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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00080-01

Pérdida de investidura de concejal por violación al régimen de inhabilidades: vínculo de parentesco con quien dentro de los…

Fecha
8 de junio de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
47 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00080-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2016, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial. SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase copia a la Sección Cuarta de esta Corporación y al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2016-00080-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

8 de junio de 2018

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL - Inaplicabilidad del término de caducidad de la Ley 1881 de 2018 porque para cuando fue expedida ya se había proferido fallo de primera instancia

[D]ebe señalarse que aunque la Ley 1881 de 2018, en el artículo 22 ibídem, establece que las disposiciones allí contenidas son aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, dentro de las cuales correspondería el estudio de la caducidad, no es dable en el caso concreto descender a este aspecto, toda vez que la citada ley entró a regir el 15 de enero de 2018, fecha para la cual incluso el fallo de primera instancia ya había sido proferido.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Vínculo de parentesco con quien dentro de los doce meses anteriores a la elección ejerció autoridad / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Vínculo de parentesco con quien dentro de los doce meses anteriores a la elección ejerció autoridad. Valoración de elemento subjetivo: negligencia / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Presupuestos de la inhabilidad por parentesco o vínculo con autoridad / RECTOR DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA – Es autoridad administrativa dadas las funciones que tiene a cargo / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[D]efinido como está que ejerce autoridad administrativa el rector de una institución educativa pública así sea en encargo y que incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, quien pese a tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con una persona que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores es elegido concejal, es pertinente verificar si están o no acreditados dichos elementos en el caso concreto. (i) La existencia del vínculo por parentesco en segundo grado de consanguinidad, entre el concejal y el funcionario: está demostrada por cuanto el señor Fernando Antonio Pineda Tamayo fue elegido concejal del Municipio de Pereira, Risaralda, para el periodo 2016-2019, tomando posesión en el cargo el 2 de enero del año 2016 y a su vez su padre señor Samuel Antonio Pineda Pineda, se posesionó como Rector en la Institución Educativa “Mundo Nuevo, el 21 de mayo de 2013, cargo que ejerció hasta el 12 de mayo de 2015, cuando le fue aceptada la renuncia. (ii) Que dicho funcionario haya ejercido autoridad administrativa, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección acusada: también se cumple, pues su padre ejerció autoridad administrativa hasta cinco (5) meses antes de que el demandado fuera elegido concejal. (iii) Que la autoridad se haya ejercido por ese funcionario en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal: la institución educativa donde el padre del demandado ejerció como rector está ubicada en el Municipio de Pereira, lugar donde aquel fue elegido para el concejo. […] De conformidad con lo señalado, constituye un deber mínimo de diligencia y cuidado, que quien pretende acceder a un cargo de elección popular, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que lo cobija y cuándo se configura un conflicto de intereses. Argumenta el demandado que no consideró que incurría en la causal de inhabilidad que se le endilga; sin embargo, para la Sala dicha aseveración debía estar acompañada de un elemento mínimo de prueba que permitiera concluir que aquel realizó las diligencias necesarias en procura de verificar si dicha situación constituía o no una prohibición, elemento de cual está huérfano el proceso, máxime cuando se desprende de la contestación de la demanda que el concejal hizo a nombre propio, que es profesional del derecho, lo que hace más reprochable su conducta.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Secciones Primera y Quinta, de 9 de diciembre de 2010, Radicación 44001-23-31-000-2010-00092-01, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; 20 de octubre de 2017, Radicación 76001-23-33-004-2016-01478-01, C.P. María Elizabeth García González; 25 de mayo de 2017, Radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01, C.P. María Elizabeth García González; 2 de diciembre de 2010, Radicación 20001-23-31-000-2010-00165-01; 18 de marzo de 2010, Radicación 44001-23-31-000-2009-00130-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 20 de agosto de 2004, Radicación 50001-23-31-000-2004-00008-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de mayo de 2005, Radicación 76001-23-31-000-2004-00456-01, C.P. Camilo Arciniegas; y 21 de abril de 2016, Radicación 47001-23-33-000-2015-00492-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.

PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES - Por parentesco o vínculo con autoridad. Alcance

[E]n cuanto a la causal de inhabilidad endilgada, estimó el recurrente que acorde con la literalidad del texto legal, el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 conforme quedó modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se refiere al segundo grado de consanguinidad y no al primero. Para la Sala dicho reparo tampoco es de recibo, toda vez que cuando la norma prohíbe que se inscriba como candidato quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, su entendimiento debe abarcar el grado anterior al señalado en la ley.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de marzo de 2013, Radicación 68001-23-31-000-2011-00967-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

FUENTE FORMAL: LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 22 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 33 NUMERAL 5 / LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 40 NUMERAL 4 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 55

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00080-01(PI)

Actor: DANIEL SILVA ORREGO Y OTRO

Demandado: FERNANDO ANTONIO PINEDA TAMAYO

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Referencia: Incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, quien pese a tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con una persona que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores, es elegido concejal.

Referencia: Artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

La Sala profiere sentencia de reemplazo en el presente proceso, para cumplir lo dispuesto en providencia del 17 de mayo de 2018 pronunciada por la Sección Cuarta de esta Corporación, que protegió el derecho fundamental al debido proceso del señor Fernando Antonio Pineda Tamayo y dejó sin efectos la sentencia del 9 de febrero de 2017, ordenando que en su lugar se dicte una nueva decisión, atendiendo la sentencia SU-424 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.
I.- SINTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada

Los ciudadanos Daniel Silva Orrego y William Restrepo Cortes, obrando en nombre propio, solicitaron se decretara la pérdida de investidura del señor Fernando Antonio Pineda Tamayo, concejal del Municipio de Pereira elegido para el periodo constitucional 2016 - 2019, por considerar que incurrió en la causal de inhabilidad señalada por el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, por cuanto su padre ejerció autoridad administrativa en dicho municipio dentro de los 12 meses anteriores a su elección como concejal.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada

El señor Fernando Antonio Pineda Tamayo fue elegido concejal en el Municipio de Pereira, para el período constitucional 2016 – 2019.

El mencionado señor es hijo de Samuel Antonio Pineda Pineda, quien fue designado como rector encargado en el establecimiento educativo Mundo Nuevo mediante la Resolución nro. 2446 del 16 de mayo de 2013 de la Secretaría de Educación Municipal de Pereira, y se posesionó por medio del Acta nro.195 del 21 de mayo de 2013, cargo que desempeñó hasta el 12 de mayo de 2015, fecha en la cual le fue aceptada la renuncia a través del Decreto Municipal 345 del 12 de mayo de 2015.

2.- Contestación de la demanda por parte del concejal Fernando Antonio Pineda Tamayo

En la oportunidad procesal correspondiente y obrando en nombre propio, el señor concejal contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, exponiendo como razones de defensa las siguientes:

Manifestó que en el presente asunto no existe certeza sobre la autoridad administrativa que pueda ejercer el rector de una institución educativa y por lo tanto no se configuró la inhabilidad.

Explicó que el señor Samuel Antonio Pineda tenía el carácter de empleado público del servicio docente oficial y por ende estaba sometido a un régimen especial, aun cuando se desempeñó como directivo docente encargado desde el 16 de mayo de 2013 hasta el 1 de julio de 2015. (sic)

Agregó que no tenía la facultad de celebrar contratos ni de ordenar gastos con cargo a los fondos municipales, toda vez que la misma está en cabeza del Gobierno Escolar, figura que fue creada por el Decreto 1860 de 1994 en su artículo 19, siendo ese órgano el que celebra contratos y ordena gastos con cargo al Fondo de Servicios Educativos conforme lo establece la Ley 715 de 2001. En ese sentido, el rector solo es un ejecutor de las decisiones adoptadas por el Gobierno Escolar y no su administrador.

Afirmó que las funciones descritas como ejercicio de dirección administrativa en el inciso segundo del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, no son propias del directivo docente encargado sino que competen a la Secretaría de Educación o a otras autoridades del Municipio de Pereira; de igual manera la función de investigación disciplinaria de los profesores está en cabeza de la oficina de control interno disciplinario de las secretarías de educación, por disposición de la Ley 734 de 2000.

Sostuvo que el ejercicio del cargo de directivo docente en la institución educativa de la vereda Mundo Nuevo de la ciudad de Pereira no se adecúa plenamente a las funciones señaladas para el ejercicio de la Dirección Administrativa prevista en el citado artículo 190 de la Ley 136 de 1994, pues esas funciones son de responsabilidad de los órganos de Gobierno como son el Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité de Convivencia Escolar, Personeros estudiantiles, que el docente Samuel Pineda estaba en carrera y en el mes de abril de 2011 fue encargado como rector de la institución educativa Mundo Nuevo de la vereda del mismo nombre mientras se elegía el nuevo rector por concurso de méritos.

Indicó que el parágrafo 1° del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 en concordancia con la Ley 1148 de 2007, prevé excepciones referentes a las inhabilidades e incompatibilidades, que no se causan para los docentes de carrera en los grados respectivos y como en el caso el señor Samuel Antonio Pineda era docente de carrera nombrado en encargo no se configuró la inhabilidad.

Propuso como excepciones de fondo las que intituló: la violación del principio de legalidad al debido proceso por interpretación amplia de las causales de investidura; la violación de los principios generales del derecho sancionador; existencia de un régimen especial y por lo tanto no aplicable como causal de inhabilidad; inexistencia de autoridad administrativa; inexistencia de la causal invocada por violación al principio de proporcionalidad, razonabilidad y justicia;y la de inexistencia de la inhabilidad como causal de pérdida de investidura con la expedición de la Ley 617 de 2000.

3.- La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda

La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante providencia del 15 de abril de 2016, decretó la pérdida de investidura del señor Fernando Antonio Pineda Tamayo.

El problema jurídico a resolver en este proceso, quedó planteado así:

“[…] El problema jurídico se centra en establecer si se configura la causal de “violación al régimen de inhabilidades” contemplada en el numeral 2° del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, invocada por el accionante, señor Daniel Silva Orrego, frente al concejal del municipio de Pereira para el periodo 2016-2019, señor Fernando Antonio Tamayo Pineda, por tener vínculo de parentesco de consanguinidad con un funcionario que dentro de los 12 meses anteriores a su elección ejerció autoridad administrativa. […]”

El Tribunal de instancia consideró que estaba plenamente demostrado que el demandado fue elegido concejal del municipio de Pereira para el periodo 2016-2019 y su papá se desempeñó como rector en un establecimiento educativo de carácter público dentro de los 12 meses anteriores a la elección, concluyendo que aquel estaba inhabilitado, toda vez que el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 señala que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido como concejal quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio.

En criterio del Tribunal, el texto legal estableció la inhabilidad cuando exista parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, esto es, se extiende a abuelos, nietos y hermanos. Además, que el Consejo de Estado ha interpretado que si la inhabilidad se predica de tales parientes, debe entenderse que también se aplica cuando se trata de padres e hijos, es decir, de quienes se encuentran en primer grado de consanguinidad.

En cuanto al ejercicio de las funciones que ejercen los rectores de instituciones educativas, concluyó que si bien éstas no encuadran dentro del concepto de "dirección administrativa" que establece el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, lo cierto es que algunas de ellas son propias de las autoridades administrativas. En ese sentido, advirtió que el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 prevé como funciones del rector la administración del personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos, imponer sanciones disciplinarias propias del control interno disciplinario y administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que se le asignen.

Argumentó que la Secretaría de Educación de Pereira certificó que el rector tiene facultades para asignar horas extras al personal docente y realizar movimientos internos y reubicaciones de personal en el establecimiento educativo principal y sus sedes. Además, que el rector, como administrador del Fondo de Servicios Educativos, debe celebrar los contratos que hayan de pagarse con cargo a dicho fondo, todo lo cual demuestra que ejerce autoridad administrativa.

Por último manifestó que la finalidad de la norma que consagra las inhabilidades de los concejales es impedir que la persona que tenga autoridad administrativa pueda influir en el electorado en favor de su pariente que aspira a ser concejal, pues ello iría en contravía del principio de igualdad de oportunidades de los otros candidatos y por ello la excepción de que trata el parágrafo 1° del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 solo es aplicable a los parientes del concejal y no a los concejales.

Por las razones explicadas, accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia decretó la pérdida de investidura de concejal del Municipio de Pereira al señor Fernando Antonio Pineda Tamayo.

4.- El recurso de apelación presentado por el demandado

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el demandado presentó recurso de apelación, solicitando fuera revocada dicha providencia.

Arguyó que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda violó el debido proceso por interpretación amplia de las causales de pérdida de investidura; en ese sentido advirtió que esta Sección Primera del Consejo de Estado mediante fallo del 3 de octubre de 2011, proferido dentro del radicado 2012- 094, señaló que las causales de pérdida de investidura son taxativas y su interpretación es restringida.

Sostuvo que no hay claridad de que los rectores ejerzan autoridad administrativa y tampoco que la inhabilidad invocada en la demanda se predique de familiares en primer grado de consanguinidad, toda vez que el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 sólo se refiere al segundo grado de parentesco, además de las dudas que ofrece la violación al régimen de inhabilidades como causal para que un concejal pierda la investidura.

Adujo que el docente en encargo de directivo se rige por normas de carrera docente, por lo que tiene un carácter y un fin estrictamente formativo educativo y de autocontrol a raíz de las normas de gobierno escolar; explicó que el Consejo Directivo al cual pertenecía su padre era quien realmente administraba el Fondo de Servicios Educativos de la institución Mundo Nuevo y solo ejecutaba sus órdenes, por lo que decretar la pérdida de investidura resulta desproporcional e injusto.

El apelante señaló que no existe prueba objetiva de que su padre haya usado el cargo de rector para conseguir ventajas electorales; por el contrario, se allegó al proceso la certificación expedida por la jefatura de núcleo 7 en la que consta que durante el periodo durante el cual el señor Samuel Antonio Pineda Pineda se desempeñó como directivo docente encargado jamás se recibió queja o denuncia alguna en el sentido de que incitara o influyera en la comunidad educativa para favorecer políticamente a su hijo.

Destacó que la Secretaría de Educación de Pereira explicó mediante oficio 10873 de 1 de abril de 2016, que la potestad disciplinaria del personal docente recae en dicha dependencia y no en el rector de la institución, lo que concuerda también con lo establecido en la Ley 734 de 2002, los artículos 11 a 13 de la Ley 715 de 2001 y de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1695 del mismo año.

Afirmó que el fallo del tribunal desconoció los principios generales del derecho sancionador porque en el presente asunto no está determinado que un directivo docente ejerza autoridad administrativa. Así mismo, señaló que el señor Samuel Antonio Pineda Pineda estaba sometido a un régimen de carrera especial en los términos del artículo 105, parágrafo 2 de la Ley 115 de 1994 y por ello fue encargado como rector por encontrarse en carrera docente y tener todos los títulos de idoneidad, lo cual lo aparta del concepto de empleado público al que se refiere la inhabilidad.

Por las razones anotadas solicitó que fuera revocada la decisión de primera instancia.

5.- Alegatos de conclusión en segunda instancia

Mediante auto del 16 de agosto de 2016, el magistrado sustanciador del proceso admitió el recurso de apelación y de manera simultánea ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, así como al señor agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.

Sólo alegó de conclusión el demandado, quien reiteró los argumentos expuestos al momento de instaurar el recurso de apelación. Además, pidió tener en cuenta que la Corte Constitucional ha establecido que las inhabilidades solo se configuran cuando se ha demostrado en el proceso que el demandado actuó con dolo o culpa, elemento que no estaba acreditado.

6.- Concepto del señor agente del Ministerio Público

El señor Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, intervino mediante escrito radicado el 23 de septiembre de 2016, en donde luego de hacer referencia a la providencia apelada, al recurso y a la causal de pérdida de investidura invocada, conceptuó que se debía confirmar la sentencia proferida por el Tribunal de instancia.

Según lo estimó, si bien es cierto el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, se refiere al segundo grado de consanguinidad, también lo es que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han interpretado de tiempo atrás que si la inhabilidad se predica entre tíos y sobrinos con mayor razón debe configurarse tratándose de padres e hijos, es decir, entre parientes que se encuentren en primer grado de consanguinidad.

Concluyó que era claro el alcance de la causal y que el demandado incurrió en una errónea interpretación de la misma, por lo que no puede alegar su propio error para relevarse de las consecuencias jurídicas correspondientes.

En cuanto a la autoridad administrativa que ejerció el rector de la institución educativa dentro de los 12 meses anteriores a la elección, indicó que si se acude al criterio funcional para efectos de darle alcance al concepto de autoridad administrativa, se encuentra que los rectores la ejercen dadas las funciones a ellos asignadas en los numerales 10.6, 10.7, 10.8 y 10.10 del artículo 10 de la Ley 715 de 2011.

Además recalcó que no se debe atender el argumento del demandado según el cual la inhabilidad no se configura porque su padre fue designado en encargo y no en propiedad, ya que esta Sección, mediante decisión del 26 de junio de 2013 proferida dentro del expediente 2012-00228, señaló que esa circunstancia era irrelevante para efectos de la configuración de la causal.

Adujo que tampoco se aplica al caso la excepción contenida en el parágrafo 1 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, ya que está destinada a los parientes de los concejales y a los órganos y entidades del sector descentralizado del departamento, distrito o municipio, para que no celebren contratos entre ellos ni sean designados en esas entidades. En ese sentido, la excepción no se refiere a la causal de pérdida de investidura sino a la prohibición que aludida norma consagra.

Conceptuó que el ejercicio de la autoridad administrativa se dio en el Municipio de Pereira y con ello se acreditaron todos los elementos que exige la inhabilidad.

Finalmente afirmó que el elemento subjetivo de la conducta estaba probado en el proceso, pues el demandado conocía plenamente que su padre fungía como directivo docente - rector de la institución educativa Nuevo Mundo y a pesar de ello se inscribió como candidato al concejo de Pereira.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, y con base en la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, que estableció que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado

Ahora bien, la Sala reitera que la sentencia que es menester adoptar, corresponde al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela proferido el 17 de mayo de 2018 por la Sección Cuarta de esta Corporación, que consideró que en la decisión aquí dictada se había desconocido el precedente constitucional, ante la falta de aplicación de la Sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Está acreditado con la copia del formulario E-26 CON, del 25 de octubre de 2015, que contiene el resultado del escrutinio municipal para elecciones de concejo, que el señor Fernando Antonio Pineda Tamayo, identificado con la cédula de ciudadanía número 4.512.379, fue elegido concejal del Municipio de Pereira, Risaralda, en representación del partido Cambio Radical, para el periodo 2016-2019.

En consecuencia, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.

Por último, debe señalarse que aunque la Ley 1881 de 2018, en el artículo 22 ibídem, establece que las disposiciones allí contenidas son aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, dentro de las cuales correspondería el estudio de la caducidad, no es dable en el caso concreto descender a este aspecto, toda vez que la citada ley entró a regir el 15 de enero de 2018, fecha para la cual incluso el fallo de primera instancia ya había sido proferido.

3.- Análisis de la Sala:

La Sala tendrá en cuenta que lo acreditado en el proceso es lo siguiente:

3.1. El señor Fernando Antonio Pineda Tamayo fue elegido concejal del Municipio de Pereira, Risaralda, para el periodo 2016-2019, quien tomó posesión del cargo el 2 de enero del año 2016.

3.2. Se desprende del registro civil de nacimiento nro. 830307 expedido por la Notaría Segunda del Circulo de Pereira Risaralda, que el señor Samuel Antonio Pineda Pineda es el padre de Fernando Antonio Pineda Tamayo.

3.3. Por medio de la Resolución nro. 2446 del 16 de mayo de 2013, proferida por el Secretario de Educación de Pereira, se encargó al señor Samuel Antonio Pineda Pineda, docente de la Institución Educativa “Instituto Técnico Superior”, en el cargo de Directivo – Docente (Rector) del establecimiento educativo “Mundo Nuevo”, ubicado en el Municipio de Pereira, Risaralda.

3.4. El 21 de mayo de 2013 el señor Samuel Antonio Pineda Pineda, tomó posesión del cargo de Rector en la Institución Educativa “Mundo Nuevo.”

3.5. Mediante el Decreto 345 del 12 de mayo de 2015, se aceptó la renuncia irrevocable presentada por el señor Samuel Antonio Pineda Pineda, al cargo de Directivo Docente en encargo “Rector” del establecimiento educativo “Mundo Nuevo” del Municipio de Pereira.

Acorde con lo que es motivo de impugnación, la Sala deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿Ejerce autoridad administrativa el docente nombrado en encargo como rector de una institución educativa pública?

En caso afirmativo ¿incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, quien pese a tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con una persona que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores es elegido concejal?

Se le atribuyó al demandado, la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 43 de la Ley 136 de 1994 y dispuso:

“[…] ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html" \l "43" 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

"Artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html" \l "43" 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…)

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha."

(se destaca)

A su vez el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 estableció:

“[…] ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por:

(…)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.

[…]”

Para resolver el primer planteamiento, es decir, si ejerce autoridad administrativa el docente que es nombrado en encargo como rector de un establecimiento educativo, la Sala tendrá en cuenta:

Marco legal:

La Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, establece las siguientes funciones a cargo de los rectores de las instituciones educativas públicas:

"[…] FUNCIONES DE RECTORES O DIRECTORES. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes:
Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos actores de la comunidad educativa.
Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar.
Representar el establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar.
Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución.
Dirigir el trabajo de los equipos docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro de las metas educativas.
Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces.
Administrar el personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permisos.
Participar en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva.
Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia.
Realizar la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo.
Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.
Proponer a los docentes que serán apoyados para recibir capacitación. […]”

Marco jurisprudencial:

Frente al ejercicio de autoridad administrativa por parte de los rectores, esta Sección ha dicho:

“[…] Respecto a la autoridad civil y administrativa y como lo ha señalado la Sala en otras oportunidades (cfr. Sentencia del 1º de febrero de 2000, expediente AC-7974) existe cierta dificultad al tratar de delimitarlas y se ha considerado que la autoridad civil es comprensiva de la autoridad administrativa sin que se identifique con ella, en la medida que en entre las dos existe una diferencia de género a especie.

No obstante, por autoridad administrativa podría entenderse como el poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones generales.

En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las funciones que corresponden a la Dirección Administrativa:

“Artículo 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”
(…)

4.8.- De las condiciones oficiales atrás señaladas, los rectores tienen las siguientes:

4.8.1. Son empleados públicos en tanto hacen parte del personal directivo docente de que tratan los artículos 126 y 129 de la Ley 115 de 1994, y como tales son empleados de carrera nombrados por autoridad del nivel central, en el caso de los municipios por el Alcalde respectivo, según el artículo 127 ibídem.

4.8.2.- Como tales, pueden ejercer la facultad disciplinaria tanto sobre el personal docente como administrativo que está bajo su dirección en el plantel educativo que está a su cargo, en razón a que el artículo 130 de la Ley 115 establece que “Los rectores o directores de las instituciones educativas del Estado tienen la facultad de sancionar disciplinariamente a los docentes de su institución de conformidad con el Estatuto Docente y la presente Ley y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido en la carrera administrativa.”, y el artículo 10, numeral 11, de la Ley 715 de 2001, señala que a los rectores de las instituciones educativas, además de las funciones señaladas en otras normas, les corresponde: “10.11. Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes.”

4.8.3.- Igualmente, tienen facultades para encargar en caso de vacancias temporales en cargos de directivos o docentes dentro del establecimiento bajo su dirección, así como sancionar y otorgar distinciones a los educandos en virtud del artículo 132 ibídem, en tanto establece que “El rector o director del establecimiento educativo podrá otorgar distinciones o imponer sanciones a los estudiantes según el reglamento o manual de convivencia de éste, en concordancia con lo que al respecto disponga el Ministerio de Educación Nacional.”

4.8.4.- De igual forma, según la Ley 715 precitada, tienen entre sus funciones, “10.16. Administrar el Fondo de Servicios Educativos y los recursos que por incentivos se le asignen, en los términos de la presente ley,” y en virtud de ello el artículo 13 ibídem prevé que “El rector o director celebrará los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a los Fondos [Fondos de servicios educativos], en las condiciones y dentro de los límites que fijen los reglamentos.”

4.9.- Lo anterior significa que además de sus actividades docentes o pedagógicas, los rectores de las instituciones educativas de que trata la Ley 715 de 2001, ejercen autoridad administrativa por virtud de las facultades disciplinarias o sancionatorias sobre el personal oficial al servicio de esa institución y para celebrar contratos, y así lo pudo constatar la Sala en sentencia de 20 de agosto de 2004, expediente 2004 – 0008, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y lo corroboró en sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente número 2009-00130, consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno. […]”

Manifiesta el demandado que no existe certeza de que los rectores tengan autoridad administrativa y menos en encargo, sin embargo, no le asiste razón, puesto que como desde años atrás esta Corporación lo ha precisado, criterio que es pacífico, dadas las funciones que tienen a su cargo, ellas comportan dicho ejercicio, tal como pasa a verse:

En providencia del 2 de diciembre de 2010, la Sala citando una sentencia del 20 de agosto de 2004, precisó que dadas las funciones de los rectores de establecimientos de educación ejercen autoridad administrativa, allí indicó:

“[…] En la sentencia aludida en el acápite anterior, la Sala precisó que las funciones de los rectores de establecimientos de educación implican el ejercicio de autoridad administrativa con in[j]gerencia en potenciales electores. Dijo la Sala:

«La Ley 715 de 2001, entre otros temas, organizó la prestación de los servicios de educación. En su artículo 6º, prevé: “COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS. Sin perjuicio de lo establecido en otras normas, corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes competencias: “.....”. Por su parte, el artículo 10º, ibídem, establece: “FUNCIONES DE RECTORES O DIRECTORES. El rector o director de las instituciones educativas públicas, que serán designados por concurso, además de las funciones señaladas en otras normas, tendrá las siguientes: “....”. Del texto de las normas transcritas colige la Sala que existen funciones en las que a los rectores de establecimientos de educación les corresponde ejecutar las políticas y programas que en materia educativa adopte el Gobierno Nacional o los Gobiernos Departamentales, Distritales o municipales, es decir, enmarcadas dentro de los parámetros y directrices que les señalen al efecto, como también otro tipo de funciones en las que tienen autonomía plena para adoptar decisiones, las que, por ende, implican el ejercicio de autoridad administrativa. Tal es el caso, por ejemplo, de las funciones atinentes al control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente y administrativo y al reporte de novedades e irregularidades del personal a la secretaría de educación distrital, municipal, departamental o quien haga sus veces; o la administración del personal asignado a la institución en lo relacionado con las novedades y los permiso; o la participación en la definición de perfiles para la selección del personal docente, y en su selección definitiva; o la distribución de las asignaciones académicas, y demás funciones de docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo; o la realización de la evaluación anual del desempeño de los docentes, directivos docentes y administrativos a su cargo, así como la imposición de las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario. La ingerencia en los aspectos reseñados le dan a los rectores de establecimientos educativos influencia sobre los docentes, padres de familia, directivos, personal administrativo del respectivo plantel, los que, a la postre, son potenciales electores. […]»

(negrilla en la providencia que se cita)

En el mismo sentido, esta Sección en el año 2005 había señalado lo siguiente:

“[…] Al tenor de lo preceptuado en los artículos 105, 106, 126 y 127 de la Ley 115 de 1994 y 3° del Decreto 2272 de 1979 los Rectores son empleados públicos. (…)

La Sala tuvo oportunidad de dilucidar la cuestión que en el caso presente vuelve a plantearse, con motivo de una solicitud de pérdida de investidura sustentada en supuestos fácticos similares:

En sentencia de 20 de agosto de 2004 a vuelta de analizar las funciones que según el artículo 10 de la Ley 715 de 2001 desempeña el rector de una institución educativa pública, la Sala concluyó que este empleo apareja autoridad administrativa, traducida principalmente en las facultades para controlar el cumplimiento de las funciones del personal docente y administrativo; administrar el personal; ejercer el poder disciplinario y administrar el Fondo de Servicios Educativos. En consecuencia, la causal de inhabilidad para ser concejal prevista en el numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 afecta a quien haya ejercido el cargo de Rector dentro de los 12 meses anteriores a la elección.

[…]”

Ahora bien, tal circunstancia para nada varía por el hecho de que el rector haya sido designado en encargo como lo asegura el demandado, puesto que las funciones que le corresponde ejercer en tal situación administrativa no dependen de que ocupe el cargo en propiedad o de manera provisional.

Consecuente con lo señalado, para la Sala no queda duda que los rectores cuentan con la atribución de decidir sobre determinadas situaciones administrativas de los docentes vinculados con el plantel educativo que ellos dirigen, de manera que es claro el ejercicio de la autoridad administrativa.

Por último, en cuanto a la causal de inhabilidad endilgada, estimó el recurrente que acorde con la literalidad del texto legal, el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 conforme quedó modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 se refiere al segundo grado de consanguinidad y no al primero.

Para la Sala dicho reparo tampoco es de recibo, toda vez que cuando la norma prohíbe que se inscriba como candidato quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad, su entendimiento debe abarcar el grado anterior al señalado en la ley. Al respecto ha sostenido esta Sección refiriéndose a la inhabilidad prevista en el artículo 33 numeral 5 de la Ley 617 de 2009 dirigida a los diputados, pero que por la similitud con la materia tiene toda aplicación:

"[…] Cabe advertir que como la norma dice textualmente, que la inhabilidad se presenta entre personas que tengan vínculos de parentesco en "tercer grado de consanguinidad", es decir, entre tíos y sobrinos; la Sala Plena de esta Corporación precisó que con mayor razón, la inhabilidad se configura respecto del vínculo en primer grado de consanguinidad, es decir, entre padres e hijos, como en el caso presente.

En la misma sentencia, la Sala Plena sostuvo que resultaría absurdo aceptar que la inhabilidad se configura frente a los aspirantes que tienen tíos o sobrinos que desempeñan cargos con autoridad política o civil y no frente a los hermanos, padres o abuelos en la misma situación, donde la relación afectiva que es la razón de ser de la inhabilidad es más estrecha. Dijo la Sala en dicha oportunidad:

"Repárese como el numeral 6 del Art. 179 de la Constitución que también establece inhabilidades por razón del parentesco para la inscripción de listas para la elección de miembros de corporaciones públicas cuya elección deba efectuarse en la misma fecha, fue más afortunado en su redacción al señalar que tal inhabilidad se configura en relación con el parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado.
Una interpretación ad absurdum significaría aceptar que la inhabilidad se configura frente a los aspirantes que tienen tíos o sobrinos que desempeñan cargos con autoridad política o civil y no frente a los hermanos, padres o abuelos en la misma situación, donde la relación afectiva que es la razón de ser de la inhabilidad es más estrecha.
De allí que resulte razonable para el intérprete sostener que si se configura la inhabilidad cuando se tienen tíos o sobrinos que desempeñan cargos con autoridad política o civil, con mayor razón (argumento de menor a mayor) la inhabilidad existe en tratándose de padres e hijos, hermanos, nietos o abuelos por cuanto los lazos afectivos son mayores.
Se trataría, por tanto, más de un error de redacción que de una explícita exclusión por el constituyente de la causal de inhabilidad que se discute.[…]"

Por consiguiente, definido como está que ejerce autoridad administrativa el rector de una institución educativa pública así sea en encargo y que incurre en causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades, quien pese a tener vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad con una persona que ejerció autoridad administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores es elegido concejal, es pertinente verificar si están o no acreditados dichos elementos en el caso concreto.

(i) La existencia del vínculo por parentesco en segundo grado de consanguinidad, entre el concejal y el funcionario: está demostrada por cuanto el señor Fernando Antonio Pineda Tamayo fue elegido concejal del Municipio de Pereira, Risaralda, para el periodo 2016-2019, tomando posesión en el cargo el 2 de enero del año 2016 y a su vez su padre señor Samuel Antonio Pineda Pineda, se posesionó como Rector en la Institución Educativa “Mundo Nuevo, el 21 de mayo de 2013, cargo que ejerció hasta el 12 de mayo de 2015, cuando le fue aceptada la renuncia.

(ii) Que dicho funcionario haya ejercido autoridad administrativa, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección acusada: también se cumple, pues su padre ejerció autoridad administrativa hasta cinco (5) meses antes de que el demandado fuera elegido concejal.

(iii) Que la autoridad se haya ejercido por ese funcionario en el mismo municipio en el cual resultó elegido el concejal: la institución educativa donde el padre del demandado ejerció como rector está ubicada en el Municipio de Pereira, lugar donde aquel fue elegido para el concejo.

Así las cosas, la Sala determinará si además de estar acreditado el elemento objetivo, se probó o no el elemento subjetivo de la conducta a que se refiere la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, en punto a establecer si como lo afirma el recurrente no se cumple este elemento.

El elemento subjetivo:

La Corte Constitucional en la sentencia SU-424 del 11 de agosto de 2016, sostuvo:

“[…] La pérdida de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.

En ese orden de ideas, se trata de un juicio sancionatorio, que se efectúa en ejercicio del ius puniendi del Estado, previsto por el Legislador como un procedimiento jurisdiccional a cargo del juez contencioso administrativo – la Sala Plena del Consejo de Estado-, quien hace un juicio de reproche sobre un comportamiento.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa. […]”

El precedente de la Sección:

Siguiendo la precitada sentencia, esta Sala ha dicho lo siguiente:

“[…] El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

(…) el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

(…)

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (…), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo (…), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser Concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer el cargo de Cabildante.

Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico”.

[…]

Es claro, desde luego, que el deber jurídico implícito en la ficción supone, a la vez, una obligación ineludible a cargo del Estado: promulgar las leyes, pues sólo a partir de ese acto se hace razonable la efectividad de las consecuencias jurídicas que pueden seguirse de su inobservancia.

No puede desprenderse de lo anterior que la educación juegue un papel insignificante en el conocimiento del derecho y en el cumplimiento de los deberes que de él se desprenden (aunque a menudo se utiliza para evadirlos sin dejar rastro). Por esa razón, entre otras, el derecho a acceder a ella ocupa un lugar importante en la Carta. Pero no puede argüirse razonablemente que quienes carecen de educación o tienen dificultades para conocer la ley, se encuentran imposibilitados para conocer sus deberes esenciales y que por tanto deban ser relevados de cumplirlos […]” (Negrillas fuera de texto).

(destacado en la providencia)

De conformidad con lo señalado, constituye un deber mínimo de diligencia y cuidado, que quien pretende acceder a un cargo de elección popular, conozca cuáles son los requisitos que debe cumplir, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que lo cobija y cuándo se configura un conflicto de intereses.

Argumenta el demandado que no consideró que incurría en la causal de inhabilidad que se le endilga; sin embargo, para la Sala dicha aseveración debía estar acompañada de un elemento mínimo de prueba que permitiera concluir que aquel realizó las diligencias necesarias en procura de verificar si dicha situación constituía o no una prohibición, elemento de cual está huérfano el proceso, máxime cuando se desprende de la contestación de la demanda que el concejal hizo a nombre propio, que es profesional del derecho, lo que hace más reprochable su conducta.

En ese sentido, “(…) teniendo un deber de diligencia ordinaria que atender en el marco de sus funciones -las que debía saber-, evidentemente no lo satisfizo con el cuidado mediano que las personas emplean normalmente en sus negocios propios, incurriendo en un descuido que tornó en negligente su conducta, es decir, que lo hizo actuar con la culpa objeto de verificación en el análisis subjetivo de esta causal de pérdida de investidura. (…).” (destacado en la providencia).

En consecuencia, ello permite concluir que el elemento subjetivo también se cumple en este caso.

4.- Conclusiones

Corolario de lo explicado y conforme con lo establecido por el Tribunal de instancia, se estructuraron los elementos objetivo y subjetivo que conllevan a determinar que el demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura y por ello, se confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2016, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial.

SEGUNDO: En firme esta providencia, remítase copia a la Sección Cuarta de esta Corporación y al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
Consejero de Estado

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Acción de tutela. C.P. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2017-00453-01.
Folios 1 a 10 cuaderno principal.
Folios 62 a 80 cuaderno principal.
Folios 146 a 161 cuaderno principal
Folio 149 cuaderno principal.
Folios 170 a 192 cuaderno principal.
Folio 7 a 8 cuaderno apelación.
Folios 41 a 68 cuaderno de apelación.
Sin que citara ningún antecedente.
Citó la sentencia del 13 de marzo de 2014 proferida por esta Sección Primera, expediente radicación número 68001-2331-000-2011-00967.
Folio 11 cuaderno principal.

“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones.”
Fue promulgado en el Diario Oficial No. 50.477 del 15 de enero de 2018.

No sobra advertir que si en gracia de discusión, atendiendo la tesis mayoritaria de la Sala, se analizara este elemento, no estaría configurada la caducidad, toda vez que al señor Samuel Antonio Pineda Pineda se le aceptó la renuncia como “directivo docente en encargo rector” el día 12 de mayo de 2015 y el señor Fernando Antonio Pineda Tamayo fue elegido concejal del Municipio de Pereira el 25 de octubre del mismo año; por ende no han transcurrido los 5 años a que se refiere la Ley 1881 de 2018.
Folio 11 cuaderno principal.
Folios 27 a 40 cuaderno principal.
Folio 12 cuaderno principal.
Folios 13, 4 y 24 cuaderno principal.
Folio 15 cuaderno principal.
Folios 16 y 17 cuaderno principal.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”

Sección Primera. Sentencia del 9 de diciembre de 2010. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Expediente radicación número: 44001-23-31-000-2010-00092-01(PI); en similar sentido: Sentencia del 18 de marzo de 2010. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, expediente radicación: 44001-23-31-000-2009-00130-01(PI); Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta. Auto del 21 de abril de 2016. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Expediente radicación número: 47001-23-33-000-2015-00492-01, entre otras.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. Expediente: 2004-0008. Actor: PABLO CESAR COHECHA HERNANDEZ.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre de 2010. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. Expediente radicación número: 20001-23-31-000-2010-00165-01(PI).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 5 de mayo de 2005. C.P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente radicación número: 76001-23-31-000-2004-00456-01(PI).

C.P. Dr. Gabriel E. Mendoza Martelo. Expediente 50001-23-31-000-2004-0008-01(PI) . Actor Héctor Antonio Castro.
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 13 de marzo de 2013. Expediente radicación 68001-23-31-000-2011-00967-01

Sentencia de 27 de enero de 1998, Expediente: PI-5397, Actor: HECTOR MANUEL HOYOS MENESES, M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque.

El texto aprobado en la comisión tercera de la Asamblea Nacional Constituyente decía: 'tampoco podrán ser elegidas las personas ligadas por matrimonio o por parentesco en primer grado de consanguinidad, primero civil o afinidad, con funcionarios públicos que en la respectiva circunscripción ejerzan o hubieran ejercido dentro de los seis meses anteriores a la elección, funciones de jurisdicción, autoridad o mando". (Gaceta Constitucional No. 51, pp. 27 y 28)
Folio 11 cuaderno principal.
Folios 27 a 40 cuaderno principal.
Folio 15 cuaderno principal.
Folios 16 y 17 cuaderno principal.
M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.

Ver sentencias C-181 de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-948 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-1093 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Sentencia SU-1159 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 25 de mayo de 2017. Expediente radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01.M.P. María Elizabeth García González.
Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

Con tarjeta profesional de abogado nro. 158.599 del Consejo Superior de la Judicatura, fl 62 cuaderno principal.

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 20 de octubre de 2017. M.P. María Elizabeth García González. Expediente radicación número: 76001-23-33-004-2016-01478-01(PI).

Medio de control de pérdida de investidura. Expediente radicación: 66001-23-33-000-2016-00080-01 Actor: Daniel Silva Orrego y otro

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