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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00038-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00038-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por la Magistrada Sustanciadora del Tribunal, quien lo presidirá, el defensor del Pueblo Regional Casanare, el gobernador del departamento de Casanare o su delegado, los representantes legales o delegados de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul SA ESP y de Acuatodos S. A. ESP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Aguazul y el delegado del Ministerio Público, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando ocurran novedades que requieran intervención judicial más temprana. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 85001-23-33-000-2022-00038-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 85001-23-33-000-2022-00038-01
Actor: Yeison Danilo Pineda Ciro
Demandados: Municipio de Aguazul, Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Casanare - ACUATODOS S.A. ESP, Departamento de Casanare y
Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Vinculada: Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P.

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y por el Departamento de Casanare
contra la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Casanare.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Yeison Danilo Pineda Ciro presentó demanda, en ejercicio del
respectivo medio de control, contra el Municipio de Aguazul, la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Casanare - ACUATODOS S.A. ESP.1,
el Departamento de Casanare y la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos

1 En adelante ACUATODOS S.A. ESP.

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previstos en los literales a, g, h y j2 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de
19983.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] 1. Declarar que las ACCIONADAS en la presente acción constitucional popular
han vulnerado los derechos e intereses colectivos establecidos en el artículo 4 de la
ley 472 de 1998: “a” El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido
en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; “g” La seguridad y
salubridad públicas; “h” El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y “j” El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna conforme se desarrolla a lo largo de la demanda, las autoridades
administrativas (I) Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (II)
Gobernación de Casanare, (III) Municipio de Aguazul, (IV) ACUATODOS.
2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las accionadas (I) Nación – Ministerio
de Vivienda Ciudad y Territorio (II) Gobernación de Casanare, (III) Municipio de
Aguazul, (IV) ACUATODOS. HACER CESAR LA VULNERACIÓN de manera
definitiva, es decir, brindar los servicios públicos de los que carece la comunidad,
esto es agua potable y saneamiento básico […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora señaló que mediante la Resolución 538 de 2011, el jefe de la
oficina asesora de planeación del municipio aprobó una licencia urbanística en la
modalidad de loteo, solicitada por la señora Susana Herminia Ayala de Villamil,
sobre un área urbanizable de 23.343 m2, delimitada entre la “[…] calle 15 y caño
Aguazulero, Marginal de la Selva y servidumbre oleoducto Ecopetrol área urbana
del municipio […]”5, para el proyecto denominado Villa Alejandra, en el municipio de
Aguazul.

4. El municipio solicitó a la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul
certificación de disponibilidad de redes para el proyecto Urbanización Villa
Alejandra, por lo que la empresa expidió múltiples certificaciones para varias
nomenclaturas de la urbanización entre los días 26 de julio a 27 de agosto de 2012.

2 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna […]”.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 7ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.
5 Cfr. Índice 3 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

10_ED_010ANEXOSACCIONPOP(.pdf) NroActua 3[…]”.

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5. El municipio expidió las Resoluciones 496 y 538 de 2011 con las que se
aprobó oficialmente el proyecto urbanístico.

6. La Secretaría de Obras Públicas del municipio mediante escrito de 9 de abril
de 2015 expidió concepto de oportunidad y viabilidad para la ampliación de redes
de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio La Esperanza, donde se
ubica la Urbanización Villa Alejandra, en el que declaró que el proyecto sería
financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

7. Aunque existió un proyecto para solucionar el problema de falta de acueducto
y alcantarillado en el sector, se frustró en el año 2018 como consecuencia de la falta
de certificado de disponibilidad presupuestal, toda vez que los recursos provenían
del SGR.

8. Señaló que la comunidad ha elevado múltiples solicitudes al municipio para
que se garantice la prestación del servicio de acueducto; sin embargo, la
urbanización aún no cuenta con el suministro de los servicios de acueducto y
alcantarillado, por lo que los habitantes de ese sector viven en condiciones
insalubres.

Contestaciones de la demanda

11. El Departamento de Casanare presentó escrito de 19 de julio de 20226 en
el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones y señaló que corresponde al
municipio promover el desarrollo de su territorio, construir obras necesarias para el
progreso y prestar los servicios públicos.

12. Afirmó que no le corresponde asumir competencias directas en materia de
prestación de servicios públicos y que las funciones de coordinación y
complementación de la acción municipal se activan cuando exista imposibilidad del
municipio para atender sus obligaciones. Solicitó que se declarara probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

13. La Empresa de Servicios Públicos de Aguazul - ESPA7 presentó escrito
de 21 de julio de 2022 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló
que la obligación de llevar los servicios públicos a la comunidad de Villa Alejandra

6 Cfr. índice 14 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
19_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.pdf) NroActua 14 […]”.
7 Vinculada al proceso de la referencia mediante auto de 1 de julio de 2022.

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es del urbanizador o del municipio. Por lo que formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.

14. El Municipio de Aguazul contestó la demanda, mediante escrito presentado
el 22 de julio de 20228, en el que se opuso a las pretensiones y señaló que la
obligación de garantizar los servicios públicos es del urbanizador, quien debe
instalar las redes secundarias de alcantarillado. Formuló las excepciones de
inexistencia de afectación a derechos colectivos y falta de precisión y prueba de los
hechos.

15. La empresa ACUATODOS S.A. ESP contestó la demanda, mediante escrito
presentado el 22 de julio de 20229, en el que se opuso a las pretensiones y sostuvo
que no es responsable de la construcción de la infraestructura en áreas
urbanizadas, como es el caso de la urbanización Villa Alejandra, y que la prestación
del servicio recae en las urbanizaciones y en el municipio. Por lo que formuló las
excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, cumplimiento de
competencias legales e inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte
de ACUATODOS S.A. ESP.

16. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la demanda,
mediante escrito presentado el 22 de julio de 202210, en el que se opuso a las
pretensiones y alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, al no tener
competencia directa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios ni en la
construcción de infraestructura en el municipio de Aguazul. Sostuvo que en el año
2017 ACUATODOS S.A. ESP presentó un proyecto ante la entidad para la
ampliación de las redes de acueducto y alcantarillado del barrio La Esperanza, al
que pertenece la urbanización Villa Alejandra, sin embargo, el ministerio realizó
observaciones que no fueron subsanadas por la empresa en los tiempos
establecidos, por lo que se desistió del proyecto. Formuló las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de acciones u omisiones
atribuibles al ministerio.

8 Cfr. Índice 16 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
23_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_024CONTESTACIONMUN(.pdf) NroActua 16 […]”.
9 Cfr. Índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
24_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_025CONTESTACIONACUA(.pdf) NroActua 17 […]”.
10 Cfr. Índice 18 del 25_RECIBEPORCORREOELECTRONICO_026CONTESTACIONMVC(.pdf) NroActua 18

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Actuaciones en primera instancia

17. El tribunal mediante auto de1 de julio de 202211 admitió la demanda, vinculó
a la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul S.A. ESP y ordenó entre otras cosas,
notificar a la parte demandada e informar a la comunidad sobre la existencia del
proceso.

18. El tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 17
de febrero de 202312, la cual se declaró fallida porque las partes no llegaron a
ninguna fórmula de acuerdo. Asimismo, en la precitada audiencia se solicitó a la
magistrada sustanciadora la vinculación del urbanizador de la Urbanización Villa
Alejandra, solicitud que fue resuelta de manera negativa, notificada en estrados y
contra la cual las partes no interpusieron recursos.

19. El tribunal profirió auto de 18 de julio de 202413 mediante el cual corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

20. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio14; el Departamento de
Casanare15; la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul - ESPA16; ACUATODOS
S.A. ESP17 y el Municipio de Aguazul18, presentaron escritos en los que reiteraron
los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

21. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

Sentencia de primera instancia

22. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia el día 6 de marzo
de 202519 en la que resolvió lo siguiente:

11 Cfr. Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
17_AUTOADMISORIODELADEMANDA(.pdf) NroActua 10 […]”.
12 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

48_AUDIENCIA_ACTAPCPOPULAR20(.pdf) NroActua 43 […]”.
13 Cfr.índice 85 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 115AUTO

TRASLADO D_alegatos_AutoAPOPULAR20220003(.pdf) NroActua 85 […]”.
14 Cfr. Índice 95 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

121_MemorialWeb_Alegatos-2024EE0055539_1ALE(.pdf) NroActua 95 […]”.
15 Cfr. Índice 96 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

124_MemorialWeb_Alegatos-AlegatosAP2022038(.pdf) NroActua 96 […]”.
16 Cfr. Índice 97 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

126_MemorialWeb_Alegatos-Alegatosdeconclusi(.pdf) NroActua 97 […]”.
17 Cfr. Índice 98 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

128_MemorialWeb_Alegatos-40ALEGATOSFINALES(.pdf) NroActua 98 […]”.
18 Cfr. Índice 99 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

129_MemorialWeb_Alegatos-ACCIONPOPULAR2022(.pdf) NroActua 99 […]”.
19 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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“[…] PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la
empresa de Servicios Públicos de Aguazul S.A. ESP, el departamento de Casanare
y Acuatodos S. A. ESP, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Amparar los derechos colectivos amenazados al goce de un ambiente
sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de
los habitantes de la urbanización Villa Alejandra del municipio de Aguazul, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En consecuencia, imponer a las demandadas las siguientes medidas
definitivas:

Medidas definitivas Plazo Responsables
FASE DE DIAGNÓSTICO
i) En aplicación de los
principios de coordinación y
subsidiariedad, el alcalde de
Aguazul, y el gerente de la
Empresa de Servicios
Públicos de Aguazul S.A.
ESP, pondrán en
conocimiento del Municipio de Aguazul
departamento de Casanare Dos (2) meses a partir de la
y de Acuatodos S.A. ESP, ejecutoria de la sentencia
las necesidades reales Empresa de Servicios
relacionadas con el servicio Públicos de Aguazul SA ESP
de acueducto y saneamiento
básico de la urbanización
Villa Alejandra, con el fin de
concertar y acordar la
obtención del apoyo
financiero, logístico y técnico
que se requiera.
El departamento de Tres (3) meses, contados a Departamento de Casanare
Casanare, y Acuatodos S.A. partir de vencimiento del y Acuatodos S.A. ESP.
ESP, deben dar respuesta plazo anterior o desde la
concreta a la solicitud de la fecha en que las entidades
entidad municipal. del orden municipal
presenten la solicitud
correspondiente.
ii) Realizar un censo de la Un (1) mes, a partir de la Municipio de Aguazul
urbanización Villa Alejandra, ejecutoria de la sentencia
discriminando el censo por
edad, sexo y si existen
personas de especial
protección y recopilar la
información necesaria para
orientar la dotación de
infraestructura básica de
acueducto y saneamiento
básico o de las soluciones
alternativas.
iii) Realizar el respectivo
diagnóstico de la situación
real de las redes domésticas
de dicho sector, los puntos
de conexión a la red de
acueducto y todos aquellos
aspectos necesarios para
identificar las dificultades en Tres (3) meses, a partir de la Empresa de Servicios
lograr la instalación definitiva ejecutoria de la sentencia Públicos de Aguazul S.A.
del sistema de acueducto y ESP
alcantarillado y determinar

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las medidas para garantizar
de manera efectiva y
permanente la prestación del
servicio de acueducto con el
suministro de agua potable y
saneamiento básico.
FASE FORMULACIÓN DEL PROYECTO
1. Con el resultado del Tres (3) meses, una vez se Municipio de Aguazul,
diagnóstico, se debe haya legalizado el predio Empresa de Servicios
efectuar la planificación y donde se pretende construir Públicos de Aguazul SA.
elaboración del proyecto, el acueducto. ESP y Acuatodos S. A. ESP.
etapa en la que se deben
evaluar las necesidades
advertidas en el diagnóstico,
en presupuesto, logística y
demás criterios que se
requieran para dar viabilidad
al proyecto, la cual culminará
con la presentación del
proyecto ante el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y
Territorio
2. Presentar el proyecto y Un (1) mes, contado a partir Municipio de Aguazul,
atender los ajustes que del vencimiento del plazo Empresa de Servicios
sugiera el Ministerio de anterior Públicos de Aguazul SA.
Vivienda, Ciudad y Territorio. ESP y Acuatodos S. A. ESP.
FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Realizar la correspondiente Tres (3) meses, contados a Ministerio de Vivienda,
revisión al proyecto con partir de la presentación del Ciudad y Territorio.
prioridad, emitiendo las proyecto.
observaciones,
requerimientos de ser
necesarios o dar curso al
mismo sin dilaciones,
prestando la asistencia
técnica que requieran dichas
entidades, para que se logre
el buen curso del proyecto.
FASE PLANIFICACIÓN
De manera coordinada, Cuatro (4) meses, contados Municipio de Aguazul
teniendo definidos los a partir de la aprobación del y Acuatodos S. A. ESP.
recursos y/o apoyos de proyecto.
cofinanciación, deben
realizar los estudios previos
para el diseño sistema de
acueducto y alcantarillado
que garantice el suministro
de agua potable de manera
constante y de calidad,
incluyendo los estudios de
factibilidad, presupuesto y
riesgos.
FASE DE CONTRATACIÓN
Adelantar los trámites de Cuatro (4) meses, contados Municipio de Aguazul,
contratación y ejecución, con a partir del vencimiento del Empresa de Servicios
miras a materializar la plazo establecido en el Públicos de Aguazul, S.A.
construcción de la obra numeral anterior. ESP en coordinación con
establecida en el proyecto y Acuatodos S. A. ESP.
en los estudios previos,
previo cumplimiento de los
permisos ambientales
Determinar si asume la Dos (2) meses, contados a Empresa de Servicios
construcción de las redes partir del vencimiento de la Públicos de Aguazul S.A.
locales (artículo 8 del fase de planificación ESP
Decreto 3050 de 2013) y/o si
requiere al urbanizador o a
los residentes de la
urbanización Villa Alejandra,

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en caso de ser necesaria la
construcción de redes
locales o domésticas.
FASE DE EJECUCIÓN
Ejecutar el contrato y recibo Doce (12) meses, a partir Municipio de Aguazul,
de obra. del vencimiento del plazo Empresa de Servicios
establecido en el numeral Públicos de Aguazul, S.A.
anterior. ESP y Acuatodos S. A. ESP.
Adelantar las acciones Cuatro (4) meses, a partir Empresa de Servicios
correspondientes para que del vencimiento del plazo Públicos de Aguazul SA ESP
quede construida la red establecido en la
doméstica. contratación para la
construcción de red
doméstica.
Ejercer actividades de apoyo Dentro de los cinco (5) días Departamento de Casanare
y coordinación, cuando el siguientes a la solicitud y Acuatodos S. A. ESP.
municipio de Aguazul efectuada por el municipio
efectúe la correspondiente de Aguazul.
solicitud (apoyo económico,
financiero, logístico, etc.)

CUARTO: ORDENAR el apoyo constante de las entidades del orden departamental
y nacional así:

4.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, debe dar curso prioritario a
los proyectos de acueducto y saneamiento básico para la urbanización Villa
Alejandra del municipio de Aguazul, brindará asistencia técnica al municipio de
Aguazul, en caso de que la entidad así lo requiera y contratará el seguimiento
de los proyectos de acueducto, en caso de brindarse apoyo financiero.

4.2. En todas las fases, el departamento de Casanare en cabeza del
gobernador y Acuatodos S. A. ESP deben mantener una labor de
coordinación y comunicación permanentes con el alcalde de Aguazul, para
acordar las medidas y apoyo que se requiera para implementar el sistema de
acueducto y saneamiento básico, dando aplicación a los principios de
coordinación y subsidiariedad. El departamento de Casanare informará al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los avances que se adelanten,
solicitando de requerirse, la asistencia y/o acompañamiento de la citada cartera,
cuando se advierta la insuficiencia de recursos para dar cumplimiento a las
órdenes dispuestas en esta providencia.

QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por el defensor
del Pueblo Regional Casanare quien lo presidirá, el gobernador del departamento de
Casanare o su delegado, los representantes legales de la Empresa de Servicios
Públicos de Aguazul SA ESP y de Acuatodos S. A. ESP, el alcalde de Aguazul, el
delegado del Ministerio Público, cuyo procedimiento se sujetará a las reglas trazadas
en la parte motiva de esta providencia y deberá rendir informes periódicos cada cuatro
(4) meses; o cuando ocurran novedades que requieran intervención judicial más
temprana.

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

SÉPTIMO: Remítase copia de esta providencia, así como de la demanda y del auto
admisorio a la Defensoría del Pueblo – Registro Público de Acciones Populares y de
Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998 […]”.

23. El tribunal consideró que se encontraba probada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de los habitantes

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de la urbanización Villa Alejandra del municipio de Aguazul, toda vez que no se
acreditó en el proceso la instalación del sistema de acueducto y saneamiento básico
en el referido sector.

24. Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el ministerio y el departamento, consideró que no prosperaba, frente
a lo cual señaló que corresponde a estas entidades apoyar financiera, técnica y
administrativamente a las empresas que prestan el servicio de acueducto y
saneamiento básico.

Recursos de apelación

25. El Departamento de Casanare presentó escrito de 17 de marzo de 202520
por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en
primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

25.1. Señaló que no es responsable de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda y que corresponde al municipio de Aguazul
garantizar la efectividad de los derechos colectivos amparados por el tribunal.

25.2. Manifestó que el municipio debe garantizar la prestación de los servicios
públicos en su jurisdicción y construir las obras que demande el progreso local y,
los concejos municipales deben adoptar los planes y programas de desarrollo
económico, social y de obras públicas, así como reglamentar el uso del suelo, de
conformidad con lo previsto en los artículos 311 y 313, numerales 2, 7 y 9 de la
Constitución Política y el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.

25.3. Adujo que las obligaciones de coordinación y complementariedad del
departamento surgen a partir de la necesaria gestión del principal responsable de
la prestación de los servicios públicos, esto es del municipio. En este punto, destacó
que ni el ente territorial ni la empresa de servicios públicos municipal han presentado
ante el departamento proyectos relacionados con la prestación del servicio de
acueducto en la urbanización Villa Alejandra, de acuerdo con la certificación
expedida por la directora técnica del Banco de Programas y Proyectos del
departamento de Casanare.

25.4. Refirió la sentencia proferida por esta Sección en la acción popular
identificada con número único de radicación 85001-23-33-000-2015-00146-01, en

20Cfr. índice 108 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
136_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 108 […]”.

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la que se concluyó que el departamento no había vulnerado los derechos colectivos
invocados con ocasión de las omisiones en el suministro de agua potable en que
incurrió el municipio de Pore en el departamento de Casanare.

25.5. Finalmente, solicitó la modificación de los ordinales 1, 3 y 4.2 de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva del departamento.

26. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó escrito de 17 de
marzo de 202521 por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida en primera instancia con fundamento en los siguientes
argumentos:

26.1. Señaló que de conformidad con los artículos 1, 287, 288, 298 y 313 de la
Constitución Política las autoridades territoriales tienen la autonomía para gestionar
sus intereses, ejercer sus competencias y adoptar sus planes de ordenamiento
territorial. Asimismo, refirió la sentencia C-189 de 2019 proferida por la Corte
Constitucional en materia de alcance de la autonomía territorial.

26.2. Afirmó que en la sentencia apelada se consideró que la responsabilidad
recaía en el municipio y subsidiariamente en el departamento, sin que se atribuyera
responsabilidad al ministerio.

26.3. Sostuvo que las funciones de seguimiento del ministerio dependen de las
consultas que eleve el municipio, lo cual no se tuvo en cuenta en la sentencia
apelada, desconociendo con ello las normas de creación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio establecidas en la Ley 1444 de 2011 y el decreto 3571 de 2011,
modificado por el decreto 1604 de 2020.

26.4. Manifestó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 19, 23 y 24, numeral
5, del decreto 3571 de 2011, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico tiene
la función de formular, implementar, hacer el seguimiento y evaluación de las
políticas, estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento
para el sector agua potable y saneamiento básico; y coordinar la asignación de los
recursos provenientes de dichas fuentes, así como la reglamentación técnica del
sector.

21Cfr. índice 109 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
138_MemorialWeb_Alegatos-2025EE0009798_1(.pdf) NroActua 109 […]”.

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26.5. Precisó que el seguimiento que realiza la entidad, a través de la Dirección de
Infraestructura y Desarrollo Empresarial y, concretamente, de la Subdirección de
Programas y la Subdirección de Desarrollo Empresarial, está armonizado con el
deber general de las entidades públicas de verificar la correcta aplicación de los
recursos financieros provenientes del Tesoro Nacional que le son asignados; y está
armonizado con las prerrogativas y potestades de la administración, que consisten
en la dirección general, control y vigilancia del contrato a cargo de la entidad estatal
contratante.

26.6. Adujo la imposibilidad para el ministerio de llevar a cabo seguimiento o
verificación de cumplimiento de los contratos celebrados entre la entidad territorial
y la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la
competencia asignada a la Nación en el artículo 8 de la Ley 142 de 1994. De la
misma manera, destacó que las funciones de inspección, vigilancia y control sobre
la prestación de los servicios públicos domiciliarios fueron atribuidas a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

26.7. Señaló que en virtud de lo previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, en
materia de servicios públicos domiciliarios la Nación tiene la competencia de apoyar
financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos y a
los municipios que hayan asumido la prestación directa. Y en atención a lo
establecido en el artículo 162 numeral 2 de la misma ley, el Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico tiene la función de “[…] [A]sistir técnica e institucionalmente
a los organismos seccionales y locales, para el adecuado cumplimiento de sus
funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de los servicios de agua
potable y saneamiento […]”.

26.8. Asimismo, señaló que la función de prestar asistencia técnica a las personas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios recae, de conformidad con el artículo
2.3.3.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015, en primera instancia en el Gestor del Plan
Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento,
al cual se encuentra vinculado el municipio de Aguazul, comprende un conjunto de
estrategias orientadas, precisamente, a “[…] la implementación de esquemas
eficientes y sostenibles que garanticen el acceso al agua potable y saneamiento
básico […]”, dentro del ámbito de aplicación y alcance reglamentado en el citado
decreto.

26.9. Afirmó que en el año 2017 el ministerio estuvo presto a brindar apoyo a
ACUATODOS S.A. ESP, en calidad de gestor del PDA de Casanare, para el

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proyecto “[…] ampliación de la infraestructura de las redes del sistema de
acueducto, sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio La Esperanza,
entre carreras 21a a la 23 con calle 20 a la 21 del municipio de Aguazul,
Departamento de Casanare, sin embargo, la iniciativa no superó la etapa de
evaluación por la inacción de los interesados.

26.10. Finalmente, solicitó la revocatoria de los ordinales primero, segundo y tercero
de la sentencia proferida en primera instancia en lo relacionado con la
responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Concesión del recurso de apelación

27. La magistrada sustanciadora del tribunal profirió auto de 31 de marzo de
202522, mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados por el
departamento y el ministerio contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

28. El despacho sustanciador profirió auto de 7 de mayo de 202523 mediante el
cual admitió los recursos de apelación referidos y advirtió al procurador delegado
en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que podía emitir
concepto y a las partes procesales que podían solicitar el decreto de pruebas y
pronunciarse en relación con los recursos de apelación interpuestos hasta la
ejecutoria del auto admisorio.

29. El Ministerio Público presentó escrito de 15 de mayo de 2025 24 mediante el
cual rindió concepto en el sentido de solicitar que se confirme la sentencia apelada.

30. Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

31. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e

22 Cfr. índice 111 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 142Autoqueconced_CONCEDEAP_Autoconcedeapelacion(.pdf) NroActua 111 […]”.
23 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
8Autoqueadmite_APa20220003801Yeison(.pdf) NroActua 4 […]”.
24 Cfr. índice 18 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
Memorial_JCU_14Concepto(.pdf) NroActua 18 […]”.

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intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los
derechos e intereses colectivos amparados; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

32. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia
para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, sobre la distribución de asuntos entre
las secciones del Consejo de Estado; y en el 15026 de la Ley 1437, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

33. Asimismo, de conformidad con los artículos 32027 y 32828 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201229, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contraen los recursos interpuestos por el Departamento de Casanare
y por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

34. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

35. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

35.1. Si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de
Casanare vulneraron los derechos e intereses colectivos amparados en la sentencia
proferida en primera instancia.

25 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
26 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

27 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
28 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
29 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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35.2. Si el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Departamento de
Casanare tienen competencia para cumplir las órdenes que les fueron impartidas
por el tribunal en la sentencia apelada.

36. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 6 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

37. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

38. El artículo 2 de la Ley 472 define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

39. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

40. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

41. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que

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ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”30.

42. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de los derechos e intereses
colectivos amparados

Goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias

43. El artículo 79 de la Constitución Política dispone que todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano.

44. La Corte Constitucional31 ha resaltado la importancia del medio ambiente
sano como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente
no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
31 Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de

inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.

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universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos
de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están
por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve,
el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como
sujeto universal del derecho […]”.

Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

45. Esta Sección en sentencia proferida el 9 de julio de 2020, en referencia al
derecho colectivo al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad
pública, consideró lo siguiente32:

“[…] resulta claro que existe una relación ineludible entre la adecuada prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a salubridad pública y al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública.

Es más, tales servicios son esenciales, conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-450 de 4 de octubre de 1995, pues las actividades
“que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes
o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto,
vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales […]”.

En efecto, el agua es imprescindible para desarrollar actividades cotidianas dirigidas
a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte y satisfacer necesidades de
consumo, cocina, saneamiento e higiene personal y doméstica. De ahí que el
derecho a acceder a ella necesariamente implique la realización de otros derechos
humanos tales como la vida, la salud, la higiene ambiental, la alimentación, la
dignidad humana, la vida cultural, la subsistencia, la educación, la vivienda, el trabajo,
la intimidad, la protección contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
la igualdad de género, la erradicación de la discriminación, entre otros33.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio de 2020,

CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 18001-23-33-000-2018-00035-02.
33 El Derecho al Agua. Folleto Informativo Nº 35. Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto

Comisionado para los Derechos Humanos; ONU HABITAT; Organización Mundial de la Salud. “Si bien el acceso
a servicios de saneamiento aún no se ha reconocido como un derecho independiente, un número creciente de
declaraciones nacionales, regionales e internacionales y de legislaciones nacionales parecen indicar un avance
en esa dirección. La Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento ha expresado su apoyo al reconocimiento del
saneamiento como un derecho aparte (véase A/HRC/12/24)”.
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 1977
• Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de
1992.
• Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.
• Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos
(Hábitat II) en 1996.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada en 1979.
• Observación general Nº 6 (1982) del Comité de Derechos Humanos.
• Convenio Nº 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los servicios de salud en el trabajo,
aprobado en 1985.
• Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989.
• Observación general Nº 14 (2000) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en 2006.
• Recomendación Rec(2001)14 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Carta Europea de
Recursos Hídricos.
• Mensaje de Beppu, primera Cumbre del Agua Asia-Pacífico, Beppu (Japón), 3 y 4 de diciembre de 2007.
• Declaración de Abuja, aprobada en la Primera Cumbre América del Sur-África, en 2006.

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Por eso, el derecho al agua constituye un desarrollo de los derechos colectivos
previstos en los literales a), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472 y, además,
contiene las garantías de disponibilidad efectiva, suficiente, de calidad,
salubre, aceptable, continua, accesible física y económicamente, progresiva,
sin discriminación y con especial atención a personas y grupos que
tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el derecho, tales como,
mujeres, niños, minorías, indígenas, refugiados, asilados, desplazados internos,
trabajadores migrantes, presos y detenidos, pobres y marginados34.

Del marco normativo aquí estudiado, es menester concluir que los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado constituyen garantías prestacionales
inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Por ello, comprenden una finalidad social del Estado y, en
consecuencia, su prestación debe efectuarse a través de una infraestructura que
garantice la calidad, continuidad y eficiencia del servicio, evitando la
transgresión de los derechos contemplados en los literales a) g) y h) del artículo
4 la Ley 472 […]”. (Destacado fuera de texto).

Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna

46. De conformidad con lo previsto en los artículos 365 y 366 de la Constitución
Política sobre el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.

47. Asimismo, con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es su deber
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Y le
corresponde proporcionarlos, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado es quien regula y ejerce el
control y la vigilancia de dichos servicios.

48. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

49. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantizan otros derechos y principios como la vida, la

34 Ibíd., “El enfoque del suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los

derechos humanos puede servir para impulsar la movilización de las personas, en particular de los pobres y los
marginados, informarlas sobre los derechos que las asisten por ley y empoderarlas para que los ejerzan. El
enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el
abastecimiento de agua potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal,
con el ser humano como elemento central”.https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf

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dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación de
universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta,
por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se consideran un
asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público ante la
obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”35 (Destacado
fuera de texto).

50. La Sección Primera36 consideró que la vulneración del derecho colectivo de
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna implica
acciones u omisiones concretas de la autoridad responsable de prestar el servicio
que pongan en evidencia la falta de oportunidad en la prestación o la falta de
eficiencia en la administración de los recursos destinados a garantizar el servicio
público.

51. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 37, son
competencias de los municipios, entre otras, “[…] [A]segurar que se presten a sus
habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el
artículo siguiente […]”. (Destacado fuera de texto).

52. La Sala precisa que es competencia de los municipios la prestación eficiente
y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado.

53. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 356 de la Constitución
Política, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios como un mecanismo
tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los “principios de
solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

35 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato

Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
37 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.

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Núm. único de radicación: 85001-23-33-000-2022-00038-01

54. El artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…] las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los
términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155138, norma que
establece lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la
ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para
alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades
y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de
categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la
capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las
entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de
inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se
demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

55. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera,
técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los
municipios que hayan asumido la prestación directa […]”39; “[…] [v]elar porque
quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la
conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales

38 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
39 Artículo 8.4.

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o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y
disposición final de tales servicios […]”40; y “[…] [p]restar directamente cuando los
departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que
trata la presente Ley […]”41.

56. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo 311
de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

57. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

58. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

59. La Ley 136 dispone en los numerales 3, 7 y 19 del artículo 3 que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los

40 Artículo 8.5.
41 Artículo 8.6.

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habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

60. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1, 3 y 6 del artículo 5 señala que es
competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios públicos,
asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por empresas
de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.

61. Igualmente, de conformidad con los numerales 2 y 9 del artículo 8 de la Ley
388 de 18 de julio de 199742, sobre la acción urbanística, la función pública del
ordenamiento territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades
distritales y municipales, referida a las decisiones administrativas y a las
actuaciones urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran
localizar y señalar las características de la infraestructura para los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y
peligrosos, así como los equipamientos de servicios de interés público y social como
centros docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de
infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad
pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.

62. Además, el artículo 76 de la Ley 715 ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

63. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y

42 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.

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mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

64. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental,
a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos
naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio
natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

65. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

66. En relación con la competencia de los departamentos, el artículo 298 de la
Constitución Política también dispuso que: “[…] [l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio […]”. Además,
“[…] ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación
y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes […]”. Adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y
coordinación en materia de servicios públicos, en los términos del artículo 367 de la
Constitución.

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67. Con base en tales atribuciones, los artículos 7 de la Ley 142 y 7443 de la Ley
715 de 21 de diciembre de 200144, establecen, entre sus responsabilidades, los
deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.

Análisis del caso concreto

68. El Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de 6 de marzo de
2025 en la que accedió a las pretensiones y amparó los derechos e intereses
colectivos invocados en la demanda. Asimismo, impartió órdenes a las entidades
demandadas con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la urbanización Villa Alejandra del
municipio de Aguazul.

69. El Departamento de Casanare y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
interpusieron sendos recursos de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia.

69.1. Los argumentos expuestos por el departamento en el recurso de apelación
giraron en torno a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad y
pueden sintetizarse así: i) el departamento no es responsable de la vulneración de
los derechos colectivos que fueron amparados, siendo el municipio la entidad que
debe garantizar la prestación de los servicios públicos en su jurisdicción; ii) las
obligaciones de coordinación y complementariedad del departamento, surgen a
partir de la gestión que realice el municipio o la empresa de servicios públicos, las
cuales no han presentado proyectos relacionados con el servicio de acueducto y
alcantarillado en la urbanización Villa Alejandra; y iii) la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en un caso similar, concluyó que el departamento no era responsable de
la vulneración de los derechos colectivos.

43 “[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios
y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y orientar las políticas de
desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
[…] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando
la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento
y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a
las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando
a ello haya lugar […] 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la
prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad [...]”.
44 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

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69.2. Los argumentos referidos por el ministerio se fundamentan en la supuesta
ausencia de responsabilidad de la entidad en el caso bajo estudio y pueden
sintetizarse así: i) en la sentencia no se atribuyó responsabilidad al ministerio; ii) la
sentencia no tuvo en cuenta que las funciones de seguimiento del ministerio
dependen de las consultas que eleve el municipio; iii) es imposible para el ministerio
llevar a cabo el seguimiento o verificación de cumplimiento de los contratos
celebrados entre la entidad territorial y la empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios y tampoco tiene funciones de inspección, vigilancia y control en materia
de servicios públicos domiciliarios; iv) la función de prestar asistencia técnica recae
en el Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento; y v) la cartera ministerial en el año 2017 estuvo presta a
brindar apoyo a ACUATODOS S.A. ESP, en calidad de gestor del PDA de
Casanare, pero la iniciativa no superó la etapa de evaluación como consecuencia
de la inacción de la interesada.

70. La Sala destaca que los argumentos expuestos por las entidades apelantes
no se dirigen a cuestionar la vulneración de los derechos e intereses colectivos que
fueron amparados en primera instancia, por lo que no controvierten la prueba de la
existencia de la vulneración, sino que giran en torno a que no se les declare
responsables en el caso concreto y, como consecuencia de ello, se les desvincule
de las órdenes que les fueron impartidas, razón por la cual la Sala se abstendrá de
hacer referencia a la totalidad de las pruebas allegadas al expediente y solamente
se referirá a aquellas relevantes para resolver el caso, en la medida de su
necesidad.

Sobre la falta de competencia del Departamento de Casanare

71. El Departamento de Casanare indicó que no era responsable de la
vulneración de los derechos colectivos que fueron amparados y que correspondía
al municipio garantizar la prestación de los servicios públicos en su jurisdicción.
Asimismo, destacó que las obligaciones de coordinación y complementariedad que
están en cabeza del departamento surgen únicamente a partir de la gestión que
realice el municipio o la empresa de servicios públicos, entidades que en el caso
concreto, no han presentado proyectos relacionados con el servicio de acueducto y
alcantarillado en la urbanización Villa Alejandra.

72. La Sala destaca las consideraciones expuestas por el tribunal frente a la
responsabilidad del departamento:

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“[…] se encuentran distribuidas las responsabilidades para garantizar la prestación
del servicio de acueducto y saneamiento básico con ello, el suministro de agua
potable, resaltando que el municipio tiene la obligación primordial de asegurar la
prestación del servicio, mientras que el departamento y la Nación a través de su
ministerio competente, deben estar atentos y prestar apoyo y coordinación
cuando los recursos del ente territorial no sean suficientes para suministrar el
referido líquido a los habitantes de dichas comunidades, sin que las
competencias entre una y otra sean excluyentes.
[…]
Con fundamento en lo señalado en el acápite de premisas jurídicas, al departamento
de Casanare le corresponde apoyar financiera, técnica y administrativamente a
las empresas de servicios públicos y a los municipios que presten el servicio
de manera directa. En ese orden, si bien la referida entidad manifiesta que no se
ha radicado ningún proyecto para solucionar la problemática de servicio de
acueducto en la urbanización Villa Alejandra, esto no es óbice para desvincular
a la entidad del orden departamental, pues su respaldo se puede dar hacia
futuro cuando el municipio e Aguazul lo solicite […]”. (Destacado fuera de
texto).

73. La Sala considera que le asistió razón al tribunal en no desvincular al
departamento de la acción de la referencia, toda vez que, si bien corresponde al
municipio de Aguazul garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos de
acueducto y alcantarillado en su jurisdicción, y por ello el tribunal le impartió órdenes
precisas en la sentencia al municipio, no es menos cierto que el departamento
también tiene obligaciones de apoyo y coordinación de la acción municipal.

74. Por otro lado, la Sala destaca que el apoderado del departamento señaló que
la jurisprudencia del Consejo de Estado, en un caso similar, concluyó que el
departamento no era responsable de la vulneración de los derechos colectivos, por
lo que, a su juicio, debía llegarse a la misma conclusión en el presente caso.

75. En referencia a este argumento, la Sala advierte que la providencia a la que
se refiere el apoderado del departamento es la sentencia proferida el 8 de febrero
de 201845, en la que esta Sección resolvió modificar la providencia proferida el 26
de mayo de 2016 por el Tribunal Administrativo de Casanare y se ampararon los
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública como consecuencia de la falta de suministro de agua potable en
la vereda Altamira del municipio de Pore en el departamento de Casanare.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero de

2018, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 85001-23-33-000-2015-00146-01.

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76. La Sala resalta que frente a la responsabilidad del departamento, en la
sentencia proferida el 8 de febrero de 2018, esta Sección consideró, entre otras
cosas, lo siguiente:

“[…] La Sala no encuentra improcedente que el Tribunal Administrativo de
Casanare haya optado por mantener vinculado al Departamento de Casanare
para efectos del cumplimiento del fallo de primera instancia, por las siguientes
razones: i) por la incertidumbre acerca de la capacidad del Municipio de Pore para
financiar de manera autónoma el sistema de provisión de agua potable para la Vereda
Altamira; ii) dada la importancia del grupo de derechos colectivos y fundamentales
vulnerados; iii) atendiendo la intensidad de su afectación por la carencia de agua
potable; y iv) en razón de que por las funciones constitucionales y legales que le
asisten al departamento de Casanare en cuanto a la prestación de servicios públicos
domiciliarios, el juez popular, en virtud de su obligación de garantizar el goce efectivo
de los derechos e intereses colectivos, debe tomar las medidas idóneas para hacer
cesar el agravio y/o remover la amenaza o el peligro de los mismos.

En otras palabras, el haber mantenido vinculado al Departamento de Casanare (y
a otras entidades de orden público) para efectos del cumplimiento de la sentencia,
constituye una medida idónea para garantizar el goce efectivo del conjunto de
derechos de la comunidad de Altamira, debido a que, aun cuando no exista
prueba de que aquel haya contribuido con el menoscabo de los derechos
invocados, el ordenamiento jurídico también le asignó obligaciones en materia
de prestación de servicios públicos, de planificación y promoción del desarrollo
económico y social dentro de su territorio, razón por la cual no resulta
admisible, desde el punto de vista del derecho sustancial, que se hubiera
declarado en su favor la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, en la medida en que no obra plena prueba sobre la posibilidad del
Municipio de Pore para ejercer sus competencias como es debido.

[…]

La vinculación del Departamento de Casanare en la ejecución del fallo no afecta
de forma indebida sus intereses, en tanto que, dado el caso de que el Municipio
de Pore pueda asumir la prestación eficiente del servicio público reclamado por
los habitantes de la Vereda Altamira, aquel no tendrá algún tipo de
responsabilidad, siempre que el Municipio no acredite que requiere de su
apoyo, de lo contrario, si lo demuestra, sencillamente se verá avocado a darle
cumplimiento a las competencias que le fueron conferidas por la Constitución
y la Ley […]”. (Destacado fuera de texto).

77. De conformidad con la transcripción jurisprudencial que antecede, la Sala
considera que no le asiste razón al apoderado del departamento cuando refiere a la
sentencia de 8 de febrero de 2018 para fundamentar la supuesta falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad que representa. Por el contrario,
en la sentencia referida esta Sección precisó que era necesario mantener vinculado
al departamento para garantizar la efectividad de la sentencia.

78. Así las cosas, no es posible leer de manera parcial la sentencia proferida el
8 de febrero de 2018 por esta Sección, y con fundamento en las consideraciones
que se hicieron en ese momento, pretender que se declare la falta de legitimación
en la causa del departamento en el caso concreto.

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79. Adicionalmente, no puede perderse de vista que en el presente caso la
gestora del PDA de Casanare, ACUATODOS S.A. ESP, presentó en el año 2017
ante el ministerio un proyecto para garantizar la prestación y el suministro de los
servicios de acueducto y alcantarillado en la Urbanización Villa Alejandra, pero que
no superó la fase de evaluación. Lo anterior, pone de presente que la necesidad de
garantizar el acceso y la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
en la Urbanización Villa Alejandra ha escalado el nivel municipal, por lo que es
necesario que el departamento, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, de manera coordinada, preste su apoyo y colaboración al
municipio y a la empresa de servicios públicos municipal con el objeto de proteger
los derechos e intereses colectivos amparados en la sentencia de primera instancia.

80. En el mismo sentido, la Sala prohíja las consideraciones expuestas en la
sentencia de 14 de septiembre de 202346 en la que esta Sección sostuvo lo
siguiente:

“[…] Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación directa de los
servicios públicos se encuentra a cargo de los Municipios, quienes pueden efectuar
dicha actividad de forma directa o a través de las personas que designen para esos
efectos. Mientras que, los Departamentos les corresponde potestades de
carácter complementario, es decir deben auxiliar a los municipios en esa
materia, cuando así lo requieran.

[…]

Teniendo en cuenta el anterior recuento normativo, lo que advierte la Sala es que, en
principio, asiste razón a la entidad recurrente cuando afirma que el Municipio de Yopal
es el responsable del mantenimiento de los pozos y la infraestructura en la zona
objeto de controversia y que, además, debe gestionar la financiación de una eventual
obra de infraestructura. Sin embargo, como se vio, al Departamento también le
corresponde asesorar y financiar las obras que sean necesarias para garantizar
la prestación del servicio público en la zona objeto de controversia.

En este punto, es importante tener en cuenta que el Municipio ha manifestado
falta de recursos, por lo que el Departamento no puede eludir su
responsabilidad de prestar asistencia en aras de garantizar la prestación del
servicio público. Se agrega a lo dicho que los accionantes han informado al
Departamento en múltiples ocasiones las deficiencias que se presentan en la
prestación del servicio público en la zona y han solicitado que financie un
proyecto de "Macroacueducto", sin que se haya tomado alguna medida para
solventar la problemática.

Además, al revisar los mandatos impuestos por el Tribunal en la sentencia
recurrida, se observa que las órdenes asignadas al Departamento están dentro
de sus competencias, ya que se le encargó la asesoría en la fase de diagnóstico
y en la fase de planificación de estudios y diseños para la formulación de un
proyecto que sea presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
para su financiamiento. Asimismo, se le impuso la carga de financiar ese
proyecto de acuerdo con su capacidad presupuestal y los remanentes del Plan
Departamental de Aguas […].

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de septiembre

de 2023, CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 85001-23-33-000-2019-00164-02.

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En suma, el cargo no tiene vocación de prosperidad, pues como se vio, el
Departamento recurrente sí es responsable de la falta de suministro de agua en
la zona objeto de controversia y por ende, le asiste la obligación de ayudar al
Municipio de Yopal en las obras que le fueron encomendadas […]”. (Destacado
fuera de texto).

81. La Sala considera que de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección
y atendiendo a las competencias del departamento, el argumento analizado en este
acápite no tiene vocación de prosperidad.

Sobre la falta de competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el
caso concreto

82. El ministerio señaló que no es responsable de la vulneración de los derechos
colectivos que fueron amparados por el tribunal y que la sentencia no tuvo en cuenta
que las funciones de seguimiento del ministerio dependen de las consultas que
eleve el municipio.

83. Asimismo, destacó que es imposible para el ministerio llevar a cabo el
seguimiento o verificación de cumplimiento de los contratos celebrados entre la
entidad territorial y la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y
tampoco tiene funciones de inspección, vigilancia y control en materia de servicios
públicos domiciliarios.

84. Sostuvo que la función de prestar asistencia técnica recae en el Gestor del
Plan Departamental para el Manejo Empresariasl de los Servicios de Agua y
Saneamiento y que la cartera ministerial en el año 2017 estuvo presta a brindar
apoyo a ACUATODOS S.A. ESP, en calidad de gestor del PDA de Casanare, pero
la iniciativa no superó la etapa de evaluación como consecuencia de la inacción de
la interesada.

85. Frente a la competencia del ministerio en el caso concreto, el tribunal
consideró lo siguiente:

“[…] el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en relación con el servicio
público de acueducto, tiene la función de prestar asistencia técnica a las
entidades territoriales y a los prestadores de servicios públicos domiciliarios,
diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento
básico.

En el presente caso, se pretende ordenar a las demandadas adelantar los trámites
administrativos y financieros necesarios para garantizar la prestación de servicios

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públicos de acueducto y saneamiento básico a la urbanización Villa Alejandra del
barrio La Esperanza de Aguazul.

Revisado el expediente se observa que Acuatodos S.A. presentó ante el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el proyecto denominado “ampliación de la
infraestructura de las redes del sistema de acueducto, sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial para el barrio La Esperanza, entre carreras 21a a la 23 con calle 20
a la 21 del municipio de aguazul departamento de Casanare”, al cual la referida
cartera le hizo observaciones y al no subsanarse, el mismo fue devuelto.

En ese sentido, como hasta el momento dicho sector urbano no cuenta con el
servicio de acueducto, se deben adelantar las gestiones pertinentes por parte
de las entidades competentes. Por tanto, es necesaria su permanencia en el
presente proceso, por cuanto en el marco de sus funciones, debe prestar el
apoyo técnico y administrativo en la construcción y funcionamiento del sistema
de acueducto y saneamiento básico, siempre y cuando el municipio de Aguazul
lo solicite. En consecuencia, la excepción propuesta no tiene vocación de
prosperidad […]”. (Destacado fuera de texto).

86. La Sala destaca que de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994,
corresponde a la Nación en materia de servicios públicos, entre otras funciones, las
de “[…] [a]poyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa
[…]”47.

87. En el caso objeto de estudio, el ministerio está legitimado en la causa por
pasiva, toda vez que es ante esa autoridad que las entidades territoriales y las
empresas de servicios públicos pueden acceder al apoyo de la Nación en materia
de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
en la Urbanización Villa Alejandra del municipio de Aguazul.

88. Lo anterior, tiene especial importancia en el presente caso, toda vez que la
gestora del PDA de Casanare acudió en el año 2017 al ministerio con el objeto de
tramitar un proyecto para garantizar los servicios de acueducto y alcantarillado en
la Urbanización Villa Alejandra, el cual no superó la fase de evaluación, pero que,
en todo caso, generó un conocimiento inicial de esa cartera ministerial frente a la
problemática que se presenta en la zona objeto de protección, por lo que se puede
concluir que para el ministerio no es ajena la vulneración de los derechos colectivos
que fueron amparados en la sentencia de primera instancia.

89. Ahora bien, frente al argumento relacionado con la imposibilidad del
ministerio para llevar a cabo el seguimiento o verificación de cumplimiento de los
contratos celebrados entre la entidad territorial y la empresa prestadora de servicios

47 Artículo 8.4.

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públicos domiciliarios, la Sala considera que la orden se ajusta a lo previsto en el
numeral 13 del artículo 2 del Decreto 3571 de 201148.

90. Por otro lado, frente al argumento de la falta de competencia para ejercer
funciones de inspección, vigilancia y control en materia de servicios públicos
domiciliarios, la Sala precisa que de la lectura de las órdenes que le fueron
impartidas al ministerio en la sentencia proferida en primera instancia, no se deduce
que el tribunal le haya impartido la referida orden.

91. Asimismo, la Sala resalta que la sentencia apelada impartió órdenes a la
gestora del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento, ACUATODOS S.A. ESP, sin que con ello pueda entenderse
que el ministerio deba ser relevado de sus obligaciones constitucionales, legales y
reglamentarias, toda vez que, se reitera, es ante esa cartera ministerial que se
presentan los proyectos para la financiación de las obras que garanticen la
prestación de los servicios públicos.

92. En este orden de ideas, la Sala considera que no es de recibo el argumento
expuesto por el ministerio referido a que no es responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos amparados y, en consecuencia, no es posible
acceder a su desvinculación.

Sobre la procedencia de las órdenes que les fueron impartidas a las entidades
apelantes en la sentencia

93. El tribunal, en la sentencia proferida en primera instancia, concluyó lo
siguiente con el objeto de proteger los derechos colectivos amparados:

“[…] se evidencia una omisión por parte de las entidades demandadas, en primer
lugar del municipio de Aguazul en garantizar el suministro de agua potable a
través de la construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en el sector
afectado, con lo cual se vulneran los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
de los habitantes que residen en la urbanización Villa Alejandra de Aguazul y el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, razón
por la cual, se adoptarán medidas decisivas encaminadas a lograr el suministro de
agua potable en el referido sector, atendiendo el rol que asume cada una de las

48 “[…] Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio […]”. Modificado por el artículo 1
del Decreto 1604 de 3 de diciembre de 2020. “[…] Artículo 2. Funciones. Además de las funciones definidas
en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:
[…]
13. Contratar el seguimiento de los proyectos de agua potable y saneamiento básico que cuenten con el apoyo
financiero de la Nación […]”.

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entidades accionadas en la prestación del servicio de agua, precisando que el
primer llamado a responder es el municipio de Aguazul […].

4. Medidas definitivas

Con el fin de garantizar la prestación del servicio de acueducto y saneamiento
básico para el suministro de agua potable en la urbanización Villa Alejandra del
municipio de Aguazul, se adoptarán las medidas definitivas, que tendrán en
cuenta las etapas de diagnóstico, planificación y formulación del proyecto para la
construcción y funcionamiento del servicio de acueducto y saneamiento básico a
cargo del municipio de Aguazul y de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul;
atendiendo al principio de coordinación, para lo cual, el departamento de
Casanare, Acuatodos S. A. y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
brindarán el apoyo logístico y financiero, así como la asistencia técnica, todo
dentro del marco de sus competencias […]”. (Destacado fuera de texto).

94. De acuerdo con lo resuelto por el tribunal, se impartieron las siguientes
órdenes a las entidades recurrentes:

95. En el ordinal tercero de la sentencia se ordenó al departamento, en la fase
de diagnóstico, dar respuesta concreta a la solicitud de la entidad municipal y en la
fase de ejecución, ejercer actividades de apoyo y coordinación, cuando el municipio
de Aguazul efectúe la correspondiente solicitud (apoyo económico, financiero,
logístico etc.). Asimismo, al ministerio, en la fase de seguimiento, se le ordenó
realizar la correspondiente revisión al proyecto con prioridad, emitiendo las
observaciones y requerimientos de ser necesarios o dar curso al mismo sin
dilaciones, prestando la sistencia técnica que requieran dichas entidades, para que
se logre el buen curso del proyecto.

96. En el ordinal cuarto de la sentencia se ordenó el apoyo constante de las
entidades del orden departamental y nacional, concretamente al ministerio se le
impuso el deber de dar curso prioritario a los proyectos de acueducto y saneamiento
básico para la urbanización Villa Alejandra del municipio de Aguazul, brindar
asistencia técnica al municipio, si la entidad así lo requiere y contratar el seguimiento
de los proyectos de acueducto, en caso de brindarse apoyo financiero.

97. Al departamento se le ordenó en todas las fases, mantener una labor de
coordinación y comunicación permanente con el alcalde de Aguazul, para acordar
las medidas y apoyo que se requiera para implementar el sistema de acueducto y
saneamiento básico, dando aplicación a los principios de coordinación y
subsidiariedad. Asimismo, se impuso al departamento el deber de informar al
ministerio los avances que se adelanten, solicitando de requerirse, la asistencia y/o
acompañamiento de la citada cartera, cuando se advierta la insuficiencia de
recursos para dar cumplimiento a las órdenes impartidas.

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98. La Sala considera que las órdenes impartidas por el tribunal resultan acordes
con las funciones constitucionales, legales y reglamentarias que se encuentran en
cabeza del departamento y del ministerio.

99. Asimismo, es relevante destacar que las órdenes que se impartieron al
ministerio y al departamento se fundamentan, entre otros, en los principios de
coordinación y colaboración de la acción municipal, por lo que la sentencia no
desconoce que es al municipio y a la empresa de servicios públicos municipal, con
el apoyo de ACUATODOS S.A. como gestora del PDA, a quienes principalmente
les corresponde garantizar la efectividad de los derechos e intereses colectivos
amparados.

Sobre el Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia

100. La Sala modificará el ordinal quinto de la sentencia proferida el 6 de marzo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, en el sentido de precisar que
corresponde a la magistrada sustanciadora del tribunal presidir el Comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 34 de la Ley 472 de 1998 y con el criterio jurisprudencial seguido por esta
Sección.

101. Asimismo, la Sala considera que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Casanare, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia

Conclusiones

102. La Sala modificará la sentencia proferida en primera instancia en el sentido
de precisar que corresponde a la magistrada sustanciadora del tribunal presidir el
Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia y confirmará la providencia
apelada en lo demás.

103. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1 y 8 del
artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 6 de marzo de
2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] QUINTO: Conformar un comité de verificación, que será integrado por la
Magistrada Sustanciadora del Tribunal, quien lo presidirá, el defensor del Pueblo
Regional Casanare, el gobernador del departamento de Casanare o su delegado, los
representantes legales o delegados de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul
SA ESP y de Acuatodos S. A. ESP, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el
municipio de Aguazul y el delegado del Ministerio Público, cuyo procedimiento se
sujetará a las reglas trazadas en la parte motiva de esta providencia y deberá rendir
informes periódicos cada cuatro (4) meses; o cuando ocurran novedades que
requieran intervención judicial más temprana.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo de Casanare, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar
las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las órdenes de la sentencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidenta
Consejera de Estado

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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