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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00087-01

Fecha
11 de julio de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2024-00087-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 52 Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01 Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 68001-23-33-000-2024-00087-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 680012333000202400087011
Recurso de apelación contra la sentencia de 3 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

TESIS: NO SE CONFIGURA CONFLICTO DE INTERESES EN CABEZA DE
DIPUTADOS DE SANTANDER ENCARGADOS DE ELEGIR AL CONTRALOR
DEPARTAMENTAL, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 56, LITERAL E) DE LA
LEY 2200 DE 2022. DE IGUAL FORMA, QUEDÓ PROBADO QUE AL MOMENTO
DE LA ELECCIÓN NO HABÍA SIDO NOTIFICADO EN DEBIDA FORMA EL AUTO
DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL RECIÉN
INICIADO CONTRA AQUELLOS, TAL COMO LO EXIGEN LOS ARTÍCULOS 106
DE LA LEY 1474 DE 2011 Y 67, 68 Y 69 DEL CPACA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionante
contra la sentencia de 3 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual denegó la
pérdida de investidura de los diputados del departamento de
Santander, señores CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, HUGO
ANDRÉS CARDOZO RUEDA, ANABEL TARAZONA IGUÁVITA,
NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ
GÓMEZ, ALFONSO PINTO FRATTALI, JONATHAN ALEJANDRO

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

DUARTE ROJAS y MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO, por
hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El ciudadano ISRAEL GALLEGO MEDINA, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de la investidura de los
señores CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, HUGO ANDRÉS
CARDOZO RUEDA, ANABEL TARAZONA IGUÁVITA, NOÉ
ALEXANDER MEDINA SOSA, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ
GÓMEZ, ALFONSO PINTO FRATTALI, JONATHAN ALEJANDRO
DUARTE ROJAS y MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO,
diputados del departamento de Santander, por hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2020-2023, al considerar que
incurrieron en la causales previstas en los artículos 48, numeral 1,
de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002 y 60, numeral 1, de la Ley
2200 de 8 de febrero de 20223, en concordancia con el artículo 56
de la Ley 2200, esto es por violación al régimen de conflicto de
intereses.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:

Señaló que el 28 de noviembre de 2023, durante el proceso de
elección del controlador general de Santander, uno de los ternados

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del
gasto público nacional […]”.
3 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los departamentos […]”.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

renunció, razón por la cual la Mesa Directiva de la Asamblea
Departamental de Santander, conformada por los diputados RENÉ
RODRIGO GARZÓN, HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA y
GIOVANNY HERALDO LEAL, decidió reconformarla y llamar a
entrevista ante toda la plenaria al siguiente aspirante en la lista,
siendo citado para el 15 de diciembre de ese año.

Indicó que al inicio de la sesión de 15 de diciembre de 2023, en la
cual se pretendía escuchar al nuevo miembro de la terna, se
conoció, de acuerdo con lo señalado por los mismos diputados, que
la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER había dado
apertura al proceso de responsabilidad fiscal núm. 2023-080 contra
varios diputados, en ejercicio de sus funciones para ese momento,
así: NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA, HUGO ANDRÉS
CARDOZO RUEDA, JONATHAN ALEJANDRO DUARTE ROJAS,
PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ, GIOVANNI HERALDO LEAL
RUIZ, MAURICIO MEJÍA ABELLO, ALFONSO PINTO FRATTALI,
CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, MARGGY CAROLINA
RANGEL BUENO, NAKOR FERNANDO RUEDA ORTEGA, ÓSCAR
MAURICIO SANMIGUEL RODRÍGUEZ, LUIS FERLEY SIERRA
JAIMES y ANABEL TARAZONA IGUÁVITA.

Mencionó que, en efecto, los diputados MAURICIO MEJÍA BELLO
y GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ, en el desarrollo de la
audiencia de 15 de diciembre de 2023, pidieron retirarse de la
sesión por la ilegalidad de la situación, así como el diputado HUGO
ANDRÉS CARDOZO RUEDA, quien manifestó que con tal
investigación la Asamblea no podría elegir, como consta en el
minuto 23:04 del video de la sesión. Y que a pesar de haber

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

quedado claro que los diputados sabían que existía un conflicto de
intereses, pues así lo mencionaron, no presentaron impedimento o
recusación alguna, como lo avizoró el entonces diputado LUIS
FERLEY SIERRA JAIMES, quien manifestó que iban empezar las
recusaciones para impedirles votar, -minuto 20:58 del video de
sesión de 15 de diciembre-.

Aseveró que los accionados también conocían los hechos de la
investigación debido a que suscribieron la solicitud de 15 de
diciembre de 2023 ante la CONTRALORÍA GENERAL DE
REPÚBLICA, en la que pidieron su ‘Intervención funcional
excepcional’ ante la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,
para que aquella asumiera la referida investigación por el presunto
daño fiscal que se les endilgaba por diferencias en la liquidación de
prestaciones y seguridad social de los miembros de la Asamblea
Departamental de Santander, -video 1:14:47 hasta 1:15:53,
aproximadamente-. Y que con esa actuación quedó demostrado que
los accionados se notificaron por conducta concluyente desde antes
de la elección del contralor general de Santander.

Manifestó que la Asamblea Departamental de Santander en sesión
de 19 de diciembre de 2023, ad portas de finalizar el citado período
constitucional, eligió al señor REYNALDO MATEUS BELTRÁN
como contralor general de Santander con diez votos, entre los que
se encontraban los de los diputados accionados CLAUDIA LUCÍA
RAMÍREZ CARREÑO, HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA,
ANABEL TARAZONA IGUÁVITA, NOÉ ALEXANDER MEDINA
SOSA, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO PINTO
FRATTALI, JONATHAN ALEJANDRO DUARTE ROJAS y

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO; y que estuvieron ausentes
los diputados ÓSCAR MAURICIO SANMIGUEL RODRÍGUEZ,
MAURICIO MEJÍA ABELLO, LUIS FERLEY SIERRA JAIMES,
NAKOR FERNANDO RUEDA ORTEGA y GIOVANNI HERALDO
LEAL RUIZ.

Sostuvo que a pesar de la apertura de la investigación fiscal y que
tal notificación se surtió antes de la citada elección, los accionados
votaron sin haberse declarado impedidos para elegir al señor
REYNALDO MATEUS BELTRÁN, contralor general de Santander,
vulnerando así el ‘régimen de impedimentos y recusaciones’, pues
existe un conflicto de intereses entre el servidor público que está
siendo investigado por la entidad fiscal departamental y quién
asumirá su dirección, todo ello amparado en el artículo 40 de la Ley
734 de 5 de febrero de 20024.

I.3.- Los diputados, por intermedio de apoderados judiciales,
contestaron la solicitud de pérdida de investidura oponiéndose a la
pretensión de desinvestidura, para lo cual manifestaron, en síntesis,
lo siguiente:

• El señor NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA adujo la inexistencia
de un conflicto de intereses en la elección del contralor general de
Santander, toda vez que al momento de su votación no había sido
notificado de manera formal el auto que abría la investigación
fiscal, puesto que el 15 de diciembre de 2023 solo le había llegado
una citación vía electrónica para que acudiera a notificarse en
debida forma.

4 “[…] Por la cual se expide el Código Disciplinario Único […]”.

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

• Por su parte, los señores HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA,
ANABEL TARAZONA IGUÁVITA y MARGGY CAROLINA RANGEL
BUENO señalaron la inexistencia de conflicto de interés al
momento de la votación, por no haberse notificado en debida forma
la apertura del presunto proceso de responsabilidad fiscal por la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.

• La señora CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO alegó la
inexistencia de la causal de conflicto de intereses, porque la prueba
que refiere el solicitante es un oficio que remitió la CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTANDER a la Asamblea Departamental de
Santander, sin que se pueda tener como notificación personal a
cada diputado.

• El señor ALFONSO PINTO FRATTALI respondió que no se
configura la causal alegada por el solicitante, habida cuenta que al
momento de surtirse la elección del contralor departamental no se
encontraba notificado del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 2023-080; y que tampoco está probado
el beneficio particular y directo que haya obtenido con dicha
elección.

• Los señores PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ y JONATHAN
ALEJANDRO DUARTE ROJAS sostuvieron que el solicitante no
explicó con claridad en qué consistía la supuesta causal de pérdida
de investidura y tampoco ofreció un material probatorio que
evidenciara en qué modo se configura el conflicto de intereses; y
que al revisar el material documental aportado en la solicitud de
desinvestidura, se observa que la sustentación de sus pretensiones

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

se reduce al Oficio de Información de la CONTRALORÍA GENERAL
DE SANTANDER de cuyo contenido no se logra evidenciar que
constituya un auto de apertura de un proceso de responsabilidad
fiscal.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 3 de abril de 2024, denegó la
pérdida de investidura de los accionados, para lo cual señaló que al
momento de la votación para elegir contralor general de Santander
no era exigible que los diputados se declararan impedidos, ya que
en ese momento no estaban notificados del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal iniciado en su contra,
personalmente ni por aviso como forma supletoria.

Indicó que para el día de la elección no se había cumplido el
término de cinco (5) días que los accionados tenían para acudir a
notificarse personalmente del auto de apertura, pues al recibir el
citatorio el 15 de diciembre de 2023, se entiende que según los
artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115, aquellos
tenían hasta el 22 de diciembre de 2023 para hacerlo, plazo
entonces que se venció con posterioridad al día de la votación.

Adujo que aun si se hubiera cumplido ese término de cinco (5) días
y ante la falta de notificación personal, la CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTANDER debía agotar el otro procedimiento
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437, referido a la
notificación por aviso. Y que solo así podía quedar surtida la

5 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo […]”.

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notificación en debida forma del auto de apertura del proceso
responsabilidad fiscal, pues es la exigencia que se desprende del
artículo 106 de la Ley 1474 de 12 de julio de 20116.

Mencionó que no hubo notificación por conducta concluyente,
porque si bien antes de la votación se recibió en la Presidencia de la
Corporación el citatorio para que los implicados se notificaran
personalmente, no puede entenderse que ellos realizaron
actuaciones o pronunciamientos que llevaran al convencimiento de
que conocían los pormenores del proceso de responsabilidad fiscal.
Y que los diputados CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO y
HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA no expusieron en sus
intervenciones razones de defensa frente al contenido del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, sino que, por el
contrario, estuvieron encaminadas a establecer su desconcierto por
la presunta actuación premeditada y expedita de parte de los
miembros del órgano de control departamental, con el fin de
impedirle a los diputados elegir al contralor general de Santander.

Resaltó que la firma de la proposición núm. 72 de 15 de diciembre
de 2023, tampoco constituyó un acto concluyente puesto que dicha
solicitud la presentaron los accionados con la finalidad de que la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA asumiera el
conocimiento del proceso de manera preferente, sin exponer
argumentos para controvertir el auto de apertura en cuanto a su
fundamentación, lo que significa que la petición a título de

6 “[...] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
[...]”.

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‘proposición’ estaba relacionada con un asunto de competencia
funcional y no a controvertir el fondo de la decisión.

Aseveró que la notificación personal del diputado MAURICIO
MEJÍA ABELLO el 18 de diciembre de 2023, no se hace extensiva
a los demás diputados vinculados pues esta era una decisión de
carácter personal que asumió dicho corporado, mientras que los
demás, en su libre albedrío y en ejercicio de su derecho de defensa
y contradicción, tenían la potestad de notificarse personalmente en
cualquier otro momento oportuno.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El solicitante interpone recurso de apelación en el que solicita
revocar la sentencia de 3 de abril de 2024 y, en su lugar, se
decrete la pérdida de investidura de los accionados, con
fundamento en que la Secretaría General de la Asamblea
Departamental de Santander recibió el 15 de diciembre de 2023 a
la 1:45 p.m., documentación de parte de la CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTANDER en la que se notificaba de la apertura
de una investigación fiscal en contra de los diputados, en ejercicio
del período constitucional 2020-2023, exceptuando al señor RENÉ
RODRIGO GARZÓN y ARLEY VALERO SÁEZ; y que resulta tan
evidente que los accionados ya conocían de la investigación al
momento de la elección del contralor general de Santander, que
hasta se refirieron a ella en la contestación de esta solicitud.

Sostiene que aunque existen aseveraciones sobre la modalidad del
voto corporativo para elegir el contralor general de Santander,

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específicamente, sobre la modalidad de voto secreto, este resulta
irrelevante cuando el resultado es aplastante con la mayoría total
de votos para el señor REYNALDO MATEUS BELTRÁN, siendo
evidente los que votaron por él y por unanimidad.

Manifiesta que sí existe conflicto de intereses por parte de los
accionados, toda vez que conocían de la existencia de una
investigación fiscal que se iba a adelantar por parte de la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER y, aun así, decidieron
elegir a su contralor general; y que más allá de la notificación
personal, debe analizarse desde la objetividad que impone este
voto corporativo, pues sí hubo un interés ajeno a la voluntad de
ejercer la potestad nominal de la Asamblea Departamental de
Santander, consistente en buscar la forma de viciar la investigación
que contaba con auto de apertura y notificación del 15 de diciembre
de 2023, para posteriormente lograr que se archivara.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

IV.1.- El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo
14, numeral 3, de la Ley 1881, fue descorrido por los diputados
ALFONSO PINTO FRATTALI, NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA
y CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, a través de escritos
independientes, suscritos por cada uno de sus apoderados, en los
que luego de hacer un recuento de los hechos de la solicitud,
reiteran sus argumentos de defensa, así como las consideraciones
expuestas por el Tribunal, para finalmente solicitar que se confirme
la sentencia de 3 de abril de 2024 que denegó la desinvestidura de
los accionados.

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IV.2.- El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta
instancia.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los precisos términos en que fue presentado el
recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si los
diputados del departamento de Santander, señores CLAUDIA
LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA,
ANABEL TARAZONA IGUÁVITA, NOÉ ALEXANDER MEDINA
SOSA, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO PINTO
FRATTALI, JONATHAN ALEJANDRO DUARTE ROJAS y
MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO, incurrieron en la causal
prevista en los artículos 48, numeral 1, de la Ley 617 y 60, numeral
1, de la Ley 2200, en concordancia con el artículo 56 de la Ley
2200, esto es por violación al régimen de conflicto de intereses
luego de participar en la sesión de 19 de diciembre de 2023, sin
declararse impedidos, para elegir contralor general de Santander, -
período 2024-2025-.

V.2.- De la violación del régimen de conflicto de intereses
como causal de pérdida de investidura7

En la presente solicitud se endilga la configuración de la causal de
pérdida de investidura consistente en conflicto de intereses, que

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente

Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 2 de diciembre de 2021, número único de radicación
47001233300020200075601; 3 de octubre de 2019, número único de radicación
05001233300020170347301; 25 de febrero de 2021, número único de radicación
25000231500020190021701; y 17 de marzo de 2022, número único de radicación
17001233300020210013601.

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está prevista para los diputados en los artículos 48, numeral 1 de la
Ley 617 y 60 de la Ley 2200, así:

“[...] Ley 617, artículo 48.- Pérdida de investidura de diputados,
concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y
distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su
investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto
de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad
de condiciones a las de la ciudadanía en general […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

“[…] Ley 2200, artículo 60.- Pérdida de la investidura. Se decretará la
pérdida de investidura en los siguientes casos:

1. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate
de considerar asuntos que afecten al diputado en igualdad de condiciones a
las de la ciudadanía en general […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este sentido, el artículo 56 de la Ley 2200 determinó, en cuanto
al conflicto de intereses de diputados, la siguiente definición
conceptual que instruye la aplicación de esa figura:

“[…] “[…] Ley 2200, artículo 56.- Conflicto de intereses. Todos los
diputados deberán declarar los conflictos de intereses que
pudieran surgir en ejercicio de sus funciones. Se entiende como
conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de
un proyecto de ordenanza, pueda resultar en un beneficio
particular, actual y directo a favor del diputado.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o
crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del
diputado de las que no gozan el resto de los ciudadanos.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las
circunstancias presentes y existentes al momento en el que el diputado
participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
diputado, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o

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parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés
en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el diputado participe, discuta, vote un proyecto de ordenanza
que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el
interés del diputado coincide o se fusiona con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el diputado en el
futuro.

c) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan
beneficios, en el cual, el diputado tiene un interés particular, actual y
directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene
la normatividad vigente.

d) Cuando el diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que regula un sector económico en el cual
el diputado tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando
no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que
se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los
candidatos.

Parágrafo. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan
los diputados cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la
discusión y votación del proyecto […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su vez, el artículo 11, numeral 1, de la Ley 1437, en cuanto al
conflicto de interés, determina lo siguiente:

“[...] Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública
entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor
público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones
definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión,
control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o
compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho [...]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

La Sección ha establecido que el conflicto de intereses es un
concepto jurídico indeterminado y debido a ello es el juez quien
decide, en cada caso concreto, si existe o no fundamento suficiente
para acceder a la solicitud elevada. Por su parte, la jurisprudencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación se ha pronunciado en múltiples ocasiones frente al
alcance y contenido de la causal en comento y su incursión en sede
judicial, consideraciones que, si bien son vertidas en el marco de
controversias de desinvestidura de congresistas de la República,
orientan su entendimiento, configuración y aplicación en los
asuntos que, como en el caso sub lite, examinan las conductas de
diputados.

Así, en la sentencia de 12 de abril de 2011 de la Sala Plena, se
recogen en gran medida las diferentes providencias que abordan el
tema, de la cual se transcriben los apartes más significativos:

“[…] Ahora bien, no obstante, la generalidad del alcance que tienen los arts.
182 y 183.1 de la C.P., poseen un contenido mínimo clarificador, que es
importante destacar a continuación antes de abordar el caso concreto:

i) El conflicto de interés puede ser de orden económico o moral, de manera
que en estos dos conceptos se deben enmarcar todas las circunstancias
reprochables desde el punto de vista del interés en su concreción. Sin
embargo, la indeterminación de los mismos sigue caracterizando la
institución.

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ii) La consecuencia inmediata de estar incurso en ellos es que se le prohíbe
al congresista participar de la deliberación y decisión del tema puesto a
consideración del Congreso.

En este sentido, la Sala Plena consideró en la sentencia del 11 de mayo de
2009 –exp. P.I. 2009 00043-: “La Carta Política impone a los congresistas
el deber de poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones
de orden moral o económico que los inhiban para participar en el trámite
de los asuntos sometidos a su consideración. La Ley 5ª de 1992 -Sección
IV-, reguló lo relativo a la aplicación, declaración, comunicación y efectos
del impedimento y la recusación y el artículo 286 reitera el deber que tienen
de declararse impedidos ‘… de participar en los debates y votaciones
respectivas…’.”

iii) El conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase
de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el
congresista, es decir, que está inhibido “para participar en el trámite de los
asuntos sometidos a su consideración.” Esto significa que no puede
intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de
actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones administrativas,
electorales o políticas, siempre que lo afecten.

De este criterio ha sido la Sala Plena en muchas ocasiones. Entre ellas lo ha
aplicado a la elección de funcionarios a su cargo, en cuyo caso ha analizado
si en el evento concreto se presenta un conflicto de intereses del
congresista demandado que participó en la correspondiente elección: “Para
la Sala, la situación de conflicto de interés que puede presentarse en un
asunto o materia de conocimiento de los congresistas, no se circunscribe
únicamente a los relacionados con su labor legislativa, pues como antes lo
ha precisado la Sala Plena8, los miembros del Congreso tienen otras
funciones de naturaleza administrativa, electoral, judicial, de control político
y fiscal, atribuidas por la Constitución y la ley. Por esta razón, ha dicho la
Sala9, que la situación de conflicto debe analizarse en cada caso específico,
para determinar si las particulares circunstancias del congresista, su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o sus parientes, o socios,
se contraponen con el interés comprometido en el asunto o materia en el
que intervenga.” -sentencia del 10 de noviembre de 2009. Rad. 11001-03-
15-000-2008-01180-00(PI)-2008-01367. CP. Martha Teresa Briceño-

En el mismo sentido manifestó: “Que el impedimento puede darse por la
participación o votación en una decisión o asunto de que conozca el
Congreso de la República, sea que se trate de deliberaciones y votaciones
relacionadas con proyectos de ley o actos legislativos, o se trate de una
decisión trascendental. En efecto, es inequívoco el artículo 291 al señalar

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de noviembre

de 2001, Expediente PI-0130, consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de17 de octubre de

2000, Expediente AC-11116, consejero ponente Mario Alario Méndez.

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que el congresista debe declararse impedido cuando observe que existe un
conflicto de intereses para conocer y participar ‘sobre determinado proyecto
o decisión trascendental’.

“Por tanto, el impedimento no solo puede darse cuando se trate del
ejercicio de las funciones puramente legislativas del Congreso sino cuando
se trate de las otras funciones de ese órgano como las funciones de control
político, las administrativas, las judiciales y las electorales.

“La Sala no desconoce que el conflicto de intereses podría darse de forma
contundente cuando se trata de la intervención de los congresistas en el
proceso de formación de normas jurídicas que luego vendrían a
favorecerlos de forma particular y concreta, como cuando se dictan normas
relativas al régimen del derecho penal estando el congresista sometido
efectivamente a una investigación penal, cosa que no sucede en este caso.
Este tema fue tratado por la Sala de Consulta del Consejo de Estado en el
concepto del 15 de mayo de 200810, y así se concluyó en ese dictamen.” -
sentencia del 23 marzo de 2010, rad. 11001-03-15-000-2009-00198-
00(PI). CP. Hugo Fernando Bastidas-

En forma concluyente también ha expresado que “Para que se estructure
la violación del régimen del conflicto de intereses es suficiente que el
congresista participe en los debates11, así sea simplemente integrando el
quórum de la sesión donde se discuta el tema respectivo12.” –Sala Plena.
Sentencia del 27 de julio de 2010. Rad. 11001-03-15-000-2009-01219-
00(PI). CP. Mauricio Fajardo Gómez-

iv) Cuando se concreta alguna circunstancia que obliga al congresista a
separarse del tema que compete resolver al Congreso, aquél debe ponerla
en conocimiento de la Corporación, so pena de ser recusado. En estos

10 “[…] ¿Debe un congresista declararse impedido de participar en los debates y votaciones
respecto del proyecto de Acto Legislativo números 047 de 2007 Cámara y 014 de 2007 Senado,
porque la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal le ha abierto una investigación
preliminar por actos relacionados con la llamada "parapolítica"? De acuerdo con los fundamentos
normativos y los hechos analizados en el presente concepto, la Sala considera recomendable que
proceda a declarar su impedimento ante la respectiva Corporación, para que sea ésta la que decida
sobre el mismo. En caso de hacerlo y de votar el congresista favorablemente el mencionado
proyecto de Acto legislativo, ¿qué consecuencias podrían sobrevenirle en materia disciplinaria y
pérdida de investidura? De acuerdo con lo expuesto en este concepto, en caso de que el
congresista no declare su impedimento ante la Corporación y de alguna manera participe en el
debate y votación del proyecto, además de la posibilidad de que pueda ser recusado, dicha
participación podría dar lugar a que se le iniciara una investigación disciplinaria y se configurara
una causal para un eventual proceso de pérdida de investidura […]”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de abril de

2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2002-1127-01(PI-058), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de

2003, número único de radicado 11001-03-15-000-2003-0587-01(PI), consejero ponente
Alejandro Ordóñez Maldonado.

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términos, tanto la institución del impedimento como la recusación tienen
apoyatura directa en el art. 182 de la CP.

v) Se le encomendó al legislador complementar la tarea que se encuentra
implícita en esta causal: identificar “lo relacionado con los conflictos de
intereses y las recusaciones”. Esta atribución para ultimar los detalles de la
materia, en lo no regulado en la Constitución Política, constituye una típica
reserva de ley.

vi) De lo expresado se deduce que los elementos que configuran el conflicto
de intereses son: a) la existencia de un interés particular del congresista en
la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso, b)
que efectivamente participe de ello, c) que ese interés sea directo, no
eventual o hipotético, d) que además el interés sea actual, y e) que el
beneficio recibido no sea general sino particular […]”13.

A su vez, esta Sección ha acogido y reiterado, en múltiples
oportunidades, lo dicho en el concepto de 28 de abril de la Sala de
Consulta y Servicio Civil sobre la noción, finalidad, fundamento y
características que debe reunir el conflicto de interés, en el cual se
plasmaron las siguientes consideraciones14:

“[…] 2. El conflicto de intereses. Es una institución de transparencia
democrática que por su alcance y fundamento debe analizarse en forma
concreta.

2.1. Noción. En términos generales es aquella cualidad de concurrencia
antagónica entre el interés particular y el interés público que afecta la
decisión a tomar y obliga a declararse impedido a quien deba tomarla.

2.2. Finalidad. El instituto del conflicto de intereses trata de impedir que
prevalezca el interés privado del congresista [en este caso entiéndase
concejal] sobre los intereses públicos, el cual, prevalido de su influencia,

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de abril de

2011, número único de radicado 11001-03-15-000-2010-01325-00 (PI), consejero ponente
Enrique Gil Botero y 2 de julio de 2013, número único de radicado 11001-03-15-000-2012-00-
00322-00(PI), consejero ponente María Elizabeth García Gonzalez. Ver también, en el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 6 de junio
de 2017, número único de radicado 11001-03-15-000-2016-02279-00(PI) consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa y de 1o. de febrero de 2018 número único de radicado 66001-
23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero ponente Oswaldo Giraldo López.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

18 de marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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podría obtener provechos indebidos para sí o para terceros, es decir,
evitar favorecer intereses que no sean los relativos al bien común o que la
imparcialidad de sus decisiones se comprometa y distorsione por motivos
personales o particulares. Se trata así de un asunto inherente al fuero
interno del congresista, a un aspecto esencialmente subjetivo, el que de
existir y no ser manifestado conforme al reglamento, da lugar a la
recusación.

2.3. Fundamento. De allí que el fundamento del impedimento radica en
que: a) el conflicto de interés afecta la transparencia de la decisión -para el
caso, la motivación del voto-. En efecto, en toda decisión siempre debe
haber, en forma inequívoca, un solo interés: el interés general de la ley. Por
tanto, en caso de conflicto se mezclan el interés privado y el público, con lo
cual queda en duda cuál fue el interés dominante. b) En que el
impedimento evita que la decisión sea determinada por el interés particular
en detrimento del interés público.

2.4 Necesidad de análisis en cada caso particular: La Sala estima
conveniente advertir que el tema, de por sí complejo, requiere para su
tratamiento del análisis de cada caso concreto, pues la conducta humana
admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto
de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con
especial cuidado para no vulnerar los derechos del congresista o hacer
inanes los alcances de la ley.

3. Requisitos para la configuración del conflicto de intereses en el
caso de los congresistas. Como quiera que dicho conflicto se configura
por la concurrencia de interés privado e interés público, se hace
indispensable tener en cuenta, entre otros, los siguientes requisitos:

3.1 Interés privado concurrente. De acuerdo con lo expuesto, resulta
indubitable que este interés debe aparecer en tal forma que comprometa
objetivamente la intangibilidad del interés general perseguido, para lo cual
la Sala estima necesario hacer las siguientes precisiones:

a) Existencia: Se configura el interés privado cuando hay “exigencia para
la satisfacción de necesidades humanas” -Messineo, Tomo II, p. 10 -, lo
cual acontece cuando surgen v. gr.: ventajas o provechos
representados en derechos subjetivos, o en ventajas de tipo
reparativo positivo (como indemnización por daños o detrimento de
derechos) o negativo (reparación de gastos), o de tipo enriquecedor (como
ganancias, utilidades, provechos, derechos, etc.), o cuando se refieren a la
simple exoneración de desventajas (exoneración de obligaciones, cargas,
etc.).

b) Juridicidad: Se da cuando el interés privado, protegible de ordinario,
pero con la aptitud de afectar la transparencia, debido a que siendo actual y
estando amparado por la ley puede perturbar el ánimo del interesado a

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actuar en su propio favor. Para ello debe tenerse en cuenta que el interés:
1) Es actual, cuando se ha adquirido y puede afectarse. De allí que por
ausencia de éste (sic) requisito quede excluido el interés futuro. 2) Es
jurídico, porque se encuentra amparado por la ley. Por tanto, es inaceptable
interés originado en el roce meramente social (v. gr. el de comunicación o
trato) para generar conflicto de interés. y, 3) Es afectable, cuando puede
extinguirse o modificarse el que se tiene. En cambio, no se da cuando el
interés es inalienable (v. gr. La vida).

c) Privado: Se da cuando el interés es de naturaleza particular de manera
inequívoca y, por lo mismo, se descarta cuando se actúa movido por el
interés público o general -regulación abstracta en general-. El interés puede
ser individual o colectivo, referido en el primer caso, por ej., a la propiedad
particular y, en el segundo, al interés común de los propietarios en una
urbanización.

d) Titularidad: El interés debe radicar en el congresista [en este caso
entiéndase concejal] o en su cónyuge, compañero (a), pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el caso bajo
estudio.

3.2 El interés público concurrente en la decisión pertinente. Para
que este interés público concurrente pueda verse menoscabado, también
se hace indispensable tener en cuenta aquellos aspectos que puedan
afectar que sea el único determinante de la decisión; lo cual implica que en
la misma persona que tiene un interés privado, también concurran estos
requisitos:

a) Calidad de congresista.
b) Intervención en las deliberaciones y votaciones.
c) Proyecto de decisión de interés público.
d) Afectación particular, consistente en que el proyecto a votar pueda
afectar el interés directo del congresista, arriba mencionado.

3.3 Conflicto de interés. De la concurrencia objetiva de los dos intereses
mencionados puede desprenderse inequívocamente la existencia de un
conflicto de interés como causal de impedimento o recusación. En tanto
que este fenómeno no se estructuraría, de una parte, cuando no concurra
alguno de los requisitos mencionados para los referidos intereses, y, de
otro, cuando simplemente se trata de mera apreciación subjetiva de
conflicto sin sustento en elementos objetivos [...]”15.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 28 de abril de 2004, radicación

núm. 1572, consejero ponente Flavio Augusto Arce Rodríguez.

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A partir de estos precisos elementos de juicio, la Sección16 ha
determinado que con dicha causal se procura castigar la posibilidad
de que los miembros de corporaciones públicas pretendan, con
determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas o
privilegios personales, en detrimento de la comunidad,
desconociendo precisamente el interés general que debe guiar el
ejercicio de sus funciones; esto es, cuando el accionado tiene
interés directo en el asunto que se encuentra conociendo porque le
afecta en forma personal, o a su cónyuge o compañero o
compañera permanente, o de alguno de sus parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero
civil, o de su socio o socios de derecho o de hecho, ya sea de orden
moral o económico.

El asunto puesto en conocimiento del corporado le plantea un
enfrentamiento entre su interés personal y el interés general o bien
común que, se reitera, debe guiar el ejercicio de sus funciones, lo
que obliga a que aquél a manifestar su impedimento para efectos
de que sea resuelto, so pena de incurrir en la referida causal de
desinvestidura.

La causal de violación al régimen de conflicto de intereses en
cabeza de un diputado, supone la omisión en que se incurre
cuando, en un asunto sometido a su intervención, no advierte ante
el resto del órgano político-administrativo al cual pertenece, la
connivencia entre sus intereses particulares, –ya sean de orden

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 30 de

mayo de 2019, número único de radicado 05001-23-31-000-2017-02538-01(PI), consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés y de 28 de noviembre de 2013, número único de
radicado 50001-23-33-000-2013-00027-02(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González.

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moral y/o económico-, y los ineludibles intereses públicos que per
se está obligado a proteger en desarrollo de sus funciones públicas
corporativas, en tanto que de dicha concurrencia de intereses
resulta afectado de alguna manera u obtiene un provecho privado.

Siendo consecuente con los antecedentes jurisprudenciales
referenciados, la Sala remite a aquellos para reiterar los
presupuestos cuya presencia debe quedar demostrada de forma
suficiente y concurrente, en orden a verificar la configuración de la
causal de conflicto de intereses17.

V.2.1.- Con relación al artículo 40 de la Ley 734 que regula el
concepto de conflicto de intereses en materia disciplinaria, y que
fuere invocado por el solicitante en el libelo introductorio, la Sala
reitera que no es una disposición aplicable al proceso de pérdida de
investidura por cuanto atiende al régimen disciplinario de los
servidores públicos, esto es un estatuto que prevé faltas
disciplinarias cuya inobservancia no acarrea la desinvestidura de los
corporados en los insistentes términos de la jurisprudencia de la
Sección.

V.3.- Del criterio desarrollado por esta Sección acerca de la
configuración del conflicto de intereses cuando confluyen la
elección de contralor territorial y los procesos de
responsabilidad fiscal

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de marzo de 2022,

número único de radicación 17001233300020210013601, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón.

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En cuanto al conflicto de intereses que se genera a partir de la
coexistencia de los intereses públicos que representa el corporado
en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y
reglamentarias, con los intereses que se derivan de procesos de
responsabilidad fiscal surtidos en su contra o de sus parejas,
parientes o socios, la jurisprudencia de la Sección ha determinado
lo siguiente:

“[...] En igual sentido, esta Sección ha proferido importantes decisiones que
analizan la configuración del conflicto de interés cuando se trata de
participar en la elección de un contralor, a pesar de que para dicha
fecha existe un proceso de responsabilidad fiscal que puede
comprometer la imparcialidad y objetividad en dicho trámite.

En tal sentido, cabe destacar que esta Sección, en sentencia de 27 de
enero de 200518, analizó el problema jurídico consistente en establecer si el
diputado del departamento del Tolima, Yesid Guerrero Reyes, incurrió en la
causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48
de la Ley 617 de 2000, ya que para la fecha en que se efectuó la elección
del contralor departamental se encontraba vinculado a un proceso de
responsabilidad fiscal en su contra, al punto que el cese de dicho proceso se
produjo un poco más de dos (3) meses después de aquella elección.

Esta Sección señaló que de la lectura del numeral 1° del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, se desprende que el interés que puede generar conflicto
con el asunto de que se trate debe ser directo, esto es, que el efecto que la
decisión pueda tener en los servidores públicos de elección popular sea
inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos a la
decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su
cónyuge o de un pariente suyo; que sea particular y concreto, sea en su
beneficio o en su perjuicio, y que además no se manifieste el impedimento
por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto.

En esa línea de ideas, en la providencia se aludió lo siguiente:

[…] 3.1. Se encuentran igualmente demostrado en el proceso:

• Que como diputado intervino en la elección del Contralor de ese
departamento el 8 de enero de 2004, según el acta de la respectiva

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

enero de 2005, número único de radicación 44001233100020040068401, consejero ponente
Rafael Ostau de Lafont Pianeta.

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sesión (folio 10 a 17), en la cual se observa que respaldo de manera
expresa el nombre de quien resultó electo19, quien lo fue por
unanimidad, lo que permite deducir que igualmente votó a favor de
éste;

• Que por auto 090 de 29 de diciembre de 1998, de cierre de
diligencias preliminares y apertura de investigación fiscal, la División
de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental del
Tolima, vinculó a dicha investigación, entre otros, al señor YESID
GUERRERO REYES en calidad de alcalde en ese entonces del
municipio de Río Blanco (folios 40 y 41), y

• Que por auto No. 020 de 23 de marzo de 2004 la Dirección Técnica
de Responsabilidad, del mismo ente de control, dispuso la cesación
del respectivo proceso de responsabilidad fiscal y ordenó el archivo
de esas diligencias, por encontrar prescrita la correspondiente acción
a solicitud de varios de los otros vinculados al proceso. Dicho auto le
fue notificado al encausado el 5 de abril de 2004 (folios 42 a 50).

3.2.- De lo anterior se deduce que a la fecha de la mencionada
elección de Contralor, el demandado se encontraba vinculado a un
proceso de acción de responsabilidad fiscal adelantado por la
Contraría Departamental, pues el cese del mismo se produjo un poco
más de 2 meses después de aquella elección.

La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de esa
disposición se desprende que el interés que puede generar
conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es
decir que el efecto que la decisión pueda tener en las
personas que como servidores públicos intervienen en ella
sea inmediato, sin consideración a circunstancias o
elementos externos a la decisión; que se produzca de forma
especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un pariente
suyo, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en
su perjuicio; y que además no se manifieste el impedimento
por esa situación personal o familiar en el trámite del asunto,
y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativa de esta Corporación
cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de procesos
de pérdida de la investidura de los congresistas.

Asimismo, se ha señalado que el aspecto deontológico de esa figura
radica en que es deber de los referidos servidores públicos poner de
manifiesto ante la corporación respectiva, las circunstancias que por

19 A ese efecto dijo el diputado Yesid Guerrero Reyes: “...en la contraloría sabemos que va a
quedar un hombre con mucha sabiduría que será suficiente garantía para los Tolimenses y será
suficiente garantía para la comunidad el tener la figura de MARIANO RODRÍGUEZ en la Contraloría
del Departamento del Tolima” (folio 13).

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razones económicas o morales y a sabiendas de las mismas pueden
afectar su objetividad, imparcialidad o independencia frente al asunto
oficial o institucional que le compete decidir. De suerte que la
causal no se configura por el sólo hecho de encontrarse en
una situación personal o familiar que puede ser directa y
específicamente afectada por la respectiva decisión, sino por
no manifestarla, a sabiendas de encontrarse en la situación
de que se trate, como impedimento para tomar parte en
aquélla.

3.4. En el caso del sub lite, es claro que la situación personal
en que se encontraba el demandado le implicaba un interés
específico o directo en la medida en que se trataba de
designar nada más y nada menos que el titular y máxima
autoridad del organismo de control que lo estaba
investigando y que por ende podía tomar una decisión en
perjuicio o beneficio suyo; decisión que en últimas iba a
depender del funcionario que se iba a elegir en ese entonces,
luego sí se daba un conflicto de intereses respecto del
encartado y era su deber haberlo manifestado a la
membresía de la Corporación, y al haber omitido hacerlo
mediante la manifestación de impedimento que la norma le
imponía resulta estructurada la causal bajo examen, sin que
al efecto tenga relevancia el hecho de que, según ahora se ha
planteado, había tenido ocurrencia el fenómeno de caducidad de la
acción o prescripción de la responsabilidad fiscal señaladas en el
artículo 9 de la Ley 610 de 2000, pues el examen de esas situaciones
y lo que cabía proveer era parte justamente del conocimiento del
proceso que le correspondía al órgano de control.

Declarar o no la ocurrencia de uno u otro fenómeno era de
competencia de dicho órgano, que le implicaba, como en
efecto lo hizo a petición de parte interesada, examinar la
situación procesal y valorarla jurídicamente, toda vez que no
es cierto que operen de jure, es decir, de plano o
automáticamente, ya que requieren ser declaradas, habida
cuenta que se encuentran sujetas a supuestos distintos del
sólo transcurso del tiempo que debe verificar el juzgador; y
la decisión que se tomara en uno u otro sentido lo
beneficiaba o lo perjudicaba, es decir, que la mera
circunstancia de que pudiera declararse o no una u otra
figura era de su interés personal, directo, específico, y ella
iba a depender de un órgano que estaría bajo la dirección
suprema del funcionario que en ese momento elegirían. La
eventual prescripción en el momento de la elección era un evento
futuro que iba a depender del juicio o valoración que de la situación
procesal hiciera dicho organismo, por ende, quien resultara electo iba
a poder incidir en las resultas de esa valoración.

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De modo que el encausado faltó a la ética y transparencia
con que debía actuar en el asunto, pues a sabiendas de su
situación no la informó a la asamblea, la cual era la que debía
determinar si por la circunstancia que ahora alega, o por
cualquiera otra, estaba o no impedido frente al respectivo
punto del orden del día, como sí lo hizo uno de sus colegas, el
entonces Presidente de la duma, quien estando en su misma
situación de procesado fiscalmente por el referido ente
departamental, así lo manifestó y se abstuvo de tomar parte en el
asunto, según consta en el acta de la sesión (folio 14, párrafo
tercero)20 […].

En consecuencia, en armonía con las apreciaciones del Procurador
Primero Delegado ante la Corporación, la Sala encuentra fundadas
las razones del recurso de apelación interpuesto por la actora, es
decir, que el demandado, en calidad de diputado del
departamento del Tolima, sí incurrió en causal de pérdida de
investidura por conflicto de intereses y que por ello se debe
decretar dicha medida, para lo cual es menester revocar la
sentencia apelada, como en efecto se hará en la parte resolutiva de
esta providencia […]. (Las negritas no son originales).

Los criterios contenidos en los apartes transcritos de la providencia fueron
reiterados en sentencias de 22 de marzo de 201321, de 28 de noviembre
del mismo año22 y de 31 de julio de 201423, en el entendido de que
constituye un deber para el servidor público declararse impedido
para intervenir en la elección del titular y máxima autoridad del
organismo de control y que, por ende, podría llegar a tomar una
decisión en perjuicio o beneficio, a sabiendas de que su
participación en dicha elección podría comprometer su objetividad
o independencia frente al asunto oficial o institucional a decidir.

Así, en primer lugar, en sentencia de 22 de marzo de 2013, esta Sección se
ocupó de analizar el problema jurídico consistente en establecer si el
diputado acusado incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en
el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por haber participado en la elección

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Rafael E. Ostau

de Lafont Pianeta. Sentencia de 27 de enero de 2005. Radicación: 44001-23-31-000-2004-00684-
01. Actor: Luz Helena Gómez Leyva.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de

marzo de 2013, número único de radicación 18001-23-31-000-2012-00054-01(PI), consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de

noviembre de 2013, número único de radicación 2013-00027-02(PI), consejera ponente María
Elizabeth García González.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de

julio de 2014, número único de radicación 2013-00282-01, consejera ponente María Elizabeth
García González.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

del Contralor Departamental del Caquetá que tuvo lugar en la sesión del 3
de enero de 2012, sin declararse impedido por la investigación que en su
contra cursaba para esa fecha en el órgano que dicho funcionario entraría a
dirigir.

En esta oportunidad, la regla jurídica que se reiteró consistió en
señalar que el accionado sí incurrió en la causal de pérdida de
investidura por haber violado el régimen de conflicto de intereses,
pues para la fecha en que resultó elegido el contralor
departamental (3 de enero de 2012) se encontraba en trámite un
proceso de responsabilidad en su contra, al punto que ese mismo
día fue notificado del acto administrativo que ordenó su archivo y,
además, contra esa decisión procedía el grado de consulta, el cual
fue decidido por el Contralor Departamental. De esta manera, en la
mencionada sentencia se señaló:

[…] Las pruebas allegadas al proceso demuestran que para el 3 de
enero de 2012, fecha en la cual resultó elegido el señor
Gustavo Espinosa Ferla como Contralor Departamental del
Caquetá, el proceso de responsabilidad fiscal No. 788 se
encontraba en trámite, toda vez que ese mismo día se
notificó por estado el Auto No. 059, mediante el cual se
ordenó el archivo de dicho proceso y, además, frente a esa
decisión procedía el grado de consulta que fue decidido por
el Contralor Departamental mediante Resolución 024 de 10
de febrero de 2012 (folio 226).

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 610 de 2000, el Auto No.
059 de 30 de diciembre de 2011, por medio del cual se ordenó el
archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 788, quedaría
ejecutoriado cuando los recursos fueran decididos y, en el caso
presente, la decisión quedó en firme con la Resolución 024 de 10 de
febrero de 2012, por la cual el Contralor Departamental confirmó el
auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal aludido.

El tenor del artículo 56 de la Ley 610 de 2000 es el siguiente:

“ARTÍCULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las
providencias quedarán ejecutoriadas:
1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.
2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no
se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos.
3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.”

En efecto, el diputado demandado no se declaró impedido y
participó en la votación y elección del Contralor
Departamental del Caquetá, cuando el proceso de
responsabilidad fiscal No. 788 aún se encontraba en trámite.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

Para la Sala, el hecho de que el Diputado hubiera pagado la suma
correspondiente al perjuicio endilgado en el proceso de
responsabilidad fiscal, no es razón suficiente para exonerarlo de
responsabilidad frente a la ocurrencia del conflicto de intereses, pues
la situación personal en la que se encontraba el demandado, suponía
un interés específico o directo en la medida en que se trataba de un
proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba en trámite en el
momento en que se eligió al Contralor Departamental, quien sería el
encargado de decidir la consulta en el referido proceso como en
efecto ocurrió.

Si bien es cierto que elegir al Contralor Departamental
constituye un deber constitucional y legal de los Diputados,
de conformidad con los artículos 272 de la Constitución
Política y 4º de la Ley 330 de 1996, también es cierto que
para ese momento existía una situación frente a la cual el
demandado tenía un interés específico y directo, como lo era
el proceso de responsabilidad fiscal No. 788 en su contra, lo
cual conllevaba a que el Diputado MATIZ HERRERA debió
declararse impedido y abstenerse de participar en la elección
del Contralor Departamental; y al no haberlo hecho, se situó
en el supuesto fáctico del numeral 1º del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000.

Fuerza es, entonces concluir que el Diputado NELSON RICARDO
MATIZ HERRERA incurrió en la causal de pérdida de
investidura, al infringir el régimen de conflicto de intereses previsto
en el artículo 48, numeral 1º, de la Ley 617 de 2000, lo que exime a
la Sala de pronunciarse respecto de los restantes cargos, ante la
prosperidad de la solicitud». (Destacado de la Sala).

La anterior regla jurídica también fue plasmada en sentencia de 28 de
noviembre de 2013, en el sentido de señalar que el diputado incurrió en la
causal de pérdida de investidura pues para la fecha en que se efectuó la
elección del contralor departamental del Meta (15 de enero de 2004) se
encontraba en trámite el proceso de responsabilidad fiscal (se
había proferido auto de apertura del proceso), razón por la cual dicho
servidor público de elección popular debió declararse impedido y
abstenerse de participar en la votación del contralor departamental del ente
territorial. En esa sentencia se indicó lo siguiente:

“[…] Como quiera que se trata de un asunto similar, dada la
identidad de la causal y el punto de derecho discutido, la Sala prohíja
en esta oportunidad las consideraciones indicadas en la referida
sentencia, pues de los documentos obrantes en el expediente, se
extrae que el demandado en la sesión de la DUMA celebrada
el 15 de enero de 2004, en la que se llevó a cabo la elección

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

del Contralor Departamental del Meta presidió y votó, a
pesar de que en dicho ente de control Fiscal se tramitaba en
su contra un proceso de responsabilidad fiscal, lo cual era de
su conocimiento.

En efecto, el 9 de octubre de 2000, la Dirección de Control Fiscal de la
Contraloría Departamental del Meta dictó auto de indagación
preliminar contra el demandado y otras personas, por presuntas
irregularidades relacionadas con denuncias sobre pagos de
supernumerarios y asesores externos de la Asamblea Departamental
del Meta, siendo radicada bajo el núm. 09100, en virtud de la cual se
escuchó en versión libre y espontánea al señor FÉLIX MARIO DÍAZ
HERRERA el 7 de noviembre de ese año, conforme consta a folios
129 y 148 del anexo núm. 1.

Consta también en el anexo núm. 1 que el 30 de noviembre
de 2001 se profirió auto de apertura de proceso de
responsabilidad fiscal (folio 324 y 324); el 7 de julio de 2006,
de dictó auto de imputación de responsabilidad fiscal núm.
007-06, por detrimento de fondos públicos de la Asamblea
Departamental del Meta, en la suma de $78’500.400.oo,
entre otros, contra el demandado (folios 611 a 656); el 7 de
octubre de ese año se profirió fallo declarando fiscalmente
responsable al señor FÉLIX MARIO DÍAZ HERRERA y otros (folios
852 a 902); contra dicha decisión el demandado y otros
interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación, siendo
resuelto el primero de manera confirmatoria el 16 de noviembre del
citado año (folios 978 a 990); y el segundo mediante fallo de 5 de
enero de 2007, a través del cual el Contralor Departamental del Meta
declaró la prescripción de la acción fiscal y ordenó el archivo del
proceso de responsabilidad fiscal.

Conforme lo sostuvo la Sala en la sentencia transcrita, si bien es
cierto que elegir al Contralor Departamental constituye un deber
constitucional y legal de los Diputados, de conformidad con los
artículos 272 de la Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996,
también lo es que para ese momento existía una situación frente a la
cual el demandado tenía un interés específico y directo, como lo era
el proceso de responsabilidad fiscal núm. 09100 que se tramitaba en
su contra (y otros), por lo que en su condición de Diputado de la
Asamblea Departamental del Meta ha debido declararse
impedido y abstenerse de participar en la elección del
Contralor de ese ente territorial. Al no haberlo hecho, con dicha
conducta quedó incurso en la causal de pérdida de investidura que se
le endilga, esto es, la violación del régimen de conflicto de intereses
prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000
(Destacado de la Sala).

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

Finalmente, el problema jurídico analizado en sentencia de 31 de julio de
2014 tuvo por objeto establecer si el diputado acusado incurrió en la casual
de pérdida de investidura por haber violado el conflicto de intereses, al
haber participado en la votación del contralor departamental, a pesar de
que para esa fecha (3 de enero de 2012) se encontraba en trámite un
proceso de responsabilidad fiscal (estaba pendiente de resolver el grado de
consulta), y en ella se plasmaron los siguientes argumentos:

[…] la Sala prohíja en esta oportunidad las consideraciones indicadas
en la referida sentencia, pues de los documentos obrantes en el
expediente, se extrae que el demandado en la sesión de la DUMA
celebrada el 3 de enero de 2012, en la que se llevó a cabo la
elección del Contralor Departamental del Caquetá presidió y votó, a
pesar de que en dicho ente de control Fiscal estaba aún en trámite
un proceso de responsabilidad fiscal adelantado en su contra, lo cual
era de su conocimiento, y no obstante no se declaró impedido.
[…]

De lo expuesto, resulta evidente que el fallo sin responsabilidad fiscal
núm. 051 de 20 de diciembre de 2011, dictado dentro del juicio fiscal
adelantado en contra del aquí demandado por la Contraloría
Departamental del Caquetá para la fecha en que la DUMA eligió
Contralor, 3 de enero de 2012, no estaba en firme, pues, como
quedó visto, estaba pendiente de resolver el grado de
consulta, lo cual tuvo ocurrencia el 6 de febrero de 2012 y su
ejecutoria el 13 de ese mes y año, lo cual pone de manifiesto
el conflicto de intereses.

Ahora, si bien es cierto, como lo sostuvo la Sala en la sentencia que
ahora se reitera, que elegir al Contralor Departamental constituye un
deber constitucional y legal de los Diputados, de conformidad con los
artículos 272 de la Constitución Política y 4º de la Ley 330 de 1996,
también lo es que, como quedó demostrado, para ese momento
existía una situación frente a la cual el demandado tenía un
interés específico y directo, como lo era el proceso de
responsabilidad fiscal núm.484 que se tramitaba en su
contra (y otros).

Adicionalmente, como se sostuvo en el fallo prohijado, el hecho de
que se hubiera pagado la suma correspondiente al perjuicio
endilgado al Diputado en el proceso de responsabilidad fiscal, no es
razón suficiente para exonerarlo de responsabilidad frente a la
ocurrencia del conflicto de intereses, pues la situación personal
en la que se encontraba el demandado, suponía un interés
específico o directo en la medida en que se trataba de un
proceso de responsabilidad fiscal que se encontraba en
trámite en el momento en que se eligió al Contralor
Departamental, quien sería el encargado de decidir la consulta en

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

el referido proceso como en efecto ocurrió […] (Destacado de la
Sala).

Igualmente, en reciente decisión de 1° de febrero de 201824, esta Sala
reiteró las tesis anteriores en los siguientes términos:

[…] b) La concurrencia de un interés directo, particular o
inmediato en cabeza del mismo: acorde con el material
probatorio obrante en el plenario este elemento se cumple por
cuanto estaba pendiente de decisión el proceso de
responsabilidad fiscal que seguía el Contralor Municipal de
Dosquebradas, en contra del concejal que votó
afirmativamente por su elección.

Lo anterior si se tiene en cuenta que tal como se indicó en los hechos
probados, el proceso inicialmente fue conocido por el Director
Operativo de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría Municipal de Dosquebradas; sin embargo fue remitido al
Contralor Municipal para que continuara su trámite, según auto nro.
011A-2016 del 9 de febrero de 2016, por habérsele concedido a la
Directora Operativa un periodo de vacaciones, y por auto nro. DC
010-2016 del 17 de marzo de 2016 firmado por el Contralor Fernán
Alberto Cañas se archivaron las diligencias a favor del señor Jorge
Libardo Montoya Álvarez.

c) Su no manifestación de impedimento ni haber sido
separado del conocimiento de la elección del Contralor
Municipal de Dosquebradas por recusación: Acorde con el
acta de sesión ordinaria nro. 050 del 29 de febrero de 2016
del Concejo Municipal de Dosquebradas, fue elegido como
Contralor del mismo municipio el señor Fernán Alberto
Cañas López; allí se consignó que la votación fue nominal y
no obra constancia de que el Concejal Jorge Libardo
Montoya Álvarez haya manifestado su impedimento para
votar o sido recusado.25

d) Conformar el quorum o participado en el debate o
votación del asunto: También se desprende de la citada acta nro.
050, que el señor Fernán Alberto Cañas López fue elegido como
Contralor Municipal de Dosquebradas por un total de 14 votos,
dentro de los cuales emitió su voto positivo el Concejal Jorge Libardo
Montoya Álvarez.26

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1 de

febrero de 2018, número único de radicación 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI), consejero
ponente Oswaldo Giraldo López.
25 Folios 41 a 65 cuaderno principal.
26 Folios 46 y 47 cuaderno principal.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

e) Que su participación tenga lugar en un asunto de
conocimiento funcional del concejal: Conforme con el artículo
272 de la Constitución Política27, dentro de las funciones a cargo de
los Concejos municipales se encuentra la elección de los contralores
municipales.

Así las cosas, aunque es deber de los miembros del Concejo
Municipal participar en la elección del contralor, ello no obsta
para que deba sustraerse de dicho proceso el concejal que
sepa que en su contra se adelanta un juicio fiscal que
conocerá el funcionario respecto del cual emitió su voto y de
esta manera no ver afectada su imparcialidad […]

Corolario de lo expuesto, se verifica que se cumplen los requisitos
para que se configure la causal de violación del conflicto de intereses
y por ello corresponde determinar si también se reúne el elemento
subjetivo.

El elemento subjetivo:
[…]

Argumenta el demandado que participó en la elección del Contralor
porque estaba convencido de su inocencia en el proceso fiscal. Tal
afirmación en contravía de lo pretendido demuestra que conocía de
la existencia del conflicto, pero trata de evadirlo declarando la
inocencia anticipada. A la vez que hace más reprochable su
conducta, pues si se consideraba inocente, debió abstenerse de
participar en la elección del funcionario que lo investigaría, para
garantizar su imparcialidad.

Tal como lo ha dicho la Sala “(…) teniendo un deber de diligencia
ordinaria que atender en el marco de sus funciones -las que debía
saber-, evidentemente no lo satisfizo con el cuidado mediano que
las personas emplean normalmente en sus negocios propios,
incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es
decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el
análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura. (…).”28
(destacado en la providencia).

27 “Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde

haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior y selectiva. (…). Inciso
modificado por el artículo 23 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Los
Contralores departamentales, distritales y municipales serán elegidos por las Asambleas
Departamentales, Concejos Municipales y Distritales, mediante convocatoria pública conforme a la
ley, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana y
equidad de género, para periodo igual al del Gobernador o Alcalde, según el caso. (…)”
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de

octubre de 2017, número único de radicación 76001-23-33-004-2016-01478-01(PI), consejera
ponente María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

En consecuencia, el hecho de que el concejal considerara que su
conducta no constituía una causal que permitiera que fuera declarado
responsable fiscal, no lo exoneraba del deber de presentar el
impedimento para participar en la elección del contralor
municipal que a futuro debía conocer del proceso que
cursaba en su contra, indistintamente de la decisión que al
final fuera adoptada por el fallador fiscal, si se tiene en
cuenta que lo que la ley garantiza y protege es la injerencia
que con su voto pueda tener sobre el contralor elegido […]
(Destacado de la Sala) [...]” [...]”29 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).

Igualmente, la Sección ha establecido, de conformidad con la
estructura del proceso de responsabilidad fiscal, lo siguiente:

“[...] Para esta Sala de Decisión una primera conclusión emerge con
claridad: el deber de declarar el impedimento surge
independientemente de si se trata de participar en la elección de
un contralor que ejerce su cargo en propiedad o en encargo. Ello
en vista de que el servidor público encargado adquiere la misma
competencia del titular desde el momento en que se posesiona.
En esta medida el funcionario encargado no solo goza de los
mismos privilegios de su titular sino, además, queda cobijado por
el mismo régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
prohibiciones y conflicto de intereses. Aceptar lo contrario supondría
violentar la estructura sobre la cual se edifica la función pública y vulnerar
los principios axiológicos constitucionales como la moralidad, eficacia e
imparcialidad.

La Ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal como el
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las contralorías
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores
públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de esta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa un daño al patrimonio del Estado30.

El proceso de responsabilidad fiscal está integrado por las siguientes fases.
La primera denominada indagación preliminar. La segunda guarda relación
con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. La tercera está
asociada con el auto de imputación de responsabilidad fiscal. La cuarta es la
atinente al decreto y práctica de pruebas. La quinta es el fallo con o sin

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de

marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Ley 610, artículo 1°.

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33

Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

responsabilidad fiscal. Y la sexta está asociada a los recursos ordinarios y al
grado de consulta31.

Así las cosas, y según lo dispone el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, la
indagación preliminar tiene por objeto verificar la competencia del órgano
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al patrimonio
estatal, así como determinar la entidad afectada e identificar a los
servidores públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o
intervenido o contribuido a él.

Con la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, tal y como lo
dispone el artículo 40 ibidem, se inicia formalmente el proceso y
ello procede cuando ya existe certeza sobre la ocurrencia del
hecho y la causación del daño patrimonial y existen indicios serios
sobre los posibles autores (artículo 40 ejusdem). El auto de
apertura debe contener: la competencia del funcionario de
conocimiento, los fundamentos de hecho, los fundamentos de
derecho, la identificación de la entidad estatal afectada y de los
presuntos responsables fiscales, la determinación del daño
patrimonial al Estado, la estimación de su cuantía, el decreto de
las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes y de las
medidas cautelares a que haya lugar. Este es un auto de trámite
que debe ser notificado a los presuntos responsables fiscales con
el fin de que ejerzan el derecho de defensa y de contradicción
(artículo 41 ibidem).
(...)

Para la Sala, la notificación del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal resulta entonces relevante para efectos de
determinar la existencia de un posible conflicto de interés, tal y
como lo indicó esta Sección en reciente providencia de 18 de
febrero de 202032. Esa decisión, valga resaltarlo, señala el
momento a partir del cual surge el deber objetivo de poner en
conocimiento del respectivo cuerpo colegiado el impedimento
para no participar en el asunto sometido a su consideración en
tanto que ya existe certeza sobre la ocurrencia del hecho y la
causación del daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles
autores (artículo 40 de la Ley 610 de 2000). En efecto, en ella se
precisó lo siguiente:

31 Para efectos de analizar las etapas del proceso de responsabilidad fiscal, se consultó la obra
Responsabilidad Fiscal y Gerente de Recursos Públicos, Marcos Normativos y Preventivos. El
proceso de responsabilidad y sus procedimientos, Iván Darío Gómez Lee, Legis, Primera Edición,
2014, páginas 309 y siguientes.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Número de radicado:
85001233300020200001202, actor: Franklin Patiño Achagua, demandado: Marco Tulio Ruiz Riaño,
MP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

[…] 121. En el presente asunto, la vinculación formal al proceso de
responsabilidad fiscal resulta relevante para efectos de determinar la
existencia de un conflicto de interés en cabeza del diputado Marco
Tulio Ruiz Riaño, puesto que, se reitera, para los efectos del presente
asunto, de allí surgirá el deber objetivo de poner en conocimiento de
la Asamblea Departamental de Casanare, su eventual impedimento
[…].

En esta medida, se incurre en la causal de pérdida de investidura
quien participa en la elección de un contralor departamental que
asumiría sus funciones bajo la modalidad de encargo, cuando al
mismo tiempo existe una investigación en su contra, en la cual se
profirió auto de apertura de investigación fiscal y la misma fue
notificada, providencia que conformidad con el artículo 106 de la
Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción- y, tratándose de los
procesos responsabilidad fiscal que se tramitan en su integridad
por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 se debe notificar
personalmente, según el sistema de notificación personal y por
aviso previsto para las actuaciones administrativas en la Ley 1437
de 2011 [...]”33 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En este estadio del asunto bajo examen, y con fundamento en la
reiterada jurisprudencia de la Sección, deviene importante señalar
las reglas de verificación del conflicto de intereses con fines de
pérdida de investidura, cuando en el marco de la elección de los
contralores departamentales, dicho asunto esté a cargo de un
diputado que tenga procesos de responsabilidad fiscal iniciados en
su contra, o de sus parejas, parientes o socios, así:

(i) El interés que genera conflicto con el asunto funcional de que se
trate, debe ser directo, es decir que el efecto que la decisión pueda
tener en el diputado que interviene en ella sea inmediato, sin
consideración a circunstancias o elementos externos a la decisión,
esto es que aquello que resulte hipotético, eventual o etéreo,

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de

marzo de 2021, número único de radicación 85001233300020200001602, consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés.

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35

Número único de radicación: 68001 23 33 000 2024 00087 01
Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

carece del potencial requerido para configurar un interés real capaz
de colisionar con el interés público.

(ii) Ese interés directo se debe materializar respecto del propio
diputado, cuando recae en sí mismo, así como cuando proviene de
su cónyuge o compañero o compañera permanente, o de alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad o primero civil, o de su socio o socios de derecho o, de
hecho, indistintamente de si redunda en su beneficio o perjuicio.

(iii) Con el auto de apertura se inicia formalmente el proceso
ordinario de responsabilidad fiscal, como lo dispone el artículo 4034
de la Ley 610 de 15 de agosto de 200035, toda vez que ello procede
cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen o del
ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de control, se
establezca la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios
serios sobre los posibles autores de éste.

Por su parte, cuando se está en presencia de un proceso verbal de
responsabilidad fiscal, es el auto de apertura e imputación de

34 “[...] Artículo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagación

preliminar, de la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de
control, se encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios serios
sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la apertura del proceso
de responsabilidad fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad
fiscal.

En el evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan
el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite que ordene la
apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso alguno.

Parágrafo. Si con posterioridad a la práctica de cualquier sistema de control fiscal cuyos
resultados arrojaren dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o
irregulares relacionadas con la gestión fiscal analizada, se desatenderá el dictamen emitido y se
iniciará el proceso de responsabilidad fiscal [...]”.
35 “[...] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia

de las contralorías [...]”.

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responsabilidad fiscal el que le da inicio, en los términos previstos
por el artículo 97, de la ley 1474 de 12 de julio de 2011 36,
providencia que deberá cumplir con los requisitos establecidos en
los artículos 41 y 48, de la Ley 610, y contener, además, la
formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables
y los motivos por los cuales se vincula al garante37.

(iv) Para la Sala, por lo tanto, únicamente la debida y oportuna
notificación del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, -en el proceso ordinario-, y del auto de apertura e
imputación de responsabilidad fiscal, -en el proceso verbal-, resulta
relevante para determinar el momento desde el cual emerge en el
diputado el interés particular, -originado en sí mismo, en su pareja,
pariente o socio-, que podría pugnar con el interés público funcional
y desataría el conflicto de intereses que requiere ser advertido ante
el resto de la corporación pública.

(v) Constituye un compromiso para el diputado, si no ha sido
recusado aún, declararse impedido para intervenir en la elección del
titular y máxima autoridad del organismo de control fiscal y que,

36 “[...] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
[...]”.
37 Ley 1474 de 2011 “[...] Artículo 98. Etapas del procedimiento verbal de responsabilidad

fiscal. El proceso verbal comprende las siguientes etapas:

a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño patrimonial al Estado y
exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor fiscal, el funcionario competente
expedirá un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000 y contener además la
formulación individualizada de cargos a los presuntos responsables y los motivos por los cuales se
vincula al garante.

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar inicio a la audiencia de
descargos. Al día hábil siguiente a la expedición del auto de apertura se remitirá la citación para
notificar personalmente esta providencia. Luego de surtida la notificación se citará a audiencia de
descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, o al defensor de oficio si lo
tuviere y al garante [...]”.

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por ende, podría llegar a tomar una decisión en perjuicio o beneficio
suyo al interior del proceso de responsabilidad fiscal en el que se
haya notificado el auto de apertura o el auto de apertura e
imputación, según sea el caso, habida cuenta que su participación
en dicha elección compromete su objetividad o independencia
frente a ese asunto oficial o institucional a decidir.

(vi) Si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 272 de la
Constitución Política, elegir al contralor departamental constituye
un deber constitucional de los diputados, también es cierto que,
llegado ese momento, coexistiría con aquel un interés específico y
directo, como lo es el trámite de un proceso de responsabilidad
fiscal debidamente iniciado en su contra, de su pareja, pariente o
socio, que irrumpe en el equilibrio e imparcialidad de tal función
pública, hasta el punto de provocar el conflicto.

(vii) En estas circunstancias, el deber de declarar el impedimento
surge para el diputado independientemente de si se trata de
participar en la elección de un contralor en propiedad o en encargo.
Ello, en vista de que el servidor público encargado adquiere la
misma competencia del titular desde el momento en que se
posesiona, por lo que no solo goza de los mismos privilegios del
titular, sino que, además, queda cobijado por el mismo régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de
intereses.

(viii) Con fundamento en lo anterior, no manifestar la situación
conflictiva durante la elección del contralor departamental, a pesar
de no haber sido recusado, y aun así participar en aquel proceso,

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constituye un conflicto de intereses susceptible de activar la causal
de pérdida de investidura de los diputados.

(ix) No obstante, debe ponerse en relieve lo que prevé el artículo
56 de la Ley 2200 según el cual debe entenderse que
objetivamente no hay conflicto de interés si media alguna de las
siguientes circunstancias: a) Cuando el diputado participe, discuta,
vote un proyecto de ordenanza que otorgue beneficios o cargos de
carácter general, es decir cuando el interés del diputado coincide o
se fusiona con los intereses de los electores; b) cuando el beneficio
podría o no configurarse para el diputado en el futuro; c) cuando el
diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que establezcan sanciones o
disminuyan beneficios, en el cual, el diputado tiene un interés
particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto
de interés cuando mantiene la normatividad vigente; d) cuando el
diputado participe, discuta o vote artículos de proyectos de
ordenanza de carácter particular, que regula un sector económico
en el cual el diputado tiene un interés particular, actual y directo,
siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual; y
e) cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante el voto secreto, a menos que se trate de
inhabilidades referidas a su parentesco con los respectivos
candidatos, en cuyo caso tiene la obligación de declararse impedido
so pena de configurar el conflicto de intereses.

Las anteriores pautas genéricas, por lo tanto, deberán observarse
en el análisis del correspondiente conflicto de intereses cuando
converjan el deber de elegir contralor territorial con procesos de

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responsabilidad fiscal surtidos contra miembros de corporaciones
públicas territoriales, sin perjuicio de aquellas particularidades que
surjan como derrotero en cada juicio.

V.4.- Del caso concreto

V.4.1.- La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso, pudo verificar lo siguiente:

Los señores CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO, -Partido
Conservador Colombiano-, HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA, -
Coalición Partido Centro Democrático-Mira-, ANABEL TARAZONA
IGUÁVITA, -G.S.C. Liga de Gobernantes Anticorrupción-, NOÉ
ALEXANDER MEDINA SOSA, -Coalición Partido Centro
Democrático-Mira-, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ,- Coalición
Dignidad Santandereana-, ALFONSO PINTO FRATTALI, -Partido
Liberal Colombiano-, JONATHAN ALEJANDRO DUARTE ROJAS, -
G.S.C. Liga de Gobernantes Anticorrupción-, y MARGGY
CAROLINA RANGEL BUENO, -Partido Cambio Radical-, fueron
elegidos diputados departamentales de Santander, para el período
constitucional 2020-2023, según consta en el Formulario E26ASA
de 13 de noviembre de 2019, expedido por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, -que reposa en la copia del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 2023-080 allegado al expediente-.

Con relación al proceso de responsabilidad fiscal núm. 2023-080
allegado al expediente, se logra observar que el gerente
departamental colegiado de Santander de la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante oficio núm.

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2023EE0218559 de 11 de diciembre de 2023, le trasladó para lo
de su competencia a la CONTRALORÍA GENERAL DE
SANTANDER, el ‘Hallazgo Fiscal núm. 1-Actuación Fiscal Límite del
Gasto Público, Departamento de Santander, vigencia 2021’, por
diferencias en la liquidación de prestaciones y seguridad social de
los diputados departamentales de Santander, ascendidas a ciento
$107.289.383.

El 13 de diciembre de 2023 un asesor de la CONTRALORÍA
GENERAL DE SANTANDER remitió a la Subcontraloría para
Responsabilidad Fiscal del mismo ente de control, para lo de su
competencia, una denuncia identificada con el número DPD-23-
0364 SIA ATC: 192023000898 por ‘presunto daño fiscal por el pago
indebido de prestaciones sociales y seguridad social a diputados de
la Asamblea Departamental de Santander’, así como un link con el
expediente, pero no se pudo obtener copia de esa denuncia.

El 14 de diciembre de 2023, el subcontralor de Responsabilidad
Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER entregó
los hallazgos fiscales remitidos por la Gerencia Departamental
Colegiada de Santander de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA a la abogada comisionada de esa dependencia para
que adelantara el respectivo proceso de responsabilidad fiscal, así
como el correspondiente auto comisorio.

A continuación, el 15 de diciembre de 2023, se produjeron todas
las actuaciones que se relacionan a continuación:

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• El propio subcontralor de Responsabilidad Fiscal expidió el auto
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal con consecutivo
núm. 000070 contra los diputados accionados, entre otros, por
valor de $107.289.383, en el que se les ordenó su notificación
en la forma y términos establecidos en el artículo 106 de la Ley
1474, que a su vez remite a los artículos 67, 68 y 69 del CPACA.

• Con memorando de trámite núm. 0031, la abogada comisionada
de la Subcontraloría de Responsabilidad Fiscal de la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER solicitó a los
funcionarios de la Secretaría Común de ese ente de control que
procediera a “[…] citar a los presuntos responsables para
notificar personalmente el auto de apertura de
investigación y las comunicaciones ordenadas en el auto
[…]”.

• A su vez, con oficio núm. 4773, -radicado ese mismo día-, la
abogada comisionada del ente de control le solicitó a la duma
departamental allegar unas pruebas y certificar una información
con destino al proceso de responsabilidad fiscal núm. 2023-080.

• De igual forma, con oficio núm. 4775, la abogada comisionada le
comunicó al presidente de la Asamblea Departamental de
Santander acerca de la apertura de investigación fiscal núm.
2023-080 contra los diputados accionados, para lo de ‘su
conocimiento y fines pertinentes’.

• La Secretaría Común de la CONTRALORÍA GENERAL DE
SANTANDER radicó en la Secretaría General de la Asamblea
Departamental de Santander, oficios con ‘citación a notificación

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personal’ dirigidos a cada uno los investigados, -núms. 4779,
4792, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788,
4789, 4790 y 4791-, para que comparecieran ante el Despacho
de la Subcontraloría para Procesos de Responsabilidad Fiscal y
ser notificados personalmente del auto de apertura de 15 de
diciembre de 2023, proferido dentro del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 2023-080, así:

“[…] Sírvase comparecer a este Despacho Sub Contraloría para
Procesos de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloría General de
Santander ubicada en la calle 37 No. 10 - 30 oficina 614, del Edificio
de la Gobernación de Santander, con el fin de notificarle AUTO DE
APERTURA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023, proferido dentro
del proceso de responsabilidad fiscal No 2023-080.

Igualmente, se le informa que podrá hacer uso de la posibilidad que dispone el
artículo 56 de la ley 1437 del 2011, “NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA”. Para
ello deberá enviar un correo electrónico a
secretariacomunrf@contraloriasantander.gov.co con copia
responsabilidadfiscal@contraloriasantander.gov.co,
lsalazar@contraloriasantander.gov.co, AUTORIZANDO la notificación por
correo electrónico especificando que autoriza esta providencia y si lo desea, las
demás que se le profiera durante el desarrollo de este proceso.

Transcurridos cinco (5) días a partir de la fecha de envío de la
presente citación se procederá a realizar, la notificación por AVISO,
de conformidad con les artículos 67 al 69 de la Ley 1437 de 2011, si
para esa fecha no se ha podido surtir la notificación personal […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

• Estas citaciones también fueron enviadas a los correos
electrónicos de cada uno de los diputados investigados.

La única constancia de notificación personal del auto de apertura de
investigación fiscal de 15 de diciembre de 2023, radicado núm.
2023-080, fue la realizada el 18 de diciembre de 2023 al diputado
MAURICIO MEJÍA ABELLO.

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Paralelo a lo anterior, -el mismo 15 de diciembre de 2023-, se
llevaba a cabo sesión extraordinaria en el seno de la Asamblea
Departamental de Santander, en cuyo archivo de audio se evidencia
que su presidente mencionó que la comunicación del proceso de
responsabilidad fiscal contra los demandados fue enviada a las 3:06
pm de ese día, pero que existe una resolución en la que la
Contraloría fijó que los viernes laboraba hasta las dos de la tarde, -
minuto 12:53 a 14:53-. La diputada CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ
CARREÑO manifestó que se encontraba sorprendida con dicha
situación por lo que conminaba a la Corporación a elegir en
propiedad al contralor general de Santander y a presentar las
denuncias respectivas, -minuto 15:09 a 17:46-.

Por su parte, el diputado LUIS FERLEY SIERRA JAIMES solicitó
presentar una acción preventiva ante la Procuraduría porque en su
criterio la actuación de la contralora era dolosa y resultaba inaudito
que se allegara esa notificación precisamente el día en que se
convocó a la sesión de elección de contralor general de Santander,
-minuto 18:36 a 21:48-. El diputado HUGO ANDRÉS CARDOZO
RUEDA, a su vez, manifestó que le estaban quitando el derecho a
elegir contralor general de Santander, por lo que solicitó que la
Auditoria General de la Nación revisara este caso, -minuto 22:00 a
23:22-.

La asesora jurídica de la Asamblea Departamental de Santander se
presentó ante la plenaria para rendir concepto jurídico respecto de
la posibilidad de adelantar el procedimiento de elección en sesión
extraordinaria, dejando claro a los diputados que era su deber
cumplir con la obligación constitucional de llevar a cabo el acto de

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elección al tratarse de una actuación administrativa ya iniciada, -
minuto 25:35 a 49:39-.

Fue así como los diputados presentaron la proposición núm. 72 con
la finalidad de solicitar la intervención funcional excepcional de la
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en el proceso de
responsabilidad fiscal núm. 2023-080 iniciado por la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, para lo cual alegaron
que la expedición y remisión precipitada del auto de apertura de
investigación fiscal el mismo 15 de diciembre de 2023 “[…] no tiene
otra intención que tratar de impedir que se elija contralor
departamental en propiedad, por cuanto lo que se busca es impedir
que los honorables diputados ejerzan libremente su deber de elegir
al contralor departamental para el período 2021-2025 (…) Este auto
se profiere un día después de que la Mesa Directiva de la Asamblea
convocara a la entrevista del último de los ternados y fijara fecha
para elección del nuevo contralor para el próximo 19 de diciembre
(…) En este sentido debe establecerse que existen antecedentes
sobre el comportamiento de la Contraloría General de Santander
frente a presiones realizadas sobre otros funcionarios para interferir
en otras elecciones, como la elección de los miembros consejeros
de la CDMB, recordada por la revocada suspensión sobre los
alcaldes de Vetas y Suratá que mereció, en su momento,
igualmente, la solicitud de intervención de la Contraloría General de
la República […]”.

En este sentido, consta certificación suscrita por el secretario
general de la Asamblea Departamental de Santander en la que hace
constar “[…] Que, la proposición No. 72, de fecha 15 de diciembre

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de 2023, sobre la intervención funcional excepcional de la
Contraloría General de la República, al proceso de responsabilidad
fiscal Radicado 2023-080 de la Contraloría General de Santander,
fue aprobada por la mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea Departamental de Santander […]”.

La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al resolver la
solicitud elevada por los diputados, expidió la Resolución núm.
ORD-80112-1609-2023 de 28 de diciembre de 2023, por medio de
la cual accedió a decretar la intervención funcional excepcional de la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, respecto del proceso
de responsabilidad fiscal núm. 2023-080, habida cuenta que la
referida petición cumplió con la exigencia contenida en el artículo
23, literal c), numerales i) y iv) del Decreto 403 de 16 de marzo de
202038, que se adecua al criterio del artículo 6°, literales a), c) y e)
de la Resolución Organizacional OGZ 0767 -2020 de 24 de julio de
202039.

Por su parte, en el Acta núm. 082, -en la que se dejó constancia de
la sesión extraordinaria de 19 de diciembre de 2023, celebrada por
la Asamblea Departamental de Santander-, se estableció dentro del
orden del día la elección del contralor general de Santander de
terna conformada por los aspirantes REYNALDO MATEUS
BELTRÁN, CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR y
WALTHER MAYGER DUARTE GÓMEZ.

38 “[…] Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de

2019 y el fortalecimiento del control fiscal […]”.
39 “[…] Por la cual se regula el trámite de la intervención funcional en la Contraloría General de la

República y se dictan otras disposiciones […]”.

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La elección del señor REYNALDO MATEUS BELTRÁN se hizo
mediante votación secreta, en la que se registraron un total de diez
votos, -minuto 17:38 a 21:48-. En el video adjunto de la sesión, se
evidencia que cada diputado introdujo su voto en la urna sin
expresar o manifestar el sentido de su decisión, sesión en la que
fueron aceptados los impedimentos de los diputados MAURICIO
MEJÍA ABELLO y CAMILO ALFONSO TORRES PRADA, y se dejó
constancia de la inasistencia de los diputados ÓSCAR MAURICIO
SANMIGUEL RODRÍGUEZ, LUIS FERLEY SIERRA JAIMES,
NAKOR FERNANDO RUEDA ORTEGA y GIOVANNI HERALDO
LEAL RUIZ.

No fue acreditada la notificación personal ni por aviso de los
diputados accionados del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal núm. 2023-080, de forma previa a la
mencionada elección de contralor general de Santander el 19 de
diciembre de 2023, situación que además fue reiterada por aquellos
a través de sus apoderados en la audiencia pública celebrada el 18
de marzo de 2024.

V.4.2.- Contrario a lo argüido por el solicitante, en los accionados
no confluyó una circunstancia objetiva de conflicto de interés
alguno, toda vez que el 19 de diciembre de 2023 los diputados
participaron en la elección del contralor general de Santander, -
servidor público-, mediante la modalidad del voto secreto, tal
como consta en el minuto 17:38 a 21:48 del video de esa sesión, y
la censura recayó en la existencia de un proceso de responsabilidad
fiscal en su contra cuyo auto de apertura supuestamente fue
oportuna y debidamente notificado, esto es una particularidad

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distinta a la de la inhabilidad por razón de parentesco entre
aquellos y los respectivos candidatos, en los términos del citado
artículo 56, literal e), de la Ley 220040.

Esta sola razón es suficiente para descartar la configuración del
conflicto de intereses en el caso concreto; sin embargo, vale la
pena señalar que al momento de la votación para elegir contralor
departamental, -19 de diciembre de 2023-, no le era exigible a los
accionados que se declararan impedidos para participar en ese
proceso de elección, toda vez que aún no habían sido notificados en
debida forma del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 2023-080, expedido el 15 de diciembre de 2023.

Esto, por cuanto si bien los acusados fueron citados el mismo 15 de
diciembre de 2023 para que acudieran a las instalaciones de la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, -dentro de los cinco
(5) días siguientes al recibo de la comunicación-, y así surtir la
notificación personal del referido auto de apertura, lo cierto es que
no hay evidencia que demuestre que ello ocurrió, así como tampoco
pudo fijarse el correspondiente aviso porque la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA decidió asumir el conocimiento del
proceso de responsabilidad fiscal núm. 2023-080, en virtud del
poder de intervención funcional excepcional.

Se reitera que el artículo 106 de la Ley 1474 prevé que “[…] En los
procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su

40 “[…] Ley 2200, artículo 56.- Conflicto de intereses. (…) Para todos los efectos se entiende

que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:
(…)
e) Cuando el diputado participa en la elección de otros servidores públicos mediante el
voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco
con los candidatos […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

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integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000
únicamente deberán notificarse personalmente las
siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad
fiscal y el fallo de primera o única instancia; para estas
providencias se aplicará el sistema de notificación personal y
por aviso previsto para las actuaciones administrativas en la
Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro
del proceso serán notificadas por estado […]”, y, a su vez, los
artículos 67, 68 y 69 del CPACA establecen el trámite de la
notificación personal, su citación y la notificación por aviso cuando
no pudiere hacerse la personal.

Al respecto, el día de la elección del contralor, -19 de diciembre de
2023-, no se había cumplido el término de cinco (5) días que tenían
los accionados para notificarse personalmente del auto de apertura
pues, al recibir el citatorio el 15 de diciembre de 2023 y conforme a
los artículos 68 y 69 del CPACA, aquel se extendía hasta el 22 de
diciembre de 2023, esto es que ese plazo se vencía con
posterioridad al día de la pluricitada votación.

Para la Sala, como se ha sostenido en su Jurisprudencia,
únicamente la debida y oportuna notificación del auto de
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, -en el
proceso ordinario como el del caso concreto-, y del auto de
apertura e imputación de responsabilidad fiscal, -en el proceso
verbal-, resulta relevante para determinar el momento desde el
cual emerge en el diputado el interés particular, -originado en sí
mismo, en su pareja, pariente o socio-, que podría pugnar con el

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interés público funcional y desataría el conflicto de intereses que
requiere ser advertido ante el resto de la corporación pública.

Este parámetro de certidumbre procesal en el marco del proceso de
desinvestidura, ha sido identificado por la Sección como un
mecanismo garantista de los principios al debido proceso y a la
defensa del miembro de la corporación pública, a quien se le
otorga claridad del momento exacto a partir del cual tiene la
obligación de declarar su impedimento para ejercer aquella
función pública que entraría en conflicto con su interés
particular ocasionado por la apertura de un proceso de
responsabilidad fiscal, sumado a que en circunstancias como las
del caso concreto, en las que media el deber de elegir autoridades
de control territorial, no resulte cercenada su potestad electoral con
maniobras que no cumplan, al menos, con las formas y
oportunidades mínimas para lograr una debida notificación de
providencias fiscales o disciplinarias41.

Asimismo, la Sala no acoge la tesis propuesta por el accionante con
relación a que los diputados se notificaron por conducta
concluyente del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal núm. 2023-080, habida cuenta que el artículo 72 del CPACA
exige, para ese tipo de actuaciones, que los involucrados en la
expedición del respectivo acto administrativo revelen que lo
conocen, consientan la decisión o interpongan los recursos legales,
todo lo cual no solo no ocurrió sino que previo a considerar ese

41 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencias de 27 de abril de 2023, número único de radicación 25000231500020220092701,; de
10 de agosto de 2023, número único de radicación 25000231500020220092601; de 31 de agosto
de 2023, número único de radicación 25000231500020220098101; y de 14 de septiembre de
2023, número único de radicación 25000231500020220101401; con ponencia de la consejera
Nubia Margoth Peña Garzón.

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

escenario, la CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER aún
estaba en el trámite de la notificación personal.

Si bien antes de la votación de 19 de diciembre de 2023 se recibió
el mencionado citatorio en la Presidencia de la Corporación para
que se notificaran personalmente del auto de apertura, -15 de
diciembre de 2023-, no puede entenderse que los accionados
entonces realizaron actuaciones o pronunciamientos que revelaron
que conocían los pormenores de dicho acto que, por demás, no se
conocía en ese momento.

Al escuchar lo manifestado por los diputados en la sesión de 15 de
diciembre de 2023, con relación a la citación radicada por la
CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, tampoco es de recibo
considerar que los señores CLAUDIA LUCÍA RAMÍREZ CARREÑO
y HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA alegaron ‘razones de
defensa’ frente al contenido del auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal, sino que, por el contrario, su participación en
dicha reunión estuvo encaminada a establecer su desconcierto por
la presunta actuación premeditada y precipitada por parte de los
miembros del órgano de control departamental, con el fin aparente
de impedirle a los diputados elegir a su nuevo jefe en propiedad.

De la firma de la proposición núm. 72 de 15 de diciembre de 2023
tampoco se puede erigir una notificación plena del auto de
apertura, puesto que dicha solicitud se presentó con la única
finalidad de que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
asumiera el conocimiento del proceso de manera preferente, asunto
exclusivo de la competencia funcional del ente de control, y sin que

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

se evidencien los elementos establecidos en el artículo 72 del
CPACA. Respecto de la notificación personal del diputado
MAURICIO MEJÍA ABELLO el 18 de diciembre de 2023, debe
advertirse que esta no se hace extensiva a los demás diputados
vinculados, al tratarse de un asunto que solo afectó la situación
individual de aquel.

Por lo precedente, la Sala confirmará la sentencia de 3 de abril de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por
medio de la cual denegó la pérdida de investidura de los diputados
departamentales de Santander, señores CLAUDIA LUCÍA
RAMÍREZ CARREÑO, HUGO ANDRÉS CARDOZO RUEDA,
ANABEL TARAZONA IGUÁVITA, NOÉ ALEXANDER MEDINA
SOSA, PEDRO LEONIDAS GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO PINTO
FRATTALI, JONATHAN ALEJANDRO DUARTE ROJAS y
MARGGY CAROLINA RANGEL BUENO, por los hechos ocurridos
dentro del período constitucional 2020-2023.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 3 de abril de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Solicitante: ISRAEL GALLEGO MEDINA

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 11 de julio de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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