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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2017-00045-01

Recurso de apelación contra sentencia de acción popular: modifica decisión que accedió a las pretensiones de la demanda

Fecha
7 de marzo de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2017-00045-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los numerales segundo y tercero del ordinal SEXTO de la sentencia de 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare. SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los ordinales TERCERO, QUINTO [literales a) y b)], SEXTO y SÉPTIMO, de la sentencia de 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, los cuales quedarán así: “TERCERO: DECLARAR responsables de la violación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios en relación con los centros poblados de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas de Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, al Municipio de Paz de Ariporo, al Departamento de Casanare y a Acuatodos S.A. E.S.P., de conformidad con lo señalado en la parte motiva. […]. QUINTO: Para garantizar los derechos colectivos transgredidos, ORDENAR, a título de medidas definitivas: a) El Municipio de Paz de Ariporo deberá financiar y ejecutar los estudios y demás actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberá, entre otras, diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en este fallo. Por su parte, en el marco de sus competencias, el Departamento de Casanare responderá subsidiariamente por las medidas que le fueron impuestas a la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, en tanto y en cuanto esta Administración acredite el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2017-00045-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

7 de marzo de 2019

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR - Modifica decisión que accedió a las pretensiones de la demanda / VIOLACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS, ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS - En relación con los centros poblados de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas de Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, atribuible al Municipio de Paz de Ariporo, al Departamento de Casanare y a Acuatodos S.A. E.S.P.

[L]a Sala observa que, en consideración a los principios constitucionales de coordinación, subsidiariedad y complementariedad, es al municipio al que le corresponde la iniciativa de poner en conocimiento de las entidades de los niveles administrativos superiores, sus necesidades en materia de servicios públicos, en aras de la colaboración armónica que se requiere para materializar los fines del Estado Social de Derecho. (…) y en tanto que el Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo no acreditó haber presentado los ajustes exigidos por el Ministerio y tampoco haber presentado otros proyectos para acceder al apoyo y la asistencia financiera, técnica y administrativa o institucional, la Sala concluye que al MVCT [Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio] no le son atribuibles las deficiencias en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que se presentan en los centros poblados de las veredas afectadas. (…) Por estas razones la Sala revocará la declaratoria de responsabilidad del MVCT [Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio] (…) En segundo lugar (…) la Sala encuentra necesario proceder a modificar las órdenes que el a quo emitió en cabeza del MVCT [Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio], toda vez que, (…) es deber del Ministerio apoyar el ejercicio de las competencias del Municipio de Paz de Ariporo, en tanto y en cuanto esta Administración acredite los requisitos para el efecto (…).

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO / SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - Inexistencia de sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales / PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN, SUBSIDIARIEDAD Y COMPLEMENTARIEDAD

[L]a Sala considera que la Superservicios no cumplió de manera adecuada las funciones de vigilancia y control para evitar que la población de las regiones afectadas por las deficiencias que se presentan en la prestación de los servicios públicos de acueducto o agua potable y de alcantarillado, continuaran con dicha problemática. (…) la Sala observa que la Gobernación de Casanare sí es responsable de la vulneración de los derechos amparados (…) Se le recuerda a la Administración Departamental que la función administrativa a su cargo debe estar guiada por los deberes constitucionales de coordinación y complementariedad de la acción municipal; de intermediación entre la Nación y los municipios que se encuentran dentro de su jurisdicción; y de prestación de determinados servicios. Por todo lo anterior resulta inadmisible que la Gobernación asuma que la Administración Municipal de Paz de Ariporo sea la exclusiva responsable de la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 288 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 298 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 365 / LEY 136 DE 1994 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 7 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 162 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 67 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 81 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 37 / LEY 715 DE 2001 / LEY 1151 DE 2007 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 / LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 21 / LEY 1551 DE 2012 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 2811 DE 1974 / DECRETO 1575 DE 2009 / DECRETO 3571 DE 2011 / DECRETO 2246 DE 2012

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 85001-23-33-000-2017-00045-01(AP)

Actor: PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO

Demandado: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO; SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS; DEPARTAMENTO DE CASANARE; EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE –ACUATODOS S.A. E.S.P.-; EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. Y MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Municipio de Paz de Ariporo, el Departamento de Casanare y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en contra de la sentencia de 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SOLICITUD

El Personero Municipal de Paz de Ariporo – Casanare, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, presentó demanda en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; del Departamento de Casanare; de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. -Acuatodos-; de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo S.A. E.S.P.; y del Municipio de Paz de Ariporo, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; con la moralidad administrativa; con la defensa del patrimonio público; con la seguridad y salubridad públicas; con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y con los derechos de los consumidores y usuarios; los cuales consideró vulnerados con ocasión de la deficiente prestación del servicio público de acueducto o agua potable y la inasistencia del servicio público de alcantarillado, específicamente, por la inexistencia de sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales en las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo - Casanare.

LOS HECHOS

Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular fueron los siguientes:

II.1. El Municipio de Paz de Ariporo tiene una extensión de 13.800 km2, una población urbana de 25.000 habitantes y una rural de 12.500. El sector rural se encuentra dividido en 54 veredas con centros poblados nucleados, los cuales concentran el 15% de la población rural, y el tiempo para recorrer las distancias que existen entre ellas y el casco urbano oscila entre 4 y 10 horas, dependiendo de la época de invierno o verano.

II.2. En los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada, las cuales pertenecen al área rural del Municipio de Paz de Ariporo, existen sistemas de abastecimiento de agua (infraestructura de acueductos veredales) que fueron realizados con recursos de los órdenes municipal y departamental, pero que no garantizan el suministro de agua apta para el consumo humano.

La prestación del servicio de bombeo y suministro de agua está a cargo de las juntas de acción comunal, sin embargo, el Municipio no les ha cedido la respectiva infraestructura ni ha gestionado la inscripción de dichas organizaciones comunitarias como prestadores del servicio público de acueducto, las cuales, en aras de la prestación del servicio, asumen los costos que demanda el consumo de energía para el bombeo realizado en cada pozo profundo, situación que en algunos casos registra deudas cercanas a los $10´000.000.

II.3. Los referidos centros poblados tampoco cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, sino con pozos sépticos, los cuales generan un grave riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como el que se está presentando en el cuerpo hídrico “Canal del Totumo” el cual desemboca en las corrientes “Las Guamas” de la Vereda Montañas del Totumo y “La Maleza” de la Vereda Caño Chiquito.

A lo anterior se suman los fenómenos de rebosamiento que por el nivel freático se presentan en los pozos, principalmente, en la época de invierno, los cuales incrementan la contaminación de aguas y expone a mayores riesgos de salubridad pública a la población.

II.4. Existe una infraestructura del antiguo tanque elevado para el suministro de agua en la Vereda Caño Chiquito, la cual, por su desuso, presenta grave riesgo de colapso poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas.

II.5. El estado actual del servicio de agua y los sistemas de potabilización y disposición de aguas residuales de cada centro poblado, es el siguiente:

Rincón Hondo:

Familias beneficiarias: 60 (300 usuarios).
Suministro del agua: Pozo profundo.
Profundidad del pozo: 70 metros.
Sistema de bombeo: Electrobomba (3 horas día).
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento.

Agua con altos niveles de hierro en época de invierno y por efecto de desbordamiento del Río Ariporo. Las partes bajas del centro poblado presentan rebosamiento de los pozos sépticos.

Montañas del Totumo:

Familias beneficiarias: 143 (650 usuarios).
Suministro del agua: Pozo profundo.
Profundidad del pozo: 80 – 100 metros.
Sistema de bombeo: Electrobomba (4 horas día).
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento.

Aguas residuales que en algunos casos son canalizadas al Caño “Canal del Totumo” que vierte sus aguas en invierno al Caño Las Guamas.

Las Guamas:

Familias beneficiarias: 100 (600 usuarios).
Suministro del agua: Pozo profundo.
Profundidad del pozo: 80 metros.
Sistema de bombeo: Electrobomba (6 horas día).
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento.

La Hermosa:

Familias beneficiarias: 30 (180 usuarios).
Suministro del agua: Pozo profundo.
Profundidad del pozo: 80 metros.
Sistema de bombeo: Electrobomba (3 horas día).
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento.

La Hermosa es un centro poblado incluido en el registro de zonas no interconectadas del territorio nacional. La falta de suministro de energía en forma permanente afecta la prestación de los servicios de agua y educación en el internado que alberga cerca de 100 estudiantes.

Caño Chiquito:

Familias beneficiarias: 65 (300 usuarios).
Suministro del agua: Pozo profundo.
Profundidad del pozo: 80 metros.
Sistema de bombeo: Electrobomba (10 horas día).
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento.

La estructura antigua del tanque elevado presenta riesgo de colapso. Contiguo a esta estructura se ubica la familia del señor Januario Ricaute, con cinco integrantes, entre estos una niña menor de edad, presta servicios de restaurante en el establecimiento denominado La Sabana. Las aguas residuales presentan una gran problemática. Algunas se canalizan a un pozo abierto para extraer material, y cerca de 20 pozos sépticos que se ubican en la costa de la cañada “La Maleza”, vierten sus aguas residuales por efecto de rebosamiento y filtración en época de invierno a esta fuente hídrica. El pozo profundo del cual se suministra el agua para el acueducto veredal tiene presencia de pozos sépticos a escasos 20 metros de distancia.

La Aguada:

Familias beneficiarias: 45 (200 usuarios).
Suministro del agua: Por gravedad, Quebrada Agua Blanca.
Sistema de tratamiento de agua: Sin tratamiento.
Sistema de disposición de aguas residuales: Pozos sépticos por familia. Sin alcantarillado ni sistemas de disposición y/o tratamiento. En algunos casos se hace a cielo abierto.

II.6. En dichos centros poblados habitan personas catalogadas como sujetos de especial protección constitucional.
PRETENSIONES

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“1. Se declare la vulneración o amenaza de los derechos […] relacionados a continuación: moralidad administrativa, defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, los derechos de consumidores y usuarios y demás derechos que determine en forma oficiosa el honorable Tribunal.

2. Se ordene a las autoridades competentes; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Gobernación de Casanare; Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare – Gestor del Plan Departamental de Aguas -Acuatodos S.A. E.S.P.-; Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Paz de Ariporo S.A. E.S.P.; Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo –CAS-, adoptar todas las medidas administrativas y presupuestales que garanticen el abastecimiento, suministro y acceso al agua potable y la implementación y adecuación de sistemas de tratamiento de aguas residuales de los centros poblados de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada en el Municipio de Paz de Ariporo – Casanare.

3. Se ordene a las autoridades [referidas] […], promover la organización y funcionamiento de las juntas administradoras rurales para la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en cada uno de los centros poblados aquí relacionados en el Municipio de Paz de Ariporo –Cas-.

4. Se ordene a las autoridades competentes realizar el desmonte de la infraestructura física del tanque elevado ubicado en el centro poblado de Caño Chiquito, el cual, por su abandono y desuso, se encuentra en riesgo de colapso en perjuicio de familias y establecimientos circunvecinos a esta construcción.

[…]”.
ACTUACIÓN PROCESAL

IV.1. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto de 21 de marzo de 2017, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondientes a las autoridades accionadas para que contestaran, aportaran y/o solicitaran la práctica de las pruebas que consideraren pertinentes; así como al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Defensoría del Pueblo.

IV. 2. El mismo Tribunal, por auto de 2 de agosto de 2017, negó la vinculación de Corporinoquia, toda vez que “1. El accionante […] en la demanda no imputa cargos a Corporinoquia. 2. Si bien es cierto que se van a solicitar licencias ambientales que deberán ser expedidas por Corporinoquia, ello no implica que ella esté violando derechos colectivos. 3. De conformidad con los artículos 311 y 313 de la Constitución, la competencia en materia de servicios públicos en primer lugar está en cabeza de los entes territoriales. Aunque precisó que de conformidad con los principios de solidaridad y concurrencia de la Nación, a través de los Ministerios deben colaborar”.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

V.1. El Gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare –Acuatodos S.A. E.S.P.-, mediante escrito aportado el 5 de abril de 2017, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a lo siguiente:

El objeto principal de Acuatodos, además de prestar los servicios públicos a los que hace alusión la Ley 142 de 1994, es desempeñar el papel de gestor dentro del Plan Departamental de Aguas en el Departamento de Casanare, razón por la cual no cuenta con recursos propios, ya que sus obligaciones atañen a la gestión de proyectos de agua potable y saneamiento básico ante la ventanilla única del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

En virtud de los decretos 2246 de 31 de octubre de 2012 y 1077 de 26 de mayo de 2015, Acuatodos ha venido suscribiendo contratos interadministrativos con el Departamento de Casanare en los cuales se asignan exclusivamente los recursos que permiten desarrollar las funciones de gestor del PAP-PDA, de acuerdo con el Plan Anual Estratégico y de Inversiones y las determinaciones del Comité Directivo del PDA Casanare.

Conforme a lo anterior, Acuatodos ejecuta los programas, planes de obras e inversiones, proyectos específicos, estrategias de fortalecimiento y/o de transformación institucional que han sido previamente aprobados por el Comité Directivo, según las necesidades planteadas por los entes territoriales que hacen parte del PDA.

En atención a la Constitución, a las leyes 142 y 136 de 1994 y 715 de 2001 y al Decreto 1898 de 2016, es al Municipio de Paz de Ariporo y la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo a quienes les compete la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado.

El cumplimiento de los deberes de Acuatodos, relacionados con su papel de gestor del PAP-PDA, depende de que los entes territoriales municipales que lo componen informen las problemáticas del sector.

Las autoridades competentes del Municipio de Paz de Ariporo no han radicado algún proyecto sobre la problemática que motiva la acción popular de la referencia, aun cuando mediante la respuesta de 23 de noviembre de 2016 se le advirtió al accionante sobre la necesidad de que las autoridades competentes evaluaran la problemática, realizaran el diagnóstico respectivo, establecieran las acciones a realizar y especificaran las razones por las cuales no pudieren asumir directamente la ejecución de las obras tendientes a satisfacer las necesidades identificadas.

Una vez radicado el proyecto respectivo con todos los requisitos, Acuatodos lo incluirá en el Plan de Acción para iniciar el proceso ante el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico o ante el Comité Técnico Departamental, según corresponda, en aras de obtener la viabilidad técnica y gestionar las fuentes de cofinanciación necesarias para adelantar su ejecución.

Así pues, Acuatodos no es la entidad que debe satisfacer el derecho de manera directa y, por tanto, no está llamada a realizar las pretensiones de la demanda.

V.2. La apoderada judicial del Municipio de Paz de Ariporo, mediante archivo digital enviado el 5 de abril de 2017, expresó que dicho ente territorial no se opone a las pretensiones de la demanda y, en tal virtud, informó lo siguiente:

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio de Paz de Ariporo reveló la siguiente información:

“Rincón Hondo:

Acueducto: Actualmente el acueducto cuenta con un sistema de bombeo, consta de un pozo profundo, PTAP fuera de servicio, tanque elevado de almacenamiento y red de distribución.
La empresa “Paz de Ariporo S.A E.S.P”, periódicamente ha venido realizando mantenimientos a la red junto con la comunidad.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
Diseño para la optimización y ampliación del sistema de acueducto existente.
Diseño y construcción sistema de manejo de aguas residuales (Colectivo o Individual). […].

Montañas del Totumo:

Acueducto: Actualmente el acueducto cuenta con un sistema de bombeo, consta de un pozo profundo, PTAP fuera de servicio, tanque elevado de almacenamiento y red de distribución.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
Diseño para la optimización y ampliación del sistema de acueducto.
Charla de concientización del mantenimiento del uso de los sistemas individuales. […].

Las Guamas:

Acueducto: Actualmente el acueducto cuenta con un sistema de bombeo, consta de un pozo profundo, PTAP fuera de servicio, tanque elevado de almacenamiento y red de distribución.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
Diseño para la optimización y ampliación del sistema de acueducto. […].

La Hermosa:

Acueducto: Actualmente el acueducto cuenta con un sistema de bombeo, consta de un pozo profundo, PTAP fuera de servicio, tanque elevado de almacenamiento y red de distribución.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
Diseño para la optimización y ampliación del sistema de acueducto. […].

Caño Chiquito:

Acueducto: Actualmente el acueducto cuenta con un sistema de bombeo, consta de un pozo profundo, PTAP fuera de servicio, tanque elevado de almacenamiento y red de distribución.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
El municipio está en la gestión para los recursos para la Optimización y ampliación del sistema de acueducto. […].

La Aguada:

Acueducto: El sistema de acueducto cuenta con una Bocatoma, red de aducción, desarenador, red de conducción y red de distribución.
Alcantarillado: Existen sistemas individuales en cada vivienda, con su respectiva unidad Sanitaria y sistema séptico. […].
Acciones de mejora
Diseño y construcción de un nuevo sistema de Acueducto.
Diseño y construcción sistema de manejo de aguas residuales (Colectivo o Individual)”.

Admitió que los sistemas de acueducto y alcantarillado presentan deficiencias, más sin embargo se trabaja coordinadamente para dar soluciones definitivas dentro de las posibilidades presupuestales, buscando financiación a instancias del Departamento de Casanare a través del PDA y, a nivel Nacional, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Además, adujo que resulta irrelevante la consideración o no de la población vulnerable, pues, independiente de ello, se procura garantizar los servicios en condiciones aceptables.

Finalmente, propuso la excepción que denominó “cumplimiento progresivo de las obligaciones y fines esenciales de la entidad territorial”, la cual fundamentó en que:

i) En la Vereda Caño Chiquito sí existe un tanque elevado que se encuentra en uso, que no se encuentra en riesgo de colapso y respecto del cual se celebró el Contrato de Consultoría N.º 301.17.4.004 de 24 de julio de 2014, que tuvo por objeto “realizar la actualización de los estudios y diseños de los acueductos existentes en los centros poblados Centro Gaitán y Caño Chiquito de Paz de Ariporo, Casanare”. Así, se concluyó que dicha estructura puede ser tenida en cuenta en el proyecto de “ampliación y optimización del acueducto del centro poblado Caño Chiquito del Municipio de Paz de Ariporo”.

Dicho proyecto se radicó ante la Secretaría Técnica del OCAD Municipal para su revisión y será financiado con recursos del incentivo a la producción, según lo establece el artículo 38 de la Ley 1744 de 2014, asignados mediante Resolución N.º 40926 de 28 de septiembre de 2016, y que ascienden a $1.042´128.596. Se espera que la obra esté concluida para el 2017.

La Administración Municipal tiene en curso el permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la Vereda Caño Chiquito ante Corporinoquia, dentro del expediente N.° 500.11.17.016, dentro del cual se expidió auto de apertura N.° 500.57.17.0542 de 10 de marzo de 2017.

ii) Los Proyectos de “construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del centro poblado de la Vereda las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare” y de “construcción y optimización del Sistema de Acueducto del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, Casanare”, fueron radicados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde junio de 2015, con radicados 2015ER0061726 y 2015ER0061730. Pese a ello, sólo se han realizado algunas observaciones y ajustes. Se hace gestión en procura de viabilidad y financiación del proyecto.

iii) Con respecto a los sistemas de acueducto de los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, La Hermosa y Montañas del Totumo, conforme al acta de concertación que se suscribió el 22 de febrero de 2017 con Acuatodos S.A. E.S.P., dicha empresa se comprometió a proveer apoyo técnico en la estructuración integral de los proyectos para entregarlos radicados ante quien corresponda, Departamento, Municipio o Ministerio.

Frente al centro poblado de la Vereda La Aguada, el Municipio de Paz de Ariporo adelanta la estructuración del proyecto, sin embargo, debido a la topografía del terreno y la ubicación de las fuentes de agua, se le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicación del predio dentro del cual se hará la construcción, por tratarse de un baldío rural. Una vez se obtenga el título, se podrá dar curso, tanto a la autorización de la autoridad ambiental, como a la radicación en aras de la financiación del proyecto.

V.3. El apoderado judicial del Departamento de Casanare, mediante escrito allegado el 5 de abril de 2017, se opuso a las pretensiones de la demanda y planteó la excepción que denominó “improcedencia de la acción en contra del Departamento de Casanare”, con fundamento en que: i) la entidad territorial que representa no es la responsable de la violación de los derechos presuntamente conculcados, ni de mantener el correcto funcionamiento del sistema de servicios públicos del Municipio de Paz de Ariporo en su área rural; ii) el Departamento ha intervenido en la salvaguarda de los derechos de la comunidad, aun sin tener la responsabilidad ni la competencia para hacerlo, al suscribir con Acuatodos el Convenio Interadministrativo N.º 2114 de 29 de diciembre de 2016, que tiene por objeto “la terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare”, por un valor de $7.493´259.586,60; iii) de conformidad con la Ley 142 de 1994, el competente para prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado es el Municipio de Paz de Ariporo.

V.4. El apoderado judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Superservicios-, mediante escrito aportado el 6 de abril de 2017, solicitó que se negaran las súplicas de la demanda exponiendo los siguientes argumentos:

Señaló que la Superservicios: i) no tiene competencias relacionadas con el control o vigilancia del manejo adecuado de los recursos públicos; ii) ejerce la vigilancia y control en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, pero no asume su prestación de manera directa; iii) carece de competencias relacionadas con asuntos ambientales; iv) en relación con el derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, ha cumplido con las obligaciones a su cargo; y v) no ha violado ni puesto en peligro los derechos colectivos invocados, por acción u omisión.

Planteó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto de conformidad con la Ley 142 de 1994, los municipios y los prestadores son los encargados de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a sus habitantes.

Aunque en virtud del Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007, la Superservicios tiene la responsabilidad de ejercer acciones de control de las personas prestadoras del servicio, son estas últimas las que tienen la responsabilidad principal frente al manejo de la calidad del agua para el consumo humano.

Según la Resolución N.º 811 de 5 de marzo de 2008, las autoridades sanitarias de los departamentos, distritos y municipios y las personas prestadoras del servicio, deben vigilar y controlar la calidad del agua; sin lo cual, no es posible que la Superservicios ejecute adecuadamente sus funciones.

En cuanto al ejercicio de las funciones de la Superservicios, frente al estado de la prestación del servicio de acueducto en el área rural del Municipio de Paz de Ariporo, manifestó que: i) respecto de los años 2015 y 2016 no se encontró información que permitiera diagnosticar la calidad del agua; ii) conforme a la consulta realizada en la bodega de datos “O3”, a la fecha se encuentran registrados en el “RUPS” como prestadores “CORRECUPERAR SERVICES S.A. E.S.P.” y “J Y M INGENIERÍA S.A.S.”; iii) dentro del “RUPS” no se encuentra algún prestador inscrito del ámbito de pequeños prestadores; y iv) se realizaron las siguientes acciones de inspección y vigilancia:

Radicado
Fecha
Destinatario
Objeto

2016 46 00 56 12 11

16/09/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerir la colaboración del alcalde municipal, dentro del marco de la política pública de fortalecimiento de la gestión integral de los prestadores del sector rural, para que nos envíe inventario de los prestadores con información que permita visibilizarlos y formalizarlos.

2016 46 00 81 64 11

9/12/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerimiento con ocasión de alerta recibida generada por el Personero en relación con acueductos veredales.

2016 46 00 82 59 81

13/12/2016

Gobernación de Casanare
Requerimiento al gobernador para que informe acerca de las acciones adelantadas para brindar apoyo técnico, financiero y administrativo a prestadores de servicios públicos del sector rural, para entre otros, mejorar la calidad del agua.

2016 46 00 84 01 11

19/12/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerimiento para que informe acerca de las condiciones de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en centros poblados del Municipio.
2017 46 00 09 90 81

28/02/2017
Alcalde municipal de Paz de Ariporo

Insistencia radicado 2016 46 00 81 64 11
2017 46 00 21 87 81

3/04/2017
Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Solicitud complementación de la información de los prestadores rurales.

2017 46 00 21 87 91

3/04/2017

Secretaría Departamental de Salud - Casanare
Solicitud información calidad del agua, teniendo en cuenta que no se ha reportado en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para consumo humano.

Aseguró que con base en las actuaciones enunciadas, se descarta cualquier reproche relacionado con la afectación de los derechos colectivos invocados.

Finalmente, solicitó la aplicación los precedentes de la Sección Primera del Consejo de Estado relativos a la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Superservicios en materia de sistemas de alcantarillado sanitario, y a las funciones y competencias de los municipios en la prestación de los servicios públicos relacionados con agua potable y saneamiento ambiental.

V.5. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-, mediante escrito remitido el 7 de abril de 2017, solicitó denegar las pretensiones de la demanda en consideración a lo siguiente:

De conformidad con la Constitución, las leyes 1551 de 2012, 142 y 136 de 1994 y el Decreto 3571 de 2011, el MVCT no es el ente encargado de la función administrativa de prestar los servicios públicos domiciliarios, sino la Administración Municipal de Paz de Ariporo.

Los proyectos de infraestructura de las entidades territoriales relacionados con agua potable y saneamiento básico que requieran del apoyo financiero de la Nación deben ser formulados y priorizados en el marco del Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales de Agua (PAP-PDA), en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento del respectivo departamento, atendiendo las exigencias y requerimientos contenidos en la ley.

Para el efecto, el Gobierno Nacional, además, realiza transferencias de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, regalías, aportes de las CAR, entre otros, los cuales deben utilizarse para otorgar subsidios a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Así, las funciones del MVCT atañen a la evaluación, viabilización y financiación de los proyectos del sector, más no con la ejecución de las obras correspondientes.

Consultada la base de datos del MVCT, informó que el Municipio de Paz de Ariporo se encuentra vinculado al PAP-PDA de Casanare, sin embargo, por no cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 379 de 25 de junio de 2012, los siguientes proyectos relacionados con los sectores poblados de las veredas objeto del debate, fueron devueltos para ajustes: i) “diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua subterránea individuales para uso humano en el corregimiento Las Guamas, veredas: Guamas (…)”; ii) “construcción de la optimización del sistema de acueducto del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”; y iii) “construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”.

No obstante, aseguró que el Municipio de Paz de Ariporo cuenta con la asistencia técnica del MVCT y que, en el marco de la misma, puede formular y presentar proyectos, una vez cuente con el concepto técnico favorable del Mecanismo de Viabilización de Proyectos.

El MVCT ha actuado conforme a la ley, no está llamado a cumplir con las pretensiones formuladas por el accionante, no ha vulnerado ni amenazado vulnerar los derechos colectivos invocados y no le asiste alguna responsabilidad en el asunto, por cuanto no existe una relación de causalidad o vínculo legal alguno entre su conducta y los hechos que dieron lugar a la acción de la referencia; por todo lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

V.6. El apoderado judicial de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo S.A. E.S.P. –Paz de Ariporo S.A. E.S.P.-, mediante escrito aportado el 23 de junio de 2017, adujo que se opone a las peticiones de la demanda, toda vez que, en atención al objeto social inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Casanare, el Sistema Único de Información de Servicios Públicos –SUI- y el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos –RUPS-, dicha empresa sólo tiene por objeto prestar los servicios públicos domiciliarios de agua potable y alcantarillado en la zona urbana del Municipio de Paz de Ariporo, más no en las zonas rurales, incluidos los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas del Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas, puesto que la cobertura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en dichos sectores es competencia de la Administración Municipal de Paz de Ariporo.

Aunado a lo anterior, indicó que en ninguna de las secciones o rubros del presupuesto de Paz de Ariporo S.A. E.S.P. se menciona alguna función en relación con los acueductos de los centros poblados de la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo.

Promover la organización y funcionamiento de las Juntas Administradoras Rurales para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los centros poblados previamente anotados, y los acueductos veredales que allí se encuentran, es competencia del Municipio de Paz de Ariporo, de conformidad con la Constitución y las leyes 1551 de 2012 y 142 de 1994.

Por lo anterior, estimó que es a la Administración Municipal a la que le corresponde adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos colectivos. Además, aseguró que Paz de Ariporo S.A. E.S.P. no cuenta con los recursos económicos para la cobertura de los servicios públicos mencionados en los sectores referidos.

No obstante lo anterior, manifestó que Paz de Ariporo S.A. E.S.P. sí ha tomado medidas para evitar la vulneración de los derechos colectivos invocados, tales como: i) el envío de profesionales adscritos, a efectos de verificar el estado actual de los acueductos veredales del Municipio de Paz de Ariporo, recopilando y entregando información y elaborando actas de las visitas correspondientes; y ii) la celebración del Contrato de Consultoría N.º 004 de 18 de diciembre de 2008 cuyo objeto fue “realizar el diagnóstico, estudios, diseños y/o rediseños de acueductos, alcantarillado sanitario y pluvial de los centros poblados: La Hermosa, Pto. Brasilias, Varsovia, Los Morichales, Las Guamas, El Totumo, Rincón Hondo, Centro Gaitán, Sarare, La Barranca y El Boral”.

Así pues, consideró que Paz de Ariporo S.A. E.S.P. no tuvo alguna injerencia en los hechos que suscitaron la acción de la referencia y que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados, por lo cual, la acción deviene en improcedente. En tal virtud, solicitó que se declarara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto que, como se señaló, Paz de Ariporo S.A. E.S.P. no está llamada a satisfacer el derecho pretendido de manera directa.

AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

El Magistrado Sustanciador del proceso, mediante auto de 2 de agosto de 2017, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a que no hubo acuerdo sobre el proyecto de pacto de cumplimiento formulado.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 15 de marzo de 2018, resolvió la controversia planteada, en los siguientes términos:

i) Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por Paz de Ariporo S.A. E.S.P., por cuanto, “[s]egún lo indicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […] en el municipio de Paz de Ariporo hay dos entes que prestan los servicios públicos de agua y alcantarillado: la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo S.A. E.S.P. en el sector urbano, y el Municipio de Paz de Ariporo directamente en el resto del territorio. [Además, dicha empresa] […] señaló en la contestación de la demanda que aunque no presta los servicios de agua y alcantarillado en las veredas objeto de la presente acción popular, sí les ha brindado asesoría técnica y operativa”.

ii) Afirmó que no obra en el proceso algún elemento de juicio que permita inferir la violación de los derechos colectivos a la moralidad administrativa o al patrimonio público.

iii) Constató la transgresión real y efectiva de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas; de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y los derechos de los consumidores y usuarios, en relación con los centros poblados de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas de Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo.

Lo anterior se concluyó como consecuencia de encontrar “[…] demostrado que los habitantes de los centros poblados aludidos del Municipio de Paz de Ariporo carecen de servicio público domiciliario de agua potable, de conformidad con los informes elaborados por la empresa Acuatodos y con el dictamen pericial emitido por Corporinoquia; ambas pruebas ilustran igualmente que cuentan con pozos profundos para abastecerse de agua en forma interrumpida y sin ningún tipo de tratamiento; la infraestructura existente, háblese de tanque de almacenamiento y redes de distribución para el suministro del agua que llega a sus viviendas, se encuentra en su mayoría en desuso y/o en malas condiciones –fisuras, oxidada-; en Rincón Hondo el pozo profundo está en mal estado, en Caño Chiquito el tanque de almacenamiento no está en buenas condiciones, en todos los centros poblados no se cuenta con personal capacitado para su manejo; la infraestructura está expuesta a los factores externos del medio ambiente que amenazan aún más su precaria condición.

Tampoco cuentan con un sistema para el tratamiento de aguas residuales; las familias que habitan en esos centros poblados poseen pozos sépticos, algunos ubicados muy cerca de la fuente para el suministro de agua, por lo cual se dan reboses y contaminación, sobre todo en época de invierno”.

iv) La responsabilidad por vulnerar los derechos colectivos mencionados, fue atribuida a las siguientes autoridades, con base en las razones que se explican a continuación:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es responsable por cuanto:

“[…] [N]ada ha hecho para diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para el sector rural objeto de la presente acción, en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial.

[…] [E]ste ministerio ha dado trámite a los proyectos que el Municipio de Paz de Ariporo le ha radicado para la puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua subterránea individuales para uso humano y la construcción del sistema de acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el Corregimiento de Las Guamas, pero tales proyectos no han llegado a feliz término porque el Municipio no ha cumplido con las exigencias legales que le ha planteado ese Ministerio frente al proyecto.

Respecto de los demás centros poblados, ni siquiera hay constancia de presentación o devolución de proyectos de agua potable y saneamiento ambiental”.

El Departamento de Casanare es responsable, pues “[…] debe cubrir esos servicios [de agua potable y saneamiento ambiental] de conformidad con los principios de unidad territorial, complementariedad, subsidiariedad y concurrencia, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con la Ley 715 de 2001 […] [y] la Ley 142 de 1994 […][].

Es más, el Plan Departamental de Aguas para todo el territorio de Casanare, del cual hace parte el Municipio de Paz de Ariporo y las poblaciones objeto de la presente acción popular, está a cargo del departamento”.

Frente a Acuatodos, el Tribunal sostuvo que:

“[…] [T]ampoco es de recibo el argumento de Acuatodos S.A. E.S.P. de que no tiene conocimiento que el Municipio de Paz de Ariporo haya radicado proyectos con miras a garantizar el sistema de acueducto, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales de dichos centros poblados y está a la espera que ese ente territorial le presente los proyectos que representen sus necesidades en la materia, o que sólo en el año 2017 suscribió con el Municipio de Paz de Ariporo un Acta de Concertación de apoyo técnico para el suministro de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en los centros poblados relacionados; no, Acuatodos es el ente departamental encargado de coordinar y apoyar técnicamente a los municipios de Casanare en esos aspectos”.

En cuanto al Municipio de Paz de Ariporo, se determinó que:

“[…]. Este demandado señaló que impulsó la actualización de los estudios y diseños de los acueductos existentes en el centro poblado de Caño Chiquito en cumplimiento del Contrato de Consultoría N.° 301.17.4.004 del 24 de julio de 2014 y solicitó permisos a Corporinoquia para prospección y exploración de aguas, pero nada se ha concretado para garantizar los servicios públicos en pro de los derechos colectivos de las poblaciones objeto de la presente acción popular.

Agregó que solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicación de predio para desarrollar el proyecto constructivo del sistema de acueducto de la Vereda La Aguada, pero tampoco hay resultados de esta situación; y de los restantes centros poblados no se vislumbra proyecto alguno ante el Gobierno Nacional o Departamental con miras a mejorar los servicios públicos domiciliarios demandados.

Debe agregarse que, según lo que consta en el expediente, ese municipio fue beneficiario de recursos del incentivo a la producción recibiendo del Ministerio de Minas y Energía en el año 2016 un valor de $1.042´128.596.00”.

Finalmente, el Tribunal precisó que accedería a las pretensiones respecto de la Superservicios, puesto que esta entidad omitió vigilar y controlar a la Administración Municipal de Paz de Ariporo en su calidad de prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la región rural de dicho Municipio y, además, omitió monitorear y armonizar los recursos del Sistema General de Participaciones que, de conformidad con las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, deben priorizarse para agua potable y saneamiento ambiental.

Con base en estas consideraciones, el Tribunal emitió las siguientes órdenes:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo S.A. E.S.P.

SEGUNDO: DECLARAR no probada la violación de los derechos colectivos a la moralidad y el patrimonio públicos.

TERCERO: DECLARAR responsables de la violación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios en relación con los centros poblados de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas de Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, al Municipio de Paz de Ariporo, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento de Casanare y a Acuatodos S.A. E.S.P., de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

CUARTO: DECLARAR responsable a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la omisión de los deberes de control y vigilancia y del principio de armonización respecto de los obligados a prestar servicios públicos de agua potable y saneamiento ambiental, por las razones indicadas en la motivación.

QUINTO: Para garantizar los derechos colectivos transgredidos, ORDENAR, a título de medidas definitivas:

a) Al Municipio de Paz de Ariporo y al Departamento de Casanare, que en forma solidaria, financien y ejecuten los estudios y demás actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberán, entre otras, diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en este fallo.

Para tal efecto los responsables DEBERÁN dar prioridad a la asignación de recursos del SGP para saneamiento básico y de otras fuentes de inversión pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 y normas que las modifiquen o complementen.

b) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, responderá subsidiariamente por las medidas indicadas en el literal anterior, en caso de que se demuestre que el Municipio de Paz de Ariporo y/o el Departamento de Casanare no tienen recursos para garantizar que se puedan contratar y realizar esas actividades dentro de los plazos que se fijan en este fallo o que los recursos de que disponen son insuficientes.

Además, dará curso prioritario a los proyectos que le presenten en esta materia las entidades anteriormente mencionadas para diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación.

c) Acuatodos responderá por la asistencia administrativa y técnica que deba prestar al Municipio de Paz de Ariporo y al Departamento de Casanare para la realización de las actividades indicadas en el literal a); si fuere necesario cofinanciar con recursos del PDA de origen departamental lo que corresponde a Casanare, dicha empresa será solidaria con Casanare hasta concurrencia de dicha cofinanciación.

La ejecución concreta de las medidas tendientes a satisfacer esas necesidades corresponde a la autonomía propia de las autoridades responsables y serán ellas las que deban determinar el mecanismo de cooperación interadministrativa y el ejecutor de los recursos de manera que se garantice la contratación y ejecución uniforme de los estudios y trabajos.

Las medidas definitivas dispuestas en este ordinal deberán ejecutarse dentro de los siguientes plazos:

1.- Financiación, ejecución, adecuación de estudios, si es del caso: 6 meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo.

2.- Diseño, financiación y escogencia de programas especiales de agua potable y saneamiento básico para la población víctimas de la violación: 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo anterior.

3.- Contratación, ejecución y operación de las medidas que adopten para los fines indicados: 1 año contado a partir del vencimiento del plazo anterior.

PARÁGRAFO: El presidente del comité rendirá informes periódicos a la Corporación sobre las obligaciones fijadas en este fallo, dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de cada plazo.

SEXTO: De igual manera y para dar efectividad a los derechos colectivos conculcados se disponen las siguientes medidas cautelares:

1) En cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del presente fallo, ORDENE realizar visita administrativa a todos y cada uno de los poblados objeto de la presente acción popular, con el fin de establecer las responsabilidades a que haya lugar, y si es del caso imponer las sanciones pertinentes, así como las recomendaciones pertinentes.

Dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo referido, el superintendente de servicios públicos domiciliarios rendirá el correspondiente al Tribunal sobre las actividades ejecutadas y sus resultados.

2) Bajo la responsabilidad del Municipio de Paz de Ariporo, y más concretamente de su alcalde:

a) La realización de una visita a todos y cada uno de los centros poblados objeto de la presente acción popular, dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, con el fin de constatar la cantidad de víctimas, discriminándolas por sexo y edades; las falencias de los sistemas de acueducto y saneamiento básico que requieren intervención urgente, así como los recursos necesarios para ello.

b) La financiación y ejecución de las medidas que sean necesarias para la solución y/o mitigación de los problemas indicados en el literal precedente, en un término de 6 meses contados desde el vencimiento del plazo allí previsto.

Al vencimiento de cada plazo mencionado, el alcalde de Paz de Ariporo rendirá el correspondiente informe al Tribunal sobre las actividades ejecutadas y sus resultados.

3) ORDENAR al Municipio de Paz de Ariporo en cabeza de su alcalde, y al Departamento de Casanare bajo la responsabilidad del gobernador, que en el término de un año contado a partir de la notificación de este fallo, financien, contraten y realicen los estudios necesarios para la implementación y ejecución de las medidas definitivas dispuestas en esta sentencia, de tal manera que cuando ella quede ejecutoriada, se cuente ya con ellos.

Al vencimiento del plazo mencionado, el alcalde de Paz de Ariporo rendirá el correspondiente informe al Tribunal sobre las actividades ejecutadas y sus resultados.

SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de verificación para el cumplimiento del fallo, en cual estará integrado y funcionará conforme con los parámetros señalados en la parte considerativa[].

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones indicadas en las consideraciones.

NOVENO: NO CONDENAR en constas en la instancia”.

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

VIII.1. El apoderado judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Superservicios-, mediante escrito allegado el 19 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación solicitando que se revoquen el ordinal “CUARTO” y el numeral 1) del ordinal “SEXTO” de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se abstenga de condenar a la autoridad que representa en razón a que:

La Superservicios, aun cuando reconoce la afectación de los derechos colectivos amparados, adujo que, en relación con el derecho de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, ha cumplido con las obligaciones que tiene a su cargo y, por consiguiente, no le es imputable la referida afectación de los derechos.

Según la Ley 142 de 11 de julio de 1994, el Decreto 1575 de 9 de mayo de 2007 y las Resoluciones N.ºs 2115 de 22 de junio de 2007 y 811 de 5 de marzo de 2008, las autoridades sanitarias de los departamentos, distritos y municipios y las personas prestadoras del servicio, tienen la responsabilidad principal de vigilar y controlar la calidad del agua para el consumo humano. Sin esto no es posible que la Superservicios ejecute adecuadamente su función principal de iniciar las correspondientes investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que hay lugar, por cuenta de la violación de las normas sobre control y calidad del agua.

En otras palabras, la responsabilidad de la Superservicios se limita a ejercer acciones de control, pero no puede extenderse frente a la vigilancia y control de las actuaciones de las demás entidades involucradas en la prestación del servicio.

En cuanto al ejercicio de las funciones de la Superservicios frente al estado de la prestación del servicio de acueducto en el área rural del Municipio de Paz de Ariporo, el apoderado manifestó que, verificada la base del Sistema de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano –SIVICAP-, respecto de los años 2015 y 2016 no se registró información que permitiera diagnosticar la calidad del agua en el sector referido, motivo por el cual no era posible proceder a sancionar al prestador del servicio.

El Tribunal omitió que se encuentra acreditado que la Superservicios desplegó las siguientes acciones de vigilancia y control respecto de la prestación del servicio en el área rural del Municipio de Paz de Ariporo:

Radicado
Fecha
Destinatario
Objeto

2016 46 00 56 12 11

16/09/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerir la colaboración del alcalde municipal, dentro del marco de la política pública de fortalecimiento de la gestión integral de los prestadores del sector rural, para que nos envíe inventario de los prestadores con información que permita visibilizarlos y formalizarlos.

2016 46 00 81 64 11

9/12/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerimiento con ocasión de alerta recibida generada por el Personero en relación con acueductos veredales.

2016 46 00 82 59 81

13/12/2016

Gobernación de Casanare
Requerimiento al gobernador para que informe acerca de las acciones adelantadas para brindar apoyo técnico, financiero y administrativo a prestadores de servicios públicos del sector rural, para entre otros, mejorar la calidad del agua.

2016 46 00 84 01 11

19/12/2016

Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Requerimiento para que informe acerca de las condiciones de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en centros poblados del Municipio.
2017 46 00 09 90 81

28/02/2017
Alcalde municipal de Paz de Ariporo

Insistencia radicado 2016 46 00 81 64 11
2017 46 00 21 87 81

3/04/2017
Alcalde municipal de Paz de Ariporo
Solicitud complementación de la información de los prestadores rurales.

2017 46 00 21 87 91

3/04/2017

Secretaría Departamental de Salud - Casanare
Solicitud información calidad del agua, teniendo en cuenta que no se ha reportado en el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable para consumo humano.

El reproche por presuntamente no haber realizado coordinaciones con el MVCT para efectos del Sistema General de Participaciones, no es acertado, ya que la mencionada coordinación también ocurre en el ámbito funcional y legal, y la parte que le corresponde a la Superservicios refiere a realizar la certificación anual de municipios del SGP, y si el Municipio de Paz de Ariporo estaba descertificado, tal y como lo reconoció el Tribunal, implica que la Superservicios ejerció adecuadamente las funciones a su cargo.

Finalmente, el Tribunal no tuvo en cuenta que la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad ocurrió por el incumplimiento del Municipio de Paz de Ariporo en la prestación de los servicios públicos, quien de conformidad con la Ley 142 de 1994, es el llamado a garantizar la prestación adecuada y eficiente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado a sus habitantes.

VIII.2. La apoderada judicial del Municipio de Paz de Ariporo, mediante escrito allegado el 22 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación en contra de la medida cautelar contenida en el literal a) del numeral 2º del ordinal “SEXTO” de la sentencia de primera instancia, solicitando que: i) se amplíe razonablemente el plazo para darle cumplimiento; y ii) que dicho término no sea contabilizado de manera concurrente con el otorgado para el cumplimiento de las medidas definitivas, sino que inicie su cómputo de manera previa e independiente, debido a que:

a) Para efectuar la visita a los centros poblados y recaudar la información necesaria para concretar la solución definitiva o adoptar medidas de mitigación, se requiere de un equipo interdisciplinario integrado por personal técnico y profesional. Sin embargo, el personal de la Secretaría de Salud, la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (dependencias afines con la orden), no es suficiente para cumplirla. Además, los procesos administrativos y de financiación para la materialización de las órdenes, en términos normales, demandan un período superior al otorgado de un mes.

b) Con ocasión de la diligencia de pacto de cumplimiento, el Municipio de Paz de Ariporo, con el concurso y el apoyo técnico de Acuatodos, realizó un diagnóstico general que finalmente fue incorporado al expediente por solicitud del Agente del Ministerio Público, en el que se da cuenta del número aproximado de usuarios por cada centro poblado. Estas cifras revelan el trabajo que demandará consolidar el censo de víctimas discriminado y, a su vez, el diagnóstico técnico en cada caso.

c) Aunque no desconoce la afectación de los derechos colectivos y manifestó no oponerse al cumplimiento de las medidas cautelares, consideró necesario precisar que estas son las mismas que las órdenes definitivas contenidas en los numerales 1º y 2º del ordinal “QUINTO”.

En ese orden de ideas, un mes para dar curso a los dos componentes dispuestos, teniendo probado el número de usuarios potenciales y las distancias de los centros poblados a intervenir y los inconvenientes administrativos a la hora de contratar y materializar las actividades, ponen en riesgo las obligaciones en sí mismas. No se trataría de ajustarse al término, dejando de lado el producto. En su justa medida, se requiere de un término razonable para cumplir con la orden, porque en la práctica será el insumo base del proyecto.

VIII.3. La apoderada judicial del Departamento de Casanare, mediante escrito allegado el 22 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que se excluya de toda responsabilidad al ente territorial que representa, habida cuenta de las siguientes razones:

De conformidad con la Constitución, las leyes 142 de 1994, 1551 de 2012, 60 y 99 de 1993 y los decretos 475 de 1998 y 1898 de 2016, es a la Administración Municipal de Paz de Ariporo o a su Empresa de Servicios Públicos, a quienes les corresponde: garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y agua potable y suplir o gestionar, en primera instancia, la solución a la problemática y las necesidades en la materia, existentes en los centros poblados de las veredas afectadas; formular los proyectos, adelantar los trámites administrativos necesarios y apropiar los recursos suficientes; ejecutar las obras y proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos; y ejercer vigilancia y control sobre la calidad del agua.

En la medida en que los representantes legales de los municipios presenten sus proyectos al ente departamental con el cumplimiento de todos los requisitos, este, de acuerdo con los criterios de subsidiariedad y complementariedad, verificará su colaboración y apoyo. Sin embargo, a la fecha no existen proyectos radicados en la Dirección de Banco de Proyectos de la Gobernación de Casanare, con relación a los sistemas de acueducto y alcantarillado de los centros poblados objeto de amparo.

El Departamento de Casanare no tiene la obligación legal de garantizar estudios, diseños o adecuaciones a los sistemas de acueducto y alcantarillado objeto de la acción de la referencia. No obstante, el Departamento de Casanare ha intervenido en la salvaguarda de los derechos de la comunidad al suscribir con Acuatodos el Convenio Interadministrativo N.º 2114 de 29 de diciembre de 2016, que tiene por objeto “la terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare”, obra que actualmente se encuentra en ejecución.

No se podría predicar la obligación del Departamento de Casanare con base en los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, ya que no se demostró que el Municipio de Paz de Ariporo no pudiera proporcionar de manera independiente y autónoma el servicio público domiciliario pedido a su comunidad.

VIII.4. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-, mediante escrito aportado el 23 de marzo de 2018, interpuso recurso de apelación solicitando que se revoque la sentencia de primera instancia en lo que concierne a la autoridad que representa, con fundamento en que carece de legitimación en la causa para cumplir con las pretensiones de la demanda y, aduciendo que:

De conformidad con la Constitución, las leyes 1551 de 2012, 142 y 136 de 1994 y el Decreto 3571 de 2011, el MVCT no es el ente encargado de la función administrativa de prestar de manera eficiente los servicios públicos domiciliarios, sino la Administración Municipal de Paz de Ariporo.

Los proyectos de infraestructura de las entidades territoriales relacionados con agua potable y saneamiento básico que requieran del apoyo financiero de la Nación deben ser formulados y priorizados en el marco del Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales de Agua (PAP-PDA), en el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento del respectivo departamento, atendiendo las exigencias y requerimientos contenidos en la ley.

Para el efecto, el Gobierno Nacional, además, realiza transferencias de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, regalías, aportes de las CAR, entre otros, los cuales deben utilizarse para otorgar subsidios a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Así, las funciones del MVCT atañen a la evaluación, viabilización y financiación de los proyectos del sector, más no con la ejecución de las obras correspondientes.

No obstante, aseguró que el Municipio de Paz de Ariporo cuenta con la asistencia técnica del MVCT y que, en el marco de la misma, puede formular y presentar proyectos, una vez cuente con el concepto técnico favorable del Mecanismo de Viabilización de Proyectos.

El MVCT ha actuado conforme a la ley, no ha vulnerado ni amenazado vulnerar los derechos colectivos invocados y no le asiste alguna responsabilidad en el asunto, por cuanto no existe una relación de causalidad o vínculo legal alguno entre su conducta y los hechos que dieron lugar a la acción constitucional de la referencia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

IX.1. El apoderado judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-, mediante escrito allegado el 16 de octubre de 2018, presentó escrito de alegatos de conclusión, reiterando que:

De conformidad con la ley, mientras que a los municipios les corresponde asegurar la prestación efectiva de los servicios de agua potable y saneamiento básico, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico se focaliza, fundamentalmente, en la formulación de políticas y programas orientados al fortalecimiento de la descentralización mediante la asignación de recursos en materia de agua y saneamiento.

Además recordó que al Gobierno Nacional le compete apoyar técnica y financieramente los proyectos priorizados en el marco de los PAP-PDA; sin embargo, la responsabilidad en la estructuración de los proyectos y la gestión de los recursos para la ejecución de obras relacionadas con agua potable y saneamiento básico, recae en el municipio y el gestor.

IX.2. El Personero Municipal de Paz de Ariporo – Casanare, mediante escrito de 20 de octubre de 2018, presentó escrito de alegatos de conclusión solicitando que se confirme la sentencia de primera instancia, en atención a que las condiciones deficientes de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las veredas de las poblaciones afectadas, están acreditadas y perduran hasta la fecha. También agregó que la población afectada se compone de sujetos de especial protección constitucional.

IX.3. La gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. –Acuatodos-, mediante escrito aportado de forma extemporánea (29 de octubre de 2018), además de lo manifestado en la contestación de la demanda, precisó que dicha empresa no es responsable de asegurar los servicios de agua potable y saneamiento básico de los habitantes del Municipio de Paz de Ariporo, en atención a que el Municipio de Paz de Ariporo es participante del PAP-PDA de Casanare y los recursos del Sistema General de Participaciones ya no se giran mediante el esquema fiduciario del plan departamental de aguas (Fondo de Inversiones en Agua –FIA-), sino que están siendo girados directamente al municipio y/o a la ESP, debido a que se encuentran certificados por la Superservicios.

Es decir que, de conformidad con la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 1484 de 2014, los municipios y distritos que se encuentren certificados (Paz de Ariporo), seguirán asumiendo la responsabilidad de la administración de los recursos del SGP para el sector y asegurarán la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en las zonas urbana y rural, bajo el monitoreo y seguimiento del MVCT y la Superservicios.

IX.4. Los demás sujetos procesales optaron por guardar silencio en esta etapa procesal.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, mediante escrito aportado el 14 de noviembre de 2018, conceptuó en el sentido de que, aun cuando coincide con la existencia de la afectación de los derechos colectivos invocados, solicita que la sentencia de 15 de marzo de 2018 sea modificada en los siguientes términos:

“[…]. El Departamento de Casanare no es competente para cumplir las medidas cautelares y definitivas […], toda vez que dicha orden desconoce la función de los departamentos en materia de prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado, la cual […], es de carácter complementario, lo que impone el deber […] de otorgar apoyo y coordinación. No debe perderse de vista que […] resulta necesaria la actuación conjunta y coordinada del Departamento y el Municipio […] en la prestación del servicio público de acueducto […].

[…]. El Ministerio […] es competente para cumplir las medidas definitivas en: i) Responder subsidiariamente de las medidas impuestas al Municipio de Paz de Ariporo y al Departamento de Casanare […] en caso de que se demuestre que las entidades territoriales no tienen recursos para garantizar que se puedan contratar y realizar dichas actividades[] dentro de los plazos previstos en el fallo y; ii) Dar curso prioritario a los proyectos que le presenten en esta materia las entidades territoriales para diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico para la población víctima de la población. Dicha orden materializa el principio de subsidiariedad […].

[…]. La Superintendencia […] es competente para cumplir la medida cautelar consistente en realizar visitas a todos y cada uno de los poblados, con el fin de establecer las responsabilidades a que haya lugar y, si es del caso, imponer las sanciones y recomendaciones pertinentes. Esta medida resulta razonable y proporcional.

[…]. Por último, el Ministerio Público solicita modificar la sentencia con un plazo racional para su cumplimiento, en atención a las circunstancias debidamente justificadas […]”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

XI.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para conocer, como ocurre en el presente caso, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

XI.2. Las acciones populares y su procedencia

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.

XI.3. Planteamiento del problema

XI.3.1. El Personero Municipal de Paz de Ariporo – Casanare, le atribuyó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; al Departamento de Casanare; a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. -Acuatodos-; al Municipio de Paz de Ariporo; y a la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Paz de Ariporo S.A. E.S.P., la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; con la moralidad administrativa; con la defensa del patrimonio público; con la seguridad y salubridad públicas; con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y con los derechos de los consumidores y usuarios, en razón a la deficiente prestación del servicio público de acueducto o agua potable y la inasistencia del servicio público de alcantarillado, específicamente, por la inexistencia de sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales en las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo - Casanare.

XI.3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 15 de marzo de 2018, concluyó que los derechos colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas; con el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; con el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y con los derechos de los consumidores y usuarios, estaban siendo transgredidos, en razón a que, de conformidad con las pruebas incorporadas al proceso, se acreditó que los habitantes de los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare, carecen: i) del servicio público domiciliario de agua potable, al verificar que se valen de unos pozos profundos para abastecerse de agua de manera interrumpida y sin algún tipo de tratamiento. Además la mayoría de la infraestructura existente no se encuentra en buenas condiciones y no hay personal capacitado para su manejo; y ii) tampoco hay un sistema para el tratamiento de aguas residuales, puesto que se pudo constatar que, para evacuarlas, los habitantes utilizan pozos sépticos, algunos de los cuales se ubican en cercanías de fuentes de agua. Además, en época de invierno, dichos pozos se rebosan, generando contaminación.

El Tribunal determinó que la referida afectación de los derechos colectivos, le era atribuible al Municipio de Paz de Ariporo, al Departamento de Casanare, a Acuatodos, al MVCT y a la Superservicios. En consecuencia, le ordenó a la Superservicios realizar una “visita administrativa” a los sectores afectados, para efectos de establecer responsabilidades, imponer sanciones y realizar recomendaciones. De igual forma, al resto de autoridades, el Tribunal les ordenó, grosso modo, intervenir en la realización de visitas, estudios y diseños y en la financiación y ejecución de los programas y las medidas necesarias para garantizar el servicio de agua potable y saneamiento básico a las comunidades afectadas.

XI.3.3. Inconformes con la decisión emitida por el Tribunal en primera instancia, las siguientes entidades interpusieron sendos recursos de apelación:

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Superservicios-, solicitó que se revoquen las órdenes y las declaraciones emitidas en su contra en virtud de que: a) sus obligaciones aluden a desarrollar investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar por cuenta del incumplimiento de las disposiciones de control y calidad del agua, más no vigilar y controlar la calidad del agua para el consumo humano; b) respecto de los años 2015 y 2016 el SIVICAP no registró información que permitiera diagnosticar la calidad del agua en los sectores afectados, motivo por el cual la Superservicios no contaba con fundamentos para sancionar al prestador del servicio; c) la Superservicios desplegó diversas acciones de vigilancia y control respecto de la prestación del servicio público de acueducto en el área rural del Municipio de Paz de Ariporo; y d) si el Municipio de Paz de Ariporo no estaba certificado para administrar los recursos que le fueran asignados del SGP para agua potable y saneamiento básico, fue porque la Superservicios ejerció adecuadamente las funciones a su cargo.

El Municipio de Paz de Ariporo, encauzó sus reparos hacia la ampliación razonable y la contabilización independiente del plazo de un mes para darle cumplimiento a la medida cautelar que le fue impuesta en la sentencia cuestionada, en relación con los términos conferidos para el cumplimiento de las medidas definitivas.

El Departamento de Casanare solicitó que se le excluyera de toda responsabilidad, fundamentalmente por cuanto es deber de los representantes legales de los municipios presentar los respectivos proyectos con el lleno de los requisitos para efectos de que reciban la colaboración y el apoyo del Departamento. En virtud de que en la Dirección de Banco de Proyectos de la Gobernación de Casanare no existen proyectos radicados por el Municipio de Paz de Ariporo en relación con los sistemas de acueducto y alcantarillado y, además, no se acreditó que el Municipio estuviera incapacitado para suministrar el servicio público de manera autónoma e independiente, no se puede predicar obligación alguna por parte de la Administración Departamental. De otro lado, señaló que actualmente se viene ejecutando la terminación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Paz de Ariporo como consecuencia de la celebración del Convenio Interadministrativo N.º 2114 de 29 de diciembre de 2016.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT- solicitó que se le absuelva de responsabilidad en tanto que sus competencias atañen a la evaluación, viabilización y financiación de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, más no con la ejecución de las obras correspondientes. Recordó que para que las entidades territoriales reciban el apoyo financiero de la Nación, deben tramitar los proyectos correspondientes en el marco de los PAP-PDA, de conformidad con los requerimientos legales. Por último el MVCT resaltó que el Municipio de Paz de Ariporo cuenta con la respectiva asistencia técnica y que, en el marco de la misma, puede formular los proyectos que considere convenientes.

XI.3.4. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si ¿les es atribuible a las autoridades recurrentes la vulneración de los derechos colectivos amparados por cuenta de la deficiente prestación del servicio público de acueducto o agua potable y la inasistencia del servicio público de alcantarillado, específicamente, por la inexistencia de sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales en los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare?

Antes de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario hacer referencia al marco normativo pertinente relativo a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

XI.4. Los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado

La Ley 142 de 11 de julio de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 1° dispuso que la misma se aplica “[…] a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley”. [Resalta la Sala].

De igual forma, la Ley 142 establece la atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico.

A su turno, el artículo 14 de la misma regulación definió los siguientes conceptos relevantes:

“14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo.

[…].

14.22. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO. Llamado también servicio público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y transporte.

14.23. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

(…)”[]. [Subraya la Sala].

XI.4.1. En lo relacionado con el servicio público domiciliario de acueducto o agua potable, el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, “[p]or el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, dispone lo siguiente:

“Artículo 134.- Corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su uso es necesario. Para dichos fines deberá:

a) Realizar la clasificación de las aguas y fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus características físicas, químicas y biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de aguas;

b) Señalar y aprobar los métodos técnicos más adecuados para los sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para uso público y privado;

c) Ejercer control sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, para que cumplan las condiciones de recolección, abastecimiento, conducción y calidad de las aguas;

d) Fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y aguas servidas;

e) Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe prohibirse, condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos, basuras, desechos y desperdicios en una fuente receptora;

f) Controlar la calidad del agua, mediante análisis periódicos, para que se mantenga apta para los fines a que está destinada, de acuerdo con su clasificación;

g) Determinar los casos en los cuales será permitida la utilización de aguas negras y prohibir o señalar las condiciones para el uso de estas;

h) Someter a control las aguas que se conviertan en focos de contaminación y determinar las actividades que quedan prohibidas, con especificación de área y de tiempo, así como de las medidas para la recuperación de la fuente;

i) Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las aguas interiores y de las marinas, para asegurar la preservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies, y para mantener la capacidad oxigenante y reguladora del clima continental.

[…].

Artículo 137.- Serán objeto de protección y control especial:

a) Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos;

[…]”. [Resalta la Sala].

La Ley 9 de 24 de enero de 1979, “por la cual se dictan medidas sanitarias”, ordena que “[t]oda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia”. “Después de potabilizada el agua debe conducirse en tal forma que se evite su contaminación”.

Además, “[e]n la determinación de las características deseables y admisibles de las aguas deberá tenerse en cuenta, por lo menos, uno de los siguientes criterios: a) La preservación de sus características naturales; b) La conservación de ciertos límites acordes con las necesidades del consumo humano y con el grado de desarrollo previsto en su área de influencia; c) El mejoramiento de sus características hasta alcanzar las calidades para el consumo humano y las metas propuestas para un conveniente desarrollo en el área de influencia”.

Dicha ley, en cuanto a las aguas superficiales, indica que “[l]as entidades encargadas de la entrega del agua potable al usuario velará por la conservación y control en la utilización de la fuente de abastecimiento, para evitar el crecimiento inadecuado de organismos, la presencia de animales y la posible contaminación por otras causas”. Y al respecto de las aguas subterráneas, ordena que “[p]ara evitar la contaminación del agua subterránea por: […] aguas residuales o contaminadas […] y otras causas; se deberán tomar las medidas higiénicas y de vigilancia necesarias para el correcto aprovechamiento de los pozos para agua potable”.

De igual forma señala que, “[l]as entidades encargadas de la entrega de agua potable al usuario deberán ejercer control sanitario en la superficie situada sobre el estrato acuífero y sobre las áreas de recarga para evitar su contaminación”.

El Decreto 302 de 25 de febrero de 2000 “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, señala que “[l]os usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado”.

Por último, el Decreto 1575 de 9 de mayo de 2009 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano[]”, establece que “[l]a implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad del agua para consumo humano, será responsabilidad de los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y los usuarios, para lo cual cumplirán las funciones indicadas en los artículos siguientes”.

XI.4.2. En lo relacionado con el servicio público domiciliario de alcantarillado, el Decreto 2811 de 1974, dispone lo siguiente:

“Artículo 34.- En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observarán las siguientes reglas:

a) Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase;

[…].

Artículo 35.- Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.

[…].

Artículo 137.- Serán objeto de protección y control especial:

a) Las aguas destinadas al consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos;

b) Los criaderos y hábitats de peces, crustáceos y demás especies que requieran manejo especial;

c) Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas dignas de protección.

En los casos previstos en este artículo se prohibirá o condicionará, según estudios técnicos, la descarga de aguas negras o desechos sólidos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas.

Artículo 138.- Se fijarán zonas en que quede prohibido descargar, sin tratamiento previo y en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles, aguas negras o residuales de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales o subterráneas, interiores o marinas.

Artículo 145.- Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas.

[…]”. [Resalta la Sala].

El artículo 211 del Decreto 1541 de 26 de julio de 1978, dispone que “[s]e prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. […]”.

El artículo 223 de la misma regulación señala que “[e]n todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las características de la corriente receptora con relación a la clasificación a que se refiere el artículo 205 del presente Decreto […]”, es decir en atención a los cuerpos de agua que no admiten vertimientos y aquellos que admiten vertimientos con algún tratamiento.

En materia de residuos líquidos, la Ley 9 de 1979 indica que “[t]oda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposición de residuos”. Además, “[u]na vez construidos los sistemas de tratamiento de agua, la persona interesada deberá informar al Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de comprobar la calidad del afluente. Si al construir un sistema de tratamiento de agua no alcanza los límites prefijados, la persona interesada deberá ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con las exigencias requeridas”.

Por su parte, el Decreto 1594 de 26 de junio de 1984, dispone que “[l]os sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos”.

SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

De conformidad con lo indicado en el planteamiento del problema jurídico (apartado XI. 3.), la Sala procederá a resolver si les es atribuible a las autoridades recurrentes la vulneración de los derechos colectivos amparados, por cuenta de la deficiente prestación del servicio público de acueducto o agua potable y la inasistencia del servicio público de alcantarillado, específicamente, por la inexistencia de sistemas adecuados de tratamiento y disposición de aguas residuales en los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare.

XII.1. Valoración probatoria en relación con la afectación de los derechos colectivos

La Sala procede a resaltar los aspectos más relevantes de los medios de prueba que prestan mayor utilidad para dirimir la controversia planteada.

XII.1.1. Mediante Informe Técnico N.° 500.25.8.17.0213 de 31 de octubre de 2017, Corporinoquia aportó “Dictamen pericial en relación al Saneamiento Básico de los centros poblados y veredas Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo de acuerdo con lo ordenado en la Acción Popular 2017-00045”, en virtud de las visitas realizadas los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2017. Con base en este documento se pudo establecer lo siguiente:

Vereda Caño Chiquito

Sistema de acueducto

Existe un pozo de 100 metros de profundidad el cual opera de manera correcta siempre y cuando se cuente con el servicio de energía eléctrica, de lo contrario no es posible realizar el bombeo. El pozo no cuenta con permisos ambientales vigentes ante Corporioquia para su operación.

El acueducto no cuenta con sistema de tratamiento o potabilización de agua. Una vez bombeado el recurso hídrico al tanque de almacenamiento, este es entregado sin más a los usuarios.

La falta de tratamiento del agua bombeada ha causado que ingresen al tanque de almacenamiento, partículas de diferentes tamaños, las cuales se sedimentan y causan exceso de arenas en el fondo, así como acumulación de óxido en las paredes del tanque. Der igual forma, las paredes de las tuberías de conducción del recurso hídrico se encuentran corroídas.

El centro poblado no cuenta con la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas y el agua suministrada no presenta condiciones aceptables para el consumo humano.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales.

En una parte del poblado se presentan inconvenientes de reboses en época de invierno, toda vez que el nivel freático no permite que las aguas se infiltren, lo cual genera que los vertimientos se devuelvan por las tuberías y las unidades sanitarias. Por este motivo algunos habitantes han optado por realizar los vertimientos directamente sobre los suelos por medio de canales que conducen a la sabana donde finalmente logran infiltrarse.

En un caso específico se pudo constatar que este tipo de vertimientos se realiza a aproximadamente 20 metros de un pozo profundo utilizado como fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la vereda.

En otro punto de la Vereda se observó que las viviendas tienen sus pozos sépticos en la parte posterior de las respectivas casas, aproximadamente a unos 10 metros de distancia del cruce del Caño La Maleza. Esta situación genera riesgo de contaminación de la referida fuente hídrica, mediante procesos de infiltración de los vertimientos.

Mediante pruebas físico-químicas se pudo establecer que la variación de las propiedades de PH, conductividad y oxígeno disuelto de las aguas abajo del Caño La Maleza, con relación a las mismas propiedades aguas arriba, sugiere que las aguas residuales pueden estar llegando a la afluente por filtración o escorrentía, en atención a que no se evidenciaron otro tipo de actividades con la capacidad de influir en la variación mencionada.

Vereda Rincón Hondo

Sistema de acueducto

Existe un pozo de 100 metros de profundidad que no opera desde el 30 de marzo de 2017. Al momento de la visita se observó que al pozo se le realizaba un mantenimiento, sin embargo ello no fue posible porque el pozo colapsó. Por este motivo es que la comunidad se abastece de agua por medio de carrotanques que enviaba la alcaldía. La comunidad informó que se ha visto en la obligación de costear los gastos del combustible para los carrotanques, debido a que la alcaldía aduce no contar con los recursos económicos suficientes para el efecto. Los carrotanques suministran el agua una vez por semana, dos veces al día a los usuarios que aportan para el combustible.

Existe una planta de tratamiento de agua que se encuentra fuera de servicio y totalmente abandonada. Se logró observar una estructura de 20 metros de altura que actualmente no cumple ninguna función y que representan un riesgo alto de colapso.

El centro poblado no cuenta con la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas y el agua suministrada no presenta condiciones aceptables para el consumo humano.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales.

En época de invierno se presentan reboses, lo cual genera que el agua llegue hasta las viviendas. Por este motivo algunos habitantes han optado por realizar los vertimientos directamente sobre la fuente hídrica más cercana (Cañada La Calendaria), la cual sirve de abastecimiento de agua para las personas que no pueden pagar el combustible del carrotanque. Esta situación genera altas probabilidades de afectación a la salud y al medio ambiente.

Vereda Las Guamas

Sistema de acueducto

Existen dos pozos, uno está fuera de servicio por fallas en la energía eléctrica y por falta de la oferta requerida para satisfacer la demanda del recurso hídrico. El otro pozo es administrado por la Junta de Acción Comunal, la cual reúne una cuota para pagar el servicio de energía eléctrica para poder hacer uso del recurso hídrico. El pozo presenta fugas en las redes de captación, lo cual genera humedad en el terreno, poniendo en riesgo la estabilidad del tanque de almacenamiento. La estructura del tanque presenta un deterioro leve. En época de verano, el agua captada no llega a todas las viviendas por motivos de presión.

La capacidad del tanque de almacenamiento de este pozo es insuficiente para abastecer a la totalidad de la población. Además, la altura del tanque no produce la presión necesaria para que el recurso hídrico llegue a las viviendas. No hay un sistema de tratamiento del agua.

El centro poblado no cuenta con la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales. Esta situación genera riesgos al momento de realizar la captación del recurso hídrico, toda vez que es probable que las aguas negras lleguen al acuífero de abastecimiento.

Se evidenció la existencia de 6 pozos sépticos construidos de forma artesanal, ubicados a menos de 15 metros del pozo de abastecimiento que funciona.

Vereda Montañas del Totumo

Sistema de acueducto

Existe un pozo profundo construido junto al sistema de tratamiento o potabilización, el cual opera de manera correcta siempre y cuando se cuente con el servicio de energía eléctrica. El pozo no cuenta con los respectivos permisos ambientales de Corporinoquia para su operación. La planta de tratamiento se encuentra fuera de servicio y totalmente abandonada.

El centro poblado no cuenta con la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales. Esta situación genera riesgos al momento de realizar la captación del recurso hídrico, toda vez que es probable que las aguas residuales lleguen al acuífero de abastecimiento.

Vereda La Aguada

Sistema de acueducto

Hay una captación de la Quebrada Agua Blanca. Se cuenta con una estructura sobre el cauce de la Quebrada que hace las veces de bocatoma. Hace varios años existía una bocatoma, la cual se taponó por cuenta del material de arrastre de las aguas. En virtud de que no fue posible recuperar la bocatoma, la comunidad empezó a realizar la captación por medio de la cámara de derivación lateral.

Mediante un cálculo se pudo determinar que el sistema de acueducto realiza una captación de 4,14 L/s, es decir, un caudal suficiente para abastecer a la comunidad. Sin embargo esta actividad se encuentra desprovista de autorización por parte de la autoridad ambiental. En diferentes tramos de la red se evidenciaron fugas.

Se logró establecer que el servicio de suministro de agua no es continuo. Usuarios como el colegio no cuentan con el servicio de agua, motivo por el cual se ven obligados a acudir a las casas que sí cuentan con el servicio. Se pudo evidenciar que la tubería de conducción no está en óptimas condiciones, al encontrar tramos añadidos con neumático y otros materiales para hacer reparaciones artesanales.

El centro poblado no cuenta con la cantidad de agua necesaria para satisfacer sus necesidades básicas, ni con un sistema de tratamiento o potabilización de agua.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales.

Síntesis

Vereda
Sistema de acueducto
Sistema de alcantarillado
fuenteOperaciónSTAPReceptorSTARTipoRiesgoCaño ChiquitoPozo profundoSíNoSueloNoPozo sépticoAltoRincón HondoCarrotanqueNoNoSueloNoPozo sépticoAltoLas GuamasPozo profundoSíNoSueloNoPozo sépticoAltoMontañas del TotumoPozo profundoSíNoSueloNoPozo sépticoAltoLa AguadaCaño Agua BlancaSíNoSueloNoPozo sépticoAlto
XII.1.2. Mediante Informe Técnico N.° 500.20.7.18.0003 de 11 de enero de 2018, Corporinoquia aportó “Dictamen pericial en relación al Saneamiento Básico del centro poblado La Hermosa del Municipio de Paz de Ariporo de acuerdo a lo ordenado dentro de la Acción Popular 2017-00045”, en virtud de las visitas realizadas los días 17 y 18 de enero de 2018. Con base en este documento se pudo establecer lo siguiente:

Vereda La Hermosa

Sistema de acueducto

Existe un pozo de 70 metros de profundidad que opera de manera correcta desde que se le proporcione electricidad. Cuando el centro poblado cuente con el servicio de energía eléctrica de manera continua, podrán contar con un suministro del recurso hídrico durante las 24 horas del día. El pozo no cuenta con los permisos ambientales vigentes por Corporinoquia para su operación.

El centro poblado no cuenta con sistema de tratamiento o potabilización de agua, por lo que una vez bombeado el recurso a los tanques de almacenamiento, este es entregado directamente a los usuarios por gravedad.

Se logró conocer que el servicio de suministro de agua ha sido constante, puesto que siempre hay combustible para la planta generadora de energía.

Sistema de alcantarillado sanitario

No existe un sistema de alcantarillado sanitario que conduzca las aguas residuales domésticas a un mismo sitio para su respectivo tratamiento. El manejo de los vertimientos domésticos se lleva a cabo por medio de pozos sépticos como soluciones individuales. Esta situación genera riesgos al momento de realizar la captación del recurso hídrico, toda vez que el pozo profundo abastecedor se encuentra ubicado a 150 metros de distancia del caserío.

XII.2. Resolución de los recursos de apelación

Previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, la Sala considera necesario aclarar que las órdenes que son emitidas por el juez de la acción popular tienen por objeto propender por garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio idóneo de los derechos que atañen a la colectividad.

Habida cuenta de este mandato de origen constitucional, encaminado a salvaguardar el interés general, el juez de la acción popular se encuentra autorizado para proferir órdenes de amparo en cabeza de uno, de varios o de todos los sujetos procesales, de conformidad con el marco de sus libertades o competencias, aun cuando no se haya declarado la responsabilidad de alguno de ellos frente a la afectación de los derechos colectivos.

XII.2.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-

Ley 142 de 11 de julio de 1994 señala como competencias de la Nación en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, […]”; “[…] [v]elar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios”; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley […]”.

El artículo 67 de la misma ley, dispone que son funciones del Ministerio de Desarrollo -hoy MVCT-, en relación con el servicio público de agua potable y saneamiento básico, las de:

“67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación.

[…]”. [Resalta la Sala].

De igual forma, el artículo 162 enlista las funciones del Ministerio de Desarrollo -hoy MVCT- en relación con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, entre las que se destacan las siguientes:

“162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.

[…].

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades nacionales y seccionales.

[…].

162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación.

[…]”. [Resalta la Sala].

Asimismo, el Decreto 3571 de 27 de septiembre de 2011, le confirió al MVCT un catálogo de funciones, respecto de las cuales la Sala considera necesario resaltar las siguientes:

“[…].

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su implementación.

[…].

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la normativa vigente.

[…].

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero de la Nación.

[…]”. [Resalta la Sala].

Por su parte, el mismo Decreto dispone que son funciones del Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, las siguientes:

“1. Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico.

2. Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de los recursos provenientes de dichas fuentes.

[…].

4. Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.

5. Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de agua potable y saneamiento básico.

6. Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que establezca la normativa vigente.

[…].

8. Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en materia de agua potable y saneamiento básico.

[…].

10. Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la información de agua potable y saneamiento básico.

[…].

19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional, y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia.

[…]”. [Resalta la Sala].

Por otro lado, en lo relativo a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, la Ley 1151 de 24 de julio de 2007, ordenó que:

“ARTÍCULO 91. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. Los recursos que aporte el Gobierno Nacional a la ejecución de los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento estarán condicionados al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos del Sistema General de Participaciones y de regalías, así como de los compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnóstico institucional respectivo.

El Gobierno Nacional señalará la metodología para definir el nivel de compromisos a que se refiere el inciso anterior.

Los recursos de apoyo de la Nación al sector y los que aporten las Corporaciones Autónomas Regionales, se ejecutarán en el marco de los planes a que se refiere el presente artículo.

PARÁGRAFO. Las empresas de servicios públicos domiciliarios podrán ejecutar los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en cumplimiento y/o desarrollo de los planes de que trata el presente artículo, indistintamente de las fuentes de financiación de los mismos”. [Resalta la Sala].

Posteriormente, la Ley 1450 de 16 de junio de 2011, se refirió a dichos planes departamentales en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 21. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. La estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.

[…].

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo modificado por el artículo 189 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Por motivos de interés social y cuando las características técnicas y económicas de los servicios de agua potable y saneamiento básico lo requieran, se podrán implementar esquemas regionales eficientes y sostenibles para la prestación de estos servicios en los municipios, incluyendo sus áreas rurales, a través de áreas de servicio exclusivo, de conformidad con la reglamentación que para tal fin defina el Gobierno nacional.

[…]”.

Del Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012, “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, valga resaltar lo que sigue:

“Artículo 3°. Definición. Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA. Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización.

[…].

Artículo 20. Apoyos de la Nación al Sector de Agua y Saneamiento Básico. Para efectos de lo previsto en la Ley 1450 de 2011, en especial, en el artículo 21 y en el presente decreto, los recursos de cofinanciación, aportes de inversión regional y apoyo de la Nación al sector, son los apoyos financieros constituidos por las apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación en el marco de los PAP-PDA, al igual que la asistencia técnica y/o los apoyos en especie entregados.

Sin perjuicio de lo anterior, para la implementación de los demás programas del Gobierno Nacional que tengan vinculados recursos de cooperación y apoyo que recibe la Nación de organismos internacionales con el fin de cofinanciar programas del sector de agua potable y saneamiento básico, podrán ejecutarse fuera del PAP-PDA, manteniendo la administración de los recursos a través de instrumentos para el manejo de los recursos.

Artículo 21. Bolsas de Apoyo Financiero a los PAP-PDA. En el marco de los PAP-PDA, las entidades territoriales podrán acceder a los apoyos que se refiere el artículo anterior, a través de bolsas de apoyo financiero.

[…].

Parágrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará los criterios para la selección de los proyectos a financiar con recursos provenientes de las bolsas Concurso Territorial, Proyectos Estratégicos y Agua para la Prosperidad.

[…]”.

Por último, el Decreto 1575 de 9 de mayo de 2009 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”,

“ARTÍCULO 5º.- RESPONSABILIDAD DE LOS MINISTERIOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento de las funciones a su cargo, adelantarán de manera coordinada las siguientes acciones:

1. Reglamentar todos los aspectos concernientes a la definición de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para el consumo humano.

2. Diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos y de protocolos que sean requeridos para el control y vigilancia para garantizar la calidad del agua para consumo humano.

3. Diseñar la guía de criterios y actividades mínimas que deben contener los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgos y los planes de contingencia.

4. Evaluar los resultados de la implementación de las disposiciones del presente decreto por parte de las autoridades competentes.

[…]”.

En primer lugar, la Sala observa que, en consideración a los principios constitucionales de coordinación, subsidiariedad y complementariedad, es al municipio al que le corresponde la iniciativa de poner en conocimiento de las entidades de los niveles administrativos superiores, sus necesidades en materia de servicios públicos, en aras de la colaboración armónica que se requiere para materializar los fines del Estado Social de Derecho.

Ahora bien, en consideración al marco normativo expuesto, la Sala evidencia que, en lo relacionado con los Planes Departamentales de Agua (PAP-PDA), el MVCT se encarga de evaluar aprobar y financiar los proyectos de infraestructura que las entidades territoriales presenten para efectos de mejorar la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

El Ministerio certificó que el Municipio de Paz de Ariporo se encuentra vinculado al PAP-PDA de Casanare, sin embargo, por no cumplir con los requisitos legales, los siguientes proyectos relacionados con los sectores poblados de las veredas objeto del debate, fueron devueltos para ajustes: i) “diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua subterránea individuales para uso humano en el corregimiento Las Guamas, veredas: Guamas […]”; ii) “construcción de la optimización del sistema de acueducto del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”; y iii) “construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”.

Visto lo anterior, y en tanto que el Alcalde del Municipio de Paz de Ariporo no acreditó haber presentado los ajustes exigidos por el Ministerio y tampoco haber presentado otros proyectos para acceder al apoyo y la asistencia financiera, técnica y administrativa o institucional, la Sala concluye que al MVCT no le son atribuibles las deficiencias en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado que se presentan en los centros poblados de las veredas afectadas.

Por estas razones la Sala revocará la declaratoria de responsabilidad del MVCT en relación con los derechos colectivos amparados, contenida en el ordinal TERCERO de la sentencia impugnada.

En segundo lugar y no obstante lo anterior, la Sala encuentra necesario proceder a modificar las órdenes que el a quo emitió en cabeza del MVCT, toda vez que, de un lado, ello no se opone a la naturaleza de la acción popular, tal y como se explicó en el apartado XII.2. de la presente providencia. Y, de otro lado, en consideración a los principios de coordinación, subsidiariedad y complementariedad, es deber del Ministerio apoyar el ejercicio de las competencias del Municipio de Paz de Ariporo, en tanto y en cuanto esta Administración acredite los requisitos para el efecto.

En tal virtud, el literal b) del ordinal QUINTO de la sentencia de primera instancia quedará así:

“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dará curso prioritario a los proyectos que le presenten en materia de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado correspondientes a los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare.

Además, en el marco de sus competencias, el Ministerio responderá subsidiariamente por las medidas contenidas en el literal anterior, en tanto y en cuanto la alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo acredite el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994”.

XII.2.2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Superservicios-

Ley 142 de 1994 señala que “[…] [e]l Presidente de la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados”.

En consecuencia, la ley le asignó a la Superservicios las siguientes funciones:

“1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido desarrollan los "comités municipales de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios"; y sancionar sus violaciones.

3. Dar conceptos, no obligatorios, a petición de parte interesada, sobre el cumplimiento de los contratos relacionados con los servicios a los que se refiere esta ley; y hacer, a solicitud de todos los interesados, designaciones de personas que puedan colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos o en la solución de controversias que puedan incidir en su prestación oportuna, cobertura o calidad.

[…]

8. Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

9. Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios públicos.

[…].

11. <Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los prestadores de servicios públicos sujetos a su control, inspección y vigilancia, de acuerdo con los indicadores definidos por las Comisiones de Regulación; publicar sus evaluaciones y proporcionar, en forma oportuna, toda la información disponible a quienes deseen hacer evaluaciones independientes. La Superintendencia podrá imponer programas de gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio los cuales estarán basados en los indicadores de prestación y la información derivada de la vigilancia e inspección efectuadas a las mismas, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado en los términos de esta ley. De igual manera podrá definir criterios diferenciales para adelantar el control, inspección y vigilancia a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales.

[…].

13. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los ministerios.

[…].

17. En los términos previstos en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 142 de 1994, determinar si la alternativa propuesta por los productores de servicios marginales no causa perjuicios a la comunidad, cuando haya servicios públicos disponibles de acueducto y saneamiento básico.

[…].

20. Velar por que las personas que presten servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia, contraten una auditoría externa permanente con personas privadas especializadas.

[…].

22. Verificar la consistencia y la calidad de la información que sirve de base para efectuar la evaluación permanente de la gestión y resultados de las personas que presten servicios públicos sometidos a su control, inspección y vigilancia, así como de aquella información del prestador de servicios públicos que esté contenida en el Sistema Unico Información de los servicios públicos.

[…].

25. Sancionar a las empresas que no respondan en forma oportuna y adecuada las quejas de los usuarios.

[…].

PARÁGRAFO 1o. En ningún caso, el Superintendente podrá exigir que ningún acto o contrato de una empresa de servicios públicos se someta a aprobación previa suya. El Superintendente podrá, pero no está obligado, <sic> visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o pedirles informaciones, sino cuando haya un motivo especial que lo amerite.

[…]”. [Resalta la Sala].

Además, son funciones del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, las siguientes:

“[…].

2. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más servicios públicos cuando incumplan las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o cuando suspendan el pago de sus obligaciones, o cuando carezcan de contabilidad adecuada o, cuando violen en forma grave las obligaciones que ella contiene.

[…]”. [Resalta la Sala].

El artículo 81 de la Ley 142 también le confiere a la Superservicios un conjunto de alternativas para sancionar el desconocimiento de las disposiciones aplicables, de conformidad con la naturaleza y la gravedad de la falta. Estas medidas son, entre otras, la amonestación; la imposición de multas; la suspensión de las actividades del infractor; el cierre de los inmuebles utilizados para ejecutar actividades; la orden de separar a los administradores o empleados de la ESP, así como prohibirles trabajar en empresas similares por determinado período; la solicitud a las autoridades competentes el decreto de la caducidad de los contratos o la cancelación de las licencias; la prohibición al infractor de prestar servicios públicos por determinado período; la toma de posesión de la ESP y la suspensión de las autorizaciones y licencias del infractor.

Por último, el Decreto 1575 de 9 de mayo de 2009 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, establece que la Superservicios “[…] será la autoridad competente para iniciar las investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los actos administrativos que lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia de la autoridad sanitaria en dicha materia”.

La Superservicios sostiene que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden y que, por lo mismo, no le es impotable la afectación de los derechos colectivos invocados. De las pruebas aportadas por la Superservicios, por su pertinencia, la Sala destaca las siguientes:

Oficio N.º 20164600561211 de 16 de septiembre de 2016, mediante la cual la Coordinadora del Grupo Pequeños Prestadores de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, le solicitó al Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, en relación con el “inventario de prestadores en área rural de los municipios de Colombia”, lo siguiente:

“[…] [D]iligencie y remita la siguiente información en el formato Excel que se enuncia, al correo elctrónico […]@superservicios.gov.co. en un plazo no superior a diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.

NIT.
Nombre prestador o acueducto.
Centro poblado, vereda, corregimiento donde presta el acueducto.
Número de suscriptores que atiende el acueducto.
Tipo de planta o sistema de tratamiento o utilizado para el agua por el prestador.
Fuente de abastecimiento y número de Resolución Concesión.
Dirección de contacto.
Nombre de representante legal (actual).
Teléfono.

La anterior información permitirá a esta entidad visibilizar, formalizar la inscripción o actualización en el Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS, diagnosticar y prestar el acompañamiento que se requiera a estos prestadores, todo en cumplimiento del trato diferencial que se debe otorgar.

[…]”.

Oficio N.º 20164600816411 de 9 de diciembre de 2016, mediante la cual la Coordinadora del Grupo Pequeños Prestadores de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se comunicó con el Alcalde Municipal de Paz de Ariporo, en relación con la “solicitud de medidas de protección para el acceso efectivo al servicio público de agua potable y saneamiento básico en los centros poblados de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Centro Gaitán, Caño Chiquito, La Aguada y veredas del área rural del Municipio de Paz de Ariporo – Cas […]”, en los siguientes términos:

“[…] [U]na vez consultado el Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI, el municipio de Paz de Ariporo […] sólo cuenta con dos empresas prestadoras de servicios públicos ESP inscritas en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS.

Se trata, en primer lugar, de la Empresa municipal de prestación directa del servicio, ALCALDÌA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO con ID 20227, cuya última gestión en RUPS, de 13/12/2011 tenía por objeto la cancelación, se encuentra en estado rechazada. En segundo lugar, de empresa PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. […].

De lo anterior se colige que actualmente las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de las veredas Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, Caño Chiquito, La Hermosa y La Aguada […] no han adelantado el proceso de inscripción ante el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS.

[…].

Adicionalmente, el artículo 87 del PND, establece que en ejercicio de sus funciones, “11. (…) Superintendencia podrá imponer programas de gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continua y eficiente de un servicio los cuales estarán basados en los indicadores de prestación y la información derivada de la vigilancia e inspección efectuadas a las mismas, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado en los términos de esta ley. De igual manera podrá definir criterios diferenciales para adelantar el control, inspección y vigilancia a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo en áreas rurales”.

[…].

Así las cosas, en su calidad de garante de la prestación de los servicios públicos […] atentamente le solicita se sirva remitir en el término de diez (10) días hábiles siguientes al recibo de esta misiva, la siguiente información junto con los respectivos soportes:

1. Precise quién ostenta la calidad de prestador de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en las veredas Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, Caño Chiquito, La Hermosa y La Aguada de su municipio, señalando los datos de identificación del prestador […] o en su defecto, informe si el Municipio es el prestador del servicio en la zona señalada.

2. Dado que una de las mayores preocupaciones de esta SSPD es la calidad del agua que están recibiendo en la actualidad los usuarios del municipio de Paz de Ariporo, sírvase remitir el resultado de los análisis de las muestras de vigilancia realizadas por la autoridad sanitaria ambiental, al agua suministrada en cada una de las veredas señaladas en el punto 1, durante 2015 y 2016.

3. Explique las acciones adelantadas para garantizar el suministro del servicio de agua potable en las veredas señaladas en el punto 1 y las medidas para controlar la calidad del fluido para el consumo humano.

4. Aclare cuál es el estado actual de la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de la ESP ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO con ID 20227 y si esta tiene o planea tener cobertura sobre las veredas señaladas en el punto 1.

[…]”. [Resalta la Sala].

Oficio N.º 20164600825981 de 13 de diciembre de 2016, mediante la cual la Coordinadora del Grupo Pequeños Prestadores de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se comunicó con el Gobernador del Departamento de Casanare, en relación con la “solicitud de medidas de protección para el acceso efectivo al servicio público de agua potable y saneamiento básico en los centros poblados de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Centro Gaitán, Caño Chiquito, La Aguada y veredas del área rural del Municipio de Paz de Ariporo – Cas […]”, en los siguientes términos:

“[…] [U]na vez consultado el Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI, el municipio de Paz de Ariporo […] sólo cuenta con dos empresas prestadoras de servicios públicos ESP inscritas en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS.

Se trata, en primer lugar, de la Empresa municipal de prestación directa del servicio, ALCALDÌA MUNICIPAL DE PAZ DE ARIPORO con ID 20227, cuya última gestión en RUPS, de 13/12/2011 tenía por objeto la cancelación, se encuentra en estado rechazada. En segundo lugar, de empresa PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P. […].

De lo anterior se colige que actualmente las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de las veredas Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, Caño Chiquito, La Hermosa y La Aguada […] no han adelantado el proceso de inscripción ante el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos RUPS.

[…].

Así las cosas, en virtud de sus competencias de apoyo y coordinación frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios […] comedidamente nos permitimos solicitarle que […] se sirva allegar a esta Coordinación la siguiente información, acompañada de los respectivos soportes en un término de diez (10) días posteriores al recibo de esta comunicación:

1. Informe de todas aquellas acciones emprendidas o previstas para brindar apoyo técnico, financiero y administrativo para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en las veredas Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, Caño Chiquito, La Hermosa y La Aguada del municipio de Paz de Ariporo.

2. Dado que una de las mayores preocupaciones de esta SSPD es la calidad del agua que están recibiendo en la actualidad los usuarios del municipio de Paz de Ariporo, sírvase señalar si hay algún proyecto en curso a cargo de la Gobernación tendiente a mejorare la calidad, cobertura y eficiencia de la prestación del servicio de agua potable recibida por los usuarios de las veredas mencionadas en el punto 1.

3. Refiera si la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare ACUATODOS S.A., mencionada por el Personero Municipal de Paz de Ariporo en el comunicado en mención tiene o planea tener cobertura en las veredas señaladas en el punto 2.

4. Dé a conocer las acciones tomadas o a tomar, desde el ámbito de sus competencias, sobre la situación puesta en su conocimiento.

[…]”. [Resalta la Sala].

Oficio N.º 20164600840111 de 19 de diciembre de 2016, mediante la cual la Coordinadora del Grupo Pequeños Prestadores de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en relación con el “requerimiento de información estado de prestación servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en su municipio, específicamente en los centros poblados”, requirió al Alcalde Municipal de Paz de Ariporo en los siguientes términos:

“[…] [L]a Superintendencia […] lo requiere para que antes del 30 de diciembre del año en curso, comunique a este Despacho, a través de un informe debidamente soportado y detallado, las condiciones actuales en las que se están prestando los servicios públicos en su municipio, específicamente en los centros poblados, Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada; describiendo las acciones realizadas y por realizar, para garantizar a los habitantes servicios públicos con calidad y continuidad.

De igual forma, le solicitamos que junto con el informe requerido anteriormente, nos envíe todos los datos de identificación del prestador que está atendiendo actualmente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en su jurisdicción.

[…]”.

Aunque la Superservicios haya requerido a las entidades territoriales para que suministraran información relativa a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los centros poblados afectados del Municipio de Paz de Ariporo, así como aquella referida al prestador de tales servicios, la Sala concluye que dicha entidad, encargada del control y la vigilancia, omitió:

Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del Municipio de Paz de Ariporo frente a los usuarios de los centros poblados afectados.

Designar personas que pudieran colaborar en la mejor prestación de los servicios públicos.

Aun cuando fue alertada por la Personería Municipal de Paz de Ariporo y, además, no recibió la información requerida, la Superservicios no practicó visitas, inspecciones o pruebas necesarias para verificar:

a) Las circunstancias en que se estaban prestando los servicios públicos en las zonas afectadas y así cumplir a cabalidad con sus funciones; y

b) Que las obras, equipos y procedimientos utilizados por el prestador cumplieran con los requisitos técnicos de los ministerios.

Ante la negativa de las entidades territoriales requeridas, la Superservicios tampoco acreditó haber utilizado los mecanismos coercitivos dispuestos por el ordenamiento jurídico para cumplir con su obligación de mantener actualizado el registro de las entidades que prestan los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en las regiones afectadas.

En consecuencia, la Superservicios nunca pudo evaluar la información ni la gestión del prestador del servicio y mucho menos imponer los programas de gestión que hubiera considerado pertinentes.

En conclusión, la Sala considera que la Superservicios no cumplió de manera adecuada las funciones de vigilancia y control para evitar que la población de las regiones afectadas por las deficiencias que se presentan en la prestación de los servicios públicos de acueducto o agua potable y de alcantarillado, continuaran con dicha problemática. Por las razones expuestas, la Sala confirmará el ordinal CUARTO de la sentencia recurrida, al igual que tornará como medida definitiva la orden contenida en el numeral primero del ordinal SEXTO de la sentencia de primera instancia.

XII.2.3. El Departamento de Casanare

En cuanto a las competencias que el ordenamiento jurídico le confirió a los departamentos, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la Sala procede a destacar los siguientes aspectos:

La Constitución Política de 1991, en su artículo 288 estableció que “[…]. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-1051 de 4 de octubre de 2001 (M. P: Jaime Araujo Rentería), se pronunció sobre los referidos principios en los siguientes términos:

“(…) El primer principio, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el ‘diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial’. El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias (…).” (Resalta la Sala).

De otro lado, la Constitución, en su artículo 298, dispuso que “[l]os departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. [De igual forma] [l]os departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. […]”.

El artículo 365 de la Constitución refiere que “[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado [motivo por el cual le corresponde] […] asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. La disposición subsiguiente menciona que “[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado [y que] [s]erá objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

La Ley 142 de 11 de julio de 1994, en su artículo 7°, señala que “[s]on de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas: (…) 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto”. [Subraya la Sala].

Por su parte, la Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificada por La Ley 1551 de 6 de julio de 2012, desarrolla los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, los cuales deben orientar el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución y la Ley a las entidades territoriales, de la siguiente forma:

“Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;

(…)”. [Subraya la Sala].

La Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 dispuso:

“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.

74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.

74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.

74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad.

(…).

74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento.

(…)”. [Subraya la Sala].

Del Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012, “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, valga resaltar lo que sigue:

“Artículo 7°. Participación de los Departamentos en el PAP-PDA. Los departamentos deberán suscribir un Convenio con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del cual se comprometen a adoptar el programa PAP-PDA en lo atinente a sus lineamientos, principios y objetivos sectoriales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el presente Decreto, así como tomar las medidas necesarias para su implementación y efectuar las gestiones que resulten pertinentes, incluyendo las acciones que correspondan en el nivel municipal para su participación en el PAP-PDA.

Parágrafo: Se entenderán participantes PAP-PDA los departamentos que suscribieron el Convenio de que trata el numeral 5.2 del artículo 5° del Decreto número 3200 de 2008”. [Resalta la Sala].

Por último, el Decreto 1575 de 9 de mayo de 2009 “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, establece que “[l]as direcciones territoriales de salud como autoridades sanitarias de los departamentos […] ejercerán la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano. Para ello desarrollarán las siguientes acciones:”

“[…]

1. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de calidad del agua para consumo humano los resultados de los análisis de las muestras de agua para consumo humano exigidas en el presente decreto, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de la Protección Social.

2. Correlacionar la información recolectada del control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano con la información de morbilidad y mortalidad asociada a la misma y determinar el posible origen de los brotes o casos reportados en las direcciones territoriales de salud, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3518 de 2006 sobre vigilancia en salud pública o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

3. Realizar la supervisión a los sistemas de autocontrol de las personas prestadoras de acuerdo con los protocolos que definan los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Protección Social.

4. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano, con la periodicidad requerida conforme al riesgo. De cada visita se diligenciará el formulario único de acta, que para su efecto expedirá el Ministerio de la Protección Social, en la cual quede constancia del cumplimiento de las Buenas Prácticas Sanitarias encontradas en el sistema de suministro de agua para consumo humano objeto de la inspección.

5. Realizar la vigilancia de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo, tanto en la red de distribución como en otros medios de suministro de la misma, según se establezca en la reglamentación del presente decreto.

[…].

7. Calcular los Índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano – IRCA´s y reportar los datos básicos del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano – IRABAm, al Subsistema de Calidad de Agua Potable - SIVICAP de su jurisdicción, teniendo en cuenta la información recolectada en la acción de vigilancia, de acuerdo con las frecuencias que para tal efecto se establezcan.

8. Expedir, a solicitud del interesado, la certificación sanitaria de la calidad del agua para consumo humano en su jurisdicción, para el período establecido en la solicitud, teniendo en cuenta los siguientes elementos de análisis:

a) El concepto sanitario a partir de las actas de visita de inspección sanitaria.

b) El análisis comparativo de los resultados analíticos de laboratorio de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, realizados por las prestadoras del suministro y distribución de agua para consumo humano y por las autoridades sanitarias.

c) La evaluación de los índices de riesgo de calidad de agua y por abastecimiento municipal.

9. Las autoridades sanitarias municipales categorías 1, 2 y 3, deben coordinar las acciones de vigilancia del agua para consumo humano con la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción. Así mismo, deberán suministrar a la autoridad sanitaria departamental de su jurisdicción, para su consolidación y registro, los resultados de la calidad de agua, de los índices de riesgo de calidad y por abastecimiento de agua y actas de visita de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano de su competencia.

10. Realizar inspección, vigilancia y control a los laboratorios que realizan análisis físicos, químicos y microbiológicos al agua para consumo humano.

[…]”. [Subraya la Sala].

En consideración a lo anterior, la Sala observa que la Gobernación de Casanare sí es responsable de la vulneración de los derechos amparados comoquiera que, aun cuando de múltiples formas se le ha puesto en conocimiento las dificultades por las que atraviesa la población de los centros poblados de las veredas afectadas del Municipio de Paz de Ariporo en materia de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, omitió el cumplimiento de precisos deberes que aluden a:

La planificación y dirección de las políticas de desarrollo relacionadas con la coordinación y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Paz de Ariporo.

La organización de un sistema de coordinación con los prestadores y/o la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo, para efectos de coadyuvar con la prestación idónea de los servicios públicos.

La asesoría y el apoyo administrativo que debe brindar a los prestadores y/o a la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo en materia de servicios públicos.

El seguimiento y la evaluación de las actividades de los prestadores y/o la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo en cuanto a la prestación de los servicios públicos que se encuentran a cargo de estos, así como informar de los respectivos resultados a la Nación, las autoridades locales y a la comunidad.

La adopción de las medidas necesarias para la implementación de los convenios relativos a los PAP-PDA, al igual que efectuar las gestiones que resulten pertinentes, incluso aquellas acciones que le corresponden a la Administración Municipal para tales efectos.

La obligación de cumplir todos aquellos deberes relativos a la calidad del agua que se suministra para el consumo humano en los centros poblados de las veredas afectadas, tales como, registrar la calidad del agua; supervisar los sistemas de autocontrol de los prestadores; realizar las visitas de inspección sanitaria del suministro del agua para el consumo humano; vigilar las características físicas, químicas y microbiológicas del agua; haber cumplido de manera oportuna y adecuada con los requerimientos de la información que le fue solicitada por la Superservicios; entre otras.

La Sala observa que es indispensable que, de conformidad con las competencias enunciadas con anterioridad, la Gobernación de Casanare intervenga de manera oportuna y diligente para efectos de mejorar la situación de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los centros poblados de las veredas afectadas del Municipio de Paz de Ariporo.

Se le recuerda a la Administración Departamental que la función administrativa a su cargo debe estar guiada por los deberes constitucionales de coordinación y complementariedad de la acción municipal; de intermediación entre la Nación y los municipios que se encuentran dentro de su jurisdicción; y de prestación de determinados servicios. Por todo lo anterior resulta inadmisible que la Gobernación asuma que la Administración Municipal de Paz de Ariporo sea la exclusiva responsable de la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que, en relación con el cumplimiento de las obligaciones puntuales establecidas por el Tribunal, relativas a la financiación y ejecución de estudios y los programas y medidas necesarias para solucionar la problemática que aqueja a la población de las veredas afectadas, debe garantizarse tanto la autonomía de la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo, como la integridad de los principios de coordinación, subsidiariedad y complementariedad de la función administrativa. Por tales motivos se modificará el literal a) del ordinal QUINTO de la sentencia apelada, en los siguientes términos:

“QUINTO: […].

a) El Municipio de Paz de Ariporo deberá financiar y ejecutar los estudios y demás actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberá, entre otras, diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en este fallo.

Por su parte, en el marco de sus competencias, el Departamento de Casanare responderá subsidiariamente por las medidas que le fueron impuestas a la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, en tanto y en cuanto esta Administración acredite el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994”.

Para tal efecto los responsables DEBERÁN dar prioridad a la asignación de recursos del SGP para saneamiento básico y de otras fuentes de inversión pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 y normas que las modifiquen o complementen.

[…]”.

XII.2.4. El Municipio de Paz de Ariporo – Casanare

El recurso de apelación de la Alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo está dirigido a que se amplíe razonablemente el plazo para darle cumplimiento a la medida cautelar contenida en el numeral segundo del ordinal SEXTO de la providencia recurrida; y que dicho término no sea contabilizado de manera concurrente con el otorgado para el cumplimiento de las medidas definitivas, sino que inicie su cómputo de manera previa e independiente.

Pues bien, la Sala advierte que las medidas cautelares contenidas en los numerales segundo y tercero del ordinal SEXTO de la sentencia impugnada corresponden a las medidas definitivas que el a quo estableció en el literal a) del ordinal QUINTO de la misma providencia. Habida cuenta de la mencionada duplicidad, aquellas órdenes serán eliminadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los numerales segundo y tercero del ordinal SEXTO de la sentencia de 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los ordinales TERCERO, QUINTO [literales a) y b)], SEXTO y SÉPTIMO, de la sentencia de 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, los cuales quedarán así:

“TERCERO: DECLARAR responsables de la violación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios en relación con los centros poblados de Rincón Hondo, Caño Chiquito, Montañas de Totumo, La Aguada, La Hermosa y Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo, al Municipio de Paz de Ariporo, al Departamento de Casanare y a Acuatodos S.A. E.S.P., de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

[…].

QUINTO: Para garantizar los derechos colectivos transgredidos, ORDENAR, a título de medidas definitivas:

a) El Municipio de Paz de Ariporo deberá financiar y ejecutar los estudios y demás actividades que sean necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los problemas que aquejan a las comunidades mencionadas, para lo cual deberá, entre otras, diseñar, promover, ejecutar y poner en funcionamiento programas especiales de agua potable y saneamiento básico para las poblaciones víctimas de la violación indicadas en este fallo.

Por su parte, en el marco de sus competencias, el Departamento de Casanare responderá subsidiariamente por las medidas que le fueron impuestas a la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, en tanto y en cuanto esta Administración acredite el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

Para tal efecto los responsables DEBERÁN dar prioridad a la asignación de recursos del SGP para saneamiento básico y de otras fuentes de inversión pública, de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 y normas que las modifiquen o complementen.

b) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dará curso prioritario a los proyectos que le presenten en materia de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado correspondientes a los centros poblados de las veredas de Rincón Hondo, Montañas del Totumo, Las Guamas, La Hermosa, Caño Chiquito y La Aguada del Municipio de Paz de Ariporo – Casanare.

Además, en el marco de sus competencias, el Ministerio responderá subsidiariamente por las medidas contenidas en el literal anterior, en tanto y en cuanto la alcaldía del Municipio de Paz de Ariporo acredite el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

[…].

SEXTO: De igual manera y para dar efectividad a los derechos colectivos conculcados se disponen las siguientes órdenes:

1) En cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, ORDENE realizar visita administrativa a todos y cada uno de los poblados objeto de la presente acción popular, con el fin de establecer las responsabilidades a que haya lugar, y si es del caso imponer las sanciones pertinentes, así como las recomendaciones pertinentes.

Dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del plazo referido, el superintendente de servicios públicos domiciliarios rendirá el correspondiente al Tribunal sobre las actividades ejecutadas y sus resultados.

SÉPTIMO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de lo decidido, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de Casanare a través de su magistrado ponente, quien lo presidirá, por la actora popular, por la Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, por la Gobernación Departamental de Casanare, por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare –ACUATODOS S.A. E.S.P., por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por el Ministerio Público y por la Defensoría Regional del Pueblo, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten”.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Folios 1 y ss. del expediente de la referencia. 17 de marzo de 2017. Ibíd., folio 37. Ibíd., folios 226 y ss. Ibíd., folios 49 y ss. Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012. “Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones. […]. Artículo 5. Estructuras Operativas. Igualmente hacen parte de los PAP-PDA, las siguientes estructuras operativas: […]. 2. El Gestor: Es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento. Podrán ser gestores una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo soliciten; o el departamento. […]”. [Resalta la Sala]. Ley 1450 de 16 de junio de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. […]. Artículo 21. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento. La estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de regionalización. (…)”. [Subraya la Sala]. Ibíd., “Artículo 14. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor: […]. Parágrafo. Cuando el Gestor del PAP-PDA sea una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, deberá celebrarse un contrato o convenio entre el Departamento y dicha empresa en el que se estipulen las obligaciones a cargo del Gestor previstas en el presente decreto, así como aquellas que se consideren necesarias según cada caso concreto para atender otras necesidades del Departamento dentro del marco del PAP-PDA. En dicho contrato se establecerá la remuneración mensual que recibirá el Gestor por las labores que deberá cumplir, suma que deberá ser proporcional a las labores a su cargo y ajustada a las condiciones del mercado. Si las funciones de Gestor las realiza el Departamento directamente, los costos inherentes al adecuado funcionamiento de la dependencia que las ejerzan serán computables como gastos inherentes a los PAP-PDA”. [Resalta la Sala].
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. […]. ARTICULO 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor. […]”. Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012. “Artículo 5. Estructuras Operativas. Igualmente hacen parte de los PAP-PDA, las siguientes estructuras operativas: 1. El Comité Directivo: Es la instancia encargada de aprobar el ejercicio de planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el nivel departamental por el departamento, el gestor y los municipios. […]”. [Resalta la Sala].
“Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales”. Folios 61 y 62 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 63 y ss.

Ibíd., folios 92 y ss.
“Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. […]. ARTÍCULO 6º.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. De conformidad con lo previsto en los artículos 79 modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y 81 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la autoridad competente para iniciar las investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los actos administrativos que lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia de la autoridad sanitaria en dicha materia”. [Resalta la Sala]. Folios 119 y ss. del expediente de la referencia. Ibíd., folios 160 y ss. Ibíd., folios 226 y ss. Ibíd., folios 456 y ss.
“[…] que fijan en cabeza de los departamentos la obligación de concurrir a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción, estructuración e implementación de esquemas regionales y/o de promover, coordinar y/o financiar la operación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico; asimismo, asegurar que se preste a los habitantes de los distritos o municipios no certificados en agua potable y saneamiento básico, de manera eficiente […] y administrar los recursos del Sistema General de Participaciones con destinación para agua potable y saneamiento básico de los distritos y municipios no certificados”.
“[…]. 7.- Comité de verificación. Acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 se considera necesario conformar un comité de verificación de lo ordenado en la presente sentencia que estará integrado por:
a. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
b. El gobernador del Departamento de Casanare o su delegado.
c. El alcalde municipal de Paz de Ariporo o su delegado.
d. El accionante. Los delegados de las entidades públicas para conformar el Comité de Verificación deberán pertenecer al nivel directivo, acorde con las previsiones de la Ley 489 de 1998. Este comité lo presidirá el alcalde de Paz de Ariporo o su delegado; salvo lo indicado respecto de medidas cautelares, que competen directamente al alcalde de Paz de Ariporo y al superintendente de servicios públicos domiciliarios, el comité deberá reunirse periódicamente cada 2 meses en el sitio que indique su presidente a partir de la ejecutoria de esta sentencia, para coordinar y verificar las actividades que se ejecuten en virtud de lo ordenado en este fallo. Por ser pública la acción popular, podrán participar en esas reuniones los miembros de la comunidad afectados, especialmente los representantes de las juntas de acción comunal y demás organizaciones debidamente reconocidas, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política y demás normas concordantes. El presidente del comité rendirá informes periódicos sobre las obligaciones fijadas en este fallo, dentro de los 5 días siguientes a cada reunión”. Folios 502 y ss. y 525 y ss. del expediente de la referencia.
“Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. […]. ARTÍCULO 6º.- RESPONSABILIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

De conformidad con lo previsto en los artículos 79 modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y 81 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios será la autoridad competente para iniciar las investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los actos administrativos que lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia de la autoridad sanitaria en dicha materia”.
“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.
“Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”. Folios 512 y ss. del expediente de la referencia. Ibíd., folios 488 (anverso) y 489. “SEXTO: De igual manera y para dar efectividad a los derechos colectivos conculcados se disponen las siguientes medidas cautelares: […]. 2) Bajo la responsabilidad del Municipio de Paz de Ariporo, y más concretamente de su alcalde:
a) La realización de una visita a todos y cada uno de los centros poblados objeto de la presente acción popular, dentro del mes siguiente a la notificación de este fallo, con el fin de constatar la cantidad de víctimas, discriminándolas por sexo y edades; las falencias de los sistemas de acueducto y saneamiento básico que requieren intervención urgente, así como los recursos necesarios para ello.
b) La financiación y ejecución de las medidas que sean necesarias para la solución y/o mitigación de los problemas indicados en el literal precedente, en un término de 6 meses contados desde el vencimiento del plazo allí previsto. Al vencimiento de cada plazo mencionado, el alcalde de Paz de Ariporo rendirá el correspondiente informe al Tribunal sobre las actividades ejecutadas y sus resultados. […]”. Ibíd., folios 514 y ss. Ibíd., folios 517 y ss. y
Ibíd., folios 574 y ss. Consultada la base de datos del MVCT, se advirtió que el Municipio de Paz de Ariporo se encuentra vinculado al PAP-PDA de Casanare, sin embargo, por no cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución 379 de 25 de junio de 2012, los siguientes proyectos relacionados con los sectores poblados de las veredas objeto del debate, fueron devueltos para ajustes: i) “diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua subterránea individuales para uso humano en el corregimiento Las Guamas, veredas: Guamas (…)”; ii) “construcción de la optimización del sistema de acueducto del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”; y iii) “construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado de la Vereda Las Guamas del Municipio de Paz de Ariporo”. Folios 579 y ss. del expediente de la referencia. Ibíd., folios 584 y ss. Ibíd., folios 587 y ss.
“[…]. [C]ontribuir a financiar y ejecutar los estudios y demás actividades necesarias para solucionar de manera real, efectiva y definitiva los problemas que aquejan a la comunidad rural del Municipio de Paz de Ariporo”. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente:

María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 26 de noviembre de 2015, Rad. N.º 76001-23-31-000-2010-01545-01(AP), C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; 18 de septiembre de 2015, Rad. N.º 05001-23-31-000-2011-00032-01(AP), C. P.: Guillermo Vargas Ayala; 6 de septiembre de 2012, Rad. N.º 76001-23-31-000-2011-00314 01(AP) y 18 de agosto de 2011, Rad. N.º 47001-23-31-000-2004-00454-01(AP), C. P.: María Claudia Rojas Lasso. Artículo 2º. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2002. Rad. Núm: 11001-03-24-000-2000-00030-01(7259). C. P: Olga Inés Navarrete Barreto. Artículo 69. Artículo 70. Artículo 6°. Artículo 57. Artículo 58. Artículo 59. Artículo 6º.
“ARTÍCULO 2º.- DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones: AGUA CRUDA: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización.
[…]. AGUA POTABLE O AGUA PARA CONSUMO HUMANO: Es aquella que por cumplir las características físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal”. Artículo 4°.
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973” HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22675" \l "0" Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981.
“[…] Pertenecen a la Clase I: 1. Las cabeceras de las fuentes de agua; 2. Las aguas subterráneas; 3. Los cuerpos de aguas o zonas costeras, utilizadas actualmente para recreación; 4. Un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -INDERENA-, conjuntamente con el Ministerio de Salud; 5. Aquellos que declare el INDERENA como especialmente protegidos de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 70 y 137 del Decreto - Ley 2811 de 1974. […]”.
“[…]. Pertenecen a la Clase II los demás cuerpos de agua no incluidos en la Clase I”. Artículo 12. Artículo 15.
“Por el cual se reglamenta parcialmente el [Título I de la Ley 9 de 1979], así como el [Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974] en
cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. Artículo 70. Artículo 8.4. Artículo 8.5. Artículo 8.6.
“Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio”. Ibíd., Artículo 2º.

Ibíd., Artículo 19.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”. Artículo 21. Ley 136 de 2 de junio de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]. Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles. […]”. Ibíd., “[…] c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente. […]”. Ibíd., “[…] d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”. Artículo 75.
“Artículo 14.30. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Es una persona de derecho público adscrita al Ministerio de Desarrollo que tendrá las funciones y la estructura que la ley determina. En la presente Ley se aludirá a ella por su nombre, o como "Superintendencia de servicios públicos" o simplemente, "Superintendencia". Artículo 79. Ibíd., parágrafo 2°. Artículo 6°. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. N.° 85001-23-33-000-2015-00146-01, C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. En el mismo sentido: “Artículo 356. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2001, artículo 2º. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.
[…]. Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios.
[…]”.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. Artículo 8.

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