Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2015-00146-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2015-00146-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2015-00146-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
8 de febrero de 2018
ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos fundamentales y colectivos al agua, dignidad humana, salubridad pública y al acceso a los servicios públicos / DERECHO AL AGUA - Por tener la connotación de derecho fundamental se puede reclamar mediante la acción de tutela / ENTES TERRITORIALES - Competencia de los departamentos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios / ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS - Para garantizar la salubridad pública el Departamento de Casanare tiene la obligación constitucional y legal de asistir al municipio en el suministro de agua potable para los pobladores de la vereda Altamira
[D]e conformidad con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes , el Municipio de Pore es el ente territorial al que le corresponde de manera principal cumplir con la obligación de prestar los servicios públicos que demanden las necesidades de la población asentada dentro del territorio de su jurisdicción, entre ellos los de acueducto y agua potable. Dadas las circunstancias de vulneración de los derechos invocados, acreditadas con el material probatorio recaudado, es evidente que dicho municipio, por conducto de su Alcalde, no se avino a los mandatos contenidos en la regulación referida. (…). [E]n el expediente no obra prueba de que el Municipio de Pore, cuando menos, haya tenido algún tipo de contacto con la Administración departamental para efectos de recibir el apoyo requerido para financiar el proyecto de estructuración de un sistema de acueducto mediante el cual se preste de manera eficiente el servicio público de suministro de agua potable a los pobladores de la Vereda Altamira. (…). En tal virtud, es de afirmar que no existen elementos de prueba que permitan concluir que los derechos colectivos y fundamentales invocados fueron vulnerados por el Departamento de Casanare, motivo por el cual la Sala procederá a eliminar la declaración realizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en ese sentido. (…). [E]l haber mantenido vinculado al Departamento de Casanare (y a otras entidades de orden público) para efectos del cumplimiento de la sentencia, constituye una medida idónea para garantizar el goce efectivo del conjunto de derechos de la comunidad de Altamira, debido a que, aun cuando no exista prueba de que aquel haya contribuido con el menoscabo de los derechos invocados, el ordenamiento jurídico también le asignó obligaciones en materia de prestación de servicios públicos, de planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, razón por la cual no resulta admisible, desde el punto de vista del derecho sustancial, que se hubiera declarado en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no obra plena prueba sobre la posibilidad del Municipio de Pore para ejercer sus competencias como es debido. (…). Así pues, no parece razonable que el Departamento de Casanare recurra la sentencia de primera instancia como si sus competencias fueran totalmente ajenas a los intereses de los municipios ubicados dentro de su jurisdicción. En efecto, la Constitución ha dispuesto que Colombia es un Estado unitario, y en esa medida se explica que las entidades territoriales con mayor capacidad obren en atención a principios como los de concurrencia, coordinación y complementariedad.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 209 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 298 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 356 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 365 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 366 / LEY 472 DE 1998 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 5 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 7 / LEY 715 DE 2001- ARTÍCULO 3 / LEY 715 DE 2001- ARTÍCULO 4 / LEY 715 DE 2001- ARTÍCULO 74 / LEY 715 DE 2001- ARTÍCULO 76 / LEY 715 DE 2001- ARTÍCULO 78 / DECRETO 1575 DE 2007 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3 / LEY 1551 DE 2012 - ARTÍCULO 3 / LEY 1551 DE 2012 - ARTÍCULO 7 / LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 2
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la naturaleza y características de la acción popular, ver entre otras: Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. T-443, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y sentencia de 23 de abril de 2014, exp. T-254, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Con respecto al carácter preventivo de las acciones populares, ver: Corte Constitucional, sentencia de 14 de abril de 1999, exp. C-215, M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano (E). Sobre el mismo tema, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de septiembre de 2004, exp. 2002-2693-01, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En cuanto a los supuestos sustanciales para la procedencia de la acción popular, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, exp. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y sentencia de 9 de junio de 2011, exp. 25000-23-27-000-2005-00654-01(AP), C.P. María Elizabeth García González. Acerca de la evolución jurisprudencial respecto del derecho al agua y cómo éste adquiere la connotación de fundamental, ver: Corte Constitucional, sentencia de 5 de mayo de 2015, exp. T-256, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (E). En relación con las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales que se ejercen conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de octubre de 2001, exp. C-1051, M.P. Jaime Araújo Rentería. En cuanto a la competencia de los departamentos, a través de sus direcciones de salud, en la prestación de los servicios públicos, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2017, exp. 41001-23-31-000-2011-00470-01, C.P. María Elizabeth García González. Con respecto a la importancia del agua y la instalación del servicio de acueducto, ver: Corte Constitucional, sentencia de 2 de octubre de 2012, exp. T-764, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En cuanto al principio de subsidiariedad entre las entidades territoriales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 13 de septiembre de 2000, exp. C-1187, M.P. Fabio Morón Díaz.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 85001-23-33-000-2015-00146-01(AP)
Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - PROCURADURÍA 23 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
Demandado: DEPARTAMENTO DE CASANARE; MUNICIPIO DE PORE - CASANARE; EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S. A.; Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA - CORPORINOQUÍA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Departamento de Casanare en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
I. - SOLICITUD
La Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política, presentó demanda en contra del Departamento de Casanare, del Municipio de Pore, de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare “ACUATODOS S. A.”, y de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUÍA, con el objeto de garantizar la protección de los derechos fundamentales y colectivos que considera vulnerados debido a la carencia en el suministro de agua potable para los habitantes de la Vereda Altamira del Municipio de Pore – Casanare.
II. - LOS HECHOS
1. La Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria manifestó que, por medio de una comunicación suscrita por la Personera Municipal de Pore, tuvo conocimiento acerca de la carencia de acceso a agua potable de la comunidad de la Vereda Altamira del Municipio de Pore – Casanare, debido a que la fuente abastecedora de agua no está surtiendo la totalidad del acueducto veredal, hecho que está afectando aproximadamente a setenta (70) personas, entre las que se encuentran niñas, niños y personas de la tercera edad.
II. 2. Expuso que mediante informe nro. S.O.P. 120.18.00 - 056, el Secretario Municipal de Obras Públicas de la Alcaldía de Pore le comunicó a la Personera Municipal que:
• CORPORINOQUÍA, mediante Resolución nro. 200.15.06.128 de 13 de febrero de 2006, otorgó a la Junta de Acción Comunal concesión de aguas superficiales de la quebrada La Jasse, por un caudal de un litro sobre segundo (1.0 l/s), por el término de diez (10) años.
• Mediante Auto nro. 500.57.13.1692. de 25 de julio de 2013, CORPORINOQUÍA impuso unas obligaciones y requerimientos a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Altamira.
• Posteriormente, mediante Auto de 21 de enero de 2014, CORPORINOQUÍA reiteró la solicitud de dar cumplimiento a los requerimientos señalados.
• La Administración Municipal cuenta con una parte de los recursos para la construcción de la bocatoma, el “desarenador” y línea de conducción, por lo cual requiere de apoyo para materializar las obras.
• Las fuertes lluvias han causado la socavación de parte de la tubería que conduce el agua hacia la Vereda Altamira, incluso, desviando el cauce de la quebrada La Jasse.
• Se recomienda el reencauzamiento del caño La Jasse a fin de que no continúe la socavación.
II. 3. Expresó que ofició a las entidades que, en el marco de sus funciones y competencias y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 5º y 7º de la Ley 142 de 11 de julio de 1994, les asiste la obligación de desplegar acciones administrativas que garanticen la oportuna y eficiente prestación del servicio público de suministro de agua potable para las familias de la Vereda Altamira del Municipio de Pore – Casanare.
II. 4. Manifestó que mediante Oficio nro. D.P.M.P. 2013-0435 de 26 de agosto de 2013, la Personera Municipal de Pore le comunicó a CORPORINOQUÍA la necesidad de solucionar el problema que tiene la comunidad habitante de la Vereda Altamira por el retiro lento de las aguas de la quebrada La Jasse hacia su margen izquierda impidiendo el abastecimiento del acueducto veredal.
II. 5. Indicó que mediante Resolución nro. 400.41.14-2030 de 31 de diciembre de 2014, CORPORINOQUÍA incorporó en el presupuesto de gastos para la vigencia 2015, instrumentos económicos para una gestión eficiente y de planeación del recurso hídrico.
II. 6. Anotó que mediante Oficio nro. 500.25.1.14-0138 de 5 de agosto de 2014, CORPORINOQUÍA le informó acerca del estado de un proceso sancionatorio ambiental adelantado en contra de una persona natural por uso inadecuado del recurso hídrico de la quebrada La Jasse.
II. 7. Finalmente, señaló que en virtud de lo anterior se evidencia que la comunidad de la Vereda Altamira carece de la prestación del servicio público de agua para consumo, situación que constituye una vulneración y amenaza de derechos colectivos “en conexidad” con derechos fundamentales, requiriéndose de la actuación de las entidades accionadas a fin de garantizar la prestación de dicho servicio público.
III.- PRETENSIONES
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. La Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria, solicita que mediante sentencia se declare al MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS “ACUATODOS”, y a CORPORINOQUÍA, como responsables de omitir planificar el desarrollo económico social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades, así como velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y el medio ambiente acorde con la ley.
SEGUNDA; Que se Ordene al MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE, a la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS “ACUATODOS”, y a CORPORINOQUÍA, en su rol de primera autoridad ambiental del Departamento de Casanare, la asignación de recursos económicos y físicos necesarios, y la ejecución de las obras que se requieran, para lograr el suministro de AGUA POTABLE, a la comunidad que carece de este servicio, del centro poblado ALTAMIRA jurisdicción del Municipio de Pore, con el propósito de evitar se continúe con la vulneración de derechos fundamentales de esta comunidad veredal”.
IV. - INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
IV. 1. MUNICIPIO DE PORE – CASANARE
Por conducto de apoderado judicial, el Municipio de Pore manifestó que no se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, en tanto que uno de sus propósitos ha sido dar solución a la problemática que se presenta en la Vereda Altamira, sin embargo, no cuenta con los recursos suficientes para la realización de las obras consistentes en la ampliación de la bocatoma y construcción de un “desarenador” y de la línea de conducción afectada por el río. Solicitó que se tenga en cuenta que Pore es un municipio de sexta categoría, lo que implica que no está en disposición de asumir la totalidad de los costos de las obras tendientes al suministro de agua de la población afectada. Así pues, sugiere que en aplicación de los principios de solidaridad, subsidiariedad y complementariedad, el Departamento de Casanare debe cofinanciar en un 75% la construcción de las obras mencionadas.
IV. 2. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA – CORPORINOQUÍA
Mediante apoderado judicial, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía se opuso a las pretensiones planteadas en el escrito de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos:
Luego de haber otorgado concesión para captar aguas de la quebrada La Jase, mediante diferentes actuaciones ejerció sus funciones de seguimiento y control de las obligaciones derivadas de la misma, las cuales estaban dirigidas a conocer la cantidad de agua derivada de la bocatoma, realizar mantenimiento preventivo a las obras hidráulicas del proyecto, garantizar la continuidad del servicio, prevenir riesgos en la salud pública de la población beneficiada, exigir la tramitación de permisos de ocupación del cauce, la presentación de alternativas técnicas y ambientalmente viables para encauzar el agua de la quebrada o evaluar la pertinencia de reubicar la bocatoma y el retiro del “jarillón” construido en el cauce.
Respecto del proceso sancionatorio ambiental nro. 200.38.13.103 manifestó que por la presunta captación de agua en caudales superiores a los concesionados a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Altamira de la quebrada La Jase, a través de la preliminar nro. 500.46.1.13.0149, la Subdirección de Control y Calidad realizó visita técnica el 23 de marzo de 2013 y, en consecuencia, profirió el Concepto Técnico nro. 500.10.1.13.0201 de 15 de abril de 2013. De conformidad con este concepto, mediante Auto 200.57.13.1395 de 28 de mayo de 2013, dispuso la apertura de investigación ambiental y formulación de cargos en contra de la Concesionaria.
Indicó que, de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política y los numerales 1° de los artículos 5° y 7° de la Ley 142 de 1994, la responsabilidad en temas inherentes a la prestación de servicios públicos le corresponde a los municipios en coordinación con los departamentos, sin perjuicio de sus funciones de control, seguimiento, licenciamiento y sanción ambiental. En tal virtud, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
IV. 3. EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE “ACUATODOS S. A. E. S. P.”
La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare “ACUATODOS S. A.”, por medio de apoderada judicial, solicitó que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta que, en principio, por mandato constitucional y legal, les corresponde al Municipio de Pore y al Departamento de Casanare lograr el suministro de agua potable a la comunidad de Altamira y, además, según el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, ACUATODOS no es primera autoridad ambiental, no tiene competencia para la asignación de recursos para la ejecución de obras y sólo es responsable de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de Aguas (PAP – PDA) de Casanare.
Informó que mediante el Convenio Interadministrativo nro. 07 de 12 de febrero de 2013, el Municipio de Pore se vinculó al programa “con mejor y más agua potable y servicios básicos, la que gana es la gente”, con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales establecidas en el Plan Nacional y Departamental frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio, con el apoyo del Departamento y de ACUATODOS.
IV. 4. DEPARTAMENTO DE CASANARE
El Departamento de Casanare, mediante apoderada judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, por cuanto el Alcalde de Pore no ha registrado proyectos relacionados con la construcción, mejoramiento y adecuación del acueducto del poblado de Altamira, omisión que le imposibilita al Departamento conocer cuáles son las deficiencias o necesidades del Municipio.
Sostuvo que el Municipio de Pore está incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 2013-2015, lo cual demuestra que el Departamento no ha omitido planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio.
Agregó que en el año de 1999, realizó una inversión al suscribir el Contrato nro. 533 cuyo objeto fue la construcción del acueducto de la Vereda Altamira - segunda etapa, por el valor de $79.844.149.32.
Finalmente, planteó las excepciones de: i) “improcedencia de la acción contra el Departamento”, por cuanto el Departamento no es el responsable de la presunta vulneración de los derechos colectivos de la comunidad de la Vereda Altamira; y ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que, de conformidad con la Constitución y la Ley, mientras que al municipio le corresponde la prestación de los servicios públicos, las competencias de los departamentos son de intermediación entre la Nación y los municipios, y se ejercen bajo los presupuestos de coordinación y complementariedad de la acción municipal.
V. - AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO
V.1. El 16 de septiembre de 2015 tuvo lugar la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, mediante la cual, habida cuenta de la necesidad imperiosa de restablecer el servicio de agua para la población habitante en la Vereda Altamira, se llegó a un acuerdo parcial en lo referente a la protección de los derechos e intereses colectivos invocados, en el sentido de adoptar las siguientes medidas de corto plazo:
“1.- El municipio de Pore se compromete a hacer el revestimiento de la tubería y a dejar apropiada la financiación para que se ejecute un estudio de consultoría para implementar el sistema que permita brindar agua potable a los habitantes del municipio de Altamira.
Y a hacer las actividades para ejercer una potabilización mínima del agua (una opción sería entrega de pastas de cloro)
2.- El departamento de Casanare se compromete a suministrar maquinaria, operador y combustible, así: 200 horas de buldócer y 200 horas de retroexcavadoras para recanalizar el Río y llevar el agua a la bocatoma.
3.- Corporinoquía hará el acompañamiento técnico para el cumplimiento de las medidas inmediatas
4.- Acuatodos hará el acompañamiento técnico para estructurar en debida forma la consultoría.
Todos los sujetos procesales estuvieron de acuerdo con las medidas.
En cuanto a las medidas definitivas no hay acuerdo por lo que en providencia separada el Tribunal se pronunciará. (…)”.
En consecuencia, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Casanare decidió:
“PRIMERO: APROBAR el pacto parcial de cumplimiento al que llegaron las partes dentro de la presente acción popular en la audiencia llevada a cabo el día 16 de septiembre de 2015, que se concreta en los siguiente:
a.- El Departamento de Casanare se compromete a suministrar maquinaria, operador y combustible para 200 horas de buldócer y 200 horas de retroexcavadora para recanalizar el Río Pauto y llevar el agua hasta la bocatoma del acueducto de la vereda Altamira del municipio de Pore.
b.- El municipio de Pore por su parte se obliga a efectuar el revestimiento de la tubería que ha sido socavada[] y a realizar las demás actividades que sean necesarias para el restablecimiento del servicio de agua para la población de esa vereda; asimismo, a financiar y/o subsidiar los elementos que sean necesarios para una mínima potabilización de dicho líquido a fin de evitar enfermedades, especialmente en la población infantil y de la tercera edad.
Las gestiones y actividades requeridas para estos efectos y las señaladas en el literal “a” se ejecutarán en un término máximo de 40 días hábiles contados a partir de la celebración de la audiencia de pacto (16 de septiembre de 2015).
Adicionalmente a lo anterior, el municipio de Pore se compromete a dejar apropiado en el presupuesto del año 2016, antes de finalizar el año 2015, los recursos necesarios para la ejecución de un estudio de consultoría tendiente a implementar el sistema de acueducto que permita brindar agua potable a los habitantes de la vereda Altamira del municipio de Pore.
La contratación y ejecución de dicho estudio no podrá sobrepasar el término de 8 meses a la apropiación presupuestal.
c.- Acuatodos realizará el acompañamiento técnico para estructurar en debida forma la contratación y ejecución del estudio de consultoría para llevar a cabo la implementación del sistema de acueducto que permitirá dar agua potable a la población de la vereda Altamira del municipio de Pore.
d.- Corporinoquía hará el acompañamiento técnico para el cumplimiento de las medidas a que se refiere el acuerdo.
La accionante y los representantes legales de las entidades accionadas deberán rendir informes periódicos cada 2 meses sobre las gestiones y acciones realizadas para el cumplimiento del acuerdo y los resultados obtenidos. El primero será presentado 26 de noviembre de 2015, el segundo el 26 de enero de 2016 y así sucesivamente.
SEGUNDO: ACLARAR que la acción continuará con relación a todas y cada una de las situaciones plasmadas en las demanda y que no fueron objeto de pacto parcial.
(…)”.
VI. - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN PRIMERA INSTANCIA
En esta etapa procesal, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –CORPORINOQUÍA-, reiteró los argumentos y la solicitud formulada en la contestación de la demanda.
Por su parte, la Procuraduría 23 Judicial II Ambiental y Agraria concluyó que se han omitido los deberes del Estado de brindar cobertura a las necesidades básicas del conglomerado, toda vez que la Gobernación de Casanare, dentro de su plan de desarrollo, tenía la obligación de incluir la problemática de la Vereda Altamira dentro de las acciones a emprender, en desarrollo del plan departamental de aguas; la Alcaldía de Pore no sólo debía incorporar los recursos disponibles para el aumento de la cobertura del acueducto, sino además tramitar ante el Departamento la solicitud de cofinanciación del proyecto; y CORPORINOQUÍA, conociendo la problemática, debió adelantar un plan de manejo racional del recurso hídrico con el fin de garantizar su acceso a la población de la Vereda Altamira.
Los demás sujetos procesales no presentaron alegatos de conclusión.
VII. - LA PROVIDENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 26 de mayo de 2016, consideró que “[n]o hay duda de que existe violación de los derechos [fundamentales y] colectivos invocados[], pues la documentación allegada, la inspección judicial practicada y la prueba pericial demuestran sin lugar a equívocos que a pesar de que en el año 1999 se hicieron inversiones por $79.844.149,32, la población de la vereda Altamira del municipio de Pore está consumiendo agua inviable sanitariamente. Además de lo anterior, debe señalarse que el municipio de Pore, en la contestación de la demanda, confesó esa situación y que constitucional y legalmente es el directo encargado de la prestación de los servicios públicos pero que no cuenta con los recursos necesarios para sufragar la inversión destinada a garantizar el suministro de agua potable a esa población”. [Resalta la Sala].
En segundo lugar, resaltó que “[e]l departamento de Casanare también es consciente de la problemática; sin embargo, no ha iniciado ni ejecutado los estudios y demás actividades para garantizar el suministro de agua potable porque el municipio de Pore no ha presentado los proyectos para tal fin”. [Resalta la Sala].
Y que “Acuatodos, en la contestación de la demanda indica que es la entidad encargada de gestionar y desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Casanare y además que el municipio de Pore hace parte del programa “con mejor y más agua potable y servicios básicos, la que gana es la gente” con el fin de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios del municipio con su apoyo y el del departamento” . [Resalta la Sala].
Visto lo anterior, el Tribunal concluyó que “[e]l responsable directo por el suministro de agua potable a los habitantes de la vereda Altamira es el municipio de Pore. Sin embargo, también son responsables de ello el departamento de Casanare y Acuatodos en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad”. [Resalta la Sala].
Paralelo a esto, el a quo consideró que, aunque obstante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía no es responsable del suministro del agua, se mantendría vinculada a la acción de la referencia para efectos de “[…] tramitar y otorgar las licencias para la captación de agua, ocupación de cauce y demás actividades relacionadas para la construcción y/o mejora de acueductos” .
En atención a lo expuesto, el Tribunal determinó:
“(…).
SEGUNDO: (…) Para garantizar dichos derechos y sin perjuicio del pacto parcial de cumplimiento aprobado por esta Corporación en sentencia del 24 de septiembre de 2015, el municipio de Pore, el departamento de Casanare y Acuatodos deberán realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y ejecución que sean necesarias para poner en operación el sistema que permita dotar de agua potable a la población de la Vereda Altamira del municipio de Pore. El término para realizar estas actividades será el siguiente:
Gestiones administrativas y presupuestales: 4 meses contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el pacto de cumplimiento aprobado mediante sentencia de 24 de septiembre de 2014.
Proceso de contratación: 4 meses contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo anterior.
Ejecución y puesta en funcionamiento del sistema: 6 meses siguientes al término indicado en el párrafo anterior.
Corporinoquía efectuará acompañamiento técnico en todo lo relacionado con licencias ambientales que se requieran.
TERCERO: CONFORMAR un comité de verificación de lo ordenado en el fallo que estará integrado [“por A. La accionante. B. El alcalde del municipio de Pore o su delegado. C. El gobernador del departamento de Casanare o su delegado. D. el gerente de ACUATODOS S. A. E. S.P., o quien haga sus veces. E. El gerente de Corporinoquía o su delegado”] y tendrá las funciones [de “reunirse periódicamente cada tres meses en el sitio que indique su presidente para coordinar y verificar las actividades que se ejecuten en virtud de lo ordenado en este fallo”] (…), el alcalde del municipio de Pore será quien lo presida y rendirá informes a esta Corporación sobre las actividades adelantadas en cumplimiento de esta sentencia dentro de los 5 primeros días de cada trimestre, a partir de la ejecutoria del fallo.
(…)”.
VIII. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado judicial del Departamento de Casanare interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, solicitando que la misma fuera revocada en lo que involucra al ente territorial que representa, con base en las siguientes razones:
Aunque se citaron los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, las órdenes contenidas en la sentencia para salvaguardar los derechos invocados, fueron impartidas indistintamente a todas las entidades condenadas, sin explicar las razones por las cuales el Departamento de Casanare debía responder en las mismas condiciones que el Municipio de Pore, aun cuando se estableció que, por tener competencia principal sobre la garantía de los derechos conculcados, esta entidad territorial debía responder de manera directa.
Acusó que, de conformidad con el artículo 4º in fine de la Ley 136 de 1994, no se acreditó dentro del proceso que el Municipio de Pore carezca de recursos técnicos o financieros para asumir sus competencias ni que haya solicitado la correspondiente contribución al Departamento de Casanare, y que el sólo hecho de pertenecer a la sexta categoría no es suficiente para que el Departamento de Casanare deba responder por la protección de los derechos colectivos conculcados.
IX. - ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA
El apoderado judicial del Municipio de Pore – Casanare afirmó que se ratifica en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y que se acoge a las órdenes que le fueron impartidas a ese ente territorial mediante sentencia de 26 de mayo de 2016, en consecuencia solicitó, de un lado, que dicha providencia sea confirmada, y de otro, que se tengan por cumplidos los compromisos asumidos en la audiencia de pacto parcial de cumplimiento celebrada el 16 de septiembre de 2016.
Por su parte, el Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, mediante concepto nro. 152 de 18 de octubre de 2016, coincidió en que la sentencia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare debe ser confirmada, al considerar que:
“(…) [E]l fallo proferido por el tribunal Administrativo se hace en abstracto en la medida en que la norma cede a las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad, la facultad de contribuir transitoriamente a la gestión que les imponen la constitución y la ley al municipio que por razones técnicas o financieras no puede asumir, afirma entonces que las gestiones realizadas en desarrollo de los principios como son el de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia en procura de fortalecer la autonomía local”.
En esta etapa procesal, los demás sujetos procesales guardaron silencio.
X. - CONSIDERACIONES DE LA SALA
X. 1. LAS ACCIONES POPULARES Y SU PROCEDENCIA
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro o agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas, o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.
La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:
“[…] (i) por ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.
En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.
Según lo ha señalado la Sección en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.
X. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria, en el escrito de la acción popular, indicó que por causa del retiro de las aguas de la quebrada La Jasse hacia su margen izquierda, se ha imposibilitado el abastecimiento del acueducto de la Vereda Altamira del Municipio de Pore – Casanare, lo cual implica que los habitantes de la misma carezcan de la adecuada prestación del servicio público de suministro de agua potable. La Procuradora afirmó que esta circunstancia representa la afectación de los derechos colectivos y fundamentales a la salubridad pública y de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, al agua potable y a la dignidad humana de aproximadamente 70 personas de la comunidad mencionada, entre las que se encuentran niñas, niños y personas de la tercera edad.
La accionante le atribuye dicha vulneración al Municipio de Pore, al Departamento de Casanare, a CORPORINOQUÍA y a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S. A., habida cuenta de que, a su juicio, son las entidades competentes para garantizar la oportuna y eficiente prestación del servicio público de suministro de agua potable a las familias de la Vereda Altamira.
Frente a ello, el Tribunal Administrativo de Casanare, de un lado, mediante la prueba documental, pericial y la inspección judicial practicada en el lugar de los hechos, constató que la comunidad afectada está consumiendo agua inviable sanitariamente. La Sala debe acotar que la carencia de agua potable que afecta a la población de la Vereda Altamira es un hecho tan conocido por cada uno de los sujetos procesales que integran la parte accionada, que mediante audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 16 de septiembre de 2015 asumieron sendos compromisos para efectos de lograr hacer cesar la vulneración de los derechos invocados.
Por otro lado, con base en un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, el Tribunal verificó que el directo responsable por el suministro de agua potable a los habitantes de la Vereda Altamira es el Municipio de Pore, sin embargo, también son responsables de ello el Departamento de Casanare y la Empresa Departamental de Servicios Públicos ACUATODOS, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Precisó que CORPORINOQUÍA no tiene responsabilidad en el suministro de agua, sin embargo, optó por mantenerla vinculada a la acción con el objeto de tramitar y otorgar las licencias para la captación del agua, ocupación del cauce y demás actividades relacionadas con la construcción y remodelación de acueductos.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Casanare, para amparar los derechos colectivos y fundamentales perjudicados, mediante sentencia de 26 de mayo de 2016, dispuso que el Municipio de Pore, el Departamento de Casanare y ACUATODOS:
“(…) [D]eberán realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y ejecución que sean necesarias para poner en operación el sistema que permita dotar de agua potable a la población de la vereda Altamira del municipio de Pore”. [Resalta la Sala].
El Departamento de Casanare, apeló la determinación referida, señalando que no se explica la razón por la cual debe responder en las mismas condiciones que el Municipio de Pore, máxime cuando se estableció que este es el responsable directo del suministro de agua potable para la población afectada. Agregó que no se acreditó dentro del proceso que el Municipio de Pore carezca de recursos técnicos o financieros para asumir sus competencias ni que haya solicitado la correspondiente contribución al Departamento de Casanare, y que el sólo hecho de pertenecer a la sexta categoría no es suficiente para que el Departamento deba responder por la protección de los derechos colectivos conculcados.
Así pues, en tanto que la Sala se cercioró del agravio de los derechos colectivos y fundamentales invocados, así como de las obligaciones específicas señaladas en distintas disposiciones normativas correspondientes a cada una de las entidades condenadas –no recurrentes-, y que se relacionan de forma directa o indirecta con la estructuración y funcionamiento de un sistema de acueducto mediante el cual se preste de manera eficiente el servicio público de suministro de agua potable a los pobladores de la Vereda Altamira y, al considerar que las medidas definitivas ordenadas por el a quo con la finalidad de salvaguardar tales derechos gozan de idoneidad, el problema jurídico que se ve avocada a resolver consiste en determinar si al Departamento de Casanare i) le es imputable el menoscabo de los derechos alegados en el escrito de la acción popular; y ii) si le corresponde algún tipo de obligación frente a la garantía de los derechos afectados. Resueltos estos dos interrogantes, la Sala podrá establecer si el ente territorial recurrente debe ser desvinculado de la acción de la referencia o si, por el contrario, debe avenirse a las órdenes pronunciadas por el Tribunal Administrativo de Casanare.
Previo a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar cuál ha sido el tratamiento que la jurisprudencia constitucional le ha dado al derecho al agua y cuáles son las competencias que el ordenamiento jurídico le confirió a los departamentos en lo relativo a la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
X. 3. EL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL MECANISMO IDÓNEO DE PROTECCIÓN
La Corte Constitucional, mediante sentencia T-256 de 5 de mayo de 2015 (M. P (E): Martha Victoria Sáchica Méndez), repasó la evolución de su jurisprudencia con el objeto de recordar aquellas circunstancias ante las cuales el derecho al agua adquiere la connotación de fundamental, así como las facetas de su protección:
“[…] 95. La Corte Constitucional, en las Sentencias T-578 de 1992, T-140 de 1994 y T-207 de 1995 reafirmó que “el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”.
Siguiendo esta línea jurisprudencial, en la Sentencia T-413 de 1995 esta Corporación explicó el carácter de derecho fundamental del agua en los siguientes términos:
“El derecho al agua, para el uso de las personas, en cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la vida, SI es un derecho fundamental y que, por el contrario, NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado. Sin agua no se puede vivir, luego lo lógico es que un acueducto construido para uso domiciliario del líquido debe tener preferencialmente tal destinación. Lo razonable es atender primero las necesidades domésticas de las familias que son socias o usuarias del acueducto regional y, si hay un excedente de agua entonces sí, de manera reglamentada, se puede aprovechar excepcionalmente para otros usos. Se deja en claro que la orden que se da en esta tutela obedece al presupuesto de que existe escasez de agua para uso doméstico de los usuarios del acueducto”.
[…]
96. Por su parte, en la Sentencia T-092 de 1995 HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-256-15.htm" \l "_ftn121" \o "" [] la Sala decidió tutelar la protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los actores, afectados por la contaminación del agua que consumían. Se comprobó que el agua proveída por el acueducto de la vereda El Pata, municipio de Aipe, se construyó sin estudios previos, y no suministraba agua apta para el consumo humano por tener exceso de hierro, según estudios de la entidad Aguas del Huila. En esta medida, concedió el amparo constitucional en tanto esto “afecta en forma evidente e inminente los derechos fundamentales a la vida y a la salud de quienes se benefician de él, bien por su prestación deficiente o por contener elementos que no permitan su consumo, (…) Así, el hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto o lo tenga en condiciones que no permitan su utilización en forma adecuada, se constituye en factor de riesgo grande para la salud y la vida de la comunidad expuesta a esa situación”.
Asimismo, en la misma providencia, la Corte aludió al mecanismo adecuado para proceder a amparar el derecho fundamental al agua:
“[…] 98. De otra parte, en Sentencia T-410 de 2003 el accionante, en calidad de ciudadano en ejercicio y concejal del municipio de Versalles –Departamento del Valle del Cauca-, solicitó, en nombre propio y en el de sus “coterráneos”, la protección de los derechos a la vida, a la salud y el saneamiento ambiental, de la niñez, de los derechos sociales y de los derechos colectivos y del ambiente, los cuales estimó vulnerados por parte del Alcalde Municipal y del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Versalles, quienes suministraban a la población agua no apta para el consumo humano.
La Corte al constatar la vulneración de los derechos fundamentales invocados, decidió ordenar al Alcalde Municipal y al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Versalles –Valle del Cauca que, en lo de su competencia, en un término máximo de treinta (30) días, iniciara los trámites administrativos, financieros y presupuestales necesarios para que en un plazo no superior a seis (6) meses garantizaran al accionante y a la población del municipio de Versalles el suministro efectivo del servicio público de acueducto, con los niveles de calidad, regularidad, inmediatez y continuidad que exigen la Constitución y la ley.
En este fallo, se precisó que cuando se pretende reclamar el derecho fundamental al agua para una comunidad, se puede hacer por medio de la acción de tutela, dado que, si bien la acción popular es la indicada para reclamar la protección de derechos colectivos, el derecho al agua es un derecho fundamental cuya vulneración causa perjuicios inmediatos e inminentes. Así, las acciones que se presentan como populares para reclamar derechos colectivos pueden dársele trámite de acción de tutela cuando la autoridad judicial evidencie que se está ante la vulneración de un derecho fundamental.
99. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha analizado otro elemento esencial del derecho al agua, la calidad. En efecto, en la Sentencia T-1104 de 2005, la entidad encargada del suministro se negaba a conectar el servicio a la casa del accionante, por falta de redes de acueducto forzándolo a extender una manguera a la vivienda de su vecino. La Corte Constitucional señaló al respecto:
“…el servicio público de acueducto tiene como finalidad la satisfacción de necesidades vitales de las personas, lo que exige, naturalmente, el suministro de agua apta para el consumo humano pues no podrá considerarse que el servicio se presta con el mero transporte del líquido, sin aplicarle ningún tipo de tratamiento cuando no reúne las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas mínimas exigidas para su uso, sin que ponga en riesgo la salud y la vida de sus consumidores (…) la falta de prestación de éste servicio también está llamada a constituir una posible violación del derecho que tienen todas las personas a vivir una vida digna. Se concluye entonces que el servicio público domiciliario de acueducto puede ser objeto de protección judicial a través de la acción de tutela” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-256-15.htm" \l "_ftn122" \o "" []”. [Subraya la Sala].
X. 4. COMPETENCIAS QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO LE CONFIRIÓ A LOS DEPARTAMENTOS EN LO RELATIVO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
La Constitución Política de 1991, en su artículo 288 estableció que “[l]as competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.
De conformidad con el artículo 288 Superior, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales se ejercen conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C- 1051 de 2001, en la que se refirió a tales principios así:
“[…] El primer principio, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el ‘diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial’. El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias […].” (Negrillas fuera del texto original).
De otro lado, la misma Carta, en su artículo 298, ordenó que “[l]os departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución [al igual que] (…) ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”.
El artículo 365 de la Constitución refiere que “[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado [motivo por el cual le corresponde] (…) asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. La disposición subsiguiente menciona que “[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado [y que] [s]erá objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.
La Ley 142 de 11 de julio de 1994, en su artículo 7°, señala que “[s]on de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas: (…) 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto”. [Subraya la Sala].
Por su parte, la Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificada por La Ley 1551 de 6 de julio de 2012, desarrolla los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, los cuales deben orientar el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución y la Ley a las entidades territoriales:
“Artículo 3°. El artículo 4° de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;
[…]”. [Subraya la Sala].
Finalmente, la Ley 715 de 2001 dispuso:
“[…] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.
(…)”
X.5. RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE SALUD EN EL SISTEMA PARA LA PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
El Decreto 1575 de 2007 estableció el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. Para los fines del presente estudio, conviene destacar la responsabilidad que la norma asignó en tal materia a las direcciones departamentales de salud:
“Artículo 8°.Responsabilidad de las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud. Las direcciones territoriales de salud como autoridades sanitarias de los departamentos, distritos y municipios, ejercerán la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano. Para ello desarrollarán las siguientes acciones: 1. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de calidad del agua para consumo humano los resultados de los análisis de las muestras de agua para consumo humano exigidas en el presente decreto, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social. 2. Correlacionar la información recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con la información de morbilidad y mortalidad asociada a la misma y determinar el posible origen de los brotes o casos reportados en las direcciones territoriales de salud, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3518 de 2006 sobre vigilancia en salud pública o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 3. Realizar la supervisión a los sistemas de autocontrol de las personas prestadoras de acuerdo con los protocolos que definan los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección Social. 4. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano, con la periodicidad requerida conforme al riesgo. De cada visita se diligenciará el formulario único de acta, que para su efecto expedirá el Ministerio de la Protección Social, en la cual quede constancia del cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias encontradas en el sistema de suministro de agua para consumo humano objeto de la inspección. 5. Realizar la vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo, tanto en la red de distribución como en otros medios de suministro de la misma, según se establezca en la reglamentación del presente decreto. 6. Velar por el cumplimiento de la franja de seguridad para la aplicación de plaguicidas en las cuencas que abastecen los acueductos municipales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1843 de 1991 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, mediante el cual se regula el uso y manejo de los plaguicidas, en coordinación con las Autoridades Ambientales y las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano. 7. Calcular los índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano, IRCA, y reportar los datos básicos del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano, Irabam, al Subsistema de Calidad de Agua Potable, Sivicap, de su jurisdicción, teniendo en cuenta la información recolectada en la acción de vigilancia, de acuerdo con las frecuencias que para tal efecto se establezcan. 8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la solicitud, teniendo en cuenta los siguientes elementos de análisis:
a) El concepto sanitario a partir de las actas de visita de inspección sanitaria;
b) El análisis comparativo de los resultados analíticos de laboratorio de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, realizado por las prestadoras del suministro y distribución de agua para consumo humano y por las autoridades sanitarias;
c) La evaluación de los índices de riesgo de calidad de agua y por abastecimiento municipal. 9.
Las autoridades sanitarias municipales categorías 1, 2 y 3, deben coordinar las acciones de vigilancia del agua para consumo humano con la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción. Así mismo, deberán suministrar a la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción, para su consolidación y registro, los resultados de la calidad de agua, de los índices de riesgo de calidad y por abastecimiento de agua y actas de visita de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano de su competencia. 10. Realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano.” (Resaltado fuera del texto original).
En relación con las anteriores disposiciones, la Sala se ha pronunciado en la siguiente forma:
[…] Salta a primera vista, de acuerdo con el análisis normativo efectuado en la presente providencia, que si bien es cierto que la participación de los departamentos en la prestación de los servicios púbicos es de carácter complementario, en la medida en que el legislador se refiere a unas funciones de coordinación respecto de la actividad municipal, no lo es menos que aquellos, a través de sus direcciones de salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano […].
A tal conclusión arribó la Sala en la sentencia de 22 de mayo de 2014 en la que sostuvo:
“[…] La norma anterior reitera, por un lado, la responsabilidad de los Municipios en relación con la prestación de servicios públicos, y por el otro, que la función de los Departamentos frente al asunto, es de carácter complementario, en la medida en que impone a éstos el deber de otorgar apoyo y coordinación, lo cual no configura su responsabilidad en la prestación del servicio como tal más sí en relación con el soporte que deben brindar a los Municipios en la materia. Vislumbra la Sala que al respecto, el a quo determinó que le competía al Municipio de Prado suministrar a los habitantes de la Vereda Peñón Alto, de manera eficiente, el servicio de acueducto y que por tal virtud, no le asistía responsabilidad alguna al Departamento del Tolima. Sin embargo, dejó en claro que al Departamento le correspondía prestar apoyo de tipo presupuestal, financiero, técnico, administrativo, de vigilancia y control que resultase necesario para garantizar el suministro de agua potable a los habitantes de la mencionada comunidad.
No obstante, se observa que en la parte resolutiva del fallo, el Tribunal no impuso la carga mencionada al Departamento del Tolima […]
Así las cosas, se adicionará la parte resolutiva de la sentencia impugnada, en el sentido de ordenarle al Departamento del Tolima que le preste al Municipio de Prado y a la Empresa de Servicios Públicos de Prado «EMSERPRADO S.A. E.S.P.» apoyo y coordinación, en el entendido de otorgarle la asesoría respectiva y la asistencia técnica, administrativa y financiera en la prestación del servicio público de acueducto a los habitantes de la Vereda «Peñón Alto», de conformidad con las competencias que para el efecto le ha impuesto la Constitución y la Ley […].” (Resaltado fuera del texto original).
En igual sentido, en fallo de 24 de enero de 2008, la Sala acotó:
“[…] Tampoco puede perderse de vista que si bien la solución de las necesidades básicas insatisfechas de agua potable es una obligación básica del municipio, también lo es subsidiaria o concurrente del Departamento o de la Nación, y que el gasto social tiene prioridad en las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, constituyendo los recursos transferidos por la Nación a los municipios a título de Participación de Propósito General, renta de destinación específica de forzosa inversión en agua potable […]”.
(Resaltado fuera del texto original).
Los citados pronunciamientos de la Sala en acciones populares han permitido definir una línea jurisprudencial en la que se destaca, de una parte, la tarea primordial de los municipios de asegurar que se preste de manera eficiente el servicio domiciliario de acueducto a sus habitantes y, de otra, las funciones administrativas, de coordinación y complementariedad que en tal aspecto deben ejercer los departamentos para llevar a cabo dicho cometido constitucional. Este último aspecto ha tenido en materia de protección de los derechos colectivos, el efecto práctico de ordenar, en algunos casos, y de exhortar, en otros, al departamento con el fin de que ejerza funciones de vigilancia y control; adelante tareas de coordinación en la elaboración de proyectos para superar las deficiencias en el servicio público de agua y apoye labores técnicas y financieras, de conformidad con sus competencias.
X. 6. CASO CONCRETO
El Departamento de Casanare manifiesta su inconformidad respecto de la sentencia de primera instancia, en el sentido que, a su juicio, el Tribunal Administrativo de Casanare no debió ordenarle la realización de “gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y ejecución necesarias para poner en operación el sistema que permita dotar de agua potable a la población de la vereda Altamira del Municipio de Pore”, toda vez que en la misma providencia se estableció que el responsable directo del suministro de agua potable para la población afectada es el Municipio. De igual forma señaló que no hay pruebas mediante las cuales se pueda inferir que el Municipio de Pore carezca de recursos técnicos o financieros suficientes para asumir sus competencias ni que, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 136 de 1994, haya solicitado la correspondiente contribución al departamento de Casanare. Finalizó resaltando que el hecho de pertenecer a la sexta categoría no es motivo suficiente para que el Departamento deba responder por la protección de los derechos colectivos conculcados.
(i) la Sala advierte que de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, el Municipio de Pore es el ente territorial al que le corresponde de manera principal cumplir con la obligación de prestar los servicios públicos que demanden las necesidades de la población asentada dentro del territorio de su jurisdicción, entre ellos los de acueducto y agua potable. Dadas las circunstancias de vulneración de los derechos invocados, acreditadas con el material probatorio recaudado, es evidente que dicho municipio, por conducto de su Alcalde, no se avino a los mandatos contenidos en la regulación referida.
Aunado a lo anterior, se verificó que en el expediente no obra prueba de que el Municipio de Pore, cuando menos, haya tenido algún tipo de contacto con la Administración departamental para efectos de recibir el apoyo requerido para financiar el proyecto de estructuración de un sistema de acueducto mediante el cual se preste de manera eficiente el servicio público de suministro de agua potable a los pobladores de la Vereda Altamira. Por el contrario, de conformidad con el Certificado expedido el 9 de julio de 2015 por el Director Técnico del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare (E) , se pudo observar que el Alcalde de Pore, para esa fecha, no había registrado proyectos relacionados con la construcción, mejoramiento y adecuación del acueducto del poblado de Altamira. Así pues, no se demostró que el Municipio de Pore estuviera imposibilitado para ejercer debidamente sus competencias.
En tal virtud, es de afirmar que no existen elementos de prueba que permitan concluir que los derechos colectivos y fundamentales invocados fueron vulnerados por el Departamento de Casanare, motivo por el cual la Sala procederá a eliminar la declaración realizada por el Tribunal Administrativo de Casanare en ese sentido.
(ii) Ahora bien, no obstante lo anterior, ante las graves implicaciones que ha tenido la conducta renuente de la Administración municipal frente a la protección de los derechos afectados y la urgencia que supone la garantía de los mismos, el Tribunal dispuso que la entidad territorial recurrente, al igual que ACUATODOS y CORPORINOQUÍA, se involucraran en el restablecimiento de tales derechos, habida cuenta que, desde el punto de vista funcional, todas estas entidades están en la capacidad de contribuir a que los habitantes de la Vereda Altamira cuenten con un sistema eficiente que les provea agua potable.
Coincide la Sala con el Departamento de Casanare en que el hecho de que el Municipio de Pore haga parte del grupo de entes territoriales de sexta categoría, no necesariamente constituye prueba directa de su imposibilidad para prestar el servicio de suministro de agua potable, sin embargo, en vista de que no se cuenta con el dato, a lo menos aproximado, del costo de la construcción del sistema de provisión de agua potable para la Vereda Altamira, tampoco se puede sostener que el Municipio tenga la capacidad para financiar de manera autónoma la construcción de dicha obra.
Ahora, sin perjuicio de tal incertidumbre, el sólo hecho de que el Municipio de Pore integre la última categoría de los municipios del País, indica que sus ingresos corrientes de libre destinación son de los más reducidos en comparación con los que cuentan otros municipios de categorías superiores, es decir, que es considerado por la Ley como un “municipio básico”, de “importancia económica grado siete”. Esta situación sí permite colegir, prima facie, que hay una probabilidad considerable de que el Municipio de Pore no cuente con la capacidad suficiente para financiar de manera autónoma un proyecto como el requerido para garantizar los derechos de los habitantes de Altamira, máxime si se tiene en cuenta que el propio Departamento de Casanare demostró que en el pasado ya ha apoyado a ese Municipio en el ejercicio de sus competencias, al suscribir con el señor Ricardo Sánchez el Contrato de Obra nro. 533 de 1999, cuyo objeto consistía en “la construcción [del] Acueducto Vereda Altamira II Etapa del Municipio de Pore – Departamento de Casanare”, por el valor de “SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($79.844.149.32) MCTE” .
Además de esto, la Sala coincide con el a quo cuando afirma que “(…) la insuficiencia de ingresos [del Municipio de Pore] no es desconocida por el departamento de Casanare, pues precisamente dentro de esta acción, debido a ello, el último ente territorial mencionado, aportó 200 horas de maquinaria para recanalizar el afluente del cual se surte la población de la Vereda Altamira”.
La Sala no encuentra improcedente que el Tribunal Administrativo de Casanare haya optado por mantener vinculado al Departamento de Casanare para efectos del cumplimiento del fallo de primera instancia, por las siguientes razones: i) por la incertidumbre acerca de la capacidad del Municipio de Pore para financiar de manera autónoma el sistema de provisión de agua potable para la Vereda Alatamira; ii) dada la importancia del grupo de derechos colectivos y fundamentales vulnerados; iii) atendiendo la intensidad de su afectación por la carencia de agua potable; y iv) en razón de que por las funciones constitucionales y legales que le asisten al departamento de Casanare en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios, el juez popular, en virtud de su obligación de garantizar el goce efectivo de los derechos e intereses colectivos, debe tomar las medidas idóneas para hacer cesar el agravio y/o remover la amenaza o el peligro de los mismos.
En otras palabras, el haber mantenido vinculado al Departamento de Casanare (y a otras entidades de orden público) para efectos del cumplimiento de la sentencia, constituye una medida idónea para garantizar el goce efectivo del conjunto de derechos de la comunidad de Altamira, debido a que, aun cuando no exista prueba de que aquel haya contribuido con el menoscabo de los derechos invocados, el ordenamiento jurídico también le asignó obligaciones en materia de prestación de servicios públicos, de planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, razón por la cual no resulta admisible, desde el punto de vista del derecho sustancial, que se hubiera declarado en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no obra plena prueba sobre la posibilidad del Municipio de Pore para ejercer sus competencias como es debido.
(iii) Finalmente, es un hecho que las órdenes de amparo contenidas en la sentencia cuestionada fueron proferidas de manera general y abstracta, sin embargo, debe entenderse que las mismas han de ser cumplidas en el marco de las competencias del Departamento, las cuales a su vez deben ser interpretadas a la luz de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, es decir, que aquel deberá apoyar “(…) en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente”.
La vinculación del Departamento de Casanare en la ejecución del fallo no afecta de forma indebida sus intereses, en tanto que, dado el caso de que el Municipio de Pore pueda asumir la prestación eficiente del servicio público reclamado por los habitantes de la Vereda Altamira, aquel no tendrá algún tipo de responsabilidad, siempre que el Municipio no acredite que requiere de su apoyo, de lo contrario, si lo demuestra, sencillamente se verá avocado a darle cumplimiento a las competencias que le fueron conferidas por la Constitución y la Ley.
Dicha decisión es coherente con la jurisprudencia constitucional citada por el mismo Departamento en el escrito de alzada, pues allí se precisó que “[c]on respecto al principio de subsidiariedad (…), la posibilidad de que las entidades territoriales, y únicamente para el evento de no poder ejercer determinadas funciones en forma independiente, pueden apelar a niveles superiores (el departamento o la nación), para que estas le colaboren en el ejercicio de sus competencias, pues, repárese que los intereses de las entidades territoriales, deben ser siempre articulables y complementarios y no enfrentados (…)”. Además se dijo que el principio de coordinación “(…) indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.) (…) [y que] [e]l principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el “diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial”[5]”.
Así pues, no parece razonable que el Departamento de Casanare recurra la sentencia de primera instancia como si sus competencias fueran totalmente ajenas a los intereses de los municipios ubicados dentro de su jurisdicción. En efecto, la Constitución ha dispuesto que Colombia es un Estado unitario, y en esa medida se explica que las entidades territoriales con mayor capacidad obren en atención a principios como los de concurrencia, coordinación y complementariedad. De hecho, la Sala observa que el Departamento actuó con base en estos postulados, cuando en la audiencia de pacto parcial de cumplimiento, celebrada el 16 de septiembre de 2015, asumió el compromiso de “suministrar maquinaria, operador y combustible para 200 horas de buldócer y 200 horas de retroexcavadora para recanalizar el Río Pauto y llevar el agua hasta la bocatoma del acueducto de la vereda Altamira del municipio de Pore”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de suprimir la parte que declara que el Departamento de Casanare es responsable de la vulneración de los derechos amparados, y se aclarará que las entidades condenadas deberán realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y ejecución que sean necesarias para poner en operación el sistema que permita dotar de agua potable a la población de la Vereda Altamira del municipio de Pore, en el marco de las competencias que les fueron conferidas por la Constitución y la Ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 26 de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo Casanare, el cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR que existe vulneración de los derechos fundamentales y colectivos al agua, dignidad humana, salubridad pública, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por parte del municipio de Pore y Acuatodos, por lo expuesto en la parte motiva.
Para garantizar dichos derechos y sin perjuicio del pacto parcial de cumplimiento aprobado por esta Corporación en sentencia del 24 de septiembre de 2015, el municipio de Pore, el departamento de Casanare y Acuatodos deberán realizar, en el marco de las competencias que les fueron asignadas por la Constitución y la Ley, las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y ejecución que sean necesarias para poner en operación el sistema que permita dotar de agua potable a la población de la Vereda Altamira del municipio de Pore. El término para realizar estas actividades será el siguiente:
a) Gestiones administrativas y presupuestales: 4 meses contados a partir del vencimiento del plazo fijado en el pacto de cumplimiento aprobado mediante sentencia de 24 de septiembre de 2014.
b) Proceso de contratación: 4 meses contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo anterior.
c) Ejecución y puesta en funcionamiento del sistema: 6 meses siguientes al término indicado en el párrafo anterior.
Corporinoquía efectuará acompañamiento técnico en todo lo relacionado con licencias ambientales que se requieran.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase,
HERNÁNDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 1 a 8. Cuaderno No. 1. Ibíd., folio N.º 1. Carta radicada bajo el N.º S.O.P. 120.18.00 – 56, suscrita por el Secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Pore, dirigida a la Personera Municipal de Pore y radicada el 15 de mayo de 2015. Folios 21 y ss. del Cuaderno N.º 1 del Expediente. Ibíd., folios 65 a 71. Ibíd., folio N.º 21. “1. Instalar un equipo de medición de caudal que permita conocer en cualquier momento la calidad de agua que está siendo derivada de la bocatoma. 2. Tramitar ante esta autoridad ambiental permiso de Ocupación de Cauce de la quebrada la Jasse, a fin de legalizar la obra de captación allí construida. 3. Continuar con las actividades de mantenimiento a las obras que hacen parte del sistema de acueducto con el fin de garantizar su funcionamiento y vida útil. 4. Presentar a la corporación una alternativa técnica y ambientalmente viable para encauzar el agua de la quebrada la Jasse hacia la obra de captación, o de lo contrario evaluar la pertinencia de reubicar la bocatoma. 5. Retirar de manera inmediata el Jarillón construido en el cauce de la quebrada la Jasse a la altura de las coordenadas planas N: 1126098 y E: 841001 origen 3º este”. Ibíd., folios 12 a 18.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. (…). Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…). Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas: (…). 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. (…)”. Folio N.º 11 del Cuaderno N.º 1 del Expediente. No consta el referido documento. Folio N.º 31 del Cuaderno N.º 1 del Expediente. Ibíd., folios 51 a 54. Ley 617 de 6 de octubre de 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. (…). ARTICULO 2o. CATEGORIZACION DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS. El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así: "Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: (…). Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. (…)”. Constitución Política de 1991. “Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”. Folios 59 a 61 del Cuaderno N.º 1 del Expediente. 1. Concepto técnico 500.10.1.12.0271 de 12 de marzo de 2012, acogido mediante “Auto de requerimientos” nro. 500.57.12.2599 de 17 de diciembre de 2012. (Visible en folios 75 a 77 del Cuaderno N.º 1 del Expediente). 2. Concepto técnico 500.10.1.13.1356 de 27 de noviembre de 2013, producto de una visita técnica realizada el 12 de diciembre de 2013, y sobre el cual, posteriormente, se emitió el Auto 500.57.14.0068 de 21 de enero de 2014. (Visible en folios 72 a 74 del Cuaderno N.º 1 del Expediente). Ibíd., folios 80 a 83.
“Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político‑administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Folios 84 a 95 del Cuaderno N.º 1 del Expediente.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. (…).
“ARTÍCULO 2.3.3.1.2.5. Estructuras Operativas. Igualmente hacen parte de los PAP- PDA, las siguientes estructuras operativas: (…). 2. El Gestor: Es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento. Podrán ser gestores una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo soliciten; o el departamento. (…)”. Ibíd., “ARTÍCULO 2.3.3.1.1.1. Objeto. Ajustar los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento a partir del análisis de sus avances y desarrollo, atendiendo a las necesidades propias y teniendo en cuenta las capacidades institucionales de cada región. ARTÍCULO 2.3.3.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente capítulo aplica a todos los participantes en la coordinación interinstitucional del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA; a los consejos directivos, gestores, instrumentos de manejo de los recursos, departamentos y municipios, que en virtud de las Leyes 1176 de 2007 y 1151 de 2007, están sujetos al manejo de los recursos del Sistema General de participaciones a través de Planes Departamentales de Agua, en los términos del presente capítulo”. Folios 179 a 192 del Cuaderno N.º 1 del Expediente. Ibíd., folio N.º 206. Certificación expedida el 9 de julio de 2015 por el Director Técnico del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare (E). Ibíd., folios 216 a 221.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Folios 241 a 245 del Cuaderno N.° 1 del Expediente. Folios 258 a 271 del Cuaderno N.° 2 del Expediente. Copia del informe final presentado por el contratista CYVICON INGENIERÌA S. A. S. al Municipio de Pore sobre las actividades realizadas en desarrollo del contrato N.º 188-2015 cuyo objeto lo constituía el suministro e instalación de tubería petrolera para hacer revestimiento de la tubería del acueducto de la Vereda Altamira del municipio de Pore. Folio N.° 327 del Cuaderno N.° 1 del Expediente. Ibíd., folios 328 a 330. Ibíd., folios 340 a 355. Ibíd., folio N.° 355. “SEGUNDO:
DECLARAR que existe vulneración de los derechos fundamentales y colectivos al agua, dignidad humana, salubridad pública, acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por parte del municipio de Pore, el departamento de Casanare y Acuatodos (…)”. Ibíd., revés del folio N.° 353. Ídem. Ibíd., folio N.° 354. Ídem. “PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, por las razones indicadas en la parte considerativa”. Ídem. Ibíd., folio N.° 355. Ídem. Ibíd., folios 378 a 380.
“Artículo 4º.- Principios rectores del ejercicio de competencia. Modificado por el art. 3, Ley 1551 de 2012. Los municipios ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y en especial con sujeción a los siguientes: (…) c) SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto. Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley, las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las gestiones realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local”. Folios 414 y 415 del Cuaderno N.° 2 del Expediente. Ibíd., folios 433 a 442. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Ibíd., folio N.º 1. Artículos 311; 356; 365 y 366. Ley 136 de 1994, artículo 3°. Ley 142 de 1994, artículo 5°. Ley 715 de 2001, artículos 3°; 4°; 76 y 78. Decreto 1575 de 2007, artículos 3° y ss.
“Artículo 4º.- Principios rectores del ejercicio de competencia. Modificado por el art. 3, Ley 1551 de 2012.
Los municipios ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y en especial con sujeción a los siguientes: (…) c) SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto. Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley, las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las gestiones realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local”.
“Ver en adición la Sentencia T-375 de 1996, sobre tutela de la vida y la salud agua por privación de agua en servidumbre”.
“En Sentencia T-888 de 2008. La procedencia de la acción de tutela en materia de agua: “Así las cosas, la Corte ha determinado que procede la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al agua potable cuando: i) se demuestre que se requiere para el consumo humano, pues en caso contrario no se trata de un derecho fundamental y, por lo tanto, no debe utilizarse este mecanismo procesal sumarial sino la acción popular; ii) se pruebe que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se encuentra contaminada o no se presta en condiciones aptas para el consumo de las personas y, iii) los usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación del servicio público, pues este derecho también implica el deber de acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación del servicio”. En el mismo sentido: “Artículo 356. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2001, artículo 2º. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.
(…). Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios.
(…)”. Magistrado ponente: doctor Jaime Araujo Rentería.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Ref.: Expediente núm. 41001-23-31-000-2011-00470-01.Acción Popular-Fallo. Actora: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental Y Agraria-Huila
Expediento nro. 2012 00169 (AP), Consejera ponente: María Elizabeth García González. Expediente nro. 2003-00426 (AP), Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Bogotá, D. C., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Ref.: Expediente núm.
41001-23-31-000-2011-00470-01.Acción Popular-Fallo. Actora: Procuraduría 11 Judicial II Ambiental Y Agraria-Huila. Ver sentencias de 13 de septiembre de 2007 (Expediente nro. 2004-00218, Consejero ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno); 18 de octubre de 2007 (Expediente nro. 2003-01262 (AP), Consejero ponente: doctor Camilo Arciniégas Andrade); 3 de abril de 2014 (Expediente nro. 2011-00210 (AP), Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso) y 22 de mayo de 2014 (Expediento nro. 2012-00169, Consejera ponente: María Elizabeth García González).
“Artículo 4º.- Principios rectores del ejercicio de competencia. Modificado por el art. 3, Ley 1551 de 2012. Los municipios ejercen las competencias que les atribuye la Constitución y la Ley, conforme a los principios señalados en la Ley orgánica de ordenamiento territorial y en especial con sujeción a los siguientes: (…) c) SUBSIDIARIEDAD: Cuando se disponga que los municipios pueden ejercer competencias atribuidas a otros niveles territoriales o entidades, en subsidio de éstos, sus autoridades sólo entrarán a ejercerlas una vez que se cumplan plenamente las condiciones establecidas para ellos en la norma correspondiente y dentro de los límites y plazos fijados al respecto. Así mismo, cuando por razones de orden técnico o financiero debidamente justificadas, los municipios no puedan prestar los servicios que les impone la Constitución y la Ley, las entidades territoriales de nivel superior y de mayor capacidad deberán contribuir transitoriamente a la gestión de los mismos, a solicitud del respectivo municipio. Las gestiones realizadas en desarrollo de este principio se ejercerán sin exceder los límites de la propia competencia y en procura de fortalecer la autonomía local”. Constitución Política de 1991. “Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político‑administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”. Ley 136 de 1994. “Artículo 3º.- Funciones de los municipios. Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012. Corresponde al municipio: 1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. (…) 7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional. (…) 19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”. [Resalta la Sala]. Ley 142 de 1994. “Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente. (…) 5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta Ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia”. [Resalta la Sala]. Ibíd., folio N.º 206. Certificación expedida el 9 de julio de 2015 por el Director Técnico del Banco de Programas y Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Casanare (E). Ley 617 de 6 de octubre de 2000. “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. (…). ARTICULO 2o. CATEGORIZACION DE LOS DISTRITOS Y MUNICIPIOS.
El artículo 6o. de la Ley 136 de 1994, quedará así: "Artículo 6o. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, así: (…). Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. (…)”. Ley 1551 de 2012. “Artículo 7°. El artículo 6° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 6°. Categorización de los Distritos y municipios. Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes: (…) III. TERCER GRUPO (MUNICIPIOS BÁSICOS) (…) 7. SEXTA CATEGORÍA. Población: Población igual o inferior a diez mil (10.000). Ingresos corrientes de libre destinación anuales: No superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales. Importancia económica: Grado siete. (…)”. Folios 199 y ss. del Cuaderno N.° 1 del Expediente. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-764 de 2 de octubre de 2012 (M. P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). “Tratándose de la instalación del servicio de acueducto para varios predios en el municipio de Fusagasuga, desde la sentencia T-578 de 1992[11], la Corte precisó que “El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. 2.4.2.2. En el mismo sentido, la Corte ha señalado que sin la posibilidad de gozar efectivamente del derecho al agua se afecta el goce efectivo de otros derechos constitucionales como, por ejemplo, el de la dignidad humana[12], la vida, la salud y en otros casos, la identidad cultural e integridad de una comunidad indígena o étnica[13]. Para la Corte es claro que el derecho al agua potable constituye un derecho constitucional fundamental cuando está destinada al consumo humano, pues es indispensable para la vida[14]”. En Sentencia T-475 de 21 de julio de 2017 (M. P: Iván Humberto Escrucería Mayolo), la Corte indicó: “5.1. En distintas providencias esta Corporación ha tenido la oportunidad de precisar la importancia del recurso hídrico no solo desde el punto de vista jurídico sino como elemento indispensable para la vida en el planeta. En este sentido, la sentencia T-500 del 2012 expuso lo siguiente: “Agua según la primera acepción en el Diccionario de la Lengua Española, es una sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales. El acceso a dicho recurso vital es indispensable para la existencia misma de los seres vivos”. De igual modo, en la sentencia T-418 de 2010 este Tribunal reconoció que ningún sentido tendría pretender asegurar la vida, bien sea humana o de cualquier otra especie, sin asegurar el acceso a este preciado recurso, pues la existencia del mismo indudablemente constituye prerrequisito para toda fuente de vida”. [Resalta la Sala]
Corte Constitucional, “sentencia C-1187 de 2000”. Ibíd., “Auto 383 de 2010”.
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