Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00278-03
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-24-000-2012-00278-03
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-24-000-2012-00278-03
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción popular
Número único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
Actores: Alexander Atencia Gaspar, Rocío Barrios de Hoyos, Robinson Hidalgo
Estrella, Luz Marina de Hoyos Berrio, Blas Enrique Meza Medrano y Juvenal
Joaquín Julio Berrio, en calidad de miembros de la Junta del Consejo Comunitario
de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote
Demandados: Nación - Ministerio de Minas y Energía; Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; Ministerio del Interior; Ministerio de Salud y Protección Social;
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima -DIMAR;
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique - CARDIQUE; Departamento de Bolívar – Secretaría
de Obras Públicas; Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Secretaría
del Interior, Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, Secretaría de
Infraestructura, Departamento Administrativo Distrital de Salud y Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena - EPA
Vinculados: Nación - Ministerio de Educación Nacional1; Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible2; Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia3 - PNN; Departamento Nacional de Planeación
• DNP4; Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.5 y Electrificadora del Caribe S.A.6
Coadyuvantes: Natalia Cárdenas Marín, Laura Amaya Cantor, Sebastián Sénior
Serrano7, Claudia Jennifer Gallón Martínez, Johan Sebastián Rojas Vélez, Karen
Daniela Rosero Narváez, María del Pilar Díaz Villamil, Guido Alejandro Machado
Peláez8, Cristian Camilo Briceño Acevedo9, Ever de la Rosa Morales, en calidad de
Representante Legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de la
1 Cfr. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de
8 de octubre de 2014, ordenó su vinculación a la presente acción popular, folios 1147 a 1150, cuaderno 3.
2 Cfr. Ibidem pie de página 1.
3 Cfr. Ibidem pie de página 1.
4
Cfr. Ibidem pie de página 1.
5 Cfr. Vinculado mediante auto de 18 de noviembre de 2013, folios 670 a 673.
6 Cfr. Ibidem pie de página 5.
7 Cfr. Folios 413 a 422. Auto de 28 de enero de 2013, folio 599.
8 Cfr. Folios 806 a 817. Auto de 1 de abril de 2014, folios 819 y 820.
9 Cfr. Folios 1129 a 1132. Auto de 8 de mayo de 2015, folios 1221 y 1222.
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Unidad Comunera del Gobierno Rural de Isla del Rosario – Caserío Orika10 y
Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca11
Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en una acción popular
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el
Departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias contra la sentencia de 2 de agosto de 2018, proferida por la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La parte actora presentó demanda, en ejercicio de la acción popular12, contra la
Nación - Ministerio de Minas y Energía; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Ministerio del Interior; Ministerio de Salud y Protección Social; Ministerio de Defensa
Nacional – Dirección General Marítima - DIMAR; la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios; la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
CARDIQUE; el Departamento de Bolívar – Secretaría de Obras Públicas; el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Secretaría del Interior, Secretaría de
Agua Potable y Saneamiento Básico, Secretaría de Infraestructura, Departamento
Administrativo Distrital de Salud y el Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena – EPA, con el objeto de que se protejan los derechos e intereses
colectivos previstos en los literales g), h), j) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 199813.
10 Cfr. La coadyuvancia de Ever de la Rosa se encuentra en los Cfr. Folios 1118 a 1127 y fue reconocida
mediante auto de 8 de mayo de 2015, folios 1221 a 1222.
11 Cfr. La coadyuvancia de la Defensoría del Pueblo se encuentra en los Cfr. Folios 715 a 724 y fue reconocida
mediante auto de 1 de abril de 2014, folios 819 a 820.
12 Cfr. La demanda fue presentada el 29 de febrero de 2012, según obra a folio 14.
13 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. “[…] Artículo 4. Derechos e Intereses
Colectivo. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
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Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones14:
“[…]
1.1. Que se ordene a la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención
de Desastres (DGR), a la Gobernación (sic) de Bolívar, al Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA), a
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), Ministerio del
Interior, Secretaría del Interior, adscrita al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y a los demás que correspondan diseñar, promocionar y ejecutar un plan
integral para la prevención de desastres técnicamente previsibles en la comunidad
del Islote. Adicionalmente, que se capacite a la comunidad del Islote sobre la gestión
y ejecución del mismo.
1.2. Que se ordene al Ministerio de Minas y Energía, Secretaría de Obras Públicas de
la Gobernación de Bolívar, a la Gobernación de Bolívar (sic), al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indas [sic], Secretaría Distrital de Infraestructura, adscrita al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a los demás que correspondan,
garantizar el establecimiento de una infraestructura básica y necesaria para la
salubridad pública y la prestación de servicios públicos domiciliarios.
1.3. Que se ordene al Ministerio de Minas y Energía, a la Gobernación de Bolívar
(sic), al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita al Departamento Nacional de Planeación
(sic) y a los demás que correspondan garantizar en el menor tiempo posible el
suministro de energía de manera permanente y continua a toda la comunidad de
Santa Cruz del Islote.
1.4. Que se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Gobernación de
Bolívar (sic) y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al Establecimiento
Público Ambiental de Cartagena (EPA), a la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE), a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento
Básico, dependencia adscrita al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adscrita al Departamento
Nacional de Planeación y a los demás que correspondan, garantizar en el menor
tiempo posible la prestación efectiva de los servicios públicos de agua potable y
acueducto; recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos y alcantarillado.
1.5. Que se ordene al Ministerio de la Protección Social, a la Gobernación de Bolívar
(sic) y al Departamento Administrativo Distrital de Salud del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, que se adecue el puesto médico en el Islote para que se
garantice un servicio integral, oportuno, permanente e idóneo para los habitantes de
esta comunidad […]”15
Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora
3. La parte actora sostuvo que Santa Cruz del Islote es un corregimiento del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que tiene una extensión
aproximada de 0.01 kilómetros cuadrados, ubicado dentro del Golfo de Morrosquillo,
en el archipiélago de San Bernardo.
14 Cfr. Folio 2 y 3 del cuaderno principal.
15 Cfr. Folio 2 a 3 del cuaderno principal.
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4. Señaló que el Islote está habitado hace más de doscientos años por una
colectividad negra, calculada, aproximadamente, en 1200 personas, pertenecientes
a 98 familias. Del número total de personas se estima que 400 corresponden a
población flotante y 300 son niños.
5. Adujo que la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de
Cartagena reconoció a la colectividad negra del islote como Consejo Comunitario
mediante la resolución 4242 de 22 de julio de 2011.
6. Afirmó que los habitantes de Santa Cruz del Islote se encuentran en condiciones
precarias porque no tienen acceso a servicios públicos y conviven dos o tres familias
en un mismo espacio habitacional pequeño.
7. Aseguró que las viviendas del Islote están construidas de forma rudimentaria, con
paredes de concreto o madera y techos de palma y carecen de materiales
sismorresistentes, así como de una infraestructura capaz de soportar maremotos,
tsunamis, huracanes, el aumento del nivel del mar, entre otros desastres.
8. Manifestó que no existe implementación de planes, estrategias, proyectos o
programas en los que se efectúe un inventario de riesgos y se capacite a los
habitantes sobre estos.
9. Expuso que el islote no cuenta con infraestructura de alcantarillado.
Tradicionalmente, la población masculina “[…] suple sus necesidades del servicio
de baño a través del uso directo del mar. Por su parte, la población femenina hace
uso de bacinillas, o bolsas en las viviendas, cuyos residuos son posteriormente
arrojados al mar […]”16.
10. Adujo que Santa Cruz del Islote no tiene los elementos necesarios e idóneos
para la recolección y almacenamiento de residuos sólidos, lo que genera la
presencia de olores ofensivos.
11. Sostuvo que sus habitantes carecen de agua dulce y potable; “[…] la limpieza
general de las personas de la comunidad, se hace, en la mayoría de los casos, en
el mar, el agua que se encuentra en el Islote para el consumo y aseo, es, en su
mayoría, agua de mar o ’agua de lluvias’ que se estancan o son recolectadas por la
comunidad […]”17.
16 Cfr. Folio 4 del cuaderno principal.
17 Cfr. Ibidem.
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12. Afirmó que los habitantes de Santa Cruz del Islote implementaron un sistema
de recolección de aguas lluvias, con el objeto de abastecerse de este recurso, que
consiste en estructuras de canales metálicos ubicados en los techos de las casas,
los cuales permiten conducir el agua hasta unos tanques plásticos donde es
depositada. En época de verano, la Armada Nacional de Colombia transporta el
agua hacia la Isla por medio de un bongo desde el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y la durabilidad del bongo de agua en la población es de
aproximadamente veinte días a un mes.
13. Señaló que las aguas estancadas, ocasionan la proliferación de vectores y
bacterias que producen distintas enfermedades, especialmente a los niños y adultos
mayores.
14. Manifestó que el puesto de salud no cuenta con infraestructura para la
prestación del servicio, no tiene techo, agua, ni energía. Carece de los implementos
necesarios para su funcionamiento, tales como: guantes quirúrgicos,
medicamentos, camillas y no cuenta con profesionales de salud de manera
permanente. Precisó que se había suspendido la prestación del servicio por falta de
recursos económicos. Además, tampoco ofrece transporte que permita movilizar a
la población enferma a una clínica u hospital de cualquier nivel.
15. Indicó que el Islote de Santa Cruz no tiene infraestructura del servicio de
energía eléctrica. La energía es generada por una planta y su operación depende
de “[…] la gente de este lugar, para lo cual cada vivienda aporta una cuota diaria
para su funcionamiento, representada en el combustible necesario para cada noche
de servicio comprendido entre el horario de las 7:00 p.m. a 12:00 a.m., en el mejor
de los eventos […]”18.
16. Adujo que esa planta fue donada por iniciativa privada. No obstante, cada
familia debe hacer un aporte económico diario para la compra del combustible que
habilita su funcionamiento. Adicionalmente, los cables por medio de los cuales se
transporta el fluido eléctrico generan un riesgo para la comunidad, en tanto, no están
tensados, lo cual puede provocar accidentes e incendios.
17. Aseguró que en Santa Cruz del Islote no hay infraestructura de servicios
públicos de alcantarillado, agua potable y electricidad. Tampoco existe
infraestructura para la prestación del servicio de salud. Al respecto, indicó “[…] los
18 Cfr. Folio 5 del cuaderno principal.
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pobladores han intentado por diversos medios lograr la atención del Estado pero
sus quejas y reclamos no han sido objeto de medidas efectivas, adecuadas y útiles
[…]”19.
Contestaciones de la demanda
18. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio20 se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Señaló que es competencia del Distrito la prestación de los
servicios públicos domiciliarios en Santa Cruz del Islote, así como la reubicación de
las personas que se encuentran en zonas de alto riesgo y, precisó que a este ente
territorial y a los comités locales, regionales y nacionales les corresponde la
atención y prevención de desastres.
19. La Nación – Ministerio de Transporte21 se opuso a las pretensiones de la
demanda y formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la obligación a su cargo, “acción popular como instrumento para
decretar obras públicas”, “inexistencia del elemento imputación del daño al
demandado” y la genérica que resulte probada.
20. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social22 se opuso a las
pretensiones de la demanda e indicó que la prestación del servicio de salud le
compete a las entidades territoriales o descentralizadas. Asimismo, manifestó que
a la entidad no le corresponde la adecuación del Puesto de Servicio Médico de
Santa Cruz del Islote, por cuanto, ello es competencia del Distrito.
21. La Nación – Ministerio de Minas y Energía23 se opuso a las pretensiones de
la demanda y formuló la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
por cuanto el Distrito es el encargado de garantizar la prestación de servicios
públicos domiciliarios. Asimismo, propuso las excepciones que denominó “falta de
vulneración o amenaza de derechos colectivos por parte del Ministerio de Minas y
Energía” y la “genérica”.
19 Cfr. Ibidem.
20 Cfr. Folios 48 a 51 del cuaderno principal.
21 Cfr. Folios 59 a 66 del cuaderno principal.
22 Cfr. Folios 84 a 89 del cuaderno principal.
23 Cfr. Folios 545 a 548 del cuaderno principal.
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22. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible24 se opuso a
las pretensiones de la demanda y formuló la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.
23. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios25 se opuso a las
pretensiones de la demanda. Informó que realizó una visita de vigilancia y control a
la Asociación de Usuarios “Comité Proeléctrico Archipiélago de San Bernardo e
Islote” el 15 de marzo de 2011. Adicionalmente, indicó que impuso una sanción de
multa por no reportar información financiera al Sistema Único de Información en los
formatos y plazos señalados por la entidad.
24. El Departamento de Bolívar26 se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“improcedencia de la acción” y “cobro de lo no debido”. Señaló que la prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado le compete al Distrito a través de la Empresa
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. debido a la suscripción del “Contrato para la
Gestión Integral de los servicios de acueducto y alcantarillado”. Del mismo modo,
indicó que la Empresa Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. - Electricaribe S.A.
E.S.P. realiza la prestación del servicio de energía en el Distrito.
25. El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA27 se opuso a las
pretensiones de la demanda y precisó que es la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique - CARDIQUE la entidad ambiental con competencia en este
caso.
26. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE28 se
opuso a las pretensiones de la demanda, sin embargo, manifestó que su
competencia es subsidiaria frente a las funciones de los municipios y departamentos
en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.
26.1 Indicó que el Islote de Santa Cruz está ubicado en bienes baldíos de reserva
de la Nación, que hacen parte del Parque Marino Nacional Natural Isla del Rosario
y San Bernardo dentro del área marina protegida. En estos términos, puso de
presente la sentencia proferida por el Consejo de Estado en una acción de
24 Cfr. Folios 1169 a 1179 del cuaderno principal.
25 Cfr. Folios 102 a 120 del cuaderno principal.
26 Cfr. Folios 197 a 202 y 735 a 742 del cuaderno principal.
27 Cfr. Folios 230 a 236 del cuaderno principal.
28 Cfr. Folios 242 a 276 del cuaderno principal.
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cumplimiento el 6 de julio de 2001, en la que se determinó que el islote es un bien
baldío de la Nación de carácter inalienable, imprescriptible e inembargable.
26.2 Propuso como excepciones las que denominó: “falta de los requisitos legales
de la acción”, “denegación de la solicitud de la vinculación de la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique por inexistencia de responsabilidad en la
causa de origen de la acción popular” y la “excepción genérica”.
27. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias29 se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva. Afirmó que en el ente territorial, la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado fue concesionada a la
Empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., la recolección de basuras corresponde
a la Empresa Aseo Urbano de la Costa S.A. E.S.P., el servicio público de energía
está a cargo de la Electrificadora del Caribe S.A. –Electricaribe S.A. E.S.P.-, la
prevención de desastres le corresponde al Sistema Nacional de Prevención y
Atención de Desastres y las pretensiones relacionadas con el tema de vivienda son
competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo de Vivienda
de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito de Cartagena – CORVIVIENDA.
28. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima
• DIMAR30 se opuso a las pretensiones de la demanda y precisó que Santa Cruz del
Islote es un bien baldío reservado de la Nación que se encuentra fuera de los límites
de jurisdicción de la Dirección General Marítima - DIMAR. Señaló que el Comité
Técnico Nacional de Alerta por Tsunami, del cual hace parte, elaboró el Plan
Nacional para la Gestión del Riesgo de Tsunami. Además, expuso que le solicitó al
Gobierno Nacional que le asigne las funciones relacionadas con el Punto Focal de
Alerta contra Tsunami.
29. Aguas de Cartagena S.A E.S.P.31 se opuso a las pretensiones de la demanda
y propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” e
“inexistencia de la vulneración de derechos a los accionantes”.
29.1 En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
señaló que no se encuentra en sus funciones realizar obras dirigidas a la expansión
del sistema de acueducto y alcantarillado distrital. No obstante, afirmó que, como
29 Cfr. Folios 391 a 394, 457 a 466 y 476 a 481 del cuaderno principal.
30 Cfr. Folios 685 a 688 del cuaderno principal.
31 Cfr. Folios 744 a 751 del cuaderno principal.
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operador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el año 2009,
adelantó estudios para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto
en Santa Cruz del Islote con un costo de tres mil millones de pesos y remitió al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias los resultados con los diseños
para la construcción de la infraestructura, que incluía la propuesta de la instalación
de una planta desalinizadora en el corregimiento, con una estación de bombeo; sin
embargo, destacó que el ente territorial no ha informado sobre la existencia de
financiación que permita la ejecución de las obras.
29.2 Ahora, en lo que atañe a la excepción de inexistencia de la vulneración de
derechos, destacó que la empresa ha cumplido con sus deberes contractuales y
reiteró que la financiación de las obras de expansión de los servicios de acueducto
y alcantarillado corresponde a la Administración Distrital.
30. La Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – Electricaribe S.A. E.S.P.32 se
opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia del nexo causal por concurso
exclusivo de una causa extraña”, “inexistencia de la vulneración por ausencia de
obligación y de responsabilidad de parte de Electricaribe S.A. E.S.P. e inexistencia
de violación de derechos colectivos” y la excepción innominada.
31. La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de
Colombia - PNN33 manifestó que no ha vulnerado los derechos e intereses
colectivos señalados en la demanda y destacó que Santa Cruz del Islote está fuera
de su jurisdicción, toda vez que no forma parte del Parque Nacional Natural Corales
del Rosario y de San Bernardo.
32. El Departamento Nacional de Planeación - DNP34 se opuso a las
pretensiones de la demanda y afirmó que la garantía de la prestación del servicio
público domiciliario de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico le
corresponde al distrito, quien debe velar porque el suministro sea eficiente,
permanente, con calidad y potabilidad.
33. En calidad de coadyuvantes de la parte demandante intervinieron los señores
Natalia Cárdenas Marín, Laura Amaya Cantor y Sebastian Sénior Serrano, así como
32 Cfr. Folios 892 a 899 del cuaderno principal.
33 Cfr. Folios 1164 a 1167 del cuaderno principal.
34 Cfr. Folios 1191 a 1196 del cuaderno principal.
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la Defensoría del Pueblo, quienes solicitaron, entre otras cosas, la protección de los
derechos e intereses colectivos invocados en la demanda.
Actuaciones en primera instancia
34. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto de 16 de marzo de
201235, en el que admitió la demanda, ordenó notificar a la parte demandada y
comunicar a la comunidad esa decisión a través de un medio masivo de
comunicación, al agente del Ministerio Público, así como al Defensor del Pueblo.
Además, concedió el amparo de pobreza a favor de la parte actora y decretó
medidas cautelares36.
35. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 6 de
octubre de 201437 y 9 de junio de 201538. No obstante, se declaró fallida porque no
hubo acuerdo entre las partes.
36. Una vez vencido el periodo probatorio, mediante auto proferido el 30 de
octubre de 201739, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión.
35 Cfr. Folios 17 a 27 del cuaderno principal.
36Cfr. Folios 26 a 27 del cuaderno principal. La medida cautelar decretada fue del siguiente tenor: “[…]
DECRÉTASE la medida cautelar solicitada por la parte demandante en la demanda, para lo cual se dispone:
5. Ordénase al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias adelantar por intermedio de sus correspondientes
Secretarías y Departamentos, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, (sic) siguientes a la notificación del auto
admisorio de la presente acción popular las siguientes medidas previas (sic).
a) El envío semanal de agua potable a la población que reside en (sic) corregimiento de Cartagena de Indias,
denominado Santa Cruz de El Islote (sic), mediante bongos de agua potable o cualquier otro medio.
b) Adelantar una campaña de difusión en esta comunidad sobre los peligros que se pueden presentar por el
consumo indebido de agua no potable, e ilustrarlos sobre la forma más adecuada de utilizar el agua lluvia para
evitar riesgos de salud.
c) Por lo menos una vez al mes, llevar a cabo brigadas de salud para la atención de los habitantes del Islote,
con el fin de mitigar el riesgo de afectación a la salud, dadas las condiciones en que tal población vive y a la
falta de servicios médicos.
d) Levantar un censo en el corregimiento Santa Cruz de El Islote (sic), para determinar cuáles familias habitan
en vivienda con un alto deterioro y con riesgo inminente de colapsar, y en caso de encontrarse familias en estas
circunstancias, ser beneficiadas con obras que permitan adecuar de manera estable sus viviendas, mientras se
adelantan todos los estudios pertinentes y se realiza un plan de atención a los riesgos técnicamente previsibles
para esta comunidad.
e) Se adelanten estudios con el fin de subsidiar el costo de funcionamiento de la Planta Eléctrica de Santa Cruz
del islote con base de A.C.P.M., de manera que la comunidad pueda tener acceso a un servicio eléctrico por
más tiempo, sin que por tal servicio asuma costos superiores a los actuales, hasta tanto no se construya la
infraestructura requerida y se garantice la prestación continua y eficiente del servicio público de electricidad
[…]”.
Providencia confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto de 30 de mayo de 2013, Cfr.
Folios 619 a 625 del cuaderno principal.
37 Cfr. Folios 1055 a 1072. Del cuaderno principal La audiencia celebrada el 6 de octubre de 2014 fue suspendida
para vincular al Departamento Nacional de Planeación.
38 Cfr. Folios 1295 a 1306 del cuaderno principal.
39 Cfr. Folio 2639 del cuaderno principal.
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37. En esta etapa procesal intervinieron el Departamento Nacional de Planeación,
el Ministerio de Transporte, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, Parques
Naturales Nacionales, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
señora Natalia Pérez, en calidad de coadyuvante de la parte actora. Las
intervenciones estuvieron dirigidas, en esencia, a reiterar los argumentos
contenidos en las contestaciones de la demanda y en la solicitud de coadyuvancia,
respectivamente.
38. El Ministerio Público rindió concepto en el sentido de solicitar la protección
de los derechos e intereses colectivos de la población de Santa Cruz del Islote.
Sentencia de primera instancia
39. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia el día 2 de agosto de 2018, en la que resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: SE AMPARAN los derechos colectivos (sic) i) al acceso de una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, ii) el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, iii) el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y iv) la seguridad y
salubridad públicas, de la comunidad de Santa Cruz del Islote, por las razones
anteriormente expuestas.
SEGUNDO: En consecuencia,
1. ORDENASE (sic) al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena la formulación de un
proyecto para la prestación del servicio de agua potable en el Islote de Santa Cruz
que incluya un cronograma preciso de actividades con plazos de ejecución; el cual
debe ser formulado en un plazo de seis (6) meses posteriores a la notificación de esta
sentencia, y debe contar con la concurrencia de Parques Naturales de Colombia, los
representantes de la Comunidad del Islote de Santa Cruz y Aguas de Cartagena
E.S.P. para lo cual se apropiaran (sic) los recursos presupuestales necesarios que
permitan la ejecución del proyecto, teniendo como base los estudios técnicos
presentados por Aguas de Cartagena en el año 2009, debidamente actualizados y
conforme a las resoluciones de la CRAP (sic).
Vencido el plazo para la formulación del proyecto para la prestación del servicio de
agua en el Islote de Santa Cruz, la ejecución y puesta en funcionamiento del mismo
debe realizarse en un plazo no superior a dos (2) años, desde su formulación.
2. ORDENASE (sic) al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena la formulación de un
proyecto para la prestación del servicio de alcantarillado o disposición de residuos y
aseo en el Islote de Santa Cruz que incluya un cronograma preciso de actividades
con plazos de ejecución; dicho proyecto debe ser formulado en un plazo de seis (6)
meses posteriores a la notificación de esta sentencia, y debe contar con la
concurrencia de Parques Naturales de Colombia, los representantes de la Comunidad
del Islote de Santa Cruz y Aguas de Cartagena, teniendo en cuenta la apropiación de
recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto.
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Vencido el plazo para la formulación del proyecto para la prestación del servicio de
alcantarillado o disposición de residuos y de aseos (sic), la ejecución y puesta en
funcionamiento del mismo debe realizarse en un plazo no superior a dos (2) años
desde su formulación.
3. ORDENASE (sic) al Ministerio de Vivienda que apoye la formulación y la ejecución
del los (sic) proyectos (sic) la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado o
disposición de residuos y aseo anteriormente señalados, en los términos de los
numerales 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 2 del Decreto 3571 de 2011.
4. ORDENASE (sic) al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena la formulación de un
proyecto para la prestación del servicio (sic) luz eléctrica en el Islote de Santa Cruz
que incluya un cronograma preciso de actividades con plazos de ejecución; dicho
proyecto debe ser formulado en un plazo de seis (6) meses posteriores a la
notificación de esta sentencia, y debe contar con la concurrencia de Parques
Naturales de Colombia, los representantes de la Comunidad del Islote de Santa Cruz
y de Electricaribe E.S.P. o de la empresa que en su reemplazo preste el servicio de
energía eléctrica en el Distrito de Cartagena; teniendo en cuenta la apropiación de
recursos necesarios que permitan la ejecución del proyecto.
Vencido el plazo para la formulación del proyecto para la prestación de electricidad
en el Islote de Santa Cruz, la ejecución y puesta en funcionamiento del mismo debe
realizarse en un plazo no superior a dos años desde su formulación.
5. De manera provisional y durante el término en el que se desarrollan las anteriores
actividades, ORDENASE al el (sic) Distrito Cultural y Turístico de Cartagena la
continuación de las acciones ordenadas en el auto que decretó las medidas
cautelares relativas a:
1. Mantener el envío semanal de agua potable a la población que reside en el Islote
de Santa Cruz, ya sea mediante bongo o cualquier otro medio, asegurándose que el
líquido cuente con la calidad para el consumo humano.
2. Lleve a cabo brigadas de salud para la atención de los habitantes del Islote, donde
se informe sobre los peligros que se pueden presentarse (sic) por el consumo de agua
no potable, ilustrando a la comunidad sobre la forma más adecuada de almacenar
agua utilizar agua lluvia (sic).
3. Garantice el suministro de ACPM que permita el funcionamiento de la Planta
Eléctrica del Islote de Santa Cruz, y adicionalmente se informe sobre el estado y
funcionamiento de los páneles solares instalados en la isla.
6. ORDENAR al Departamento de Bolívar apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos y al Distrito de Cartagena
en la prestación de los servicios públicos en Santa Cruz del Islote en los términos del
artículo 7 de la Ley 142 de 1994.
TERCERO: ORDENASE (sic) a la Superintendencia de Servicios Públicos para que
de conformidad con el artículo 47 de la Ley 142 de 1994, ejerza plenamente sus
funciones de inspección, control y vigilancia frente al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena y a las empresas de servicios públicos que presten servicios en ese ente
territorial, asegurando que mientras se desarrollan los proyectos de infraestructura y
prestación de los servicios públicos que aquí se ordena, se cumplirán las medidas
que fueron cautelares y ahora se tornan en definitivas, en los plazos que esta
sentencia dispone.
CUARTO. ORDENASE (sic) al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena para que en
el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la providencia que
realice las acciones necesarias para que el puesto de salud de Santa Cruz del Islote
funcione de manera continua cuente el (sic) personal y con los elementos necesarios
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para la prestación de los servicios de salud prioritarios de la comunidad isleña en los
niveles I y II de complejidad cuando la atención de los paciente (sic) así lo requiera; y
carnetizando a los habitantes para verificar las patologías que se presentan e
incorporarlas en el sistema de salud.
QUINTO: ORDENASE (sic) al el (sic) Distrito Cultural y Turístico de Cartagena (sic)
formule un plan de gestión del riesgo que debe contar con la participación de la
comunidad de Santa Cruz del Islote, y debe responder a i) las necesidades propias
de los habitantes isleños, y ii) en especial la posibilidad de un Tsunami y la
adaptabilidad para evitar o mitigar los efectos negativos del cambio climático, este
plan debe estar elaborado en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia y puesto en ejecución dentro de los tres (3) meses
siguientes.
SEXTO: INSTASE (sic) a la DIMAR para que apoye en los (sic) de su competencia y
conocimiento la formulación del plan de gestión de riesgo anteriormente señalado en
los términos de la Ley 1523 de 2012.
SÉPTIMO: CONFÓRMESE el comité de verificación de cumplimiento del fallo, el cual
estará compuesto por la Magistrada Ponente, un representante de los actores
populares, el alcalde del el (sic) Distrito Cultural y Turístico de Cartagena, un delegado
de Aguas de Cartagena ESP, un delegado (sic) Electricaribe ESP o la empresa que
en su reemplazo preste el servicio de energía eléctrica en el Distrito de Cartagena, un
delegado de Parques Naturales, un delegado de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, el Ministerio Público, un delegado del Departamento de Bolívar
y un delegado de la DIMAR […]”40.
40. El Tribunal encontró demostrado que el Islote no cuenta con sistema adecuado
de acceso y distribución de agua en condiciones óptimas de potabilidad; ni con un
sistema de manejo de residuos y aguas servidas; ni con sistema de distribución o
acceso permanente de energía eléctrica, circunstancia que no permite algunos
beneficios como el almacenamiento de alimentos perecederos; asimismo, encontró
probado que no cuenta con procedimientos de recolección o disposición segura de
basuras.
41. Señaló que la inspección técnica realizada en el mes de abril de 2015 advirtió
que el Islote cuenta con una alberca de 225 toneladas de agua, la cual tiene una
duración aproximada de dos meses resultando insuficiente para los habitantes,
quienes deben acudir a la compra del líquido, actividad que únicamente es posible
dos días a la semana. Además, el agua almacenada en la mayoría de los casos no
cuenta con la potabilidad adecuada para el consumo humano, esto de conformidad
con lo determinado por el perito. Adicionalmente, se presenta un problema en el
manejo de los residuos sólidos, lo cual suscita una concentración de basura en las
calles y en la orilla del mar, generando afectaciones a la salud de la comunidad y al
medio ambiente.
40 Cfr. Folios 2823 a 2826 del cuaderno principal.
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42. Insistió en que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias tiene la
responsabilidad de garantizar el acceso a una infraestructura de servicios de agua
potable, alcantarillado y electricidad en Santa Cruz del Islote, teniendo en cuenta su
ubicación geográfica.
43. Aseveró que, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 142 de
1994, es responsabilidad de los departamentos apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el ente
territorial o a los municipios que hayan asumido la prestación directa de los servicios
públicos; por lo tanto, el departamento de Bolívar debe asumir esta función.
44. Manifestó que al estar rodeado por el Parque Nacional Natural de Corales de
San Bernardo, los estudios y obras que se adelanten para la prestación de los
servicios públicos deben ir en armonía con la protección de esa área.
45. Advirtió que, de conformidad con el desarrollo constitucional de las
comunidades negras, los proyectos que propendan por la prestación de los servicios
públicos domiciliarios deben ser resultado de un acuerdo con los representantes de
la comunidad de Santa Cruz del Islote, junto a la autoridad competente y las
empresas prestadoras que tengan asignada dicha función.
46. Consideró que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias tiene
competencia para financiar y llevar a cabo acciones dirigidas a prevenir las
enfermedades y garantizar la prestación de los servicios de salud que corresponde
al primero, segundo y tercer nivel de atención, de forma directa o a través de
entidades descentralizadas, y además, es responsable de la construcción,
ampliación y remodelación, así como de la dotación y mantenimiento integral de las
instituciones que prestan servicios a cargo del ente territorial. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el único centro médico que se encuentra en el Islote de Santa Cruz
no puede operar de manera continua.
47. Señaló que la parte actora demostró que las viviendas se encuentran en un
estado de conservación regular, no cuentan con unidades sanitarias y la corriente
marina produce erosión. Asimismo, concluyó que las personas viven en condiciones
de hacinamiento debido a que las viviendas se construyeron en áreas pequeñas,
por ejemplo, en espacios de cuatro metros por cuatro metros.
48. Advirtió que Santa Cruz del Islote es susceptible de sufrir desastres naturales
debido a las consecuencias del cambio climático, por su posición geográfica, las
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condiciones socioeconómicas de la población, la alta tasa demográfica, el índice de
hacinamiento, la precaria situación de saneamiento básico, la baja cobertura en la
prestación de los servicios públicos, entre otros.
49. Destacó que no existe un Plan de Gestión de Riesgo que responda a las
necesidades específicas de Santa Cruz del Islote como comunidad
afrodescendiente en estado de vulnerabilidad. Por lo que consideró necesario
ordenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias formular un plan de
gestión de riesgo.
50. Contra la sentencia de 2 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal, se
presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales fueron negadas mediante
auto de 20 de septiembre de 2018.
Recursos de apelación
51. El Departamento de Bolívar41 presentó escrito de 15 de agosto de 2018
mediante el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos:
52. Expresó su inconformidad con la decisión proferida en primera instancia por
cuanto, a juicio de la entidad, resulta contraria al principio de congruencia, previsto
en el artículo 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201242.
53. Al respecto, manifestó que el Tribunal en la parte motiva de la providencia
apelada consideró que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias es el
obligado a satisfacer las necesidades de la población en materia de servicios
públicos y, por ende, debe garantizar la infraestructura para su prestación,
condicionado a los resultados de un estudio sobre la prestación directa del servicio,
pero en la parte resolutiva, ordenó al departamento, en aplicación del principio de
complementariedad, apoyar financiera, técnica y administrativamente a las
empresas de servicios públicos y al Distrito en la prestación de los servicios públicos
en Santa Cruz del Islote, sin que dicha obligación quedara supeditada a una
condición suspensiva, “[…] como es que los resultados del estudio [indiquen] que la
prestación del servicio deba hacerse de forma directa por el Distrito de Cartagena
[…]”43.
41Cfr. Folios 2831 a 2833, 2838 a 2839 y 2841 a 2844 del cuaderno principal.
42 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
43 Cfr. Folio 2832 del cuaderno principal.
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54. Afirmó que la sentencia recurrida no señaló cual fue la violación a los derechos
colectivos por parte del departamento ni mencionó ningún hecho probado en contra
de la entidad, por lo que, omitió fundamentar las razones que conllevaron a declarar
la responsabilidad del departamento, en particular, destacó que “[…] no se explica
por qué debe aplicarse el artículo 7 de la ley 142 de 1994 […]”44.
55. Sostuvo que el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, que se constituye como el
sustento normativo de la orden proferida contra el departamento, no se refiriere
específicamente a los servicios de acueducto y alcantarillado, razón por la cual,
también, argumentó la transgresión del principio de congruencia.
56. Adicionalmente, afirmó que el numeral sexto del ordinal segundo de la
sentencia proferida en primera instancia, desconoció los principios de planeación y
eficiencia fiscal porque la orden judicial no tiene justificación y es “muy amplia”.
Argumentó que esta orden induce a que la entidad viole el principio de planeación
presupuestal ya que “[…] el presupuesto como tal debe obedecer a la precisión y al
no tener claridad del apoyo a brindar no puede incluirse en el presupuesto y por
ende no puede preverse su ejecución a futuro ni garantizarse el acatamiento de la
orden judicial […]”.
57. Finalmente, solicitó que se revoque este numeral del ordinal segundo de la
parte resolutiva de la sentencia apelada y se excluya al departamento de Bolívar de
las órdenes impartidas por el Tribunal.
58. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias45 presentó escrito de
23 de agosto de 2018 mediante el cual interpuso recurso de apelación que
fundamentó en los siguientes argumentos:
59. Manifestó que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos amparados
y que el Tribunal omitió valorar las pruebas en conjunto, las cuales acreditan el
cumplimento de sus obligaciones constitucionales y legales. Destacó que, en efecto,
ha suministrado agua potable a los habitantes de Santa Cruz del Islote, a través de
un bongo; ha llevado a cabo brigadas de salud, por medio del Departamento Distrital
de Salud; y ha garantizado la disposición de residuos, así como, el servicio de aseo.
60. Puso de presente que el ente territorial debe respetar el principio de planeación
antes de asumir compromisos contractuales, para lo cual citó la sentencia de 13 de
44 Ibidem.
45 Cfr. Folios 2852 a 2862 del cuaderno principal.
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noviembre de 2013, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
61. Expresó que el Tribunal, en la sentencia apelada, no tuvo en cuenta el principio
de precaución, el cual, “[…] conlleva la adopción de medidas eficaces para precaver
la degradación del ambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de la
inmadurez científica, es por ello que deben existir unos criterios interinstitucionales
tendientes a tratar la problemática de la comunidad del Islote de Santa Cruz […]”46.
62. Afirmó que se debe propender por la sostenibilidad de Santa Cruz del Islote, a
través de: i) la gestión integral; ii) la adopción de medidas para la conservación,
protección y recuperación del ambiente; iii) el mejoramiento de la calidad del agua,
iv) la ordenación territorial; así como v) la implementación de instrumentos de
auditoría y valoración del daño ambiental. Lo cual, en su criterio, se logra a través
del cumplimiento de las normas que regulan la materia y no mediante la acción
popular.
63. Por último, señaló que, en caso de probarse la vulneración de un derecho e
interés colectivo, todas las entidades competentes deben coordinar sus funciones
para garantizar su protección en el menor tiempo posible.
Concesión de los recursos de apelación
64. La Magistrada Sustanciadora del Tribunal profirió auto de 11 de octubre de
2018, mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados por el
departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
Actuaciones en segunda instancia
65. El Despacho sustanciador mediante providencias de 747 y 2048 de noviembre
de 2018 admitió los recursos de apelación referidos y ordenó a las partes la
presentación de alegatos de conclusión por escrito, asimismo, surtió el traslado al
Ministerio Público, respectivamente.
66. El Ministerio de Minas y Energía49, el Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección General Marítima - DIMAR50, el Ministerio de Salud y Protección Social51,
46 Cfr. Folio 2861 del cuaderno principal.
47 Cfr. Folio 2879 del cuaderno principal.
48 Cfr. Folio 2987 del cuaderno principal.
49 Cfr. Folios 3005 a 3010 del cuaderno principal.
50 Cfr. Folios 3018 a 3025 del cuaderno principal.
51 Cfr. Folios 3026 a 3032 del cuaderno principal.
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el Departamento Nacional de Planeación52; el departamento de Bolívar53; el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias54; la Empresa Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P. – Electricaribe55; y Laura Amaya Cantor56, en calidad de coadyuvante,
allegaron alegaciones, en las que reiteraron los argumentos expuestos en las
contestaciones de la demanda y en sus intervenciones, respectivamente.
67. El Procurador Primero Delegado para la Conciliación Administrativa57 ante el
Consejo de Estado presentó concepto en el que solicitó confirmar la sentencia
apelada e impulsar “[…] un trabajo interinstitucional articulado en el ámbito regional,
en aras de garantizar el efectivo cumplimiento de lo ordenado en la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de agosto de 2018
[…]”58. Manifestó que la sentencia relativa a la descontaminación del río Bogotá “[…]
puede ser extensiva a este caso en particular en lo relativo a la definición de plazos
y articulación institucional para el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas
en el ejercicio de la función jurisdiccional y en relación con la función pública
territorial, lo que en ningún caso podría constituir una medida sustitutiva de
planeación e intervencionismo del Estado por la autoridad judicial […]”59.
68. El Despacho sustanciador profirió auto de 5 de marzo de 2025 60 en el que
requirió a la parte actora y a las entidades accionadas y vinculadas con el fin de que
actualizaran las pruebas y los informes allegados al expediente en el proceso de la
referencia.
69. En cumplimiento de la anterior providencia allegaron respuesta las siguientes
entidades: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la DIMAR, la
UAE de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Salud y Protección Social,
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, la Nación
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y el Departamento Nacional de
Estadística – DANE.
52 Cfr. Folios 2999 a 3004 del cuaderno principal.
53 Cfr. Folios 3012 a 3013 del cuaderno principal.
54 Cfr. Folios 3014 a 3017 del cuaderno principal.
55
Cfr. Folios 3040 a 3044 del cuaderno principal.
56 Cfr. Folios 3033 a 3037 del cuaderno principal.
57 Cfr. Folios 3048 a 3078 del cuaderno principal.
58 Cfr. Folio 3077 del cuaderno principal.
59 Cfr. Folio 3078 del cuaderno principal.
60 Cfr. Índice 112 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
120Autoquerequie_APa201227803Alexande(.pdf) NroActua 112 […]”.
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70. La Secretaría General de esta Corporación el 29 de abril de 202561 fijó el
proceso en lista con el objeto de que las partes procesales se pronunciaran sobre
la actualización probatoria ordenada y allegada al expediente.
71. El Ministerio de Defensa Nacional presentó escrito en el que descorrió el
traslado de la actualización probatoria allegada y el expediente ingresó al Despacho
sustanciador el día 6 de mayo de 202562.
72. De manera extemporánea la ANT63 y el Distrito de Cartagena64 allegaron
respuesta al requerimiento contenido en el auto de 5 de marzo de 2025.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
73. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Carlos
Fernando Mantilla Navarro; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo de los derechos e intereses colectivos
amparados y vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
74. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201965, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 129 del Decreto
01 de 198466, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.
61 Cfr. Índice 141 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…]
189FIJACIONENLIS_20120027803docx(.docx) NroActua 141 […]”.
62 Cfr. Índice 151 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
63 Cfr. Índice 162 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado “[…]
RECIBEMEMORIAL_Memorial_202510300449241_2671(.pdf) NroActua 162 […]”.
64 Cfr. Índice 158 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Archivo denominado: “[…] 211_MemorialWeb_Otro-
Memorial13demayo(.pdf) NroActua 158 […]”.
65 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
66 “[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
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75. Asimismo, de conformidad con los artículos 32067 y 32868 de la Ley 1564 de
201269, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los
cuales se contraen los recursos interpuestos por el departamento de Bolívar y por
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
76. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Manifestación de impedimento del doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro
77. El Consejero de Estado, doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 29 de abril de 202670, invocando para ello la causal prevista en el numeral 12 del
artículo 141 del Código General del Proceso, que establece lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
[…]
12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las
cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado,
agente del Ministerio Público, perito o testigo […]” (Destacado fuera de texto).
78. El Consejero de Estado indicó que, en su criterio, se encuentra incurso en la
causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP en razón a que: “[…]
participé en la audiencia de pacto de cumplimiento celebrada dentro del proceso de
la referencia el 6 de octubre de 2014, en mi condición de procurador ciento treinta y
cinco judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca […]”.
67 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
68
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
69 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
70 Cfr. Índice 172 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
236Manifestaciond_ImpedimentoDoctorMan(.pdf) NroActua 172 […]”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
79. La Sala destaca que el artículo 141 del CGP es aplicable en materia de
acciones populares, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998
y 130 del CPACA.
80. Asimismo, se precisa que las causales de impedimento establecidas en la ley
son mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por
los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.
81. La Corte Constitucional71 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.
82. Frente al alcance de la aludida causal de impedimento prevista en el numeral
12 del CGP, esta Corporación, en providencia de 5 de marzo de 2012, consideró lo
siguiente:
“[…] En el presente asunto la causal en mención hace referencia al hecho de que se
haya emitido consejo o concepto sobre asuntos materia del proceso,
circunstancia esta que hace parte del interés que el funcionario judicial pueda
tener en el desarrollo del respectivo pleito, y entendido este como cualquier
motivo que oriente o incline el ánimo del juzgador hacia una determinada
decisión dentro del respectivo proceso, con la consiguiente afectación de la
imparcialidad que debe caracterizarlo. En efecto, si el juzgador interviene en un
proceso respecto del que dio consejo o concepto o en otro que versa sobre los
mismos hechos de aquel en que dio consejo o concepto, su voluntad puede
orientarse o inclinarse a fallar conforme al mismo, afectando de esta manera la
imparcialidad y objetividad que debe caracterizarlo en el desarrollo de su
función […]”72 (Destacado fuera de texto).
83. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Carlos Fernando
Mantilla Navarro, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal prevista
en el numeral 12 del artículo 141 del CGP, la Sala considera que se configura la
causal toda vez que el prenombrado Consejero intervino en el trámite de la primera
instancia de la acción popular de la referencia en calidad de agente del Ministerio
Público.
71 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Proceso
radicado número 05001 23 31 000 2002 03487 01. Auto del 5 de marzo de 2012. Consejero Ponente: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
84. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la
causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del CGP, el
Consejero de Estado impedido se separará del conocimiento de este proceso, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
Problemas jurídicos
85. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:
85.1 ¿Si el Tribunal valoró indebidamente las pruebas allegadas al proceso y,
en consecuencia, debe concluirse que el Distrito de Cartagena no ha vulnerado los
derechos e intereses colectivos que fueron amparados en la sentencia proferida en
primera instancia?
85.2 ¿Si el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena son
responsables de la vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados a
favor de la comunidad de Santa Cruz del Islote?
85.3 ¿Si la sentencia de primera instancia desconoció el principio de
congruencia al impartir la orden al Departamento de Bolívar de brindar apoyo
financiero, técnico y administrativo a las empresas de servicios públicos del Distrito
de Cartagena para la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos en
Santa Cruz del Islote?
85.4 ¿Si el Tribunal desconoció los principios de planeación contractual y de
planeación y eficiencia fiscal al impartir órdenes al Departamento de Bolívar y al
Distrito de Cartagena?
85.5 ¿Si la sentencia apelada desconoció el principio de precaución en materia
ambiental?
85.6 ¿Si las órdenes impartidas para la protección de los derechos e intereses
colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote son pertinentes y
proporcionales?
85.7 Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 2 de agosto de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la acción popular
86. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
87. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
88. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.
89. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.
90. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”73.
91. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo de los derechos e intereses colectivos amparados
Derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas
92. El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas se encuentra
previsto en el literal g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, el cual reconoce la
protección de aquellas condiciones que permiten garantizar la integridad física, la
salud y el bienestar de la comunidad frente a riesgos que puedan afectar la
convivencia social y la calidad de vida de las personas.
93. Sobre el alcance de este derecho colectivo, el Consejo de Estado ha
señalado que la seguridad y salubridad públicas comprenden el conjunto de
condiciones que deben existir en los espacios donde se desarrolla la vida en
comunidad para evitar riesgos que puedan afectar la salud o la integridad de las
personas. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que este derecho se
relaciona con la obligación de las autoridades de prevenir situaciones que generen
focos de contaminación, insalubridad o peligro para la población. En palabras del
Consejo de Estado:
“[…] El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas busca preservar las
condiciones mínimas de higiene, sanidad y seguridad necesarias para la convivencia
social, de manera que se eviten situaciones que puedan comprometer la salud o la
integridad de la comunidad […]”74.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio de 2008,
rad. 25000-23-24-000-2002-00127-01(AP.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
94. En ese sentido, la protección de este derecho colectivo implica que las
autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir o mitigar situaciones que
puedan generar riesgos sanitarios o de seguridad para la comunidad, especialmente
cuando se derivan de condiciones ambientales inadecuadas, obstrucción de
cauces, acumulación de residuos o cualquier circunstancia que comprometa la
salubridad y el bienestar de la población.
Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
95. Esta Sección en sentencia proferida el 9 de julio de 2020, en referencia al
derecho colectivo al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad
pública, consideró lo siguiente75:
“[…] resulta claro que existe una relación ineludible entre la adecuada prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública y al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Es más, tales servicios son esenciales, conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-450 de 4 de octubre de 1995, pues las actividades
“que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes
o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto,
vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales […]”.
En efecto, el agua es imprescindible para desarrollar actividades cotidianas
dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte y satisfacer
necesidades de consumo, cocina, saneamiento e higiene personal y doméstica.
De ahí que el derecho a acceder a ella necesariamente implique la realización de
otros derechos humanos tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la
alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la educación, la
vivienda, el trabajo, la intimidad, la protección contra tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, la igualdad de género, la erradicación de la discriminación,
entre otros76.
75 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020,
CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 18001-23-33-000-2018-00035-02.
76 El Derecho al Agua. Folleto Informativo Nº 35. Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos; ONU HABITAT; Organización Mundial de la Salud. “Si bien el acceso
a servicios de saneamiento aún no se ha reconocido como un derecho independiente, un número creciente de
declaraciones nacionales, regionales e internacionales y de legislaciones nacionales parecen indicar un avance
en esa dirección. La Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento ha expresado su apoyo al reconocimiento del
saneamiento como un derecho aparte (véase A/HRC/12/24)”.
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977
• Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992.
• Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.
• Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos (Hábitat II) en 1996.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979.
• Observación general Nº 6 (1982) del Comité de Derechos Humanos.
• Convenio Nº 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los servicios de salud en el
trabajo, aprobado en 1985.
• Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.
• Observación general Nº 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2006.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
Por eso, el derecho al agua constituye un desarrollo de los derechos colectivos
previstos en los literales a), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472 y, además,
contiene las garantías de disponibilidad efectiva, suficiente, de calidad,
salubre, aceptable, continua, accesible física y económicamente, progresiva,
sin discriminación y con especial atención a personas y grupos que
tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el derecho, tales como,
mujeres, niños, minorías, indígenas, refugiados, asilados, desplazados internos,
trabajadores migrantes, presos y detenidos, pobres y marginados77.
Del marco normativo aquí estudiado, es menester concluir que los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado constituyen garantías prestacionales
inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Por ello, comprenden una finalidad social del Estado y, en
consecuencia, su prestación debe efectuarse a través de una infraestructura que
garantice la calidad, continuidad y eficiencia del servicio, evitando la
transgresión de los derechos contemplados en los literales a) g) y h) del artículo
4 la Ley 472 […]”. (Destacado fuera de texto).
Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna
96. De conformidad con lo previsto en los artículos 365 y 366 de la Constitución
Política sobre el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.
97. Asimismo, con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le
corresponde proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado es quien regula y ejerce el
control y la vigilancia de dichos servicios.
98. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
• Recomendación Rec(2001)14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Carta Europea de
Recursos Hídricos.
• Mensaje de Beppu, primera Cumbre del Agua Asia-Pacífico, Beppu (Japón), 3 y 4 de diciembre de 2007.
• Declaración de Abuja, aprobada en la Primera Cumbre América del Sur-África, en 2006.
77 Ibíd., “El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los
derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las personas, en particular de los pobres y
los marginados, informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan.
El enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el
abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal,
con el ser humano como elemento central”.https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf
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99. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”78 (Destacado fuera
de texto).
100. La Sección Primera79 consideró que la vulneración del derecho colectivo de
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna implica
acciones u omisiones concretas de la autoridad responsable de prestar el servicio
que pongan en evidencia la falta de oportunidad en la prestación o la falta de
eficiencia en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio
público.
101. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 80, son
competencias de los municipios, entre otras, “[…] [A]segurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración central del respectivo municipio en los
casos previstos en el artículo siguiente […]”. (Destacado fuera de texto).
102. La Sala precisa que es competencia de los municipios la prestación eficiente
y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica.
103. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 356 de la Constitución
Política, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios como un mecanismo
78 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
79 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
80 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
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tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los “principios de
solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
104. El artículo 288 de la Constitución Política estableció que “[…] las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”; y el artículo 3 de la Ley 1551 de 201281, que
modificó el artículo 4 de la Ley 136 de 1994, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la
ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para
alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades
y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)
105. Al efecto, se tiene que la Ley 142 de 1994 señala como competencias de la
Nación en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios
públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa […]”82;
81 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
82 Artículo 8.4.
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“[…] [v]elar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para
la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los
recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción,
transporte y disposición final de tales servicios […]”83; y “[…] [p]restar directamente
cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los
servicios de que trata la presente Ley […]”84.
106. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo 311
de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
107. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
108. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
109. La Ley 136 de 1994 dispone en los numerales 3, 7 y 19 del artículo 3 que a
los municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y
construir las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre
otros, los planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la
solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente
territorial, en lo que sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los
83 Artículo 8.5.
84 Artículo 8.6.
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adolescentes, mujeres cabeza de familia y los demás sujetos de especial
protección constitucional; y garantizar la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo
con las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.
110. A su vez, la Ley 142 de 1994, en los numerales 1, 3 y 6 del artículo 5 señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica,
por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento
de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del
municipio; y apoyar con inversiones y otros instrumentos a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
actividades de su competencia.
111. Igualmente, de conformidad con los numerales 2 y 9 del artículo 8 de la Ley
388 de 18 de julio de 199785, sobre la acción urbanística, la función pública del
ordenamiento territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran
localizar y señalar las características de la infraestructura para los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y
peligrosos, así como los equipamientos de servicios de interés público y social como
centros docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de
infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad
pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.
112. Además, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 ordena que los municipios y
distritos, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
85 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
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113. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a
cargo de los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su
eficiente y oportuna prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su
autonomía, podrán realizar la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la
organización interna que consideren más conveniente en el marco de las
posibilidades que otorga la Constitución y la ley.
114. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 de 1993 agregó que el principio
de armonía regional rige a las entidades territoriales:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las que la
ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental,
a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio
natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
115. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
116. En relación con la competencia de los departamentos, el artículo 298 de la
Constitución Política también dispuso que: “[…] [l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio […]”. Además,
“[…] ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación
y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes […]”. Adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y
coordinación en materia de servicios públicos, en los términos del artículo 367
de la Constitución.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
117. Con base en tales atribuciones, los artículos 7 de la Ley 142 de 1994 y 7486
de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200187, establecen, entre sus
responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde
un eje de planificación multisectorial que permita la materialización del principio de
coordinación.
Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente
118. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente está enlistado en el literal l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
119. Para precisar el contenido de este derecho es pertinente hacer referencia al
artículo 1 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201288, el cual dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 1. De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.
Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.
86 “[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios
y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y orientar las políticas de
desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
[…] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando
la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento
y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a
las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando
a ello haya lugar […] 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la
prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad [...]”.
87 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
88 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
120. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.
121. La Ley 1523 de 2012 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país […]”.
122. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo 3
de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.
Marco normativo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica
Servicio público domiciliario de acueducto
123. El artículo 366 de la Constitución Política dispone que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos,
en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
123.1 El numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece que el Estado
intervendrá en los servicios públicos para garantizar la atención prioritaria de las
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico.
123.2 El numeral 19 del artículo 3 de la Ley 136 de 199489 dispone que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
123.3 Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definen, por
una parte, el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios
públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua
potable como la distribución municipal de agua apta para el consumo humano,
incluida su conexión y medición; así como las actividades complementarias de
captación de agua, procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
123.4 La Ley 9 de 24 de enero de 1979 establece disposiciones para eliminar y
evitar la contaminación del agua para el consumo humano. Los artículos 63 y 79 de
la mencionada norma previeron que cuando se utilice agua lluvia para el consumo
humano esta deberá cumplir con los requisitos de potabilidad que señale la
autoridad competente, teniendo en cuenta que “[…] toda agua para el consumo
humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia […]”.
123.5 Ahora bien, el Decreto 1898 de 26 de noviembre de 2016 90, que adiciona
el Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.3.7.1.2.1. establece que los municipios y
distritos son responsables de asegurar que los centros poblados rurales cuenten
con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo;
asimismo, precisa que en el caso que el ente territorial identifique razones técnicas,
operativas o socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistema de
acueducto, alcantarillado o el servicio de aseo en los centros poblados rurales,
podrá implementar soluciones alternativas.
123.6 El artículo 2.3.7.1.3.2. ejusdem establece que las soluciones alternativas
para el aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en zonas
rurales deberán cumplir con las siguientes condiciones diferenciales:
89Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios.
90 "Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que
reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales".
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123.6.1 El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse
mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde la
fuente, acorde con la normativa aplicable a la materia y con las necesidades de la
comunidad.
123.6.2 El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá
realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento.
123.6.3 El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico se realizará
mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua.
123.6.4 Los puntos de suministro o abastos de agua deben ser administrados por
las comunidades beneficiarias de cada proyecto.
123.7 Los proyectos de soluciones alternativas deben contener91: i) un
diagnóstico integral y la caracterización de la fuente de abastecimiento de agua; ii)
el análisis que sustenta la selección de soluciones alternativas respecto de sistemas
de acueducto o alcantarillado, teniendo en cuenta las condiciones técnicas,
operativas y socioeconómicas de cada opción y lo concertado con las comunidades
beneficiarias; iii) la intervención requerida para construir, rehabilitar, optimizar o
proteger los puntos de suministro o abastos de agua, o las soluciones individuales
de saneamiento básico; iv) en el caso en que se requieran dispositivos de
tratamiento de agua, la selección de los mismos debe incluir la comparación de por
lo menos tres opciones. Esta comparación debe incluir las especificaciones técnicas
de los dispositivos de tratamiento de agua, su vida útil asociada a la calidad de la
fuente abastecedora, los costos de suministro, mantenimiento y reemplazo, así
como la garantía que ofrece el fabricante, importador o vendedor sobre el dispositivo
y sobre la calidad de sus componentes; y v) los costos de administración,
funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de los puntos de suministro o
abastos de agua.
123.8 El Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia –
Departamento Nacional de Planeación adoptó el documento CONPES 3810 de
201492 con el objeto general de promover el acceso al agua potable y saneamiento
básico en las zonas rurales, a través de soluciones acordes con las características
de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la
población.
91 Artículo 2.3.7.1.3.6 del Decreto 1898 de 2016.
92 “[…] Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural […]”.
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123.9 A su vez, el CONPES 3918 de 2018 fue adoptado como la Estrategia para
la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –Agenda 2030–; en
este documento se estableció como meta nacional garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible al cien por ciento (100%) de la población.
123.10 En conclusión, los derechos al agua potable y saneamiento básico gozan
de una relevancia especial en cuanto forman parte del Bloque de Internacionalidad
y contribuyen a garantizar los derechos a la vida digna, a la salud, a la salubridad y
a cumplir los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Servicio público domiciliario de alcantarillado y vertimiento de aguas
residuales
124. El numeral 23 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 establece que el servicio
público domiciliario de alcantarillado consiste en la recolección municipal de
residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos; comprende
las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de
tales residuos.
125. El artículo 12 de la Ley 9 de 1979 señala que toda edificación, concentración
de edificaciones o desarrollo urbanístico, localizado fuera del radio de acción del
sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de un sistema de alcantarillado
particular o de otro sistema adecuado de disposición de residuos. En
concordancia con lo anterior, el artículo 36 de esa normativa prevé que toda
edificación o concentración de estas, ubicadas en áreas o sectores que carezcan
de alcantarillado público o privado deberá dotarse de un sistema sanitario de
disposición de excretas.
126. El artículo 2.3.7.1-3.3. del Decreto 1898 de 2016 establece que las
soluciones alternativas para el manejo de aguas residuales domésticas en zonas
rurales deben incluir las instalaciones sanitarias que permitan evacuar las excretas
o las aguas residuales domésticas y de higiene personal.
127. El artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015 prohíbe “[…] verter sin
tratamiento residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o
eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos
[…]”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
128. Para la planificación de los vertimientos, la legislación previó como instrumento
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos con el objeto de determinar las
actividades e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y el
tratamiento de las aguas residuales, así como el cumplimiento de la meta individual
de carga contaminante. Este plan es responsabilidad del prestador del servicio y
debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente93.
129. La autoridad ambiental competente debe efectuar inspecciones periódicas a
todos los usuarios con el objeto de realizar un seguimiento, control y verificación de
cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, según lo dispone
el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015; para ello, podrá exigir en cualquier
tiempo la caracterización de los residuos líquidos con las referencias objeto de
medición, la frecuencia y los demás aspectos que considere necesarios.
130. Para la Sala, existe una íntima relación entre los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, especialmente desde una perspectiva
ambiental, lo que implica garantizar el acceso y la prestación eficiente y oportuna
de estos servicios con el fin de asegurar, entre otras cosas, la calidad y potabilidad
del recurso hídrico, su disponibilidad para las actuales y futuras generaciones y el
equilibrio de los ecosistemas, asumiendo la obligación de que los vertimientos a
través de los cuales se devuelve el agua a la naturaleza se realicen en óptimas
condiciones para asegurar el cumplimiento del principio de desarrollo sostenible.
Servicio público domiciliario de aseo y manejo y disposición final de residuos
sólidos
131. El numeral 24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 dispuso que el servicio de
aseo consiste en la recolección municipal de residuos, principalmente sólidos;
asimismo, está relacionado con las actividades complementarias de transporte,
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.
132. El artículo 2.3.2.2.1.2. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201594, relativo a la
prestación del servicio público de aseo, en el marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, dispone que se observarán los principios de prestación eficiente
a toda la población con continuidad, calidad y cobertura; participación de los
93 Artículo 2.2.9.7.3.3 del Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y artículo 1.º de la Resolución núm. 1433 de 13 de
diciembre de 2004, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO 2.2.9.7.3.3
94 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
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usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; cultura de la no basura; y
aprovechamiento, minimización y mitigación del impacto en la salud y en el
ambiente que se pueda causar por la generación de los residuos sólidos.
133. En concordancia con lo anterior, los municipios y distritos deben garantizar la
prestación del servicio de aseo a todos sus habitantes en el área de su jurisdicción,
por parte de las personas prestadoras e independientemente del esquema que
hayan adoptado para el efecto. Por lo tanto, estos entes territoriales deben planificar
la ampliación permanente de la cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos,
el crecimiento de la población y la producción de residuos95.
134. El instrumento de planeación en materia del servicio público domiciliario de
aseo es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual contiene el conjunto
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos para el
manejo de los residuos96. Este plan es formulado, implementado, evaluado y
contralado por el ente territorial y debe propender por la prestación del servicio a
través de economías de escala, teniendo en cuenta variables como la cantidad de
residuos a manejar en cada una de las etapas de la gestión, nivel del servicio,
calidad del servicio, densidad de las viviendas, innovación tecnológica de equipos,
gestión administrativa, operativa y de mantenimiento del servicio, así como las
condiciones y la localización de los componentes del sistema97.
135. La responsabilidad de los impactos generados por el desarrollo de las
actividades del servicio de aseo, incluido el aprovechamiento, recae en la persona
prestadora, excepto cuando se trata de la comercialización de los residuos sólidos
aprovechables98.
136. El artículo 2.3.7.1.3.4. del Decreto 1898 de 2016 reguló el manejo de los
residuos sólidos en las zonas rurales diferentes a centros poblados rurales. Señala
que el municipio debe promover la separación en la fuente para el aprovechamiento
de los residuos orgánicos, de acuerdo con las disposiciones ambientales y
sanitarias vigentes, y definir con la comunidad sitios de presentación y frecuencias
de recolección para el retiro de materiales inorgánicos, y propender por su
recolección, transporte, disposición final o aprovechamiento.
95 Artículo 2.3.2.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.
96 Artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015.
97 Artículo 2.3.2.2.1.9 del Decreto 1077 de 2015.
98 Artículo 2.3.2.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.
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137. De conformidad con el artículo 80 de la Constitución Política es obligación
del Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
138. En concordancia con lo anterior, el numeral 1 del artículo 65 de la Ley 99
de 1993 señaló como función de los municipios, en materia ambiental, "[…]
promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los
planes programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes,
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales […]”.
139. En atención a que los residuos sólidos pueden constituir un factor
contaminante del ambiente, resulta fundamental que las autoridades públicas, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, adelanten
y promuevan una gestión integral de los mismos con el objeto prevenir posibles
impactos negativos, así como reducir, aprovechar y disponer finalmente los
residuos.
140. La Ley 2232 de 7 de julio de 2022, “[p]or la cual se establecen medidas
tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos
plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7 establece
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o quien haga sus veces, en
los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley, deberá elaborar y poner
en marcha una Política Nacional para la reducción de la producción y consumo de
productos plásticos de un solo uso. Según lo dispuesto en la norma, el plan deberá
incluir las siguientes estrategias: i) un modelo de economía circular en la gestión
integral de residuos sólidos; ii) la reducción y sustitución de la producción y el
consumo; iii) la adaptación laboral y reconversión productiva; iv) la investigación y
desarrollo de alternativas sostenibles; v) la inversión en actividad productiva para la
sustitución; vi) generación de incentivos para sustituir el plástico de un solo uso por
alternativas sostenibles; vii) sensibilización del consumidor e incentivos para la
reducción del consumo; viii) educación ambiental, entre otras.
141. En el artículo 12 de la ley en mención, se prohibió el ingreso de plásticos de
un solo uso en áreas protegidas y ecosistemas sensibles. El parágrafo 2 exceptuó
de la restricción a las comunidades y guardaparques que viven en estas áreas
protegidas.
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142. El artículo 30 de la norma mencionada prevé la jerarquía en la gestión de
los residuos plásticos así: i) prevención, ii) reutilización, iii) aprovechamiento, iv)
tratamiento, y v) disposición final.
143. El Gobierno Nacional reglamentó los artículos 12, 16 y 34 de la Ley 2232
de 2022 mediante el Decreto 2192 de 22 de diciembre de 202399. El artículo
2.2.7C.3, relativo a la excepción del parágrafo 2 del artículo 12, establece que solo
podrán ingresar aquellos plásticos de un solo uso necesarios para atender las
necesidades personales de las comunidades y guardaparques que viven en las
áreas protegidas y estos plásticos o los productos que los contengan. Precisa que
en ningún caso podrán ser objeto de comercialización al interior del área. De igual
modo, prevé que quien bajo el amparo de la excepción pretenda ingresar plásticos
de un solo uso, deberá contar con un sistema que asegure la recolección de la
totalidad de estos y su gestión fuera de dicha área.
144. El artículo 2.2.7C.5. establece que los municipios y distritos, en los Planes
de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS deberán incorporar mecanismos
para la promoción de la formalización y regularización de los recicladores de oficio
y de las organizaciones de recicladores de oficio como actores de la cadena de valor
del plástico, mediante el programa de Inclusión de Recicladores, y la incorporación
de acciones dirigidas a la gestión de residuos plásticos en el Programa de
Aprovechamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 de la
Ley 2232 de 2022.
145. El numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 prevé que la
disposición final de residuos es una actividad complementaria del servicio público
de aseo.
146. El artículo 3 del Decreto 1784 de 2 de noviembre de 2017 100 define la
disposición final de residuos sólidos como "[…] la actividad del servicio público de
aseo, consistente en la disposición de residuos sólidos mediante la técnica de
relleno sanitario […]”.
99
"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 2232 de 2022, que establece medidas tendientes a la
reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras
disposiciones".
100 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo relativo con las actividades
complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo”
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147. Es responsabilidad de los entes territoriales asegurar la prestación de la
actividad de disposición final de residuos sólidos, en su propio territorio o en otra
jurisdicción, siempre y cuando participe en la estructuración e implementación de la
solución de carácter regional101. Para garantizar la prestación eficiente de este
servicio, además de la selección técnica, diseño y operación de los sitios de
disposición final, es necesario utilizar principios de ingeniería para la confinación y
aislamiento de los residuos en un área mínima, con compactación, cobertura diaria,
control de gases y lixiviados y cobertura final, entre otras cosas.
148. La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, CONPES
3874 de 2016 estableció que la disposición final de residuos es el proceso de aislar
y confinar los residuos, en forma definitiva, en lugares adecuados y diseñados para
evitar la contaminación, así como los daños o riesgos a la salud humana y al
ambiente.
149. En esta política rigen los principios de quien contamina paga y de protección
a la salud humana y al ambiente que exige a los actores del proceso de disposición
final adoptar las medidas preventivas y de control, de acuerdo con la normativa
vigente. En efecto, si se realizan prácticas inadecuadas que generen daños al
ambiente o a la salud pública en la gestión integral de residuos y, específicamente,
en su disposición final los responsables deben asumir los costos de esta.
150. Además, las autoridades ambientales, en el ámbito de su jurisdicción, gozan
de facultades preventivas y, en consecuencia, tienen la obligación de realizar el
seguimiento y control de las actividades relacionadas con la disposición final de
residuos, a través de procesos administrativos sancionatorios102.
151. De acuerdo con lo expuesto, la disposición final de residuos debe cumplir
rigurosamente las normas que la regulan, con el objeto de proteger derechos como
el goce de un medio ambiente sano y evitar su reubicación o transferencia a otros
Estados, en la medida en que causen un daño ambiental grave o que afecten la
salud humana.
152. Adicionalmente, en cuanto a la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de
101 Artículo 2.3.2.3.3. del Decreto 1784 de 2017.
102 Ley 1333 de 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones”. Modificada por la Ley 2387 de 25 de julio de 2024.
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prestación, el Decreto 1272 de 28 de julio de 2017103 establece las condiciones para
su prestación mediante la definición de esquemas diferenciales.
153. El artículo 2.3.7.2.1.3. define el término esquema diferencial de prestación de
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado o aseo como el conjunto de
condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir el
acceso al agua apta para el consumo humano y al saneamiento básico en un área
o zona determinada del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares.
154. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. En sentencia C-172 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] lo primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente; se sujetan a un
régimen jurídico especial, donde el Estado tiene un deber de regulación, control y
vigilancia permanente; su régimen tarifario exige tener en cuenta los criterios de
costos, solidaridad y redistribución del ingreso; pueden ser estatizados por razones
de soberanía o de interés social una vez se indemnice a los particulares afectados
con tal medida; su prestación será descentralizada, en tanto corresponde su ejecución
a las entidades territoriales; el pago de subsidios a estratos pobres involucra recursos
de la Nación y de las entidades territoriales104 […]”105 (Resaltado fuera de texto).
Servicio público domiciliario de energía eléctrica
155. El artículo 45 de la Ley 2099 de 10 de julio de 2021106 dispone que el Instituto
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
interconectadas – IPSE está facultado para estructurar, presentar y viabilizar ante
fondos públicos que hagan inversiones en el sector eléctrico, tales como FENOGE,
FONENERGIA, entre otros, planes, programas y proyectos en el Sistema
Interconectado Nacional y en Zonas No interconectadas dirigidos a promover,
103 “[…] Por el cual se adiciona el Capítulo 2, al Título 7, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales
para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas de difícil acceso, áreas de difícil
gestión y áreas de prestación, en las cuales por condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares
de eficiencia, cobertura y calidad ,establecidos en la ley […]”.
104 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2013.
105 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
106 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado
energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones”.
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desarrollar, implementar o ejecutar Fuentes No Convencionales de Energía y
Gestión Eficiente de la Energía, así como el uso de fuentes no convencionales de
energía renovable – FNCER para la prestación de servicios públicos domiciliarios,
adaptación de los sistemas de alumbrado público en Colombia para la gestión
eficiente de la energía, atención de emergencias en las Zonas no interconectadas
(ZNI), inversión en acometidas y redes internas, así como en mecanismos de
sustitución hacia Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE) y combustibles
más limpios.
156. El Decreto 1623 de 11 de agosto de 2015107 en el artículo 2.2.3.3.2.2.3.1.
referente a la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas
aisladas establece que la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica
a usuarios a quienes no sea económicamente eficiente conectar al sistema
interconectado, se realizará mediante soluciones aisladas centralizadas o
individuales y microredes, las cuales serán construidas y operadas principalmente
por operadores de redes del Sistema Interconectado Nacional, o a través de
esquemas empresariales tales como las Áreas de Servicio Exclusivo, ASE.
Asimismo, prevé que dichas inversiones podrán ser realizadas tanto con recursos
públicos como con inversiones a riesgo efectuadas por empresas prestadoras del
servicio, caso en el que las inversiones serán remuneradas a través de tarifas.
157. El artículo 2.2.3.3.2.2.3.3. del mencionado decreto relativo al esquema de
subsidios aplicable a los usuarios de las Zonas No Interconectadas establece que
el Ministerio de Minas y Energía determinará la forma como se otorgarán los
subsidios a las tarifas de los usuarios del servicio público de energía eléctrica en
estas zonas.
158. En lo concerniente a la calidad, el artículo 2.2.3.3.2.2.3.6. de la misma norma
en cita, dispone que el Ministerio de Minas y Energía establecerá los estándares de
calidad mínimos que deben cumplir los sistemas aislados individuales para
garantizar la prestación del servicio. Estos estándares incluirán la calidad del
servicio y, en los casos en los que las inversiones se hagan con recursos públicos,
las especificaciones técnicas mínimas de los equipos.
107 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1073 de 2015, en lo que respecta al establecimiento de los
lineamientos de política para la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Sistema
Interconectado Nacional y en las Zonas No Interconectadas”.
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Marco normativo sobre la seguridad y prevención de desastres
159. El artículo 2 de la Constitución Política108 sobre los fines esenciales del Estado,
según el cual, las “[…] autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares […]”.
160. Este deber preventivo del Estado Social de Derecho se sustenta en que el
bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas que mitiguen las
trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las personas.
161. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente conlleva que el Estado provea los mecanismos e
instrumentos para que los hechos riesgosos puedan ser controlados de manera
eficiente.
162. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 2012109, como “[…] un proceso social orientado a
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.
163. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido entendido por la Sala110 como aquel que tiene por finalidad
“precaver desastres y calamidades de origen natural o humano” a través de la
acción de las autoridades de manera preventiva con miras a garantizar la efectividad
de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución. En tal sentido ha
señalado lo siguiente:
108 “[…] Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares […]”.
109 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
110 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, radicación número: 13001-23-31-
000-2011-00315-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
“[…] [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las
comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales de vida
en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de
las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía
administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su
bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por
la simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública […]”.
164. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente está íntimamente
relacionado con el cumplimiento de uno de los fines del Estado, consistente en “[…]
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el
sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas
y proyectos de carácter preventivo que resulten necesarios y adecuados para
salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten
amenazados por desastres naturales previsibles o antrópicos.
Marco normativo sobre la salud pública
165. Al Estado Colombiano le asiste la obligación de asegurar a todas las personas
el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al
tiempo que a los habitantes les corresponde procurar el cuidado integral de su salud
y de su comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Constitución Política.
166. La Ley 9 de 24 de enero de 1979111 adoptó medidas sanitarias para: i) el
control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos, sólidos, excretas,
emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud ocupacional; v)
saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas, medicamentos, cosméticos
y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii) desastres; viii) defunciones,
traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación, trasplante y control de
especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y control; y xi) derechos
y deberes relativos a la salud.
111 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
167. El artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 2007112 define la salud pública
como “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada,
la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de
manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en
indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas
acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la
participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
168. La salud pública también se encuentra contenida en el numeral 4 del artículo
6 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016113, como una categoría jurídica de
convivencia que implica la responsabilidad que le asiste al Estado, así como a la
ciudadanía frente a la protección de la salud como un derecho de diferentes
connotaciones114.
169. En este punto es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional y de lo
contencioso administrativo ha utilizado las expresiones “salubridad pública” y “salud
pública”, como sinónimos, incluso se ha arribado al concepto de salud humana
como se observa a continuación:
170. La Corte Constitucional en sentencia T-579 de 2015, para definir la salubridad
pública, acude a la providencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación
el 3 de septiembre de 2009 en el proceso con número único de radicación
8500123310002000402244-01, en los siguientes términos:
“[…] 2.5.4. El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como ‘la
garantía de la salud de los ciudadanos’ e implica ‘obligaciones que tiene el
Estado de garantizar las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la
vida en comunidad (…). Estos derechos colectivos están ligados al control y
manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior
como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos
de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la
tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de
sanidad comunitaria’ […]”. (Destacado fuera de texto).
171. El precitado criterio jurisprudencial fue reiterado por la Corte Constitucional en
sentencia C-225 de 2017115, oportunidad en la que se analizó la constitucionalidad
de la Ley 1801 de 2016, norma que, como se indicó, contiene el concepto de “salud
112 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones”.
113 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
114 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida
115 H. Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente:
Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
pública”, la cual exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la
protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, de las especies
animales y vegetales presentes en el ecosistema.
172. De acuerdo con esa Corporación, la cobertura, prestación eficiente y de
calidad de los servicios públicos domiciliarios, se relacionan, de forma directa, con
la creación y mantenimiento de las condiciones de salud o salubridad públicas.
173. Asimismo, esta Sección ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del
ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el
ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en
especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce
indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier
otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y
sanción de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional
por parte del Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura
y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad
[…]116”. (Destacado fuera de texto).
174. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”117. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.
116 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de
2018, radicación número: 68001-23-31-000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
117 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,
radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Análisis del caso concreto
175. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de 2 de agosto de 2018 en la que amparó los
derechos e intereses colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote
relacionados con la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y
a que su prestación sea eficiente y oportuna y el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente.
176. El Tribunal impartió órdenes a las entidades demandadas tendientes a
formular y ejecutar proyectos para la prestación de servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica; el funcionamiento continuo y
eficiente del puesto de salud y la formulación y ejecución de un plan de gestión del
riesgo por tsunami y cambio climático.
177. El Departamento de Bolívar y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias interpusieron recursos de apelación que fundamentaron en los siguientes
argumentos: i) la indebida valoración probatoria realizada por el Tribunal respecto
de la responsabilidad del Distrito en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos; ii) la responsabilidad del departamento y del Distrito en el caso concreto
y el desconocimiento del principio de congruencia al impartir al departamento la
orden de brindar apoyo financiero, técnico y administrativo a las empresas de
servicios públicos del Distrito de Cartagena; iii) la vulneración de los principios de
planeación contractual, planeación y eficiencia fiscal; iv) el desconocimiento del
principio de precaución en materia ambiental; y v) la pertinencia y proporcionalidad
de las órdenes impartidas por el Tribunal para la protección de los derechos e
intereses colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote.
178. La Sala abordará el estudio del caso concreto en el mismo orden en el que se
plantearon los argumentos contenidos en los recursos de apelación.
Lo probado en el proceso
179. La Sala destacará a continuación las pruebas allegadas al proceso que
resultan relevantes para resolver el caso concreto y para efectos metodológicos se
analizarán en cuatro bloques temáticos: i) servicios públicos domiciliarios de agua
potable y alcantarillado; ii) servicio público domiciliario de aseo; iii) servicio público
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domiciliario de energía eléctrica; iv) prevención de desastres previsibles
técnicamente; y v) prestación del servicio público de salud.
Sobre los servicios públicos domiciliarios de acueducto y de alcantarillado en
Santa Cruz del Islote
180. Copia del Informe Técnico del año 2014 realizado por Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P., sobre el sistema de acueducto y alcantarillado, en el que la entidad
informó que “[…] [l]a Isla de Santa Cruz del islote no cuenta en la actualidad con
servicios de acueducto y alcantarillado […]”118.
181. El Distrito de Cartagena encontró en la inspección técnica de gestión del riesgo
llevada a cabo los días 16, 17, 18 y 19 de abril de 2015 en Santa Cruz del Islote que
no hay una infraestructura que garantice el servicio público de acueducto 119. Los
habitantes del Islote, en temporada de lluvias, recogen el agua mediante canales
ubicados en la parte superior de las casas y las conducen a tanques de
almacenamiento en mal estado.
182. Copia del dictamen pericial rendido el 19 de noviembre de 2015, en el que se
indicó lo siguiente:
“[…] El servicio de agua para consumo humano es traído desde la ciudad de
Cartagena de Indias hasta Santa Cruz del Islote con la colaboración de la Fuerza
Naval del Caribe en tanques y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. a un costo de $90
millones de pesos y lo realizan cada tres meses, la cual es almacenada en un tanque
de almacenamiento en inmediaciones al puesto de salud. Una vez ubicado el buque
de la armada en el muelle, es conducido por medio de una manguera por medio de
una moto-bomba (sic) y luego distribuida a las familias residentes a un costo de
$4.000, las cuales almacenan en sus hogares en recipientes plásticos o canecas de
5 y 55 galones, sin las mínimas normas de salubridad […]”120 (Destacado fuera de
texto).
183. Copia del oficio 560 de 24 de septiembre de 2015 en el que el comandante de
la Fuerza Naval del Caribe informó que: i) en el 2010 apoyó al Distrito de Cartagena
en tres oportunidades para el transporte de agua a Santa Cruz del Islote; ii) en los
años 2012, 2013 y 2014 transportó a Santa Cruz del Islote, respectivamente,
22.000, 23.000 y 10.000 galones de agua; y iii) desde enero hasta septiembre de
2015 transportó al Islote 51.132 galones de agua.
184. Copia del escrito de 27 de abril de 2015 en el que la Oficina de Gestión de
Riesgo del Distrito de Cartagena explicó que para el abastecimiento y suministro del
118 Cfr. Folios 754 a 754 del cuaderno principal.
119 Cfr. Folios 1433 a 1563 del cuaderno principal.
120 Cfr. Folio 2172 del cuaderno principal.
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agua para el consumo humano “[…] se maneja un plan de razonamiento (sic) del
agua que abastece a todas las familias de la isla, con una alberca de 225 toneladas
de agua, que tiene una duración de 2 meses, el agua se obtiene de la venta los días
lunes y viernes de cada semana […]. En tiempos de lluvia ese tipo de agua es
recogida para otras actividades domésticas y rendir el agua comprada […]”121.
185. Copia del informe de actividades de promoción del Departamento
Administrativo Distrital de Salud en el que explicó que “[…] periódicamente un
Buque Cisterna transporta el agua potable desde Cartagena hasta la Isla. De allí el
agua se transporta hasta las casas por medio de acarreo (galones plásticos de 20
litros generalmente). En temporada de lluvias, los lugareños toman agua
mediante canales colocados en el alar de las casas y la depositan en albercas,
tanques plásticos o de cemento de unos 100 o 200 litros aproximadamente y
de allí se distribuyen a las viviendas para el consumo humano […]”122
(Destacado fuera de texto).
186. De acuerdo con el informe pericial rendido el 19 de noviembre de 2015 y con
los resultados de laboratorio de las muestras de agua tomadas del tanque de
almacenamiento de Santa Cruz del Islote y de las “canecas” ubicadas en algunas
viviendas, el agua que utilizan los habitantes de este lugar para la satisfacción de
sus necesidades no cumple con todos los parámetros para el consumo
humano establecidos en la resolución 2115 de 22 de junio de 2007123, expedida por
los ministerios de Salud y Protección Social y Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial124.
187. En efecto, en el tanque de almacenamiento los parámetros de cloro residual,
coliformes fecales y coliformes totales incumple con la normativa125. El mismo
resultado se obtuvo de la muestra del agua que se tomó de las “canecas” ubicadas
en las viviendas de algunos habitantes del islote126.
121 Cfr. Folio 1441 del cuaderno principal.
122 Cfr. Folio 2279 del Cuaderno Principal.
123 “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control
y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.
124 Ley 1444 de 4 de mayo de 2011, “Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas
facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración Pública
y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones”, por una parte,
escindió del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por las
normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y al Despacho del
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico (art. 11) y, por la otra, reorganizó el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y previó que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continuará
cumpliendo los objetivos y funciones señalados en las normas vigentes.
125 Cfr. Folio 2180 del cuaderno principal.
126 Cfr. Folios 2182 a 2183 del cuaderno principal.
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188. Copia del informe denominado “Análisis Psicosocial del Islote Santa Cruz” de
27 de abril de 2015 realizado por la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el que reconoció que “[…] el agua
no cuenta con un grado de potabilidad suficiente para mantener la salud de los
consumidores […]”127.
189. El Distrito celebró un contrato con Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. para que
esta última realizara un estudio sobre las “[…] alternativas de solución de los
problemas o carencias de prestación de servicios […]”. Como resultado de lo
anterior, la empresa de servicios públicos remitió al Distrito “[…] los diseños de
solución de acueducto para los centros poblados ubicados en la zona insular de
Cartagena […]”128 y propuso la construcción de una planta desalinizadora en Santa
Cruz del Islote129 por un valor aproximado de $2.985.435.584130.
190. Sobre el particular, la señora Elsa Urueta Padilla en el testimonio que rindió
ante el Tribunal el 25 de septiembre de 2015, en calidad de Jefe del Departamento
de Planeación del Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., manifestó lo siguiente:
“[…] Como jefe del departamento de planeación de aguas de Cartagena (sic), en el
año 2009, recibí una instrucción para atender una solicitud de la administración
distrital específicamente de la alcaldía, en donde nos solicitaban una alternativa de
solución de agua potable para las poblaciones ubicadas en la zona insular de
Cartagena, entre las cuales se encuentra Santa Cruz del Islote, en esa oportunidad
coordiné la elaboración de los estudios y desechos (sic) de detalle, de ese sistema de
abastecimiento, mediante la comisión de un grupo inter disciplinario de profesionales
que se desplazaron hasta el lugar, y que analizaron las posibilidades de
abastecimiento, obteniéndose como conclusión la posibilidad de abastecer de
agua mediante una planta de desalinización que debe ser complementada con
otras estructuras, correspondientes a un sistema de bombeo, un tanque alto, y
una red de distribución domiciliaria para poder llevar el servicio a cada una de
las viviendas, la solución fue un poco compleja por las dificultades de espacio,
porque no hay unas vías amplias, hay callejones estrechos, pero a través de los
mismos se pudo hacer un trazado de redes, con lo cual consideramos se podía
hacer el abastecimiento a cada uno de los habitantes […]. PREGUNTADO:
Infórmele al Despacho si usted sabe qué destino tuvo el estudio presentado por Aguas
de Cartagena al Distrito Turístico en el año 2009, con las condiciones que usted ha
explicado. CONTESTADO: Desconozco los trámites o direccionamientos se hicieron
(sic) con el estudio que envió Aguas de Cartagena en el 2009 a la Alcaldía […]”131
(Destacado fuera de texto).
191. La directora técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante escrito de 14 de
127
Cfr. Folio 1441 del cuaderno principal.
128 Cfr. Folio 756.
129 “[…] Para las islas de Múcura y Santa Cruz del Islote se plantea la construcción de una planta desalinizadora
en esta última, desde donde se enviará a un tanque bajo para posteriormente mediante una estación de bombeo
llenar un tanque alto, y realizar la distribución a través de las redes secundarias […]”. Folio 756.
130 Cfr. Folio 757.
131 Cfr. Folios 1687 a 1689.
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marzo de 2025132 afirmó que el 26 de abril de 2012 dicha entidad solicitó al Distrito
de Cartagena información relacionada con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Santa Cruz del Islote, sin que
el Distrito diera contestación a la entidad.
192. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, según las pruebas que
fueron allegadas al expediente, no realizó ninguna gestión dirigida a la ejecución
de la solución técnica propuesta por Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. para
garantizar agua potable en Santa Cruz del Islote.
193. A pesar de que el Distrito, por medio del Departamento Administrativo Distrital
de Salud, ha realizado visitas periódicas a Santa Cruz del Islote con el objeto de
brindar capacitación a la población sobre el manejo del agua para el consumo
humano y ha entregado algunas pastillas potabilizadoras, el ente territorial no ha
formulado, implementado, adoptado y ejecutado planes, programas o proyectos que
brinden una solución eficaz y definitiva que garantice el derecho al agua potable a
la comunidad de Santa Cruz del Islote.
194. En efecto, los habitantes de ese territorio carecen del servicio de agua potable
de forma continua y suficiente para el consumo, la preparación de alimentos, el
saneamiento, la higiene personal o doméstica, entre otras cosas; además, acceden
al agua en condiciones insalubres, toda vez que es almacenada en lugares que
favorecen la aparición de microorganismos que constituyen una amenaza para su
salud.
195. En Santa Cruz del Islote tampoco existe una infraestructura que permita la
recolección y disposición de los residuos líquidos en condiciones adecuadas. En
efecto, según informe rendido por el Distrito de Cartagena como consecuencia de
la Inspección Técnica de Riesgo realizada a las viviendas entre el 16 y 19 de abril
de 2015133, las excretas son arrojadas directamente al mar134.
196. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de
Andréis, en el documento denominado “Establecimiento de un Sistema de
Monitoreo Socioeconómico para el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y
San Bernardo – sector San Bernardo, Caribe Colombiano”, afirmó que “[…] [e]n el
caso de servicio de baño, este es interpretado por la población nativa como un
132 Cfr. Índice 122 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
131_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTADELEGADAA(.pdf) NroActua 122 […]”.
133 Cfr. Folios 1472 a 1563 del cuaderno principal.
134 Cfr. Folios 1473 a 1474, 1502 y 1512 del cuaderno principal.
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espacio que brinda la posibilidad de utilizar agua dulce para “refrescar” y satisfacer
necesidades de higiene. En el Islote, son pocas las viviendas que cuentan con este
espacio. La Figura 13 muestra la población del Islote según satisfagan sus
necesidades de servicio sanitario en casa o con el uso directo del mar. La Figura 13
indica cómo el mar es el principal sitio donde se realiza la disposición final de
excretas, participando del 81% de la población y sólo el 19% cuenta con servicio
sanitario familiar en la vivienda, en la mayoría de los casos correspondiendo a unas
pocas instalaciones compartidas por varias casas de una misma familia […]”135
(Destacado fuera de texto).
197. Adicionalmente, en el dictamen pericial se indicó que en Santa Cruz del
Islote “[…] se encuentra [el] servicio sanitario sin ningún tipo de tratamiento:
preliminar, primario o secundario y [los residuos] son arrojados al mar
contribuyendo a la contaminación de este […]. El 77% no cuenta con
disposición de excretas en sus viviendas […]”136 (Destacado fuera de texto).
198. El perito aportó con el dictamen pericial la siguiente fotografía sobre la forma
como se vierten las aguas residuales al mar:
“[…]
[…]”.137
199. En este orden de ideas, para la Sala es claro que el Distrito no presta los
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Santa Cruz del
Islote, ni ha implementado esquemas diferenciales para el aprovisionamiento de
agua para el consumo humano y doméstico y de saneamiento básico en la Isla.
200. Por una parte, la prestación del servicio público de agua potable es esencial
para garantizar un nivel de vida digno a las personas por ser fuente de vida y un
135 Cfr. Folio 27 del cuaderno de pruebas.
136 Ibidem.
137 Cfr. Folio 2166 del cuaderno principal.
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presupuesto para la realización de otros derechos como la salud y el mínimo vital138
y, por otra parte, el alcantarillado también garantiza condiciones mínimas para
desarrollar la existencia de forma adecuada y proteger el medio ambiente; por lo
tanto, el Estado debe garantizar estos derechos a todos los sectores de la población
sin importar su ubicación geográfica, su condición social o económica u otros
factores.
201. En estas condiciones, la Sala no puede aceptar los argumentos expuestos en
el recurso de apelación interpuesto por el Distrito, según los cuales ha garantizado
estos derechos a los habitantes de Santa Cruz del Islote porque suministra agua, a
través de un bongo139 y ha realizado varias brigadas de salud. Como se indicó supra,
en esa comunidad no hay una infraestructura que garantice agua apta para el
consumo humano en cantidad suficiente, de acuerdo con sus necesidades, ni un
sistema que permita la disposición final de las aguas residuales de forma adecuada.
202. Es pertinente resaltar que, como medida cautelar, el Tribunal le ordenó al
Distrito “[…] mantener el envío semanal de agua potable a la población que reside
en el Islote de Santa Cruz, ya sea mediante bongo o cualquier otro medio,
asegurándose que el líquido cuente con la calidad para el consumo humano […]”140.
203. No obstante, esta orden, que un principio fue impartida como medida cautelar
y que en la sentencia se adoptó como definitiva, no garantiza que la comunidad de
Santa Cruz del Islote reciba agua potable de forma permanente por las razones que
se explican a continuación.
204. La Asesora de Servicios Públicos del Distrito de Cartagena manifestó que ha
transportado el agua con el apoyo de la Armada Nacional, pero que no suministra
el líquido de forma semanal sino hasta cuando la comunidad lo solicita 141.
205. El coordinador de Gestión de Riesgo y Desastre de la Fuerza Naval de Caribe
aclaró que “[…] el apoyo que brinda la Armada Nacional se hace en virtud de las
condiciones de la zona y de la problemática que padece la comunidad, pero que en
principio no son los llamados a realizar esta labor […]”142 y manifestó “[…] interés
en seguir colaborando con la Alcaldía Mayor de Cartagena y con la misma
comunidad en el transporte de agua potable hasta los centros poblados de la zona
138 Corte Constitucional, sentencia T -1089 de 12 de diciembre de 2012, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
139 Cfr. Folio 2857 del cuaderno principal.
140 Cfr. Folio 2825 del cuaderno principal.
141 Cfr. Disco compacto, folio 2305 del cuaderno principal.
142 Cfr. Disco compacto, folio 2305 del cuaderno principal.
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insular […]”143 pero que prestará apoyo “[…] siempre que cuente con la
disponibilidad operacional de los medios […]”. Por ello, propuso la celebración
de un contrato interadministrativo “[…] para investir de mayor formalidad la ayuda
prestada […]”.
206. La Armada Nacional a través del Jefe de Estado Mayor Fuerza Naval del
Caribe allegó escrito de 9 de abril de 2025144 en el que manifestó lo siguiente:
“[…]
143 Ibidem.
144 Cfr. Índice 137 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
182_MemorialWeb_Respuesta-RespuestaArmadaNac(.pdf) NroActua 137 […]”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
[…]”.
207. Lo anterior permite concluir que el apoyo que presta la Armada Nacional es
informal y depende de las condiciones de esta entidad; en consecuencia, no
garantiza que el transporte del agua se realice de acuerdo con las necesidades de
la población de Santa Cruz del Islote.
208. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE mediante
escrito de 14 de abril de 2025145 allegó la siguiente información:
“[…] El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) recibió el auto
interlocutorio proferido el cinco (5) de marzo de dos mil veinticinco (2025), en la cual
solicita a esta entidad “remita datos concernientes al censo de habitantes de Santa
Cruz del Islote”. Al respecto me permito dar respuesta de acuerdo con las
competencias que la ley le atribuye a la entidad.
145 Cfr. Índice 146 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
RECIBEMEMORIAL_000000058687pdf(.pdf) NroActua 146 […]”.
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El DANE realizó en el 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda - CNPV.
Esta operación estadística logró obtener la información demográfica y social
del territorio nacional y sus entidades territoriales a nivel de hogares y
personas, así como de las características estructurales de las viviendas en las
que habitan.
La desagregación geográfica definida por la entidad para la producción y entrega de
resultados del CNPV 2018, tiene como base los niveles geográficos del Marco
Geoestadístico Nacional - MGN2 a partir de la División Político Administrativa, es
decir, el total nacional, departamental, municipal, cabecera y área resto municipal
(que incluye centros poblados, rural disperso).
Por lo anterior, en la Tabla 1 podrá observar la población efectivamente censada en
el CNPV 2018 para el distrito de Cartagena de Indias en el departamento de Bolívar:
Dichos resultados se encuentran disponibles en la página web del DANE para su
consulta en el siguiente link: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-
tecnica/CNPV-2018-VIHOPE-v3.xls
Ahora bien, teniendo en cuenta la solicitud, a continuación, se relaciona la cantidad
de viviendas, hogares y personas censadas en el centro poblado denominado
Santa Cruz del Islote, ubicado en el distrito de Cartagena de Indias, a partir de
los resultados del CNPV 2018:
Complementando lo anterior, en las siguientes tablas podrá observar la información
respecto a la población censada (sexo, grupos de edad, autorreconocimiento étnico)
en el centro poblado Santa Cruz del Islote, a partir de los resultados del CNPV 2018:
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Es importante informar que los censos de población y vivienda presentan
omisión de aquellas personas que no fueron censadas debido a que durante la
etapa de recolección de información no contaron con una entrevista satisfactoria por
alguno de los siguientes motivos: i) se encontraron viviendas ocupadas con todas las
personas ausentes o los miembros del hogar rechazaron al censista; ii) al momento
de la realización del censo, no se recolectó la información de todos los miembros del
hogar, ya sea por omisión del censista o del censado incurriendo en la
subenumeración de personas al interior del hogar; y iii) por omisión en zonas no
visitadas e incompletas ocasionadas por situaciones relacionadas con accesibilidad,
seguridad, condiciones climáticas, que impidieron la realización del censo de manera
exitosa [...]”. (Destacado fuera de texto).
209. De acuerdo con el material probatorio allegado al proceso la Sala considera
que se encuentra acreditada la vulneración de los derechos colectivos que fueron
amparados por el Tribunal con ocasión de la falta de prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado en Santa Cruz del Islote, sin que se evidencie
que el Tribunal haya omitido la valoración probatoria o haya realizado una valoración
indebida de las pruebas.
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210. En este sentido, la Sala considera que no le asiste razón al Distrito de
Cartagena cuando afirma que el Tribunal valoró indebidamente las pruebas que
permitían demostrar que la entidad territorial no ha vulnerado los derechos
colectivos que fueron amparados en la sentencia de 2 de agosto de 2018, por el
contrario, para la Sala está acreditado en el proceso la falta de acceso eficiente y
oportuno a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública a la población de
Santa Cruz del Islote que, de acuerdo con lo informado por el DANE, en el año 2018
era de 432 personas, cifra que difiere de otras pruebas allegadas al proceso, pero
que en todo caso, da cuenta de la afectación generada a la colectividad.
Sobre el servicio público domiciliario de aseo y manejo y disposición final de
residuos sólidos en Santa Cruz del Islote
211. La Sala destaca que en el dictamen pericial se manifestó lo siguiente:
“[…] Los residentes en el Islote […] [a]lmacenan los residuos sólidos en un
balde y luego los depositan en una bolsa plástica todos (sic) los residuos (sic)
el 40% y el 60% separan residuos orgánicos y son arrojados al mar […].
En la encuesta un entrevistado contestó que realiza separación en la fuente, recicla
papel, cartón, botellas plásticas.
Una vez que el operario recoge los residuos sólidos en los hogares esos son
depositados o arrojados a cielo abierto en un sitio a la orilla del mar, con el
riesgo de presentarse lixiviados, malos olores y la proliferación de roedores e
insectos. Dichos residuos permanecen 15 días en la isla para luego son (sic)
llevados a la Isla Tintipán.
[…]
No se llevan a cabo campañas en educación ambiental para el reciclaje en la
fuente. […] los residuos orgánicos son arrojados al mar para alimento de peces
(sic).
Al hacer un recorrido por el Islote se encontró que […] hay en los postes unos
utensilios para que la comunidad deposite los residuos sólidos. Pero también se
encontró residuos sólidos – botellas plásticas, papel y bolsas plásticas sobre
el piso […]”146. (Destacado fuera de texto).
212. Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Distrito de
Cartagena, actualizado en el año 2024147, en esa localidad habitan 1087 personas
y el Plan Operativo establece como recursos y herramientas “[…] embarcación
menor, buggy escobilla, cepillo, sacos y bolsas […]”, asimismo, establece que se
146 Cfr. Folios 2173 a 2174, cuaderno 4
147https://www.cartagena.gov.co/sites/default/files/transparencia/documentos/2022-
07/Documento%20PGIRS%20actualizado.pdf.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
realiza “[…] recolección marítima en el Archipiélago de San Bernardo en el Islote de
Santa Cruz hasta Tintipán […]”.
213. Inicialmente, el traslado de las basuras se realizaba sin condiciones mínimas
de seguridad, lo que ocasionaba que estas cayeran al mar; sin embargo, el
Departamento Administrativo Distrital de Salud sostuvo en el informe presentado el
17 de abril de 2018 que el transporte se realiza actualmente en lanchas cubiertas y
con la carga asegurada.
214. Además, el Departamento Administrativo Distrital de Salud en el informe
indicado supra manifestó lo siguiente:
“[…] En cuanto a la recolección de basura por parte del operador designado para
estas islas por parte del Distrito de Cartagena que es ASEO URBANO DE LA
COSTA S.A. E.S.P., la recolección de basuras se está realizando de manera
continua, en los días establecidos para realizar dicha labor. La empresa ha instalado
en varios sectores de estas islas depósitos de acceso con la infraestructura adecuada
para contribuir con el ambiente y ha tomado las medidas sanitarias adecuadas para
no afectar la salubridad en los sectores insalubres, aunque todavía falta mucha cultura
por parte de la población para que utilicen de manera adecuada estos pequeños
contenedores.
Para mejorar el servicio la empresa de aseo ha implementado además de los
contenedores que facilitan la recolección, también ha implementado (sic) las bolsas
de basura en las esquinas del Islote para que la basura no se disperse en las calles
[…]”148.
215. Aunque, de acuerdo con el anterior informe, el manejo de residuos sólidos en
Santa Cruz del Islote ha mejorado, no hay pruebas que le permitan a la Sala concluir
que los contenedores a los que hizo referencia el Instituto Distrital de Salud
controlen los efectos negativos de la disposición transitoria de los residuos sólidos
en el Islote mientras son transportados al sitio de disposición final.
216. En efecto, la Oficina de Gestión de Riesgo Distrital sostuvo que existe “[…]
una problemática ambiental por el manejo de los residuos sólidos, la
percepción es una alta contaminación en las calles, en la orilla del mar.
Cuentan con un centro de acopio que mantiene hasta 500 y 600 sacos de residuos
sólidos, de ahí estos residuos son trasladados a un sitio de disposición en Tintipán
y luego al Rincón del Mar […]”149. (Destacado fuera de texto).
217. Además, la señora Olga Cecilia Ramírez Ocampo, en su condición de
funcionaria de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE,
148 Cfr. Folio 2755.
149 Cfr. Folio 1442.
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sobre el manejo de residuos sólidos en Santa Cruz del Islote, rindió el siguiente
testimonio el 31 de agosto de 2015:
“[…] [T]iene un centro de salud, con un enfermero, con una disponibilidad de residuos
peligros con algún grado de manejo, pero con una recolección muy amplia en
consideración de los residuos que representan, están en una caneca roja, y si
hay ratas en la isla pueden fácilmente tener acceso al contenedor, la isla presenta
un sello como de acopio de residuos cerca de las casas, a cielo abierto al pie del mar
de manera que si llovía los lixiviados iban directamente al mar, y la empresa que
presenta (sic) el servicio es URBASER, no se ha podido, la verdad es que la
Corporación no ha podido hacer que el distrito entienda la diferenciación; el centro de
acopio lo sacaron del centro poblado lo pasaron a otra Isla que se llama Tintipán, es
una isla de manglar es un relleno que están (sic) prohibidos, y sobre eso le pusieron
parapeto donde tiene una polisombra encima, y de manera que si llueve los lixiviados
van al Parque Natural, del sito que anteriormente tenían como centro de acopio no
hicieron un centro de recuperación del área, y a lo largo, en los callejones de la isla
uno ve un costal de fibra sintética donde se disponen los residuos, no sé cómo, en
nuestra visita que era de improviso, la isla estaba barrida, lo que no es común y
corriente de la isla (sic) […]. Con el tema insular estamos viendo que la formalización
del tema del servicio es muy continental y eso impide que sea efectivo el servicio,
mientras que en distrito (sic) podemos ver las exigencias de los carros recolectores,
allí son unos sacos montados en una canoa, someten a un área protegida si
llega a voltearse la canoa, la isla donde esta Santa Cruz es un Parque Natural
Islas del Rosario, y es un área marina protegida en las áreas sumergidas […]”150.
(Destacado fuera de texto).
218. La UAE de Parques Nacionales Naturales mediante escrito de 18 de marzo de
2025151 allegó el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural los Corales del
Rosario y de San Bernardo (2019 – 2024) al referirse a la calidad ambiental marina
y costera se indica lo siguiente:
“[…] Los resultados indican contaminación debida a amonio y a sólidos suspendidos
en el 14% de los muestreos en todas las estaciones, mientras que tres (Playa Blanca,
Playita de Cholón y Oceanario) de las cinco estaciones se presentó contaminación
por coliformes (33% de los muestreos). La mala calidad de las aguas en el sector
del Islote, se debe al sobre poblamiento de la isla y a la falta de infraestructura
sanitaria básica que conllevan a que los residuos generados sean vertidos
directamente al mar, aumentando la concentración de microorganismos de
origen fecal (González et al., 2003). En el Islote existe una fuerte presión
demográfica de 8,3 personas por metro cuadrado, siendo una de las islas de
mayor densidad poblacional a nivel mundial (≈1200 habitantes en 0,01 Km2).
[…]
Procesos étnicos identitarios.
Los Consejos Comunitarios de la zona de influencia del Parque Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de San Bernardo han sido sujetos importantes de participación
en la toma de decisiones para una adecuada gestión de proyectos estructurados a
favor de los recursos naturales y los valores objeto de conservación del área
protegida. Dichos consejos fueron reconocidos y certificados por el Ministerio
150 Cfr. Folios 1697 a 1698.
151 Cfr. Índice 125 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
138RECIBEMEMORIAL_AccionPopularSantaCr(.zip) NroActua 125 […]”.
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del Interior para el proceso de consulta previa en la adopción del Plan de Manejo
del PNNCRSB, desde el año 2016 iniciando con Ararca, Santa Ana, Barú, Isla del
Rosario y Santa Cruz del Islote, y en 2018 con Playa Blanca. Estos avances se han
constituido en un referente histórico, los cuales han permitido el mejoramiento de las
relaciones entre las comunidades y Parques Nacionales Naturales de Colombia.
[…]
Los valores objeto de conservación (VOC), son un conjunto limitado de sistemas,
elementos y/o relaciones, los cuales se identifican y emplean como unidades de
análisis para desarrollar y dar prioridad a las estrategias de manejo; se encuentran
enmarcados en los objetivos de conservación y, a través de su monitoreo y
evaluación, es posible analizar la efectividad del manejo de las áreas protegidas
(PNNC-Jarro, 2011).
En el marco de la actualización del plan de manejo del PNNCRSB, se seleccionaron
siete VOC, se incluyen las tortugas marinas como especie clave estratégica para la
conservación, ya que una parte de su ciclo de vida se desarrolla en los ecosistemas
del área protegida, y por el proceso de sensibilización y educación ambiental
adelantado durante más de 10 años con las comunidades y pescadores de la zona
de influencia del PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo. De igual forma, se
incluye el VOC cultural que destaca las prácticas y el conocimiento tradicional, de
las comunidades de Ararca, Santa Ana, Playa Blanca, Barú, Orika, Islote y Puerto
Caracol, asentadas en la zona de influencia del área protegida, como resultado
del proceso de trabajo conjunto con las comunidades locales y Consejos
Comunitarios.
Los VOC de arrecifes coralinos, pastos marinos, bosques de manglar, lagunas
costeras y litoral arenoso se mantienen en coherencia con el Plan de Manejo de la
vigencia anterior, a excepción del bosque seco tropical, el litoral rocoso y los fondos
sedimentarios. Su priorización se realizó a partir de la revisión realizada entre el
equipo técnico del PNNCRSB, el Grupo de Gestión de Manejo de Áreas Protegidas
del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y los consejos
comunitarios objeto de consulta previa.
[…]
Históricamente, el área protegida ha establecido relacionamiento con las
comunidades de la zona de influencia desde antes del año 2000 en el marco del
programa de Educación Ambiental, posteriormente con los programas de Ecoturismo
e Investigación y monitoreo. Si bien, en el 2017 los Consejos Comunitarios
manifiestan no haber sido incluidos en los espacios de planificación del área
protegida, para el 2018 el Ministerio del Interior reconoce siete (7) consejos
comunitarios en la zona de influencia del Parque: Santa Ana, Ararca, Barú, Playa
Blanca, Islas del Rosario, Orika y Santa Cruz del Islote, quienes tienen
participación en el proceso de Consulta Previa de la actualización del Plan de
Manejo del área protegida, siendo este el resultado del fortalecimiento del
relacionamiento y la interlocución entre Parques y las autoridades comunitarias
reconocidas y organizadas como Consejos Comunitarios.
[…]
1.6.1. ANÁLISIS SITUACIONAL REALIZADO POR LAS COMUNIDADES EN EL
MARCO DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
MANEJO
La parte final del ejercicio de aplicación de la metodología para la retroalimentación
del Plan de Manejo con las comunidades del área de influencia del Parque, consistió
en la generación de una propuesta construida con cada comunidad para atender las
problemáticas que se priorizaron, con el fin de incluirlas en el componente plan
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estratégico del Plan de Manejo, de manera que se puedan gestionar y lograr mediante
fuentes de financiación que de forma participativa permitan encontrar alternativas de
solución a los problemas identificados y priorizados.
A continuación, se presentan las situaciones identificadas por cada comunidad
y sus propuestas para enfrentarlas:
a. Santa Cruz del Islote
La problemática priorizada para esta comunidad es la del inadecuado manejo
que se le da a los residuos sólidos, por ello y aprovechando la reciente formación
brindada por el Sena, a través de un curso a un grupo de personas para aprender
acerca del adecuado manejo de residuos sólidos, se trató el tema para que ellos
principalmente construyan la propuesta y con el apoyo de los niños que pertenecen
al grupo “Salvadores del arrecife” de la Institución educativa Santa Cruz del Islote,
participen activamente no sólo en su construcción sino en la implementación y
seguimiento de la misma en el caso que se logre su financiación. Esta gestión se
realizará en articulación con las comunidades y en el marco de los acuerdos definidos
en la protocolización del plan de manejo.
En segundo y tercer lugar, se ubicaron las problemáticas relacionadas con la
pesca, sus artes y métodos inadecuados relacionados principalmente con el
boliche y la dinamita. Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el mes de
noviembre de 2011, retoma el proceso de relacionamiento y acercamiento con los
pescadores para tratar la problemática en torno a la pesca, y encaminar el proceso a
la construcción de una propuesta desde y con las comunidades para atender dicha
problemática.
Dentro de las situaciones de manejo priorizadas se destaca
“[…] 5. Los efectos de la variabilidad y el cambio climático tales como: el ascenso del
nivel del mar, la erosión costera, el incremento de la temperatura media del mar, los
eventos oceanográficos extremos y la acidificación del mar, contribuyen al aumento
de la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en la zona de influencia del área
protegida (Ararca, Santa Ana, Playa Blanca, Barú, Isla del Rosario y Santa Cruz del
Islote), afectando principalmente la dinámica socioeconómica y la seguridad
alimentaria regional derivada de los bienes y los servicios ambientales que ofrece el
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo (ecosistemas de arrecifes coralinos,
manglares, pastos marinos, litoral arenoso y tortugas marinas) […]”.
Respecto a la zonificación de los diferentes sectores en el PNNCRSB, se destaca la
zona de manejo especial con las comunidades:
“[…] Espacio establecido bajo excepcionalidades de Ley, con el fin de aprovechar en
forma sostenible la biodiversidad en concordancia con lo establecido en el artículo 22
de la Ley 70 de 1993, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el concepto
expedido por la Oficina Asesora Jurídica de Parques Nacionales Naturales de
Colombia No. 20161300005763 sobre la excepcionalidad al régimen de usos y
zonificación en las áreas de PNN, bajo el cual en el presente instrumento de
planeación se reconocen y garantizan las prácticas tradicionales de los consejos
comunitarios de Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Ararca, Orika, Playa Blanca y
Santa Cruz del Islote que sean compatibles con la función de conservación del área
protegida […]”.
219. Se allegó al expediente copia de la resolución 0160 de 15 de mayo de 2020
expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia “[…] Por la cual se adopta
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el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San
Bernardo […]”, en la que se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente152:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Adoptar el Plan de Manejo del Parque
Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, conforme a lo expuesto en su parte
considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO. ALCANCE. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural
Los Corales del Rosario y de San Bernardo, representa el principal instrumento de
planificación para el desarrollo, interpretación, conservación, protección, uso y
manejo del área protegida, que orienta la gestión de Parques Nacionales Naturales
de Colombia, y constituye determinante ambiental o norma de superior jerarquía en
los términos del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y del artículo 19 del Decreto 2372
de 2010 compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 (artículo 2.2.2.1.2.10).
Parques Nacionales Naturales de Colombia y la comunidad negra abordarán de
manera conjunta la planeación y manejo del Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario y de San Bernardo, en el marco de una instancia de comanejo, conforme a
la reglamentación que se estipule para el mismo y bajo los principios de buena fe,
equidad y corresponsabilidad, entre otros.
Dicha estrategia de comanejo no implica pérdida de la autonomía de los
Consejos Comunitarios de Islas del Rosario, Santa Cruz del Islote, Ararca, Playa
Blanca, Barú y Santa Ana, ni pérdida de la autonomía administrativa, financiera,
presupuestal, ni del ejercicio de autoridad ambiental y en general las funciones y
competencias establecidas a Parques Nacionales Naturales de Colombia.
ARTÍCULO TERCERO: OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN. En armonía con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, los objetivos de
conservación del Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San
Bernardo, son los siguientes:
Proteger los ecosistemas marino-costeros principalmente arrecifes de coral,
praderas de fanerógamas marinas y manglares, para el mantenimiento de la
conectividad y representatividad ecosistémica, contribuyendo a la
funcionalidad en la Eco-región del Caribe Archipiélagos Coralinos (ARCO).
Conservar espacios naturales importantes para la provisión de servicios
ecosistémicos y el uso compatible con los objetivos, función y naturaleza del área
protegida por parte de las comunidades étnicas del área de influencia del PNN Los
Corales del Rosario y de San Bernardo.
Contribuir a la conservación de especies con un alto nivel de riesgo con el fin de
mantener sus poblaciones durante las etapas del ciclo de vida que desarrollan en el
PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo.
Contribuir a la conservación de la biodiversidad del área protegida a través
del rescate de los significados culturales del territorio, el conocimiento y las
prácticas tradicionales sostenibles de las comunidades negras de Ararca, Santa
Ana, Playa Blanca, Barú, Isla del Rosario y Santa Cruz del Islote.
ARTÍCULO CUARTO: ZONIFICACIÓN. - El Parque Nacional Natural Los Corales del
Rosario y de San Bernardo tiene la siguiente zonificación con su intención de manejo,
152 Cfr. Índice 125 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
138RECIBEMEMORIAL_AccionPopularSantaCr(.zip) NroActua 125 […]”.
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asimismo como sus usos y actividades definidos para cada zona, de la siguiente
manera:
[…]
5. ZONA DE MANEJO ESPECIAL CON LAS COMUNIDADES: Con intención de
manejo de armonizar las prácticas tradicionales, usos y aprovechamientos que
realizan las comunidades étnicas de Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Ararca, Playa
Blanca, Santa Cruz del Islote e isla Múcura asentadas en el área de influencia con los
objetivos de conservación del área protegida.
A continuación, se delimitan y relaciona las subzonas propuestas inicialmente en la
Zona de Manejo Especial con las Comunidades del Parque Nacional Natural Los
Corales del Rosario y de San Bernardo. Es importante resaltar que esta zona está
espacializada como un polígono general; sin embargo, las subzonas serán
delimitadas y desarrolladas en la instancia de comanejo. Asimismo, se aclara que
esta propuesta inicial de las sub zonas es el resultado de espacios de trabajo
desarrollados con las comunidades durante el proceso de consulta previa y de los
insumos recolectados en otros espacios de trabajo comunitario. […]
c. Medidas de manejo
Implementación de acciones conjuntas para el ordenamiento del uso y
aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos entre Parques Nacionales y las
comunidades étnicas de Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Ararca, Playa Blanca,
Santa Cruz del Islote e isla Múcura.
Seguimiento y control a las actividades relacionadas con infraestructura de muelles
que se articulen con la conservación de los VOC en coordinación con la autoridad
ambiental y otras entidades competentes.
Implementación de acciones conjuntas para el ordenamiento turístico y
planificación del ecoturismo de manera concertada entre Parques Nacionales y las
comunidades étnicas de Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Ararca, Playa Blanca,
Santa Cruz del Islote e isla Múcura.
Implementación de acuerdos para la regulación del uso y aprovechamiento de los
recursos hidrobiológicos, ordenamiento de actividades turísticas y diversificación del
ecoturismo a partir de las prácticas y conocimiento tradicionales en el área protegida
de manera concertada con las comunidades étnicas de Islas del Rosario, Barú, Santa
Ana, Ararca, Playa Blanca, Santa Cruz del Islote e isla Múcura.
Monitoreo e investigación participativa para la evaluación de la calidad ambiental,
los impactos de actividades y la evaluación de sitios de interés para el
aprovechamiento sostenible.
Acciones misionales de Parques Nacionales a través de educación ambiental,
prevención, vigilancia y control, diseño y priorización de investigaciones,
implementación del programa de monitoreo la mitigación de las amenazas y riesgos
sobre los valores objeto de conservación.
d. Actividades permitidas
Las que se establezcan en los acuerdos suscritos con las comunidades étnicas de
Islas del Rosario, Barú, Santa Ana, Ararca, Playa Blanca, Santa Cruz del Islote e isla
Múcura; relacionados con uso y aprovechamiento de recursos hidrobiológicos,
acciones conjuntas para el ordenamiento turístico y planificación del ecoturismo,
monitoreo e investigación participativa y las demás que se identifiquen para el manejo
del área protegida y en concordancia con los objetivos de conservación.
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Obras de protección de acuerdo a estudios relacionados con la erosión costera,
con el fin de proteger la isla y permitir la recuperación de los ecosistemas marino -
costeros, bajo los lineamientos y permisos de la autoridad ambiental y la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales.
Investigación y monitoreo participativo cumpliendo con los permisos establecidos
por Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Actividades de restauración ecológica participativa.
Actividades de educación ambiental dirigidas a la disminución de presiones de
manera coordinada con las comunidades negras.
Las concertadas en el marco de los acuerdos a suscribir con las comunidades […]”.
(Destacado fuera de texto).
220. Parques Nacionales Naturales allegó informe actualizado sobre el PNN
Corales del Rosario y San Bernardo de 13 de marzo de 2025, en el que entre otras
cosas destacó lo siguiente153:
“[…] Se han realizado dos reuniones de trabajo con pescadores del Islote en
2024, en los cuales se avanzó en identificación de los elementos principales a
definir para los acuerdos de uso y manejo: lugares actuales de pesca,
principales especies capturadas y problemáticas con pescadores externos al
área protegida.
Se plantea para 2025, empezar la construcción de los acuerdos de uso y manejo.
Alternativa para liberación de tiburones:
Se realizó reunión con los encargados de los acuarios temporales del tiburones para
buscar alternativas que terminen en un acuerdo con los propietarios para que
reemplacen esta actividad por buenas prácticas y con ellos se están construyendo la
alternativa […]”
“[…] Apoyo en el fortalecimiento de la resignificación del documento PRAE (Proyecto
ambiental escolar) de la Institución educativa de Santa Cruz del islote, el cual se viene
trabajando de manera interinstitucional con acompañamiento del CIDEA Bolívar, la
Secretaria de educación distrital y las fundaciones Sueños del Mar, Fundación
Tortugas del Mar. 2015 -2020 CONVENIO MARCO DE ASOCIACION No. 016 DE
2017, SUSCRITO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Y FUNDACIÓN SUEÑOS DE MAR -FUSDEM. OBJETO: Aunar esfuerzos humanos,
técnicos, operativos, logísticos y financieros con el fin de escalar y desarrollar
actividades y/o proyectos de interés común entre las partes, dirigidos a minimizar las
presiones ambientales identificadas y como apoyo a las estrategias de conservación
de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
• Actividades pedagógicas sobre temas de sensibilización al cuidado de los océanos.
Con niños, niñas y adolescentes de la comunidad estudiantil de Santa Cruz Del Islote
como autores principales de esta jornada de juegos ambientales “la maleta viajera”
en ella se usan juegos de pequeños y gran formato de actividades manuales con
metodología teórico - práctico relacionadas con el cuidado y protección del medio
ambiente énfasis sobre el uso adecuado de los residuos sólidos, la protección de las
especies marinas, siendo estas las más afectadas por cantidades de desechos
contaminantes arrojados a los océanos. Año 2019.
153 Cfr. Índice 125 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
138RECIBEMEMORIAL_AccionPopularSantaCr(.zip) NroActua 125 […]”.
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• Jornadas de lectura, estrategia pedagógica importante enriquece la cultura, para
el mejoramiento del lenguaje, desarrollando la capacidad de concentración,
estimulación a la imaginación, para fomentar el hábito por la lectura en los niños del
archipiélago de San Bernardo. La lectura es la principal base para el desarrollo
intelectual de los niños, es de gran importancia seguir implementando estos talleres
en ellos. Como herramienta fundamental para las comunidades del territorio. Año
2019.
• Jornada de liberación de tortugas marinas, en el marco del convenio de Parque
Nacional Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo y la Fundación Sueños de
Mar, con el acompañamiento de los estudiantes Institución Educativa Santa Cruz,
perteneciente al grupo ecológico Meros Sabios. Pescadores de las comunidades
Puerto Caracol y Santa Cruz de Islote. Año 2017 – 2020.
• Jornadas de avistamiento de aves con los estudiantes perteneciente de la Institución
Educativa Santa Cruz de Islote desde el marco del convenio de Parque Nacional
Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo y la Fundación Sueños de Mar, con
el acompañamiento de los estudiantes Institución Educativa Santa Cruz,
perteneciente al grupo ecológico Meros Sabios Año 2015- 2020.
• Jornada de monitoreo de manglar para la recuperación de biodiversidad sobre
terrenos talados en isla Tintipan, desde el marco del convenio de Parque Nacional
Natural Los Corales del Rosario y San Bernardo y la Fundación Sueños de Mar, con
el acompañamiento de los estudiantes Institución Educativa Santa Cruz,
perteneciente al grupo ecológico Meros Sabios Año 2015- 2020.
• Jornada de trabajo de manera institucional con Capitanía de Puerto con los
prestadores de servicio del Archipiélago de San Bernardo, sobre las buenas prácticas
en las zonas de carreteo autorizados, sobre las recomendaciones de las medidas de
seguridad que deben tener al momento de realizar la actividad, el buen uso de
chalecos, la capacidad de carga de las embarcaciones, y de equipo de prevención
para evitar accidentes. Deben tener la boya de flotabilidad de color naranja a sí mismo
la bandera blanca o azul indicando que ahí personas en el agua para poder tener
precaución y las embarcaciones que encuentran cerca del sitio pueden bajar la
velocidad. Año 2020.
-Capacitaciones teórico-prácticas basado en las necesidades identificadas, donde se
imparta conocimiento a través de talleres participativos. Los talleres se adaptan a
cada escenario específico y enfocados en la elaboración de propuestas de buenas
prácticas para las diferentes actividades turísticas. A los prestadores de servicio no
comunitarios del sector de San Bernardo. Año 2021 […]”.
“[…] Iniciativas ecoturísticas DLS
A través de procesos de cooperación entre Unión Europea y Parques Nacionales de
Colombia se desarrolló desde el 2018 al 2021 acompañamiento a 40 familias que
conformaban diferentes iniciativas ecoturísticas comunitarias del sector de San
Bernardo, con el fin de fortalecer sus procesos organizativos, capacidades y
equipamiento, para generar alternativas que disminuyan presión en el área protegida.
Evidencia 14 Reporte de IV trimestre de la vigencia 2021 Se adjuntan las fichas
técnicas de las iniciativas del Islote.(evidencia 15)
• En el marco del Proyecto de DLS se desarrollaron con los guías de careteo el Manual
de buenas prácticas de careteo con el objetivo de disminuir el impacto sobre los
arrecifes coralinos presentes en los senderos de careteo y mejorar la seguridad del
visitante durante la actividad (Evidencia 16_DLS)
El manual de buenas prácticas para la actividad de careteo - snorkeling en el PNN
CRSB es la guía para visitantes y actores vinculados con el servicio, las cuales se
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deben tener en cuenta de tal manera que la actividad se desarrolle manera adecuada
y amigable con el ambiente, contribuyendo a la conservación de los ecosistemas de
arrecife de coral, praderas de pastos marinos, playas arenosas, manglares, sus
especies asociadas y la sostenibilidad de las comunidades que dependen de esta
actividad turística en el PNN CRSB, desde DLS. -Capacitación con guías
marinos y terrestres del sector de san Bernardo (Islote.- Múcura) certificados por el
SENA,manejo de la informacion turistica regional. año 2021 […]”. (Destacado fuera
de texto).
221. La Sala considera que, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, el
manejo de residuos en Santa Cruz del Islote presenta las siguientes problemáticas:
i) ausencia de planes y programas efectivos dirigidos a reducir, así como a eliminar
las modalidades de consumo insostenibles en la Isla y a brindar formación a la
comunidad para la reutilización y reciclaje de los residuos; ii) una disposición
provisional y final inadecuada de los residuos sólidos; iii) ausencia de planes
idóneos que permitan reducir y atender los riesgos que representa el transporte de
residuos por medio de lanchas; iv) malas prácticas respecto de la gestión de
residuos peligrosos; v) inadecuado manejo de los lixiviados; y vi) falta de
implementación de un programa de recuperación ambiental del lugar en donde se
disponían los residuos sólidos generados en Santa Cruz del Islote.
222. Por ello, los habitantes de Santa Cruz del Islote han sufrido la vulneración de
los derechos e intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y a la salubridad pública.
223. La Sala concluye que el manejo y disposición final de residuos sólidos en
Santa Cruz del Islote es inadecuado e incumple los principios y normas que regulan
la materia porque algunos residuos son “tirados” directamente al mar y otros son
dispuestos a cielo abierto a la orilla del mar durante 15 días mientras la autoridad
competente los traslada al sitio de disposición final, lo cual constituye un riesgo para
la salud de las personas y puede alterar las condiciones normales del ambiente.
224. Por lo anterior, la Sala considera que no le asiste razón al apoderado del
Distrito de Cartagena respecto de la indebida valoración probatoria por parte del
Tribunal, por el contrario, está demostrado, con las pruebas allegadas al proceso,
que existe vulneración a los derechos e intereses colectivos mencionados.
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Servicio público domiciliario de energía eléctrica en Santa Cruz del Islote
225. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios describió las
características de la prestación del servicio de energía eléctrica en marzo de 2011,
con ocasión de una visita realizada a la Isla, en los siguientes términos:
“[…] La planta 1 fue donada por Surtigas Cartagena, la propiedad es de la comunidad.
Presta el servicio 6 horas de 6:00 p.m. a 12:00 a.m., se está generando sólo con
esta planta, su estado es operativo cada 250 horas se cambia el aceite y se cambian
los filtros de agua, aceite y aire.
[…]
Solo con una planta se cubre la demanda. No hay subestación en funcionamiento
y no se hace necesario equipo de sincronismo […]”154. (Destacado fuera de texto).
226. Los habitantes de Santa Cruz del Islote pagan entre dos mil pesos y siete mil
pesos diarios, de acuerdo con el nivel de consumo, por concepto de energía
eléctrica; sin embargo, según lo registrado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el acta de visita referida, “[…] como el recaudo depende
directamente del éxito en la actividad económica, se presentan días en los que no
se presta el servicio porque no se recolecta lo suficiente para el servicio
[…]”155 (Destacado fuera de texto).
227. Ahora bien, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE, en calidad de entidad
contratante, celebró el contrato interadministrativo 076-2013 con la Empresa
Prestadora de Servicios Públicos del Municipio de Sabaneta con el objeto de “[…]
realizar actividades necesarias para la implementación de los proyectos energéticos
sostenibles a desarrollarse en las localidades de Isla Fuerte, Santa Cruz del Islote
y Múcura las cuales pertenecen a las Zonas No Interconectadas ubicadas en la
Zona Insular Oceánica del Litoral Atlántico […]”156. (Destacado fuera de texto).
228. En la cláusula segunda del contrato se pactaron como obligaciones del
contratista, entre otras, las siguientes: i) realizar las actividades necesarias para la
estructuración, implementación y puesta en funcionamiento de soluciones
energéticas sostenibles en Santa Cruz del Islote, como Zona No Interconectada; ii)
realizar todas las validaciones de información, procesamiento y modelamiento para
garantizar que el sistema híbrido solar-diésel aporte un máximo de 6 horas con
combustible fósil y 18 horas con energías renovables en consonancia con toda la
154 Cfr. Folios 1693 del cuaderno principal.
155 Ibidem.
156 Cfr. Disco compacto, folio 2305 del cuaderno principal.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
infraestructura eléctrica, energética y civil para Santa Cruz del Islote, teniendo en
cuenta condiciones climáticas de la zona y la disposición de la radiación solar; iii)
instalar los equipos necesarios y accesorios para que una nueva planta diésel
funcione como respaldo eficiente para cubrir la demanda de la energía diaria en
caso de contingencia y como respaldo del sistema de baterías mediante
transferencia automática. El sistema híbrido debe garantizar que los excedentes de
energía solar sean inyectados a un banco de almacenamiento; y iv) diseñar e
implementar un plan de manejo ambiental para las etapas de construcción y
operación, con énfasis en el manejo y control de los impactos asociados con los
residuos sólidos comunes y residuos peligrosos que se generen, el manejo de
vertimientos, el control de ruido y emisiones, participación comunitaria, entre otros.
Las partes adicionaron el contrato el 12 de agosto de 2013 para indicar que las
obligaciones son de medios y no de resultados.
229. En síntesis, el Estado con la celebración de este contrato buscaba suministrar
durante veinticuatro horas diarias el servicio de energía mediante un sistema híbrido
entre una planta eléctrica y paneles solares.
230. La Asesora de Servicios Públicos del Distrito de Cartagena informó, mediante
el oficio AMC-OFI-0015442-2016 de 9 de marzo de 2016, que el proyecto fue
“puesto en funcionamiento” desde mediados de 2015 y que el mismo fue entregado
a una Cooperativa Eléctrica gestionada por los habitantes de Santa Cruz del
Islote157.
231. En el dictamen pericial rendido el 19 de noviembre de 2015, se indicó que en
la Isla “[…] funciona una planta eléctrica accionada con ACPM y una planta de
energía solar con un costo de $3.000 pesos por familia. Cuenta con una directora y
dos operarios. La planta funciona doce horas diarias. El alumbrado público con
lámparas de led. Este proyecto se espera que vaya a ser administrado por la
comunidad por intermedio de una Cooperativa de Servicios Públicos del Islote e Isla
Múcura […]”158 (Destacado fuera de texto).
232. La Superintendencia de Servicios Públicos mediante escrito de 14 de marzo
de 2025159 allegó copia del expediente administrativo 21112403506000009E en el
que se expidió la resolución SSPD-20112400033975 de 11 de noviembre de 2011,
157 Ibidem.
158 Cfr. Folio 2170.
159 Cfr. Índice 122 del sistema de gestión judicial SAMAI. Archivo denominado “[…]
132_MemorialWeb_Respuesta-ANTECADTVO20110(.pdf) NroActua 122 […]”.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
por medio de la cual se sancionó a con multa al Comité Proeléctrico Archipiélago de
San Bernardo e Islote por el incumplimiento de la obligación de reportar
oportunamente la información financiera al SUI, lo que le correspondía como
prestador del servicio público de energía.
233. De acuerdo con lo expuesto, a pesar de que el Estado ejecutó el proyecto
energético sostenible, la Comunidad de Santa Cruz del Islote no tiene acceso a
energía eléctrica durante las veinticuatro horas del día.
234. Además, según el acta de visita realizada por la Superintendencia de Servicios
Públicos en el 2011, los habitantes de Santa Cruz del Islote no reciben subsidios
para la prestación de este servicio, desde el año 2007, debido “[…] a los malos
manejos del comité anterior […]”160.
235. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía informó
el 20 de octubre de 2016 que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones
Energéticas para las Zonas no Interconectadas – IPSE giró al Comité Proeléctrico
del Archipiélago de San Bernardo del Islote once millones trescientos ocho mil
ciento veinte pesos ($11.308.120) con cargo a menores tarifas del sector eléctrico,
pero que no ha realizado otro aporte “[…] en razón a que el citado Comité no reportó
más información al SUI […]”161.
236. En la evaluación de resultados de la Política de Servicios Públicos
Domiciliarios en temas de energía eléctrica de 2018 -Departamento Nacional de
Planeación y Unión Temporal Ernst & Young Servicios Públicos Domiciliarios- se
precisó que la generación de energía eléctrica en Santa Cruz del Islote cumple con
el criterio de selección de innovación exitosa en el proceso de comercialización
llevada a cabo por la comunidad; sin embargo, allí se señaló, de un lado, que en el
Islote no se suministra energía durante todo el día, únicamente, de una de la tarde
a siete de la noche, a través de la energía solar, y de siete de la noche a cinco de
la mañana, por medio de una planta diésel, y por otro lado, que los habitantes no
reciben subsidios.
237. En el documento mencionado se destacó que “[…] en Santa Cruz del Islote el
pago de energía es cerca de 90.000 mensuales (sic), lo cual no es sostenible
para la comunidad vulnerable. (sic) ya que se dejan de destinar recursos a otros
posibles bienes, tales como estudio, aseo, comida, etc. que a su vez no permiten el
160 Cfr. Folio 1642.
161 Cfr. Folio 2401.
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desarrollo del Islote y como resultado las actividades productivas nazcan como fruto
de un mejoramiento en el capital humano mediante la calidad de vida. Los subsidios
que están diseñados para tal fin de redistribución deben jugar un papel mucho más
activo en esta zona […]” (Destacado fuera de texto).
238. Asimismo, indicó que el acompañamiento estatal es mínimo respecto al
soporte técnico requerido y que la tarifa no cubre los gastos de mantenimiento.
239. El Ministerio de Minas y Energía allegó copia del memorando de 17 de marzo
de 2025162 suscrito por la Dirección de Energía Eléctrica de esa cartera ministerial
en el que indicó lo siguiente:
“[…] Informamos que, una vez revisadas las resoluciones que han sido emitidas
desde el año 2012 hasta la fecha […] no se ha realizado ningún giro de subsidios
al COMITÉ PROELÉCTRICO ARCHIPIÉLAGO DE SAN BERNARDO E ISLOTE.
Sumado a lo anterior, de acuerdo con la base de datos de consulta pública de la SSPD
[…] se observa que dicha empresa no ha cargado información al SUI, administrado
por la SSPD, y por lo tanto, tampoco ha remitido las conciliaciones trimestrales de
subsidios, lo cual, como se indicó anteriormente, son requisitos para acceder al
reconocimiento de los subsidios […]”. (Destacado fuera de texto).
240. La Sala considera que con las pruebas referidas es posible concluir que la
prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en Santa Cruz del
Islote no se está prestando de manera continua, situación que afecta a los
habitantes del Islote por cuanto deben soportar por varias horas del día la ausencia
del servicio público de energía eléctrica. Adicionalmente, se acreditó que el costo
que deben pagar los habitantes del Islote es elevado para la compra del combustible
que alimenta la planta eléctrica, la inexistencia de subsidios y la falta de reporte de
información al SIU de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por
parte del Comité Proeléctrico del Archipiélago de San Bernardo e Islote.
241. En estas condiciones, no le asiste razón al Distrito de Cartagena cuando afirma
que el Tribunal valoró indebidamente el material probatorio que, a juicio de la
entidad, demostraba que el Distrito no había vulnerado los derechos e intereses
colectivos amparados en la sentencia de primera instancia.
242. Por el contrario, para la Sala existen pruebas suficientes para confirmar el
amparo constitucional como consecuencia de la deficiente prestación del servicio
162 Cfr. Índice 130 del sistema de gestión judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…] 146_MemorialWeb_Anexos-
32025010754(.pdf) NroActua 130 […]”.
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público domiciliario de energía eléctrica con el objeto de garantizar el derecho e
interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna.
Prevención de desastres previsibles técnicamente en Santa Cruz del Islote
243. La Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito de Cartagena realizó inspección
técnica de gestión de riesgo en Santa Cruz entre los días 16 y 19 de abril de 2015,
en la que precisó que“[…] en el censo realizado en la isla, por el grupo técnico de la
oficina de Gestión del Riesgo Distrital y la Defensa Civil Colombiana los días 10 y
11 de febrero del año 2014, existían 68 viviendas y a la fecha de hoy existen 95
viviendas, lo que deja claro el crecimiento descontrolado y sin ninguna norma, ni
leyes que lo regulen […] carecen de trama urbanas (sic), reservas forestales, sitios
de recreación y área de futura expansión, lo que los obliga a seguir abonándole
terrenos al mar, agravando la problemática existente […]”163.
244. En el referido informe se indicó que, de acuerdo con la inspección técnica, 82
viviendas se encuentran en regular estado y otras en situación crítica con amenaza
de colapso164.
245. Además, destacó que las viviendas son construidas sin cumplir con las normas
de sismorresistencia sin contar con asesoría técnica o profesional y que el “[…]
contacto de las viviendas con el agua de mar ocasiona deterioros a largo plazo en
las maderas utilizadas en el cerramiento de esta[s], produciendo desgaste en estos
materiales, poniendo en peligro la estabilidad […]”165. (Destacado fuera de texto)
246. La Oficina de Gestión de Riesgo Distrital y la Secretaría de Infraestructura
concluyeron que: i) “[…] es necesario la contratación de diseños arquitectónicos
y estructurales predio a predio, con propuesta de materiales y tipología afines con
los medios que respondan a las necesidades que afecten a los habitantes,
mejorando su calidad de vida […]”166; y ii) la “[…] cuantificación de las obras a
realizar que permitan la adecuación, de manera estable de estas viviendas,
gestión y ejecución de las mismas y realizar presupuestos que permitan la
construcción de dichos proyectos […]”167. (Destacado fuera de texto).
163 Cfr. Folio 1434.
164 Cfr. Folio 1435.
165 Cfr. Folio 1512.
166 Cfr. Folio 1438.
167 Ibidem.
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247. La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, mediante el
oficio AMC-OFI-0071936-2015 de 7 de septiembre de 2015, solicitó al Secretario de
Infraestructura Distrital que “[…] se sirva realizar el presupuesto de obras de
mitigación contempladas en la visita técnica de las viviendas identificadas en el
Islote de Santa Cruz […]”168, asimismo, requirió a la Directora de Convivencia
Distrital para la ejecución de un programa o proyecto para mejorar las viviendas de
este lugar169 y a la Secretaría de Hacienda Distrital para la asignación de recursos
dirigidos a obras de mitigación de riesgos en el Islote170.
248. La Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito de Cartagena realizó otra visita a
las viviendas de Santa Cruz del Islote en el mes de septiembre de 2017 y encontró
la misma situación de riesgo y deterioro identificada en el año 2015:
“[…] A) Paredes agrietadas, columnas con el hierro esponjado (sic) y al Aire libre
que deja ver el estado de oxidación, madera deteriorada por la humedad y el
salitre.
B) En varias casas se encontró que las paredes tienen grietas que amenazan la
estructura de las viviendas […]”171. (Destacado fuera de texto).
249. En esta oportunidad, la Oficina de Gestión de Riesgo Distrital entregó a
algunas personas afectadas ganchos para asegurar los techos y realizó una
capacitación para la prevención de desastres.
250. Además de la anterior problemática, el Distrito, en la inspección técnica de
gestión del riesgo realizada en abril de 2015, encontró que se ha presentado un
cambio en los niveles de las aguas marinas172 y erosión costera173 en Santa Cruz
del Islote lo que representa un riesgo para sus habitantes. Asimismo, la población
está expuesta a inundaciones que han afectado sus viviendas174.
251. A pesar de la situación de riesgo descrita, no se cuenta con estaciones
meteorológicas cercanas a Santa Cruz del Islote que permitan conocer los índices
de precipitaciones o el promedio de las mismas175, aspecto asociado con el
conocimiento del riesgo, los procesos de reducción de este y el manejo de los
desastres.
168 Cfr. Folio 2019.
169 Cfr. Folio 2021.
170
Disco compacto visible a folio 2305.
171 Cfr. Folio 2587.
172 Cfr. Folio 1437.
173 Cfr. Folio 2245.
174 Cfr. Folio 1442.
175 Cfr. Folio 1574.
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252. En el testimonio rendido el 25 de septiembre de 2015, la señora Olga Cecilia
Ramírez Ocampo, funcionaria de la Subdirección de Inspección Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, manifestó que
no hay un manejo del riesgo en Santa Cruz del Islote y precisó lo siguiente:
“[…] PREGUNTADO. CARDIQUE tiene algún estudio con enfoque participativo de la
comunidad negra en el que dé cuenta de los riesgos a causa de desastres naturales
de (sic) las islas de San Bernardo y/o Islote de Santa Cruz. CONTESTADO. Creo que
se conjuga una modificación de la estructura del Ministerio se presenta el fallo del
Consejo de Estado sobre el área marina protegida, sale a la luz pública la política de
prevención de desastres y gestión del riesgo Ley 1450 de 2014, las islas no estaban
siendo miradas como debieron porque había una línea gris, porque veíamos a
parques haciendo gestión, y es que el parque tiene dos islas y el resto es jurisdicción
de CARDIQUE, sé que se trabajó en la cooperación [de] unos proyectos para la
gestión local del riesgo para los colegios, pero no insular. PREGUNTADO.
Según eso cuáles son las amenazas y vulnerabilidades halladas en la isla de San
Bernardo y el Islote Santa Cruz con el fin de determinar el riesgo ante la posible
ocurrencia de algún desastre natural. CONTESTÓ. Las competencias para decir
cuál es la población vulnerable es el ente territorial, no existe todavía una
definición sobre el tema de riesgos, porque es en conjunto con otras
autoridades públicas y cada riesgo tiene su propia problemática […]”176.
(Destacado fuera de texto).
253. Asimismo, la testigo afirmó que hay un riesgo frente diapirismo de lodos que
corresponde a movimientos de lodo fluido, saturado de agua:
“[…] se dice que el islote está montado sobre un domo diapírico y de ahí se ha
ido creciendo el islote, estas cosas podrían pasar desapercibidas porque un
volcán de estos erupcione por diferentes cosas, por en [sic] ejemplo en Santa
Catalina por un rotico salió suficiente lodo para llenar 4 hectáreas […]”177. (Destacado
fuera de texto).
254. En el Plan Distrital de Gestión de Riesgos se identificó como amenazas en la
zona insular de Cartagena de Indias los huracanes y vendavales, inundaciones, mar
de leva, ceráunica, sismos, tsunamis, remoción de masa, erosión costera y
diapirismo de lodos178.
255. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD allegó
copia del Protocolo Nacional de Detección y Alerta de Tsunami actualizado al año
2022, del cual se destaca lo siguiente:
“[…] 5. RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DEL SNDAT
5.1. SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC
176 Cfr. Folios 1699 a 1700.
177 Cfr. Folio 1697.
178 Cfr. Disco compacto, folio 2362 del cuaderno principal.
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Para sismos que puedan generar un tsunami de origen local, su función es detectar
el evento sísmico determinando los parámetros (localización, magnitud, profundidad,
intensidad instrumental y mecanismo focal).
Para sismos que puedan generar un tsunami de origen regional y lejano, su función
es tomar la información de fuentes internacionales (localización, magnitud y
profundidad) y comunicar a las entidades del SNDAT.
El SGC activa al SNDAT a partir de la evaluación de los parámetros del sismo y
realiza el monitoreo del evento actualizando la información del mismo, para sismos
de origen local o regional con magnitud igual o superior a 6.0 y para sismos lejanos
con magnitud igual o superior a 7.5 (ver Figura 1 y Tabla 1).
Emitir boletines a todas las entidades del SNDAT y a la comunidad en general.
5.2. DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CENTRO NACIONAL DE ALERTA
CONTRA LOS TSUNAMIS - DIMAR - CNAT
Recibir y analizar la información sísmica, los boletines del PTWC (Proveedor de
Servicios sobre Tsunamis para la cuenca del océano Pacífico y mar Caribe), la
información sobre el nivel del mar y demás entradas necesarias para evaluar la
posibilidad de generación o propagación de un tsunami en Colombia.
Declarar el estado del evento de tsunami (Informativo, Vigilancia, Advertencia,
Alerta) y las recomendaciones de actuación en el ámbito de sus competencias.
Emitir boletines de información técnica de tsunami al SNDAT.
A través de sus Capitanías de Puerto y Estaciones de Control de Tráfico y
Vigilancia Marítima - ECTVM, realizar la difusión de la información de tsunami a
puertos, muelles, embarcaderos y embarcaciones.
5.3. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -
UNGRD
Transmitir la información del evento y/o alerta de tsunami a los Consejos
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) y a los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) respectivos, para preparar
a la población.
Emitir reportes situacionales e información pública oficial a todas las entidades del
SNDAT, SNGRD y al público en general.
Informar y activar el SNGRD de acuerdo a los mecanismos establecidos para tal
fin.
Coordinar las medidas y acciones a implementar por el SNGRD, basado en la
información del SGC, DIMAR – CNAT.
Reportar a la DIMAR-CNAT la información sobre perturbaciones o cambios en el
comportamiento del mar que sean reportados desde los municipios costeros.
Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas, planes, protocolos y
directorios correspondientes.
6. RESPONSABILIDADES TERRITORIALES Y COMUNITARIAS
6.1. CDGRD – Gobernaciones
Conocer y divulgar lo indicado en la ALERTA PERSONAL.
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Reportar a la UNGRD información sobre perturbaciones o cambios en el
comportamiento del mar, que se observen en sus territorios.
Permanecer atentos a los comunicados que la UNGRD emite a través de los
canales establecidos en este protocolo (reportes situacionales de sala de crisis,
llamadas radiales, telefónicas, boletines informativos, y mensajes masivos por redes
sociales).
Apoyar a los CMGRD en el proceso de toma de decisiones y difusión de
alertas.
Con base en el presente protocolo, incluir en la Estrategia Departamental de
Respuesta a Emergencias las acciones relacionadas con difusión de la alerta y
ejecución de la respuesta por tsunami.
Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas, planes, protocolos y
directorios correspondientes.
6.2. CMGRD – Alcaldías
Las siguientes responsabilidades son aplicables a todos los municipios del
Pacífico y Caribe colombiano que tienen jurisdicción en estas dos costas y deberán
procurar las acciones necesarias de preparación para la respuesta y alertas
tempranas, pertinentes para lograr su cumplimiento.
Emitir la orden de evacuación a los habitantes en su territorio una vez reciban
un reporte situacional de estado de ALERTA.
Conocer y divulgar a la población lo indicado en la ALERTA PERSONAL.
En caso de eventos locales, aplicar lo indicado en la ALERTA PERSONAL.
Tomar la decisión de las medidas y acciones a implementar basados en la
información recibida de la UNGRD y lo planeado en las estrategias de respuesta
y protocolos de respuesta específicos.
Reportar a la UNGRD y Capitanías de Puerto información sobre
perturbaciones o cambios en el comportamiento del mar, que se observen en
sus territorios.
Permanecer atentos a los comunicados que la UNGRD emite a través de los
canales establecidos en este protocolo (reportes situacionales de sala de crisis,
llamadas radiales, telefónicas, boletines informativos y mensajes masivos por
redes sociales).
Mantener actualizada y funcional la cadena de llamadas, planes, protocolos y
directorios correspondientes.
Posterior al impacto de un tsunami y una vez se ha emitido el Reporte
Situacional de CANCELACIÓN por parte de la UNGRD, las autoridades locales
deberán iniciar las acciones de evaluación de daños preliminares y de
respuesta iniciales.
Posterior a una evacuación, una vez se recibe la CANCELACIÓN y de acuerdo
con los resultados del EDAN preliminar, las autoridades locales deberán tomar
las decisiones relativas a protección, retorno y/o alojamiento de las personas,
así como de activación de los servicios de respuesta prioritarios, considerando
las condiciones locales.
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Con base en el presente protocolo, incluir en la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias y protocolos específicos, las acciones relacionadas
con difusión de la alerta y ejecución de la respuesta por tsunami.
6.3. Comunidad
Conocer y aplicar lo indicado en la ALERTA PERSONAL.
Elaborar e implementar planes de emergencia familiares, comunitarios e
institucionales, y mantener un kit de emergencias funcional y de fácil acceso.
Reportar a las autoridades locales información sobre perturbaciones o
cambios en el comportamiento del mar, que se observen en sus territorios.
Permanecer atentos al comportamiento del mar y a la información emitida por
las autoridades locales y nacionales.
Atender las instrucciones impartidas por los consejos territoriales de gestión
del riesgo y demás autoridades locales.
Participar en las jornadas de capacitación brindadas por las autoridades locales y
nacionales.
Solicitar a la Alcaldía municipal la información relacionada con planes de
evacuación en su comunidad […]”. (Destacado fuera de texto).
256. La Sala considera que las pruebas referidas dan cuenta de que la
infraestructura institucional no está preparada para manejar y atender un desastre
en Santa Cruz del Islote de forma adecuada y de acuerdo con las condiciones y
necesidades de la zona.
257. En efecto, resulta indispensable que las autoridades competentes
implementen instrumentos, medidas y acciones especiales y permanentes que
permitan conocer el riesgo específico en Santa Cruz del Islote, teniendo en cuenta
la forma como se ha extendido el tamaño del territorio, las condiciones de
hacinamiento, la interacción de la comunidad con el medio ambiente y los recursos
naturales que la rodea, la falta de planeación física, así como la realización de
construcciones sin cumplimiento de las reglas y principios de ingeniería.
258. Las pruebas demuestran que la comunidad de Santa Cruz del Islote presenta
una alta susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental e
institucional de ser afectada en caso de un evento físico peligroso, en los términos
de la Ley 1523 de 2012.
259. En este orden de ideas, la Sala considera que no le asiste razón al apoderado
del Distrito cuando afirma que el Tribunal valoró indebidamente el material
probatorio allegado al proceso. Por el contrario, en el caso concreto, las pruebas
demuestran que el crecimiento desordenado del Islote y la omisión del Estado en
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materia de control en las construcciones que se han levantado en esa área sin el
cumplimiento de las normas de sismorresistencia generan amenaza y vulneración
del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
Salud pública en Santa Cruz del Islote
260. En el dictamen pericial rendido el 19 de noviembre de 2015, se indicó que “[…]
las principales enfermedades son de origen viral como: gripa, infecciones de la piel
e intestinales […]”179. La Oficina de Gestión Distrital de Riesgo identificó las
enfermedades virales como un factor de riesgo en Santa Cruz del Islote 180,
destacando que “[…] constantemente existen enfermedades virales como
diarrea, vómitos, entre otros, producto del agua que ingieren y otras por
vectores […]”181. (Destacado fuera de texto).
261. El Tribunal mediante auto proferido el 16 de marzo de 2012 182 decretó como
medidas cautelares, entre otras cosas, “[…] llevar a cabo brigadas de salud para la
atención de los habitantes de el (sic) Islote, con el fin de mitigar el riesgo de
afectación a la salud, dadas las condiciones en que tal población vive y a la falta de
servicios médicos […]”183.
262. El Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena, de forma
periódica, ha realizado e implementado programas y campañas de salud pública en
Santa Cruz del Islote relacionados con la fumigación y abatización para el control
de vectores; la educación sexual y reproductiva; la vacunación de personas, canina
y felina; visitas a establecimientos comerciales, al restaurante escolar y al puesto
de salud; el control de enfermedades como tuberculosis y lepra; la atención de
enfermedades prevalentes de la infancia; capacitaciones para el manejo y control
inicial de urgencias o emergencias; la salud mental; entre otras cosas.
263. Sin embargo, dadas las condiciones de vida en Santa Cruz del Islote, estas
actividades no han sido suficientes para atender las necesidades de salud pública
de la comunidad.
264. Al respecto, el Departamento Administrativo Distrital de Salud encontró, según
el informe de actividades realizadas el 25 y 28 de septiembre de 2018 en Santa
179 Cfr. Folio 2169.
180 Cfr. Folio 2035.
181 Cfr. Folio 1442.
182 Cfr. Folios 17 a 27.
183 Cfr. Folio 26.
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Cruz del Islote, que “[…] en todo el corregimiento se identificaron 21 niños
afiliados a otra EPS que no tiene contratos con el único prestador – ESE
Cartagena de Indias y 25 sin aseguramiento […]”184 (Destacado fuera de texto)
y, en esa oportunidad, dejó constancia que el “[…] centro de salud Islote no
mostró programación para el cumplimiento de metas de cumplimiento para la
atención de la población infantil que permitieran revisar la cobertura de las
intervenciones […]”185.
265. La ESE Hospital Local de Cartagena de Indias ubicó un puesto de salud en
Santa Cruz del Islote para prestar los servicios de morbilidad, promoción y
prevención, así como de salud oral186; no obstante, la comunidad del Islote no tiene
acceso, de forma continua, a profesionales en medicina o en odontología porque
este servicio se presta únicamente una semana al mes. Además, de acuerdo con el
informe de actividades realizadas el 25 y 28 de septiembre de 2018 por el
Departamento Administrativo Distrital de Salud, la ESE Hospital Local de Cartagena
de Indias tiene programado recortar los servicios en Santa Cruz del Islote; el
Departamento Administrativo Distrital de Salud indicó en dicho informe lo siguiente:
“[…] realizó visita de diagnóstico de capacidades al puesto de Salud del islote de San
Bernardo, el cual hace parte de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias,
encontrándose que para este mes sólo la auxiliar de enfermería es quien presta
los servicios, dado que la parte administrativa de la ESE reubicó al enfermero,
al médico y al odontólogo que asistían una semana al mes al puesto de salud,
dado que informó que lo más probable es que la ESE HLCI recordé (sic) la
prestación de servicios en esa sede del Islote. Hasta el mes inmediatamente
anterior, la comunidad tuvo atención médica de consulta externa de morbilidad y
promoción y prevención, el servicio de odontología y del Enfermero Profesional
durante una semana cada cuatro semanas, el resto del tiempo la auxiliar de
enfermería se encuentra todo el mes en el puesto de salud de 8:00 a.m. a 12:00 M y
de 2:00 a 6:00 p.m. […]”187 (Destacado fuera de texto).
266. El Departamento Administrativo de Salud en las visitas que realizó a Santa
Cruz del Islote también encontró malas condiciones de refrigeración de los
medicamentos, así como la imposibilidad de realizar exámenes de laboratorio.
267. El Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena
aportó un informe de las actividades realizadas en el Islote el 30 de mayo de 2018,
en este documento destacó que es “[…] pertinente dar una solución definitiva que
permita el acceso y la prestación de servicios de salud a la población con
oportunidad y calidad que permita que las actividades de promoción y prevención
184 Cfr. Folio 2921.
185 Ibidem.
186 Cfr. Folio 882.
187 Cfr. Folios 2904 a 2905.
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se den de forma correcta, [porque] una charla educativa aislada no genera impacto
ni promueve cambios comportamentales de las personas, para que este tipo de
educación en salud sea eficiente se deben hacer procesos educativos de forma
sistemática y permanente […]”. (Destacado fuera de texto).
268. El Ministerio de Salud y Protección Social allegó escrito de 18 de marzo de
2025188 al que anexó copia del memorando suscrito por la Subdirección de
Prestación de Servicios de Salud, en que se informó, entre otras cosas, lo siguiente:
“[…] Frente a la solicitud es del caso indicar que mediante memorando
201623100230843 de fecha 27 de septiembre de 2016 desde esta Subdirección se
envió el siguiente insumo:
“En atención a la comunicación del asunto, informamos que desde la Dirección de
Prestación de Servicios y Atención Primaria no se han generado “planes o
programas” específicos relacionados con el Archipiélago de las Islas del
Rosario y de San Bernardo y en especial de la comunidad de Santa Cruz del
Islote.
De acuerdo con lo determinado en la Ley 715 de 2001, Articulo 43, corresponde
a los Distritos y Departamentos en materia de Prestación de Servicios de Salud
entre otros lo siguiente: - “43.2.4. Organizar, dirigir, coordinar y administrar la
red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas en el
departamento.”
En el marco de esta competencia y de lo establecido en la Ley 1450 de 2011, el
Distrito de Cartagena presento a este Ministerio el Programa Territorial de
Reorganización Rediseño y Modernización de Redes de Empresas Sociales del
Estado, el cual fue viabilizado el 27 de junio de 2014.
En este documento, el Distrito plantea que la prestación de servicios de salud para la
población de las Islas del Rosario se realizará a través de la UPA Isla del Rosario
(Puesto de Salud) perteneciente a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y para
atenciones de mayor complejidad los usuarios son remitidos al punto de atención de
Barú y en caso de requerir atención complementaria la red se complementa con el
punto de atención Arroz Barato, Hospital Universitario del Caribe ESE y red privada
del Distrito de Cartagena. En el caso del Islote de San Bernardo, la atención se
realizará a través de la UPA San Bernardo (Puesto de Salud) perteneciente a la
ESE Hospital Local Cartagena de Indias y para atenciones de mayor
complejidad los usuarios serán remitidos a la ESE Santiago de Tolú,
Departamento de Sucre.”
Así de acuerdo a la orden emitida es del caso manifestar que a la fecha no existe
por parte de este ente Ministerial “planes o programas” específicos
relacionados con el Archipiélago de las Islas del Rosario y de San Bernardo y
en especial de la comunidad de Santa Cruz del Islote, lo anterior por cuanto
carecemos de competencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 715 de 2001,
la cual en cuanto a la organización de la prestación de los servicios de salud,
estableció principalmente como competencias a cargo de la Nación – Ministerio
de Salud y Protección Social la dirección del sector salud y del SGSSS en el
territorio nacional, principalmente a través de la formulación de las políticas,
programas y proyectos de interés nacional para el sector salud y el SGSSS,
188Cfr. Índice 127 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
Memorial__141Respuesta_2Memorando2025231100124283201200278pdf(.pdf) NroActua 127 […]”.
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coordinando su ejecución, seguimiento y evaluación […]”. (Destacado fuera de
texto).
269. La Sala considera que con las pruebas referenciadas, las cuales fueron
allegadas al proceso, es posible concluir que en Santa Cruz del Islote no existen las
condiciones para la prestación continua del servicio de salud a la población, toda
vez que, a pesar del riesgo generado por enfermedades virales en un territorio
sobrepoblado, no se demostró que en el puesto de salud ubicado en esa localidad
se prestara de manera efectiva y oportuna el servicio de salud.
270. Asimismo, tampoco se acreditó en el proceso la existencia de programas de
salud dirigidos a la población de Santa Cruz del Islote, en materia de prevención de
enfermedades y atención médica, máxime cuando la población del Islote supera los
mil habitantes de acuerdo con la información allegada al expediente, quienes
carecen de la atención continua en materia de salud.
271. En este orden de ideas, la Sala considera que no prospera el argumento
expuesto por el apoderado del Distrito en cuanto a que el Tribunal declaró la
existencia de la vulneración de los derechos e intereses colectivos que fueron
amparados mediante una indebida apreciación probatoria.
272. La Sala destaca que las pruebas allegadas al proceso permiten concluir que
los programas de salud pública en el Islote atendieron a la medida cautelar
decretada por el Tribunal, en primera instancia, sin que con ellos se haya superado
la situación en Santa Cruz del Islote referida a la atención continua, permanente
e integral por parte de las autoridades competentes y la articulación de las políticas
públicas nacionales con una política territorial que reconozca las especiales
condiciones de este territorio en materia de prestación del servicio público de salud.
La responsabilidad del Departamento y del Distrito en la vulneración de los
derechos e intereses colectivos y la vulneración del principio de congruencia
273. Los artículos 311 y 367 de la Constitución Política disponen que “[…] al
municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de
su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes […]”. Y, los servicios públicos domiciliarios se prestarán
directamente por cada municipio o distrito cuando las características técnicas
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y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y
aconsejen.
274. La Ley 136 de 1994 dispuso en los numerales 3, 7 y 19 del artículo 3 que a
los municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y
construir las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta,
entre otros, los planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar
la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del
ente territorial, en lo que sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños,
los adolescentes, mujeres cabeza de familia y los demás sujetos de especial
protección constitucional; y garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las
normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.
275. De conformidad con lo establecido en los numerales 1, 3 y 6 del artículo 5 de
la Ley 142 de 1994, es competencia de los municipios y distritos, en relación con
los servicios públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera
eficiente, los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica,
por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o
directamente por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de
subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del
municipio; y apoyar con inversiones y otros instrumentos a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
actividades de su competencia.
276. Los numerales 2 y 9 del artículo 8 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 189,
sobre la acción urbanística, prevén que la función pública del ordenamiento
territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran localizar y señalar
las características de la infraestructura para los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos,
tóxicos y peligrosos, así como los equipamientos de servicios de interés
público y social como centros docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la
ejecución de obras de infraestructura para los servicios públicos
domiciliarios, directamente por la entidad pública o por entidades mixtas o
privadas, de conformidad con la ley.
189 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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277. El artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 190, ordena que los
municipios y distritos, directa o indirectamente, con recursos propios, del
Sistema General de Participaciones u otros recursos, deben promover,
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial realizar
directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos, además
de las competencias establecidas en otras normas vigentes, la construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.
278. El anterior recuento normativo permite concluir a la Sala que la prestación
directa o indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a
cargo de los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su
eficiente y oportuna prestación.
279. Ahora, respecto a la competencia de los departamentos en materia de
prestación de servicios públicos domiciliarios, esta es consecuencia de los
principios de coordinación, subsidiaridad y complementariedad que rigen el ejercicio
de las funciones de los municipios y distritos.
280. El artículo 288 de la Constitución Política establece que “[…] [l]as
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley […]”. Asimismo, el artículo 298 de la Constitución Política señala
que los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
municipios y de prestación de los servicios que determine la ley.
281. El artículo 4 de la Ley 136 de 1994 prevé que las autoridades municipales
deberán coordinar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes
niveles en virtud del principio de coordinación; la Nación, las entidades territoriales
y los esquemas de integración territorial apoyarán, en forma transitoria y parcial, a
las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando demuestren la imposibilidad ejercerlas debidamente, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad; y los municipios podrán hacer uso de
mecanismos de asociación, cofinanciación o convenios para perfeccionar o
190“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
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complementar los servicios a su cargo, de conformidad con el principio de
complementariedad.
282. Los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 142 de 1994, relacionados con los
servicios públicos domiciliarios, establecen que es competencia de los
departamentos apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos que operen en el ente territorial o a los municipios que
hayan asumido su prestación directa, así como organizar sistemas de
coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos.
283. El artículo 3 de la Ley 1176 de 27 de diciembre de 2007191, prevé que es
competencia de los departamentos concurrir a la prestación de los servicios públicos
de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción, estructuración e
implementación de los esquemas regionales; así como promover, coordinar y
financiar la operación de esquemas regionales de prestación de los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico.
284. En el mismo sentido, los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1977 de 24
de julio de 2019192, prevén que los departamentos, en el marco de sus
competencias, darán asistencia técnica a los distritos y municipios,
directamente o a través de un mecanismo que se diseñe para ello, para que
puedan cumplir con la responsabilidad de proveer el servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo como garantes de la prestación del servicio. Además, los
departamentos deben contribuir a facilitar la coordinación de los proyectos de
prestación de estos servicios públicos en los municipios.
285. Ahora bien, las competencias comunes de los municipios y departamentos en
relación con los servicios públicos domiciliarios deben ejercerse con sujeción al
principio de concurrencia, con el objeto de cumplir los fines esenciales del Estado
Social de Derecho. Para el efecto, las entidades deberán celebrar convenios o
acudir a cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de
ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica
la actividad administrativa.
286. La Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la normativa
expuesta, ha ordenado a los departamentos que brinden apoyo financiero, técnico
191 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
192 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y
saneamiento básico”.
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y administrativo a los municipios para la prestación de los servicios públicos
domiciliarios.
287. Esta Corporación mediante providencia proferida el 4 de abril de 2019,
adicionó un auto que decretó una medida cautelar, en el sentido de ordenar al
departamento de Santander que, en el marco de sus competencias constitucionales
y legales, brinde apoyo financiero y técnico a la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija EMPULEBRIJA E.S.P. y al municipio de Lebrija para que
aseguren el suministro de agua potable de forma continua193.
288. La Sección Primera, en la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018,
consideró que el a quo atendió los principios constitucionales y legales que rigen la
prestación de los servicios públicos domiciliarios al ordenarle al departamento
demandado realizar gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y de
ejecución destinadas a poner en funcionamiento un sistema que permita suministrar
agua potable a una comunidad; además, precisó lo siguiente:
“[…] La Sala no encuentra improcedente que el Tribunal Administrativo de
Casanare haya optado por mantener vinculado al Departamento de Casanare
para efectos del cumplimiento del fallo de primera instancia, por las siguientes
razones: i) por la incertidumbre acerca de la capacidad del Municipio de Pore para
financiar de manera autónoma el sistema de provisión de agua potable para la
Vereda Alatamira; ii) dada a importancia del grupo de derechos colectivos y
fundamentales vulnerados; iii) atendiendo la intensidad de su afectación por la
carencia de agua potable; y iv) en razón de que por las funciones constitucionales y
legales que le asisten al departamento de Casanare en cuanto a la prestación de
servicios públicos domiciliarios, el juez popular, en virtud de su obligación de
garantizar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos, debe tomar las
medidas idóneas para hacer cesar el agravio y/o remover la amenaza o el peligro
de los mismos […]”194
289. La Sala considera que las anteriores referencias normativas son suficientes
para concluir que el Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar son
competentes para garantizar la prestación eficiente y oportuna, en condiciones de
salubridad, de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo
y energía eléctrica, precisando que el principal responsable es el Distrito en su
jurisdicción pero que, en virtud del principio de complementariedad de la acción
distrital, el departamento tiene precisas competencias y está llamado a responder
en procura de garantizar los derechos e intereses colectivos de la comunidad de
Santa Cruz del Islote.
193 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 4 de abril de 2019, C.P.
Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 680012333000201701159-01.
194 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de
2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2015-00146-01.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
290. En lo que tiene que ver con el supuesto desconocimiento del principio de
congruencia, el departamento de Bolívar sostuvo en el recurso de apelación que la
sentencia proferida, en primera instancia, carece de congruencia porque mientras
que el Tribunal, en las consideraciones no se refirió expresamente a la
responsabilidad del departamento en la vulneración de derechos e intereses
colectivos, en la parte resolutiva, sin fundamento, le ordenó apoyar financiera,
técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos y al Distrito de
Cartagena en la prestación de servicios públicos en Santa Cruz del Islote.
291. La Sala destaca que la vulneración de los derechos e intereses colectivos de
la comunidad de Santa Cruz del Islote, en relación con los servicios públicos,
obedece a la falta de capacidad institucional para atender la problemática que se
presenta en ese corregimiento, dadas sus condiciones especiales, y a la ausencia
de intervención de las entidades públicas encargadas de satisfacer sus necesidades
básicas, razón por la cual el departamento de Bolívar no puede ser ajeno a la
responsabilidad que le asiste para mejorar las condiciones de vida en su territorio.
292. En este proceso se probó que los habitantes de Santa Cruz del Islote no tienen
acceso al agua potable ni a saneamiento básico y, por lo tanto, viven de una forma
incompatible con la dignidad humana; en contraste, el departamento no aportó algún
medio de convicción que indicara que ha llevado a cabo o promovido proyectos o
programas dirigidos a apoyar al Distrito en la prestación de los servicios públicos en
Santa Cruz del Islote.
293. Además, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación, en materia de
servicios públicos domiciliarios, no es necesario probar que el departamento es
responsable de la vulneración comoquiera que el juez puede proferir órdenes
dirigidas a que esos entes territoriales cumplan con sus funciones, en virtud de los
principios de coordinación y subsidiaridad, así como del carácter preventivo de las
acciones populares y el vínculo inescindible entre la dignidad y los servicios públicos
domiciliarios. En esta línea, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia
proferida el 8 de febrero de 2018, consideró lo siguiente:
“[…] En otras palabras, el haber mantenido vinculado al Departamento de Casanare
(y a otras entidades de orden público) para efectos del cumplimiento de la sentencia,
constituye una medida idónea para garantizar el goce efectivo del conjunto de
derechos de la comunidad de Altamira, debido a que, aun cuando no exista prueba
de que aquel haya contribuido con el menoscabo de los derechos invocados, el
ordenamiento jurídico también le asignó obligaciones en materia de prestación
de servicios públicos, de planificación y promoción del desarrollo económico y
social dentro de su territorio, razón por la cual no resulta admisible, desde el
punto de vista del derecho sustancial, que se hubiera declarado en su favor la
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que
no obra plena prueba sobre la posibilidad del Municipio de Pore para ejercer
sus competencias como es debido […]”195 (Destacado fuera de texto).
294. Ahora bien, el departamento de Bolívar cuestiona que el Tribunal haya
aplicado el artículo 7 de la Ley 142 de 1994 y concretamente el principio de
concurrencia y complementariedad del departamento, que, a juicio de la entidad,
únicamente procede si los estudios ordenados determinan la prestación directa del
servicio público por parte del distrito, evento en el cual hay lugar al apoyo financiero,
técnico y administrativo.
295. El artículo 7 de la Ley 142 de 1994 dispone lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 7o. COMPETENCIA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Son de competencia de los
departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de
apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía
eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan
asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación
de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su
competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios
públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la
organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos,
o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley […]”. (Destacado fuera de texto).
296. La Sala destaca que es competencia del departamento de Bolívar, entre otras,
apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios
públicos que operen en el departamento, por lo que se impartan en ese sentido no
desconocen las competencias de la entidad territorial.
297. El Tribunal en la sentencia apelada consideró lo siguiente:
“[…] recuérdese como el artículo 7 de la Ley 142 de 1994 señala que es
responsabilidad de los Departamentos apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el
Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa de los
servicios públicos, y por tanto en clara aplicación del principio de concurrencia, se
195 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de
2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 85001-23-33-000-2015-00146-01.
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ordenará al Departamento de Bolívar que de conformidad con las normas y el principio
de complementariedad previsto en el artículo 298 de la Carta Política apoye
financiera, técnica y administrativamente al Distrito de Cartagena, en el evento en que
los estudios ordenados determinen la prestación directa de los servicios públicos en
Santa Cruz del Islote […]”. (Destacado fuera de texto).
298. La Sala resalta que el Tribunal en la parte considerativa de la sentencia
apelada no relevó al departamento de la obligación legal de apoyar financiera,
técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en
esa entidad territorial, por lo que al impartir esa orden en la parte resolutiva no
desvirtúa la congruencia que deben observar las providencias judiciales.
299. El departamento señaló que la sentencia apelada vulneró el principio de
congruencia previsto en el artículo 281 del CGP y la sentencia T-455 de 2015 de la
Corte Constitucional.
300. Al respecto, el artículo 281 del CGP dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio.
Parágrafo 1°. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita,
cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña
o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir
controversias futuras de la misma índole.
Parágrafo 2°. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo
en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de
la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho
agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de
tenencia de tierra y producción agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el
juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo
controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté
relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer
u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los
hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el
derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los
resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de
comunidades civiles indígenas […]”.
301. La Sala no evidencia que el apoderado judicial del departamento haya
expuesto con precisión las razones por las cuales, a juicio de la entidad, la sentencia
vulnera el artículo 281 del CGP, así como tampoco, desconoce la sentencia T-455
de 2015, en la que se amparó, entre otros el derecho fundamental a la salud de un
ciudadano.
302. La Sala considera que la sentencia proferida en primera instancia es
congruente porque está en consonancia con los hechos probados y las pretensiones
de la demanda; además, la orden judicial a cargo del departamento de Bolívar
atiende las competencias constitucionales y legales del ente territoriales respecto a
los servicios públicos domiciliarios.
303. De conformidad con lo expuesto en este acápite el argumento expuesto por el
departamento de Bolívar no prospera.
La vulneración de los principios de planeación contractual, planeación y
eficiencia fiscal
304. El departamento de Bolívar alegó que la orden dirigida a esa entidad para que
apoye financiera y técnicamente a las empresas de servicios públicos y al distrito
en la prestación de servicios públicos en Santa Cruz del Islote afecta los principios
de planeación contractual y eficiencia fiscal.
305. De la misma manera el departamento y el distrito cuestionaron en sus escritos
de apelación la proporcionalidad, de las órdenes impartidas en la sentencia de 2 de
agosto de 2018 porque trasgreden los principios de planeación y sostenibilidad fiscal.
306. Asimismo, el distrito señaló que se desconoció el principio de planeación
contractual desarrollado en la sentencia de 13 de noviembre de 2013 proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
307. Para resolver este punto de ambas apelaciones, es importante señalar que
la Constitución Política reconoció, en los artículos 1, 2, 334, 339 y 340 que el
principio de planeación es un elemento esencial del Estado Social de Derecho y un
postulado transversal que orienta el desarrollo económico, social y ambiental del
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
país. Este principio implica que las autoridades deben actuar con previsión,
coherencia, coordinación y racionalidad en el cumplimiento de sus funciones,
teniendo en cuenta los fines del Estado, las necesidades de la población y los
recursos disponibles.
308. En efecto, para prevenir riesgos, ordenar el territorio y garantizar la prestación
de los servicios públicos, el legislador fijó diferentes instrumentos que orientan los
procesos de planeación estatal. Aunado a ello, el sistema fiscal y presupuestal
colombiano propende por un modelo de gestión administrativa en el que la
administración pública cumpla sus objetivos, sin afectar su solvencia y estabilidad
económica.
309. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 atribuyó al juez de la acción popular el
deber de impartir todas las instrucciones de hacer y no hacer que sean conducentes,
suficientes y pertinentes para restituir las cosas al estado anterior del daño o a la
amenaza, conforme a la situación fáctica probada196.
310. La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de 26 de enero de 2021197,
unificó su criterio orientador sobre el rol que desempeña el juez popular al momento
de definir las medidas más eficaces para procurar el restablecimiento de los
derechos colectivos. En tal sentido, la Sala Plena consideró lo siguiente:
“[…] 12.- El juez no tiene entonces como función dirimir un conflicto entre partes sino
garantizar a la comunidad el derecho colectivo que, de acuerdo con la
manifestación del actor popular (que la ley denomina petición o demanda), está
siendo vulnerado. Para tal fin el Juez debe tomar, en forma inmediata como
medida cautelar, o en la sentencia como medida definitiva, las disposiciones
que considere necesarias para garantizar la vigencia del derecho colectivo
vulnerado o para que cese la amenaza que se cierne contra el mismo.
[…] Si el planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es conocido por
la entidad accionada resulta demostrado en el curso del proceso, el juez de la
acción popular puede aprobar un pacto de cumplimiento, o proferir una sentencia
que tenga como base la vulneración de derechos colectivos distintos de los invocados
en la demanda y donde se adopten medidas diferentes de las impetradas.
196 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero
Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP), en la cual
se indicó: “[…]Quiere decir, entonces que, en atención a la naturaleza de la acción, su origen constitucional, la
clase de derechos e intereses que protege y los efectos de las medidas que puede adoptar, el juez de la acción
popular no limita su decisión a los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las partes,
como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998, sino que su deber tiene que ver con la adopción
de las medidas que sean necesarias para restablecer la cosas al estado precedente a la vulneración del derecho
o del interés colectivo, de ser ello posible, como lo demandan los mandatos superiores bajo análisis […]”.
197 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión
Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz, 26 de enero de dos mil veintiuno (2021), número único de
radicación: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV, Actor: Rocío López Mora Demandado: Municipio De
Pamplona.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
La demanda en la acción popular cumple la función de poner en conocimiento del
juez una situación fáctica que está vulnerando o amenazando un derecho colectivo.
El conocimiento de dicha situación por la entidad demandada y la oportunidad de
solicitar pruebas para evidenciar que tal situación no se presenta, que ella no vulnera
intereses o derechos colectivos, o que ya se tomaron las medidas que debían
adoptarse para evitar la afectación, es suficiente para considerar que se le ha
respetado su derecho al debido proceso.
20.- La Sala concluye que cuando el juez de la acción popular, a partir de los
hechos afirmados en la demanda y probados en el proceso, encuentra
acreditada una amenaza contra un interés colectivo, debe imponerle a la
entidad demandada obligaciones de hacer o de no hacer dirigidas a
garantizarlo, así estas no hayan sido objeto de las peticiones de los
accionantes y así el derecho colectivo invocado haya sido otro […]”.
311. En la providencia de 28 de marzo de 2014198, esta Sección explicó que la
supremacía de las normas constitucionales supone su plena eficacia material. Y
a ese objetivo se orienta la tarea del juez de la acción popular cuando «corrige
eficazmente las irregularidades que lesionan principios rectores de la actividad
administrativa, conjurando oportunamente hechos u omisiones capaces de generar
daños colectivos, con el fin de superarlos, y restituyendo las cosas a su estado
anterior, si ello resulta posible». Todo esto desde estrategias racionales, armónicas,
legales y ponderadas.
312. Bajo este criterio orientador, el juez está atado a lo probado en el acervo
probatorio, y no puede separarse de los márgenes de racionabilidad exigibles de su
función de impartir justicia. Pero ello no quiere decir que le esté vedado imponer
acciones correctivas al advertir la vulneración de los derechos colectivos, ello, en
tanto, a esta Sección le corresponde determinar si la administración adoptó
acciones suficientes y diligentes en la materia, y corregir su actuar negligente a partir
de los mecanismos legales e idóneos que prevé el ordenamiento jurídico para tal
efecto.
313. Así las cosas, la Sala considera que no es cierta la afirmación del
departamento relacionada con el supuesto desconocimiento de los principios de
planeación y eficiencia fiscal como consecuencia de la orden impartida a esa
entidad, toda vez que por una parte, es obligación del ente territorial realizar un
cuidadoso estudio que permita identificar, en el marco de sus competencias y en
coordinación con el Distrito, las necesidades en su territorio en materia de la
prestación de servicios públicos y los medios para satisfacerlas, en concordancia
con la política territorial y nacional en servicios públicos domiciliarios, así como los
198 Consejo de Estado, Sección Primera, consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
planes de desarrollo y de inversiones, por medio de los instrumentos de planeación
que establece la ley. Y, por la otra parte, el gasto público del ente territorial debe
estar orientado a satisfacer las necesidades básicas de los habitantes con el objeto
de mejorar sus condiciones de vida.
314. De la misma manera, el argumento expuesto en ambos recursos de apelación
referido al desconocimiento de los anotados principios, carece de vocación de
prosperidad, dado que el hecho de que el juez popular imparta órdenes para la
protección de los derechos colectivos vulnerados no puede entenderse como una
intromisión en la actividad de la administración, cuando las pruebas permiten
concluir que existe amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos y
las órdenes están en consonancia con las competencias de las entidades obligadas
a protegerlos.
315. Por otro lado, la Sala considera necesario destacar que la insuficiencia de
recursos públicos para la protección de los derechos e intereses colectivos no
constituye una justificación compatible con los postulados constitucionales.
316. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, reiteró que las autoridades no pueden excusar el incumplimiento de
una orden judicial de protección de derechos e intereses colectivos en la falta de
recursos. En esa oportunidad, la Sala precisó lo siguiente:
“[…] [L]a falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos colectivos
garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las
autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de
protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del Juez
Constitucional de la Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.
83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas.
[…]”199 (Destacado fuera de texto original).
199 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.
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317. En tal sentido, es dable concluir que la jurisprudencia200 de la Sección Primera
del Consejo de Estado ha sido uniforme al considerar que la falta de capacidad
presupuestal de las entidades que deben cumplir una orden judicial para la
protección o el restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un
motivo suficiente para revocar la sentencia o para evitar una obligación a cargo de
la parte demandada toda vez que ello desconoce que el Estado Social de Derecho
tiene como fin garantizar la efectividad de los derechos y principios constitucionales,
así como la vigencia de un orden justo.
318. En efecto, el legislador facultó al juez para que en una acción popular pueda
proferir órdenes de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se
haya causado un daño al derecho o interés colectivo y a favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a cargo y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior, cuando sea físicamente posible 201.
319. De tal manera que no puede entenderse que el juez de la acción popular
vulnera el principio de planeación contractual por el hecho de que imparta órdenes
a las entidades concernidas con el objeto de que protejan los derechos colectivos
amparados en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.
320. En este punto, la Sala no evidencia que la sentencia apelada desconozca el
principio de planeación contractual ni que exista una contradicción con lo resuelto
en la sentencia de 13 de noviembre de 2013 proferida por la Sección Tercera de
esta Corporación en el marco de una acción de controversias contractuales202.
321. En el caso en concreto, la Sala considera que las órdenes judiciales son
razonables, atienden las necesidades especiales de la comunidad de Santa Cruz
del Islote, de acuerdo con lo probado en el proceso, y se encuentran en el marco de
las competencias constitucionales, legales y reglamentarias de las entidades
demandas.
322. Las órdenes judiciales para la protección de los derechos e intereses
colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote llevan inmersa la obligación de
200 Ver entre otras las sentencias de la Sección Primera del Consejo de Estado de 25 de octubre de 2001, C.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, número único de radicación 2000-0512-01(AP), de 5 de septiembre de 2002,
C.P. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 2001-0303-01(AP-531) y de 6 de julio de 2006,
C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación 680012315 000200200489010.
201 Artículo 34 de la Ley 472.
202 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre
de 2013, CP. Hernán Andrade Rincón, número único de radicación: 25000-23-26-000-1999-02430-01.
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adelantar las gestiones necesarias para la consecución de recursos públicos o la
financiación de los proyectos, programas u obras.
323. Las entidades demandadas deberán atender de forma especial el principio de
economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más alto de calidad en
sus actuaciones, en atención a las condiciones en que se encuentra la comunidad
de Santa Cruz del Islote.
324. Por lo anterior, la Sala considera que con las órdenes proferidas en el marco
de esta acción constitucional no se lesionan los principios de planeación y
sostenibilidad fiscal del departamento y del distrito y, en consecuencia, el argumento
analizado en este acápite no tiene vocación de prosperidad.
Sobre la vulneración del principio de precaución en materia ambiental
325. El Distrito de Cartagena en el recurso de apelación hizo mención a la
relevancia del principio de protección en materia ambiental, concretamente señaló
que este principio estaba regulado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de
1993 y ha sido tratado entre otras, en las sentencias C-339 de 2002, C-703 de 2010,
T-154 de 2013, C-293 de 2002 y T-299 de 2008.
326. No obstante lo anterior, el recurso no es claro respecto a las razones por las
cuales se alega que se desconoció por el Tribunal el precitado principio. En este
punto, cuando se refirió al principio de precaución el distrito aseveró que “[…] lo que
se busca es propender por la sostenibilidad (sic) la comunidad del Islote de Santa
Cruz a través de su gestión integral, con medidas en materia de conservación,
protección y recuperación del ambiente, mejoramiento de la calidad del agua,
articulado con la ordenación territorial y uso de suelo; e implementando
instrumentos de auditoría y valoración del daño ambiental, además de procesos de
investigación y generación de conocimiento en pro del desarrollo sostenible, lo cual
se logra no mediante la acción popular, sino a través del cumplimiento de las
normas existentes sobre la materia […]”203 (Destacado fuera de texto).
327. La Sala destaca que el argumento del distrito no está dirigido a atacar la
providencia recurrida sino a que el remedio judicial que se adopte tenga en cuenta
el principio de precaución en materia ambiental, razón por la cual no prospera el
argumento al no contener elementos que cuestionen lo decidido por el a quo.
203 Cfr. Folios 2861 a 2862.
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328. Sin embargo, la Sala considera pertinente en este acápite hacer las siguientes
precisiones en materia de protección del derecho colectivo al goce de un ambiente
sano en el caso bajo estudio.
329. De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política y con la Ley 472 de
1998, la acción popular es un medio de control de carácter constitucional que tiene
por objeto proteger los derechos e intereses colectivos, se ejerce para evitar el daño
contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre esos
derechos, o restituir las cosas su estado anterior cuando fuere posible.
330. Ante el incumplimiento de las funciones públicas, este mecanismo
constitucional permite que el juez adopte decisiones dirigidas a proteger el medio
ambiente y garantizar la prestación de los servicios públicos como el del agua
potable.
331. El principio de precaución ambiental es un instrumento que protege el medio
ambiente ante la falta de certeza científica absoluta respecto del peligro o del daño
grave o irreversible que pueden generar ciertas actividades; no obstante, en el caso
sub examine, el avance de la ciencia permite determinar la clase y las
características del impacto ambiental que genera el vertimiento de residuos sólidos
y líquidos al mar, así como el crecimiento territorial sin planificación; en
consecuencia, frente a esta problemática opera el principio de prevención. Por
ello, en esta sentencia se profieren órdenes destinadas a generar condiciones de
cambio que permitan prevenir el daño ambiental, proteger el medio ambiente y
compensar los daños que se han causado.
Sobre la solicitud de aclaración del ordinal sexto de la providencia apelada
332. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima -
DIMAR, en la oportunidad para la presentación de los alegatos de conclusión en
segunda instancia204, solicitó la aclaración del ordinal sexto de la sentencia apelada
en el que se instó a la DIMAR para que en el marco de sus competencias apoye al
Distrito en la formulación de un plan de gestión del riesgo de acuerdo con lo provisto
en la Ley 1523 de 2012, en razón a que, a juicio de la entidad, Santa Cruz del Islote
es un bien baldío reservado sobre el cual la DIMAR no tiene competencia, en tanto
su administración corresponde a la Agencia Nacional de Tierras.
204
Cfr. Folio 3018 del cuaderno principal.
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333. La Sala se abstendrá de resolver la precitada solicitud porque la competencia
para aclarar la sentencia es del juez que la profirió, lo cual hizo el Tribunal en auto
de 20 de septiembre de 2018205, en el que, entre otras cosas, negó la solicitud de
aclaración del ordinal sexto de la sentencia proferida en primera instancia que fue
presentada por la DIMAR.
334. Adicionalmente, la Sala destaca que la oportunidad para alegar de conclusión
en segunda instancia es una etapa procesal instituida para que las partes puedan
exponer los puntos de hecho, de derecho y probatorios que fueron objeto de
controversia en los recursos de apelación, por lo que en virtud del principio de lealtad
procesal, en esta etapa no es posible presentar, por primera vez, los motivos de
inconformidad contra la providencia judicial, tal como lo ha sostenido esta Sección:
“[…] Previo a estudiar el problema jurídico que se impone resolver, la Sala encuentra
necesario precisar que los argumentos esgrimidos por la parte demandada en los
alegatos de conclusión constituyen verdaderos reparos contra la sentencia
impugnada que no pueden ser tenidos en cuenta por las siguientes razones: (i)
Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a las
partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo
ocurrido en el trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la
oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a
la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho,
y el acervo probatorio, sin que sea posible a esas alturas del proceso traer
nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas. (ii) Si se abre la posibilidad de que
las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la
demanda o los fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido
proceso como quiera que la otra parte o incluso los terceros vinculados al
proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos. No
puede perderse de vista que el proceso está diseñado de tal manera que cada
etapa obedece a una estructura lógica tendiente a garantizar los derechos de
las partes y a permitirle al juez que adopte una decisión de fondo. Así, los
nuevos argumentos introducidos por el demandado en los alegatos de
conclusión relativos a que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta su
conducta escapan al estudio de esta instancia como quiera que no fueran
planteados en el recurso de apelación […]”206 (Destacado fuera de texto).
335. Por las razones expuestas, la Sala se abstendrá de resolver la solicitud de
aclaración presentada por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General Marítima – DIMAR en la etapa de alegatos de conclusión en segunda
instancia.
205
Cfr. Folio 2871 del cuaderno principal.
206 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de febrero de
2017, C.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio (E), núm. único de radicación 66001-23-33-000-2016-00080-01.
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Sobre la protección de los derechos de la comunidad negra de Santa Cruz del
Islote
336. La Sala destaca que de acuerdo con lo probado en el proceso el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias mediante la Resolución 4242 de 22 de
julio de 2011 reconoció, inscribió y registró al Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, en consecuencia, la comunidad negra
de Santa Cruz del Islote tiene derecho de decidir sobre sus prioridades en el proceso
de su desarrollo, en la medida en que ello incide en sus costumbres, en su calidad
de vida, así como en la relación que tiene con su territorio.
337. La Sala considera que las órdenes que se impartan en esta providencia deben
cumplirse atendiendo los derechos de participación de la Comunidad Negra de
Santa Cruz del Islote, sus necesidades específicas, así como su relación
económica, cultural y ambiental con el territorio en donde desarrollan su vida,
teniendo en cuenta la importancia de su participación activa y efectiva en las
decisiones que puedan afectarla. En este mismo orden de ideas, las autoridades
públicas encargadas del cumplimiento de esta sentencia deberán observar los
derechos de la comunidad negra, de acuerdo con los principios fundamentes del
Estado Social de Derecho.
338. La Sala precisa que el derecho de participación del Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote respecto a la elaboración de los
proyectos y programas que se ordenen en esta sentencia y que impacten
directamente a esa comunidad se materializa con la consulta previa y con el
consentimiento.
339. El Distrito de Cartagena debe garantizar la participación activa y efectiva de
la comunidad negra de Santa Cruz del Islote. En caso de no lograr la concertación,
las decisiones del Gobierno Distrital atenderán criterios objetivos y razonables para
lograr la protección de los derechos e intereses colectivos de esa comunidad.
340. En este punto, es relevante precisar que la protección de las comunidades
afrodescendientes se sustenta, entre otras normas, en el Convenio 169 de OIT,
ratificado por Colombia a través de la Ley 21 de 1991, en referencia a los estándares
de consulta a los pueblos afrodescendientes. Así como en la Ley 70 de 1993207, la
cual tiene como propósito, entre otras cosas, “[…] establecer mecanismos para la
207 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política […]”.
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protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de
Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con
el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana […]”.
341. La precitada norma establece en el artículo 3 lo siguiente:
“[…] ARTICULO 3. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho
a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las
comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin
detrimento de su autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda
la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas
por las comunidades negras con la naturaleza […]”. (Destacado fuera de texto).
342. Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT208, sobre los pueblos indígenas y
tribales en países independientes, adoptado en la 76 reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del trabajo209, reconoció las aspiraciones
de los pueblos indígenas y tribales de asumir el control de sus propias instituciones,
formas de vida y su desarrollo económico, así como el derecho de mantener y
fortalecer su identidad, lengua y religión, en el marco de los Estados en que viven.
343. En efecto, los artículos 4 y 6 del Convenio señalan que se deben adoptar
medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos indígenas y tribales, así
como consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y
teniendo en cuenta sus instituciones representativas, cada vez que los Estados
prevean la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarlos directamente.
344. Estas consultas deben efectuarse de buena fe y de acuerdo con las
circunstancias especiales de cada caso a fin de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento en relación con las medidas propuestas.
208 Colombia aprobó el Convenio núm. 169, mediante la Ley 21 de 4 de marzo de 1991.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C – 169 de 14 de febrero de 2001, consideró que las comunidades
negras son destinatarias del Convenio núm. 169 porque, por una parte, comparten rasgos culturales y sociales
que los diferencian de los demás sectores sociales y, por la otra, tienen conciencia de la identidad colectiva.
209 Adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 y aprobado mediante la
Ley 21 de 4 de marzo de 1991.
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345. En concordancia con lo anterior, el artículo 7 ejusdem prevé que estos pueblos
deben tener derecho a: i) decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones,
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera; y ii)
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y
cultural. En consecuencia, los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos directamente.
346. La Corte Constitucional, en la sentencia T-376 de 18 de mayo de 2012210,
precisó que la intervención de las comunidades negras puede clasificarse en: i) la
simple participación, relacionada con su intervención en los órganos decisorios de
carácter nacional y la incidencia, a través de su organización, en los escenarios que
revistan interés para ellos; ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los
afecte directamente; y iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando una
política, norma, programa o proyecto genere una afectación intensa de sus
derechos, especialmente aquellos de carácter territorial.
347. De acuerdo con lo expuesto, el grado de participación de las comunidades
negras depende de la forma en que ellas resulten afectadas con la política, plan,
proyecto o norma.
348. En efecto, en el evento en que se adopte una decisión dirigida, de forma
general, a la población sin que afecte directamente a las comunidades negras, el
Estado debe garantizar espacios adecuados de simple participación. Por el
contrario, debe agotarse la consulta previa cuando la afectación sea directa y, en
consecuencia, la medida impacta de forma positiva o negativa sus derechos y
modifica su situación o posición jurídica211.
349. La Corte Constitucional ha considerado que el factor que determina la
procedencia de la consulta previa es la afectación directa; sobre el particular, en
sentencia C- 389 de 27 de julio de 2016, precisó lo siguiente:
“[…] actualmente, la Corte ha desarrollado un conjunto de estándares que permiten
evaluar al operador jurídico, si una medida, norma o proyecto afecta directamente a
los pueblos indígenas: (i) la afectación directa hace alusión a la intervención que una
medida (política, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los
210 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 18 de mayo de 2012, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
211 La Corte Constitucional ha desarrollado este concepto. Ver entre otras, sentencias T-376 de 18 de mayo de
2012, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa; C-389 de 27 de julio de 2016, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa;
y T-151 de 2 de abril de 2019, MP. Dr. José Fernando Reyes Cuartas.
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derechos de los pueblos indígenas o tribales; (ii) el hecho de que la medida se orienta
a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y (iii) la imposición de cargas o atribución de
beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición
jurídica; (iv) la interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del
pueblo concernido; y (v) se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con
especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente
212
diferenciados […]”213.
350. En este mismo sentido, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia de 1 de agosto de 2019, a partir del desarrollo constitucional, definió que
los asuntos que deben consultarse atienden dos niveles de afectación: “[…] i) uno
general que deriva por ejemplo de las políticas y programas que de alguna manera
conciernen a las comunidades indígenas y afrocolombianas y ii) uno directo que se
desprende de las medidas que puedan afectarlos específicamente. La Corte [t]ambién
ha dicho que debe consultarse siempre que exista una afectación directa sobre los
intereses del pueblo indígena involucrado, es decir cuando la comunidad vaya a ser
objeto de una intromisión intolerable en sus dinámicas sociales, económicas y
culturales […]”214.
351. Las consultas previas deben garantizar la participación activa y efectiva de las
comunidades interesadas, así como favorecer el entendimiento entre las partes y la
concertación de la medida que se adoptará. En caso de imposibilidad de acuerdo,
el Estado no puede implementar una medida irrazonable ni caprichosa toda vez que
tiene la obligación, de rango internacional, de ponderar los aspectos que afectan
directamente a la comunidad y adoptar una decisión con fundamento en los
principios que inspiran el Estado Social de Derecho.
352. Ahora bien, cuando la medida afecta de forma especial un derecho, como
sucede con traslado o reubicación excepcional de la comunidad negra, además de
la consulta previa, es necesario que el Estado obtenga el consentimiento previo,
libre e informado como una garantía reforzada de sus derechos. Se trata de dos
facetas del derecho de participación; “[…] mientras la consulta previa a las
comunidades indígenas es el estándar general, el consentimiento previo, libre e
informado es un estándar excepcional que procede en los eventos descritos por la
jurisprudencia constitucional y el derecho internacional, asociados al traslado o
212 Sentencias C-030 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-175 de 2009 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva. SV.
Cristina Pardo Schlesinger. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto y Nilson Pinilla Pinilla), C-371 de 2014 MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva, T-376/12 y T-766 de
2015 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SV. Gloria Ortiz Delgado).
213 C-389 de 27 de julio de 2016, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
214 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 1.º de
agosto de 2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 44001-23-40-000-2019-
00076-01(AC).
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reubicación de una comunidad, por amenaza de extinción física o cultural o uso de
215
materiales peligrosos en sus tierras y territorios […]”216.
353. Con fundamento en lo anterior, la Sala reitera que el cumplimiento de las
órdenes que se imparten en esta providencia por parte de las entidades obligadas
debe respetar y proteger los derechos de participación de la comunidad negra de
Santa Cruz del Islote.
354. Por otro lado, la Sala considera relevante hacer algunas precisiones
relacionadas con la propiedad colectiva de Santa Cruz del Islote que, si bien no
hace parte del objeto de la acción popular de la referencia, sí fue un aspecto al cual
se refirió el Tribunal en la sentencia apelada.
355. El Consejo de Estado se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre
situaciones relacionadas con los bienes que conforman el Archipiélago de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo. Así, por ejemplo, en sentencia de 6 de julio
de 2001217, la Sección Cuarta confirmó la orden dirigida al Instituto Colombiano de
Reforma Agraria - INCORA de dar cumplimiento a los numerales 14, 15, 16 y 17 del
artículo 12, los numerales 1, 2 y 3 del artículo 48 de la Ley 160 de 1994 e,
igualmente, los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 del Decreto 2664 de 1994, con
el objeto de que lleve a cabo el procedimiento de clarificación de la propiedad de la
Nación, el deslinde y la recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en el
Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, dentro del término
de los seis meses siguientes.
356. Posteriormente, el Consejo de Estado en ejercicio de su función consultiva
emitió un concepto el 12 de octubre de 2005218, en el que le respondió al Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Ley 1300 de 2003 y lo ordenado en la sentencia de acción de cumplimiento de 6 de
julio de 2001, al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER le
corresponde iniciar los procedimientos administrativos a que haya lugar,
establecidos en la Ley 160 de 1994 y en el Decreto 2664 del mismo año, con el fin
215 Sobre el tema, consultar las sentencias T-376 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-766 de 2015
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-197 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-766 de 2015 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-764 de 2015 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-661 de 2015
(MP. María Victoria Calle Correa), T-550 de 2015 (MP. Myriam Ávila Roldán), T-256 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez), C-371 de 2014 (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-969 de 2014 (MP. Gloria Stella Ortiz
Delgado) y C-068 de 2013 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
216 Corte Constitucional, sentencia SU-097 de 16 de febrero de 2017, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa
217 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 6 de julio de 2001, número único de radicación: 25000-23-
26-000-2001-0619-01 (ACU-935), C.P. Germán Ayala Mantilla.
218 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 12 de octubre de 2005, radicación número:
1685.
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de recuperar los bienes baldíos indebidamente ocupados, delimitar las tierras de
propiedad de la Nación y clarificar la propiedad de aquellos terrenos que no se
encuentren “cobijados” en la Resolución 4698 de 1984, confirmada mediante la
Resolución 4393 de 1986 expedida por el INCORA.
357. De igual modo, esta Sección se pronunció sobre la ocupación indebida de
los bienes de la Nación en áreas de los Archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo y su deterioro ambiental, al resolver el recurso de apelación en
el trámite de una acción popular que fue incoada para que se garantizara el dominio
público de las islas que conforman estos archipiélagos y el carácter imprescriptible
e inalienable de los bienes de la Nación. En la sentencia proferida el 24 de
noviembre de 2011219, la Sala confirmó la protección de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público, a la defensa
del patrimonio público, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible. Para lo cual, confirmó las órdenes impartidas en la sentencia de primera
instancia que dispusieron la elaboración del Modelo de Desarrollo Sostenible y la
formulación del Plan de Manejo del Área Marina Protegida.
358. Adicionalmente, ordenó que las demandadas deberán llevar a cabo un plan
conjunto en el que organicen mesas de trabajo con el fin de: i) realizar el control de
la contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de residuos sólidos
líquidos al mar, la sedimentación, la sobreexplotación de los recursos marinos y la
utilización de métodos de aprovechamiento que dañan la estructura de los
ecosistemas; ii) efectuar seguimiento a la violación de las normas ambientales; iii)
proyectar una acción conjunta con el Distrito de Cartagena contra la construcción
y/o modificación de la infraestructura turística y residencial de forma ilegal; y iv) un
programa de recuperación de manglares y arrecifes coralinos para el Área Marina
Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo.
359. Asimismo, entre otras órdenes adicionadas, dispuso que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se reúna con el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural – INCODER para que evalúen los contratos de arrendamiento y
determinen si estos se ajustan a los acuerdos sobre aprovechamiento temporal de
los terrenos que conforman las islas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario
y de San Bernardo, el Área Marina protegida y el Plan de Manejo de esta área.
219 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 24 de noviembre de 2011, número único de radicación:
25000-23-25-000-2003-91193-01(AP), C.P. María Elizabeth García González.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
360. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia
de 12 de octubre de 2017220, resolvió una acción de revisión agraria contra las
Resoluciones 692 y 694 de 2005, y 1155 y 1232 de 2006 proferidas por el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER. En esta sentencia, la Subsección
analizó los cargos de nulidad planteados contra las Resoluciones que dispusieron
la recuperación de las islas Grande (Buena Esperanza) y Pirata del archipiélago de
Nuestra Señora del Rosario (Resoluciones 692 del 28 de octubre de 2005 y 1155
del 6 de junio de 2006, respectivamente). Al respecto, consideró que los actos
administrativos objeto de revisión estaban “[…] acordes con el ordenamiento
jurídico, tanto en su aspecto formal como sustancial, ya que a través de los mismos
se busca garantizar que las islas Buena Esperanza (Isla Grande) y Pirata retornen
materialmente a la Nación y, por consiguiente, cese la ocupación indebida en
cabeza de los particulares, en los términos ordenados por el INCODER y por esta
jurisdicción en múltiples decisiones judiciales y conceptos […]”.
361. Ahora bien, la Sala precisa que lo relacionado con el reconocimiento de la
propiedad colectiva de Santa Cruz del Islote no fue un aspecto incluido en las
pretensiones de la demanda, por lo que no hace parte del objeto de la acción popular
de la referencia, ni se trata de un argumento de los recursos de apelación.
362. La Sala considera que en el caso objeto de estudio, adicionalmente, la parte
actora no acreditó la propiedad colectiva sobre el Islote221, por lo que la Sala se
abstendrá de realizar consideraciones al respecto, y en este específico punto,
prohíja lo manifestado por el Tribunal en la sentencia apelada, máxime cuando, se
reitera, este aspecto no fue objeto de los recursos de apelación.
363. El Tribunal consideró lo siguiente:
“[…] advierte la Sala una situación de falta de claridad respecto de la situación jurídica
de los terrenos del Archipiélago de San Bernardo dentro del cual se encuentra el Islote
de Santa Cruz; lo cual también fue puesto de presente por parte de los accionantes
en el documento de “Proyecciones del plan de vida de la comunidad negra de Santa
Cruz del Islote” visible a folio 1872 del expediente, en el cual se señala que hasta el
momento es inexistente el reconocimiento de la propiedad o titularidad colectiva sobre
el islote; asunto sobre el cual la Sala no se pronunciará, toda vez que desborda
220 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de octubre de 2017, número único de
radicación: 11001-03-26-000-2006-00056-00 (33213), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
221 Además, se allegó el Auto núm. 124 de 9 de septiembre de 2015 221, “Por el cual se ordena adelantar las
diligencias previas tendientes a establecer la procedencia o no de iniciar actuaciones administrativas de las
contempladas en el capítulo X y XI de la Ley 160 de 1994, respecto de los predios comprendidos dentro de los
territorios insulares de los archipiélagos de Islas del Rosario y San Bernardo, ubicados en el Municipio de
Cartagena de Indias, departamento de Bolívar”, que en su artículo primero dispuso adelantar las diligencias
previas correspondientes.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
los fines de la acción popular, la cual se centra en la controversia que existe
respecto a la vulneración de los derechos colectivos que fueron invocados
como vulnerados por los accionantes […]”. (Destacado fuera de texto).
Sobre la pertinencia y proporcionalidad de las órdenes impartidas por el
Tribunal para la protección de los derechos e intereses colectivos de la
comunidad de Santa Cruz del Islote.
364. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 dispone que “[…] [L]a sentencia que acoja
las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una orden
de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado
daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que
los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las
cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando
fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera
precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante […]”.
365. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 222, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible (Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
366. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]223”.
222 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
223 Ibidem pie de página 79.
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367. Ahora bien, el artículo 31 de la Constitución Política establece que toda
sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que prevea
la ley; no obstante, dispone que el superior no podrá agravar la pena impuesta
cuando el condenado sea apelante único. Este principio del derecho denominado
non reformatio in pejus conlleva a que el juez de segunda instancia deba
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos en la
ley.
368. Sin embargo, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el superior puede resolver sin
limitaciones.
369. Por regla general, el principio de congruencia 224, entendido como la armonía
que debe existir entre la parte motiva y la parte resolutiva de la sentencia –
congruencia interna–, y la concordancia entre la providencia judicial y lo pedido por
las partes tanto en la demanda como en el escrito de contestación –congruencia
externa–; conlleva a que el juez en la sentencia no pueda decidir sobre puntos no
sometidos al litigio o respecto de una causa petendi distinta a la señalada por las
partes (extra petita) ni más de lo pedido (ultra petita). Esto constituye una garantía
del derecho fundamental al debido proceso y guarda coherencia en lo que respecta
al deber de las partes en un sistema dispositivo.
370. No obstante, en las acciones populares, por expresa disposición del artículo
34 de la Ley 472 de 1998, la sentencia debe contener las órdenes necesarias para
asegurar la protección de los derechos o intereses colectivos que se consideren
vulnerados, aun cuando no hayan sido objeto de las pretensiones de la
demanda porque este mecanismo constitucional goza de una relevancia jurídica
colectiva y, en consecuencia, excede el interés particular de la parte demandada.
371. En tal sentido, en materia de acciones populares, el juez tiene la potestad
de proferir pronunciamientos extra petita y ultra petita, a partir de la flexibilización
del principio de congruencia, a efectos de que pueda “[…] impartir con amplio
margen de suficiencia determinadas órdenes encaminadas a proteger los derechos
colectivos que encuentre amenazados o vulnerados en el caso concreto […]”225.
224 El artículo 281 de la Ley 1564 de 2012 establece este principio.
225 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de febrero de 2024, C.P. María Adriana
Marín, número único de radicación: 15001-23-33-000-2020-00036-01 (67705) (AP).
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372. Al respecto, la Sala Especial de Decisión número 6 del Consejo de Estado,
en la sentencia de unificación de 5 de junio de 2018226, consideró que, en las
acciones populares, por disposición legal el juez está facultado para impartir las
órdenes necesarias para garantizar los derechos e intereses colectivos.
373. De igual modo, destacó que la Corporación ha aceptado que el juez de la
acción popular haga uso de sus facultades para proferir fallos extra y ultra petita,
incluso para amparar derechos colectivos no aludidos expresamente por el actor
popular. Sobre el particular, la Sala señaló lo siguiente:
“[…] “[A]unque constituye un requisito de la demanda indicar el derecho o interés
colectivo amenazado o vulnerado y que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de
2011 se introdujo como requisito de procedibilidad para el ejercicio del medio de
control para la protección de los derechos e intereses colectivos ‘solicitar a la
autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las
medidas necesarias de protección al derecho o interés colectivo amenazado o
violado’, ello no obsta para que el juez, en el trámite del proceso al encontrar
vulnerado un derecho o interés colectivo diferente a los enunciados por el actor
inicialmente pueda emitir órdenes tendientes a su protección […]”.
374. Adicionalmente, en la sentencia de unificación en cita se admitió que tales
prerrogativas permiten al juez pronunciarse sobre hechos adicionales a los
expuestos en la demanda “[…] siempre que se relacionen con la acción u omisión
demandada inicialmente y en general con la causa petendi […]”.
375. El límite de esta facultad en acciones populares está determinado por la
garantía del derecho al debido proceso, puntualmente, por el derecho de defensa
en lo que atañe al extremo pasivo del litigio, de tal suerte que la parte no sea
sorprendida por la decisión adoptada en la sentencia, sino que, por el contrario,
haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y derechos nuevos227.
Sobre las órdenes para proteger los derechos colectivos amparados
376. La Sala considera que las órdenes que se imparten en esta providencia
deben ser cumplidas por las autoridades competentes teniendo en cuenta la
necesidad de proteger los derechos e intereses colectivos de la comunidad de Santa
Cruz del Islote, la participación de la comunidad negra que habita el Islote en las
226
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sala Especial de Decisión N° 6. Sentencia de
unificación del 5 de junio de 2018, exp. N° 15001-33-31-001-2004-01647-01. C.P.Carlos Enrique Moreno Rubio.
227 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de octubre de 2022, número único de radicación:
66001233300020150003802. Igualmente, la sentencia de la misma fecha, con número de radicación:
63001233300020170003001. Reiterada en la sentencia de 26 de enero de 2023, número único de radicación:
85001233300020180000701. Todas, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
decisiones que los afecten y la ubicación de ese territorio en la zona de influencia
de un área protegida del orden nacional.
377. Asimismo, las órdenes que se imparten en esta providencia tienen por
objeto que las autoridades competentes incluyan en su agenda pública el problema
ambiental, de acceso y prestación de servicios públicos domiciliarios, de salubridad
y de gestión del riesgo en que se encuentra la comunidad que habita Santa Cruz
del Islote.
378. Lo anterior, con el fin de que se brinden soluciones al problema mediante el
diseño, formulación e implementación de políticas públicas que protejan el
ambiente, garanticen la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, se
asegure la salubridad pública y se proteja la vida de las personas que habitan ese
territorio ante riesgos de la naturaleza.
379. Igualmente, se garantice la participación de los habitantes, a través del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote.
380. La Sala con el objeto de proteger los derechos e intereses colectivos de la
comunidad de Santa Cruz del Islote modificará y adicionará las órdenes impartidas
en primera instancia por el Tribunal, para lo cual, inicialmente se hará referencia a
las órdenes relacionadas con la gestión del riesgo de desastres en esa zona insular
y, posteriormente, a las órdenes referidas a la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios y al servicio de salud.
Prevención de desastres previsibles técnicamente
381. El Tribunal, para garantizar este derecho e interés colectivo, le ordenó al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la participación de la
comunidad de Santa Cruz del Islote, atienda las necesidades de las personas que
habitan la Isla y prevea el riesgo de un Tsunami y la adaptabilidad para evitar los
efectos negativos del cambio climático.
382. Sin embargo, la Sala considera que la orden indicada no brinda solución
adecuada a la problemática expuesta, toda vez que esta exige una gestión del
riesgo integral, de acuerdo con lo probado en el proceso.
383. En consecuencia, la Sala adicionará la sentencia proferida, en primera
instancia, con el objeto de mejorar el proceso de gestión de riesgo, teniendo en
cuenta la relación que tiene la comunidad de Santa Cruz del Islote con su territorio
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y el principio de diversidad cultural. Por ello, las entidades encargadas de cumplir
las órdenes judiciales que se indican a continuación deben ser respetuosas de las
particularidades de la comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de
la misma.
384. En este contexto, se ordenará al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias que con la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
Santa Cruz del Islote, y con el apoyo del Departamento de Bolívar y de CARDIQUE,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el
término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, adelanten los estudios actualizados de riesgo y el censo
poblacional de Santa Cruz del Islote, con el fin de determinar si se encuentra en
una zona de riesgo no mitigable y si es necesaria la reubicación de la población.
385. En el evento que durante el proceso de la gestión del riesgo se concluya
técnicamente que hay un alto y grave riesgo de desastre no mitigable en Santa
Cruz del Islote debido, entre otros, a eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, el Distrito, en
coordinación con las demás autoridades accionadas competentes, en el marco de
sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, y con la participación de
la comunidad de Santa Cruz del Islote, deberá formular opciones de traslado y
reubicación de la población, lo cual se podrá efectuar mediante una consulta
previa y con su consentimiento dado libremente y con el pleno conocimiento de
causa, según sus costumbres y tradiciones, siguiendo los lineamientos del artículo
16 del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países
independientes228.
386. Además, la Sala considera que dentro de las medidas para proteger el derecho
e interés colectivo a la prevención de desastres previsibles técnicamente se
encuentran aquellas destinadas a reducir las condiciones de amenaza y la
vulnerabilidad ocasionadas por las condiciones de las viviendas en Santa Cruz del
Islote toda vez que, de acuerdo con las pruebas, algunas se encuentran en situación
crítica y otras con amenaza de colapso inmediato. En consecuencia, la Sala
adicionará la sentencia en el siguiente sentido:
228
Adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 y aprobado mediante la
Ley 21 de 4 de marzo de 1991
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
387. Ordenar al Distrito que con la participación del Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, en el término de seis (6) meses,
contados desde la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, elabore un
proyecto que permita el desarrollo de modelos de viviendas subsidiados que sean
acordes con los riesgos que se pueden presentar en Santa Cruz del Islote, así como
con sus condiciones biofísicas, la identidad cultural de sus habitantes y su situación
socioeconómica. Este proyecto debe contener los términos y plazos para la
ejecución del mismo y su forma de financiación.
388. Ordenar al Distrito que actualice el censo de las familias que habitan las
viviendas en Santa Cruz del Islote que se encuentran en alto riesgo.
389. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es no mitigable,
el Distrito deberá adelantar las gestiones a que haya lugar para reubicar a las
familias que habitan viviendas en alto riesgo no mitigable como medida provisional
mientras se ejecuta el plan de vivienda subsidiado.
390. La Sala precisa que la reubicación de familias que habitan en viviendas en
riesgo de colapso, indicada supra, es diferente a la orden de traslado y reubicación
excepcional de la comunidad.
391. En tanto se cumplen las anteriores órdenes, a partir de la fecha de ejecutoria
de esta sentencia, el Distrito deberá realizar un monitoreo permanente de las
viviendas que se encuentran en riesgo de colapso y adoptar las medidas que se
requieran ante una eventual emergencia.
392. La Sala, con el objeto de garantizar que la beneficiaria de estas medidas sea
la comunidad de Santa Cruz, ordenará al Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de Santa Cruz del Islote y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias que, en el término de quince (15) días contado a partir de la ejecutoria de
esta providencia, adopten un mecanismo dirigido a evitar que personas o familias
que no formen parte de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote y que no
residan en este territorio reciban los subsidios y beneficios a los que se hizo
referencia de forma previa.
393. En caso de que el riesgo sea mitigable y no suponga la reubicación de la
población, y con el fin de garantizar una adecuada planeación del territorio teniendo
en consideración la gestión del riesgo de desastres, se modificará el ordinal quinto
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
de la sentencia apelada en el sentido de ordenar al Distrito de Cartagena, en el
término de doce (12) meses, contado a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, que formule y concerte con el respectivo Consejo de Gestión
del Riesgo, un plan de gestión de riesgo de desastres para Santa Cruz del Islote
y una estrategia para la respuesta a las emergencias que allí ocurran,
atendiendo el principio de diversidad cultural y los lineamientos previstos en la Ley
1523 de 2012.
394. En el Plan de Gestión se debe: i) tener en cuenta las características biofísicas,
geográficas y socio-ambientales de Santa Cruz del Islote y, especialmente, las
condiciones de las viviendas, así como la situación de hacinamiento; y ii) determinar
las clases de riesgos o amenazas generadas por la forma como se ha extendido el
tamaño del islote, a través del proceso de “terrenos calzados”.
395. Cumplida la orden anterior, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, en el término de un mes, deberá incorporar al Plan Distrital de Gestión de
Riesgos de Desastres el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres de Santa Cruz
del Islote.
396. La Sala, con el objeto de evitar la concreción de los riesgos que se pueden
generar por la forma como se ha extendido el tamaño del Islote, le ordenará al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la participación del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote , en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el término
máximo de doce (12) meses, contado desde la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, elabore un proyecto dirigido a controlar y regular, de forma
eficiente y eficaz, el crecimiento físico del islote y a promover el desarrollo
espacial sostenible, en el marco de una planificación física que permita
condiciones de vida digna. Este proyecto debe tener en cuenta las relaciones
especiales que tiene la comunidad negra con su territorio y atender la diversidad
étnica y cultural.
397. Una vez elaborado el proyecto, en el término de un mes, el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias deberá coordinar su ejecución.
398. También se ordenará al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
que, en el término de seis (6) meses, contado a partir del cumplimiento de la orden
anterior, incorpore en el plan de desarrollo y de ordenamiento territorial las
consideraciones sobre desarrollo seguro y ordenado en Santa Cruz del Islote
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derivadas de la gestión del riesgo en esa zona, así como los programas y proyectos
prioritarios para estos fines.
399. Comoquiera que para la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo
territorial adecuado es necesario conocer con exactitud el crecimiento poblacional
en Santa Cruz del Islote, la Sala le ordenará al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias que, con el apoyo del Consejo Comunitario de la Comunidad
Negra de Santa Cruz del Islote, realice una proyección del crecimiento de la
población dentro de los próximos diez (10) años. Lo anterior en el término de seis
(6) meses, contados desde la elaboración de los estudios actualizados de riesgo.
400. El ente territorial, una vez cumpla la orden anterior, en el término de seis (6)
meses, deberá formular los programas y proyectos necesarios para garantizar un
desarrollo ordenado y sostenible en ese territorio.
401. De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, a las
corporaciones autónomas regionales les corresponde apoyar las labores de gestión
del riesgo referidas a la sostenibilidad ambiental del territorio, la Sala le ordenará a
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE que en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y
subsidiaridad positiva: i) apoye al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
en la implementación de los procesos de gestión de riesgo en Santa Cruz del Islote
y en los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; y ii)
realice actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en
Santa Cruz del Islote, en coordinación con el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, así como con las autoridades competentes; asimismo, deberá
asistirlas en aspectos medio ambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres en Santa Cruz del Islote.
402. Ahora bien, teniendo en cuenta que, de conformidad con el Decreto 1066 de
2015, a las juntas de los consejos comunitarios de las comunidades negras les
corresponde proponer los planes de desarrollo económico, social y cultural, la Sala
instará al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote
para que elabore un plan de desarrollo que permita la construcción social y cultural
de su realidad de acuerdo con sus necesidades, de tal forma que sea posible lograr
condiciones de vida digna, mejorar su calidad de vida y el respeto de su diversidad.
403. Además de lo expuesto, la Sala considera necesario precisar que el Tribunal,
en relación con la gestión del riesgo de desastres, instó a la Dirección General
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Marítima “[…] para que apoye en lo de su competencia y conocimiento la
formulación de gestión del riesgo anteriormente señalado en los términos de la Ley
1523 de 2012 […]”229.
404. El artículo 1 del Decreto 1338 de 27 de julio de 2018230, designó al Ministerio
de Defensa Nacional – Dirección General Marítima – DIMAR – Centro de Monitoreo
Multiamenazas de Origen Marino como Punto Focal de Alerta contra los tsunamis y
Centro Nacional de Alerta contra los tsunamis, con el fin de monitorear y evaluar la
posibilidad de generación de tsunamis por eventos sísmicos, así como recibir y
transmitir la información técnica de los mismos a los Centros Internacionales de
Alerta de Tsunami y a la Unidad Nacional para la información de riesgos de
desastres.
405. El numeral 4 del artículo 2 ejusdem señaló que la Dirección General Marítima
-DIMAR como Punto Focal de Alerta contra los Tsunamis y Centro Nacional de
Alerta contra los Tsunamis tiene competencia para “[…] prestar en coordinación con
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, asesoramiento técnico y acompañamiento en lo de su competencia, a
departamentos y municipios costeros con el fin de implementar en ellos, de forma
articulada, los procesos de la gestión del riesgo por Tsunami […]”.
406. Teniendo en cuenta esta competencia, la Sala modificará el ordinal sexto de
la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de
ordenarle al Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima – DIMAR
• Centro de Monitoreo Multiamenazas que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, acompañe y asesore técnicamente al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la gestión del riesgo por
Tsunami en Santa Cruz del Islote.
Servicio de acueducto y alcantarillado
407. El Tribunal, para la protección de los derechos e intereses colectivos
indicados, en primer término, le ordenó al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, en coordinación con la comunidad, la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia y Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.: i) la
formulación de un proyecto para la prestación del servicio público esencial de
229 Cfr. Folio 2825 vto., cuaderno 6
230 “Por el cual se designa el Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis y Punto Focal de Alerta contra los
Tsunamis y se dictan otras disposiciones”
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agua potable en Santa Cruz del Islote, en el término de seis (6) meses; y ii) la
ejecución del proyecto en un plazo máximo de dos (2) años contados a partir de
su formulación.
408. Asimismo, le ordenó al ente territorial, en coordinación con la comunidad, la
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia y Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P.: i) la formulación de un proyecto para la prestación del
servicio de alcantarillado, en el término de seis meses; y ii) la ejecución del proyecto
en un plazo máximo de dos años contados a partir de su formulación.
409. En segundo lugar, le ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que
apoye la formulación y la ejecución de los proyectos dirigidos a la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillado, en los términos de los
numerales 9 a 14 del artículo 2 del Decreto 3571 de 27 de septiembre de 2011 231.
410. La Sala considera que el ente territorial, para la financiación de los proyectos
y su ejecución, podrá acudir a los diferentes instrumentos señalados en el
ordenamiento jurídico, como el previsto en el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 y
en la Resolución 1063 de 30 de diciembre de 2016232 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en virtud del cual la Nación presta apoyo financiero
para el desarrollo de proyectos del sector agua potable y saneamiento básico,
relacionados con lo siguiente233:
410.1 Diagnósticos técnicos e institucionales.
410.2 Formulación e implementación de esquemas organizacionales para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o
aseo; incluye la formulación de esquemas regionales para todos o alguno de los
componentes de los servicios públicos domiciliarios.
410.3 Acciones de fortalecimiento institucional de los prestadores de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo en sus diferentes procesos
funcionales: institucional, legal, administrativo, comercial, financiero, operativo y
técnico. Cuando se presenten condiciones que pongan en riesgo la prestación de
231 “Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”.
232 "Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector
de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que
han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se
dictan otras disposiciones".
233 Artículo 6.º de la Resolución 1063 de 2016.
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los servicios, la Nación podrá financiar las actividades de acompañamiento a la
gestión de la prestación de los servicios públicos. Para proyectos rurales se podrá
financiar el diseño y construcción de la sede administrativa para el funcionamiento
de la entidad prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo,
(cuando no se cuenta con ella, siempre que el predio para su construcción y el activo
producto de la ejecución del proyecto queden como propiedad del municipio. La
infraestructura podrá tener un área máxima de 50 m2), incluida la dotación de la
misma, siempre y cuando el proyecto incluya la creación de una empresa de
servicios públicos o el fortalecimiento institucional de la misma.
410.4 Pre inversión en estudios, diseños e interventoría (técnica, administrativa,
financiera y ambiental) de los mismos.
410.5 Construcción, ampliación, optimización, reconstrucción y rehabilitación de
sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, canalizaciones dentro del
perímetro sanitario de los municipios, diques o muros asociados a riesgo en los
componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y sistemas de
regulación, siempre y cuando su finalidad sea la de asegurar el abastecimiento de
agua para el sistema de acueducto o regular el sistema de alcantarillado pluvial.
410.6 Conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado para población
de estratos 1 y 2, incluidas las zonas rurales, para lo cual se deberá dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente.
410.7 Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de disposición final,
tratamiento y/o aprovechamiento de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados y
gases. Incluye cierre, clausura y pos clausura de botaderos a cielo abierto y celdas.
410.8 Gestión de riesgos de los diferentes componentes de los sistemas de
acueducto, alcantarillado y/o aseo.
410.9 Proyectos de pre inversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción,
prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado
y/o aseo que se vean afectados por cualquier situación de desastre.
410.10 Equipos requeridos para la operación de los sistemas de acueducto,
alcantarillado y/o aseo, incluyendo equipamiento para modernizar sistemas de
barrido, recolección y transporte de residuos sistemas alternativos de generación
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eléctrica y eficiencia energética para proyectos de agua potable y saneamiento
básico.
410.11 Actividades de pos construcción para la puesta en marcha y/o pruebas de
funcionamiento de la infraestructura construida para los sistemas de acueducto,
alcantarillado y aseo. Este componente solamente será financiable cuando esté
asociado a un proyecto de infraestructura.
410.12 Proyectos vinculados a esquemas diferenciales para la prestación de
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales, zonas de
difícil acceso, áreas de difícil gestión y áreas de prestación, en las cuales por
condiciones particulares no puedan alcanzarse los estándares de eficiencia,
cobertura y calidad establecidos en la ley.
411. La Sala reconoce que el suministro de agua potable de forma continua, así
como la calidad y sostenibilidad requiere de una organización y gestión eficiente
de los entes territoriales y de la comunidad, de acuerdo con la Política para el
Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural, CONPES 3810
de 2014234 y el Plan Director de Agua y Saneamiento Básico – Visión Estratégica
2018-2030 del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio235.
412. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia proferida, en primera
instancia, para ordenarle al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en el
término de doce (12) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable,
realice una planeación sectorial de agua potable y saneamiento básico que
permita, con la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
Santa Cruz del Islote, mediante consulta previa: i) la formulación de proyectos y
acciones a corto, mediano y largo plazo dirigidos a garantizar la prestación de estos
servicios en Santa Cruz del Islote de forma continua, con calidad y sostenibilidad236;
ii) el desarrollo territorial planificado en materia de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico; y iii) la implementación de soluciones tecnológicas apropiadas
234 http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3810%20-%202014.pdf.
235 http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/Plan%20Director.pdf.
236 Dirigida satisfacer la demanda de agua potable de las próximas generaciones.
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para esta zona insular, teniendo en cuenta el contexto geográfico, económico, social
y cultural.
413. La Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de ordenarle al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias: i) brinde asistencia técnica al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el diseño, formulación e
implementación de las políticas públicas de agua potable y saneamiento básico en
Santa Cruz del Islote; y ii) diseñe y promueva programas especiales de agua
potable para Santa Cruz del Islote, en coordinación con el Distrito, en el término de
12 meses contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo,
en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable,.
414. Además, ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -
CARDIQUE que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias: i) brinde apoyo al Distrito de Cartagena en la planeación sectorial
de agua potable y saneamiento básico; ii) contribuya con la financiación de las obras
de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección o
recuperación del medio ambiente, específicamente, en relación con el manejo de
aguas residuales en Santa Cruz del Islote; y iii) promueva y ejecute programas de
abastecimiento de agua en Santa Cruz del Islote, en coordinación con las demás
entidades.
415. Mientras las autoridades competentes llevan a cabo las medidas de solución
definitivas para abastecer de agua potable a la población de Santa Cruz del Islote,
con el propósito de garantizar que el Distrito de Cartagena suministre agua potable
en Santa Cruz del Islote, de forma continua y en condiciones de salubridad, mientras
se implementa la solución definitiva, la Sala adicionará la sentencia proferida el 2
de agosto de 2018, en los siguientes términos:
416. Ordenar al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que en el
término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la elaboración de los
estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es
mitigable, elabore un plan de gestión que contenga: i) la identificación de los
patrones de consumo de agua semanal en Santa Cruz del Islote, con el objeto de
determinar las necesidades de la población en este aspecto; ii) la cantidad de agua
que debe ser transportada a Santa Cruz del Islote y la periodicidad; ello con el
objeto de evitar desabastecimiento; iii) el medio de transporte que utilizará el ente
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territorial para suministrar el agua a los habitantes de Santa Cruz del Islote; iv) la
planificación del proceso de contratación del servicio de transporte de agua a Santa
Cruz del Islote, en caso que el ente territorial no cuente con los medios para
transportar el agua directamente; y v) la forma como garantizará la salubridad en el
transporte y almacenamiento de agua en Santa Cruz del Islote.
417. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias debe iniciar la ejecución
del plan de gestión en el término máximo de 15 días, contado a partir del
vencimiento del plazo para su elaboración.
418. Mientras se lleva a cabo el plan de gestión y su implementación, se le ordenará
al Distrito que continúe provisionando de agua potable a la población de Santa Cruz
del Islote mediante el envío periódico que garanticen el abastecimiento en términos
de calidad y cantidad.
419. Asimismo, la Sala modificará la sentencia para ordenarle al Departamento
Administrativo Distrital de Salud que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, cada tres meses: i) analice muestras del
agua suministrada a los habitantes de Santa Cruz del Islote, con el objeto de
determinar si atiende la normativa sobre la calidad de agua para el consumo
humano; ii) vigile las características físicas, químicas y microbiológicas del agua
suministrada por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a los
habitantes de Santa Cruz del Islote; y iii) practique visitas de inspección sanitaria a
los medios de transporte de agua y al tanque de almacenamiento de agua en Santa
Cruz del Islote.
420. La Sala con el objeto de precisar las responsabilidades a cargo del
departamento de Bolívar modificará el numeral 6 del ordinal segundo de la sentencia
impugnada en el sentido de ordenarle a ese ente territorial que, en coordinación con
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, diseñe un mecanismo que le
permita cumplir con la obligación de apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas de servicios públicos y al Distrito en los
programas y proyectos destinados a prestar servicios públicos domiciliarios en
Santa Cruz del Islote. Lo anterior en el término de 4 meses contados a partir de la
elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que
el riesgo es mitigable.
421. La Sala precisa que, en todo caso, corresponderá al Distrito de Cartagena
establecer el esquema que utilizará para garantizar la prestación eficiente y
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oportuna de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el
Islote, ateniendo a la ubicación y a la clasificación que en el ordenamiento territorial
de Cartagena tiene el territorio insular de Santa Cruz del Islote, para lo cual podrán
prestarse estos servicios bajo esquemas diferenciales o alternativos, en el evento
en que no puedan prestarse los servicios públicos domiciliarios de manera
convencional.
Servicio público de aseo
422. El Tribunal ordenó al Distrito de Cartagena: i) la formulación de un proyecto
para la disposición de residuos y la prestación del servicio de aseo, en el término de
seis (6) meses; y ii) la ejecución del proyecto en un plazo máximo de dos (2) años
contados a partir de su formulación.
423. La Sala considera que la formulación de proyectos para garantizar la
prestación de los servicios públicos es una solución idónea en el caso sub examine
teniendo en cuenta las condiciones especiales de Santa Cruz del Islote.
424. Sin embargo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las órdenes
judiciales, la Sala la modificará en el sentido de ordenar al Distrito de Cartagena, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en
coordinación con las entidades competentes, así como con la participación del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, a través de
consulta previa, que:
425. Formule un proyecto que permita realizar una gestión adecuada de los
residuos sólidos en Santa Cruz del Islote, teniendo en cuenta su contexto
geográfico, económico, social y cultural, en el término de doce (12) meses, contados
a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se
concluya que el riesgo es mitigable.
426. Este proyecto deberá contener programas y acciones a corto, mediano y largo
plazo dirigidas a garantizar la prestación de este servicio en condiciones de
continuidad y calidad y que permitan el desarrollo de soluciones tecnológicas
apropiadas para la gestión de residuos sólidos en esta zona insular, así como la
gestión adecuada e integral de residuos peligrosos en Santa Cruz del Islote.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
427. El proyecto deberá ser incorporado al Plan para la Gestión Integral de
Residuos o desechos sólidos del Distrito de Cartagena.
428. El ente territorial tendrá un plazo de doce (12) meses para iniciar la ejecución
del proyecto de gestión de residuos sólidos en Santa Cruz del Islote, contado a partir
de su formulación.
429. Además, se ordenará al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, brinde
asistencia técnica al Distrito de Cartagena para el diseño, formulación e
implementación de las políticas públicas de aseo en Santa Cruz del Islote.
430. Asimismo, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique - CARDIQUE que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias, participe en el proceso de planificación para la gestión adecuada
de los residuos sólidos a cargo del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en el proyecto que se
formule.
431. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas, la falta de una infraestructura
adecuada en este sector conlleva a que los habitantes de Santa Cruz del Islote
manejen los residuos sólidos de forma inadecuada, lo cual, a su vez, ha generado
impactos ambientales negativos237. En efecto, según el documento denominado
“Establecimiento de un Sistema de Monitoreo Socioeconómico para el Parque
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo – sector San Bernardo, Caribe
Colombiano” del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives
de Andréis, “[…] el 64% de las viviendas visitadas arrojan directamente al mar la
basura que producen […]. En opinión de gran parte de los habitantes tales formas
de disposición no revisten ninguna problemática pues “de todas maneras la
corriente se lleva las basuras” […]”238.
432. En consecuencia, la Sala, con el objeto de reforzar la educación de la
comunidad en materia ambiental y el manejo de residuos sólidos, modificará la
sentencia proferida, en primera instancia, en el siguiente sentido:
237 “Establecimiento de un Sistema de Monitoreo Socioeconómico para el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y San Bernardo – sector San Bernardo, Caribe Colombiano” del Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andréis. Folio 22.
238 Cfr. Folio 28.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
433. Ordenar al Distrito de Cartagena que, en el término máximo de seis (6) meses,
contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso
de que se concluya que el riesgo es mitigable, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, diseñe un plan permanente de educación
ambiental y de gestión de residuos sólidos con énfasis en el aprovechamiento y
reciclaje de los residuos, así como en la minimización del uso del plástico, dirigido
a los habitantes de Santa Cruz del Islote.
433.1 Ordenar al Distrito de Cartagena que, en el término máximo de un mes
contado a partir del cumplimiento de la orden anterior, inicie la ejecución del plan
permanente de educación ambiental dirigido a los habitantes de Santa Cruz del
Islote.
433.2 Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –
CARDIQUE que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, asesore al Distrito de Cartagena en el diseño y formulación del plan
de educación ambiental.
434. Considerando que en el expediente no obran pruebas que permitan concluir
que la autoridad con funciones policivas y sancionatorias en materia ambiental ha
cumplido de forma eficiente y eficaz sus funciones en relación con la protección del
medio ambiente en el área de su jurisdicción y con la evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y demás recursos naturales
renovables en Santa Cruz del Islote, la Sala adicionará la sentencia en el siguiente
sentido:
435. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en
el término máximo de un mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,
inicie los procesos administrativos sancionatorios que a su juicio sean necesarios,
en los términos previstos en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 239, modificada por
la Ley 2387 de 2024240, por el manejo inadecuado de los residuos sólidos en Santa
Cruz del Islote. En caso de encontrar probada la infracción ambiental, la entidad
deberá determinar las medidas de compensación, mitigación y corrección a que
hubiere lugar, así como el término perentorio en el que las investigadas deberán
realizarlas.
239 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
240
“[…] POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL, LEY
1333 DE 2009, CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA PREVENIR Y
SANCIONAR A LOS INFRACTORES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES […]".
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
Impacto ambiental causado por las deficiencias del servicio público de
saneamiento en Santa Cruz del Islote
436. Aunque la parte actora no solicitó expresamente en la demanda la protección
del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, la Sala encuentra que
la deficiente prestación de servicios públicos en Santa Cruz del Islote, en especial,
de saneamiento básico, ha generado un impacto ambiental negativo.
437. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido que “[…]
la protección del medio ambiente es un tema transversal que tiene como gran
garante al Estado, pero que, sin duda, termina involucrando a todas las personas
(naturales y jurídicas) que habitan y coexisten en el sistema nacional y mundial
[…]”241. En efecto, el desarrollo social y económico adecuado y planificado, exige la
protección del medio ambiente, así como la adopción de políticas encaminadas a
promover el crecimiento de la población y asentamientos humanos que no
deterioren el medio ambiente o afecten el derecho de las generaciones futuras a
utilizar los recursos naturales renovables para la satisfacción de sus necesidades.
438. Así las cosas, resulta fundamental que se aborde el estudio de esta
problemática por su relación inescindible con los hechos probados en el caso sub
examine.
439. La Oficina de Gestión de Riesgo Distrital, con ocasión de la inspección técnica
de gestión de riesgo que realizó a Santa Cruz entre el 16 y 19 de abril de 2015,
destacó el impacto ambiental negativo por las basuras arrojadas al mar, de las
aguas residuales domésticas242, así como de los residuos sólidos en las calles y en
la orilla del mar; y precisó que estos factores conllevan a la contaminación de los
ecosistemas243. Asimismo, en el dictamen pericial se indicó que la disposición final
inadecuada de los residuos sólidos afecta los suelos y el mar244.
440. Aunado a lo anterior, la Sala considera que la protección del derecho colectivo
al goce de un ambiente sano resulta necesaria teniendo en cuenta que Santa Cruz
del Islote está ubicada en la zona de influencia del Parque Nacional Natural
Corales del Rosario y San Bernardo, área protegida por su importante valor
241 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de marzo de
2019, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 17001-23-00-000-2011-00337-
01(AP).
242 Cfr. Folios 1433 a 1563.
243 Cfr. Folio 1442, cuaderno 3.
244 Cfr. Folio 2174.
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
ambiental sobre la cual se está generando presión afectando el ecosistema
marino como consecuencia del inadecuado manejo de los residuos líquidos y
sólidos en el Islote.
441. En este contexto, la Sala, con el objeto de proteger el derecho e interés
colectivo al medio ambiente sano, adicionará la sentencia proferida, en primera
instancia, para ordenarle al Distrito de Cartagena que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el término de seis (6)
meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, elabore un
proyecto ambiental dirigido a proteger el medio ambiente y los recursos naturales
renovables en Santa Cruz del Islote, así como a mitigar el impacto ambiental
generado por la ausencia de un sistema de alcantarillado y el manejo inadecuado
de los residuos en ese Corregimiento.
442. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias deberá ejecutar el
proyecto ambiental en el término establecido en el mismo e informar al Tribunal
sobre las acciones que lleve a cabo para su implementación.
443. Asimismo, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique - CARDIQUE y a Parques Nacionales Naturales que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, asesoren al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la elaboración del proyecto ambiental.
La Sala precisa que si bien la autoridad ambiental en la zona es CARDIQUE, no
puede perderse de vista que el Islote se encuentra en el área de influencia del
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.
444. Además, el Distrito con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique y la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
de Santa Cruz del Islote, deberá realizar un estudio dirigido a determinar y
caracterizar los daños que han sufrido los recursos naturales y el medio ambiente
como consecuencia de los vertimientos, así como el inadecuado manejo de los
residuos líquidos y sólidos en Santa Cruz del Islote. Esta orden judicial deberá ser
cumplida en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
445. El Distrito, dentro de los seis (6) meses siguientes al cumplimiento de la orden
anterior, con la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de
Santa Cruz del Islote, mediante consulta previa, deberá elaborar un proyecto de
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Núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2012-00278-03
descontaminación, de acuerdo con los resultados del estudio sobre daños
ambientales.
446. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias deberá ejecutar el
proyecto de descontaminación en el término que se establezca en el mismo e
informar al Tribunal sobre las acciones que lleve a cabo para su implementación.
447. La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique deberá apoyar al
Distrito en la ejecución del proyecto para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias.
448. Se ordenará al Departamento de Bolívar que brinde apoyo presupuestal,
técnico, financiero y administrativo al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique en la ejecución
del proyecto ambiental, relacionado con la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
449. Asimismo, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique - CARDIQUE que, de forma eficiente y eficaz, ejerza las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo y demás
recursos naturales renovables en Santa Cruz del Islote.
450. Por último, la Sala considera necesario instar a la Comunidad de Santa Cruz
del Islote para que adopten prácticas idóneas y garanticen los ecosistemas que
rodean a Santa Cruz del Islote, mediante el uso y explotación adecuada de los
recursos naturales, así como para que contribuyan con las autoridades en la
defensa de ese patrimonio.
Servicio de energía eléctrica
451. El Tribunal, en la sentencia proferida, en primera instancia, ordenó al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias la formulación de un proyecto para la
prestación de energía eléctrica “[…] que incluya un cronograma preciso de
actividades con plazos de ejecución […]”, en concurrencia con Parques Nacionales
Naturales de Colombia, los representantes de la Comunidad de Santa Cruz del
Islote y la Electrificadora del Caribe S.A. –Electricaribe- o la empresa que en su
reemplazo preste el servicio de energía eléctrica.
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452. Sin embargo, la Sala considera que esta orden no atiende las necesidades de
la población en materia de prestación del servicio de energía ni tiene en cuenta la
ejecución del proyecto energético sostenible en Santa Cruz del Islote.
453. En consecuencia, se modificará el numeral 4 del ordinal segundo de la
sentencia proferida, en primera instancia. Las órdenes que profiera esta
Corporación atenderán los principios de coordinación y colaboración entre las
entidades públicas de los diferentes órdenes, encargadas de suministrar energía en
Zonas No Interconectadas – IPSE, conforme se explicará a continuación:
454. El artículo 1 del Decreto Ley 884 de 26 de mayo de 2017 245 previó que el
Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo técnico del Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE y
la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, elaborará y adoptará cada dos
(2) años un Plan Nacional de Electrificación Rural para Zonas no Interconectadas y
para el Sistema Interconectado en el cual se establezca, entre otros, mecanismos
que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible de las
soluciones energéticas que se construyan para su uso.
455. Teniendo en cuenta que en Santa Cruz del Islote se ejecutó un proyecto de
solución energética solar – diésel y que, para obtener resultados eficaces a mediano
y largo plazo, es necesaria la promoción de las capacidades organizativas que
propendan por el mantenimiento y sostenibilidad de las obras, la asistencia técnica
y la capacitación para el uso adecuado de la energía, la Sala le ordenará a la Nación
• Ministerio de Minas y Energía que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, incluya en el Plan Nacional de
Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas mecanismos que permitan
la administración, operación y mantenimiento sostenible de la solución energética
implementada en Santa Cruz del Islote.
456. Además, teniendo en consideración que de acuerdo con las pruebas, en Santa
Cruz del Islote no se presta el servicio de energía las veinticuatro horas del día, por
lo que la Sala ordenará al Distrito de Cartagena que, con el apoyo de la Nación -
Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias y en el término máximo de seis (6) meses, contados a partir
de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya
245 “Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del Plan Nacional de Electrificación Rural en
el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
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que el riesgo es mitigable, gestione ante el Instituto de Planificación y Promoción de
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas, la realización de los
estudios necesarios que definan las características técnicas y económicas de una
solución que permitan que el servicio de energía en Santa Cruz del Islote se preste
de forma continua, ininterrumpida, eficiente, económica y auto sostenible durante
las veinticuatro (24) horas del día.
457. Asimismo, la Sala le ordenará al Ministerio de Minas y Energía que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro del
término de seis (6) meses contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable,
realice las gestiones tendientes a incluir al Islote de Santa Cruz, en el programa de
comunidades energéticas y se desarrollen proyectos con energías limpias que
permitan la prestación del servicio de energía las veinticuatro (24) horas. La
ejecución de los proyectos se desarrollará en los doce meses siguientes a su
inclusión.
458. La Sala le ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
al Ministerio de Minas y Energía y al Distrito de Cartagena que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, de forma articulada
determinen el modelo energético que se implementará así como el operador de
energía para el Islote de Santa Cruz de conformidad con las necesidades de la
población y los recursos disponibles para garantizar la prestación del servicio en
términos de continuidad y eficacia.
459. La Sala le ordenará al Distrito de Cartagena que, en el término máximo de diez
(10) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de
riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, gestione subsidios a favor
de los usuarios de Santa Cruz del Islote dirigidos a cubrir los costos de
administración, operación y mantenimiento del sistema de energía.
460. Finalmente, la Sala modificará el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en el sentido de mantener la orden que fue impartida
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendiente a que ejerza
plenamente sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre el Distrito y los
prestadores de servicios públicos domiciliarios en Santa Cruz del Islote y,
adicionalmente, ejerza dichas funciones, de conformidad con sus competencias
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constitucionales, legales y reglamentarias, de acuerdo con las órdenes que se
imparten en esta providencia para solucionar la afectación de los derechos
colectivos en materia de prestación de los servicios públicos de agua potable,
saneamiento básico, aseo y energía eléctrica. Lo anterior en el evento en que los
esquemas definidos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el
Islote correspondan a aquellos que por competencia debe controlar la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Protección de la salud pública
461. Para garantizar el derecho a la salud de la comunidad de Santa Cruz del Islote,
el Tribunal ordenó al Distrito que, en el término de 2 meses, “[…] realice las acciones
necesarias para que el puesto de salud de Santa Cruz del Islote funcione de manera
continua (sic) cuente (sic) el personal y con los elementos necesarios para la
prestación de los servicios de salud prioritarios de la comunidad isleña de los niveles
I y II de complejidad cuando la atención de los pacientes así lo requiera; y
carnetizando a los habitantes para verificar las patologías que se presentan e
incorporadas en el sistema de salud […]”246.
462. Atendiendo a que esta orden se limita a la prestación de servicios en el puesto
de salud de Santa Cruz del Islote, la Sala modificará el ordinal cuarto de la sentencia
apelada con el objeto de establecer medidas dirigidas a garantizar la salud de
población de una manera integrada e integral.
463. Así las cosas, la Sala le ordenará al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias que, con la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
de Santa Cruz del Islote, y en el término máximo de 6 meses, contados a partir de
la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya
que el riesgo es mitigable, y con la periodicidad que establezca la ley247: i) incluya
en el Plan Territorial de Salud un Análisis Especial de la Situación de la Salud –
ASIS- de los habitantes de Santa Cruz del Islote teniendo en cuenta la
caracterización del contexto territorial y demográfico; los efectos sobre la salud o el
daño en la salud que involucran la morbilidad y la mortalidad; los determinantes de
la salud; y la priorización de los efectos, factores de riesgo y determinantes; ii)
gestione ante las entidades promotoras de salud que prestan sus servicios en Santa
Cruz del Islote la caracterización poblacional en ese territorio, respecto de la
246 Cfr. Folio 2825 vto.
247 Este asunto es regulado por la Resolución 100 de 17 de enero de 2024 “Por la cual se dictan disposiciones
sobre la Planeación Integral para la Salud y se deroga la Resolución 1536 de 2015”.
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población a su cargo; iii) gestione ante las entidades promotoras de salud que
prestan sus servicios en Santa Cruz del Islote el diseño y ejecución de estrategias
de demanda inducida para garantizar la presencia de personal de la salud, la
realización de las actividades, procedimientos e intervenciones de protección
específica, así como la detección temprana y la atención de las enfermedades de
interés en salud pública y la realización de acciones de gestión de riesgo individual
de sus afiliados en Santa Cruz del Islote; iv) acuerde con las entidades promotoras
de salud que prestan sus servicios en Santa Cruz del Islote acciones conjuntas en
materia de salud pública en esa Isla; v) realice una priorización en salud pública
respecto de la importancia de las situaciones y circunstancias que afectan la salud
en Santa Cruz del Islote; vi) tenga en cuenta las necesidades especiales de Santa
Cruz del Islote en el componente estratégico y de inversión plurianual del plan
territorial de salud; vii) prevea en el componente operativo y de inversiones en salud
del Plan Territorial de Salud programas e incluya subprogramas y proyectos que se
pueden implementar en Santa Cruz del Islote, el valor de la asignación del proyecto,
fuentes de recursos, sector responsable, dimensiones y componentes, metas,
estrategias y responsables del cumplimiento; y viii) tenga en cuenta en el Plan
Territorial de Salud a Santa Cruz del Islote, especialmente en lo relacionado con la
promoción de la salud, la gestión de riesgo en salud y la gestión de la salud pública
en ese lugar.
464. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias será responsable de
implementar las anteriores órdenes bajo el principio de concurrencia y subsidiaridad,
de acuerdo con la normativa que regula el asunto.
465. Al año siguiente del cumplimiento de las anteriores órdenes: i) el Alcalde o
Alcaldesa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias deberá rendir
cuentas a la comunidad de Santa Cruz del Islote con el objeto de informar y explicar
las acciones, actuaciones, logros, dificultades y obstáculos respecto de la
implementación de acciones de salud pública en ese territorio; y ii) el Ministerio de
Salud y Protección Social deberá evaluar el Plan Territorial de Salud Distrital, con el
objeto de medir, de forma especial, los resultados, efectos e impactos sobre el goce
efectivo del derecho a la salud de la comunidad de Santa Cruz del Islote, la
afectación de los determinantes de la salud y el estado de salud en ese territorio, en
los términos de la Resolución 100 de 17 de enero de 2024 expedida por ese
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Ministerio248 o de las disposiciones que se encuentren vigentes para la fecha de
cumplimiento de esta orden.
466. Asimismo, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social y al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, con la participación del Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote y en el término máximo
de 6 meses, contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de
riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable, promuevan acciones
para la divulgación del reconocimiento y goce de los derechos de las personas en
materia de salud pública, promoción social y en el cuidado, protección y
mejoramiento de la calidad de vida en Santa Cruz del Islote.
467. La Sala considera que para superar la grave situación en la que se encuentra
la comunidad de Santa Cruz del Islote se requiere la articulación y coordinación
entre las autoridades que deben cumplir funciones relacionadas con servicios
públicos, salud pública y gestión del riesgo de desastres en ese territorio; por lo
tanto, se adicionará la sentencia apelada en el sentido de ordenar al Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote; al Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias; al Departamento Administrativo Distrital de Salud;
a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.; al Departamento de Bolívar; a la Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique; a la Nación - Unidad Administrativa
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio de Minas y
Energía; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Salud y
Protección Social; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Ministerio
de Defensa Nacional – Dirección General Marítima y a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios que diseñen e implementen un mecanismo especial
de coordinación administrativa para garantizar el restablecimiento y vigencia de los
derechos constitucionales en Santa Cruz del Islote.
468. Este mecanismo es diferente al Comité de Verificación de la sentencia, en
tanto aquel es una instancia administrativa para la coordinación de roles, en el
marco de las obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, de cara al
cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, respecto de la
satisfacción de las necesidades básicas en Santa Cruz del Islote con miras a
propender por: i) escenarios de diálogo entre las entidades y la comunidad negra
248 “[…] Por la cual se dictan disposiciones sobre la Planeación Integral para la Salud y se deroga la Resolución
1536 de 2015 […]”.
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de Santa Cruz para la adopción de medidas acertadas; ii) que todas las entidades
cuenten con la información suficiente y sus actuaciones sean coordinadas y
articuladas; y iii) que las decisiones administrativas sean sostenibles y acordes con
las condiciones especiales del Corregimiento.
469. El cumplimiento de esta orden será transversal al tiempo que dure la ejecución
de lo dispuesto en esta providencia con el objeto de garantizar los derechos e
intereses colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote.
Sobre las medidas cautelares
470. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, las medidas cautelares
tienen un carácter provisional toda vez que su objeto se dirige a evitar, de forma
transitoria, la afectación de un derecho o interés colectivo mientras se profiere la
sentencia. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 25
de mayo de 2018, definió las medidas cautelares como “[…] aquellos instrumentos
con los cuales el ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras
dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo
proceso […]”249 (Destacado fuera de texto).
471. Así las cosas, una vez se profiere la sentencia que accede a las
pretensiones de la demanda, se adoptan órdenes de forma definitiva para proteger
los derechos o intereses colectivos, cuya vulneración o amenaza se probó en el
transcurso del proceso.
472. En el caso sub examine, el Tribunal en la sentencia apelada dispuso en el
numeral 5 del ordinal segundo de la parte resolutiva “[…] De manera provisional y
durante el término en el que se desarrollan las anteriores actividades, ORDENASE
al Distrito Cultural y Turístico de Cartagena la continuación de las acciones
ordenadas en el auto que decretó las medidas cautelares […]”, y teniendo en cuenta
que en la sentencia se deben adoptar órdenes definitivas, la Sala revocará el
precitado numeral tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Comité de Verificación de la sentencia
473. La Sala considera que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34 de la
Ley 472 de 1998 es necesario modificar el ordinal séptimo de la sentencia apelada,
249 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 25 de
mayo de 2018, C.P. Dra. María Elizabeth García González, núm. único de identificación: 25000-23-41-000-
2013-00443-01.
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en el sentido de precisar que la Magistrada Ponente del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación, en el que participarán el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote; el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias; el Departamento Administrativo Distrital de Salud; Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P.; el Departamento de Bolívar; la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique; la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
el Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General Marítima – Centro de Monitoreo Multiamenazas; el Ministerio de Salud y
Protección Social; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Unidad
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia; la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la Procuraduría General de la
Nación y la Defensoría del Pueblo, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
474. Además, en razón a que los coadyuvantes en esta acción popular han
intervenido con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses
colectivos, la Sala también incluirá en el Comité de Verificación de la sentencia a un
representante de los coadyuvantes que deberá ser designado por ellos.
Conclusiones
475. La Sala concluye que en Santa Cruz del Islote se presenta una vulneración
generalizada y persistente de los derechos e intereses colectivos de la comunidad
respecto al agua potable en sus dimensiones de calidad, accesibilidad y
disponibilidad, saneamiento básico, salud, energía, específicamente, su
continuidad, medio ambiente, prevención de desastres previsibles técnicamente y
desarrollo territorial planificado y sostenible.
476. Lo anterior es consecuencia de la omisión del cumplimiento de las
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias a cargo de las entidades
públicas competentes. En efecto, la parte actora acreditó la falta de adopción de
medidas administrativas y presupuestales, a nivel territorial y nacional, dirigidas a
suministrar los servicios públicos de forma eficiente y eficaz, solucionar la
problemática del crecimiento descontrolado del territorio, proteger el derecho a la
salud de los habitantes del Islote o gestionar los posibles desastres que se pueden
presentar en ese lugar.
477. Esta vulneración grave de los derechos de la comunidad de Santa Cruz del
Islote es multisectorial, lo cual genera una problemática compleja de
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interseccionalidad y de difícil gestión dadas las características biofísicas del
territorio, la situación socioeconómica de sus habitantes y el abandono estatal
prolongado. Así las cosas, es necesaria la intervención de varias entidades, bajo el
principio de coordinación y colaboración, con el objeto de lograr condiciones dignas
de existencia en ese territorio, de acuerdo con los postulados del Estado Social de
Derecho. Las autoridades públicas responsables de este proceso de intervención
en el Islote deben cumplir las órdenes judiciales que se profieren en esta providencia
procurando el nivel más alto en sus actuaciones y removiendo los obstáculos que
se presenten, a través del diálogo constante con la comunidad y con las demás
autoridades involucradas.
478. Las órdenes judiciales que se profieren en esta sentencia tienen por objeto
que las autoridades nacionales y territoriales y el Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote promuevan de forma planificada,
programática y progresiva condiciones para que la comunidad del Islote pueda
gozar efectivamente de sus derechos constitucionales sin ninguna clase de
discriminación, ello como expresión del Estado social de derecho.
479. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales 1 y
8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Carlos Fernando Mantilla Navarro, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. ADICIONAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 2 de agosto
de 2018 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
en el siguiente sentido:
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“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos e intereses colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, a la seguridad y salubridad
públicas y, consecuencialmente, al derecho al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias, de la comunidad de Santa Cruz del Islote […]”.
TERCERO. ADICIONAR el numeral 7 al ordinal segundo de la sentencia proferida
el 2 de agosto de 2018 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
“[…] SEGUNDO: En consecuencia, adoptar las siguientes medidas:
[…]
7. Respecto a la gestión de riesgo de desastres:
7.1. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, y con el apoyo del Departamento de Bolívar y de CARDIQUE, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el término de seis
(6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, adelanten los
estudios actualizados de riesgo y el censo poblacional de Santa Cruz del Islote,
con el fin de determinar si ese territorio se encuentra en una zona de riesgo no
mitigable y si es necesaria la reubicación de la población.
En el evento que los resultados de los estudios actualizados de riesgo concluyan
técnicamente que hay un alto y grave riesgo de desastre no mitigable en Santa
Cruz del Islote debido, entre otros, a eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional, el traslado y
reubicación excepcional de la comunidad únicamente se podrá efectuar
mediante una consulta previa y con su consentimiento dado libremente y con
el pleno conocimiento de causa, según sus costumbres y tradiciones, siguiendo los
lineamientos del artículo 16 del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales
en países independientes.
7.2. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y en
desarrollo de la orden impartida en esta providencia relacionada con la realización del
censo poblacional de Santa Cruz del Islote, actualice el censo de las familias que
habitan las viviendas en Santa Cruz del Islote que se encuentran en alto riesgo
no mitigable.
7.3. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro de los
dos (2) meses siguientes a la presentación de los estudios actualizados de riesgo y
el censo poblacional de Santa Cruz del Islote, en caso de que se concluya que se
trata de una zona de riesgo no mitigable, adelante las gestiones a que haya lugar
para reubicar a las familias que habitan viviendas en alto riesgo no mitigable
como medida provisional mientras se ejecuta el plan de vivienda subsidiada.
7.4. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, en el término de seis (6) meses, contados desde la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, elabore un proyecto que permita el desarrollo de modelos
de viviendas subsidiados que sean acordes con los riesgos que se pueden
presentar en Santa Cruz del Islote, así como con sus condiciones biofísicas, la
identidad cultural de sus habitantes y su situación socioeconómica. Este proyecto
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debe contener los términos y plazos para la ejecución del mismo y su forma de
financiación.
7.5. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que
mientras se cumple la orden anterior, a partir de la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, se realice un monitoreo permanente de las viviendas que se encuentran
en riesgo de colapso y adopte las medidas que se requieran ante una eventual
emergencia.
7.6. ORDENAR al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz
del Islote y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
término de quince (15) días contado a partir de la ejecutoria de esta providencia,
adopten un mecanismo dirigido a evitar que personas o familias que no formen parte
de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote y que no residan en este territorio
resulten censados y se beneficien de la protección constitucional que se imparte a
favor de los habitantes de ese territorio insular […]”.
CUARTO. ADICIONAR los numerales 8 y 9 al ordinal segundo de la sentencia
proferida el 2 de agosto de 2018 por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedaran así:
“[…] 8. Respecto del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano:
8.1. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y en el término de seis (6) meses, contado
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, elabore un proyecto ambiental
dirigido a proteger el medio ambiente y los recursos naturales renovables en Santa
Cruz del Islote, así como a mitigar el impacto ambiental generado por la ausencia de
un sistema de alcantarillado y el manejo inadecuado de los residuos en ese
Corregimiento.
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias deberá ejecutar el proyecto
ambiental en el término establecido en el mismo e informar al Tribunal sobre las
acciones que lleve a cabo para su implementación.
8.2. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y a
Parques Nacionales Naturales que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, asesoren al Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias en la elaboración del proyecto ambiental dirigido a proteger el
medio ambiente y los recursos naturales renovables en Santa Cruz del Islote, así
como a mitigar el impacto ambiental generado por la ausencia de un sistema de
alcantarillado y el manejo inadecuado de los residuos en ese Corregimiento.
8.3. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales legales y reglamentarias, con el apoyo
de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique y la participación del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, realice un
estudio dirigido a determinar y caracterizar los daños que han sufrido los recursos
naturales y el medio ambiente como consecuencia de los vertimientos, así como el
inadecuado manejo de los residuos líquidos y sólidos en Santa Cruz del Islote. Lo
anterior en el término de seis (6) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
8.4. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, dentro
de los seis (6) meses siguientes al cumplimiento de la orden anterior, con la
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participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, elabore un proyecto de descontaminación, de
acuerdo con los resultados del estudio sobre daños ambientales.
8.5. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias deberá ejecutar el
proyecto de descontaminación en el término que se establezca en el mismo estudio
e informar al Tribunal sobre las acciones que lleve a cabo para su implementación.
8.6. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que
apoye al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la ejecución del
proyecto para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.
8.7. ORDENAR al Departamento de Bolívar que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, brinde apoyo presupuestal, técnico,
financiero y administrativo al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y a la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique en la ejecución del proyecto
ambiental, relacionado con la conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
8.8. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, de
forma eficiente y eficaz, ejerza las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo y demás recursos naturales renovables en
Santa Cruz del Islote.
8.9. INSTAR a la Comunidad de Santa Cruz del Islote para que adopten prácticas
idóneas y garanticen los ecosistemas que rodean el Islote, mediante el uso y
explotación adecuada de los recursos naturales, así como para que contribuyan con
las autoridades en la defensa de ese patrimonio [...]”.
“[…] 9. Respecto al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental:
ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en el término
de un mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, inicie los procesos
administrativos sancionatorios que a su juicio sean necesarios, en los términos
previstos en la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024, por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos en Santa Cruz del Islote. En caso de encontrar
probada la infracción ambiental, la entidad deberá determinar las medidas de
compensación, mitigación y corrección a que hubiere lugar, así como el término
perentorio en el que las investigadas deberán realizarlas. […]”.
QUINTO: MODIFICAR los numerales 1, 2, 4 y 6 del ordinal segundo de la sentencia
proferida el 2 de agosto de 2018 por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los cuales quedaran así:
“[…] SEGUNDO: En consecuencia, adoptar las siguientes medidas:
1. Respecto a la prestación de los servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico:
1.1. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en el término de doce (12) meses contados
a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se
concluya que el riesgo es mitigable, realice una planeación sectorial de agua
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potable y saneamiento básico que permita: i) la formulación de proyectos y acciones
a corto, mediano y largo plazo dirigidos a garantizar la prestación de estos servicios
en Santa Cruz del Islote de forma continua, con calidad y sostenibilidad; ii) el
desarrollo territorial planificado en materia de infraestructura de agua potable y
saneamiento básico; y iii) la implementación de soluciones tecnológicas apropiadas
para esta zona insular, teniendo en cuenta el contexto geográfico, económico, social
y cultural.
En todo caso, corresponderá al Distrito de Cartagena establecer el esquema que
utilizará para garantizar la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Islote, ateniendo a la ubicación y a la
clasificación que en el ordenamiento territorial de Cartagena tiene el territorio insular
de Santa Cruz del Islote, para lo cual podrán prestarse estos servicios bajo esquemas
diferenciales o alternativos, en el evento en que no puedan prestarse los servicios
públicos domiciliarios de manera convencional.
1.2. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: i) brinde
apoyo al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la planeación sectorial
de agua potable y saneamiento básico; ii) contribuya con la financiación de las obras
de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa, protección o
recuperación del medio ambiente, específicamente, en relación con el manejo de
aguas residuales en Santa Cruz del Islote; y iii) promueva y ejecute programas de
abastecimiento de agua en Santa Cruz del Islote, en coordinación con las autoridades
competentes y con la participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra
de Santa Cruz del Islote.
1.3. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias: i) brinde asistencia
técnica al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el diseño,
formulación e implementación de las políticas públicas de agua potable y saneamiento
básico en Santa Cruz del Islote; y ii) diseñe y promueva programas especiales de
agua potable para Santa Cruz del Islote, en coordinación con el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y con la participación del Consejo Comunitario de la
Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, por medio de consulta previa, en el
término de doce (12) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable. […]”.
1.4. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, elabore un plan de gestión que contenga: i) la
identificación de los patrones de consumo de agua semanal en Santa Cruz del Islote,
con el objeto de determinar las necesidades de la población en este aspecto; ii) la
cantidad de agua que debe ser transportada a Santa Cruz del Islote y la periodicidad;
ello con el objeto de evitar desabastecimiento; iii) el medio de transporte que utilizará
el ente territorial para suministrar el agua a los habitantes de Santa Cruz del Islote; iv)
la planificación del proceso de contratación del servicio de transporte de agua a Santa
Cruz del Islote, en caso que el ente territorial no cuente con los medios para
transportar el agua directamente; y v) la forma como garantizará la salubridad en el
transporte y almacenamiento de agua en Santa Cruz del Islote. Lo anterior en el
término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable.
1.5. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, inicie la
ejecución del plan de gestión en el término máximo de quince (15) días, contado a
partir del vencimiento del plazo para su elaboración.
1.6. ORDENAR al Distrito que, mientras se lleva a cabo el plan de gestión y su
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implementación, continúe provisionando de agua potable a la población de Santa
Cruz del Islote mediante el envío periódico que garantice el abastecimiento en
términos de calidad y cantidad.
1.7. ORDENAR al Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena
de Indias que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, cada tres (3) meses: i) analice muestras del agua suministrada a los
habitantes de Santa Cruz del Islote en cumplimiento de las órdenes de elaboración y
ejecución del plan de gestión de suministro de agua potable, con el objeto de
determinar si atiende la normativa sobre la calidad de agua para el consumo humano;
ii) vigile las características físicas, químicas y microbiológicas del agua suministrada
por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a los habitantes de Santa
Cruz del Islote; y iii) practique visitas de inspección sanitaria a los medios de
transporte de agua y al tanque de almacenamiento de agua en Santa Cruz del Islote.
2. Adoptar las siguientes medidas respecto al manejo de los residuos sólidos:
2.1. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en coordinación con
las entidades competentes, así como con la participación del Consejo Comunitario de
la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, por medio de consulta previa, que
formule un proyecto que permita realizar una gestión adecuada e integral de los
residuos sólidos en Santa Cruz del Islote, teniendo en cuenta el contexto
geográfico, económico, social y cultural, en el término de doce (12) meses, contados
a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se
concluya que el riesgo es mitigable.
Este proyecto deberá contener los programas y acciones a corto, mediano y largo
plazo dirigidas a garantizar la prestación del servicio en condiciones de continuidad y
calidad y que permitan el desarrollo de soluciones tecnológicas apropiadas para la
gestión de residuos sólidos en esta zona insular. Así como la gestión adecuada e
integral de residuos peligrosos.
El proyecto deberá ser incorporado al Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
2.2. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que inicie
la ejecución del proyecto de gestión de residuos sólidos en Santa Cruz del Islote
dentro de los doce (12) meses siguientes a su formulación.
2.3. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, brinde asistencia
técnica al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para el diseño,
formulación e implementación de las políticas públicas de aseo en Santa Cruz del
Islote.
2.4. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, participe en
el proceso de planificación para la gestión adecuada de los residuos sólidos en Santa
Cruz del Islote, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en el proyecto
que la autoridad competente formule en esta materia.
2.4. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, diseñe un plan permanente de educación
ambiental y de gestión de residuos sólidos con énfasis en el aprovechamiento
y reciclaje de los residuos, así como de minimización del uso del plástico,
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dirigido a los habitantes de Santa Cruz del Islote.
2.5. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
término máximo de un mes, contado a partir del cumplimiento de la orden anterior, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, inicie la
ejecución del plan permanente de educación ambiental y de gestión de residuos
sólidos con énfasis en el aprovechamiento y reciclaje de los residuos, así como
de minimización del uso del plástico, dirigido a los habitantes de Santa Cruz del
Islote.
2.6. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, asesore al
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en el diseño y la formulación del
plan de educación ambiental […]”.
“[…] Adoptar las siguientes medidas respecto al servicio de energía eléctrica:
4. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Minas y Energía que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias y con la participación del
Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, incluya en el
Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas
mecanismos que permitan la administración, operación y mantenimiento sostenible
de la solución energética implementada en Santa Cruz del Islote. Lo anterior, en el
término de seis (6) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable.
4.1. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
término máximo de diez (10) meses, contados a partir de la elaboración de los
estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es
mitigable, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, gestione subsidios a favor de los usuarios de Santa Cruz del Islote
dirigidos a cubrir los costos de administración, operación y mantenimiento del sistema
de energía.
4.2. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con el
apoyo de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y en el término máximo de seis (6) meses,
contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de
que se concluya que el riesgo es mitigable, gestione ante el Instituto de Planificación
y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas la realización
de los estudios necesarios que definan las características técnicas y económicas de
una solución que permita que el servicio de energía en Santa Cruz del Islote se preste
de forma continua, ininterrumpida, eficiente, económica y auto sostenible durante las
veinticuatro (24) horas del día.
4.3. ORDENAR al Ministerio de Minas y Energía que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, dentro del término de seis
(6) meses, contados desde la ejecutoria de esta providencia, realice las gestiones
tendientes a incluir al Islote de Santa Cruz, previa consulta con la comunidad, en el
programa de comunidades energéticas y se desarrollen proyectos con energías
limpias que permitan la prestación del servicio de energía las veinticuatro (24) horas.
La ejecución de los proyectos se desarrollará en los doce meses siguientes a su
inclusión.
4.4. ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al
Ministerio de Minas y Energía y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, de forma articulada determinen el modelo energético que se
implementará así como el operador de energía para el Islote de Santa Cruz de
conformidad con las necesidades de la población y los recursos disponibles para
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garantizar la prestación del servicio en términos de continuidad y eficacia.
Lo ordenado en esta sentencia no es óbice para que el Distrito de Cartagena, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, determine el esquema de prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica en el Islote, ateniendo a la ubicación y a la clasificación que en el
ordenamiento territorial de Cartagena tiene el territorio insular de Santa Cruz del Islote
[…].
“[…] 6. ORDENAR al Departamento de Bolívar que, en coordinación con Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, diseñe un mecanismo que le permita
cumplir con la obligación de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las
empresas de servicios públicos y al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
en los programas y proyectos destinados a prestar servicios públicos en Santa Cruz
del Islote. Lo anterior en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la
elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de que se concluya que
el riesgo es mitigable, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. […]”.
SEXTO: REVOCAR el numeral 5 del ordinal segundo de la sentencia proferida el 2
de agosto de 2018 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el que se ordenó la continuación de las
acciones contenidas en el auto que decretó medidas cautelares, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia que en esta materia toma
decisiones definitivas.
SÉPTIMO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo de la
sentencia proferida el 2 de agosto de 2018 por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia, los cuales quedarán así:
“[…] TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ejerza plenamente sus funciones de inspección, vigilancia y control
sobre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y las empresas de
servicios públicos domiciliarios que presten el servicio en Santa Cruz del Islote, con
el objetivo de que se garantice la protección de los derechos colectivos amparados
en materia de prestación de los servicios públicos de agua potable, saneamiento
básico, aseo y energía eléctrica, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva
de esta providencia. Lo anterior en el evento en que los esquemas definidos para la
prestación de los servicios públicos domiciliarios en el Islote correspondan a aquellos
que por competencia debe controlar la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
CUARTO. Para garantizar la salud pública en Santa Cruz del Islote:
A. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa y en el término máximo de seis (6) meses
contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, en caso de
que se concluya que el riesgo es mitigable, y con la periodicidad que establezca la
ley: i) incluya en el Plan Territorial de Salud un Análisis Especial de la Situación de la
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Salud –ASIS- de los habitantes de Santa Cruz del Islote teniendo en cuenta la
caracterización del contexto territorial y demográfico; los efectos sobre la salud o el
daño en la salud que involucran la morbilidad y la mortalidad; los determinantes de la
salud; y la priorización de los efectos, factores de riesgo y determinantes; ii) gestione
ante las entidades promotoras de salud que prestan sus servicios en Santa Cruz del
Islote la caracterización poblacional en ese territorio, respecto de la población a su
cargo; iii) gestione ante las entidades promotoras de salud que prestan sus servicios
en Santa Cruz del Islote el diseño y ejecución de estrategias de demanda inducida
para garantizar el personal de salud, así como la realización de las actividades,
procedimientos e intervenciones de protección específica, así como la detección
temprana y la atención de las enfermedades de interés en salud pública y la
realización de acciones de gestión de riesgo individual de sus afiliados en Santa Cruz
del Islote; iv) acuerde con las entidades promotoras de salud que prestan sus
servicios en Santa Cruz del Islote acciones conjuntas en materia de salud pública en
esa Isla; v) realice una priorización en salud pública respecto de la importancia de las
situaciones y circunstancias que afectan la salud en Santa Cruz del Islote; vi) tenga
en cuenta las necesidades especiales de Santa Cruz del Islote en el componente
estratégico y de inversión plurianual del plan territorial de salud; vii) prevea en el
componente operativo y de inversiones en salud del Plan Territorial de Salud
programas e incluya subprogramas y proyectos que se pueden implementar en Santa
Cruz del Islote, el valor de la asignación del proyecto, fuentes de recursos, sector
responsable, dimensiones y componentes, metas, estrategias y responsables del
cumplimiento; y viii) tenga en cuenta en el Plan Territorial de Salud a Santa Cruz del
Islote, especialmente en lo relacionado con promoción de la salud, la gestión de riesgo
en salud y la gestión de la salud pública en ese lugar.
B. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, al año
siguiente del cumplimiento de la orden anterior, rinda cuentas a la comunidad de
Santa Cruz del Islote con el objeto de informar y explicar las acciones, actuaciones,
logros, dificultades y obstáculos respecto de la implementación de acciones de salud
pública en ese territorio.
C. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y al año
siguiente del cumplimiento de la orden prevista en el literal a) de este ordinal, sobre
las acciones en salud pública, evalúe el Plan Territorial de Salud Distrital, con el objeto
de medir, de forma especial, los resultados, efectos e impactos sobre el goce efectivo
del derecho a la salud en la comunidad de Santa Cruz del Islote, la afectación de los
determinantes de la salud y el estado de salud de los habitantes de ese territorio.
D. ORDENAR a la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, con la participación del Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote y en el término máximo
de seis (6) meses, contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de
riesgo, en caso de que se concluya que el riesgo es mitigable, promuevan acciones
para la divulgación del reconocimiento y goce de los derechos de las personas en
materia de salud pública, promoción social y en el cuidado, protección y mejoramiento
de la calidad de vida en Santa Cruz del Islote.
QUINTO: Para garantizar la adecuada planeación del territorio:
A. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en caso de que el riesgo sea mitigable, y
en el término de doce (12) meses, contado a partir de la elaboración de los estudios
actualizados de riesgo y del censo poblacional de Santa Cruz del Islote ordenado en
esta sentencia, formule y concerté con el respectivo Consejo de Gestión del Riesgo,
un plan de gestión de riesgo de desastres para Santa Cruz del Islote y una
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estrategia para la respuesta a las emergencias que allí ocurran, atendiendo el
principio de diversidad cultural y los lineamientos previstos en la Ley 1523 de 2012.
En el Plan de Gestión se debe: i) tener en cuenta las características biofísicas,
geográficas y socio-ambientales de Santa Cruz del Islote y, especialmente, las
condiciones de las viviendas, así como la situación de hacinamiento; y ii) determinar
las clases de riesgos o amenazas generadas por la forma como se ha extendido el
tamaño del islote, a través del proceso de “terrenos calzados”.
B. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que una vez
formule el plan de gestión de riesgo de desastres, en el término de un mes, incorpore
al Plan Distrital de Gestión de Riesgos de Desastres el Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres de Santa Cruz del Islote.
C. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y en el término máximo de doce (12)
meses, contados a partir de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo y
del censo poblacional de Santa Cruz del Islote ordenado en esta sentencia, elabore
un proyecto dirigido a controlar y regular, de forma eficiente y eficaz, el
crecimiento físico del islote y a promover el desarrollo espacial sostenible, en
el marco de una planificación física que permita condiciones de vida digna. Este
proyecto debe tener en cuenta las relaciones especiales que tiene la comunidad negra
con su territorio y atender la diversidad étnica y cultural.
Una vez elaborado el proyecto, en el término de un mes, el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias deberá coordinar su ejecución.
D. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
término de seis (6) meses, contado a partir de la formulación del plan de gestión de
riesgos en Santa Cruz del Islote, incorpore en el plan de desarrollo y de ordenamiento
territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y ordenado en ese
Corregimiento derivadas de la gestión del riesgo en esa zona, así como los programas
y proyectos prioritarios para estos fines.
E. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y con el apoyo
del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote, realice una
proyección del crecimiento de la población dentro de los próximos diez (10)
años, en el término de seis (6) meses, contados a partir de la elaboración de los
estudios actualizados de riesgo y del censo poblacional de Santa Cruz del Islote
ordenado en esta sentencia.
F. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y dentro de los
seis (6) meses siguientes al cumplimiento de la orden anterior, formule los programas
y proyectos necesarios para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible en ese
territorio.
G. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique que, en
el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y en
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad
positiva: i) apoye al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la
implementación de los procesos de gestión de riesgo en Santa Cruz del Islote y en
los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en Santa Cruz
del Islote, en coordinación con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias,
así como con las autoridades competentes; y iii) asista al Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias y a las demás autoridades competentes en la prevención y
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atención de emergencias y desastres en Santa Cruz del Islote.
H. ORDENAR al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias que, con la
participación del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote, por medio de consulta previa, en el término de seis (6) meses, contados a partir
de la elaboración de los estudios actualizados de riesgo, elabore un proyecto que
permita el desarrollo de modelos de viviendas subsidiados que sean acordes con los
riesgos que se pueden presentar en este territorio así como sus condiciones
biofísicas, la identidad cultural de sus habitantes y su situación socioeconómica. Este
proyecto debe contener los términos y plazos para la ejecución del mismo y su forma
de financiación. Lo anterior en el marco de las competencias constitucionales, legales
y reglamentarias del ente territorial.
I. INSTAR al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del
Islote para que elabore un plan de desarrollo que permita la construcción social y
cultural de su realidad de acuerdo con sus necesidades.
SEXTO: ORDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Dirección
General Marítima – Centro de Monitoreo Multiamenazas que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, acompañe y asesore
técnicamente al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en la gestión del
riesgo por Tsunami en Santa Cruz del Islote, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de verificación de la sentencia presidido por la
Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que
participará el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote;
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P.; el Departamento Administrativo Distrital de Salud; el Departamento de Bolívar;
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique; la Nación - Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Minas y Energía; el Ministerio de
Defensa Nacional – Dirección General Marítima – Centro de Monitoreo
Multiamenazas; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible; la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia; la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; la
Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo; y un representante de
los coadyuvantes que deberá ser designado por ellos […]”.
OCTAVO: ADICIONAR el ordinal noveno a la sentencia proferida el 2 de agosto de
2018 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará así:
“[…] NOVENO. Para garantizar la coordinación interinstitucional:
ORDENAR al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Santa Cruz del Islote;
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; a Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P.; al Departamento Administrativo Distrital de Salud; al Departamento de Bolívar;
a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique; a la Nación - Unidad
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia; al Ministerio de
Minas y Energía; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ministerio de Salud
y Protección Social; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; al Ministerio
de Defensa Nacional – Dirección General Marítima – Centro de Monitoreo
Multiamenazas; y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que
diseñen e implementen un mecanismo especial de coordinación administrativa para
garantizar el restablecimiento y vigencia de los derechos en Santa Cruz del Islote, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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El cumplimiento de esta orden será transversal al tiempo que dure la ejecución de lo
dispuesto en esta providencia con el objeto de garantizar los derechos e intereses
colectivos de la comunidad de Santa Cruz del Islote. […]”.
NOVENO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 2 de agosto de 2018
por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
DÉCIMO PRIMERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 1998.
DÉCIMO SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidente
Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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