Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2019-00080-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2019-00080-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2019-00080-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
12 de junio de 2026
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima.
Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; Departamento del
Tolima – Secretaría de Salud; Municipio de Piedras; Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT.
Vinculados: Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA y
Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas,
Campo Alegre y Las Cabras.
Coadyuvantes: Néstor Gregory Díaz, Leónidas Miranda Pérez, Personería
Municipal de Piedras, Daniel Tamayo y Cía. S.A.S., Gómez Caballero & Cía.
S. en C.1
Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses
colectivos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación
– Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento del Tolima;
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Corporación
1
El Tribunal Administrativo del Tolima admitió las coadyuvancias de las referidas personas mediante
autos de 8 de marzo y 7 de junio de 2019 y 18 de enero de 2021.
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA contra la sentencia del 3 de
abril de 20252, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima presentó
demanda3, en ejercicio de la acción popular, contra la Nación – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio; la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios; el Departamento del Tolima – Secretaría de Salud; el Municipio
de Piedras y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima –
EDAT, con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos
previstos en los literales g), h) y j)4 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto
de 19985.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones6:
“[…] La acción popular que se instaura busca el pronunciamiento en beneficio
de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la seguridad y
salubridad públicas y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, en favor de los habitantes de las veredas Doima, Las
Villas, Campo Alegre y Las Cabras y Chicalá y Manga de los Rodríguez,
ubicadas en zona rural del municipio de Piedras, departamento de Tolima.
Con base en los hechos y los fundamentos de derecho que sustentan esta
acción popular y en el acervo probatorio que se recaude dentro del trámite de
2
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
8ED_Sentenciaprime_73001(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
3
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
4
“[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con:
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna […]”.
5
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
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la misma, solicito respetuosamente al(la) Señor(a) Juez(a), hacer y dictar las
siguientes declaraciones, disposiciones y condenas:
1. Impedir perjuicios irremediables e irreparables y suspender los hechos
generadores de la amenaza a los derechos e intereses colectivos vulnerados,
mediante el decreto de medida cautelar consistente en ordenar la suspensión
del servicio de suministro de agua no apta para el consumo humano, en las
veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre y Las Cabras y Chicalá y Manga de
los Rodríguez, ubicadas en zona rural del municipio de Piedras, departamento
del Tolima, hasta tanto no se garantice la calidad del agua para el consumo
humano. En el entre tanto (sic), se ordene a la Alcaldía de Piedras, garantizar
el suministro de agua potable en dichas veredas, mediante el servicio de carro
tanque.
2. Declarar a la Alcaldía Municipal de Piedras, responsable por la vulneración
de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, el
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la seguridad y
salubridad públicas y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, respecto de los habitantes de las veredas Doima, Las
Villas, Campo Alegre y Las Cabras y Chicalá y Manga de los Rodríguez,
ubicadas en zona rural del municipio de Piedras, departamento de Tolima.
3. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Piedras, garantizar la prestación del
servicio adoptando medidas de corto, mediano y largo plazo para brindar una
solución integral al problema de acceso al agua potable, para los habitantes de
las veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre y Las Cabras y Chicalá y Manga
de los Rodríguez.
4. Ordenar las demás medidas que sean necesarias para proteger los derechos
e intereses colectivos invocados.
5. Exonerar a esta Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del pago de los
gastos que genera el proceso, teniendo en cuenta que la función de agente del
Ministerio Público se ejerce ante la necesaria defensa del orden público, del
patrimonio público o de los derechos y garantías de la comunidad y no a título
particular o en beneficio propio; lo anterior, sumado a la política de austeridad
que adelanta la Nación, a que el presupuesto de esta dependencia se
encuentra centralizado y a que a esta Procuraduría no le asiste ningún interés
dentro del proceso, diferente al arriba anotado […]”.
Presupuestos fácticos expresados por la parte actora:
3. Señaló que la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados se sustenta en la deficiente prestación del servicio de acueducto en
la zona rural del Municipio de Piedras, en especial, en el centro poblado de
Doima y las veredas Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga
de los Rodríguez, dado que en esas veredas el suministro de agua no cumple
con los estándares de potabilidad para el consumo humano.
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4. Afirmó que mediante escrito de 3 de septiembre de 2018 el señor Néstor
Gregory Díaz informó a la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el
Tolima sobre la venta de lotes en el proyecto San Francisco Campestre
ubicado en el predio denominado Las Camelias del Municipio de Piedras, en
el que advirtió que el proyecto urbanístico no contaba con la disponibilidad del
servicio de acueducto para el número de viviendas que se proyectaban
construir y, adicionalmente, se estaba desarrollando sin el debido control del
Municipio.
5. Aseguró que la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima
elaboró el informe sobre “[…] Calidad Agua Consumo Humano Doima Piedras
2017 […]”, el cual concluyó que, de acuerdo con los resultados del análisis de
laboratorio, la calidad físico – química y organoléptica del agua para consumo
humano en el centro poblado Doima del Municipio de Piedras para el año 2017
presentaba riesgo alto, entre otras razones, por la presencia de coliformes, por
lo que el agua no era apta para el consumo humano.
6. Señaló que debido a los múltiples escritos allegados a la entidad actora
por parte del señor Néstor Gregory Díaz, en los que expuso el incumplimiento
de los estándares de potabilidad del agua que se suministraba en las referidas
veredas del Municipio de Piedras, la Procuraduría requirió a la Secretaría de
Salud Departamental del Tolima para que aplicara medidas sanitarias.
7. Indicó que mediante escrito de 20 de noviembre de 2018, la Secretaría
de Salud Departamental del Tolima dio respuesta al requerimiento de la
Procuraduría e informó que había solicitado al Municipio de Piedras y a la junta
administradora del acueducto veredal de Doima que garantizaran la calidad
del agua suministrada.
Contestaciones de la demanda
8. La Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó
escrito de 1 de abril de 20197 en el que se opuso a las pretensiones de la
7
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
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demanda y formuló las excepciones de “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva […]” e “inexistencia de vulneración de los derechos colectivos por
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.
9. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. - EDAT presentó escrito de 1 de abril de 20198 en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda, formuló la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva y solicitó el reconocimiento oficioso de excepciones.
10. Precisó que como gestora del PDA en el Departamento del Tolima, le
corresponde adelantar las acciones técnicas y administrativas con el objetivo
de lograr implementar proyectos integrales de inversión regional y municipal
sostenibles, que mejoren la cobertura, calidad, continuidad, crecimiento y
viabilidad empresarial de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo en el Departamento del Tolima, sin que esté obligada a garantizar la
prestación del servicio.
11. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó
escrito de 5 de abril de 20199 en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda, en lo que tiene que ver con la vinculación de la entidad a la acción
de la referencia. Precisó que no ha omitido el cumplimiento de sus deberes
legales ni ha vulnerado los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda, por lo que solicitó su desvinculación de esta acción popular.
12. El Municipio de Piedras presentó escrito de 6 de abril de 201910 en el
que se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que la acción
popular era improcedente, que no existe vulneración o amenaza de los
derechos colectivos, advirtió sobre la insuficiencia probatoria y destacó las
acciones que ha realizado el Municipio para garantizar la prestación del
servicio de agua potable en el área rural.
8
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
9
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
10
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
77ED_02CUADERNOTOMO2(.pdf) NroActua 2 […]”.
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13. El Departamento del Tolima presentó escrito de 29 de abril de 201911,
mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Señaló que a través
de la Secretaría de Salud Departamental se han desarrollado acciones de
vigilancia sanitaria de la calidad del agua en las redes de distribución de los
acueductos rurales de Chicalá y Manga de los Rodríguez. Destacó que el 15
de noviembre de 2018 ordenó, como medida sanitaria preventiva, la
suspensión temporal de abastecimiento de agua para el consumo humano
desde el pozo profundo a los acueductos de las dos veredas mencionadas.
14. La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
presentó escrito de 30 de abril de 201912 en el que se opuso a las pretensiones
de la demanda y señaló que la entidad no incurrió en acción u omisión que
haya generado de manera directa o indirecta la vulneración a los derechos
colectivos.
15. Formuló las excepciones que denominó “[…] ausencia de
responsabilidad por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA […]”, “[…] régimen de servicios públicos aplicable […]”, “[…] falta
de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…] inexistencia de pruebas que
sustenten la vulneración de los derechos colectivos alegados […]”, “[…] falta
de cumplimiento de requisitos para instaurarse la acción popular […]” y “[…]
excepción genérica […]”.
16. La Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y Las Cabras presentó escrito de 21 de mayo de
201913 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que la
acción popular era improcedente, no existía vulneración o amenaza a los
derechos colectivos invocados y había insuficiencia probatoria.
11
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
77ED_02CUADERNOTOMO2(.pdf) NroActua 2 […]”.
12
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
77ED_02CUADERNOTOMO2(.pdf) NroActua 2 […]”.
13
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
77ED_02CUADERNOTOMO2(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Actuaciones en primera instancia
17. Mediante auto de 8 de marzo de 201914, proferido por el Tribunal
Administrativo del Tolima, se admitió la demanda, se ordenó notificar a las
entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
y al Ministerio Público.
18. El Tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el
día 5 de noviembre de 201915, la cual se declaró fallida al no existir fórmula de
arreglo entre las partes.
19. El Tribunal profirió auto de 13 de diciembre de 201916 en el que abrió la
etapa probatoria y, en providencia de 27 de julio de 202317, corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión.
20. La parte actora18; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio19; la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA20; la Empresa
Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A.
E.S.P.21 y el Departamento del Tolima22 presentaron escritos en los que
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones
de la demanda, respectivamente.
14
Inicialmente el conocimiento de la acción popular correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué. Autoridad que, en auto de 17 de enero de 2019, declaró la falta de competencia
para conocer del medio de control y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del
Tolima. Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
78ED_01CUADERNOTOMO1(.pdf) NroActua 2 […]”.
15
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
77ED_02CUADERNOTOMO2(.pdf) NroActua 2 […]”.
16
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
70ED_03CUADERNOTOMO3(.pdf) NroActua 2 […]”.
17
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
18
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
19
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
20
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
21
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
71ED_04CUADERNOTOMO4(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Sentencia de primera instancia
21. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el día 3 de abril
de 2025 en la que resolvió lo siguiente23:
“[…] PRIMERO: DECLARAR vulnerados los derechos e intereses colectivos a
la seguridad y salubridad públicas; al acceso a una infraestructura de servicios
que garanticen la salubridad pública; y al acceso a servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; conforme a las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del
Tolima, a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y las Cabras, a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para que dentro de los dos (02) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en forma
coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – plan de
acción - para que se reciban y pongan en operación las obras civiles que fueron
realizadas como consecuencia del Contrato Nro. 2 del 2018 sobre la
“CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO
CENTRO POBLADO DOIMA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, respecto del acueducto que atiende la zona
rural de Doima, Las Villas, Campo Alegre, y Las Cabras.
Establecido lo anterior, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas en
un plazo no mayor a 4 meses a partir de la determinación del plan de acción
anterior.
Advierte la Sala que todo el trámite antes descrito para poner en funcionamiento
las obras civiles del contrato Nro. 2 de 2018, no podrán superar los 6 meses
contados a partir de la ejecutoría de la presente decisión.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del
Tolima, a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y las Cabras, a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para que dentro de los dos (02) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en forma
coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – plan de
acción - para que el acueducto de la zona rural de Chicalá – Manga de los
Rodríguez, preste el servicio de agua potable en condiciones de calidad y
continuidad exigidos, especialmente, las acciones, adquisición de elementos y
lo que sea necesario que (sic) mejorar los procesos de control interno de la
calidad de agua en la red de destrucción (sic) de este acueducto.
23
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
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Establecido lo anterior, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas en
un plazo no mayor a 4 meses a partir de la determinación del plan de acción
anterior.
Advierte la Sala que todo el trámite antes descrito para poner en funcionamiento
las obras civiles del contrato Nro. 2 de 2018 (sic), no podrán superar los 6
meses contados a partir de la ejecutoría de la presente decisión.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del Tolima,
a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las
Villas, Campo Alegre y las Cabras, a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que dentro de un (01) mes siguiente a la
ejecutoria de la presente providencia, adelante en forma coordinada y conjunta
desde el ámbito de sus competencias las gestiones administrativas,
presupuestales, financieras y contractuales para que se establezca un plan de
acción temporal para garantizar la prestación del servicio de agua potable en
la zona rural del Municipio de Piedras (veredas Doima, Las Villas, Campo
Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga de los Rodríguez), mientras se da
cumplimiento al numeral segundo y tercero de la presente providencia, es decir,
mientras se ejecutan los planes de acción para la prestación efectiva del servicio
de agua potable en calidad y con la continuidad respectiva.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del Tolima,
a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las
Villas, Campo Alegre y las Cabras, a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., y a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios para que dentro de los tres (03) meses
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en forma
coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – plan de
acción - para que se actualice la segunda fase o etapa 2 del proyecto
denominado “Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima,
Municipio de Piedras, Tolima.”.
De llegar a negarse el concepto de actualización y aprobación del proyecto
antes anunciado, las entidades demandadas deberán en forma coordinada y a
través de un trabajo conjunto en un plazo de tres (03) meses siguientes a la
fecha de la evaluación del Mecanismo Departamental, proceder con las
correcciones que sean necesarias y presentar dentro de este mismo plazo
nuevamente el proyecto para que sea evaluado por el Mecanismo
Departamental para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico del Departamento del Tolima.
Una vez viabilizado y aprobado dicho proyecto, las entidades deberán en el
término de seis (06) meses contados a partir de la evaluación positiva de dicho
proyecto, proceder con las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras que sean necesarias para que se emitan los permisos, concesiones,
autorizaciones, y aprobaciones, se desarrollen los trámites precontractuales y
contractuales que se determinen.
Luego, establecido el contratista, deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 12
meses a partir de la suscripción del contrato respectivo.
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Advierte la Sala que todo el trámite antes descrito para la segunda fase
“Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima, Municipio de
Piedras, Tolima.”, no podrá superar los 24 meses contados a partir de la
ejecutoría de la presente decisión.
SEXTO: ORDENAR Municipio de Piedras, a la Asociación Comunitaria de
usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las Cabras
y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, que
dentro de dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia,
adelante en forma coordinada y conjunta desde el ámbito de sus competencias
las gestiones administrativas para (sic) que sean necesarias para establecer un
plan de acción con compromisos a corto y mediano plazo para que se tramite
la concesión de aguas que es necesaria para los acueductos rurales del
Municipio de Piedras (veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras,
Chicalá y Manga de los Rodríguez).
Establecido lo anterior, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas en
un plazo no mayor a 4 meses a partir de la determinación del plan de acción
anterior.
Este plan de acción debe estar debidamente relacionados (sic) y conectado con
las necesidades, compromisos y acciones determinadas con los planes de
acciones ordenados en los numerales segundo y tercero de esta providencia.
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
que asista técnicamente a las entidades territoriales y al prestador de servicio
público comunitario, para los planes de acciones determinados, así como, para
la construcción de la segunda fase o etapa 2 del proyecto denominado
“Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima, Municipio de
Piedras, Tolima.”, ante el Mecanismo Departamental para la presentación,
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico del Departamento del Tolima, así como, en los demás
trámites necesarios para consolidar la ejecución de dicha obra. Igualmente,
para determinar los planes de acción temporales de los numerales segundo,
tercero, y cuarto de esta providencia, para garantizar la prestación del servicio
público de agua potable en la zona rural del Municipio de Piedras.
OCTAVO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para que asista técnicamente a las entidades territoriales y al
prestador de servicio público comunitario, en la elaboración de los planes de
acción determinados en esta providencia para garantizar la prestación del
servicio público de agua potable en la zona rural del Municipio de Piedras.
Igualmente, proceda con el control y vigilancia a la Asociación Comunitaria
de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las
Cabras, y frente al Municipio de Piedras como prestador directo del
acueducto de Chicalá y Manga de los Rodríguez, en forma periódica,
inclusive, si es necesario se inicien las acciones de control (investigaciones –
sanciones), respectivas.
NOVENO: ORDENAR al Departamento del Tolima, apoye financiera, técnica
y administrativamente al Municipio de Piedras y a la Asociación Comunitaria
de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las
Cabras, en la generación de los planes de acción aquí ordenados para
garantizar la prestación del servicio de agua potable en las zonas rurales del
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
Municipio de Piedras. Igualmente, continúe a través de la Secretaría de Salud
en forma periódica con la verificación de los estándares de calidad del agua
suministrada por el prestador comunitario y por el Municipio en las veredas
Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga de los
Rodríguez.
DÉCIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, para que asista, apoye y gestione en forma prioritaria y urgente
todas las solicitudes de permisos, autorizaciones y aprobaciones que eleven las
entidades Municipio de Piedras, Departamento del Tolima, a la Asociación
Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo
Alegre y las Cabras y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Tolima EDAT S.A. E.S.P., para la ejecución de obras determinadas en los
planes de acción que se generarán como consecuencia de esta decisión
judicial.
DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a cumplir las
órdenes impartidas por esta sentencia, y al vencimiento de cada plazo deberán
presentar ante el Tribunal Administrativo del Tolima un informe detallado sobre
su cumplimiento.
DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas por
los integrantes de la parte pasiva.
DÉCIMO TERCERO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los términos
previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el comité de verificación
del cual harán parte el Alcalde del Municipio de Piedras o su delegado, el
Gobernador del Tolima o su delegado, el Representante Legal de Asociación
Comunitaria de usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y
Las Cabras, el gerente o el delegado de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., el Director o delegado de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, el Viceministro o
Delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, el Superintendente o delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Personero Municipal
de Piedras o su Delegado, el Procurador Judicial II Ambiental y Agraria para el
Tolima, y el Magistrado Ponente.
DÉCIMO CUARTO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de Piedras,
Departamento del Tolima, Asociación Comunitaria de usuarios del
acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las Cabras, Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a favor del
demandante, la tasación de las agencias en derecho se efectuará una vez
terminado el proceso.
DÉCIMO QUINTO: Remítase por Secretaría a la Defensoría del Pueblo copia
del presente fallo, para que sea incluido en el Registro Público Centralizado de
Acciones Populares y de Grupo previsto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998.
DÉCIMO SEXTO: Una vez en firme, permanezca el proceso en Secretaría con
el fin de verificar el cumplimiento de lo aquí ordenado […]”.
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
22. El Tribunal consideró que las pruebas allegadas al proceso, en especial
los informes técnicos elaborados por la Secretaría de Salud Departamental del
Tolima, daban cuenta de que el agua suministrada por los acueductos rurales
del Municipio de Piedras, desde el año 2017 y, específicamente, en las tomas
analizadas en laboratorio en los periodos de octubre y noviembre de 2018,
presentaba un grave riesgo para la salud pública de las comunidades, como
consecuencia del suministro de agua sin el cumplimiento de los estándares de
potabilización, siendo catalogado el suministro del líquido como “inviable
sanitariamente” y de “alto riesgo”.
23. El Tribunal precisó que, si bien en algunos periodos del año 2019 la
Secretaría de Salud Departamental del Tolima informó que el suministro de
agua potable cumplía con los estándares establecidos por la normativa, la
calidad del líquido no mantuvo una constante, toda vez que, en el último
trimestre de 2019, nuevamente se presentaron características físico-químicas
y microbiológicas que superaban los límites establecidos en la Resolución
2115 de 200724.
24. El Tribunal concluyó que era necesario amparar los derechos colectivos
invocados en la demanda e impartir órdenes a las entidades accionadas con
el objeto de garantizar la prestación eficiente, oportuna, continua y en óptimas
condiciones sanitarias del servicio de acueducto a los habitantes de las
veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga de
los Rodríguez del Municipio de Piedras.
Recursos de apelación
25. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó escrito de 11
de abril de 2025 mediante el cual interpuso recurso de apelación que
fundamentó en los siguientes argumentos25:
24
“[…]” Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema
de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano […]”.
25
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
72ED_05CUADERNOTOMO5(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
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26. Solicitó revocar los ordinales séptimo, décimo segundo y décimo tercero
de la sentencia apelada, en razón a que no ha vulnerado ninguno de los
derechos colectivos que fueron amparados.
27. Señaló que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1, 287, 288,
298, 311 y 313 de la Constitución Política, las entidades territoriales tienen
autonomía para gestionar sus intereses. Asimismo, aludió a lo establecido en
el artículo 9 de la Ley 388 de 1997 sobre el plan de ordenamiento territorial y
al artículo 6 de la Ley 1551 de 2012.
28. Destacó que la competencia del Ministerio se activa en el momento en
que la entidad territorial radica el proyecto ante la ventanilla única nacional del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que de acuerdo con lo previsto
en el artículo 19 del Decreto 3571 de 2011, tiene entre sus funciones, la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas,
estrategias, programas y planes de agua potable y saneamiento básico,
incluyendo los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiación
para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación
de los recursos provenientes de dichas fuentes, así como la reglamentación
técnica del sector.
29. Afirmó que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3571 de 2011,
modificado por el Decreto 1604 de 2020, la función de seguimiento asignada
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en materia de servicios públicos
domiciliarios, corresponde a la Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y,
concretamente a las subdirecciones de programas y de desarrollo empresarial,
para los proyectos viabilizados con financiación parcial o total con recursos de
la Nación.
30. Expuso que no es la entidad competente para realizar el seguimiento al
cumplimiento de contratos que celebren las entidades territoriales con
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
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31. Señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.3.1.2.3 del
Decreto 1077 de 2015, el primer llamado a prestar asistencia técnica a las
personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios recae en el Gestor
del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento al cual se encuentre vinculado el Municipio de Piedras.
32. Precisó que el proyecto denominado “Construcción del Plan Maestro del
Centro Poblado de Doima, Municipio de Piedras, Tolima”, no ha sido
presentado ante el mecanismo de viabilización del Ministerio, por lo que para
su ejecución no se han solicitado recursos del presupuesto general de la
Nación. Señaló que mediante la Resolución MVCT 0661 de 2019, modificada
por la Resolución 418 de 2021, se estableció el procedimiento para la revisión
documental integral de los proyectos que se presentan para la evaluación del
Ministerio.
33. Aseguró que, en el presente caso, frente al Ministerio se configura la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, para lo cual citó la
sentencia de 28 de octubre de 2021 proferida por esta Sección sobre la
diferencia entre legitimación en la causa por pasiva, material y de hecho. Al
respecto, destacó que el Ministerio no tiene legitimación material en la causa
por pasiva, toda vez que no interviene en la construcción de la segunda fase
o etapa 2 del proyecto denominado “Construcción del Plan Maestro del Centro
Poblado de Doima, Municipio de Piedras, Tolima”. Asimismo, trajo a colación
la sentencia de 6 de junio de 2024 proferida por esta Sección en la acción
popular identificada con número único de radicación 63001-23-33-000-2022-
00040-01.
34. Afirmó que el Ministerio ha estado presto a brindar apoyo solicitado por
el Municipio de Piedras; sin embargo, las iniciativas del ente municipal no han
superado la etapa de evaluación por la inacción de los interesados.
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35. El Departamento del Tolima presentó escrito de 23 de abril de 2025
mediante el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los
siguientes argumentos26:
36. Señaló que la entidad no ha vulnerado ninguno de los derechos
colectivos que fueron amparados en la sentencia apelada y que, por el
contrario, ha actuado de manera diligente con el objeto de ofrecer las
herramientas para la coordinación y mejoramiento de los índices de potabilidad
del agua suministrada en el Municipio de Piedras, por lo que solicitó
desvincular al Departamento del Tolima de la acción de la referencia.
37. Aseguró que la diligencia de la entidad se encuentra acreditada con los
informes que desde la Secretaría de Salud Departamental se allegaron al
expediente en los que se determinaron los índices de riesgo de calidad del
agua y en la recomendación de la entidad para que se suspendiera el
suministro del recurso hídrico hasta tanto se cumplieran los índices
determinados por la Resolución 2115 de 2007 para la potabilidad del agua.
38. Afirmó que los informes y análisis realizados por el Departamento
sirvieron de insumo para declarar vulnerados los derechos colectivos por parte
del Tribunal, así como para advertir que pese a existir la infraestructura para
el suministro del agua potable en la zona, debían ponerse en marcha, por parte
del Municipio y los acueductos comunitarios, controles internos de calidad de
agua, por lo que la Secretaría de Salud Departamental actuó de conformidad
con los artículos 298 y 300 de la Constitución Política y lo dispuesto en la Ley
142 de 1994.
39. Adujo que la obra por medio de la cual se pretende suministrar agua
potable al centro poblado de Doima, Las Villas, Campo Alegre y Las Cabras
no cuenta con concesión de aguas, motivo por el cual, ante la inoperancia e
ineficiencia del Municipio en la gestión que le corresponde adelantar ante
CORTOLIMA, el Departamento no puede realizar ninguna acción, debido a
que el Municipio es el encargado de tramitar la concesión, requisito
26
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
72ED_05CUADERNOTOMO5(.pdf) NroActua 2 […]”.
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indispensable para poner en funcionamiento el tanque elevado en el que se
pretende almacenar agua extraída del pozo profundo.
40. Señaló que el Municipio y los acueductos comunitarios omitieron la
recomendación impartida por la Secretaría de Salud Pública del
Departamento, tendiente a realizar los controles de calidad del agua y tomar
las acciones pertinentes para mejorar los índices de potabilidad del líquido. En
este punto, destacó que no deben aplicarse los principios de coordinación,
subsidiariedad y complementariedad, como lo hizo el Tribunal, cuando la
responsabilidad en el caso concreto recae en el Municipio y en los acueductos
comunitarios.
41. Indicó que lo ordenado en el ordinal segundo de la sentencia apelada
no puede ser cumplido por el Departamento dada la ausencia de gestión por
parte del Municipio para tramitar la concesión de aguas y los permisos que
establece el Decreto 1076 de 2015 para el aprovechamiento de aguas
subterráneas.
42. Manifestó que el Departamento cumplió con las funciones previstas en
el artículo 7 de la Ley 142 de 1994, pues prestó apoyo técnico en materia de
análisis de los índices de riesgo del agua (IRCA) de manera oportuna y
continua y sugirió al Municipio y a los acueductos comunitarios que hicieran
controles internos de calidad del agua.
43. Aseguró que el Municipio no invocó carencia de recursos económicos
y, por el contrario, se acreditó en el proceso que las obras civiles necesarias
fueron realizadas y que la segunda fase del proyecto Plan Maestro de
Acueducto del Municipio de Piedras fue adjudicada.
44. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentó
escrito de 23 de abril de 2025, mediante el cual interpuso recurso de apelación
que fundamentó en los siguientes argumentos27:
27
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
72ED_05CUADERNOTOMO5(.pdf) NroActua 2 […]”.
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45. Manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que la entidad no ha amenazado o vulnerado los derechos colectivos que
fueron amparados, ni es la autoridad competente para ejecutar las obras
tendientes a garantizar la prestación del servicio de acueducto en la zona rural
del Municipio de Piedras.
46. Indicó que no existe relación de causalidad entre el daño y las acciones
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que aseguró
que la orden impartida vulnera los artículos 6 y 90 de la Constitución Política.
47. Afirmó que en el caso concreto y frente a la entidad se presenta la falta
de legitimación en la causa material, por lo que no puede declararse
responsable a la Superintendencia cuando no tiene un nexo con el daño
ocasionado a los derechos colectivos. Citó jurisprudencia de la Corporación
relacionada con la falta de legitimación en la causa material. En concreto,
mencionó la sentencia de 22 de enero de 2014 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado (número único de radicación 63001-23-31-000-1999-
01029-01 CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). Asimismo, aludió a la
sentencia de 26 de febrero de 2014 proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado (número único de radicación 41001-23-31-000-1997-
09808-01 CP. Mauricio Fajardo Gómez).
48. Expuso que la entidad ha cumplido con el deber legal contenido en el
artículo 75 de la Ley 142 de 1994, que la vulneración de los derechos
colectivos no fue causada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y que la responsabilidad en la prestación del servicio de
acueducto recae en la empresa prestadora de servicios públicos.
49. Reiteró que no es la entidad competente para cumplir lo ordenado en la
sentencia y que de hacerlo vulneraría el principio de legalidad y, en especial,
los artículos 4, 6, 121 y 122 de la Constitución Política. Asimismo, advirtió que
se desconocería el artículo 5 de la Ley 489 de 1998.
50. Expuso el fundamento normativo sobre la naturaleza jurídica de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para lo cual refirió el
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artículo 370 de la Constitución Política y los artículos 75 y 79 de la Ley 142 de
1994.
51. Afirmó que era necesario precisar las órdenes impartidas debido a que
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no tiene funciones de
ejecución presupuestal conjunta con entidades territoriales o asociaciones
comunitarias, ni participa en la planificación o financiación directa de proyectos
de inversión o infraestructura. En este punto, destacó que las gestiones
presupuestales son competencia exclusiva de las entidades territoriales de
acuerdo con lo previsto en los artículos 311, 313 y 367 de la Constitución
Política.
52. Aseguró que las funciones legales de la Superintendencia están
limitadas a la inspección, vigilancia y control, conforme lo dispone la Ley 142
de 1994, por lo que el deber de iniciar actuaciones sancionatorias está sujeto
al cumplimiento de presupuestos fácticos y probatorios específicos, sin que
pueda exigirse dichas actuaciones como consecuencia automática y sin la
debida valoración técnica.
53. Adujo que la inclusión de la Superintendencia en el mismo plano de
actuación conjunta con otras entidades que tienen competencia de prestación
directa de servicios públicos domiciliarios, como el municipio y la asociación
comunitaria, puede generar interpretaciones erróneas respecto del rol
institucional y dificultar el cumplimiento adecuado y conforme a derecho.
54. Solicitó modificar la sentencia apelada en el sentido de precisar que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ostenta competencia
directa en la prestación del servicio público de acueducto, ni en la ejecución
de obras, ni en el desarrollo de proyectos de inversión y que, por el contrario,
el rol de la entidad es el de ejercer la inspección, vigilancia y control de
conformidad con los artículos 73 a 81 de la Ley 142 de 1994.
55. Asimismo, como argumento de la apelación, solicitó aclarar el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de precisar que la
participación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se
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limita al ejercicio de sus competencias legales de inspección, vigilancia y
control sobre los prestadores de servicios públicos.
56. La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA
presentó escrito de 23 de abril de 202528, mediante el cual interpuso recurso
de apelación que fundamentó en los siguientes argumentos:
57. Manifestó que las órdenes impartidas en los ordinales sexto, décimo y
décimo tercero de la sentencia apelada escapaban a la competencia de la
entidad.
58. Sostuvo que no existió ninguna omisión por parte de CORTOLIMA que
la haga responsable de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos
que fueron amparados por el Tribunal. Asimismo, advirtió que la entidad ha
realizado acciones para proteger el medio ambiente y que en la sentencia
apelada se indicó que CORTOLIMA no había incurrido en ninguna omisión.
59. Aseguró que no se cumplen los elementos materiales y sustanciales de
la acción popular, en concreto en lo referente a las competencias de las
entidades públicas, para lo cual transcribió una sentencia de unificación del
Consejo de Estado, sin que la identificara en el escrito del recurso. Lo transcrito
hace referencia a los elementos definitorios y a la naturaleza jurídica de la
acción popular, como: i) expresión concreta del derecho de acción; ii) es una
acción principal; iii) es preventiva; iv) es eventualmente restitutiva; v) es actual;
vi) la vulneración o amenaza debe ser real, inminente y concreta; vii) es
excepcionalmente indemnizatoria; y viii) la prueba de la vulneración o
amenaza está a cargo del actor popular.
60. Adicionalmente, aludió a la sentencia de 15 de diciembre de 2016
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado (2015-00084-01 CP.
Roberto Augusto Serrato Valdés (E) y, señaló que el Tribunal no tuvo en
cuenta los plazos fijados en las órdenes impartidas para su estricto
cumplimiento, los cuales dependen de las otras entidades accionadas y no de
28
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
72ED_05CUADERNOTOMO5(.pdf) NroActua 2 […]”.
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CORTOLIMA, por lo que reiteró la solicitud de desvincular a la autoridad
ambiental del proceso de la referencia.
Concesión de los recursos de apelación
61. El Magistrado Sustanciador del Tribunal profirió auto de 17 de junio de
202529, mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados por
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento del Tolima; la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, contra la sentencia proferida
en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
62. El Despacho sustanciador profirió auto de 30 de julio de 202530
mediante el cual admitió los recursos de apelación referidos, ordenó notificar
a las partes e intervinientes y al procurador delegado en lo contencioso
administrativo ante el Consejo de Estado. Igualmente advirtió que, si las partes
no solicitaban la práctica de pruebas durante el término de ejecutoria de la
precitada providencia, se prescindiría del traslado para alegar de conclusión y
entraría el proceso al despacho para fallo.
63. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
64. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.
29
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“[…] 7ED_Autoconcedeap_001201(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
30
Cfr. índice 6 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
81Autoqueadmite_APa20198001Procuradu(.pdf) NroActua 6 […]”.
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Competencia de la Sala
65. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998,
sobre competencia para conocer de las acciones populares en segunda
instancia; en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201931, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el
artículo 15032 de la Ley 1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de
Estado en segunda instancia, se precisa que esta Sección es competente para
conocer en dicha instancia de los recursos de apelación que se presenten
contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales
Administrativos en el trámite de las acciones populares.
66. Asimismo, de conformidad con los artículos 32033 y 32834 de la Ley 1564
de 12 de julio de 201235, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer
de los puntos o cuestiones a los cuales se contraen los recursos interpuestos
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Departamento del Tolima;
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA.
67. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
la Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
31
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo
1.º del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67,
80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
32
Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.
33
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien
le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en
el inciso segundo del artículo […]”.
34
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones […]”
35
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Problemas jurídicos
68. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de
apelación:
68.1. ¿Si las entidades accionadas están legitimadas materialmente en la
causa por pasiva para garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos amparados en la sentencia proferida en primera instancia?
68.2. ¿Si las órdenes impartidas por el Tribunal para la protección de los
derechos e intereses colectivos amparados son proporcionales y se ajustan a
las competencias de las entidades apelantes?
68.3. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 3 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
69. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las
acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y
la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella
[…]”.
70. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e
intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere
posible […]”.
71. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida
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y sencilla, de los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe
necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
72. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda
la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un
daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos e intereses colectivos.
73. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es
autónoma y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona
natural o jurídica, sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de
haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede
acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda,
es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los
móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien
en la demanda, fija el litigio […] ”36.
74. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley
472 de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está
dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza
colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los
tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente,
hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los
derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior,
cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un mecanismo propio de
la democracia participativa y por lo tanto puede ser ejercida por “toda persona”,
organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los
servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y,
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio
Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-
90479-01(AP).
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eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida
como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al
legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
Derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas
75. El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas se encuentra
previsto en el literal g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, el cual reconoce
la protección de aquellas condiciones que permiten garantizar la integridad
física, la salud y el bienestar de la comunidad frente a riesgos que puedan
afectar la convivencia social y la calidad de vida de las personas.
76. Sobre el alcance de este derecho colectivo, el Consejo de Estado ha
señalado que la seguridad y salubridad públicas comprenden el conjunto de
condiciones que deben existir en los espacios donde se desarrolla la vida en
comunidad para evitar riesgos que puedan afectar la salud o la integridad de
las personas. En ese sentido, esta Corporación ha indicado que este derecho
colectivo se relaciona con la obligación de las autoridades de prevenir
situaciones que generen focos de contaminación, insalubridad o peligro para
la población. En palabras del Consejo de Estado:
“[…] El derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas busca preservar
las condiciones mínimas de higiene, sanidad y seguridad necesarias para la
convivencia social, de manera que se eviten situaciones que puedan
comprometer la salud o la integridad de la comunidad […]”37.
77. En ese sentido, la protección de este derecho colectivo implica que las
autoridades adopten las medidas necesarias para prevenir o mitigar
situaciones que puedan generar riesgos sanitarios o de seguridad para la
comunidad, especialmente cuando se derivan de condiciones ambientales
inadecuadas, obstrucción de cauces, acumulación de residuos o cualquier
circunstancia que comprometa la salubridad y el bienestar de la población.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de junio
de 2008, número único de radicación: 25000-23-24-000-2002-00127-01.
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Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública
78. Este derecho colectivo se encuentra previsto en el literal h del artículo
4 de la Ley 472 de 1998 y se relaciona, entre otras disposiciones normativas,
con lo dispuesto en el artículo 366 de la Constitución Política, el cual establece
que “[…] el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de
su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable […]”.
79. El referido derecho colectivo ha sido entendido por esta Sección38 como
una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “[…] la buena gestión de la salubridad pública
[…]”, que integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar
la salud.
80. Esta Sección ha considerado que el derecho al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica que
“[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que
eviten a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de
contaminación o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad
comunitaria […]”39.
81. Asimismo, esta Sección en sentencia proferida el 9 de julio de 2020, en
referencia al mencionado derecho colectivo, consideró lo siguiente40:
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
octubre de 2024, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación:
730012333000201900324-01.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 68001-23-33-000-2015-00848-01. Reiterado en sentencia de 31
de enero de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 85001-23-33-000-
2014-00034-01.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de julio
de 2020, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 18001-23-33-000-2018-
00035-02.
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“[…] resulta claro que existe una relación ineludible entre la adecuada
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública y al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública.
Es más, tales servicios son esenciales, conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia C-450 de 4 de octubre de 1995, pues las
actividades “que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la
protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de
valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos
y libertades fundamentales […]”.
En efecto, el agua es imprescindible para desarrollar actividades
cotidianas dirigidas a evitar el hambre, las enfermedades y la muerte y
satisfacer necesidades de consumo, cocina, saneamiento e higiene
personal y doméstica. De ahí que el derecho a acceder a ella necesariamente
implique la realización de otros derechos humanos tales como la vida, la salud,
la higiene ambiental, la alimentación, la dignidad humana, la vida cultural, la
subsistencia, la educación, la vivienda, el trabajo, la intimidad, la protección
contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la igualdad de género,
la erradicación de la discriminación, entre otros.
Por eso, el derecho al agua constituye un desarrollo de los derechos
colectivos previstos en los literales a), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472
y, además, contiene las garantías de disponibilidad efectiva, suficiente, de
calidad, salubre, aceptable, continua, accesible física y económicamente,
progresiva, sin discriminación y con especial atención a personas y
grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer el
derecho, tales como, mujeres, niños, minorías, indígenas, refugiados,
asilados, desplazados internos, trabajadores migrantes, presos y detenidos,
pobres y marginados.
Del marco normativo aquí estudiado, es menester concluir que los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado constituyen garantías
prestacionales inherentes al bienestar general y al mejoramiento de la
calidad de vida de la población. Por ello, comprenden una finalidad social
del Estado y, en consecuencia, su prestación debe efectuarse a través de
una infraestructura que garantice la calidad, continuidad y eficiencia del
servicio, evitando la transgresión de los derechos contemplados en los
literales a) g) y h) del artículo 4 la Ley 472 […]”. (Destacado fuera de texto).
Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
82. El artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber
asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Asimismo, le corresponde proporcionarlos, directa o indirectamente, por
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comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado es quien
regula y ejerce el control y la vigilancia de dichos servicios.
83. Adicionalmente, el artículo 366 ibidem señala que el bienestar general
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales
del Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental
y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la
Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad
sobre cualquier otra asignación.
84. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y
oportuna de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como
la vida, la dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en
la sentencia C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los
servicios públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le
asignó la tarea de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional’ (art. 365). Se caracterizan además porque efectivizan otros
derechos como la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la
personalidad; tienen vocación de universalidad; pueden ser prestados por
el Estado, de manera directa o indirecta, por intermedio de comunidades
organizadas o por particulares; se consideran un asunto de Estado por cuanto
se encuentran en la esfera de lo público ante la obligación que recae en él de
asegurar su prestación eficiente […]”41 (Destacado fuera de texto).
85. Esta Sección42 consideró que la vulneración del derecho colectivo de
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna
implica acciones u omisiones concretas de la autoridad responsable de prestar
el servicio que pongan en evidencia la falta de oportunidad en la prestación o
la falta de eficiencia en la administración de los recursos destinados a
garantizar el servicio público.
41
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
42
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, CP. Roberto Augusto Serrato
Valdés, número único de radicación: 170012333000201800493-01.
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86. El artículo 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 199443 establece que son
competencias de los municipios, entre otras, “[…] [A]segurar que se presten a
sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada,
por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto,
o directamente por la administración central del respectivo municipio en
los casos previstos en el artículo siguiente […]”. (Destacado fuera de texto).
87. La Sala precisa que es competencia de los municipios la prestación
eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos, el
servicio público domiciliario de acueducto.
88. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 356 de la
Constitución Política, se determinó que el legislador fijaría las competencias
de las entidades locales, departamentales y nacionales para la efectiva
prestación de los servicios públicos. Además, en cumplimiento de la citada
norma se creó el Sistema General de Participaciones de los departamentos,
distritos y municipios como un mecanismo tendiente a promover su adecuada
articulación, con base en los “principios de solidaridad, complementariedad y
subsidiariedad”.
89. El artículo 288 de la Constitución Política estableció que “[…] las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
en los términos que establezca la ley […]”; y el artículo 3 de la Ley 1551 de
201244, que modificó el artículo 4 de la Ley 136 de 1994, dispuso lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el
artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los
siguientes principios:
43
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
44
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
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a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación
con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las
mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes
entre sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para
evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad
administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir
la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto
defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir
las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades
territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las
entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus
competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas
debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios
[…]”. (Destacado fuera de texto)
90. Al efecto, se tiene que la Ley 142 de 1994 señala como competencias
de la Nación en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…]
[a]poyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación
directa […]”45; “[…] [v]elar porque quienes prestan servicios públicos cumplan
con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera,
la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados
en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios
[…]”46; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y municipios no
tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente Ley […]”47.
45
Artículo 8.4.
46
Artículo 8.5.
47
Artículo 8.6.
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91. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es la entidad
fundamental de la división político-administrativa del Estado y “[…] le
corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes […]”.
92. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias
y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que
tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos. De igual manera, indica que los servicios públicos
domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio o distrito cuando
las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen.
93. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de
garantizar, en sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios
públicos domiciliarios y, por esa vía, la efectividad de los derechos al
saneamiento básico y a la salubridad de todos sus habitantes.
94. Lo anterior permite concluir que la prestación directa o indirecta de los
servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de los
municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y
oportuna prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía,
podrán realizar la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la
organización interna que consideren más conveniente en el marco de las
posibilidades que otorga la Constitución y la ley.
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95. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias
propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la
conservación del entorno natural.
96. En relación con la competencia de los departamentos, el artículo 298
de la Constitución Política también dispuso que: “[…] [l]os departamentos
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su
territorio […]”. Además, “[…] ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los
servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”. Adicionalmente,
les asisten funciones de apoyo y coordinación en materia de servicios
públicos, en los términos del artículo 367 de la Constitución.
97. Con base en tales atribuciones, los artículos 7 de la Ley 142 de 1994 y
7448 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200149, establecen, entre sus
responsabilidades, los deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo,
desde un eje de planificación multisectorial que permita la materialización del
principio de coordinación.
48
“[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas,
de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas,
corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y
orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar
su ejecución con los municipios. […] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales,
departamentales o municipales de interés departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por
la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las
actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar
asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de
servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar […] 74.6.
Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios
a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales
y a la comunidad [...]”.
49
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
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Servicio público domiciliario de acueducto
98. El artículo 366 de la Constitución Política dispone que el bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades
sociales del Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de
las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua
potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de
las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre
cualquier otra asignación.
99. El numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley 142 de 1994 establece que el
Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la atención
prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
100. El numeral 19 del artículo 3 de la Ley 136 de 199450 dispone que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua
potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
101. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definen, por
una parte, el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios
públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua
potable como la distribución municipal de agua apta para el consumo humano,
incluida su conexión y medición; así como las actividades complementarias de
captación de agua, procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
102. La Ley 9 de 24 de enero de 1979 establece disposiciones para eliminar
y evitar la contaminación del agua para el consumo humano. Los artículos 63
y 79 de la mencionada norma previeron que cuando se utilice agua lluvia para
el consumo humano esta deberá cumplir con los requisitos de potabilidad que
señale la autoridad competente, teniendo en cuenta que “[…] toda agua para
50
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios”.
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el consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia
[…]”.
103. Ahora bien, el Decreto 1898 de 23 de noviembre de 201651, que adicionó
el Decreto 1077 de 2015, entre otras cosas, reglamentó dos esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
en las zonas rurales.
104. El artículo 2.3.7.1.2.1. establece que los municipios y distritos son
responsables de asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la
infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; para
lo cual la entidad territorial debe evaluar si es viable la prestación convencional
de esos servicios o, si existen razones técnicas, operativas o socioeconómicas
que impidan la prestación de manera convencional de los precitados servicios
públicos domiciliarios.
105. En caso de que sea viable la prestación de los servicios públicos de
manera convencional en la zona rural, el artículo 2.3.7.1.2.2. del Decreto 1077
de 201552, permite la adopción de un modelo progresivo de condiciones
diferenciales de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo en esas
zonas rurales.
51
"Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que
reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales
para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales".
52
“[…] ARTÍCULO 2.3.7.1.2.2. Progresividad en las condiciones diferenciales de los servicios de acueducto,
alcantarillado o aseo en zonas rurales. Los prestadores de acueducto, alcantarillado o aseo que operen en zonas rurales
podrán sujetarse a las siguientes condiciones diferenciales:
1. Calidad del agua: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que suministre agua con algún nivel de
riesgo en su área de prestación, deberá establecer el plazo del cumplimiento de los estándares de calidad de agua
potable establecidos en el Decreto 1575 de 2007 y su reglamentación, o aquellos que los modifiquen, adicionen o
sustituyan.
Mientras se cumple el plazo, la persona prestadora del servicio de acueducto implementará el uso de dispositivos o
técnicas de tratamiento de agua, o suministrará agua apta para consumo humano empleando medios alternos cómo
son carrotanques, pilas públicas y otros. Así mismo, la persona prestadora, en coordinación con el municipio o distrito,
la autoridad ambiental y la autoridad sanitaria, divulgarán ampliamente a los usuarios que reciben agua con algún
nivel de riesgo las orientaciones técnicas para el tratamiento y manejo del agua para consumo humano al interior de
la vivienda.
2. Micromedición: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que no cuente con cobertura total de
micromedición en su área de prestación, mientras alcanza este estándar, podrá realizar la medición de los volúmenes
suministrados mediante procedimientos alternativos, y la facturación podrá efectuarse a partir de los consumos
estimados.
3. Continuidad: El prestador del servicio de acueducto en zona rural que no pueda suministrar agua potable de
manera continua dentro de su área de prestación, podrá suministrarla de manera periódica, siempre y cuando se
garantice la entrega de un volumen correspondiente al consumo básico establecido por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico. […]” (negrilla del texto).
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106. Asimismo, el artículo 2.3.7.1.2.3. ibidem, dispone que los prestadores
que quieran acogerse a esas condiciones diferenciales deben formular un plan
de gestión53 para la prestación del servicio de acueducto o alcantarillado en
zonas rurales, el cual debe incluir, entre otros aspectos, el plan de
aseguramiento, el plan de obras e inversiones, los plazos de ejecución, las
fuentes de financiación y las acciones de corto, mediano y largo plazo para
cumplir los estándares de calidad del agua.
107. Por otra parte, en caso de que existan razones técnicas, operativas o
socioeconómicas que impidan la prestación de manera convencional de los
precitados servicios públicos domiciliarios, el artículo 2.3.7.1.3.1 del Decreto
1077 de 2015, prevé que es responsabilidad de los municipios y distritos
asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en zona
rural diferente a centros poblados.
108. Para lo cual, el artículo 2.3.7.1.3.2. ejusdem, establece que se podrán
implementar soluciones alternativas, las cuales no constituyen prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo54, en
los términos de la Ley 142 de 1994, conforme a lo señalado en los artículos
2.3.7.1.3.1. y 2.3.7.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015.
109. Las soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano y doméstico en zonas rurales deberán cumplir con las
siguientes condiciones:
110. El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse
mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde
53
Una vez formalizado el plan de gestión, el prestador debe reportarlo a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios e incluir en el contrato de condiciones uniformes la forma en que cumplirá
progresivamente las condiciones diferenciales; a su vez, los municipios y distritos, en cumplimiento de
su deber de asegurar la prestación de los servicios en su territorio, deben apoyar a los prestadores de
su jurisdicción con asistencia técnica y financiación de proyectos para formular e implementar dichos
planes de gestión.
54
En consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están sujetos
a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento: y no son objeto de
vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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la fuente, acorde con la normativa aplicable a la materia y con las necesidades
de la comunidad.
111. El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá
realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento.
112. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico se realizará
mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua.
113. Los puntos de suministro o abastos de agua deben ser administrados por
las comunidades beneficiarias de cada proyecto.
114. Los proyectos de soluciones alternativas deben contener55: i) un
diagnóstico integral y la caracterización de la fuente de abastecimiento de
agua; ii) el análisis que sustenta la selección de soluciones alternativas
respecto de sistemas de acueducto o alcantarillado, teniendo en cuenta las
condiciones técnicas, operativas y socioeconómicas de cada opción y lo
concertado con las comunidades beneficiarias; iii) la intervención requerida
para construir, rehabilitar, optimizar o proteger los puntos de suministro o
abastos de agua, o las soluciones individuales de saneamiento básico; iv) en
el caso en que se requieran dispositivos de tratamiento de agua, la selección
de los mismos debe incluir la comparación de por lo menos tres opciones. Esta
comparación debe incluir las especificaciones técnicas de los dispositivos de
tratamiento de agua, su vida útil asociada a la calidad de la fuente
abastecedora, los costos de suministro, mantenimiento y reemplazo, así como
la garantía que ofrece el fabricante, importador o vendedor sobre el dispositivo
y sobre la calidad de sus componentes; v) los costos de administración,
funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura de los puntos de
suministro o abastos de agua; vi) el número de dispositivos de tratamiento de
agua requerida según la población a atender; vii) el número de instalaciones
sanitarias; viii) el listado de beneficiarios; y ix) la manera en que se brindará la
asistencia técnica y acompañamiento integral y la gestión social a las
comunidades beneficiarias del proyecto.
55
Artículo 2.3.7.1.3.6 del Decreto 1898 de 2016.
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Análisis del caso concreto
115. La Sala pone de presente que los argumentos expuestos en los
recursos de apelación no cuestionan la amenaza o vulneración de los
derechos e intereses colectivos relacionados con la seguridad y salubridad
públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna, los cuales fueron amparados por el Tribunal, como
consecuencia de la deficiente prestación del servicio público domiciliario de
acueducto en la zona rural del Municipio de Piedras, específicamente, en el
centro poblado de Doima y las veredas Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras,
Chicalá y Manga de los Rodríguez, a causa de la mala calidad del agua
suministrada para el consumo humano.
116. Por lo anterior, la Sala se abstendrá de realizar el recuento del
material probatorio aportado al proceso y analizará el caso concreto en el
siguiente orden: i) la falta de legitimación material en la causa por pasiva
planteada por dos de las entidades apelantes y; ii) la competencia de las
entidades accionadas para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia
proferida en primera instancia.
Sobre la falta de legitimación material en la causa por pasiva
117. Esta Sección56 ha estudiado la legitimación en la causa por pasiva
en el trámite de las acciones populares y, en síntesis, ha considerado que “[…]
la jurisprudencia de esta Corporación distingue entre la legitimación material y
la legitimación de hecho57. La Legitimación material se refiere a la
titularidad jurídica de los derechos y obligaciones sustanciales
involucrados en el litigio, mientras que la legitimación de hecho se relaciona
56
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
octubre de 2025, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación:
270012333000202200002-01.
57
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de abril de 2014, radicación núm.
76001233100019980003601(29321). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Y Consejo de Estado,
Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación
núm.: 13001-23-31-000-2011-00315- 01(AP), entre otras.
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con la pertinencia de la vinculación procesal de una parte por su posible
responsabilidad en la controversia […]”. (Destacado fuera de texto).
118. En el caso concreto, la Sala destaca que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
expusieron como argumento de los recursos de apelación, la falta de
legitimación material en la causa por pasiva.
119. En la sentencia proferida en primera instancia, el Tribunal consideró
frente a la falta de legitimación en la causa alegada por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, lo siguiente:
“[…] considera la Sala que efectivamente sí se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, debido precisamente a la carga funcional que ha sido
determinada en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tal
como puede apreciarse del artículo 2 del Decreto 3571 de 2011 “Por el cual
se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y
Territorio” […].
De esa manera, las funciones de este ministerio son tan claras respecto de
la prestación del servicio público de agua potable, bajo el principio de
coordinación con las entidades territoriales competentes que sin duda se
encuentran legitimado en la causa por pasiva, especialmente, para
determinar las políticas que garanticen la prestación del servicio en el
Municipio de Piedras, si bien debe ser un trabajo mancomunado con todas las
entidades territoriales, es indispensable que esta cartera ministerial participe
activamente en el diseño de acciones para solucionar la problemática,
especialmente, bajo el aspecto de asistencia técnica a las entidades
territoriales, máxime cuando la problemática es de tan altas dimensiones
ante el riesgo constante en que se encuentran toda la comunidad o
habitantes de un Municipio del País.
Finalmente, si bien es cierto, no existe prueba alguna que determine acción y
omisión directa en la vulneración de los derechos colectivos ante la deficiencia
en la prestación del servicio de agua potable, tal como se advirtió, su
participación en este proceso tiene relación o conexidad con sus
obligaciones legales o funcionales, respecto de la prestación del servicio
de agua potable, entonces, deberá la Sala desestimar las excepciones
propuestas […]”. (Destacado fuera de texto).
120. La Sala considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 2
del Decreto 3571 de 2011, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene
específicas funciones relacionadas con la garantía de la prestación eficiente,
oportuna y en condiciones óptimas del servicio público domiciliario de
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acueducto, tales como: la formulación, dirección y coordinación de las
políticas, planes, programas y regulaciones en materia de agua potable, así
como los instrumentos normativos para su implementación; el diseño y
promoción de programas especiales de agua potable para el sector rural, en
coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial;
definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, y dar
viabilidad a los mismos; y prestar asistencia técnica a las entidades
territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios
públicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector.
121. En consecuencia, de acuerdo con las funciones asignadas al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Sala considera que no prospera el
argumento relacionado con la falta de legitimación material por pasiva alegada
por la mencionada cartera ministerial, dado que, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, tiene obligaciones
sustanciales que se involucran con el objeto del litigio, esto es, con la
prestación eficiente, oportuna y en condiciones óptimas del servicio público
domiciliario de acueducto.
122. En referencia al argumento de falta de legitimación material en la causa
por pasiva propuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, la Sala destaca las siguientes consideraciones realizadas por
el Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia:
“[…] En cuanto a esta entidad, tal como la misma lo identificó claramente en su
contestación no hay duda que de conformidad con los artículos 79 y 81 de
la Ley 142 de 1994 y el artículo 629 del Decreto 1575 de 2007, la
Superintendencia es la encargada de iniciar las investigaciones
administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las personas
prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano
por incumplimiento de las disposiciones del presente decreto y en los
actos administrativos que lo desarrollen, sin perjuicio de la competencia
de la autoridad sanitaria en dicha materia.
Por consiguiente, cuando existe una violación de las normas de control y calidad
de agua por parte de los prestadores del servicio, impone el deber a la
Superintendencia de iniciar la investigación administrativa correspondiente e
imponer las sanciones a que haya lugar, sin perjuicio de las responsabilidades
de las autoridades sanitarias.
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En ese sentido, conforme a todo el material probatorio que fue allegado
precisamente por la misma Superintendencia de Servicios Públicos, se puede
observar varias acciones correspondientes a la verificación del Registro Único
de Prestadores – RUPS, inspecciones y vigilancia en la calidad de agua que es
suministrada por el prestador comunitario Asociación Comunitaria de usuarios
del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las Cabras y el Municipio
de Piedras en su calidad de prestador directo (veredas Chicalá – Manga de
Rodríguez), todas estas acciones como consecuencia de varias quejas de los
ciudadanos que aquí actúan como coadyuvantes, incluso, los informes de la
Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima ante las
irregularidades evidenciadas no solo por la comunidad sino por los
coadyuvantes, sin embargo, de este mismo material probatorio se puede
concluir que a pesar de todos los requerimientos y exigencias de planes
de acciones y corrección para disminuir el porcentaje de riesgo de la
calidad del agua solicitados por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, dicha problemática no se solucionó, pues si bien habían
épocas de mejoramiento, la tendencia era de las alteraciones en la calidad
del agua que preocupantemente concluyó la Superintendencia se está
presentando en la zona rural del Municipio de Piedras, por lo que las
medidas que tomó la superintendencia no fueron suficientes ni tampoco
eficaces para hacer cumplir al prestador comentario (sic) y el Municipio de
Piedras los estándares de calidad que se requieren para el suministro de
agua debidamente potabilizada, inclusive, a pesar de ser reiterada no solo las
medidas de control interno de potabilización del agua, la ausencia de reportes,
la superintendencia no inició ninguna investigación sancionatoria ni
contra el prestador comunitario ni contra el municipio de Piedras.
Bajo ese contexto, considera la Sala que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios no solo debía continuar con los requerimientos, los
cuales como se probó no tuvieron efecto alguno, pues continuó el
desmejoramiento en la calidad del agua, sino que, debió iniciar acciones
administrativas de control, es decir, investigaciones y sus
correspondiente sanciones, máxime cuando eran reiteradas las quejas
presentadas, por lo que esta omisión ante la complejidad del asunto
permitió que los prestadores continuaran con el incumplimiento en la
prestación del servicio, es más, era claro que no se cumplían los
protocolos establecidos para la toma de las muestras de vigilancia de la
calidad del agua, mecanismo por medio del cual la Superintendencia podía
efectuar las revisiones, situación que exigía no solo las visitas, sino una
inspección con fines a evaluar la gestión financiera, técnica y
administrativa o para determinar en qué condiciones se prestaba el
servicio de agua potable, pero han transcurrido 6 años desde que se inició la
problemática presentados varias quejas reiteradas, sin que, se tomaran los
correctivos sancionatorios necesarios, pues ante las visitas y plan de acciones,
no se surtieron los efectos de la mejora del servicio de acueducto.
De allí que, esta entidad omitió realmente el cumplimiento de sus funciones,
quedándose en simples requerimientos que no tuvieron el efecto esperado, y si
bien es cierto, no tiene relación directa con la prestación del servicio, es
incuestionable concluir que su competencia y funciones permiten efectuar un
control y vigilancia mucho más estricto, e inclusive, una verdadera intervención
con fines a que se apliquen las medidas temporales para prestar el servicio
agua potable, mientras se desarrollan los trámites de planificación, viabilización,
aprobación y ejecución de las obras de construcción necesarias para solucionar
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la problemática en la zona rural del Municipio de Piedras, por lo que se
ordenarán medidas para que dicha entidad proceda de conformidad con sus
competencias y funciones […]”. (Destacado fuera de texto).
123. La Sala considera que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios tiene específicas funciones en materia de inspección, vigilancia
y control sobre los prestadores de servicios públicos domiciliarios que
suministren o distribuyan agua para el consumo humano cuando quiera que
incumplan la normativa que regula la protección y control de la calidad del agua
para el consumo humano, en los términos previstos en el artículo 6 del decreto
1575 de 2007.
124. En este orden de ideas, la Sala considera que no le asiste razón a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al invocar la falta de
legitimación material en la causa por pasiva, cuando en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, está obligada a
investigar y sancionar a las personas que presten el servicio público
domiciliario de acueducto, situación relacionada con el objeto de la acción
popular de la referencia.
Sobre la competencia de las entidades accionadas para cumplir las
órdenes impartidas en la sentencia proferida en primera instancia
125. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio señaló en el recurso de
apelación que carecía de competencia para hacer seguimiento a los contratos
que celebren las entidades territoriales con las empresas de servicios públicos.
Asimismo, sostuvo que el proyecto denominado “[…] Construcción del Plan
Maestro del Centro Poblado de Doima, Municipio de Piedras, Tolima […]”, no
había sido presentado ante el mecanismo de viabilización del Ministerio. Por
lo que, luego de exponer las normas que regulan las funciones de la entidad
solicitó entre otras cosas, revocar el ordinal séptimo de la sentencia proferida
en primera instancia, en el cual se ordenó lo siguiente:
“[…] SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
para que asista técnicamente a las entidades territoriales y al prestador de
servicio público comunitario, para los planes de acciones determinados, así
como, para la construcción de la segunda fase o etapa 2 del proyecto
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denominado “Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima,
Municipio de Piedras, Tolima.”, ante el Mecanismo Departamental para la
presentación, viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico del Departamento del Tolima, así como, en los
demás trámites necesarios para consolidar la ejecución de dicha obra.
Igualmente, para determinar los planes de acción temporales de los numerales
segundo, tercero, y cuarto de esta providencia, para garantizar la prestación del
servicio público de agua potable en la zona rural del Municipio de Piedras […]”.
126. La Sala considera que no es posible acceder a la solicitud de revocar el
ordinar transcrito, toda vez que como se expuso líneas arriba el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio tiene específicas funciones relacionadas con la
garantía de la prestación eficiente, oportuna y en condiciones óptimas del
servicio público domiciliario de acueducto; sin embargo, la Sala modificará la
orden judicial en el sentido de precisar que corresponde a la precitada Cartera,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
brindar asistencia técnica al Municipio de Piedras y a la Asociación
Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y
Las Cabras, para la elaboración de los estudios técnicos que permitan mejorar
la prestación del servicio público domiciliario de acueducto en el área rural del
Municipio y, específicamente, en las veredas mencionadas, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
127. La Sala resalta que los demás argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio están
directamente relacionados con la falta de legitimación material en la causa por
pasiva y con la falta de competencia de la entidad para cumplir lo ordenado en
la sentencia apelada y, comoquiera, que estos dos argumentos ya se
analizaron, la Sala considera innecesario hacer razonamientos adicionales.
128. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el argumento de falta de
competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
para cumplir las órdenes impartidas en primera instancia, la Sala destaca que
dicha entidad solicitó modificar la sentencia apelada en el sentido de precisar
que las funciones de la Superintendencia se limitan a la inspección, vigilancia
y control, por lo que no le corresponde disponer de recursos para la realización
de las obras necesarias para mejorar la prestación del servicio de acueducto
en condiciones óptimas en las veredas referidas del Municipio de Piedras.
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129. La Sala considera que le asiste razón a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y, en consecuencia, modificará los ordinales
segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo de la sentencia proferida por el
Tribunal en primera instancia, con el objeto de precisar la función de
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia, tal como se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
130. Lo anterior, se acompasa con la jurisprudencia reiterada de esta
Sección en la que se ha considerado lo siguiente58:
“[…] De lo anterior se desprende que, el marco jurídico que rige las funciones
de la SSPD, particularmente los artículos 75 y 79 de la Ley 142 de 1994, el
artículo 6 del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 4716 de 2010,
circunscribe su intervención al ámbito de las prestadoras formalmente
constituidas y sujetas al régimen legal de los servicios públicos
domiciliarios. En ese contexto, la vigilancia que ejerce la entidad no recae
de manera general sobre toda forma de suministro o distribución de agua,
sino sobre quienes tienen la calidad legal de prestadores del servicio
público.
Así, tratándose de una asociación comunitaria que opera de manera informal y
sin registro ante el RUPS, la SSPD carece de competencia para imponerle
obligaciones, requerimientos o sanciones, pues no se encuentra dentro del
universo de sujetos vigilados.
Por tanto, si bien la SSPD tiene potestad sancionatoria respecto de
prestadores formales que incumplan las disposiciones del Decreto 1575
de 2007 o las normas técnicas sobre calidad del agua, no puede extender
sus funciones de control a organizaciones comunitarias no registradas, ni
asumir tareas operativas o de supervisión directa sobre la prestación del
servicio, sin desbordar el marco legal que delimita su actuación.
En consecuencia, la Sala reitera el criterio jurisprudencial según el cual la
SSPD no tiene competencia para supervisar la prestación directa de los
servicios públicos domiciliarios, ni para asumir responsabilidades en la
operación, administración o ejecución material del servicio, funciones que
son propias del municipio y de los prestadores formalmente constituidos
[…]”. (Destacado fuera de texto).
131. En todo caso, la Sala precisa que la función de supervisión que ejerce
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios recae exclusivamente
sobre asociaciones comunitarias o prestadores de servicios públicos
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
diciembre de 2025, CP. Carlos Fernando Mantilla Navarro, número único de radicación:
660012333000202100052-01.
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domiciliarios que se encuentren formalmente inscritos en el Registro Único de
Prestadores de Servicios Públicos– RUPS.
132. En referencia a los argumentos expuestos por el Departamento del
Tolima en el recurso de apelación, la Sala destaca las consideraciones del
Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia para fundamentar la
competencia del Departamento en las órdenes que le fueron impartidas. Al
respecto el Tribunal consideró lo siguiente:
“[…] La Sala considera sin duda alguna que el Departamento del Tolima
también tiene una función principal dentro de esta problemática, ante la
evidente falta de capacidad institucional, administrativa, técnica y
financiera del Municipio de Piedras, pues según los artículos 298 y 300 de
la Constitución le fue asignada plena autonomía para la administración de los
asuntos seccionales, de planificación y promoción del desarrollo económico y
social dentro de su territorio, especialmente, la posibilidad de expedir a través
de las asambleas departamentales, disposiciones para apoyo financiero y
crediticio a los municipios, al igual que, le fue encomendado funciones de
orden administrativo, de coordinación y complementariedad de la acción
municipal, siendo aquel intermediario entre la Nación y los Municipios para la
prestación de los servicios que le han sido encomendados. Así mismo, de
conformidad con el artículo 288 Constitucional, las competencias atribuidas a
los distintos niveles territoriales las ejercen conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
[…]
[…] es importante que la Secretaría de Salud Departamental continúe con
el proceso de vigilancia y control de la calidad de agua suministrada por
la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas,
Campo Alegre y las Cabras y por el mismo Municipio de Piedras en su condición
de prestador directo de este servicio para las veredas de Chicalá – Manga de
los Rodríguez, tal como lo determina el artículo 8 del Decreto 1575 de 2007
por medio del cual se estableció “Sistema para la Protección y Control de
la Calidad de Agua para Consumo Humano”, pues es esta la autoridad la
que emite la certificación sanitaria anualmente, así como, la que genera el
control a través de laboratorio de la calidad del agua, lo cual será reportados
luego a las centrales de información para que la Superintendencia de Servicios
públicos proceda con dichos controles a los prestadores.
Entonces, el Departamento del Tolima si bien no es la autoridad principal
que debe garantizar la prestación del servicio público del agua, pues es
responsabilidad del Municipio de Piedras y de la Asociación Comunitaria
de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las
Cabras, también lo es que, las funciones que le asiste al Departamento
son de carácter administrativas, de coordinación y complementariedad,
especialmente, en asuntos técnicos, financieros y administrativos
necesarios para cumplir el cometido de garantizar la prestación del
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servicio de agua potable a todos los habitantes de las zonas rurales del
Municipio de Piedras, Tolima […]”. (Destacado fuera de texto).
133. La Sala destaca que la competencia del Departamento en materia de
prestación de servicios públicos domiciliarios es consecuencia de los principios
de coordinación, subsidiaridad y complementariedad que rigen el ejercicio de
las funciones de los municipios.
134. En este sentido, el artículo 288 de la Constitución Política establece que
“[…] [l]as competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley […]”. Asimismo, el artículo
298 de la Constitución Política señala que los departamentos ejercen
funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación
de los servicios que determine la ley.
135. El artículo 4 de la Ley 136 de 1994 prevé que las autoridades municipales
deberán coordinar su actuación con la de otras entidades estatales de
diferentes niveles en virtud del principio de coordinación; la Nación, las
entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán,
en forma transitoria y parcial, a las entidades de menor desarrollo
económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
demuestren la imposibilidad de ejercerlas debidamente, de acuerdo con
el principio de subsidiariedad; y los municipios podrán hacer uso de
mecanismos de asociación, cofinanciación o convenios para perfeccionar o
complementar los servicios a su cargo, de conformidad con el principio de
complementariedad.
136. Los numerales 2 y 3 del artículo 7 de la Ley 142 de 1994, relacionados
con los servicios públicos domiciliarios, establecen que es competencia de los
departamentos apoyar financiera, técnica y administrativamente a las
empresas de servicios públicos que operen en el ente territorial o a los
municipios que hayan asumido su prestación directa, así como organizar
sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos.
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137. El artículo 3 de la Ley 1176 de 27 de diciembre de 200759, prevé que es
competencia de los departamentos concurrir a la prestación de los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico mediante la promoción,
estructuración e implementación de los esquemas regionales; así como
promover, coordinar y financiar la operación de esquemas regionales de
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
138. En el mismo sentido, los parágrafos 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 1977
de 24 de julio de 201960, prevén que los departamentos, en el marco de sus
competencias, darán asistencia técnica a los distritos y municipios,
directamente o a través de un mecanismo que se diseñe para ello, para
que puedan cumplir con la responsabilidad de proveer el servicio de
acueducto, como garantes de la prestación del servicio. Además, los
departamentos deben contribuir a facilitar la coordinación de los proyectos de
prestación de estos servicios públicos en los municipios.
139. Ahora bien, las competencias comunes de los municipios y
departamentos en relación con los servicios públicos domiciliarios deben
ejercerse con sujeción al principio de concurrencia, con el objeto de cumplir
los fines esenciales del Estado Social de Derecho. Para el efecto, las entidades
deberán celebrar convenios o acudir a cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades
y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
140. La Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
normativa expuesta, ha ordenado a los departamentos que brinden apoyo
financiero, técnico y administrativo a los municipios para la prestación de los
servicios públicos domiciliarios.
141. Esta Corporación mediante providencia proferida el 4 de abril de 2019,
adicionó un auto que decretó una medida cautelar, en el sentido de ordenar al
59
“Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
60
“Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable
y saneamiento básico”.
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Departamento de Santander que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, brinde apoyo financiero y técnico a la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija EMPULEBRIJA E.S.P. y al
Municipio de Lebrija para que aseguren el suministro de agua potable de forma
continua61.
142. La Sección Primera, en la sentencia proferida el 8 de febrero de 2018,
consideró que el a quo atendió los principios constitucionales y legales que
rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios al ordenarle al
departamento demandado realizar gestiones administrativas, presupuestales,
de contratación y de ejecución destinadas a poner en funcionamiento un
sistema que permita suministrar agua potable a una comunidad; además,
precisó lo siguiente:
“[…] La Sala no encuentra improcedente que el Tribunal Administrativo
de Casanare haya optado por mantener vinculado al Departamento de
Casanare para efectos del cumplimiento del fallo de primera instancia,
por las siguientes razones: i) por la incertidumbre acerca de la capacidad
del Municipio de Pore para financiar de manera autónoma el sistema de
provisión de agua potable para la Vereda Alatamira; ii) dada a importancia del
grupo de derechos colectivos y fundamentales vulnerados; iii) atendiendo la
intensidad de su afectación por la carencia de agua potable; y iv) en razón de
que por las funciones constitucionales y legales que le asisten al departamento
de Casanare en cuanto a la prestación de servicios públicos domiciliarios, el
juez popular, en virtud de su obligación de garantizar el goce efectivo de los
derechos e intereses colectivos, debe tomar las medidas idóneas para hacer
cesar el agravio y/o remover la amenaza o el peligro de los mismos […]”62
143. La Sala considera que las anteriores referencias normativas y
jurisprudenciales son suficientes para concluir que el Departamento del Tolima
es competente para garantizar la prestación eficiente y oportuna, en
condiciones de salubridad, del servicio público domiciliario de acueducto, de
la comunidad rural del Municipio de Piedras, precisando que el principal
responsable es el precitado Municipio en su jurisdicción pero que, en
virtud del principio de complementariedad de la acción municipal, el
Departamento tiene precisas competencias y está llamado a responder en
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 4 de abril de
2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 680012333000201701159-01.
62
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de febrero
de 2018, C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés, núm. único de radicación 85001-23-33-000-2015-
00146-01.
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procura de garantizar los derechos e intereses colectivos de la comunidad de
las veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga
de los Rodríguez del Municipio de Piedras, por lo que el argumento del
Departamento relacionado con su falta de competencia no tiene vocación de
prosperidad.
144. Adicionalmente, frente al argumento consistente en que el Municipio no
invocó la falta de recursos económicos, la Sala reitera que el principal obligado
a garantizar la prestación eficiente y oportuna del servicio de acueducto de la
referida comunidad es el Municipio de Piedras y que el Departamento del
Tolima, tiene obligaciones subsidiarias y complementarias, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias.
145. Asimismo, en lo referente a la imposibilidad de cumplir lo ordenado, en
razón a que el Municipio no ha tramitado la concesión de aguas subterráneas
ante CORTOLIMA, la Sala considera que el argumento no prospera, toda vez
que precisamente las órdenes de la sentencia contienen instrucciones
impartidas al Municipio y a la autoridad ambiental, con el objeto de efectuar el
trámite ambiental requerido.
146. Respecto a los argumentos esgrimidos por CORTOLIMA, relacionados
con la falta de competencia para el cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia de primera instancia, la Sala destaca las consideraciones expuestas
por el Tribunal para fundamentar las órdenes impartidas a la entidad. El
Tribunal consideró lo siguiente:
“[…] Dentro de la situación fáctica expuesta en la demanda y las pretensiones
elevadas, claramente se observa que la autoridad ambiental no tiene
relación de conexidad con la vulneración de los derechos colectivos
invocados, no obstante, considera la Sala que no debe desvincularse dicha
entidad, debido a que sí tendrá relación directa o deberá intervenir en la
solución definitiva de la problemática aquí expuesta sobre la prestación
del servicio de agua potable conforme a sus funciones y competencias,
toda vez que, según se extrae la Asociación Comunitaria de usuarios del
acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las Cabras deberá presentar
solicitud para contar con la concesión de aguas, tal como lo indicó la
Secretaría de Salud Departamental en su informe del 16 de mayo de 2023 […].
Circunstancia que también fue reiterada por esa entidad de vigilancia y control
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) en el plan de acción que
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determinó el 14 de julio de 2023, en donde indicó que tenía la asociación
comunitaria el compromiso de “Presentación de la solicitud ante la autoridad
ambiental obtener la concesión de aguas.”
En esa medida, se requiere de una participación activa y prioritaria de la
autoridad ambiental para finalmente expedir la concesión de aguas que se
requiere para finalizar la ejecución de los proyectos de los acueductos rurales
del Municipio de Piedras, con el fin de garantizar la prestación del servicio de
agua potable, razón suficiente para concluir que deberán emitirse ordenes sobre
este particular […]”.
147. La jurisprudencia de esta Sección, relativa a la competencia de las
Corporaciones Autónomas Regionales en materia de servicios públicos
domiciliaros ha sostenido lo siguiente:
“[…] De esta normativa se desprende que las corporaciones autónomas
regionales no son prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, ni
les corresponde ejecutar obras orientadas a la operación o ampliación de
redes de acueducto para la prestación directa del servicio, pero sí están
habilitadas para ejecutar o cofinanciar obras de infraestructura de carácter
ambiental que contribuyan a la protección, conservación, recuperación o
descontaminación de los recursos naturales asociados al ciclo del agua y al
saneamiento básico.
En esa dirección, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido
reiteradamente que las autoridades ambientales pueden participar en la
ejecución de obras de infraestructura, siempre que su finalidad esté
relacionada con la defensa, protección o recuperación del medio ambiente
y los recursos hídricos, y no con la prestación directa del servicio público
domiciliario.
Así lo reconoció la sentencia de 16 de mayo de 2019, en la que se indicó que
las corporaciones autónomas regionales «tienen competencia para la ejecución
de obras que permitan garantizar el saneamiento ambiental», lo cual comprende
el diseño y ejecución de proyectos destinados al tratamiento de aguas
residuales y a la preservación de la calidad del agua. De igual manera, en
sentencia de 11 de julio de 2019, la Sección reiteró que las funciones de las
corporaciones no se limitan a la vigilancia ambiental, pues comprenden también
la ejecución, administración y operación de proyectos y obras de infraestructura
en coordinación con las entidades territoriales, orientadas a la protección y
recuperación del ambiente.
Bajo ese marco, la Sala considera que la Carder no tiene competencia para
asumir ni cofinanciar directamente obras cuya finalidad exclusiva sea la
continuidad operativa o ampliación del servicio de acueducto, pues ello
equivaldría a participar en la prestación del servicio público domiciliario, lo cual
está expresamente proscrito por el parágrafo del artículo 22 de la Ley 1450 de
2011.
Por tanto, la intervención de la Carder se limitará a aquellas obras e inversiones
que guarden relación directa con la protección ambiental, la recuperación del
recurso hídrico y el saneamiento básico, mas no con la operación,
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mantenimiento o administración del sistema de acueducto comunitario […]”.
(Destacado fuera de texto).
148. La Sala destaca que en la sentencia apelada se impartieron las
siguientes órdenes a CORTOLIMA:
“[…] SEXTO: ORDENAR Municipio de Piedras, a la Asociación Comunitaria
de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las
Cabras y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA,
que dentro de dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, adelante en forma coordinada y conjunta desde el ámbito de sus
competencias las gestiones administrativas para (sic) que sean necesarias para
establecer un plan de acción con compromisos a corto y mediano plazo para
que se tramite la concesión de aguas que es necesaria para los acueductos
rurales del Municipio de Piedras (veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las
Cabras, Chicalá y Manga de los Rodríguez).
Establecido lo anterior, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas en
un plazo no mayor a 4 meses a partir de la determinación del plan de acción
anterior.
Este plan de acción debe estar debidamente relacionados (sic) y conectado con
las necesidades, compromisos y acciones determinadas con los planes de
acciones ordenados en los numerales segundo y tercero de esta providencia
[…]”.
“[…] DÉCIMO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Tolima
– CORTOLIMA, para que asista, apoye y gestione en forma prioritaria y urgente
todas las solicitudes de permisos, autorizaciones y aprobaciones que eleven las
entidades Municipio de Piedras, Departamento del Tolima, a la Asociación
Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo
Alegre y las Cabras y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Tolima EDAT S.A. E.S.P., para la ejecución de obras determinadas en los
planes de acción que se generaran como consecuencia de esta decisión judicial
[…]”.
“[…] DÉCIMO TERCERO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el comité de
verificación del cual harán parte el Alcalde del Municipio de Piedras o su
delegado, el Gobernador del Tolima o su delegado, el representante legal de la
Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas,
Campo Alegre y Las Cabras, el gerente o el delegado de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., el Director o
delegado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, el
Viceministro o Delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Superintendente o delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Personero Municipal
de Piedras o su Delegado, el Procurador Judicial II Ambiental y Agraria para el
Tolima, y el Magistrado Ponente […]”.
149. La Sala considera que los ordinales décimo y décimo tercero se ajustan
a las competencias de CORTOLIMA como autoridad ambiental; sin embargo,
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resulta necesario modificar el ordinal sexto, toda vez que se está imponiendo
a la autoridad ambiental la realización de un plan de acción a corto y mediano
plazo para el trámite de la concesión de aguas y, adicionalmente, se está
determinando un plazo de 4 meses para la expedición del mencionado permiso
ambiental, lo cual desborda el marco de acción del juez de la acción popular,
toda vez que existe un procedimiento administrativo reglado para los trámites
y permisos ambientales y, específicamente para obtener concesiones de agua,
por lo que se ajustará la orden precisando que corresponde al Municipio de
Piedras y a la Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y Las Cabras, en caso de que aún no lo hayan hecho,
presentar ante CORTOLIMA la solicitud de concesión de aguas subterráneas
o el trámite ambiental que corresponda para garantizar la prestación eficiente,
oportuna y salubre de agua potable en las veredas mencionadas del Municipio
de Piedras, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
150. Finalmente, se resalta que en el recurso de apelación de CORTOLIMA
se transcribieron apartes de una jurisprudencia de unificación, la cual no fue
identificada por la entidad, por lo que la Sala se abstendrá de realizar
consideraciones sobre esa cita, teniendo en cuenta que era carga de la entidad
apelante identificar debidamente la jurisprudencia que utiliza como sustento
del recurso de apelación.
Sobre las órdenes relacionadas con aspectos contractuales
151. La Sala destaca que al juez de la acción popular le está vedado intervenir
en asuntos propios de los contratos que celebra la administración. Al respecto,
esta Sección ha sostenido lo siguiente63:
“[…] la intervención del juez de la acción popular en la ejecución de
prestaciones contractuales para la protección de los derechos colectivos
debe observar máxima prudencia y estar acompañada de la
argumentación suficiente, pues, de lo contrario, podría implicar la
modificación de lo pactado entre las partes, para lo cual carece de
competencia. Además, el juez de los derechos colectivos debe visualizar que
la interferencia en las etapas secuenciales del iter contractual, puede tener
implicaciones en la responsabilidad contractual y, por ende, incidir en lo que
63
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 26 de febrero de
2026, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 2500023370002000190479-15.
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Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
llegue a considerar y resolver el juez del contrato […]”. (Destacado fuera de
texto).
152. La Sala observa que en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada se ordenó lo siguiente:
“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del
Tolima, a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y las Cabras, y a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., que dentro los dos (02)
meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en forma
coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – plan de
acción - para que se reciban y pongan en operación las obras civiles que
fueron realizadas como consecuencia del Contrato Nro. 2 del 2018 sobre
la “CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO
CENTRO POBLADO DOIMA ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, respecto del acueducto que atiende la zona
rural de Doima, Las Villas, Campo Alegre, y Las Cabras.
Establecido lo anterior, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas
en un plazo no mayor a 4 meses a partir de la determinación del plan de
acción anterior.
Advierte la Sala que todo el trámite antes descrito para poner en
funcionamiento las obras civiles del contrato Nro. 2 de 2018, no podrán
superar los 6 meses contados a partir de la ejecutoría de la presente
decisión […]”.
153. La Sala considera que aunque el asunto objeto de la controversia no
versó sobre temas de naturaleza contractual, la orden impartida en el ordinal
segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada, sí puede tener
incidencias en materia contractual, por lo que la Sala, de manera oficiosa,
modificará dicha orden, con el objeto de suprimir lo relacionado con la
obligación de recibir y poner en operación la obra civil realizada como
consecuencia del contrato 2 de 2018 y, en su lugar, se adoptará la fórmula que
el Tribunal utilizó en el ordinal tercero de la sentencia proferida en primera
instancia, esto es, que las entidades accionadas garanticen la prestación del
servicio de agua potable en la zona objeto de protección constitucional, en
condiciones de calidad y continuidad exigidas, especialmente, las acciones,
adquisición de elementos y lo que sea necesario para mejorar los procesos de
control interno de la calidad de agua en la red de distribución del acueducto,
tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
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52
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154. Asimismo, la Sala considera necesario modificar las órdenes impartidas
en los ordinales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia
apelada, con el objeto de seguir la jurisprudencia de esta Sección64 en la que
en casos similares, se ha ordenado la elaboración de estudios técnicos, en los
cuales se fije el cronograma para la adopción de medidas de corto, mediano y
largo plazo que permitan solucionar la vulneración de los derechos e intereses
colectivos relacionados con la adecuada prestación del servicio público
domiciliario de acueducto en zonas rurales en condiciones de calidad,
permanencia y eficiencia.
155. Así las cosas, se modificarán los precitados ordinales en el sentido de
precisar que, en el plazo de 2 meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, debe elaborarse un estudio técnico en el cual, las autoridades
obligadas, identificarán las fuentes de financiación que garantizarán la
protección de los derechos colectivos y adoptarán un cronograma de trabajo
de las medidas de corto, mediano y largo plazo que permita solucionar la
presente problemática judicial.
156. La Sala destaca que los plazos que se establezcan en el mencionado
estudio técnico serán objeto de seguimiento por parte del comité de
verificación y se entenderán incorporados a la presente sentencia. En todo
caso, las medidas determinadas deberán ser ejecutadas en un plazo no mayor
a un (1) año a partir de la elaboración del estudio técnico mencionado.
157. Finalmente, la Sala precisa que las referencias a los planes de acción
realizadas por el Tribunal en la parte resolutiva de la sentencia apelada, deben
interpretarse de manera armónica con la orden de elaboración de los estudios
técnicos que se imparte en esta providencia.
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de mayo
de 2026, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 73001-23-33-000-2022-
00028-01
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Sobre el comité de verificación
158. La Sala considera que es necesario modificar el ordinal décimo tercero
de la sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de precisar que
corresponde al Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Tolima
presidir el Comité de Verificación, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
Conclusiones
159. La Sala modificará las órdenes impartidas en la sentencia proferida en
primera instancia de acuerdo con las consideraciones expuestas en
precedencia y confirmará en lo demás la providencia apelada.
160. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales
1 y 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar
en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,
séptimo, octavo y décimo tercero de la sentencia proferida el 3 de abril de 2025
por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:
“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del
Tolima, a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima,
Las Villas, Campo Alegre y las Cabras, y a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que dentro los dos
(02) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en
forma coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – estudio
técnico - para que el acueducto del centro poblado de Doima y las veredas Las
Villas, Campo Alegre y las Cabras preste el servicio de agua potable en
condiciones de calidad y continuidad exigidos, especialmente, las acciones,
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adquisición de elementos y lo que sea necesario para mejorar los procesos de
control interno de la calidad de agua en la red de distribución de este acueducto.
En dicho estudio las autoridades deberán identificar las fuentes de financiación
que garantizarán la protección de los derechos colectivos, así como adoptar un
cronograma de trabajo de las medidas de corto, mediano y largo plazo que
permitan solucionar la presente problemática judicial. Esos plazos serán objeto
de seguimiento por el comité de verificación y se entenderán incorporados a la
presente sentencia. En todo caso, las medidas determinadas deberán ser
ejecutadas en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la elaboración del
estudio técnico mencionado.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del Tolima
y a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A.
E.S.P., en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, que dentro los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, adelanten en forma coordinada y a través de un trabajo
conjunto todas las gestiones administrativas, presupuestales y financieras que
sean necesarias – estudio técnico - para que el acueducto de la zona rural de
Chicalá – Manga de los Rodríguez, preste el servicio de agua potable en
condiciones de calidad y continuidad exigidos, especialmente, las acciones,
adquisición de elementos y lo que sea necesario para mejorar los procesos de
control interno de la calidad de agua en la red de distribución de este acueducto.
En dicho estudio las autoridades deberán identificar las fuentes de financiación
que garantizarán la protección de los derechos colectivos, así como adoptar un
cronograma de trabajo de las medidas de corto, mediano y largo plazo que
permitan solucionar la presente problemática judicial. Esos plazos serán objeto
de seguimiento por el comité de verificación y se entenderán incorporados a la
presente sentencia. En todo caso, las medidas determinadas deberán ser
ejecutadas en un plazo no mayor a un (1) año a partir de la elaboración del
estudio técnico mencionado.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del Tolima,
a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las
Villas, Campo Alegre y las Cabras, y a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que dentro de un (1)
mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, adelante en forma
coordinada y conjunta desde el ámbito de sus competencias las gestiones
administrativas, presupuestales, financieras y contractuales para que se
establezca un plan de acción temporal para garantizar la prestación del servicio
de agua potable en la zona rural del Municipio de Piedras (veredas Doima, Las
Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga de los Rodríguez), mientras
se da cumplimiento al numeral segundo y tercero de la presente providencia, es
decir, mientras se ejecutan los planes de acción para la prestación efectiva del
servicio de agua potable en calidad y con la continuidad respectiva.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Piedras, al Departamento del Tolima,
a la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las
Villas, Campo Alegre y las Cabras, y a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P., en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, que dentro los tres
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(03) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, adelanten en
forma coordinada y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias – plan de
acción - para que se actualice la segunda fase o etapa 2 del proyecto
denominado “Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima,
Municipio de Piedras, Tolima”.
De llegar a negarse el concepto de actualización y aprobación del proyecto
antes anunciado, las entidades demandadas deberán en forma coordinada y a
través de un trabajo conjunto en un plazo de tres (03) meses siguientes a la
fecha de la evaluación del Mecanismo Departamental, proceder con las
correcciones que sean necesarias y presentar dentro de este mismo plazo
nuevamente el proyecto para que sea evaluado por el Mecanismo
Departamental para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento básico del Departamento del Tolima.
Una vez viabilizado y aprobado dicho proyecto, las entidades deberán en el
término de seis (06) meses contados a partir de la evaluación positiva de dicho
proyecto, proceder con las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras que sean necesarias para que se emitan los permisos, concesiones,
autorizaciones, y aprobaciones, se desarrollen los trámites precontractuales y
contractuales que se determinen.
Luego, establecido el contratista, deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 12
meses a partir de la suscripción del contrato respectivo.
Advierte la Sala que todo el trámite antes descrito para la segunda fase
“Construcción del Plan Maestro del Centro Poblado de Doima, Municipio de
Piedras, Tolima.”, no podrá superar los 24 meses contados a partir de la
ejecutoría de la presente decisión.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de Piedras y a la Asociación Comunitaria
de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas, Campo Alegre y las
Cabras, que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, dentro de dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, si aún no lo han hecho, inicien el trámite para la concesión
de aguas subterráneas o cualquier otro trámite ambiental necesario para el
adecuado funcionamiento de los acueductos rurales del Municipio de Piedras
(veredas Doima, Las Villas, Campo Alegre, Las Cabras, Chicalá y Manga de los
Rodríguez).
SÉPTIMO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, brinde asistencia técnica al Municipio de Piedras y a la
Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas,
Campo Alegre y Las Cabras, quienes prestan el servicio público domiciliario de
acueducto en las referidas veredas, así como en las veredas Chicalá y Manga
de los Rodríguez, en la elaboración de los estudios técnicos que permita mejorar
la prestación en condiciones sanitarias óptimas del suministro de agua potable.
OCTAVO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, proceda con sus funciones de control y vigilancia respecto de
la Asociación Comunitaria de usuarios del acueducto de Doima, Las Villas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
Campo Alegre y las Cabras y del Municipio de Piedras como prestador
directo del acueducto de Chicalá y Manga de los Rodríguez, en forma
periódica, inclusive, si es necesario se inicien las acciones de control
(investigaciones – sanciones), respectivas […]”.
“[…] DÉCIMO TERCERO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los
términos previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el comité de
verificación del cual harán parte el Magistrado Sustanciador del Tribunal, quien
lo presidirá; el alcalde del Municipio de Piedras o su delegado; el gobernador
del Departamento del Tolima o su delegado; el Representante Legal de la
Asociación Comunitaria de Usuarios del Acueducto de Doima, Las Villas,
Campo Alegre y Las Cabras; el gerente o el delegado de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima EDAT S.A. E.S.P.; el director o
delegado de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA; el
viceministro o delegado del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el superintendente o delegado de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; el Personero Municipal
de Piedras y el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 3 de abril de
2025 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5
de agosto de 1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 73001-23-33-000-2019-00080-01
Accionante: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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