Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00487-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00487-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00487-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00487-00 (5519-2024)
Demandante: Edwin Mauricio Baracaldo Carvajal
Demandada: Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional
Temas: Retiro del servicio de miembros de la Policía Nacional por uso de
la facultad discrecional. Falta de motivación de la sentencia.
Valoración probatoria. Prohibición de doble enjuiciamiento.
DECLARA INFUNDADO.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto1 por el señor Edwin
Mauricio Baracaldo Carvajal contra la sentencia del veinte (20) de septiembre de
dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca2,
para lo cual se invocó la causal del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
1. Que ingresó a la Policía Nacional el 9 de octubre de 2005 y que, en
cumplimiento de sus funciones como policía judicial adscrito a la Dirección
Seccional de Investigación de la Dirección de Antinarcóticos fue retirado del servicio
por voluntad de la Dirección General mediante Resolución 00361 del 31 de enero
de 2020, conforme a lo decidido en la sesión celebrada el 28 de enero de 2020,
según en el Acta 002 APROPGRURE-3.22 de la Junta de Evaluación y Clasificación
para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes.
2. Que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el propósito de controvertir el
referido acto administrativo y obtener su reintegro al cargo.
3. Que el Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 29
de junio de 2022, negó las pretensiones; decisión que fue apelada y posteriormente
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
1 La presentación del recurso se efectuó el 1.° de octubre de 2024. Véase índice 00003 del aplicativo SAMAI.
2 Decisión que confirmó el fallo de primera instancia emitido el 29 de junio de 2022 por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bogotá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-
35-007-2020-00224.
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SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
4. El 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca3
profirió sentencia mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia, al
concluir que el acto de retiro del servicio activo no se encontraba viciado de nulidad,
por cuanto resultaba razonable, proporcional y orientado al mejoramiento del
servicio.
5. Para sustentar dicha conclusión, expuso, en síntesis, los siguientes
argumentos:
6. Concluyó que el acto demandado fue expedido en ejercicio de la facultad
discrecional prevista en los artículos 62 del Decreto 1791 de 2000 y 1 y 2 (numeral
5) de la Ley 857 de 2003, que facultan a la Policía Nacional para disponer el retiro
de sus miembros por voluntad del Gobierno Nacional o de la Dirección General, sin
consideración al tiempo de servicio.
7. Que, conforme al artículo 4 de la Ley 857 de 2003, dicho retiro requiere
recomendación previa de la junta respectiva, disposición declarada exequible por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-179 de 2006, bajo el entendido de que esta
facultad debe orientarse al mejoramiento del servicio y exige una motivación mínima
basada en hechos ciertos y razones objetivas. Señaló que esta línea ha sido
reiterada en las sentencias T-638 de 2012, T-719 de 2013 y SU-172 de 2015; criterio
igualmente acogido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-
SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 2022.
8. Dijo que la decisión de retiro se fundamentó en la recomendación contenida en
el Acta 002 del 28 de enero de 2020, en la cual se evaluó la trayectoria del
demandante y se identificaron circunstancias que comprometían el servicio y la
confianza institucional. En particular, se consideró su presunta vinculación con
hechos relacionados con la pérdida de dinero y estupefacientes en un operativo, lo
que dio lugar a una solicitud de extradición por autoridades de los Estados Unidos,
a su captura con ese fin y a la apertura de dos investigaciones disciplinarias.
9. Que aunque se tuvo conocimiento de que el demandante fue liberado por
autoridades extranjeras el 21 de abril de 2022, se advirtió que dicho hecho es
posterior a la fecha de expedición del acto administrativo (ocurrido dos años antes),
y que las razones de esa liberación no están probadas dentro del proceso y por ello,
no era exigible a la entidad considerar un suceso inexistente al momento de adoptar
la decisión, máxime cuando el trámite de extradición no era de competencia de la
Policía Nacional, sino que dependía de la autoridad extranjera. En ese sentido,
indicó que el análisis debía efectuarse con base en las circunstancias existentes al
momento de la expedición del acto, cuando la solicitud de extradición constituía un
hecho cierto, relevante y de suficiente gravedad para justificar el retiro.
3 Véase folios 3-34 del archivo digital denominado «35.SentenciaSegundaInstancia», visible en el índice 00021
de SAMAI.
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10. Sostuvo que la presunción de inocencia no impide el ejercicio de la facultad
discrecional, en la medida en que esta no está condicionada a la existencia de una
sanción penal o disciplinaria en firme ni comporta un juicio de responsabilidad. Por
el contrario, se trata de una decisión orientada a preservar el servicio y la confianza
institucional, los cuales pueden verse comprometidos cuando el servidor se
encuentra relacionado con la presunta comisión de hechos delictivos como los
mencionados. De mantenerse en servicio activo, efectivamente podría verse
afectada la imagen de la Policía Nacional, así como la confianza que la institución y
la comunidad deben depositar en ella.
11. Señaló que el buen desempeño o la hoja de vida no generan un fuero de
estabilidad, y que tales condiciones se ven afectadas cuando el servidor se
encuentra vinculado a investigaciones por hechos de gravedad. En ese contexto,
concluyó que, aun cuando se aludió a procesos disciplinarios —uno archivado y otro
en trámite—, la solicitud de extradición constituyó una motivación suficiente,
razonable y proporcional para la pérdida de confianza y, en consecuencia, para
disponer el retiro del servicio por voluntad de la Dirección General de la Policía
Nacional, en procura del mejoramiento del servicio.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
12. El señor Edwin Mauricio Baracaldo Carvajal interpuso recurso extraordinario de
revisión con fundamento en la causal 5 del artículo 250 del CPACA.
13. Para sustentarlo, presentó los argumentos que pasan a exponerse:
14. Sostuvo que la sentencia no realizó un análisis integral del acervo probatorio ni
se pronunció de manera efectiva sobre los argumentos planteados en el recurso de
apelación y en los alegatos de conclusión, lo que dice, configuró una ausencia de
motivación4 y, en consecuencia, una vulneración del debido proceso al desconocer
los artículos 2, 4, 29, 123, 150 (numeral 19 literal e) y 209 de la Constitución Política,
así como de normas legales relativas a la protección de garantías laborales en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
15. Considera que no existe prueba que permita concluir que el retiro del servicio
tuviera como finalidad el mejoramiento del servicio público, sino que, por el
contrario, la decisión fue desproporcionada e irrazonable, sin que se evidencie una
afectación real a la función policial, en contravía de los lineamientos fijados por la
Corte Constitucional sobre el uso de la facultad discrecional.
16. Afirma que el Tribunal se limitó a enunciar los requisitos de la discrecionalidad
sin confrontarlos con las pruebas obrantes en el expediente, las cuales —a su
juicio— evidencian la falta de motivación del acto y la vulneración de sus derechos.
4 Para el efecto invocó la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias T-546 de 2002 y T-688 de 2003)
para sostener que las decisiones judiciales deben estar debidamente motivadas, ser razonables y estar libres
de arbitrariedad, lo cual afirma no ocurrió en el presente caso.
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17. Que el Tribunal no valoró aspectos relevantes como su hoja de vida,
evaluaciones de desempeño y testimonios, ni cuestionó adecuadamente la validez
de los informes que sustentaron el acto de retiro, los cuales —según afirma— se
basaron en supuestos no verificados, incluyendo información de medios de
comunicación.
18. Que tampoco se tuvo en cuenta que las investigaciones disciplinarias carecían
de decisión definitiva —una de ellas incluso fue archivada—, ni que al momento del
retiro no existían pruebas concluyentes en su contra, lo que desvirtúa la existencia
de hechos ciertos que justificaran la medida.
19. Que ni el juez de primera ni el de segunda instancia valoraron la indebida
conformación de la junta de evaluación y calificación en los términos del Decreto
1800 de 2000, pese a tratarse de un aspecto central del recurso de apelación.
Explica que dicho comité estuvo integrado por oficiales superiores adscritos a la
Policía Metropolitana de Bogotá, ajenos a la Dirección de Investigación Criminal e
Interpol (DIJIN) y a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, lo que
implicaba el desconocimiento del desempeño y de la hoja de vida del actor.
20. Alega que la junta de evaluación y calificación consideró, como fundamento del
retiro discrecional, la existencia de una investigación disciplinaria por presuntos
manejos irregulares de gastos reservados. No obstante, dicha actuación fue
archivada el 21 de octubre de 2022, al concluirse que no existió falta disciplinaria ni
responsabilidad del actor. Señala que este hecho fue puesto en conocimiento de las
instancias, sin que fuera valorado ni mencionado en las decisiones. En tal sentido,
adujo, la vulneración del principio non bis in ídem, en la medida en que existían
investigaciones disciplinarias en curso que no habían culminado al momento del
retiro.
21. Que, dentro del proceso disciplinario, existían pruebas relevantes a favor del
actor —como una grabación en la que informaba a la DEA sobre la custodia de los
elementos y la declaración de un funcionario que confirmó su resguardo—, las
cuales no fueron valoradas ni mencionadas por la junta de evaluación ni por las
instancias judiciales. Esta omisión, a su juicio, evidencia falta de motivación del acto
administrativo y vulneración del debido proceso.
22. Que el tribunal desconoció la jerarquía normativa y las garantías propias del
régimen disciplinario, así como los límites de la facultad discrecional, al validar un
acto administrativo que, en su criterio, carece de motivación suficiente y se
fundamenta en supuestos errados, lo que configura la nulidad de la sentencia
recurrida.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
23. La Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional5 sostuvo que la revisión no es
5 Véase índice 00015 de SAMAI.
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el mecanismo para cuestionar la actividad interpretativa, ni la valoración probatoria
del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó
oportunamente en el proceso originario, sino que es un instrumento para discutir y
ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez, que pueden
llegar a afectar el principio de justicia material.
24. Que ha actuado en cumplimiento del mandato constitucional, legal y
reglamentario, de manera diligente y oportuna, sin que se configure responsabilidad
alguna por los hechos y decisiones enjuiciadas.
Concepto del Ministerio Público
25. La Procuraduría Segunda Delegada ante esta Corporación no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Corresponde a la Sala determinar si procede la revisión de la sentencia emitida
el 20 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, considerando la causal presentada por el recurrente.
27. Para el efecto, la Sala estudiará: i) Generalidades del recurso extraordinario de
revisión, ii) Causal de revisión invocada y iii) Caso concreto.
28. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
29. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal de control de
las decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada6. En términos del artículo 248
del CPACA:
«Artículo 248. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
30. El objetivo principal de esta vía extraordinaria es invalidar los efectos de una
sentencia ya ejecutoriada7. De acuerdo con las causales establecidas en el artículo
250 del CPACA, busca restaurar el principio de justicia material y la supremacía de
las garantías procesales cuando se constate que la decisión estuvo afectada por
alguno de los siguientes eventos:
6 El artículo 248 del CPACA señala: «El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos».
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15
de marzo de 2018. Exp. 11001-03-25-000-2014-00862-00 (2668-2014). C.P. William Hernández Gómez.
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i) Aparición de circunstancias desconocidas al momento de dictar el fallo, las cuales,
de haber sido conocidas, habrían llevado a una sentencia diferente8.
ii) Descubrimiento de hechos delictivos o fraudulentos que fueron determinantes en
la adopción de la sentencia que se pretende anular9.
iii) Existencia de nulidades originadas en la sentencia que puso fin al proceso y que
no podían ser objeto de recurso de apelación.
iv) Contradicciones de la sentencia con otra anterior que constituya cosa juzgada10.
31. Si bien la revisión constituye una vía que afecta el principio de la inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas y, por ende, es una excepción al principio de la cosa
juzgada, ello no implica que sea un mecanismo que habilite una tercera instancia para
discutir los problemas jurídicos debatidos en sede ordinaria, para plantear nuevas
interpretaciones del litigio, para corregir los yerros probatorios que cometieron las
partes o para subsanar aquellas situaciones que pudieron evitarse durante la gestión
del proceso que dio origen a la sentencia objeto de revisión.
32. En efecto, para que el juez pueda entrar a examinar la controversia materia del
recurso, es necesario que la causal invocada por el recurrente se encuentre
debidamente acreditada, pues como lo ha establecido la Sala Plena de esta
Corporación este mecanismo extraordinario procede por especiales circunstancias
consagradas taxativamente en la ley11.
Causal quinta de revisión
33. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispone que es causal de revisión el
hecho de que exista «[…] nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación […]». De allí que, para que resulte
procedente la causal en mención, debe existir una sentencia ejecutoriada que ponga
fin al proceso. Además, contra esta decisión no puede proceder recurso de
apelación, pues de ser así este sería el medio idóneo para poner de presente
cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia.
34. Es preciso que la nulidad se desprenda de la sentencia objeto de revisión, es
decir, que el vicio debe estructurarse en el momento procesal en que se profiere la
decisión judicial pues, de generarse por una situación ocurrida con anterioridad que
no fue oportunamente alegada, procedería su saneamiento. No obstante, la
jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado como nulidad originada en la
sentencia la que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del
8 Como la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser aportados por fuerza mayor o caso fortuito,
la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada o la desaparición,
al momento del reconocimiento, de las razones que justificaban que se hubiera decretado la prestación
periódica.
9 Como el hallazgo de documentos falsos o adulterados, peritajes fraudulentos, o la ocultación de documentos
relevantes por alguna de las partes. Esto incluye también la posible influencia de cohecho o violencia en la
emisión del fallo.
10 De acuerdo con la clasificación presentada en Garzón Martínez, Juan Carlos (2021). Proceso contencioso
administrativo. Fase escrita – Fase oral. 2° Edición. Grupo editorial Ibañez (2° Ed. pp. 612-613)
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintitrés Especial de Decisión.
Sentencia del 1 de octubre de 2019. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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fallo, no pudo ser advertida por el afectado, quien tiene la carga procesal de
demostrar esta circunstancia12.
35. La causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
se configura cuando (i) ocurre alguna de las causales expresamente previstas en el
artículo 133 del Código General del Proceso (CGP) 13 o (ii) cuando se presentan
irregularidades insaneables que vulneran de manera sustancial el derecho al debido
proceso14, al punto de que, de no haberse producido, la decisión judicial habría sido
distinta.
36. A modo meramente enunciativo, la jurisprudencia ha indicado que dicha causal
se estructura, entre otros eventos, cuando el fallo:
«(i) es inhibitorio; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la non reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se
profiere en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o
perención; (v) no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación
y (vi) desconoce el principio de congruencia bien sea por una condena extra,
ultra o infra petita»15.
37. Además de las hipótesis expresamente reconocidas por la jurisprudencia, esta
Corporación ha admitido que pueden presentarse otros supuestos no previstos de
manera expresa en los códigos procesales que den lugar a la nulidad de la
sentencia, siempre que tales eventos deriven de la vulneración directa del artículo
29 de la Constitución Política. No obstante, ha precisado que dicha conclusión no
opera de manera automática, pues en estos eventos resulta necesario efectuar un
examen material de la irregularidad alegada. En ese sentido, ha señalado que:
«(…) corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a
este derecho puede configurar la causal de revisión en comento,
circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como juez de
12 Al respecto pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Tercera Especial de Decisión; radicación 11001-03-15-000-2018-01235-00) y
el 3 de diciembre de 2019 (Sala Séptima Especial de Decisión; radicación: 11001-03-15-000-2012-00643-00).
13 Consejo de Estado. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-
03-15-000-1998-00157-01. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; Sala Veintiséis Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de febrero de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz; y Sala Veintidós Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. 11001-03-15-000-2015-
02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro
14 La Sala Plena del Consejo de Estado, en diversas providencias, incluyendo la sentencia del 31 de mayo de
2011 (expediente 11001-03-15-000-2008-00294-00), ha señalado otros casos en los que se configura la nulidad
en la sentencia, a saber: «[…] i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después
de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido
en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte
en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando
la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación».
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión. Sentencia
del 16 de marzo de 2022. Exp. 11001-03-15-000-2021-00921-00. C.P. William Hernández Gómez.
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constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial»16 (negrillas y
subrayado fuera del texto original).
38. Para tales efectos, la Corporación ha enfatizado que «(…) no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al
proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial, en tanto
incidan en el sentido de la decisión por comprometer el núcleo esencial o el
contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso»17.
39. Con todo, la concreción y extensión jurisprudencial de esta causal de revisión a
otros eventos insaneables que implican la violación de derechos constitucionales y
procesales atiende, tal y como lo ha establecido este máximo órgano, a la misma
finalidad del recurso extraordinario de revisión: por un lado, permitir que decisiones
manifiestamente injustas sean examinadas, y por el otro, garantizar el principio de
seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones excepcionales
en las que la anomalía sea de tal relevancia constitucional que sin ella el fallo se
hubiera proferido en otro sentido18.
Sobre la motivación de las decisiones judiciales
40. Sobre la motivación de la sentencia, el artículo 187 del CPACA19, prevé:
«Artículo 187.Contenido de la sentencia. La sentencia tiene que ser motivada.
En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un
análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y
doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión y citando los textos legales que se
apliquen […]».
41. El deber legal de motivar las providencias judiciales es una reafirmación del
principio de legalidad, entendido como el sometimiento del Estado al Derecho. De
allí que no basta con decidir los litigios a cargo de la Jurisdicción, sino que es preciso
explicitar las razones fácticas y jurídicas que fundamentan las decisiones, en los
términos del artículo 187 antecitado, es decir, con brevedad y precisión, para
garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de administración de
justicia.
42. En cuanto a la nulidad de la sentencia con ocasión de la ausencia de motivación,
esta Corporación ha considerado:
«En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, también la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la
falta absoluta de motivación de la deficiente o errada y, señala que únicamente
la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión.
Sentencia del 27 de octubre de 2020. Exp. 11001-03-15-000-2019-02361-00 (REV). CP. Rocío Araújo Oñate.
17 Ibid.
18 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado. Sala Diecinueve Especial de Decisión.
Sentencia del 18 de agosto de 2020. Exp.11001-03-15-000-2017-02369-00. C.P. William Hernández Gómez.
19 En sentido similar puede consultarse el artículo 280 del CGP.
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derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de revisión bajo la
causal sexta; que es improcedente con fundamento en dicha causal alegar
situaciones relacionadas con deficiencias en la motivación, con la estimación
errada de los hechos por parte del juez, con las pruebas o las normas jurídicas
aplicadas, con la falta de consideración de alguna de las pruebas etc, porque
de admitir tales reclamaciones se desconocería, abiertamente, el carácter
extraordinario del recurso, convirtiéndolo en otra instancia» (énfasis fuera de
texto)20.
43. En síntesis, para que prospere el cargo de nulidad por falta de motivación solo
es admisible que, efectivamente, la judicatura no haya especificado ninguna razón
para el fallo. No obstante, también la Jurisprudencia ha reconocido la configuración
de la causal de nulidad cuando la decisión «[…] se fundamenta en circunstancias
manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas»21. Por lo que resulta
más acertado referirse a la causal de nulidad por «carente o errónea motivación»,
como lo ha hecho el Consejo de Estado en recientes oportunidades 22. En cualquier
caso, esto no supone una nueva oportunidad para controvertir la apreciación de los
hechos, las pruebas y las razones expuestas por el fallador.
44. Según lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
45. El recurrente sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en indebida valoración del acervo probatorio y en falta de motivación, al no efectuar
un análisis integral de las pruebas ni pronunciarse de manera suficiente sobre los
argumentos expuestos en la apelación y en los alegatos de conclusión. A su juicio,
dicha omisión condujo a una decisión carente de sustento fáctico y jurídico, en la
medida en que se habrían dejado de considerar elementos relevantes del proceso.
En ese sentido, afirma que se vulneró el debido proceso al avalar el acto acusado
sin una justificación suficiente ni una adecuada confrontación con el material
probatorio.
46. Bajo ese entendimiento, la Sala abordará separadamente cada uno de estos
cuestionamientos, con el fin de determinar, en primer lugar, si la providencia incurrió
en un déficit de motivación y, en segundo término, si se configuró una omisión
probatoria con la entidad suficiente para afectar la validez de la decisión.
47. En relación con la alegada omisión de pronunciamiento respecto de la indebida
conformación del comité de evaluación y calificación —que, según el recurrente,
incumplió lo dispuesto en el Decreto 1800 de 2000, en tanto estuvo integrado por
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009. Rad.
11001-03-15-000-2003-00133-00. Si bien en la providencia se hace referencia a la causal «sexta», esta
corresponde al artículo 188 del derogado Decreto 1 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, norma
vigente para resolver el caso en cuestión.
21 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Rad. 11001-03-
25-000-2017-00852-00.
22 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 2 de agosto de 2023. Rad. 1101-03-26-
000-2019-00092-00 (64134).
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oficiales adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá y no a la Dirección de
Antinarcóticos o a la DIJIN—, la Sala advierte que dicha inconformidad no fue
planteada en la demanda ni en el recurso de apelación, sino introducida en la etapa
de alegatos de conclusión de segunda instancia.
48. Al respecto, se recuerda que los alegatos de conclusión no constituyen una
oportunidad procesal para formular pretensiones, ni plantear o reformular los cargos
del recurso de alzada. Sobre el tema, la jurisprudencia ha razonado en este sentido:
«Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a las
partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo
ocurrido en el trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la
oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a
la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho,
y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer
nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas. (ii) Si se abre la posibilidad de que
las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la
demanda o los fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido
proceso como quiera que la otra parte o incluso los terceros vinculados al
proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos
(…)»23.
49. En esa medida, en virtud del principio de congruencia, el Tribunal tenía que
ceñirse a los aspectos formulados en el recurso de apelación, sin que le fuera dable
pronunciarse sobre cuestiones nuevas. Por tanto, no puede predicarse una omisión
del Tribunal en este punto, ya que un pronunciamiento en tal sentido habría
implicado desbordar los límites previstos en el artículo 328 del CGP24.
50. Además, el hecho de que la sentencia no haya reproducido textualmente los
planteamientos de la parte actora no implica que se hubiera negado la oportunidad
de alegar o que estos no se hubieran tenido en cuenta, pues ninguna disposición
exige al juez transcribir o replicar cada argumento presentado en esa etapa. El
deber procesal consiste en otorgar el traslado y habilitar su ejercicio, no en
incorporar íntegramente los alegatos en la motivación del fallo.
51. Ahora bien, en lo que respecta al reproche por falta de motivación, concretado
en la supuesta omisión de análisis del recurso de apelación y de los alegatos de
conclusión, la Sala advierte que tampoco está llamado a prosperar.
52. Del examen de la actuación ordinara se observa que el actor cuestionó que las
conclusiones del acta de la junta de evaluación fueron asumidas como ciertas sin
23
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 9 de febrero de
2017. Exp. 66001-23-33-000-2016-00080-01. CP. Carlos Enrique Moreno Rubio. Citada en: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 14 de marzo de 2024.
Exp. 11001-03-25-000-2015-00364-00. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
24 «Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos
por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. […]»
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un ejercicio de verificación probatoria, al tiempo que alegó que los hechos que
dieron lugar a su captura con fines de extradición obedecían a un «entrampamiento»
y habían sido desvirtuados en sede disciplinaria. También sostuvo que no se realizó
un adecuado juicio de proporcionalidad, en tanto el fallador se limitó a acoger el
concepto de la junta, sin confrontarlo con el resto del material probatorio, incluyendo
su hoja de vida y trayectoria institucional.
53. En los alegatos de conclusión, reforzó estos planteamientos al indicar que varios
de los hechos que sirvieron de fundamento al acto administrativo habían sido
posteriormente desvirtuados —archivo de proceso disciplinario, inactividad del
proceso penal y su liberación por autoridades extranjeras—, lo que, a su juicio,
evidenciaba la ausencia de una motivación real y la falta de conexidad entre la
decisión de retiro y la finalidad del mejoramiento del servicio.
54. No obstante, se advierte que el Tribunal sí expuso razones suficientes para
sustentar su decisión, enmarcadas dentro de los aspectos planteados en la
apelación. De entrada, la Sala observa que la autoridad judicial precisó que el buen
desempeño y la destacada hoja de vida no constituyen, por sí solos, factores
determinantes para la permanencia en el servicio, en tanto deben ponderarse otros
elementos relacionados con las necesidades del servicio y las razones
institucionales. En esa línea, señaló que el adecuado ejercicio de las funciones no
genera un fuero de estabilidad, sino que corresponde al comportamiento exigible a
todo servidor público.
55. Destacó también que, si bien opera la presunción de inocencia, ello no
constituye un obstáculo para el ejercicio de la facultad discrecional, en tanto esta no
está supeditada a la existencia de una decisión penal o disciplinaria en firme, sino
a la presencia de hechos ciertos y objetivos que justifiquen la pérdida de confianza
institucional, sumado al hecho de que ambas potestades responden a finalidades
distintas y pueden ejercerse de manera autónoma. Al respecto, señaló:
«Para esos efectos, en lo concerniente a la extradición del demandante a los
Estados Unidos de América, por ser requerido por ese país para comparecer a
juicio por delitos relacionados con obstrucción a la justicia, la Sala debe recalcar
que si bien es cierto, al amparo del artículo 29 de la Constitución Política, al no
conocerse si el demandante fue o no declarado judicialmente responsable de
las conductas punibles por las cuales fue extraditado, debe presumirse su
inocencia, esta situación no configura ningún impedimento para que la Policía
Nacional hubiera hecho uso de la facultad discrecional, puesto que, en primer
lugar, no existe ninguna exigencia para que la procedencia de esa figura esté
condicionada a la firmeza de una sanción penal o disciplinaria, pues se trata de
una facultad discrecional respecto de la cual se debe recordar que lo exigido es
que su motivación se encuentre soportada en hechos ciertos y objetivos, y que
la misma resulte razonable y proporcional respecto al fin buscado, esto es, el
mejoramiento del servicio»25 (subrayado fuera del texto original).
56. En este contexto, no puede afirmarse que la motivación de la decisión sea
aparente o inexistente, pues se encuentra sustentada en un entendimiento reiterado
25 Véase folio 31 del archivo digital denominado «35.SentenciaSegundaInstancia», el cual reposa en el índice
00030 de SAMAI.
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por la jurisprudencia en torno a la naturaleza y alcance de la facultad discrecional,
particularmente en su diferenciación frente a las potestades sancionatorias. Así lo
ha precisado esta Corporación:
«En esa medida, es pertinente recordar que existen diferencias entre el ámbito
que comprende la facultad discrecional y el régimen que regula la potestad
penal y la disciplinaria, puesto que, respecto de la primera, la administración
cuenta con la libertad de escoger en virtud del atributo de la conveniencia, lo
mejor para el servicio, atendiendo que cuando una decisión de carácter general
o particular sea de esta naturaleza, debe ser adecuada a los fines de la norma
que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa. A su turno,
el proceso disciplinario contra servidores estatales juzga el comportamiento de
éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la
eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública y finalmente, en el
proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios»26
57. Esta misma tesis fue reiterada por la Corporación en la sentencia del 22 de
marzo de 2012, radicado interno 0518-2009, en los siguientes términos:
«(…) En otras palabras, el hecho de que existan denuncias o quejas
disciplinarias no confiere fuero de estabilidad al servidor público investigado por
presuntas irregularidades y la administración -Policía Nacional- puede
válidamente escoger entre el retiro discrecional por razones del buen servicio o
llevar hasta el final un proceso de carácter disciplinario; al tomar la primera
opción, no existe desvío de poder porque la misma hace parte de la concepción
“mejoramiento de servicio” que inviste los actos administrativos discrecionales.
Por último el hecho de que el actor hubiese tenido una buena hoja de vida
(felicitaciones) no impide la utilización de las facultades discrecionales cuando
el móvil sea el buen servicio público, el cual no tiene porqué (sic) estar ligado a
la conducta laboral del empleado, ya que otras razones diferentes pueden
constituir el elemento subjetivo que inspiró el retiro del servicio»27.
58. Por lo expuesto, tampoco resulta de recibo el planteamiento dirigido a configurar
una nulidad por vulneración del principio de non bis in idem28, pues, si bien el
recurrente afirma la existencia de conexión entre los hechos analizados en uno y
otro proceso, ello no implica una relación de subordinación o dependencia que
permita concluir que la decisión adoptada en la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho comporte, por sí misma, la responsabilidad del servidor público en sede
disciplinaria. Por el contrario, se trata de juicios independientes y autónomos, como
lo precisó la autoridad judicial; incluso, el propio recurrente reconoce que una de las
investigaciones disciplinarias fue archivada, lo que refuerza la inexistencia de una
duplicidad sancionatoria.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
31 de mayo de 2018. CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
22 de marzo de 2012. Exp. 19001-23-31-000-2001-00987-01. CP. Luis Rafael Vergara Quintero.
28 Esta Corporación ha aceptado que «(…) de encontrar acreditada la violación del principio del non bis in
idem se configuraría la nulidad originada en la sentencia por la transgresión del derecho fundamental al debido
proceso». Véase: Consejo De Estado, Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial
De Decisión. Sentencia del 22 de febrero de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2019-03951-00 (REV). CP. William
Hernández Gómez.
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59. Por otra parte, el recurrente sostiene que el Tribunal omitió valorar pruebas
como una grabación,29 una entrevista rendida en el proceso disciplinario30 y el
posterior auto de archivo de la investigación y los motivos allí consignados31. Sin
embargo, dichos planteamientos no tienen la virtualidad de modificar el sentido de
la decisión, en tanto el fundamento del fallo no radicó en la acreditación definitiva
de responsabilidad disciplinaria, sino, como se dijo, en la existencia, al momento de
la expedición del acto, de circunstancias objetivas como la solicitud de extradición
por la presunta comisión de los delitos antes enunciados.
60. En ese sentido, aun si se admitiera que los elementos probatorios a los que
alude el recurrente no fueron expresamente valorados32, lo cierto es que estos no
desvirtúan los supuestos fácticos y jurídicos considerados por el Tribunal al
momento de adoptar la decisión, ni atenúan la gravedad de los hechos que, para
entonces, justificaban el ejercicio de la facultad discrecional.
61. En efecto, la Corporación sostuvo que el ejercicio de la potestad penal o
disciplinaria no inhibe al nominador para ejercer la facultad discrecional; por el
contrario, ambas pueden ejercerse de manera concurrente, consideración que se
derivó del análisis de la investigación disciplinaria adelantada contra el demandante
por los mismos hechos examinados por la Fiscalía General de la Nación, de modo
que, aun de haberse valorado expresamente tales elementos, se habría arribado a
idénticas conclusiones.
62. La Sala no advierte que la providencia cuestionada haya incurrido en una
pretermisión total o absoluta en la valoración de las pruebas que conduzca a una
eventual nulidad de la decisión, como lo señala el recurrente. Por el contrario, su
argumentación se encuentra sustentada en los medios de convicción obrantes en
el expediente, y la decisión se apoya en los aspectos que el fallador estimó
debidamente acreditados. En ese contexto, la valoración probatoria realizada por el
29 Véase folio 3 del archivo «3_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEXTRAORDINARI(.pdf) NroActua 3»,
visible a índice 0003 de SAMAI, en la cual se indicó: «(…) Dentro del proceso disciplinario se presentó como
prueba a favor de mi prohijado una grabación en la cual se evidencia que mi defendido el día 17 de septiembre
grabación en la cual se evidencia que mi defendido el día 17 de septiembre de 2019 se presentó en las
instalaciones de la embajada de los Estados Unidos e informó a los agentes de la D.E.A que tenían en custodia
el elemento (maleta) vacío y los seis millones de pesos en custodia del almacén transitorio de evidencias hasta
tanto se adelantara la actividad, pero, ni la junta de evaluación y calificación; ni la primera y segunda instancia
hicieron alusión alguna a la existencia de esta grabación».
30 Véase folio 4, ibid. «Ninguna de las instancias se pronunció frente a la diligencia de entrevista rendida por el
señor Intendente Edwin Alexander Ortega Vanegas, quien fungía como jefe de la bodega transitoria de
evidencias y quien dentro del proceso disciplinario declaró que desde el mismo 10 de septiembre del año 2019
recibió estos elementos para ser custodiados en dicho lugar a esperas de iniciar actividades con agentes
encubiertos (…)».
31 Véase folio 5, ibid. «Dentro de la motivación sustentada por la junta de evaluación y calificación se tuvo en
cuenta como proporcional el retiro discrecional atendiendo la existencia de otra investigación disciplinaria
existente bajo el No. SIE2D EEREDIP-2022-8 la cual buscaba investigar manejos irregulares a los dineros de
gastos reservados por parte de mi prohijado y un oficial, esta investigación se archivó el día 21 de octubre de
2022, dos años después de que la junta de evaluación y calificación la tuviera en cuenta como motivación para
el retiro discrecional, esto se avizoró al juzgado de primera y segunda instancia pero ninguno tuvo en cuenta el
argumento y nunca hicieron mención a ello, (…)» (subrayado fuera del texto original)
32 Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en delimitar el alcance de este tipo de
reproches. En efecto, ha señalado que: «(…) la nulidad originada en la sentencia que se alega, no se funda en
la falta de valoración o apreciación de las pruebas debidamente decretadas y practicadas en el proceso –
supuesto que podría vulnerar el debido proceso de las partes del proceso–, sino en la forma en la que fueron
valoradas, que se califica de errónea o equivocada». Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Revisión.
Sentencia del 7 de abril de 2015. Exp. 11001-03-15-000-2013-02724-00. CP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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juez en la sentencia —independientemente de que pueda compartirse o no— no
constituye, por sí misma, una vulneración del debido proceso ni configura causal de
revisión.
63. En lo relativo a los reproches dirigidos a cuestionar la validez del acto de retiro
—relativos a la supuesta indebida valoración de los hechos, el desconocimiento del
alcance de las investigaciones adelantadas, la aplicación de la facultad discrecional
y la omisión de considerar el régimen disciplinario aplicable—, advierte la Sala que
tales planteamientos se estructuran, en realidad, como un intento por controvertir la
argumentación de la providencia objeto de revisión.
64. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de revisión
no puede ser utilizado como un mecanismo para replantear el debate de fondo
decidido en la sentencia, como ocurre en este caso, en el que el recurrente
cuestiona la argumentación y las conclusiones del fallo, particularmente en lo
relacionado con la motivación del acto administrativo demandado y su conformidad
con el ordenamiento jurídico.
65. Tales planteamientos desbordan claramente el ámbito propio del recurso
extraordinario de revisión, pues no toda inconformidad con la interpretación
normativa del juez ni todo desacuerdo con la solución jurídica adoptada constituyen
irregularidades procesales con capacidad de invalidar la decisión.
66. En efecto, esta Corporación ha precisado de manera reiterada que el recurso
extraordinario de revisión tiene por finalidad revertir decisiones que atentan contra
la justicia material, pero no constituye un mecanismo para reabrir el debate jurídico
ni para corregir errores de interpretación judicial. En ese sentido, esta Subsección,
en sentencia del 27 de agosto de 2020, radicado núm. 1638-16, señaló:
«(…) el recurso extraordinario de revisión no puede servir para cuestionar la
actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, pues este
fue concebido para discutir y ventilar (…) decisiones que fueron ganadas
injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de
enmendar lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conocen como
errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente o su indebida
aplicación (error de derecho)» (negrillas fuera del texto original).
67. En ese orden de ideas, dado que no se configuró ningún supuesto de nulidad
que pudiera dar lugar a invalidar lo actuado, se declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión.
De la condena en costas
68. Con la Ley 2080 de 2021 se modificó el artículo 255 del CPACA respecto de la
condena en costas en el recurso extraordinario de revisión, en los siguientes
términos:
«ARTÍCULO 255. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
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[…] Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al
recurrente».
69. En ese sentido, la Sala considera que es procedente la condena en costas toda
vez que se declaró infundado el recurso extraordinario de revisión.
70. Sin embargo, dado que esta disposición no aborda exhaustivamente la
regulación de la condena en costas, es necesario complementarla con lo establecido
en el CGP, el cual se aplica por remisión dispuesta en el artículo 188 del CPACA.
71. Según lo estipulado en el artículo 361 del CGP, las costas están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos procesales, así como por las agencias en
derecho, y solo habrá lugar a su imposición de acuerdo con el artículo 365, numeral
8.º ibidem «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación».
72. Observa la Sala, para lo que aquí interesa, que en el presente caso está
acreditada la comparecencia al proceso por parte de la Nación- Ministerio de
Defensa- Policía Nacional, a través de la defensa ejercida en el escrito de
contestación; actuación que por sí sola, constituye prueba suficiente para tener por
causadas las agencias en derecho, en tanto refleja la existencia de gastos inherentes
a la defensa judicial por parte de quien resultó vencedor en el litigio.
73. Para la fijación de agencias en derecho, el Despacho conductor del proceso
dictará un auto posterior, teniendo en cuenta la competencia asignada en el numeral
3 del artículo 366 del Código General del Proceso, una vez quede en firme la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Edwin Mauricio Baracaldo Carvajal en contra la sentencia
del veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. CONDENAR en costas al señor Edwin Mauricio Baracaldo Carvajala
favor de la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional, las cuales se liquidarán
por la Secretaría.
Tercero. Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría INGRESAR el
expediente al despacho del magistrado ponente para lo de su competencia.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00487-00 (5519-2024)
Cuarto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen y HÁGANSE las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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