que la
línea telefónica también sin llamar usted Presidente, porque
después lo meten en problemas como la vez pasada, que se sepa a
quién corresponde esa línea de teléfono que ponen ahí, yo creo que
hay que oficiar a la Registraduría, a las empresas de telefonía celular
y a la Fiscalía para que nos den una respuesta. Ya no más, los que
quieran saber algo sobre mi vida personal y pública, por favor,
pregunten, porque ahí ponen una parte de la información
Presidente, doctor Julián le estoy hablando al Presidente, gracias,
porque ahí ponen una parte de la información Presidente,
que efectivamente tuvimos investigaciones, pero les faltó un
pedacito de la información y era que estos procesos estaban
archivados y no por tiempo, sino porque no hubo ha lugar en
esas investigaciones de las auditorías que anualmente le
hacen a todos los funcionarios públicos y que salen de
carácter penal, administrativo y demás en esas auditorías.
Les faltó complementar el cuadrito que hicieron, lo que es mal
intencionado y es con el fin de retrasar este proceso. A las malas
no, y yo creo que lo vamos a acompañar los concejales de Bogotá
en las investigaciones que esperamos que por fin den algún
resultado Presidente. Entonces, yo no tengo ninguna
investigación abierta, ningún proceso de responsabilidad
abierto porque eso fue hace 15 años y en el Gobierno
Nacional que fue hace más poquito, tampoco tengo
absolutamente nada […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
A su vez, la conducta de la concejal también logra eximirse de
responsabilidad por cuanto no se puede perder de vista que la
actuación de quien suscribió el escrito constituyó un abuso del
derecho, lo cual supone que “[…] su titular haga de una facultad o
garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance
y a la extensión característica que le permite el sistema. Se
presenta cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan
los límites que el ordenamiento le impone a este, con independencia
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de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la
extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras el daño
le es meramente accidental […]”87.
Por lo precedente, la Sala no puede admitir que a partir de la
extralimitación y uso irregular que se le imprimió al memorial de 17
de mayo de 2022, invocándose además una situación irreal para ello,
se derive la comisión de una conducta dolosa o gravemente culposa
por parte de la acusada; por el contrario, la actuación de la concejal
lo fue desprovista de cualquier dolo o culpa grave, lo cual descarta la
prueba del elemento subjetivo de la causal de violación al régimen
de conflicto de intereses con fines de pérdida de investidura.
V.4.2.5.- Coadyuvan en la exoneración del dolo y culpa grave de la
concejal otras circunstancias que emergen del desenlace de los
hechos analizados en el caso concreto y que la Sala resalta así:
V.4.2.5.1.- En este asunto en particular, no se puede soslayar lo
advertido por la accionada y otros concejales, respecto de lo sucedido
recientemente en el Concejo de Bogotá, D.C., corporación que tuvo
que afrontar un sinnúmero de recusaciones en medio del debate de
la iniciativa de revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial,
POT, del Distrito Capital de Bogotá, recusaciones que, según lo
afirmado, impidieron su aprobación dentro de los noventa días
calendarios previstos en el artículo 12 de la Ley 810 de 13 de junio
87 Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de 200388 y 2.2.2.1.2.3.5 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201589
y, en consecuencia, condujeron a que se apropiara dicha revisión
mediante el Decreto 555 de 29 de diciembre de 202190, expedido
directamente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., entre otras
materias tales como ‘Presupuesto’ y ‘Región Metropolitana’ que,
aparentemente, corrieron con la misma suerte:
“[…] H.C. CARLOS ALBERTO CARRILLO ARENAS: Gracias señor
Presidente, pues vemos una vez más el mismo numerito que
salvó el POT, aquí fue una recusación la que le permitió a
Claudia López decretar el Decreto 555 y hacer lo que quiso
con el futuro de la ciudad quién está detrás de estas
recusaciones, pues es imposible saberlo, pero hay una cosa
señor Presidente y es que yo entiendo que aquí hay algunas
recusaciones que no tienen ningún sentido, es que están
recusando a algunos concejales por unos procesos que son
de hace tanto tiempo que quizás algunos concejales ni
siquiera habían nacido Presidente, esto es realmente un
absurdo, pero el trámite de estas recusaciones es como es,
y aquí no podernos ponernos a inventar nada niegan las
recusaciones, si usted somete a consideración estas
recusaciones señor Presidente, yo las votaré de manera
negativa. La concejal Lucía Bastidas no está impedida, el concejal
Germán García al menos por esto que dicen en mi opinión no está
impedido, otra cosa es el tema que habíamos hablado la semana
anterior, el concejal Acevedo menos, esto no debe seguir ocurriendo
88 “[…] Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones
urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones
[…]”: “Artículo 12. Reglamentado por el Decreto Nacional 2079 de 2003. Los Concejos
Municipales y Distritales podrán revisar y hacer ajustes a los Planes de Ordenamiento
Territoriales ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde. Si el
concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer
por decreto el alcalde […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
89 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio […]”: “[…] Artículo 2.2.2.1.2.3.5 Trámite para aprobar y adoptar
las revisiones. (…) Cuando los municipios hayan adoptado su Plan de Ordenamiento
Territorial - POT por primera vez, se entenderá que los siguientes proyectos corresponden
a la revisión o modificación del mismo, para los cuáles, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 810 de 2003 transcurridos noventa (90) días
calendario desde la presentación del proyecto de revisión o modificación del Plan
de Ordenamiento Territorial - POT o de alguno de sus contenidos al concejo
municipal o distrital sin que este apruebe, el alcalde podrá adoptarlo por decreto
[…]”.
90 “[…] Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá D.C. […]”.
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señor Presidente, pero nosotros no podemos inventarnos la Ley […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
“[…] H.C. MARCO FIDEL RAMÍREZ ACOSTA: Presidente mire, yo me
anticipé en la discusión de la Región Metropolitana, escenario que
además quienes están detrás de manera sistemática y
consecutiva presentar recusaciones para impedirle a este
Concejo que no se traten los temas que se tienen que tratar
como lo fue el Plan de Ordenamiento Territorial, como lo fue
la discusión del Presupuesto, tuvo que salir por Decreto
porque no pudimos discutir el Presupuesto, como lo fue la
Región Metropolitana y ahora como lo es una función
constitucional de este Concejo que es elegir este Ente de
Control, se lo dije en la Región Metropolitana si este Concejo
no se pone de acuerdo para rechazar estos procedimientos
que están paralizando al Concejo, no vamos a cumplir con
nuestras propias funciones señor Presidente y quiero
recordarle hoy que con toda la argumentación jurídica y lo
que ha expuesto el concejal Arrieta, el concejal Emel y con
la legalidad que se ha sustentado tenemos que rechazar esto
señor Presidente o si no, vamos a tener que seguir
recibiendo este tipo de recusaciones y van a paralizar el
Concejo de Bogotá.
Le solicito que proceda a consultarle a la Plenaria y que tomemos
una decisión, si defendemos una posición como Corporación de
evitar que estos procesos se sigan dando o si seguimos aceptando
que nos sigan paralizando. Gracias Presidente […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
Precisamente, ante la necesidad de evitar el uso excesivo e indebido
de las recusaciones, se promovió la modificación del reglamento
interno de esa corporación, con el ánimo de dotar a sus miembros de
elementos de juicio que les permitieran rechazar escritos con
apariencia de recusación, que en realidad lo que consiguen es
impedir la discusión y aprobación de los proyectos de acuerdo
sometidos a su consideración o, como en este caso, la votación para
la escogencia de los dignatarios, todo en ello en cumplimiento de
deberes constitucionales, legales y reglamentarios:
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“[…] H.C. ÁLVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN: Pero señor
Presidente antes de eso, esta Corporación acordó, y fue la
discusión anterior a una recusación y a unos impedimentos,
que usted vigilaría por el requisito de procedibilidad,
entonces yo sí le solicito que con respecto a mi caso, veo que
es una cuestión temeraria y que proceda a ejercer por
primera vez esa facultad con mi caso a rechazarla de plano,
porque no ha lugar y por los mismos términos que se están
dando después de pasados 17 años (…)
H.C. EMEL ROJAS CASTILLO: Presidente muchas gracias, nosotros
hemos presentado como lo planteó el concejal Arrieta y el concejal
Argote, una proposición para que se modificara el orden del día, si
usted revisa Presidente, la proposición fue aprobada por los
concejales y ahí nosotros colocamos de primero, como diría un
amigo mío, primero están los impedimentos, entonces lo que
corresponde y yo también estoy de acuerdo en que nosotros
no tenemos que inventarnos nada, la ley es clara, ahora
estaba leyendo con el concejal Arrieta la Sentencia y el concepto
también del Consejo de Estado, no tenemos ningún problema,
nuestro Reglamento nos autoriza que votemos el
impedimento del concejal Asprilla y que luego estamos
facultados y usted presentó esa facultad hoy y el
Reglamento lo permite, de rechazar de plano cuando no se
cumpla con los requisitos que como lo dijo el concejal
Carrillo pues son evidentes que están torpedeando, así de
sencillo.
(…)
PRESIDENTE: No concejal Celio, en el Reglamento del
Concejo, en el último Reglamento quedó establecido que hay
unas causales que deben tener cada una de las
recusaciones, que si esas causales no están la Mesa
Directiva someterá a la Plenaria si tramita o no la recusación
presentada por los requisitos mínimos establecidos, en los
dos casos que llegó la recusación como lo dijimos, el concejal
Acevedo, la concejal Lucía, el concejal Germán y el concejal
Samir pues no hay causal a impedimento porque no existen
las investigaciones ni el supuesto interés, por eso
obviamente ponemos en consideración de la Plenaria, si la
Plenaria en su mayoría me dice que hay que tramitar la
recusación, pues yo obviamente tengo la obligación de
tramitarla y miramos si la podemos tramitar, suspendemos
la sesión y la tramitamos inmediatamente y si me dice que
no, pues la rechazamos de plano y vamos con el siguiente
punto del orden del día.
(…)
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H.C. GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA: Presidente, en el mismo
sentido, yo creo que acá nos dimos una pela importantísima
en lo que tenía que ver con la modificación del Reglamento,
fueron meses en que la Comisión de Gobierno trabajó con
ese propósito, es decir, reglamentariamente se permite a
ustedes como Mesa Directiva establecer si rechazan de
plano este tipo de actuaciones que a toda luz son temerarias,
es un precedente importante que se tiene que trazar el día
de hoy, entonces Presidente, yo sí creo que usted debe
poner a consideración de la Plenaria, el hecho de rechazar
de plano estas cuatro recusaciones y creo que nosotros ya
hemos venido diciendo exactamente lo mismo, entonces
creo que ya pasemos a votación para surtir el orden del día.
(…)
H.C. GLORÍA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ: Muy corto y es, en su
momento yo tuve la oportunidad de votar el artículo 118 del
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá está vigente, no
ha sido demandado, yo actúo con la presunción de la buena
fe de que efectivamente goza de legalidad y en virtud de eso,
pues yo si le quiero pedir Presidente porque mañana vuelven
y recusan y así vamos a estar no solo para este tema sino
para absolutamente todos, sino de verdad pare de contar y
cerremos el Concejo de Bogotá, eso es una absoluta
vergüenza y en ese sentido le pediría que votemos. Gracias
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Del acta núm. 039 de 17 de mayo de 2022, la Sala evidencia que era
la primera vez, desde los inconvenientes sufridos con la presentación
masiva de recusaciones en el trámite de la revisión general del POT
de Bogotá, D.C., que el Concejo de Bogotá, D.C. acudía al recién
modificado artículo 118 del Acuerdo núm. 741 de 25 de junio de
2019, respecto del ‘Trámite de los impedimentos y de las
recusaciones’, con el ánimo de rechazar todas las recusaciones que
llegaron apenas una hora antes del inicio de la sesión prevista para
elegir al contralor distrital.
Ello, en medio de una palmaria confusión entre los miembros de la
plenaria, en la que no hubo consenso generalizado acerca de cuál era
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el trámite que tenía que seguir el escrito de 17 de mayo de 2022,
pues algunos sostuvieron que debía surtirse el respectivo traslado al
recusado y suspenderse la sesión hasta que se resolvieran todas las
recusaciones, mientras que otros sostenían la tesis que finalmente
se impuso, -entre ellos la concejal accionada-, según la cual tenía
que ser rechazada por ausencia de requisitos y resultar abiertamente
temeraria por dilatoria.
Por lo tanto, el intento de aplicar una nueva norma reglamentaria,
implementada con el ánimo de evitar la interrupción injustificada del
procedimiento de elección del contralor de Bogotá, D.C., teniendo
como reciente antecedente la no aprobación de la revisión del POT
de Bogotá, D.C., -luego que la interposición y trámite de numerosas
recusaciones conllevó a exceder los noventa días sin que aquél fuese
expedido-, así como los inconvenientes de las recusaciones
presentadas en el trámite de aprobación del ‘Presupuesto’ y ‘Área
Metropolitana’, sin lugar a dudas representan un escenario confuso y
novedoso que justifican, en este caso particular, la equivocación de
la concejal, quien en un lapso muy corto de tiempo tuvo que decidir
respecto de si se abstenía o no de votar el rechazo del escrito de 17
de mayo de 2022, conducta que, a partir de lo corroborado en el
expediente, permanece desprovista del dolo o culpa grave necesarios
para la configuración de la causal de conflicto de intereses con fines
de pérdida de investidura.
V.4.3.- Por las razones expuestas, al no evidenciarse la configuración
del elemento subjetivo de la causal consistente en la violación del
régimen de conflicto de intereses, la Sala procederá a confirmar la
sentencia apelada en el sentido de denegar la solicitud de pérdida de
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investidura de la concejal de Bogotá, D.C., señora DORA LUCÍA
BASTIDAS UBATÉ, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 31 de agosto de 2023.
OSWALDOGIRALDOLÓPEZ NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN
Presidente
Salvavoto
HERNANDOSÁNCHEZSÁNCHEZ JOSÉGREGORIOHERNÁNDEZGALINDO
Aclara voto Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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