Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00848-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 68001-23-33-000-2015-00848-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción popular
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-33-000-2015-00848-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-33-000-2015-00848-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
6 de julio de 2018
ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO / VULNERACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO DE ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA / PROTECCIÓN DE FUENTE HÍDRICA CANALIZADA ARTIFICIALMENTE DERIVADA DE CAUCE NATURAL COMO BIEN DE USO PÚBLICO - Cañada la florida / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CAÑADA FLORIDA DE BUCARAMANGA - Entidades responsables
[L]os elementos probatorios que reposan en el expedientes no demuestran que alguna de las partes haya adelantado las obras de canalización de la cañada ni su antigüedad; no obstante, no se trata de un bien de propiedad de un particular debido ya que: i) se encuentra demostrado que la tubería canaliza las aguas de la Cañada Florida –fuente hídrica- lo que encuadra en el concepto de aguas de uso público (…) y ii) la cañada no nace y muere en la misma heredad (…) Así entonces, la Sala advierte que un recurso hídrico canalizado artificialmente que se derive de un cauce natural y que no nazca y muera en la misma heredad, es un bien de uso público que no forma parte de las redes matriz o local de alcantarillado (…) Así las cosas (…) no puede asimilarse a una estructura de la red de alcantarillado pues no está diseñada para comportarse como tal, máxime por cuanto al momento de otorgar la disponibilidad del servicio público de alcantarillado a la Unidad Residencial Bonaparte, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. distinguió entre la Cañada como tal para la disposición de aguas lluvias y el interceptor para vertimiento de aguas residuales domésticas (…) En ese sentido, la Sala se aparta del criterio del Tribunal que consideró que la Cañada Florida se integró al sistema matriz de alcantarillado (…) En ese orden de ideas, dado que la Sala determinó que no serían aplicables las normas de la red de alcantarillado a la Cañada Florida (…) corresponde abordar el estudio de la responsabilidad de los sujetos demandados (…) se tiene que al Municipio de Floridablanca le asiste responsabilidad sobre los hechos aducidos en la demanda y acreditados en el plenario, puesto que: i) está llamado a proteger las corrientes de agua pertenecientes al espacio público, ii) adelantar las obras que se requieran para el progreso local procurando la seguridad y salubridad públicas y iii) promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales proyectos de defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua; obligaciones que fueron desatendidas por esta autoridad en lo que respecta a la Cañada Florida (…) Asimismo, al Municipio le corresponde ejercer vigilancia y control del medio ambiente y los recursos naturales renovables y con ello velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental, obligación que también fue desconocida por el Municipio de Floridablanca en este caso, como quiera que la construcción de la Unidad Residencial Bonaparte sobre la cañada canalizada debió sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental respectiva (…) En lo que respecta a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB (…) no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por esa entidad, dado que le asiste la obligación legal de ejecutar las obras para la regulación de cauces y corrientes de agua, en este caso de la Cañada Florida, incluso en coordinación con la administración municipal de Floridablanca (…) la Sala observa que (…) incurrió en una conducta omisiva respecto de las precitadas obligaciones legales que le asisten frente al mantenimiento y conservación de la Cañada Florida
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RESIDENCIAL SOBRE TRAMO DE CAÑADA FLORIDA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL - Omisión de realizar asilamiento de tubería y conservación del drenaje natural de la cañada / AFECTACIÓN DE CAÑADA LA FLORIDA - Por inundación
[N]o está acreditado que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.- EMPAS S.A. E.S.P. haya actuado en detrimento de los derechos colectivos de los habitantes de la Unidad Residencial Bonaparte (…) A su turno, Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. participó en el riesgo generado por el mal estado de la cañada puesto que no adelantó las obras de asilamiento que oportunamente fueron recomendadas por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.- EMPAS (…) por lo que el agente de riesgo sigue presente y, de permanecer en esas condiciones, eventualmente, puede colapsar en otros puntos de su recorrido con los correspondientes perjuicios que ello puede ocasionar, por lo que la vinculación de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. al presente asunto como extremo pasivo del litigio se encuentra plenamente justificada y, en esa medida, la ausencia de legitimación en la causa no está llamada a prosperar. En tales condiciones, se tiene las actuaciones de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. coadyuvaron en el riesgo de colapso de la cañada y, de esa forma, participó en la afectación de los derechos colectivos
FUENTE FORMAL: DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO DE 1992 / DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 1948 - ARTÍCULO 25 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 9 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 78 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 334 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 365 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 366 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 5 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 1 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 9 / LEY 93 DE 1993 - ARTÍCULO 1 - NUMERAL 1 / LEY 99 DE 1993 / LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 677 / LEY 1801 DE 2016 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 4 / LEY 1801 DE 2016 - ARTÍCULO 139 / LEY 1222 DE 2007 - ARTÍCULO 32 / LEY 9 DE 1979 / DECRETO 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 80 / DECRETO 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 83 / DECRETO 1541 DE 1978 - ARTÍCULO 7 / DECRETO 1541 DE 1978 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 087 DE 2006 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - ARTÍCULO 23
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP)
Actor: UNIDAD RESIDENCIAL BONAPARTE
Demandado: MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y OTROS
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Floridablanca, la constructora Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –en adelante VISSA S.A.S.- y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –en lo sucesivo EMPAS S.A.- contra la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por la Unidad Residencial Bonaparte.
ANTECEDENTES
La demanda
1. La Unidad Residencial Bonaparte –propiedad horizontal-, actuando por conducto de apoderado especial, en el marco del artículo 88 de la Constitución Política, de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 y de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presentó demanda contra la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y el Municipio de Floridablanca, a quienes considera responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, debido a la inundación que se presentó en el sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte como consecuencia de la ruptura de una tubería que transporta aguas lluvias y se ubica por debajo de esa construcción.
Pretensiones
2. El actor propone las siguientes pretensiones:
“[…]
1- Declarar que los residentes de la Unidad Residencial Bonaparte del municipio de Floridablanca están siendo afectados y amenazados en sus derechos colectivos a la seguridad, salubridad pública, el goce de un ambiente sano, y el derecho a acceder a una infraestructura de servicios públicos que garantice el ejercicio de tales derechos.
2- Declarar y decretar responsables a la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. (EMPAS S.A.), CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (C.D.M.B.) y al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA –Secretaría de Planeación Municipal –por la violación de los mencionados derechos e intereses colectivos
CONDENAS
1- Se ordene a la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. (EMPAS S.A.), CORPORACIÓN PARA AL DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (C.D.M.B) y al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA –Secretaría de Planeación Municipal – que dentro del término judicial señalado por su Despacho, hagan cesar la amenaza, el peligro, la contingencia de vulneración o agravio a los derechos e intereses colectivo con motivo de los taponamientos e inundaciones que la Cañada Florida causa al alcantarillado y la Unidad Residencial Bonaparte del municipio (sic) de Floridablanca.
2- Ordenar a la EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. (EMPAS S.A.) CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (C.D.M.B.) y al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA –Secretaría de Planeación Municipal – implantar un sistema de drenaje de la dela (sic) Cañada Florida y el desvío de las aguas del alcantarillado hacia el centro de la vía, estos a la calle quinta del Municipio de Floridablanca, a fin de evitar que se repita una inundación en la Unidad Residencial Bonaparte o en alguno de los conjuntos residenciales aledaños y una nueva vulneración de derechos colectivos de los residentes.
3- Ordenar a las accionadas realizar todas las obras y trabajos necesario para una adecuada infraestructura de servicios públicos que impida que la Cañada Florida vuelva a ocasionar taponamiento, obstrucción o daños al alcantarillado, especialmente en la zona que cae a la autopista de Floridablanca a Bucaramanga, aledaña al conjunto habitacional demandante-
4- Condenar en costas a las accionadas.
[…]”
Presupuestos fácticos
3. Los hechos en los que se fundamenta la acción son los siguientes:
4. La sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. adelantó el proyecto urbanístico denominado Unidad Residencial Bonaparte, en la calle 5 # 2-51 del Municipio de Floridablanca, el cual consta de dos torres conformadas por 116 apartamentos y 4 locales comerciales.
5. Los planos para la iniciación del proyecto y la finalización de la obra fueron aprobados por las autoridades competentes y en lo que respecta a las redes de alcantarillado estas fueron “recibidas” y “aprobadas” por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P.
6. Al costado oriental de la Unidad Residencial Bonaparte se encuentra la Cañada Florida cuyo cauce, en época de lluvias fuertes, transporta: escombros, madera, material vegetal, piedras residuos de basura, entre otros.
7. La mencionada cañada se encuentra parcialmente canalizada en algunos de los predios que atraviesa su recorrido; precisamente a la altura del Conjunto Residencial Bonaparte se conecta con la tubería de concreto simple construida por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB, hace 30 años, aproximadamente, y se ubica en un sector que pasa bajo la estructura correspondiente a la bahía vehicular de un solo nivel en el acceso a la Unidad Residencial Bonaparte.
8. El día 2 de marzo de 2014 se presentó una fuerte lluvia en el Municipio de Floridablanca, Santander, obstruyendo el sistema de alcantarillado que recibe las aguas de escorrentía provenientes de la Cañada Florida; ello conllevó la ruptura de la tubería de concreto simple que pasa por debajo de la bahía vehicular de la Unidad Residencial Bonaparte levantando el piso del sótano número 3 e inundando el sector.
9. El nivel del agua alcanzó una altura promedio de 1.30 metros a partir del nivel -8.76 en el sótano 3, impidiendo su acceso por el líquido y el lodo que ingresaron a ese lugar, lo cual afectó varios vehículos que estaban aparcados en el sótano, incluyendo la pérdida total de algunos de ellos; de igual manera, se vieron afectados bienes comunes de la copropiedad tales como el ascensor, la planta eléctrica, contactores, un transformador, una bomba sumergible y otros bienes que se encontraban en ese lugar.
10. El precitado sótano permaneció inundado hasta el día 4 de marzo de 2014, fecha en la que el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca culminó las labores de evacuación del agua acumulada empleando motobombas y, en ese lapso, los habitantes estuvieron privados de los servicios públicos de agua y luz.
11. Debido a la gravedad de las circunstancias previamente relatadas, los ingenieros que atendieron el siniestro recomendaron efectuar estudios estructurales, topográficos y geotécnicos para verificar o descartar que el terreno se haya debilitado, al igual que daños en la estructura de la unidad residencial. Dichos estudios se llevaron a cabo y arrojaron como resultado la ausencia de fallas estructurales.
12. La Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Floridablanca suscribió el acta de 20 de marzo de 2014 en la que se dejó constancia de las averiguaciones y trámites pertinentes realizados luego de la emergencia que se presentó en la Unidad Residencial Bonaparte.
13. Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. llegó a la conclusión de que la inundación se produjo como consecuencia de aguas lluvias externas al Conjunto, provenientes del lote vecino, ubicado en el costado oriental de la Unidad Residencial así como el taponamiento, en dos sitios, de la “tubería del alcantarillado” construida por la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, cuyo cuidado y conservación están a cargo de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P.
14. Las lluvias se presentaron de nuevo el día 19 de junio de 2014, ocasión en la que se inundó el área frente a los locales comerciales situados al exterior de la Unidad Residencial Bonaparte provocando el ingreso de líquido por el acceso vehicular principal.
15. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. informó a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte que el estado de la tubería era crítico y que ameritaba una reposición del tramo total para un normal funcionamiento.
16. La Cañada Florida también pasa por debajo de los Conjuntos Residenciales Quintas de Florida y del lote vecino situado al oriente, en este último se anunció el proyecto de viviendas denominado “Brizza Apartamentos”, y termina su recorrido sobre la autopista que conduce de Floridablanca a Bucaramanga.
17. El sótano 3 se inundó nuevamente el 5 de julio de 2015 debido al ingreso de aguas lluvias por la tubería de la Cañada Florida.
18. La parte demandante presentó peticiones a las autoridades demandadas el 17 de junio de 2015, por medio de las cuales les solicitó que adoptaran las medidas necesarias para solucionar la problemática en mención y, de paso, proteger los derechos colectivos invocados, frente a lo cual la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, aseguró que el asunto es de competencia de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P., mientras que está última indicó que la canalización parcial no forma parte del sistema de alcantarillado pluvial y tampoco es propiedad del prestador del servicio público de alcantarillado. A su turno, el Municipio de Floridablanca guardó silencio respecto de la solicitud promovida por la parte accionante.
Actuaciones en la primera instancia
19. La Magistrada conductora del proceso, en la primera instancia, mediante providencia proferida el 11 de agosto de 2015 admitió la acción popular contra la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y el Municipio de Floridablanca, Santander y dispuso notificar a las entidades demandadas mediante mensaje enviado al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 y el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2015, así como a la Procuraduría 158 Judicial II para Asuntos Administrativos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; de igual manera, ordenó que se surtiera el trámite correspondiente al traslado de la demanda en los términos del artículo 22 de la Ley 472, para que las autoridades que conforman el extremo pasivo del litigio procedieran a su contestación, propusieran excepciones, solicitaran pruebas y allegaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas.
20. La Magistrada sustanciadora, en la primera instancia, mediante auto de 23 de octubre de 2015, dispuso vincular al presente asunto en calidad de demandados a la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca y a la constructora Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S., y ordenó surtir el trámite de traslado de la demandan en los términos del artículo 53 (sic) de la Ley 472.
21. La Magistrada conductora del proceso, en la primera instancia, mediante auto de 29 de febrero de 2016 dispuso tener como pruebas documentales aquellas aportadas por las partes; de igual forma, decretó las pruebas documentales que fueron solicitadas por los extremos en litigio; sin embargo, negó el decreto de los testimonios solicitados por las partes y, de oficio, decretó un peritaje en los siguientes términos:
“[…] a la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga para que rindiera un PERITAJE sobre:
(i) La ubicación del colector o tubería de aguas lluvias ubicado en la cañada la “florida” contigua a la Unidad Residencial Bonaparte ubicada en la calle 5 No. 2-51 de Floridablanca, debiendo indicar si este pertenece a la red pública de alcantarillado o a la red privada del edificio;
(ii) El estado estructural actual del mismo actual del mismo (sic), indicando si es funcional en su uso;
(iii) si en la actualidad se desarrolla algún proyecto urbanístico cercano que se vaya a conectar a la red pública del sector. […]”.
Intervenciones de las entidades accionadas
22. Las entidades accionadas se manifestaron respecto de las pretensiones y hechos de la demanda de la siguiente manera:
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P.
22.1. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., por conducto de apoderada especial, manifestó que el objeto social de la empresa se contrae a la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado; sin embargo, en cuanto a las estructuras a cargo de la recolección y conducción de aguas lluvias y de escorrentía de las vías, su conservación y mantenimiento son de competencia del operador vial y/o de la autoridad municipal. Por ello, señala que existe la obligación de verificar en cada caso particular a qué empresa se le otorgó la concesión respectiva.
22.2. Aseguró que, según lo dispuesto en la Ley 142 de 11 de julio de 1994 y sus decretos reglamentarios 302 de 25 de febrero de 2000 y 229 de 11 de febrero de 2002, el urbanizador y/o constructor debe surtir los trámites establecidos por la empresa de alcantarillado, a saber: i) solicitar la disponibilidad del servicio de tal forma que la empresa estudie la viabilidad técnica para incorporar las aguas servidas al sistema de alcantarillado público, administrado y operado por ella; ii) otorgada la disponibilidad de servicio, el urbanizador y/o constructor debe presentar el proyecto de alcantarillado para las respectivas revisión y aprobación; iii) en el evento de que el proyecto sea aprobado, se da inicio a las obras por parte del interesado, bajo la supervisión de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. y su posterior recibo para ser incorporadas dentro de la infraestructura pública de redes, salvo las que no se encuentren en vía pública y no dispongan de la servidumbre el caso y iv) verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y recibidas las obras, se procede a realizar la vinculación como usuarios del servicio de alcantarillado y se emite concepto a la empresa de acueducto para que surta el procedimiento requerido en dicha entidad.
22.3. Afirmó que, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. se encarga de adelantar el mantenimiento y reposición de las redes públicas que han sido entregadas a la empresa para su administración y operación; no obstante, el mantenimiento y/o reposición de las redes internas del proyecto urbanístico y las que se encuentran ubicadas al interior del conjunto, les competen a los usuarios.
22.4. Señaló que, de acuerdo con los artículos 63 y 64 de la Ley 675 de 3 de agosto de 2001, las unidades inmobiliarias cerradas se constituirán por los administradores de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal llamados a integrarla, y que lo soliciten por lo menos un número no inferior al 80% de los propietarios. Obtenida la licencia urbanística, los propietarios, con ese mismo porcentaje, podrán acordar someterse al régimen de propiedad horizontal, aprobando los estatutos respectivos.
22.5. Indicó que, según lo señalado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-265 de 2002, el hecho de existir cerramiento y portería controlada que limita el acceso a cualquier ciudadano que no resida en el sector, constituye las vías de la urbanización en vías privadas, lo que imposibilita a la empresa a ingresar para adelantar cualquier tipo de mantenimiento sobre el sistema de alcantarillado ya sea pluvial o de aguas residuales.
22.6. Aseguró que las redes locales de la Unidad Residencial Bonaparte se consideran privadas, “[…] por el solo hecho de no encontrarse en una vía pública entendida como todo camino de uso público abierto al tráfico en general que pueda ser utilizado para transitar por él […]”.
22.7. Narró que la disponibilidad del servicio de alcantarillado fue otorgada mediante oficio con número de radicación 003887 de 23 de mayo de 2008, oportunidad en la que se indicó que existían dos alternativas a considerar: i) “[…] revisando las condiciones hidráulicas y la capacidad de la conducción existente sobre la cañada, si existe capacidad adicional, se puede realizar la entrega […]” y ii) “[…] entregar las aguas lluvias conduciéndolas hasta el Box Coulvert existente en la autopista Floridablanca […]”, adicionalmente se indicó que “[…] por estar la cañada canalizada en conducto cerrado dentro del predio a construir se hace necesario prever un aislamiento mínimo de 4 m considerado a lado y lado del eje central del ducto […]”.
22.8. Aclaró que, las redes de alcantarillado que se aprobaron y recibieron por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. corresponden a las redes públicas; en cuanto a las redes internas del conjunto por tratarse de una unidad residencial cerrada, precisó que el mantenimiento y reposición corresponde a los usuarios del mismo.
22.9. Explicó que en el acta de recibo definitivo se encuentra plasmado que “[…] el mantenimiento de las redes que quedan dentro del conjunto cerrado se han por cuenta del urbanizador o de la Administración del Edificio Unidad Residencial “BONAPARTE”, siendo recibidos los siguientes tramos que corresponde a la parte externa del conjunto […]”.
22.10. Expuso que, por tratarse de una cañada canalizada en conducto cerrado ubicada dentro del predio a construir, se le recomendó al constructor prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto, lo cual no fue respetado ni se llevó a cabo el mantenimiento correspondiente lo que provocó el colapso de la red y la consecuente inundación del sótano del edificio.
22.11. Aseguró que la red de alcantarillado del sistema pluvial no es una red construida por la empresa operadora del sistema del alcantarillado, pues consideró que esta conducción de aguas de escorrentía fue elaborada por personal ajeno a la entidad, el cual encauzó el agua proveniente de la cañada existente.
22.12. Informó que el estado de la tubería es crítico lo cual amerita una reposición del tramo total para un normal funcionamiento; sin embargo, que ello no le corresponde a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P.; esta situación se le puso en conocimiento a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte mediante oficio núm. Empas 00015275 de 22 de octubre de 2014.
22.13. Destacó que una vez que la entidad tuvo conocimiento de la problemática presentada en el sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte, investigó la posible causa de la situación y encontró que existía una tubería de concreto de 24” de diámetro, instalada en el pasado “posiblemente” por el propietario del predio, para dar continuidad a la Cañada Florida que venía desde la parte alta del sector.
22.14. Resaltó que las filtraciones que se pueden presentar en los sectores colindantes obedecen a las condiciones del subsuelo de cañada y debieron ser tenidas en cuenta por el constructor en su momento.
22.15. Señaló que la tubería debió ser construida de manera artesanal y no es una estructura operada por la empresa como quiera que su función fue darle continuidad al drenaje de una cañada natural, donde convergen las aguas lluvias en su condición normal.
22.16. Consideró que no le asiste legitimación en la causa por pasiva como quiera que no obra material probatorio que demuestre que la entidad tiene responsabilidad sobre los hechos objeto de controversia aunado a que el marco normativo que regula la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado no prevé la obligación de esta frente al mantenimiento y/o reposición de las estructuras al interior de un conjunto cerrado, dado que se trata de una unidad privada.
22.17. Estimó que no ocurrió una falla en la prestación del servicio como quiera que ello no fue demostrado por la parte demandante.
22.18. Finalmente, solicitó que se vinculara al presente asunto a la Curaduría Urbana núm. 1 del Municipio de Floridablanca, autoridad que expidió la licencia de construcción para la Unidad Residencial Bonaparte; la constructora Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S., que llevó a cabo el mencionado proyecto y a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Floridablanca.
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB
22.19. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, mediante apoderado especial, indicó que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. es la entidad encargada de la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado definido en el artículo 14 de la Ley 142 como la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.
22.20. Agregó que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. otorga disponibilidades de servicio de alcantarillado –punto de conexión al sistema- a aquellos predios o proyectos que se encuentran dentro del perímetro de servicio y, de igual manera, lleva a cabo la revisión de las redes sanitarias y desagües internos de los proyectos multifamiliares o para áreas construidas superiores a 500 metros cuadrados.
22.21. Aclaró que el proyecto urbanístico Bonaparte se localizó sobre un tramo de la cañada canalizada por un particular para su beneficio; infraestructura perteneciente a particulares y que no forma parte de la infraestructura pública de alcantarillado, situación por la que el constructor debió evaluar la capacidad hidráulica de la infraestructura debido a los riesgo que implicaba edificar sobre ella, así como justificar su permanencia y mantenimiento o, de ser el caso, rectificarla por fuera del proyecto a desarrollar.
22.22. Explicó que la curaduría urbana debió revisar todos los estudios presentados por el constructor y verificar que cumpliera con la normativa urbanística así como lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, especialmente lo relacionado con las normas geotécnicas de control de erosión.
22.23. Expuso que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga no es competente para evaluar, aprobar o recibir los proyectos de los servicios públicos domiciliarios, dado que ello le corresponde a la empresa respectiva.
22.24. Afirmó que esa entidad no es competente para otorgar licencias de construcción, motivo por el cual no revisa ni aprueba los estudios geológicos, geotécnicos, de suelos, estructurales, hidráulicos, sanitarios, entre otros, puesto que ello le corresponde a la Curaduría Urbana y el seguimiento al cumplimiento de la licencia de construcción es una facultad de la administración municipal en los términos del artículo 63 del Decreto 1469 de 30 de abril de 2010.
22.25. De acuerdo con los argumentos previamente esbozados, la entidad formuló como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva.
22.26. Concluyó su defensa solicitando la vinculación como extremo pasivo del litigio a la Constructora Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S.
El Municipio de Floridablanca
22.27. El Municipio de Floridablanca, actuando por conducto de apoderado especial, manifestó que la Oficina Asesora de Planeación Municipal no tiene asignada la función de ejecución de obras de infraestructura o prestación de servicios públicos.
22.28. Relató que, en virtud de los hechos referidos en la demanda, se verificó la existencia de un expediente referente a las actividades adelantadas por esa entidad territorial, en el cual reposa un oficio dirigido a la Defensoría del Pueblo de fecha 28 de abril de 2014, acompañado de un informe técnico elaborado por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, con ocasión del cual se recomendó a la Unidad Residencial Bonaparte contratar una firma o empresa idónea para que lleve a cabo un estudio técnico estructural y se le informó que la administración municipal gestionó una reunión extraordinaria en la que se determinó que Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. adelantaría las obras de contingencia y definitivas.
22.29. Aseguró que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. intervino en la coordinación de las operaciones de infraestructura y, a su turno, la sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. ejecutó las obras dentro del bien común.
22.30. Sostuvo que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. advirtió que, pese al acompañamiento técnico que prestó, lo cierto es que al contratista le asiste la responsabilidad sobre las obras de contingencia para cualquier otra eventualidad que surja producto de la construcción de la Unidad Residencial Bonaparte respecto de la canalización de la Cañada Florida.
22.31. Propuso como excepciones la “[…] inexistencia de vulneración de derechos colectivos por parte del Municipio de Floridablanca y la falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.
22.32. Finalmente, solicitó que se vincule a Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. por ser la constructora de la Unidad Residencial Bonaparte.
El Curador Urbano número 1 de Floridablanca
22.33. El Curador Urbano número 1 de Floridablanca, a través de apoderado especial, contestó la demanda indicando que carece de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que los proyectos urbanísticos desarrollados por la sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. no fueron licenciados por este, como quiera que para el momento en que se concedió la licencia respectiva no ejercía dicho cargo.
22.34. Explicó que el Curador Urbano es un particular que ejerce funciones públicas, por la cual sus actuaciones se rigen por los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y lo regulado en el Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015, cuya responsabilidad es personal, en tanto las curadurías urbanas carecen de personería jurídica y, por ello, solicitó que se desestimen los argumentos y pretensiones formuladas por la parte demandante.
Vivienda Industrializada de Santander S.A.S –VISSA S.A.S.
22.35. Vivienda Industrializada de Santander S.A.S –VISSA S.A.S., mediante apoderado especial, propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva por estimar que la responsabilidad por la falla en las obras de alcantarillado y protección de las fuentes hídricas le corresponde a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB.
22.36. Señaló que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., de forma expresa, aceptó su responsabilidad por lo ocurrido al comprometerse, a manera de colaboración, a adelantar los estudios hidráulicos respectivos que suministren una solución definitiva a la problemática que se presentó con la Unidad Residencial Bonaparte, relacionada con la continuidad de la canalización de la cañada florida, y sobre la cual fue construido el proyecto urbanístico; así como para determinar los recursos requeridos para la realización de las obras a que hubiera lugar, los cuales podrían gestionarse ante el ente municipal.
22.37. Aseguró que dio cumplió la reglamentación existente, presentó los planos que fueron aprobados, ejecutó las obras conforme a estos y a las recomendaciones realizadas por las autoridades respectivas.
22.38. En ese sentido, propuso la excepción de “[…] inexistencia de imputación frente a VISSA S.A.S., por los hechos ocurridos con ocasión de las inundaciones […]”, alegando que el descuido en las labores de mantenimiento de las cañadas no es imputable a la constructora como lo reveló el estudio realizado por la firma E.D. Ingeotecnia S.A.S. Continuando con sus argumentos de defensa, formuló la excepción de “[…] violación del principio de confianza legítima en cabeza de las entidades estatales […]”, por cuanto la vinculación de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. al presente asunto carece de sustento y, por ende, no es posible endilgarle responsabilidad sobre las circunstancias fácticas del caso concreto imponiéndole cargas adicionales que no fueron previstas en el licenciamiento concedido por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. en lo que se refiere al servicio público de alcantarillado.
La audiencia de pacto de cumplimiento
23. Esta audiencia tuvo lugar el 24 de febrero de 2016, con la asistencia del apoderado de la parte demandante, la Representante Legal de la Unidad Residencial Bonaparte, el apoderado y el Representante Legal de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S., la apoderada de Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., la apoderada especial de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, el apoderado especial del Municipio de Floridablanca, la apoderada especial del Curador Urbano número 1 de Floridablanca y la Procuradora Judicial número 158 delegada ante el Tribunal Administrativo de Santander. El Tribunal declaró fallida la audiencia debido a la ausencia de ánimo conciliatorio.
La sentencia impugnada
24. El Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia de 9 de noviembre de 2016, decidió:
“[…]
Primero. Declarar la falta de legitimación para obrar en este proceso de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y de Oscar Javier Vanegas Carvajal.
Segundo. Declarar vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y salubridad públicas, al goce de un ambiente sano pues (sic) y la acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los residentes de la Unidad Residencial Bonaparte, por parte del (sic) EMPAS S.A. E.S.P., VISSA S.A.S. y el Municipio de Bucaramanga (sic), según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Ordenar a la EMPAS S.A. y a VISSA S.A.S. a realizar: (i) un estudio técnico, dentro de los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, que indique la intervención necesaria que se le debe dar a la tubería que recorre por la cañada Florida en la zona en la que está ubicada la Unidad Residencial Bonaparte para que no produzca daños a sus residentes, (ii) el resultado de este estudio deberá ser ejecutado dentro de los dos (02) meses siguientes, por estos demandados. Parágrafo. El Municipio de Floridablanca deberá participar en la financiación de la medida de intervención que resulte del estudio técnico, con recursos del Sistema General de Participaciones.
Cuarto. Denegar las demás pretensiones.
Quinto. Condenar en costas a favor del actor popular al EMPAS S.A. E.S.P., VISSA S.A.S. y al Municipio de Floridablanca, Las agencias enderecho se liquidarán por auto separado. Liquídense las costas en la Secretaría de la Corporación.
Sexto. Una vez en firme este proveído, archívese el expediente, previa las anotaciones en el Sistema Justicia (sic).
[…]”. (Resaltado y mayúsculas sostenidos del original).
25. El Tribunal Administrativo de Santander estimó que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva estuvo llamada a prosperar únicamente frente a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB y al señor Curador Urbano núm. 1 de Floridablanca, como quiera que la primera “[…] no es la autoridad ambiental urbana en todos los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga, y siendo coincidentes los sujetos procesales que la problemática asomada por el actor popular se presente en el área urbana de Floridablanca, es claro que la CDMB carece de competencia territorial […]” y, en lo que respecta al segundo, adujo que “[…] en relación al Curador, se recuerda que es un particular que desempeña funciones públicas de allí que solo pueda responder por sus actos; y en el presente caso se tiene que las licencias de Urbanismo-Construcción Nº 68276-1-07-005 del 09 de mayo de 2008 y de modificación –ampliación Nº68276-1-09-0107 del 29 de septiembre de 2010, fueron expedidas por persona diferente al señor Vanegas Carvajal, quien no puede asumir la responsabilidad por decisiones que él no profirió […]”.
26. Consideró que las partes fueron imprecisas en lo que respecta a la calificar las condiciones de la tubería que provocó inundaciones en los meses de marzo de 2014 y julio de 2015 dado que sobre ella se afirma que pertenece a la red pública de alcantarillado –argumento esgrimido por la parte demandante, Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. y el Municipio de Floridablanca – mientras que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. asegura que es una red interna de alcantarillado y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB indica que se trata de un curso natural de agua que fue canalizado sucesivamente por tuberías y se emplea como alcantarillado.
27. Señaló que, pese a que se ordenó al Área Metropolitana de Bucaramanga la elaboración de un dictamen pericial para establecer si la tubería pertenece a una red primaria o secundaria de alcantarillado, la información suministrada por dicha entidad únicamente puso de presente que se desconocía quien construyó el tramo de canalización de drenaje de la cañada Florida y que al parecer no era continuo al sistema de alcantarillado ubicado en las vías públicas.
28. Sostuvo que la mencionada incertidumbre se despeja entendiendo que su pertenencia a la red secundaria y/o interna implicaría que su construcción se llevó a cabo por el urbanizador del conjunto Bonaparte; sin embargo, no hay elementos probatorios que respalden esa hipótesis.
29. Adujo que existen indicios según los cuales la tubería en comento era preexistente a la edificación de la Unidad Residencial Bonaparte, haciendo referencia a la información suministrada por el Subgerente de Alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., mediante oficio núm. 003887 de 23 de mayo de 2008, según el cual se otorgó disponibilidad del servicio de alcantarillado para las aguas residuales domesticas al interceptor sanitario Cañada Florida, documento que, a criterio del A quo, demuestra que no fue construida por Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -S.A.S. -VISSA S.A.S.
30. Aclaró que, si bien no era posible determinar el sujeto que construyó la tubería de la cañada Florida lo cierto es que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., autorizó el depósito de aguas residuales a ella, de manera que la integró a la red primaria de alcantarillado que esa entidad administra.
31. Señaló que la tubería a que se hace referencia tiene grietas y está obstruida, situación que impide continuar con su evaluación y amerita la reposición del tramo total para un normal funcionamiento, situación que revela la vulneración de los derechos colectivos invocados teniendo en cuenta que puede taponarse y acumular agua, cuya fuerza puede provocar la ruptura de la tubería o que el líquido se devuelva y corra sobre la vía pública, socavar el terreno ubicado por encima de la cañería y que el agua se acumule formando focos de infecciones, resaltando que el primero de los eventos ya ha acaecido.
32. Afirmó que la reposición del trazado corresponde a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y al Municipio de Floridablanca –a través de financiación-, pues desconocieron sus obligaciones legales, omisión que es la fuente de la afectación de los intereses colectivos invocados por el actor.
33. Indicó que, de conformidad con el acta de entrega definitiva de alcantarillado separado del edifico Unidad Residencial Bonaparte, suscrita el 14 de julio de 2010, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y el constructor acordaron que el mantenimiento de las redes ubicadas al interior del conjunto cerrado se haga por cuenta del urbanizador o de la administración del edifico y que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. estaba exenta de responsabilidad alguna respecto de la construcción de la red de alcantarillado local que se entregó; no obstante, dichos acuerdos no enervan la aplicación del Decreto 3050 de 2013, toda vez que no se refieren a aspectos disponibles por los particulares, además la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. no es el titular de los derechos colectivos agraviados por lo que no era dable que dispusiera sobre ellos y eludiera sus responsabilidades legales.
34. Aseguró que el constructor de la Unidad Residencial Bonaparte hizo caso omiso a la advertencia efectuada por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P., relacionada con que la cañada estaba canalizada en conducto cerrado dentro del predio a construir por lo que era necesario que se previera un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto. Indicó que la conducta omisiva tuvo relación con la inundación del sótano 3.
35. Afirmó que a pesar de no tener plena cereza de que la conducta omisiva en que incurrió Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. provocó el siniestro, lo cierto es que ello creó un daño contingente en especial para el derecho colectivo a la salubridad pública, de tal manera que se incrementaron los perjuicios que produjo la ruptura de la tubería.
Recursos de apelación
36. La Sala procede a realizar un resumen de los argumentos expuestos en las impugnaciones presentadas por el Municipio de Floridablanca, la sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. contra la sentencia proferida 9 de noviembre de 2016 por Tribunal Administrativo de Santander.
El Municipio de Floridablanca
36.1. El Municipio de Floridablanca, actuado por conducto de apoderado especial, manifestó que la administración municipal siempre ha estado atenta a los requerimientos relacionados con la emergencia e inundación ocurrida en la Unidad Residencial Bonaparte y al seguimiento constante de la misma, así como a emitir las respuestas a las solicitudes respectivas, todo ello con el objeto de proteger los derechos e intereses colectivos de los propietarios y residentes de esa urbanización.
36.2. Indicó que la Oficina Asesora de Planeación emitió concepto técnico de 14 de agosto de 2015, señalándole a la Administradora de la Urbanización Bonaparte acerca de las diligencias adelantadas y las recomendaciones para llevar a cabo las obras de contingencia, resaltando que las obras tendientes a evitar los taponamientos en el alcantarillado y su posterior inundación, implementar un sistema de drenaje para el desvió de las aguas del alcantarillado hacia el centro de la vía y la adecuación de servicios públicos que impidan que la cañada La Florida vuelva a ocasionar el taponamiento no corresponde al Municipio de Floridablanca.
36.3. Aseguró que dentro del expediente reposan pruebas según las cuales la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. es la encargada de la prestación del servicio público de alcantarillado y la cual otorga disponibilidades del servicio a aquellos predios o proyectos que se encuentren dentro del perímetro; de igual forma señala las recomendaciones y advertencias que oportunamente se hicieron al constructor del proyecto, en lo atingente, no solo a las redes internas, sino al manejo de las aguas lluvias y su punto de disposición final, aislamientos de drenajes y permisos de la autoridad ambiental competente en lo que respecta a la cañada natural.
36.4. Adujo que en la visita efectuada por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. se evidenció que no respetó el aislamiento del conducto cerrado que conduce la cañada, lo cual fue recomendado oportunamente a la constructora, así como tampoco se llevó a cabo el respectivo mantenimiento de la estructura y ello ocasionó el colapso de la red y la inundación del sótano del edificio, lo cual fue asumido por el urbanizador o la administración del edificio.
36.5. Afirmó que Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -S.A.S. -VISSA S.A.S. indicó que el mal funcionamiento de las redes de alcantarillado pluvial que no son de su propiedad ni fueron construidas por esta corresponde y son operadas por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P.
36.6. Manifestó que el proyecto Bonaparte está localizado sobre un tramo de la Cañada Florida que, a su juicio, fue canalizada por un particular para su beneficio propio y no forma parte de la infraestructura pública de alcantarillado. Agregó que debido a esa situación, el constructor debió evaluar la capacidad hidráulica de la Cañada para prever los riesgos que implicarían las edificaciones sobre ella, de igual manera debía justificar la permanencia de la tubería y realizar el mantenimiento correspondiente, si fuera el caso; no obstante, teniendo en cuenta que ninguna de las condiciones se cumplió, el proyecto se construyó sobre esa infraestructura sin que la canalización tuviera la capacidad suficiente, lo cual le fue advertido por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P.
36.7. Precisó que en el expediente reposa copia de la cartografía que sustenta el Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca, en la cual no se encuentra registrada la Cañada Florida y, por consiguiente, el urbanizador del proyecto debió señalarla o identificarla a través del levantamiento topográfico que, a su turno, le correspondía revisar al curador urbano dentro de la licencia de urbanismo y construcción concedida.
36.8. Consideró que la administración municipal no ha vulnerado los derechos colectivos invocados por la parte demandante, adicional a lo cual resalta que no es posible que se le endilguen las funciones de otras autoridades para solucionar el problema que motivó la presente acción, motivo por el cual solicita que se le absuelva aclarando que no le corresponde la financiación y participación del estudio ordenado en primera instancia.
Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. – VISSA S.A.S.
36.9. Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S., a través de apoderado especial, indicó que la sentencia proferida en primera instancia es violatoria del principio de congruencia previsto en el artículo 281 de la Ley 1564, según el cual la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que ese estatuto procesal señala y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley, de tal forma que no podrá condenarse al demandado en cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
36.10. Aseguró que el Tribunal A quo consideró que la tubería cuya ruptura ocasionó la inundación de áreas comunes de la Unidad Residencial Bonaparte pertenece a la red de alcantarillado, concluyendo que está probado que no fue construido por Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. y que EMPAS S.A. E.S.P autorizó el vertimiento de aguas residuales a la cañada colapsada; en consecuencia, es la autoridad encargada de la reparación y mantenimiento de la cañada.
36.11. Sostuvo que en primera instancia se arribó a la conclusión de que Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A. no realizó alguna actuación que contribuyera a la ruptura del tubo que propició las inundaciones del sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte sobre el argumento de que diferentes conceptos técnicos indican que la ruptura se dio por el represamiento de aguas lluvias, debido al material que suele arrastrar muy a pesar que en contra de la advertencia realizada por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P., Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. edificara sobre el terreno por el cual corre la cañada Floridablanca, la ubicación de una construcción sobre el tubo es un riesgo que de materializarse puede afectar también los derechos colectivos de los habitantes de la Unidad Residencial Bonaparte.
36.12. Consideró que el análisis probatorio realizado en primera instancia es contradictorio como quiera que el Tribunal concluyó que existen indicios según los cuales la tubería en comento era preexistente a la edificación, aunado a que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P. otorgó disponibilidad del servicio de alcantarillado para las aguas residuales domesticas del interceptor sanitario Cañada Florida; este documento permitió inferir que el alcantarillado que se reventó y generó la inundación del sótano 3 no fue construido por Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. como parte de la red secundaria o local para la prestación de ese servicio público.
36.13. Concluyó que: i) la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. es la autoridad encargada del mantenimiento de la Cañada Florida; ii) la tubería que colapsó pertenece a la red pública de alcantarillado administrada por esa entidad que, además, autorizó el vertimiento de aguas residuales domésticas a la cañada y iii) que esto se produjo como consecuencia de la falta de mantenimiento, cuidado y limpieza de la cañada, obligación que le asiste en conjunto a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y el Municipio de Floridablanca, por lo que no resulta razonable condenar a Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S.
36.14. Señaló que un juez no puede condenar sin tener plena certeza de los hechos ni apartarse de los hechos probados; aceptar la tesis contraria implicaría la vulneración del derecho al debido proceso.
36.15. Indicó que los particulares no pueden ser obligados a cumplir las obligaciones a cargo de la administración y que no está de acuerdo con que se haya exonerado de responsabilidad a la Corporación Autónoma Regional.
36.16. Finalmente, solicitó que se revisen los términos de ejecución de los estudios y las obras e igualmente se determinen los porcentajes de contribución entre los condenados, en el evento de confirmarse la decisión proferida en primera instancia, dado que se estaría generando una solidaridad de carácter civil que debe provenir de la ley o el contrato pero no de una decisión que carezca de soporte jurídico como aquella que se impugnó.
La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS S.A. E.S.P.
36.17. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, mediante apoderada especial, adujo que si bien el Decreto 3050 de 2013 prevé que el mantenimiento de las redes secundarias de alcantarillado está a cargo de la empresa prestadora del servicio, lo cierto es que Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. omitió las recomendaciones realizadas por la Oficina de Subgerencia de Alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P por medio del oficio núm. 2172 de 30 de abril de 2008.
36.18. Manifestó que la palabra “cañada” significa cauce con caudal temporal u ocasional debido a las lluvias, lo que quiere decir que en época de lluvias el caudal aumenta y, en esa medida, la constructora omitió su deber de cuidado adelantando las obras por su cuenta y riesgo sin tener en cuenta el aislamiento requerido, lo que implica que dicha sociedad está obligada a realizar el estudio técnico ordenado por el A quo, así como ejecutar las obras respectivas, correspondiéndole a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A. E.S.P. únicamente la supervisión y el acompañamiento de esos trabajos como quiera que esa entidad no provocó la situación que trasgredió los derechos colectivos invocados.
36.19. Sostuvo que Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. adelantó la obra desconociendo las normas y recomendaciones técnicas suministradas por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P., por lo que solicitó que se revoque la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, se decida lo que en derecho corresponda.
Actuaciones en segunda instancia
37. El Despacho sustanciador, mediante auto de 4 de septiembre de 2017, admitió los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de: i) Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S.; ii) el Municipio de Floridablanca y iii) la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P. contra la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
38. Posteriormente, el Despacho, por auto de 28 de noviembre de 2017, ordenó correr traslado a las partes para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.
Alegatos de conclusión
39. La Sala observa que en esta instancia procesal, allegaron alegatos de conclusión la sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P.
Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S.
39.1. Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S., mediante apoderado especial, reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda, especialmente, en cuanto consideró que la sentencia proferida en primera instancia es violatoria del principio de congruencia; la ausencia de elementos probatorios que demuestren que la afectación de los derechos colectivos invocados por la parte demandante es atribuible a esa empresa y la condena impuesta resulta excesiva o desproporcionada.
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P.
39.2. La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P., actuando por conducto de apoderada especial, argumenta que, de acuerdo con la documental aportada al proceso, esa entidad adelantó una investigación que reveló que existía una tubería de concreto de 24” de diámetro, instalada en el pasado, “posiblemente” por el anterior propietario del predio de forma artesanal, para dar continuidad a la Cañada Florida que se extendía desde la parte al superior del sector y que colapsó por su obstrucción. Adujo que la mencionada estructura no fue construida ni operada por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., como quiera que su función era dar continuidad al drenaje de una cañada natural, en la que convergen las aguas lluvias en su condición normal.
39.3. Resaltó que sus funciones se restringen a operar y mantener sistemas de alcantarillado ejecutados por el constructor o urbanizador de los respectivos barrios y no guardan relación con construir o reparar las redes locales de alcantarillado según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
39.4. Indicó que se encarga de otorgar las disponibilidades de servicio de alcantarillado -punto de conexión al sistema- a aquellos predios o proyectos que se encuentran dentro del perímetro de servicio; asimismo, adelanta la revisión de las redes sanitarias y desagües internos de los proyectos multifamiliares o para áreas construidas superiores a 500 m2, garantizando que cumplan con la normativa vigente en cuanto a redes internas y conexiones a la infraestructura pública de alcantarillado.
39.5. Relató que, en lo que se refiere a la Unidad Residencial Bonaparte, expidió disponibilidad de servicio, documento en el que se plasmaron las recomendaciones técnicas y advertencias que oportunamente se hicieron al constructor del proyecto en cuanto a las redes internas así como al manejo de las aguas lluvias y su punto de disposición final; de igual manera se efectuaron manifestaciones relativas con el aislamiento de drenajes naturales y permisos ante la autoridad ambiental competente, en lo que respecta a la cañada natural.
39.6. Señaló que en el precitado documento se consignó expresamente la forma en que debió entregarse la infraestructura de aguas lluvias procedentes del conjunto residencial, explicando que, debido a la existencia de la canalización de la cañada en conducto cerrado dentro del predio a construir, se debía prever un asilamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto.
39.7. Expuso que en el acta de recibo definitivo se dejó constancia del acuerdo entre las partes relacionado con el mantenimiento de las redes ubicadas al interior de la Unidad Residencial Bonaparte, según el cual este se efectuaría por el urbanizador o la administración, quienes no lo hicieron así como tampoco se respetó el aislamiento del conducto cerrado que conduce la cañada como lo recomendó se recomendó en su momento, situaciones que provocaron el colapso de la red y la inundación del sótano del edificio.
39.8. Finalmente, consideró que no es responsable de la vulneración de los derechos colectivos invocados lo cual se desprende de la normativa que regula la materia y los elementos probatorios que reposan en el expediente; en ese sentido, solicitó que se revoque la sentencia proferida en primera instancia.
Concepto del Ministerio Público
40. Pese a que el Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación fue notificado en debida forma, no presentó concepto en esta instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la sala
41. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003, sobre la distribución de negocios entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 150 de la Ley 1437, esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, en el trámite de las acciones populares.
42. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a emitir el fallo correspondiente.
Marco normativo y jurisprudencial de la acción popular
43. El artículo 88 de la Constitución Política dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]” (Destacado de la Sala).
44. En desarrollo de la norma constitucional, el legislador expidió la Ley 472 que en su artículo 2º define las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
45. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.
46. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.
47. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó lo siguiente:
“[…]
Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando ello fuere posible.
Por su parte, el artículo 9 de la misma disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares
[…] Esta Corporación ha recalcado que además de que se presente a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana, sino también c) la existencia de la relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses […] Cabe anotar que las acciones populares tienen carácter restitutorio, es decir, buscan, cuando ello fuere posible, volver las cosas al estado anterior a la violación del derecho, toda vez que su objeto radica en proteger de manera efectiva el interés colectivo, razón por la cual corresponde al juez determinar si es posible dicho restablecimiento, porque de no serlo procede una indemnización, teniendo claro que la acción popular no persigue un beneficio pecuniario […] Dentro de este contexto la acción popular se encuentra vinculada estrechamente con el principio de solidaridad consagrado en la Constitución Política, esto es, que constituye un mecanismo por medio del cual los ciudadanos intervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado […] Otra de las características de la acción popular es la relacionada con la autonomía del instrumento judicial.
En efecto, esta Sección ha indicado que esta acción constitucional es autónoma y principal, no es viable que se formulen reparos para su ejercicio, diferentes a los que corresponden a las reglas procesales propias para su admisibilidad (artículo 18 ley 472 de 1998); por consiguiente, no resulta viable, ni legítimo, que se haga pender la admisión de la acción popular de la procedencia o no de otras acciones principales o subsidiarias, por cuanto la acción popular tiene como objetivo específico y puntal el proteger a los derechos o intereses colectivos invocados con la demanda […] Es de resaltar que la acción popular puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica. Empero, ha destacado la Sala que quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es el actor quien en la demanda, fija el litigio […] la Sala encuentra el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el cual permite el decreto de medidas cautelares de oficio o a petición de parte, antes de notificada la demanda o en cualquier estado del proceso, con el propósito de prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiese causado. Aunado a ello, el artículo 26 ibídem, señala que contra el auto que ordena dichas medidas proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser concedidos en el efecto devolutivo… Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas.
[…]”. (Destacado de la Sala).
48. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, finalmente, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al Legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes.
49. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispone el artículo 30 de la Ley 472 y que corresponde al actor popular la carga de acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Planteamiento del problema jurídico
50. De acuerdo con el análisis fáctico y normativo previamente efectuado, la Sala deberá determinar si las autoridades demandadas vulneraron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los residentes de la Unidad Residencial Bonaparte, como consecuencia de la inundación del sótano 3 de ese edificio que se produjo debido al colapso de una tubería que traslada aguas lluvias y que se encuentra ubicado debajo de la estructura edificada, siendo procedente la adopción de medidas para protegerlos como se resolvió en primera instancia; o si, por el contrario, la decisión proferida por el A quo no se acompasa con los elementos probatorios obrantes en el expediente, descartando la vulneración de los derechos colectivos presuntamente conculcados. Y si como consecuencia del análisis, debe revocarse, modificarse o confirmarse la sentencia proferida en primera instancia.
Caso concreto
51. Para efectos de abordar el estudio del caso, la Sala procederá en el siguiente orden: i) se estudiará el marco normativo y jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del goce al ambiente sano y su relación con la protección de las corrientes de agua como bienes de uso público; ii) la salubridad pública como derecho colectivo; iii) el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y, finalmente iv) se procederá a resolver el problema jurídico.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho ambiental como garantía del goce al ambiente sano y su relación con la protección de las corrientes de agua como bienes de uso público
52. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos que hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Rio de Janeiro, adoptada el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y como se establece en su preámbulo, tiene como objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial.
53. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, por un lado, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de la Constitución Política y, por el otro, debido a que el Estado Colombiano los hizo vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral 1.º del artículo 1.º de la Ley 93 de 22 de diciembre de 1993.
54. En efecto, el artículo 1.º ibídem sobre los principios generales ambientales dispone que:
“[…] La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios:
1. El proceso económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo […]”.
55. Ahora bien, en el ordenamiento jurídico interno, el medio ambiente está amparado por lo que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha denominado la “Constitución Ecológica”, esto es, el conjunto de disposiciones contenidas en la Carta Política que fijan los supuestos con fundamento en los cuales debe regularse la interacción entre la sociedad y la naturaleza, con miras a proteger el medio ambiente.
56. Sobre el particular hay más de 30 disposiciones Constitucionales que desarrollan la materia, entre los cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
57. El artículo 334 ibidem señala que el Estado tiene la obligación de intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.
58. A su turno, el artículo 366 de la Carta Política fija como objetivo fundamental de la actividad estatal, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable, ejemplo de ello, el artículo 1.º del Acto Legislativo 4 de 11 de julio de 2007, ordenó que los recursos del Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.
59. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe desde tres perspectivas i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público y, iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de objetivo social.
60. En relación con el medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte Constitucional ha resaltado su importancia “[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer", toda vez que "la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.
61. El marco legal en materia ambiental encuentra sus mediatos orígenes en la Ley 23 de 19 de diciembre de 1973 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974, cuyos artículos 1.° y 2.°, dictan que el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación exigible al Estado y a los particulares y precisan que el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.
62. Más recientemente, la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, “Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, prevé los principios que la política ambiental debe seguir, haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación científica, sin perjuicio de la aplicación del principio de precaución.
63. Concordante con lo expuesto, las corrientes de agua como recurso natural a conservar tiene encuentra su protección como bien de uso público en el ordenamiento jurídico interno, principalmente por mandato de los artículos 63 y 332 de la Constitución Política, que prevén que los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables; de igual manera que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.
64. En desarrollo del artículo 63 antes mencionado, lo referente al dominio de las aguas, se encuentra regulado en el artículo 677 de la Ley 57 de 1887 según el cual “[…] los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios […]”. Lo anterior, con excepción de “[…] las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños […]”.
65. El artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974 previó que, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos conforme a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles; asimismo, el artículo 81 de ese mismo cuerpo normativo instituyó que, en los términos del artículo 667 del Código Civil, sólo se considerarían como aguas del dominio privado aquellas que nacen y mueren en una misma heredad. Adicionalmente, el artículo 83 ibidem determinó que los depósitos naturales de agua y una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado.
66. Al respecto, es necesario aclarar que el artículo 7.° del Decreto 1541 de 1978 precisó que el dominio que ejerce la Nación sobre las aguas de uso público no implica el usufructo como bienes fiscales, sino el control y vigilancia sobre el uso y goce que le corresponde a los particulares. Por su parte, el artículo 17 del mismo Decreto señaló que el dominio privado de las aguas, esto es, el que se ostenta en virtud de un derecho adquirido antes de la entrada en vigencia del Código Civil o de lo establecido en su artículo 677, se debe ejercer como función social y, por lo tanto, sometido a las limitaciones legales impuestas.
67. Por su parte, el artículo 18 del Decreto 1541 de 1978, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22675" \l "0" modificado por el Decreto Nacional 2858 de 13 de octubre de 1981, indica que “[…] De acuerdo con el artículo 81 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 677 del Código Civil, son aguas privadas las que nacen y mueren en una heredad, brotando naturalmente a la superficie dentro de la heredad y evaporándose por completo o desapareciendo bajo la superficie por infiltración, dentro de la misma, y siempre que su dominio probado no se haya extinguido conforme al artículo 82 del Decreto-Ley 2811 de 1974. No son aguas privadas, por tanto las que salen de la heredad o confluyen a otro curso o depósito que sale o se extiende fuera de la heredad de nacimiento […]”.
68. En ese sentido, el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 indica cuáles son las aguas de dominio público, así:
“[…]
Artículo 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:
El álveo o cauce natural de las corrientes;
El lecho de los depósitos naturales de agua;
Las playas marítimas, fluviales y lacustres;
Una faja paralela a la línea de mareas máximas o la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares, y
Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.
[…]”.
69. De igual forma, el artículo 5.º del Decreto 1541 de 1978 se refiere a las aguas de uso público, enlistadas de la siguiente manera:
“[…]
Artículo 5°.- Son aguas de uso público:
Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo permanente o no;
Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural;
Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos;
Las aguas que estén en la atmósfera;
Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas;
Las aguas y lluvias;
Las aguas privadas, que no sean usadas por tres (3) años consecutivos, a partir de la vigencia del Decreto-Ley 2811 de 1974, cuando así se declara mediante providencia del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, previo el trámite previsto en este Decreto, y
Las demás aguas, en todos sus estados y forman, a que se refiere el artículo 77 del Decreto-Ley 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y mueran dentro del mismo predio
[…]”.
70. Ahora, sobre los elementos constitutivos del espacio público, se tiene que el artículo 5.º del Decreto Nacional 1504 de 4 de agosto de 1998, prevé que el espacio público está conformado por el conjunto de unos elementos constitutivos y complementarios, entre los primeros se destacan, las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico del cual hacen parte los elementos naturales […] relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental […]”.
71. Aunado a lo anterior, el artículo 139 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, indica:
“[…] Constituyen espacio público: el subsuelo, el espectro electromagnético, las áreas requeridas para la circulación peatonal, en bicicleta y vehicular; la recreación pública, activa o pasiva; las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y aislamientos de las edificaciones, fuentes de agua, humedales, rondas de los cuerpos de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares; las instalaciones o redes de conducción de los servicios públicos básicos; las instalaciones y los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones; las obras de interés público y los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, paisajísticos y artísticos; los terrenos necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales; los terrenos necesarios de bajamar, así como sus elementos vegetativos, arenas, corales y bosques nativos, legalmente protegidos; la zona de seguridad y protección de la vía férrea; las estructuras de transporte masivo y, en general, todas las zonas existentes y debidamente afectadas por el interés colectivo manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo […]” (Destacado de la Sala).
72. Finalmente, vale decir que la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU -842 de 21 de noviembre de 2013, sobre los elementos constitutivos del espacio público, consideró:
“[…] El espacio público:
[…]
el Constituyente de 1991 amplió la idea tradicionalmente aceptada en los artículos 674 y 678 del Código Civil, teniendo en cuenta que no se limita a los bienes de uso público (calles, plazas, puentes, caminos ríos y lagos) señalados en dicha legislación, sino que se extiende a todos aquellos inmuebles públicos, y a algunos elementos específicos de los inmuebles de propiedad de los particulares, que al ser afectados al interés general en virtud de la Constitución o la ley, o por sus características arquitectónicas naturales, están destinados a la utilización colectiva.
[…] dentro de los elementos constitutivos naturales, en el rubro de áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, figuran:
ii) [Los] Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental;
De lo expuesto se sigue que las calles, andenes, ciclovías, ciclorrutas, rondas hídricas o hidráulicas y las zonas de manejo y preservación ambiental, entre otras, forman parte del espacio público, y que los humedales están constituidos jurídicamente como bienes de uso público de especial protección ecológica […]” (Destacado de la Sala).
73. Sobre el mismo aspecto, el Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:
“[…] Por su parte, el artículo 5 de la Ley 9 de 1989 prescribe que, al margen del dominio público o privado, las fuentes de agua y sus franjas de retiro son constitutivas del espacio público y, por lo tanto, la defensa de su integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual puede ser solicitada por cualquier persona a través del ejercicio de acciones populares. Estas disposiciones fueron precisadas posteriormente en el Decreto 1504 de 1998 en el cual se consagró que el espacio público está constituido tanto por los bienes de uso público como por “los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público” (artículo 3) e incluyó expresamente dentro de los elementos naturales constitutivos del espacio público, tanto los humedales como sus rondas hidráulicas, aunque, dada la necesidad de proteger su frágil equilibrio como ecosistema, no le sean aplicables todos los principios de aquel […]”.
74. Recapitulando se tiene entonces que, jurídicamente, las fuentes hídricas incluso las que hayan sido canalizadas artificialmente, por regla general, son de uso público así como el lecho de sus depósitos naturales; de manera excepcional, se reconoce el dominio privado sobre esos bienes cuando, en los términos del artículo 677 del Código Civil, nacen y mueren en la misma heredad.
La salubridad pública como derecho colectivo
75. Para efectos del estudio del derecho e interés colectivo a la salubridad pública, la Sala analizará, en primer orden, el marco internacional, en segundo orden, el marco constitucional, en tercer orden, el marco legal y, en cuarto orden, el marco jurisprudencial en torno ese bien jurídico.
Marco internacional
76. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, señala que “[…] toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad […]”.
77. La Organización Mundial de la Salud –en adelante OMS- es la institución de mayor relevancia entre los organismos de las Naciones Unidas, en lo que se refiere a la creación de acuerdos internacionales en materia de salud, precisamente la Constitución de ese organismo señala, entre sus principios, que “[…] El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social […]”.
78. A su turno, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y que complementa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, prevé "[…] el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental […]". Pacto que, además, señala las obligaciones a cargo de los gobiernos orientadas a reducir la mortalidad infantil, promover el sano desarrollo de los niños, mejorar la higiene del trabajo y del medio ambiente, prevenir y tratar enfermedades y crear condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia y los servicios médicos en caso de enfermedad.
79. En ese sentido, el ordenamiento jurídico internacional relacionado con la salubridad pública ha establecido un estándar mínimo de protección a este derecho colectivo que se ha plasmado en distintos enfoques especialmente tratándose de sujetos de especial protección por su condición de vulnerabilidad, lo cual necesariamente ha permeado la normativa Colombiana a nivel constitucional y legal como a continuación se expone.
Marco constitucional
80. Al Estado Colombiano le asiste la obligación de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que a los habitantes les corresponde procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional.
81. El bienestar general contiene responsabilidades compartidas entre el Estado y los ciudadanos, sobre el primero el artículo 366 Constitucional prevé que el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes es uno de los fines del Estado, motivo por el cual señala que la solución de las necesidades insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades estatales.
82. En cuanto a los ciudadanos se debe destacar que tienen el deber de obrar conforme al principio de solidaridad, reaccionando con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas en los términos del numeral 2 del artículo 95 de la Carta Política.
83. Finalmente, en desarrollo de esa responsabilidad que atañe a los particulares en materia de salubridad pública, el artículo 78 ibídem prevé que los productores de bienes y servicios que atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños que causen.
Marco legal
84. A través de la Ley 9 de 24 de enero de 1979, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias alrededor de: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos, sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas, medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii) desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumanación y exhumanación, trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.
85. A su turno el artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 2007 define la salud pública como “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.
86. La salud pública también se encuentra contenida en el numeral 4 del artículo 6º de la Ley 1801, como una categoría jurídica de convivencia según la cual se trata de la responsabilidad que le asiste al Estado y a la ciudadanía frente a la protección de la salud como un derecho de diferentes connotaciones; a saber: individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones de bienestar y calidad de vida.
Marco jurisprudencial
87. En este punto es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional y de lo contencioso administrativo han utilizado las expresiones “salubridad pública” y “salud pública”, a manera de sinónimos, incluso se ha arribado al concepto de salud humana como lo veremos a continuación.
88. La H. Corte Constitucional en sentencia T-579 de 2015 cita la providencia proferida por la Sección Primera de esta Corporación el 3 de septiembre de 2009, dentro del proceso con número de radicación 850012331000200040224401, que plasma la definición de salubridad pública en los siguientes términos:
“[…]
2.5.4. El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como ‘la garantía de la salud de los ciudadanos’ e implica ‘obligaciones que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria’
[…]”.
89. El precitado criterio jurisprudencial fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia C-225 de 2017, oportunidad en la que se analizó la constitucionalidad de la Ley 1801, norma que, como se estudió previamente, contiene el concepto de “salud pública” haciendo referencia al desarrollo de la calidad de vida de los habitantes del país:
“[…]
39. Frente a este panorama, resulta necesario precisar el concepto de salubridad o salud pública, entendidas como expresiones sinónimas. Así, la salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema. Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
40. De esta manera, la cobertura, prestación eficiente y de calidad de servicios públicos tales como el agua potable, alcantarillado, de recolección y adecuado tratamiento de basuras, con y sin riesgo biológico, está directamente relacionada con la creación y mantenimiento de condiciones de salud o salubridad públicas. También son instrumentos de salubridad pública, las actividades como el control de medicamentos, de determinación y verificación del cumplimiento de medidas sanitarias en la producción, almacenamiento y comercialización de alimentos y en el depósito o emisión de sustancias contaminantes al aire, al agua y al suelo. Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad.
[…]” (Destacado de la Sala).
90. Por su parte, la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, en sentencia de 26 de noviembre de 2013, rad. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP), señaló lo siguiente:
“[…] los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas se pueden garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública y de tranquilidad que permitan la vida en comunidad y, por consiguiente, faciliten la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad […]” (destaca la Sala)
91. Sobre el mencionado derecho colectivo, la Sección Tercera del Consejo de Estado construyó un concepto, mediante sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente con número de radicación 25000-23-25-000-2002-02788-01(AP), así:
“[…] “En lo que respecta al derecho colectivo relacionado a la seguridad y salubridad públicas los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:
“Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad. Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; la salubridad, con la prevención de factores patológicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley”
“La salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos” […]” (resalta la Sala).
92. Ahora bien, la relevancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública ha sido analizada por la Sección Primera de esta Corporación en los siguientes términos:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria.”
Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública”. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva […]”.
93. En tal escenario, de la recopilación jurisprudencial en referencia la Sala resalta que: i), no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y “salubridad pública” de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
El derecho al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
94. De acuerdo con lo previsto en los artículos 365 de la Constitución Política y 5º, numeral 5.1 de la Ley 142 de 11 de julio 1994, el acceso a una infraestructura de servicios públicos es inherente a la finalidad social del Estado, razón por la cual debe garantizarse el acceso a una infraestructura de servicios adecuada para la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad
95. Acerca de este bien jurídico de carácter colectivo la jurisprudencia lo ha entendido como aquella prerrogativa según la cual la comunidad puede acceder a instalaciones y organizaciones que procuren la salud, esto es, que se las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria, ello también incluye los elementos y servicios que se estimen indispensables para la creación y funcionamiento adecuado de la gestión de la salubridad pública. Esta Corporación ha fijado dicho criterio en los siguientes términos:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la “salubridad” como derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo, en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se consagra de manera textual en su literal h.
“Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
“Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección de manera coincidente con la Corte Constitucional:
“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. De esta manera, se puede concluir que la salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”.
“De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta Corporación:
“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo determinado.
“Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.
“Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de servicios.
“Finalmente, vale la pena relievar que algunos servicios públicos domiciliarios pueden encontrar relación con este derecho; baste pensar para ejemplificar esta afirmación en las necesidades que la comunidad tiene de acceder a infraestructuras de agua potable, alcantarillado o aseo, obteniendo de esta manera una respuesta positiva frente a sus requerimientos de salud y evitando enfermedades” […]” (negrillas del texto original).
Acervo y análisis probatorio
96. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
97. Del material probatorio allegado al proceso, durante la primera instancia, se destacan las siguientes pruebas:
97.1. Decreto Municipal núm. 00087 de 24 de marzo de 2006 “Por medio del cual se compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 2001, No. 025 de Octubre 16 de 2002, y No. 008 de octubre 12 de 20052, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Floridablanca”.
97.2. Cartografía del Decreto Municipal 00087 de 2006, referente a: i) Uso potencial; ii) uso recomendado; iii) zonas de protección; iv) susceptibilidad rural; v) geotécnico; vi) definición de perímetros; viii) sistemas estructurantes; ix) integración regional; x) áreas homogéneas; xi) planes parciales; xii) usos urbanos; xiii) tratamientos; xiv) estratificación; xv) síntesis de formulación; xvi) actividades; xvii) comunas; xviii) corregimientos y xix) plusvalía.
97.3. Estudio Geotécnico del lote calle 5 núm. 2-73 Floridablanca de abril de 2007 realizado por Geotecnología Ltda., aprobado por la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca.
97.4. Memorias de Cálculo Estructural del Conjunto Residencial Bonaparte elaboradas por Pedraza Serrano Ingenieros Ltda., en marzo de 2008, documento aprobado por la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca.
97.5. Planos de la Unidad Residencial Bonaparte.
97.6. Licencia de urbanismo-construcción núm. 68276-1-07-0005 expedida por la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca a favor de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S.
97.7. Resolución núm. 0041 de 8 de junio de 2010 expedida por la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca, “Por la cual se aprueba la modificación de la licencia de urbanización –construcción núm. 68276-1-07-005”.
97.8. Licencia de modificación –ampliación núm. 68276-1-09-0107 expedida por la Curaduría Urbana núm. 1 de Floridablanca a favor de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S.
97.9. Oficio núm. 003887 de 23 de mayo de 2008, suscrito por el Subgerente de Alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. dirigido al ingeniero Nelson Pedraza Jaimes, según el cual:
“[…]
Teniendo en cuenta el estudio de microzonificación, el predio en mención se encuentra en la zona geotécnica: 5 flujo de Escombros del Piedemonte del Macizo de Santander “previamente a la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular y se deben construir las obras de control, estabilización y manejo”.
Las anteriores características determinan condiciones limitantes que deben ser resueltas antes de iniciar la construcción del proyecto.
Para los propósitos de la disponibilidad del servicio de alcantarillado, una vez se superen las limitaciones antes expuestas, se otorga disponibilidad de servicio de alcantarillado; para las aguas residuales domesticas al interceptor sanitario Cañada Florida, localizado en la autopista Floridablanca –Bucaramanga.
La densidad máxima establecida para la zona es de 351 hab./ha.
El sistema de alcantarillado deberá ser reparado desde el interior de las edificaciones, para cada uno de los casos: sanitario y pluvial.
Los drenajes naturales deben mantenerse, conservando los aislamientos normativos y realizar obras de protección hidráulicas y urbanísticas que sean necesarias. Cualquier modificación que se haga para viabilizar el proyecto debe estar revisada, aprobada y supervisada por la autoridad ambiental.
En cuanto a la entrega de aguas lluvias existen dos alternativas a considerar:
Revisando las condiciones hidráulicas y la capacidad de la conducción existente sobre la cañada, si existe capacidad adicional, se puede realizar la entrega.
Entregar las aguas lluvias conduciéndolas hasta el Box Coulvert existente en la Autopista Floridablanca.
Por estar la cañada canalizada en conducto cerrado dentro del predio a construir se hace necesario prever un aislamiento mínimo de 4m considerado a lado y lado del eje central del ducto.
Se deberán conservar los aislamientos definidos en el Manual de Normas Técnicas para el Control de Erosión (Normas Geotécnicas CDMB) adoptado mediante Resolución 356 de marzo 10 de 2005, si a ellos hubiere lugar.
Deberán legalizar servidumbres mediante escritura pública, si estas dieran lugar.
Presentar proyecto de alcantarillado (en desarrollos multifamiliares incluir diseño de instalaciones sanitarias internas) para revisión ante la Coordinación de Proyectos Externos. Se informa que las Normas Técnicas para Diseño de Alcantarillado están disponibles por internet en la siguiente dirección: www.cdmb.gov.co se acceso por: /cdmb/normatividad/alcantarillado.
No se deberán iniciar obras de alcantarillado hasta tener el proyecto aprobado, de lo contrario la entidad no recibirá redes que no hayan sido supervisadas con base en planos aprobados.
El proyecto de alcantarillado deberá quedar amarrado topográficamente al sistema de cotas y coordenadas del IGAC.
Deben tramitar en la Subdirección de Normalización y Calidad Ambiental de la CDMB lo relacionado con la Resolución 173 de marzo 4 de 2002. El cumplimiento de esta exigencia se verificará durante la etapa de supervisión de la conexión al sistema de alcantarillado.
Para la validez de esta disponibilidad de servicio, se deben tener en cuenta todas las exigencias contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, especialmente lo referente a uso del suelo y tratamientos.
La intervención del espacio público (rotura de vías, andenes, sardineles o zonas verdes), deberá cumplir lo estipulado en el Acuerdo 009 de Junio de 2006 del Concejo Municipal de Floridablanca. En Coordinación de Proyectos Externos –EMPAS SA ESP deben solicitar la visita del inspector para medir las áreas afectadas por la conexión proyectada.
Esta disponibilidad tiene una vigencia de dos años.
[…]”.
97.10. Oficio núm. 05776 de 11 de junio de 2009 suscrito por el Subdirector de Control Ambiental al Desarrollo Territorial, dirigido al Representante Legal de VISSA S.A.S, en el que se efectuaron observaciones al informe de cumplimiento ambiental y la visita de verificación practicada el 16 de abril de 2009, así.
“[…]
1. Durante la visita se evidenció que las medidas de aislamiento con respecto a la calle 5 son insuficientes (figura 1). En conversación con el ingeniero Leonel Herrera, Interventor Ambiental, se estableció que el cerramiento instalado a 1.5 m, medidos desde el borde de la excavación, se encontraría ubicado dentro de la propiedad de la constructora VISSA LTDA., y que este espacio actualmente no se ha entregado al Municipio de Floridablanca como retroceso para espacio público. Se recuerda que la zonas (sic) que actualmente son espacio público, como anden y vía, deben permanecer libres de materiales de construcción, residuos de cargue o descargue y mantener una señalización rigurosa, debido al constante flujo vehicular que se presenta en la zona.
2. Para evitar emisiones de material particulado u otro tipo de residuo de construcción la MALLA DE PROTECCIÓN debe estar instalada PERMANENTEMENTE.
3. Durante el recorrido por la obra se observó la instalación de canecas para la recolección de residuos sólidos domiciliarios, se solicita instar por lo menos 2 canecas más en la zona donde se encuentra el casino y enviar en el siguiente informe, copia del acta de asistencia o una capacitación que se debe dictar al personal, sobre el programa para el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la obra.
[…]”.
97.11. De la visita de seguimiento realizada el 8 de julio de 2010 al Proyecto Urbanístico Residencial Bonaparte obra memorial de 13 de julio de 2010 según el cual el Subdirector de Control Ambiental al Desarrollo Territorial le indica al Representante Legal de VISSA S.A.S. que “[…] se verificó en la visita realizada cumplimiento a las observaciones que se venían dejando constantemente; sobre mejorar las condiciones de cumplimiento del plan de manejo ambiental propuesto en el proyecto Bonaparte […]”.
97.12. Acta de entrega definitiva de las obras de alcantarillado separado del edificio unidad residencial “Bonaparte”, localizado en la calle 5 No. 2-51, Municipio de Floridablanca (Santander”) de 14 de julio de 2010, suscrita por el Subgerente de Alcantarillado de EMPAS S.A. E.S.P.,, la Coordinadora de Proyectos Externos de EMPAS S.A. E.S.P., el Coordinador de Expansión de Infraestructura de EMPAS S.A. E.S.P., el Coordinador de Operación de Infraestructura de EMPAS S.A. E.S.P., la Ingeniera de Urbanizaciones de EMPAS S.A. E.S.P. el Gerente o Representante Legal de la Urbanización y el Ingeniero Residente, documento en el que se dejó constancia de la recepción de alcantarillado sanitario comprendido en el tramo P(CB)1R-P(CB)2R de una longitud de 11.75 metros, 24” de diámetro, pendiente de 15.74% en tubería PVC y en la cual se consignó lo siguiente:
“[…]
El presente recibo no exonera al diseñador, constructor y/o propietario del proyecto, de las responsabilidades que puedan derivarse del no cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño de alcantarillado entre las cuales se contempla la consideración de las áreas de drenaje con las que fueron diseñados los colectores o controles de cauce según sea el caso, de las normas de control de erosión y de las especificaciones técnicas de construcción, situación está que no haya sido advertida por EMPAS en el proceso de revisión del proyecto y en la en la etapa de construcción.
Se anexa póliza de estabilidad a favor de la Empresa de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. ESP por el 20% del valor de las obras y un plazo mínimo de 5 años.
Las partes interesadas manifiestan que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander –EMPAS S.A. ESO.- se encuentra exenta de responsabilidad alguna respecto de la construcción de la red de alcantarillado local que se entrega, así como de las eventuales diferencias judiciales o extrajudiciales que surjan entre el urbanizador o constructor y los propietarios del terreno y/o usuarios de la red, para lo cual el urbanizador o constructor saldrá en todo caso al saneamiento de la situación en conflicto e indemnizando a EMPAS S.A. ESP por los perjuicios que le llegaren a ocasionar la intervención en lates acciones judiciales.
[…]”.
97.13. Registro fotográfico de los vehículos que resultaron afectos con ocasión de la inundación presentada en el sótano del conjunto residencial Bonaparte el 2 de marzo de 2014, suministrado a la Administradora de esa unidad residencial por parte del Comandante de los Bomberos Voluntarios de Floridablanca.
97.14. Oficio de 4 de marzo de 2014 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Florida, en la cual se informó al Gerente de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga lo siguiente:
“[…]
Para su conocimiento desde la noche del 2 de marzo del presente año, y hasta la fecha de este oficio, la unidad residencial de la referencia está en una situación de emergencia por la inundación en el nivel del tercer parqueadero. En el día de ayer se hicieron presente (sic) funcionarios técnicos del EMPAS S.A. ESP “Empresa Pública de Alcantarillado de Santander”, CDMB “Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga”, CMGRD “Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo y Desastre”, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca y de este despacho.
Durante la ejecución de trabajos, en pro de dar solución a tal situación, los técnicos de la EMPAS S.A. ESP evidenciaron y manifestaron que, al parecer, se presentó taponamiento del Colector de Aguas Lluvias; sin poder establecer los motivos por el (sic) cual (sic) se generó tal situación. Quedando pendiente un informe técnico, por escrito, de las consideraciones u observaciones tanto de EMPAS S.A. como de su entidad.
Por último, y de acuerdo a sus competencias de autoridad ambiental, solicitamos nos informen de las solicitudes enviadas a ustedes por parte de la constructora o interesados para la adquisición de los respectivos, permisos, certificados, vistos buenos y/o conceptos técnicos con respecto a los aspectos relacionados con el cumplimiento de normas ambientales y geotécnicas. A su vez, se remitirá copia a la EMPAS S.A. ESP, por ser una empresa o entidad prestadora del servicio de alcantarillado, para que brinde los respectivos documentos o conceptos técnicos, específicamente con respecto al alcantarillado pluvial.
[…]”
97.15. Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S., mediante oficio de 10 de marzo de 2014, informó a los copropietarios de la Unidad Residencial Bonaparte que sostuvo una reunión con la Alcaldía Municipal de Floridablanca en la que se definió el plan de acción y se dio inicio a las obras tendientes a habilitar el flujo de aguas lluvias provenientes de la cañada vecina y restablecer la habitabilidad del lugar, precisó lo siguiente:
“[…]
En atención a los hechos que produjeron la inundación, y luego de realizar los estudios técnicos preliminares, nos permitimos hacer las siguientes precisiones:
1. La inundación fue producida por aguas lluvias externas al Conjunto, prevenientes del lote vecino, ubicado en el costado Oriental del Conjunto y así mismo por el taponamiento, en dos sitios, de la tubería del alcantarillado construida por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, hace cerca de treinta años.
2. La tubería colapsa producto de la acumulación de sedimentos, rocas, escombros y material vegetal que tamponaron la tubería y que ingresan al sistema de alcantarillado por el pozo ubicado sobre el predio vecino.
3. La tubería que conduce las aguas de la cañada vecina se encuentra localizada por debajo del nivel del sótano 3 del Conjunto Bonaparte, es decir debajo de la plazoleta frente a los locales y NO debajo del edificio de apartamentos de la Torre Sur. Ver Gráfico No. 1 Anexo.
4. Todas las redes construidas para el servicio de los habitantes de la Unidad Residencial Bonaparte fueron previamente aprobadas por las entidades correspondientes.
5. La edificación de la Unidad Residencia Bonaparte, se compone de dos etapas de construcción que trabajan en forma independiente:
El primero, correspondiente a la estructura de sistema combinado compuesta por la Torre Norte y la estructura de parqueaderos central.
El segundo, correspondiente a la estructura industrializada de la Torre Sur, ubicada sobre el costado occidental de la Unidad Residencial a la que se le adhiere una estructura tradicional cuya estructura de cimentación soporta sólo un piso.
6. Tanto el taponamiento como la inundación se produjeron sobre el área correspondiente a la zona del sótano 3, la cual se encuentra fuera del área de cimentación de las Torres Norte y Sur.
7. Según el informe de nuestro diseñador estructural, la cimentación, de las dos (2) torres de apartamentos (sur y norte) no sufrió ningún tipo de afectación, por lo que las dos torres se encuentran totalmente estables y libres de cualquier riesgo en su estabilidad, que se a producto de la emergencia ya mencionada, por lo que pueden seguir siendo habitadas sin inconveniente.
8. La estructura del área afectada correspondiente al sótano 3, se encuentra diseñada y construida por un sistema aporticado tradicional, que soporta cargas menores provenientes del peso de la estructura de un solo piso que se encuentra sobre la calle 5ª (plataforma de parqueos exteriores).
9. No obstante lo anterior y una vez se den las condiciones adecuadas de inspección, los ingenieros especialistas que participaron en el proceso de diseño y otros externos, procederán a adelantar las visitas y los informes técnicos que se consideren pertinentes.
10. Con el apoyo y asesoría de la empresa EMPAS, se logró ubicar el primer tapón del alcantarillado y así mismo se trabaja en forma continua en la búsqueda del origen y posible solución, del tapón localizado en el andén que bordea la calle 5ª.
Desde la ocurrencia de los hechos, nuestra Empresa ha estado atenta a sus solicitudes, hemos convocado y asistido a las reuniones respectivas de coordinación con la atención de la emergencia y colocado toda la disponibilidad de nuestro equipo técnico para la atención de la Emergencia.
El cuidado y conservación de la tubería causante de la emergencia es de responsabilidad de la EMPAS, a pesar de ello continuaremos trabajando incansablemente hasta lograr una solución definitiva del problema.
Finalmente damos nuestro concepto favorable para que el ascensor de torre sur se use, ya que con el taponamiento del pozo sobre la carrera 3ª que recibe las aguas de la cañada vecina, se garantiza que al sótano 3 no llegarán aguas lluvias.
[…]”
97.16. Documento denominado “Acta de visita técnica de emergencia urbanización Bonaparte” realizada por la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Floridablanca de 20 de marzo de 2014, según la cual:
[…]
Mediante visita realizada el 3 de marzo con el fin de realizar acompañamiento a la emergencia presentada en la Unidad Residencial Bonaparte, la Oficina Asesora de Planeación de Floridablanca, la empresa de alcantarillado de Santander EMPAS, el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca y el Comité de Riesgo CMGRD hicieron presencia en la zona a fina de adelantar averiguaciones y trámites pertinentes para el manejo de la situación. Se evidenció inundación por aguas lluvias con una altura promedio de 1.30 a partir del nivel -8.76 donde se ubica el sótano Nº 3 destinado a zona de parqueo de la edificación. Fueron reportados por los residentes de la urbanización 24 vehículos y 4 motocicletas atrapados en la zona a la cual no se pudo acceder por el alto nivel de agua.
El día 4 de marzo se realiza nuevamente visita, con el fin de hacer inspección a la zona afectada una vez el Cuerpo de Bomberos pudo evacuar el agua acumulada, se inicia por parte de los residentes, la evacuación de los vehículos afectados y se evidenció fractura de la (sic) antepiso en concreto del sótano, por donde se presume entró el agua. Se evidencia existencia de la estructura correspondiente a un pozo de inspección de aguas lluvias en el muro oriental, el cual no fue contemplado en los planos aprobados por la curaduría Nº Uno de Floridablanca como la calle quinta que fue contemplada como afectación; no se encontraron planos hidrosanitarios en la licencia que reposa en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación, ante lo cual, se elevó consulta a los actuales curadores, por lo que manifestaron que no se deben incluir dichos planos en la solicitud de la licencia de construcción de obra nueva.
Aparte de la zona de placa del sótano, aparentemente la estructura de la edificación no sufrió daños se debe descartar socavación del terreno por el paso del agua para prevenir daños futuros. Sin embargo, se realizará la respectiva recomendación a la administración del conjunto residencial, para que se contrate un peritaje estructural y se descarten posibles daños.
Se hace recorrido de la trayectoria del sistema de recolección de aguas lluvias y se encuentra un colector inicial aguas arriba en predio vecino, donde recibe descargas por medio de canal en terreno natural, proveniente de la urbanización Quintas de Florida, siguiendo su trayectoria hasta el pozo ubicado a un costado de la vía de acceso al Conjunto Residencial Portal de la Sierra (8 mts aproximadamente) siguiente al pozo encontrado dentro de la zona donde fue construido Bonaparte (4 mts aproximadamente) se encontró un último tramo ubicado desde el pozo construido dentro de la propiedad afectada gasta el próximo pozo ubicado en la oreja el intercambiador (93 mts aproximadamente) tramo donde colapsó la tubería, por lo anterior se confirma que la construcción se realizó sobre un tramo de las redes de conducción de aguas lluvias , además se observa zapata fundida exactamente sobre tubería de concreto de 24” con una profundidad de 5 mts. Identificada en planos sobre una intersección de los ejes X y AZ que sale del pozo ubicado dentro del área de construcción de la urbanización de manera diagonal hacia la calle quinta.
La EMPAS realizó por su parte limpieza de pozos ya que por la precipitación presentada la noche anteridio y el material suelto proveniente del canal en estado natural como piedras y bolsas plásticas, se produjo obstrucción en varios sectores de la tubería, por lo que se presentó colapso o daño de la misma, por una posible presión hidrostática negativa se levantó el entrepiso del sótano y de esta manera ingresó el agua al sitio en mención.
El sábado 8 de marzo, el constructor inicia labores de excavación en el sitio donde fue ubicado el daño de la tubería, de manera provisional se hizo cierre de los pozos existentes para lo que intervinieron nuevamente la maquinaria de EMPAS en la evacuación de aguas lluvias cumuladas, y de esta manera iniciar reposición del tramo afectado para evitar daños a la vía o a los trabajadores por la inestabilidad del terreno.
Mediante visita realizada por este despacho a las oficinas de EMPAS, la empresa descarta existencia de redes vecinas que pudieran estar siendo descargadas al pozo inicial encontrado en el tramo como se manifestó en el sitio de la emergencia.
Según documento de fecha 3 de mayo de 2008 que fue dirigido al ingeniero NELSON PEDRAZA JAIMES, Gerente de la Constructora VISSA LTDA., se exponen por parte de EMPAS, las consideraciones que se deben tener en cuenta para obtener la disponibilidad de servicio de alcantarillado; se advierte que por estar la cañada canalizada en conducto dentro del perímetro a construir se hacía necesario prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto, anotación, que obviamente no fue tenida en cuenta por el constructor. Para lo cual esta oficina iniciará los trámites pertinentes por existir una posible contravención al régimen urbanístico.
Fue planteada por parte de EMPAS, la construcción de dos pozos adicionales para el sistema, pero finalmente, se aprueba uno solo fuera de la zona de edificación para evitar futuros inconvenientes de taponamiento que afecten la propiedad privada; así mismo se define reposición de 18 metros lineales aproximadamente de tubería corrugada Novafort PVC.
Se hace acompañamiento permanente junto a personal de EMPAS, a la obra adelantada por el contratista de la constructora VISSA LTDA., a gin de que cumplan con las especificaciones y recomendaciones hechas.
La oficina Asesora de Planeación ofició a la constructora VISSA LTDA. el día 4 de marzo con el fin de obtener las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil que la administración de la unidad residencial solicitó a este despacho, a la fecha no hemos obtenido respuesta alguna, de igual manera se remitió oficio a la Secretaria de Infraestructura y al Banco Inmobiliario de Floridablanca BIF, con el fin de conocer si en algún momento las redes en cuestión fueron entregadas al municipio.
El día 7 de marzo, la Oficina Asesora de Planeación autoriza la intervención de intervención (sic) de espacio público, con el objeto de atender la emergencia presentada en la red de alcantarillado, y se compromete a la constructora a tomar las medidas que garanticen la circulación peatonal y vehicular manteniendo las respectivas condiciones de seguridad.
El día viernes 14 de marzo, se hace presencia en el sitio de la obra por presunta orden de evacuación de los residentes de la Unidad Residencial Bonaparte, la cual fue descartada por el Comité de Riesgo de Floridablanca.
El día viernes 21 de marzo fueron puestos en funcionamiento dos pozos que habían sido temporalmente sellados, ya que el tramo de tubería afectada ya pudo ser repuesto. El constructor seguirá adelantando las obras de compactación del terreno y reposición del espacio público intervenido, a las cuales se les realizará el respectivo seguimiento.
Se anexa a continuación registro fotográfico y plano de localización de la tubería existente en el sitio.
[…]”
97.17. El precitado documento fue acompañado de registro fotográfico en el que se observa la inundación en el Sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte y el plano de localización de la tubería en esa zona
97.18. Documento denominado “Inspección de la estructura y cimentación del Sótano 3 de la Unidad Residencia Bonaparte –Floridablanca” elaborada por Pedraza Serrano Ingenieros Ltda. el 25 de marzo de marzo de 2014, de la cual se destacan los siguientes apartes:
“[…]
La falla en la tubería de concreto simple que produjo la emergencia pasa bajo la estructura tradicional que conforma la bahía vehicular de un solo nivel en el acceso al proyecto.
Esta falla se produjo por el taponamiento de la tubería, producto de los materiales de cañada que se canalizan por este tubo. La falla ocurrió aproximadamente 1.5m antes y 2.0m después de la única columna céntrica que conforma la estructura tradicional de la bahía, (las demás columnas son elementos excéntricos contra el muro de contención) más no por allí, hubo falla del tubo bajo el cimiento.
La tubería no fallo por el aplastamiento del tubo bajo el cimiento, luego no se evidencia ningún tipo de fisura en los elementos horizontales (vigas) producto de los asentamientos que se hubieran presentado si la tubería hubiera sido aplastada por el cimiento.
Una vez adelantado el proceso de desvío y montaje de la nueva tubería y pozo de inspección se procede a rellenar con concreto simple el tramo de tubo antiguo bajo el cimiento (aproximadamente en un (sic) longitud de 2.0 m) y la salud del mismo bajo el muro de contención, el resto de la zona se restituye con material de relleno seleccionado.
De igual manera el volumen de material socavado por la inundación bajo las vigas de amarre de la cimentación también puede restituirse por material de relleno seleccionado. No hay necesidad de rellenar con concreto.
Para descartar cualquiera afectación que la inundación hubiera podido generar en la cimentación de la Torre Sur, se recomienda la realización de una excavación paralela a la cimentación del edificio para evaluar con precisión el nuevo perfile estratigráfico sobre el cual se encuentra soportado el edificio, pudiendo comprobar si hubo o no afectación alguna por la rotura de la tubería. El concepto técnico sobre el estado actual de la cimentación de la torre sur será emitido por el Dr. Jaime Suarez Díaz o un geotécnista que, preferiblemente, haya conocido del proceso de diseño y/o construcción.
Producto de los daños generados en la tubería que canaliza las aguas de la cañada sobre la carrera 3ª de Floridablanca, se le debe solicitar a la entidad pública encargada de la sustitución y/o desvío de estas tuberías, la implementación de filtros que garanticen la no afectación del muro de contención de la Unidad Residencial que va paralelo a la carrera.
Se adjuntan en el presente informe imágenes el de la visita con la descripción de las mismas.
[…]”
97.19. Oficio núm. 3590 de 26 de marzo de 2014 suscrito por el Profesional Coordinador del Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. y dirigido a la Administrador del Conjunto Habitacional Portal de Castilla que señala lo siguiente:
“[…]
Una vez informada la empresa sobre la problemática presentada en el sótano tres del Edifico Bonaparte, se procedió a modo de colaboración a investigar la posible causa de la situación presentada, encontrando que existía una tubería de concreto de 24” de diámetro, instalada en el pasado muy posiblemente por el propietario del predio, para dar continuidad a la Cañada Florida que venía desde la parte alta del sector.
En la investigación realizada, se evidencia que dicha tubería al parecer fue instalada en forma artesanal, en razón al alineamiento sinuoso de la misma que permite presumir que trataba de ajustarse a la topografía de la cañada y no linealmente como debe ser un trazo técnicamente construido.
Al evaluar la condición encontrada, se pudo establecer que la tubería antes referida colapsó ocasionando la obstrucción de la misma.
Al respecto podemos hacer las siguientes observaciones:
a. La tubería ha estado expuesta a cargas que exceden el rango de diseño dada la profundidad a la cual se encuentran y que presumiblemente fueron en aumento debido a las adecuaciones urbanísticas de la Zona.
b. Dichas adecuaciones urbanísticas necesariamente terminaron afectando la tubería, la cual colapso en dos puntos identificados plenamente durante la atención de la contingencia.
c. El colapso de la tubería ocasionó la obstrucción de la misma, generando un represamiento que alcanzó una cabeza de presión tal, que reventó la tubería y esta subpresión ejercida en la placa de piso del sótano igualmente terminó haciéndola fallar permitiendo que toda el agua embalsada en los pozos y en el predio aguas arriba del edificio Bonaparte se introdujera de forma abrupta inundando el sótano tres, tal como lo describieron algunos residentes afectados, sin dar oportunidad a una respuesta que permitiera controlar la descarga de las aguas lluvias con las consecuencias ya conocidas.
2. En cuanto al riesgo al que estuvo expuesta la estabilidad de la estructura principal de la torre sur del Edificio Bonaparte no fue mayor ni menor al que siempre ha estado y estará sometida por estar localizada en zona de cañada natural, con características propias de suelo de cañada, situación que en su momento debió ser contemplada en los diseños estructurales para cimentación. No obstante, el concepto técnico final sobre el comportamiento de la estructura para la condición presentada, debe ser dado necesariamente por un Ingeniero estructural competente. Ahora bien la decisión de orden de evacuación del edificio, se sale de las competencias de nuestra empresa y deberá estar soportada con el concepto del experto estructural.
3. Las filtraciones que se pueden presentar en los sectores colindantes igualmente obedecen a la condición del subsuelo de cañada y debieron ser contempladas en su momento por el constructor.
4. Tal como se consignó al comienzo, presumiblemente esta tubería debió ser construida de manera artesanal y no obedece a una estructura construida y operada por la empresa, por cuanto la función de la misma, fue darle continuidad al drenaje de una cañada natural, donde convergen las aguas lluvias en su condición normal.
Finalmente es oportuno precisar que EMPAS S.A ha estado presta a coadyuvar y asesorar en la atención de la emergencia presentada y continuará prestando el acompañamiento necesario que permita dar una solución definitiva a la problemática.
[…]”.
97.20. Oficio de 4 de abril de 2014 suscrito por el señor Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, dirigido al Profesional Coordinador del Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. en el que se le informa que los proyectos urbanísticos tales como la Unidad Residencial Bonaparte no requieren del trámite de licenciamiento ambiental según lo dispuesto en el Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 y que los permisos que esa entidad otorga como autoridad ambiental son de corte y pode, de concesión de agua, de aprovechamiento forestal y de emisiones.
97.21. De igual manera adujo que al caso concreto se aplica el programa para el Manejo de Vegetación existente y aclaró que la Curaduría Urbana debió revisar todos los estudios presentados por el constructora para verificar que cumplieran con la normativa urbanística y lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, particularmente en lo que se refiere a las normas geotécnicas de control de erosión. Adicionalmente señaló:
“[…]
Igualmente, la CDMB se permite recordarle que una cañada es un vaso natural por donde discurren libremente las aguas y básicamente se identifican en un punto inferior por donde discurren las aguas mínimas o flujo base.
La condición de cañada del sitio a que Usted hace referencia en la comunicación, dejó de serlo debido a que se volvió un sistema pluvial con conducción cerrada y se dispuso material para darle nivelación al terreno, situación que sucedió hace ya varios años.
Teniendo en cuenta lo anterior, y como se expresó anteriormente, la competencia de la CDMB en materia de proyectos urbanísticos es la de realizar seguimiento ambiental a los programas antes referidos durante la construcción del proyecto y como Usted (Sic) lo expresa en su comunicación, la de exigir aislamiento con relación a colectores pluviales ni mucho menos realizar mantenimiento a los mismos, como lo es el colector pluvial que sufrió colapso en el sector del proyecto Bonaparte.
[…]”.
97.22. Documento denominado “Inspección de la estructura y cimentación del conjunto Bonaparte –Floridablanca” elaborado por E.D. Ingeotecnia S.A.S. el 8 de abril de 2014, a solicitud de VISSA, según el cual:
“[…]
CAPITULO 2. CONDICIONES DEL SITIO
De acuerdo a la información suministrada por los ingenieros de VISSA Construcciones, durante una lluvia de gran intensidad se generó una obstrucción del sistema de alcantarillado que intercepta las aguas de escorrentía provenientes de la quebrada aledaña. Este alcantarillado atraviesa el edificio mediante una antigua tubería enterrada de concreto simple, la cual se encontraba en mal estado. Al generarse la obstrucción durante la lluvia se generó la ruptura de la tubería, seguido del levantamiento del piso de sótano en concreto, inundación y generación de sedimentos.
Junto al sitio de la ruptura de la tubería de concreto simple se encuentran dos columnas del edificio según como se indican en la imagen 2 e imagen 3.
[…]
CAPITULO 3. DIAGNÓSTICO
De acuerdo a la inspección realizada al conjunto residencial Bonaparte y los sectores aledaños, se pudo observar que la quebrada aledaña (costado oriental del edificio), presenta una baja capacidad de conducción (ver imagen 9 e imagen 10) especialmente en los eventos de lluvia intensa y que esta a su vez transporta escombros, madera y residuos de basura que generan obstrucción de la tubería, consecuencia aumento de la presión y falla de la tubería de concreto simple que debido a su tiempo de uso, se encuentra en mal estado.
El escape del agua de escorrentía transportada por la antigua tubería, generó que el `piso de concreto del sótano se levantar, erosión de los suelos alrededor de la tubería averiada y saturación del suelo. Afortunadamente los cimientos están profundos con respecto al nivel de la rotura y están sobre suelo competente, evitando de esta manera que se afectara la cimentación y estructura del edificio.
Los suelos permiten una infiltración lenta donde poco a poco va a permitir la percolación del agua acumulada por efecto del contacto del agua proveniente del alcantarillado afectado.
Se observó que las columnas, muro, placa entre piso y pantallas estructurales, no presentan evidencias de fisuras, perdida de su sección por fractura, refuerzo de acero expuesto u otra afectación que pueda afectar la estabilidad e integridad de la estructura. Los cimientos más cercanos a la zona de posible afectación son los correspondientes a las colimbas S1-1 y S1-2. (Ver imagen 5 e imagen 6).
[…]
CAPÍTULO 4. OBRAS REALIZADAS
Para la remediación de los daños generados por la rotura del sistema de alcantarillado antiguo, VISSA Construcciones, ha construido las siguientes obras (ver imagen 11):
Evacuación de las aguas estancadas en el sótano Nº3.
Retiro del material aledaño y afectado por el agua a presión de la tubería. El área donde se removió el material afectado se encuentra demarcado entre los ejes 1 a 8 y del S0 al S3 (ver imagen 4).
Secado del material removido y mezclado con material de composición granular.
Llenado del sistema antiguo de alcantarillado mediante concreto simple.
Remplazo del sistema de alcantarillado antiguo, en el tramo comprendido entre el colector existente 1 (ver imagen 6) y el colector construido Nº2. La tubería utilizada como remplazo es de PVC de 20” de diámetro.
Construcción del colector Nº2, en la parte exterior del conjunto residencial, para recibir las aguas de la tubería remplazada y entregar al sistema de alcantarillado del sector (ver imagen 7).
Colocación y compactación del material mezclado a nivel de piso de concreto del parqueadero.
CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES
5.1. CONCLUSIONES
No se evidenció afectación de la cimentación y de la estructura por la rotura de la tubería de alcantarillado y la construcción de las obras de remediación.
La construcción de las obras realizadas no garantiza que no se vuelva a presentar lo ocurrido teniendo en cuenta que las condiciones de la quebrada y del sistema de alcantarillado del sector, generan una condición desfavorable para el conjunto residencial Bonaparte, ya que las tuberías aguas abajo del sitio donde se efectuó la reposición, se encuentran colapsadas.
Se recomienda solicitar al EMPAS la implementación de un sistema de drenaje de la quebrada y desvío de las aguas del alcantarillado del sector que confluyen al colector y la tubería que se encuentra por debajo del edificio, de tal manera que disminuya el caudal y elementos de obstrucción durante las lluvias intensas. Para el diseño de las obras de manejo se requiere realizar estudios específicos que evite la afectación del conjunto residencial pero que no afecte el sistema de drenaje del sector.
5.2 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Realizar dos sondeos geotécnicos a 3.0 metros de profundidad, junto a los cimientos S1-1 y S1-2, y tres sondeos a 2.0 metros en el resto del área de remplazo. Los sondeos tienen como objetivo: verificar a la calidad de la compactación del relleno realizado, determinar humedad de los suelos y posición del nivel freático si lo hay, determinar la susceptibilidad a presentar hundimientos y colapso del relleno y determinar la consistencia del suelo de fundación de los cimientos que se encontraban cerca al sitio de la ruptura de la tubería.
Colocar una malla de refuerzo dentro de la placa de concreto del piso del sótano Nº3.
Colocar una capa de material granular compactada de mínimo 12 centímetros de espesor entre la losa de concreto reforzada del piso de sótano y el relleno realizado. Esta capa granular permite controlar las humedades en el piso del sótano y mejorar las condiciones de sub-rasante para el paso de los vehículos.
[…]” (Destaca la Sala).
97.23. Oficio núm. 00004390 de 10 de abril de 2014 suscrito por el profesional Coordinador del Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P, dirigido a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, en el que se le pone en conocimiento lo siguiente:
“[…]
3. Es así como para el Edifico Unidad Residencial BONAPARTE localizado en la calle 5 No 2-51, municipio de Floridablanca, la empresa expidió disponibilidad de servicio, de la cual se adjunta copia, en donde se consignan de manera clara las recomendaciones y advertencias que oportunamente se hicieron al constructor del proyecto, en lo atinente no solo a las redes internas, sino también al manejo de las aguas lluvias y su punto de disposición final; así mismo de hacen las respectivas recomendaciones, en cuento a aislamiento de drenajes naturales y permisos ante la autoridad ambiental competente, en lo que respecta a la cañada natural.
Por otra parte se adjunta también copia del acta de entrega definitiva de las obras de alcantarillado separado del proyecto, donde se establece claramente lo que recibe la empresa. Es fundamental recalcar que en tales recomendaciones se establecen inequívocamente los siguientes conceptos fundamentales, que se orientan al esclarecimiento de la contingencia del pasado 2 de marzo, a saber:
En la disponibilidad de servicio, se consignó de manera expresa, la forma como se debió hacer la entrega de aguas lluvias procedentes del conjunto residencial. Asimismo, se estableció que por estar la cañada canalizada en conjunto cerrado dentro del predio a construir, se debía prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto.
Por otra parte y en lo que respecta al acata de recibo definitivo, quedó claramente estipulado, que el mantenimiento de las redes que quedan dentro del conjunto cerrado se hará por cuenta del urbanizador o de la administración del edificio unidad residencial Bonaparte. Ahora bien, hecha la inspección técnica en el sitio de la emergencia, se evidencia que no se respectó el aislamiento del conducto cerrado que conduce la cañada recomendado en su momento, ni se realizó el respectivo mantenimiento de dicha estructura, lo que ocasionó el colapso de la red y la inundación del sótano del edifico, saliéndose de las competencias de la Empresa, el hacer seguimiento a dicha situación, por corresponder a una canalización de un cauce natural, sobre el cual se adelantó un proyecto de vivienda.
En ese orden de ideas es oportuno manifestar, que se hace necesario requerir a la CDMB, con el fin de revisar el seguimiento ambiental que se adelantó al respectivo proyecto, particularmente en lo que a la afectación de la cañada se refiere. De otra parte indagar sobre los permisos que tenía el constructor, para adelantar la construcción del sótano que fue desarrollado en la medianía de la vía y sobre el sistema en comento, conceptos estos, que permitirán dilucidar sobre los hechos acontecidos.
[…]”.
97.24. Oficio núm. 6170 de 16 de mayo de 2014 expedido por el Subgerente de Alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. -EMPAS S.A. E.S.P. y dirigido al Subdirector de Gestión de Riesgo y Seguridad Territorial de la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, en el que se lee:
“[…]
3. Es así como y para el Edificio Unidad Residencial BONAPARTE localizado en la calle 5 No 2-51, municipio de Floridablanca, la empresa expidió disponibilidad de servicio, en donde se consignan de manera clara las recomendaciones y advertencias que oportunamente se hicieron al constructor del proyecto, en lo atinente no solo a las redes internas sino también al manejo de las aguas lluvias y su punto de disposición final; así mismo se hacen las respectivas recomendaciones, en cuanto a aislamiento de drenajes naturales y permisos ante la autoridad ambiental competente, en lo que respecta a la cañada natural.
Es fundamental recalcar que en tales recomendaciones se establecen inequívocamente los siguientes conceptos fundamentales, que orientan el esclarecimiento de la contingencia del pasado 2 de Marzo, a saber:
• En la disponibilidad de servicio, se consignó de manera expresa, la forma como se debió hacer la entrega de aguas lluvias procedentes del conjunto residencial. Así mismo, se estableció que por estar parcialmente canalizada la cañada en conducto cerrado dentro del predio a construir, se debía prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto.
• Por otra parte y en lo que respecta al acta de recibo definitivo, quedó claramente estipulado, que el mantenimiento de las redes que quedan dentro del conjunto cerrado se hará por cuenta del urbanizador o de la administración del edificio unidad residencial Bonaparte.
4. Ahora, si bien es cierto que la Empresa revisó y aprobó el proyecto de instalaciones internas del edificio, sin embargo, no es menos cierto que y en lo que respecta al manejo de las aguas lluvias, y en particular a la conducción cerrada que presentaba la cañada Florida en el sector, se salen de los parámetros que revisa la Empresa en el momento de aprobar un proyecto, por cuanto no es nuestra competencia el supervisar o dar lineamientos sobre el particular.
5. Para mayor claridad sobre lo expuesto en el numeral anterior, es pertinente recordar que el trazado del alineamiento de la Cañada Florida, desde su nacimiento hasta la entrega al Rio Frío, tiene una longitud total de aproximadamente 1400 m, de tos cuales por necesidades de particular y para su beneficio tales propietarios de predios y cruce de vías, han tenido fa necesidad de canalizarla parcialmente con un emboquillamiento en la captación de la cañada natural y un sector de tubería instalada, hasta su entrega a la continuidad de la cañada natural aguas abajo; en la mayoría de los casos sin pozos de inspección para su acceso a las actividades que se requieran para su óptimo funcionamiento; toda esta infraestructura tiene como propietarios a los dueños de los predios particulares y a los operadores viales, en ningún momento esta canalización parcial forma parte de un sistema de alcantarillado pluvial ni mucho menos es propiedad del prestador del servicio público de alcantarillado domiciliario.
6. Es claro entonces, que el proyecto urbanístico Bonaparte se localizó sobre un tramo de la cañada canalizada por un particular para su beneficio propio, ya sea como acceso vial o de adecuación de su predio, infraestructura que es de propiedad de particulares y en ningún momento forma parte de la infraestructura pública de alcantarillado; bajo esta condición del entorno del suelo para el desarrollo urbanístico del proyecto, el constructor debió evaluar la capacidad hidráulica de dicha infraestructura dados los riesgos que implicaría las edificaciones sobre ella, y justificar su permanencia y mantenimiento o si fuera el caso, la rectificación por fuera del proyecto urbanístico a desarrollar. Dado que ninguna de las dos condiciones se cumplió y el proyecto se construyó sobre esta infraestructura, con las evidencias que las lluvias fuertes presentadas en los últimos meses, demostraron que esta canalización no tenía la capacidad suficiente y debió haber sido rectificada por el proyecto urbanístico; situaciones que fueron advertidas por la Empresa en sus conceptos como se indicó inicialmente.
Por lo anteriormente expuesto, es claro que la canalización de la cañada Florida en beneficio de particulares, no hace parte de la infraestructura de alcantarillado operada por EMPAS S.A, más aun, cuando al revisar la cartografía del año 1976, no se observa que la cañada hubiese sido intervenida en ningún tramo, solamente el cruce sobre la autopista, lo que deja en claro que las afectaciones se realizaron en forma posterior; así mismo y revisado el archivo de proyectos externos de la Empresa, no se encuentra proyecto alguno presentado por un particular que involucre la ejecución de tales obras y mucho menos, recibo de las mismas.
En ese entendido, es evidente, tal como se ha manifestado a lo largo del presente escrito, que la estructura colapsada y sobre la cual se construyó el proyecto Bonaparte, corresponde a la canalización de la Cañada Florida y nada tiene que ver con la infraestructura pública administrada y operada por EMPAS S.A.
[…]”.
97.25. Oficio núm. 6615 de 26 de mayo de 2014 suscrito por el Profesional Coordinador de Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y dirigido a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte en el que se informó:
“[…]
La Empresa Pública de alcantarillado de Santander, en atención a su respetable solicitud y tomando como referencia los compromisos adquiridos en el Comité Técnico realizado en la sala de juntas de la Alcaldía Municipal de Floridablanca realizado por motivo de la emergencia presentada en el proyecto residencial Bonaparte, coadyuvo junto con el contratista del proyecto, para la realización de los trabajos requeridos para superar los hechos acaecidos, al respecto nos permitimos precisar los siguientes puntos, referentes a su solicitud:
1. En dicho comité se argumentaron las diferentes posibles causas y presuntos responsables del evento concluyendo en que se deberían tomar una acción de corrección inmediata por parte del constructor, que consistiría en evacuar las aguas del sótano y una vez evacuada las aguas, entrar a realizar las reparaciones en la tubería y demás elementos arquitectónicos y estructurales que pudieron haber sido afectados.
2. Igualmente se establecieron acciones temporales inmediatas a fin de poder adelantar las actividades antes referidas, consistentes en cortar el caudal pluvial aguas arriba, mientras se ejecutaban los trabajos. Por lo anteriormente argumentado y concluido en dicho comité la Empresa adquirió los siguientes compromisos de forma voluntaria en razón a su competencia técnica y componente social de:
A. Proporcional el servicio gratuito de los Equipos de Succión Presión para evacuar las aguas del Sótano, durante el desarrollo de las obras.
B. Realizar el acompañamiento técnico al constructor del proyecto Unidad Residencial Bonaparte o al contratista por el encargado para ejecutar las labores de atención de la contingencia, consistentes en la reparación del tramo de red de alcantarillado afectado y demás obras complementarias. Adicionalmente, EMPAS S.A como colaboración, se comprometió a adelantar los estudios hidráulicos respectivos que permitan proporcionar la solución definitiva a la problemática existente, relacionada con la continuidad de la canalización de la cañada Florida en tubería, y sobre la cual fue construido el proyecto Bonaparte, y de esta manera establecer los recursos requeridos para la realización de las obras, los cuales podrán gestionarse ante el ente Municipal de modo tal que sea factible su construcción posterior.
En ese orden de ideas, el procedimiento realizado en el desarrollo y solución de los eventos acaecidos no genera la obligatoriedad para la Empresa de documentar de la forma solicitada, los registros de sus actividades por tratarse de una obra entre particulares y ser nuestro acompañamiento netamente voluntario.
Con relación a los estudios geotécnicos estructurales, los mismos no reposan en la Empresa, por cuanto no es competencia de EMPAS S.A., el revisar, documentar o exigir este tipo de estudios, dentro de la revisión, que de las redes sanitarias y desagües de los proyectos adelanta la empresa.
[…]”.
97.26. Oficio núm. 07727 de 13 de junio de 2014, suscrito por el Profesional Coordinador del Servicio al Cliente de la Empresa de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. y dirigido a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, a través del cual se le informó que personal técnico de la Coordinación de Operación de Infraestructura de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. llevó a cabo una visita a ese lugar y una inspección a lote contiguo, de lo cual se evidenció que la quebrada que pasa por esa área presenta el caudal acostumbrado, sin represamientos que pudiesen indicar circunstancias fuera de lo normal.
97.27. Oficio núm. 00008093 de 19 de junio de 2014, suscrito por la Profesional Coordinadora de Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., dirigido al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, en el que se relata lo siguiente:
“[…]
Atendiendo su solicitud me permito comunicarle que personal técnico de EMPAS S.A, adscrito a la Coordinación de Operación de Infraestructura, conceptuó respecto a su requerimiento mediante oficio No 1730 de fecha junio 3 de 2014, haciendo las siguientes precisiones:
El acompañamiento realizado por la EMPAS se originó en el Comité de Gestión de Riesgo del municipio, celebrado en razón a la emergencia presentada en el Edificio Unidad Residencial BONAPARTE localizado en la calle 5 # 2-51, que obligó a la ejecución de unas obras de contingencia que pretenden dar solución provisional a la eventualidad suscitada en el sótano del Edificio, consistentes en la reposición del tramo de tubería comprendido desde donde se evidencio el colapso y el pozo aguas arriba localizado en el acceso a la portería de la unidad residencial.
El alcance de dicha contingencia, una vez determinadas las afectaciones y demás daños ocasionados por la torrencial lluvia, pretende además de poner nuevamente en operación el tramo de cañada que se encuentra en conducto cerrado, corregir la irregularidad evidenciada en cuanto a que una zapata se encontró en el trazado de la tubería existente, lo que forzó al cambio de alineamiento de la red y la construcción de un nuevo pozo de inspección que permitiera igualmente corregir, un cambio de dirección, construido sin cumplimiento de los requisitos técnicos y a su vez empalmar el tramo de tubería repuesto con la canalización que está en funcionamiento actualmente.
En ese orden de ideas la EMPAS .S.A, se permite informar de acuerdo con lo evidenciado en el acompañamiento, lo siguiente:
1. La tubería utilizada para la reposición corresponde a una tubería estructural de PVC de 400 mm de diámetro la cual cumple con las condiciones establecidas para dar solución provisional a la contingencia.
2. La instalación de la tubería y la construcción del pozo de inspección se realizó acorde a las especificaciones técnicas avaladas por la Empresa.
No obstante el cumplimiento de requisitos y especificaciones técnicas en las obras de alcantarillado realizadas, cabe advertir que las humedades y filtraciones que pudieran haber venido produciendo molestias desde tiempo atrás, debido las fluctuaciones de los niveles freáticos, persistirán hasta tanto no se complemente dicha obra con un sistema de drenajes que permita abatir dichos niveles o en caso de existir ya los mismos, con el mantenimiento correspondiente de los filtros.
Lo anterior se advierte por cuanto la cañada natural pese a la afectación producida por el desarrollo urbanístico, conserva en el subsuelo su composición geológica y el comportamiento hidráulico de sus niveles freáticos, los cuales permanecerán con las implicaciones ya conocidas y que pocas veces se prevé.
Finalmente, resta advertir que pese al acompañamiento técnico de EMPAS S.A., en el desarrollo de los trabajos, sigue siendo responsabilidad del contratista, la contingencia presentada o eventualidad que surja producto de la construcción del edificio sobre la canalización de la Cañada Florida, obviando mantener los aislamientos que de este tipo de sistema debe mantenerse para garantizar no solo su normal funcionamiento, sino también cualquier labor de mantenimiento que se requiera.
[…]”.
97.28. Grabación en video del recorrido del tramo de tubería desde el pozo P(5-K3-2)L1 hasta el pozo P(5-2)L1, correspondiente a parte de la canalización de la Cañada Florida, imágenes tomadas el 8 de octubre de 2014 y en las que se advierte el estado de deterioro y riesgo de colapso.
97.29. Oficio núm. 00015275 de 22 de octubre de 2014 suscrito por el Profesional Coordinador del Servicio al Cliente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., dirigido a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, en el que se lee:
“[…]
La red de alcantarillado del sistema pluvial, no corresponde a una red construida por la empresa operador del sistema de alcantarillado (EMPAS actualmente, anteriormente CDMB); esta conducción de aguas de escorrentía fue construida por personal ajeno a la entidad, la cual encauzó estas aguas provenientes de la cañada existente.
Se realizó investigación con el equipo de televisión el día 8 de octubre de 2014, del tramo comprendido desde el pozo P(5-K3-2)L1 situado en el andén frente al edificio Bonaparte, al pozo P(5-2)L1 situado en la zona verde del costado oriental del retorno denominado Papi quiero piña, en donde se observó tubería de diámetro de 24” en concreto simple en una longitud de 68.50 metros lineales.
Dentro de la investigación, se pudo evidenciar tubería con grietas a una distancia de 1 metro del pozo de inicio en cota batea del tubo, a una distancia de 2.60 metros se observa grieta en la cota clave del tubo, a una distancia de 13.80 metros se observa rotura del tubo en la cota batea.
A partir de 26 metros del inicio se observa un cambio de alineamiento, y se localiza una obstrucción que no permite la continuidad del equipo que impide proceder con la investigación.
En conclusión en estado de la tubería es crítico, lo cual amerita una reposición del tramo total para un normal funcionamiento, por las condiciones expuestas en el numeral 1, no corresponde a EMPAS S.A. realizar dicha reposición.
[…]”.
97.30. Oficio núm. 009743 de 3 de julio de 2015 suscrito por la Subgerente Comercial y Tarifaria de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., según el cual:
“[…]
Es importante señalar que aunque la Empresa revisó y aprobó el proyecto de instalaciones internas del edificio, es claro que en lo que respecta al manejo de las aguas lluvias, y en particular a la conducción cerrada que presentaba la Cañada Florida en el sector, las mismas están fuera de los parámetros que revisa la Empresa en el momento de aprobar un proyecto, por cuanto no es nuestra competencia supervisar o dar lineamientos sobre el particular.
Para mayor claridad sobre lo expuesto, es pertinente recordar que el trazado del alineamiento de la Cañada Florida, desde su nacimiento hasta la entrega al Río Frio, tiene una longitud total de aproximadamente 1400 m, existiendo canalizaciones parciales con un emboquillamiento en la captación de la cañada natural y un sector de tubería instalada, hasta su entrega aguas abajo, dichos trabajos fueron realizados por los propietarios de los predios aledaños, de la misma manera, en la mayoría de los casos no se construyeron pozos de inspección para acceso a la misma con el fin de adelantar las actividades requeridas para su óptimo funcionamiento; toda esta infraestructura tiene como propietarios a los dueños de los predios particulares y a los operadores viales, en ningún momento está canalización parcial forma parte de un sistema de alcantarillado pluvial, ni mucho menos es propiedad del prestador del servicio público de alcantarillado domiciliario.
Es claro entonces, que el proyecto urbanístico Bonaparte se localizó sobre un tramo de la cañada canalizada por un particular para su beneficio propio; ya sea como acceso vial o de adecuación de su predio, infraestructura que es de propiedad de particulares y en ningún momento forma parte de la infraestructura pública de alcantarillado; bajo esta condición del entorno del suelo para el desarrollo urbanístico del proyecto, el constructor debió evaluar la capacidad hidráulica de dicha infraestructura dados los riesgos que implicarías las edificaciones sobre ella, y justificar su permanencia y mantenimiento o si fuera el caso. Teniendo en cuenta que ninguna de las dos condiciones se cumplió, el proyecto se construyó sobre esta infraestructura, evidenciando que la canalización no tenía la capacidad suficiente y debió haber sido rectificada por el urbanizador, situación que fue advertida por la Empresa como se indicó anteriormente.,
Nuevamente se reitera,, que la canalización de la cañada Florida en beneficio de particulares, no hace parte de la infraestructura de alcantarillado operada por EMPAS S.A., más aun, cuando al revisar la cartografía del año 1976, no se observa que la cañada hubiese sido intervenida en ningún tramo, solamente el cruce sobre la autopista, lo que deja claro que las afectaciones se realizaron en forma posterior; así mismo y revisado el archivo de proyectos externos de la Empresa, no se encuentra proyecto alguno presentado por un particular que involucre la ejecución de tales obras y mucho menos, recibo de las mismas. Por tal razón, las obras que solicita en su petición no pueden ser adelantadas por la Empresa, pues efectivamente ni la cañada ni su canalización parcial hacen parte de la infraestructura pública de alcantarillado administrada y operada por la EMPAS S.A., careciendo de competencia para adelantar dichas labores.
[…]”.
97.31. Oficio núm. 11077 de 28 de julio de 2015, mediante el cual la Subgerente Comercial y Tarifaria de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. resolvió una petición formulada por la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, documento del que se destaca lo siguiente:
“[…]
Con el fin de verificar el estado de la red de tuberías que transportan las aguas lluvias del sector, y las aguas de escorrentía de la cañada, en donde se encuentra ubicado el conjunto residencial Bonaparte y se está desarrollando el conjunto residencial Brizza, se realizó investigación en el mes de junio donde se pudo evidenciar lo siguiente:
Se localizó el trazado de la red existente de aguas lluvias desde la cañada ubicada en el Conjunto Brizza hasta que se conecta al interceptor que pasa por la calzada oriental de la autopista y entrega al Rio Frio en el sector de Lagos II; la estructura de captación se localiza en el predio privado donde se está desarrollando el Conjunto Residencial Brizza, se encuentra en buen estado, con dificultades de funcionamiento por la saturación del material vegetal que cae de los árboles del sector y problemas con el material de arrastre de la cañada.
A continuación se localiza una tubería de longitud aproximada de 10 metros lineales, en diámetro de 27 pulgadas construida en concreto, la cual se encuentra en buen estado y normal funcionamiento.
Posteriormente se encuentra una tubería de diámetro de 24 pulgadas en PVC en una longitud aproximada de 20 metros lineales en buen estado y normal funcionamiento.
A continuación se encuentra una tubería de 24 pulgadas en concreto de longitud aproximada de 60 metros lineales desde el pozo ubicado en la entrada al parqueadero Bonaparte hasta la zona verde del retorno de papi quiero piña sector oriental, a este tramo se le efectuó investigación con el equipo de televisión y se encuentra en regular estado.
CONCLUSIONES
Este último tramo de 60 metros aproximadamente presenta deterioro y existen cambios abruptos de pendientes sin existir pozo que permita esta variación.
Teniendo en cuenta que antes y después de la cañada, esta ese (sic) encuentra canalizada en conducto cerrado, antes y después del predio del Conjunto Brizza, representa una afectación directa y es susceptible a que todo el material vegetal y de escorrentía de la cañada ingresa a la tubería y la colmate con sedimento.
Se concluye, que en atención a que el predio es privado, le corresponde al propietario tomar las acciones necesarias para solucionar y prevenir la problemática presentada, la Empresa de acuerdo a sus competencias, brinda la asesoría en los términos señalados anteriormente.
Finalmente le informo, que copia del presente oficio junto con su comunicación, serán trasladadas a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Floridablanca, teniendo en cuenta el objeto de su petición.
[…]”.
98.32. Concepto técnico de 1º de septiembre de 2015 elaborado por el Profesional del Grupo de Diseño de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. en el que indica lo siguiente:
“[…]
EMPAS S.A. se encarga de la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en el perímetro urbano de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, para aquellos sectores que se encuentran dentro del perímetro de servicio de la Empresa y que no presentan restricción alguna dentro del Plan de Ordenamiento Municipal (POT), como son las zonas de escarpa, aislamiento de cauces y quebradas, zonas de riesgo por deslizamiento, DMI entre otras.
Para el cumplimiento de tal fin se rige por la Ley 142 de 1994 y sus Decretos reglamentarios 302 del 25 de febrero del 2000, modificado parcialmente por el Decreto 229 de 2002 el Decreto 3050 de 2013 y el Decreto 1077 de mayo 26 de 2015; por medio de los cuales se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
El sector de la acción se encuentra por fuera del perímetro de servicio de alcantarillado y no fue contemplado dentro de los sistemas de drenajes sanitarios actuales ni futuros del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, por tal razón sus desarrollos deberán contar con sistemas de saneamiento integral propio e independiente a los sistemas administrados por EMPAS S.A. y requerirán soluciones sanitaria autosuficientes e independientes que le correspondería al Municipio y a la Autoridad Ambiental (CDMB) competente, regular.
Hecha la aclaración, para la implementación de una solución a la administración municipal le quedarían dos tipos de solución:
• Realizar la reubicación de los residentes de las viviendas en alguno de los proyectos de vivienda gratuita del Estado, que se ejecutan en la ciudad (por el tratamiento de tipo rural de protección/producción en que ubica el POT ese sector). Esta acción eliminaría la contaminación que a pesar de la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales, se generaría sobre la quebrada más próxima al sector objeto, con el correspondiente control de vertimiento por parte de la CDMB.
• Autorizar la permanencia de las viviendas en el sector e implementar un sistema de saneamiento local con el correspondiente control de vertimiento por parte de la autoridad ambiental (CDMB).
En consideración a que EMPAS S.A. fue incluida en el fallo de la acción legal como parte de la implementación de una solución, podría prestar su colaboración en caso que el municipio opte por la segunda opción con el diseño de un sistema sanitario local para las viviendas involucradas en la acción que por su ubicación puedan integrarse en un sistema continuo, el proyecto tendría vertimiento directo de las aguas residuales a la cañada más cercana, dado que la empresa no cuenta con personal para el diseño de un sistema de tratamiento de aguas residuales.
De igual manera EMPAS S.A. no puede suministrar estudios de estabilidad, proyección de obras de control de la erosión, o sistemas de tratamiento de aguas residuales de tipo individual para viviendas dispersas, por no tener la competencia ni contar con personal para la realización de tales estudios.
[…]”
97.33. Oficio núm. DAMB-SAM-2183 de 3 de mayo de 2016 mediante el cual el Área Metropolitana de Bucaramanga rindió el informe técnico solicitado por el Tribunal, en los siguientes términos:
“[…]
En atención a las preguntas de peritaje sobre el asunto en referencia, nos permitimos conceptuar a cada una de ellas lo siguiente:
i. La ubicación del colector o tubería de aguas lluvias ubicado en la cañada La Florida contigua a la Unidad Residencia Bonaparte ubicada en la calle 5 No. 2-51 de Floridablanca, debiendo indicar si ésta pertenece a la red pública de alcantarillado o a la red privada del edificio.
El Área Metropolitana de Bucaramanga-AMB no puede emitir un concepto preciso o con exactitud al respecto, debido a los antecedentes históricos tanto del proceso constructivo de este drenaje y su secuencial responsable de la operación y mantenimiento de esta infraestructura. Se debe investigar quien construyó este tramo de canalización de drenaje de la denominada "Cañada Florida", el cual al parecer no es continuo al sistema de alcantarillado que se localiza por las vías públicas. La empresa de Alcantarillado deberá emitir concepto sobre la pertenencia o no de esa infraestructura; de igual forma, se debe consultar a la constructora del edificio Bonaparte.
ii. El estado estructural actual del mismo, indicando si es funcional en su uso
El AMB no tiene información de estudios ni ha desarrollado evaluaciones que permitan emitir un concepto de capacidad hidráulica ni de estado estructural. Los aparentes problemas que se pudiesen haber presentado de capacidad, deben servir de base para que el propietario de la infraestructura, realice una evaluación de su funcionalidad y estado estructural, incluyendo si se ha presentado algún tipo de taponamiento que limite el óptimo comportamiento de la infraestructura.
Los trabajos deben tener investigación topográfica y de ingeniería y posiblemente una evaluación interna del estado estructural de la conducción con equipo especializado de Circuito Cerrado de TV o CCTV.
iii. En la actualidad se desarrolla algún proyecto urbanístico cercano que se vaya a conectar a la red pública del sector.
Sobre el lote existente entre Quintas de Santa Lucia y Bonaparte, se desarrolla el proyecto urbanístico denominado Brizza, el cual debió tramitar ante el operador del sistema de alcantarillado, la disponibilidad del servicio y sus puntos de conexión a la red pública.
Este proyecto debe evaluar las implicaciones del drenaje integral procedente de Quintas de Santa Lucia y preferiblemente proyectar la rectificación por la calle 5, eliminando el drenaje principal antiguo que transita por el proyecto Bonaparte; de esta forma se reducirán los caudales confluyentes a esta conducción y por ende los problemas de capacidad hidráulica que se podrían estar presentando, buscando de esta forma, tener un drenaje que conviva con los desarrollos urbanísticos de su entorno y con las menores afectaciones prediales.
[…]”.
Solución del caso concreto
98. De acuerdo con los elementos probatorios que reposan en el expediente se encuentra acreditado que la Unidad Residencial Bonaparte fue construida por la sociedad Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. y que el 2 de marzo de 2014 se presentó una inundación en el sótano 3 que afectó varios vehículos automotores que se encontraban en ese momento aparcados en aquel lugar.
99. La empresa Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. informó a los copropietarios de la Unidad Residencial Bonaparte que se reunió con la Alcaldía Municipal de Floridablanca, oportunidad en la que se definió el plan de acción a seguir que incluyó la realización de las obras para habilitar el flujo de aguas lluvias provenientes de la cañada vecina; de igual manera sostuvo que la inundación “[…] fue producida por aguas lluvias externas al Conjunto, provenientes del lote vecino, ubicado en el costado Oriental del Conjunto y así mismo por el taponamiento, en dos sitios, de la tubería del alcantarillado construida por la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, hace cerca de treinta años […]”. Esta afirmación guarda parcialmente armonía con lo señalado en el acta de visita técnica que adelantó la Oficina Asesora de Planeación de Floridablanca de 9 de mayo de 2008, conforme a la cual “[…] por la precipitación presentada la noche anterior (3 de marzo de 2014), y el material suelto proveniente del canal en estado natural como piedras y bolsas plásticas, se produjo obstrucción en varios sectores de la tubería, por lo que se presentó colapso o daño de la misma por una posible presión hidrostática negativa se levantó el antepiso del sótano y de esta manera ingresó el agua al sitio en mención […]”.
100. De igual manera, la diligencia de inspección de la estructura y cimentación del sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte, realizada por Pedraza Serrano Ingenieros Ltda., revela que […] la falla se produjo por el taponamiento de la tubería, producto de los materiales de cañada que se canalizan por este tubo […]”.
101. Finalmente, la Visita de Asesoría adelantada por E.D. Ingeotecnia S.A.S. concluyó que “[…] la quebrada aledaña (costado oriental del edificio), presenta una baja capacidad de conducción (ver imagen 9 e imagen 10) especialmente en los eventos de lluvia intensa y que esta a su vez transporta escombros, madera y residuos de basura que generan obstrucción de la tubería, consecuente aumento de la presión y falla de la tubería de concreto simple que debido a su tiempo de uso se encuentra en mal estado […]”.
102. Los precitados informes técnicos coinciden en que la causa de la inundación fue la obstrucción de una tubería que se encuentra ubicada bajo el sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte, debido a que transporta materiales naturales, bolsas plásticas y aguas lluvias.
103. En ese contexto, los elementos probatorios que reposan en el expediente no permiten establecer con certeza quién y cuándo se construyó la tubería. Como se anotó previamente, Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. aseguró que fue la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB hace 30 años; sin embargo, no demostró tal afirmación. A su turno, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. le informó a la Administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, mediante oficio núm. 15275 de 22 de octubre de 2014, que “[…] se trata de una red de alcantarillado pluvial que no corresponde a una red construida por la operadora del sistema de alcantarillado, conduce aguas de escorrentía que fue construida por personal ajeno a la entidad que encausó las aguas provenientes de la cañada existente […]”.
104. Por su parte, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB se contrajo a manifestar en la contestación de la demanda que “[…] la antigua quebrada está casi canalizada en tubería, únicamente se observa un pequeño tramo sin canalizar en una zona verde aguas arriba de la carrera 3, desde donde es nuevamente captadas (sic) […]”.
105. En tal escenario, los elementos probatorios que reposan en el expedientes no demuestran que alguna de las partes haya adelantado las obras de canalización de la cañada ni su antigüedad; no obstante, no se trata de un bien de propiedad de un particular debido ya que: i) se encuentra demostrado que la tubería canaliza las aguas de la Cañada Florida –fuente hídrica- lo que encuadra en el concepto de aguas de uso público según lo señalado en el literal b) del artículo 5.º del Decreto 1541, a saber, “[…] las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural […]” y ii) la cañada no nace y muere en la misma heredad, pues según lo indicado en el Oficio núm 009743 de 3 de julio de 2015 suscrito por la Subgerente Comercial y Tarifaria de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. “[…] el trazado del alineamiento de la cañada florida, desde su nacimiento hasta la entrega al Rio Frio, tiene una longitud total de aproximadamente 1400 m, existiendo canalizaciones parciales con un emboquillamiento en la captación de la cañada natural y un sector de tubería instalada, hasta su entrega aguas abajo […]”.
106. Aclarado lo anterior, la Sala estima que la Cañada Florida que atraviesa parcialmente la Unidad Residencial Bonaparte, no es de propiedad privada y, debido a que se trata de una fuente hídrica, no puede considerarse como parte de las redes matriz ni local de alcantarillado, cuyas características se encuentran señaladas en el artículo 3.º del Decreto 3050 de 27 de diciembre de 2013, así:
“[…]
Artículo 3°. DEFINICIONES. Adóptense las siguientes definiciones:
[…]
7. Red matriz o red primaria de alcantarillado. Es el conjunto de tuberías, accesorios, estructuras y equipos que reciben el agua procedente de las redes secundarias o locales y las transporta hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales o hasta el sitio de su disposición final.
Su diseño, construcción y mantenimiento estará a cargo de la empresa prestadora del servicio, la cual deberá recuperar su inversión a través de tarifas de servicios públicos.
8. Red secundaria o red local de alcantarillado. Conjunto de tuberías, accesorios, estructura y equipos que conforman el sistema de evacuación y transporte de las aguas lluvias, residuales o combinadas de una comunidad y al cual descargan las acometidas de alcantarillado de los inmuebles y llega hasta la red matriz o primara de alcantarillado. Su diseño y construcción corresponde a los urbanizadores.
[…]”
107. Así entonces, la Sala advierte que un recurso hídrico canalizado artificialmente que se derive de un cauce natural y que no nazca y muera en la misma heredad, es un bien de uso público que no forma parte de las redes matriz o local de alcantarillado.
108. Así las cosas, por definición, la Cañada Florida, cuyo cauce fue canalizado artificialmente, no puede asimilarse a una estructura de la red de alcantarillado pues no está diseñada para comportarse como tal, máxime por cuanto al momento de otorgar la disponibilidad del servicio público de alcantarillado a la Unidad Residencial Bonaparte, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. distinguió entre la Cañada como tal para la disposición de aguas lluvias y el interceptor para vertimiento de aguas residuales domésticas, así:
“[…]
Teniendo en cuenta el estudio de microzonificación, el predio en mención se encuentra en la zona geotécnica: 5 Flujos de Escombros del Piedemonte del Macizo de Santander “previamente a la realización de los proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular y se deben construir las obras de control, estabilización y manejo”.
Las anteriores características determinan condiciones limitantes que deben ser resueltas antes de iniciar la construcción del proyecto.
Para los propósitos de la disponibilidad del servicio de alcantarillado, una vez se superen las limitaciones antes expuestas, se otorga disponibilidad del servicio de alcantarillado, para las aguas residuales domesticas al interceptor sanitario Cañada Florida, localizado en la autopista Floridablanca –Bucaramanga.
1. La densidad máxima establecida para la zona es de 351 hab./ ha.
2. El sistema de alcantarillado deberá estar separado desde el interior de las edificaciones, para cada uno de los casos: sanitario y pluvial.
3. Los drenajes naturales deben mantenerse, conservando los aislamientos normativos y realizar obras de protección hidráulicas y urbanísticas que sean necesarias. Cualquier modificación que se haga para viabilizar el proyecto; debe estar revisada, aprobada y supervisada por la autoridad ambiental.
4. En cuanto a la entrega de aguas lluvias existen dos alternativas a considerar:
a. Revisando las condiciones hidráulicas y la capacidad de la conducción existente sobre la cañada, si existe capacidad adicional, se puede realizar la entrega.
b. Entregar las aguas lluvias conduciéndolas hasta el Box Coulvert existente en la Autopista Floridablanca.
Por estar la cañada canalizada en conducto cerrado dentro del predio a construir se hace necesario prever un aislamiento mínimo de 4m a lado y lado del eje central del ducto.
[…]” (destaca la Sala).
109. El documento en mención deviene sumamente relevante para determinar el manejo de las aguas lluvias y las aguas residuales por parte de la constructora que llevó a cabo el proyecto Unidad Residencial Bonaparte, precisamente porque señala que las primeras –aguas lluvias- podrán ser entregadas directamente a la Cañada Florida que está canalizada o conducirlas al Box Coulvert correspondiente, mientras que las segundas -aguas residuales domesticas- se entregaran al interceptor sanitario Cañada Florida. Sobre este aspecto es necesario reiterar que la cañada canalizada no se asimila al interceptor sanitario que hace parte de la red de alcantarillado; para explicar tal diferencia es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 210 de la Resolución 1096 de 17 de noviembre de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo Económico y vigente para la época de los hechos, que define el interceptor como “[…] conducto cerrado que recibe las afluencias de los colectores principales, y generalmente se construye paralelamente a quebradas o ríos, con el fin de evitar el vertimiento de las aguas residuales a los mismos [...]”.
110. Asimismo, la Sala destaca que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P., al otorgar la disponibilidad del servicio de alcantarillado, advirtió al constructor que los drenajes naturales debían mantenerse, conservando los aislamientos normativos y realizando las obras de protección hidráulicas y urbanísticas a que hubiera lugar, además, que cualquier modificación que se llevara a cabo para viabilizar el proyecto debía estar revisada, aprobada y supervisada por la autoridad ambiental respectiva.
111. En ese sentido, la Sala se aparta del criterio del Tribunal que consideró que la Cañada Florida se integró al sistema matriz de alcantarillado debido a que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P -EMPAS S.A. E.S.P. otorgó disponibilidad del servicio de alcantarillado para las aguas residuales domesticas al interceptor sanitario denominado Cañada Florida, localizado en la autopista Floridablanca –Bucaramanga.
112. Lo anterior, por cuanto el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio prevé que los interceptores sanitarios generalmente se construyen paralelamente a las quebradas o ríos para evitar que sobre estos se viertan aguas residuales, lo que razonablemente permite inferir que el recurso hídrico canalizado artificialmente y la estructura para el vertimiento de aguas residuales son sustancialmente diferentes, de manera que el primero está amparado por la normativa ambiental en materia de conservación y mantenimiento de cauces naturales debido a su relevancia ecosistémica; mientras que el segundo es un ducto para el transporte de aguas residuales domesticas que está sujeto a la reglamentación técnica para la prestación del servicio público de alcantarillado.
113. Adicionalmente, las partes coinciden en que el cauce artificial está compuesto únicamente por líquido vital proveniente de la cañada y aguas lluvias lo cual encuentra respaldo en las imágenes del video realizado el 8 de octubre de 2014 con ocasión de la investigación con el equipo de televisión que llevó a cabo la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y los informes técnicos que fueron allegados por las partes.
114. De igual manera, la protección de los recursos hídricos a nivel municipal se encuentra plasmada a nivel local en el artículo 23 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca contenido en el Decreto 087 de 26 de marzo de 2006 (vigente para la época en la que se adelantaba el proyecto de la Unidad Residencial Bonaparte), preveía que “[…] el sistema hídrico se constituye en un elemento de primer orden como elemento estructurante del territorio, en el área urbana como elemento articulador del espacio público y en la zona rural, como elemento estructurante a través de las cuencas y microcuencas; además sus ríos y cañadas representan un alto potencial ambiental por ser reductos de la flora y albergue de fauna […]”. De igual forma, el artículo 28 este instrumento técnico y normativo señaló que las funciones del Sistema Hídrico: i) la preservación y conservación de las fuentes hídricas; ii) servir de refugio y soporte de la vida silvestre y iii) servir como generador de espacio público urbano que sirva como soporte al desarrollo turístico y de recreación pasiva.
115. Máxime por cuanto estos mismos postulados están contenidos en el actual Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Floridablanca, el Decreto 0068 de 22 de enero de 2016, de tal manera que la Cañada Florida debe tratarse como espacio público y de protección ambiental.
116. En este punto, la Sala aclara que las pretensiones de la demanda no están orientadas a que se efectúen las reparaciones a que hubiere lugar con ocasión de la inundación que se presentó en el sótano 3 de la Unidad Residencial Bonaparte el 3 de marzo de 2014, puesto que ya se llevaron a cabo por parte de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S., sino que la parte demandante súplica que se ordene a las accionadas que [...] hagan cesar la amenaza, el peligro, la contingencia de vulneración o agravio a los derechos e intereses colectivos con motivo de los taponamientos e inundaciones que la Cañada Florida causa al alcantarillado y a la Unidad Residencial Bonaparte del Municipio de Floridablanca […]”; “[…] implementar un sistema de drenaje de la Cañada Florida y el desvío de las aguas de alcantarillado hacía el centro de la vía, esto es a la calle quinta del Municipio de Floridablanca […]” y “[…] realizar todas las obras y trabajos necesarios para una adecuada infraestructura de servicios públicos que impida que la Cañada Florida vuelva a ocasionar taponamiento, obstrucción o daños al alcantarillado […]”.
117. En ese orden de ideas, dado que la Sala determinó que no serían aplicables las normas de la red de alcantarillado a la Cañada Florida por tratarse de un recurso natural cuyo cauce fue canalizado artificialmente, corresponde abordar el estudio de la responsabilidad de los sujetos demandados, en consideración a que el estudio realizado por E.D. Ingeotecnia S.A.S. indicó que “[…] la construcción de las obras realizadas no garantiza que no se vuelva a presentar lo ocurrido, teniendo en cuenta que las condiciones de la quebrada (sic) y del sistema de alcantarillado del sector, generan una condición desfavorable para el conjunto residencial Bonaparte, ya que las tuberías aguas abajo del sitio donde se efectuó la reposición, se encuentran colapsadas […]”.
118. En efecto, el video a que se hizo referencia con anterioridad también revela las deficientes condiciones en que se encuentra la canalización de la cañada, situación que provoca riesgo de colapso.
Sobre la responsabilidad del Municipio de Floridablanca
119. En cuanto a la responsabilidad del Municipio de Floridablanca en materia de la protección de los recursos hídricos tenemos que por mandato del artículo 331 de la Constitución Política, “[…] al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]”.
120. Concordante con lo anterior, el artículo 82 ibidem señala que el Estado tiene el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, correspondiendo su vigilancia a nivel local a los alcaldes municipales, distritales o locales, según el caso, y del cual forma parte la Cañada Florida.
121. A su turno, el artículo 65 de la ley 99, le impone a esa entidad territorial las siguientes funciones en materia ambiental:
“[…]
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
[…]
10. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y micro-cuencas hidrográficas.
[…]”. (Destaca la Sala).
122. De la normativa antes citada, se tiene que al Municipio de Floridablanca le asiste responsabilidad sobre los hechos aducidos en la demanda y acreditados en el plenario, puesto que: i) está llamado a proteger las corrientes de agua pertenecientes al espacio público, ii) adelantar las obras que se requieran para el progreso local procurando la seguridad y salubridad públicas y iii) promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales proyectos de defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua; obligaciones que fueron desatendidas por esta autoridad en lo que respecta a la Cañada Florida y, por consiguiente, se vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
123. Asimismo, al Municipio le corresponde ejercer vigilancia y control del medio ambiente y los recursos naturales renovables y con ello velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental, obligación que también fue desconocida por el Municipio de Floridablanca en este caso, como quiera que la construcción de la Unidad Residencial Bonaparte sobre la cañada canalizada debió sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental respectiva, tal como fue advertido por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. al momento de otorgar la disponibilidad del servicio público de alcantarillado.
Sobre la responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB
124. En lo que respecta a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB; cuya jurisdicción abarca el Municipio de Floridablanca, esta entidad está llamada a mitigar el riesgo en virtud de lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99, según el cual le corresponde “[…] promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas correspondientes […]”.
125. En ese sentido, no está llamada a prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por esa entidad, dado que le asiste la obligación legal de ejecutar las obras para la regulación de cauces y corrientes de agua, en este caso de la Cañada Florida, incluso en coordinación con la administración municipal de Floridablanca puesto que, se reitera, la naturaleza de esa corriente de agua se enmarca en lo dispuesto en el artículo 5.º del Decreto 1541 de 1978, a saber, “[…] aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un cauce natural […]” y, por ende, su protección como recurso natural y parte del espacio público le es exigible.
126. Debe tenerse en cuenta, además, que la Cañada Florida es una fuente hídrica que cumple la función de un drenaje natural para las aguas lluvias y está parcialmente canalizada entregando este líquido vital al Río Frío, de lo cual se desprende su relevancia ecosistémica puesto que, en los tramos no canalizados y las zonas que abarque el Río, provee de líquido vital a la flora y fauna circundante a ellos; adicionalmente, por transportar las aguas lluvias en época de altas precipitaciones se torna en un instrumento para evitar inundaciones en los predios aledaños a su recorrido; por lo tanto, es indispensable que se conserve en óptimas condiciones.
127. En esa medida, la Sala observa que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga incurrió en una conducta omisiva respecto de las precitadas obligaciones legales que le asisten frente al mantenimiento y conservación de la Cañada Florida, provocando la vulneración de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, como quiera que desde que tuvo conocimiento de la existencia de la cañada y del riesgo que su cauce suponía en época de fuertes lluvias pudo adelantar las obras que fueran del caso para asegurarse de que no se constituyera en un peligro para los habitantes, no solo de la Unidad Residencial Bonaparte sino de todos aquellos predios por los cuales atraviesa el mencionado recurso hídrico.
Sobre la responsabilidad de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander –EMPAS S.A. E.S.P. y de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S.
128. Al margen de lo anterior, es necesario dilucidar la posible responsabilidad que frente a los hechos de la demanda se cierne sobre la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS S.A. E.S.P. y Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S., cuyas actuaciones pudieron tener incidencia en el daño concreto que se ocasionó al interior de la Unidad Residencial Bonaparte.
129. la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander - EMPAS S.A. E.S.P. otorgó la disponibilidad del servicio de alcantarillado indicando que era posible la entrega de aguas lluvias a la Cañada Florida, como una alternativa viable; sin embargo, advirtió a VISSA S.A.S. que debido a que estaba canalizada en conducto cerrado dentro del predio a construir se requería prever un aislamiento mínimo de 4 metros a lado y lado del eje central del ducto; recomendación que no fue acatada por la constructora como se desprende de la visita técnica realizada por la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de Floridablanca que señaló lo siguiente:
“[…]
Según documento de fecha 3 de mayo de 2008 que fue dirigido al ingeniero NELSON PEDRAZA JAIMES, Gerente de la Constructora VISSA LTDA., se exponen por parte de EMPAS, las consideraciones que se deben tener en cuenta para obtener la disponibilidad de servicio de alcantarillado; se advierte que por estar la cañada canalizada en conducto dentro del perímetro a construir se hacía necesario prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto, anotación, que obviamente no fue tenida en cuenta por el constructor. Para lo cual esta oficina iniciará los trámites pertinentes por existir una posible contravención al régimen urbanístico.
[…]” (Destaca la Sala).
130. De lo expuesto se tiene que la constructora tampoco tuvo en cuenta la recomendación realizada por la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. relacionada con el mantenimiento de los drenajes naturales, como se analizó en el numeral 111 de esta providencia.
131. Por lo tanto, el riesgo de que se produjera el daño -que finalmente acaeció- al interior de la Unidad Residencial Bonaparte, tuvo dos componentes, por un lado, la ausencia de mantenimiento de la Cañada Florida, que es reprochable al Municipio de Floridablanca y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y, por el otro, que el riesgo se potencializó debido a la actitud omisiva del constructor frente al asilamiento de la tubería y la conservación del drenaje natural a través de las obras de protección hidráulicas y urbanísticas que fueran necesarias.
132. En tal escenario, no está acreditado que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.- EMPAS S.A. E.S.P. haya actuado en detrimento de los derechos colectivos de los habitantes de la Unidad Residencial Bonaparte por cuanto no se le ha asignado la obligación legal ni contractual de adelantar las obras para el mantenimiento y conservación de los cursos de agua en el Municipio de Floridablanca.
133. A su turno, Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. participó en el riesgo generado por el mal estado de la cañada puesto que no adelantó las obras de asilamiento que oportunamente fueron recomendadas por parte de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.- EMPAS S.A. E.S.P.; empero, los daños que se presentaron al interior de la Unidad Residencial fueron mitigados a través de los trabajos que se llevaron a cabo por parte de la constructora de acuerdo con el informe elaborado por E.D. Ingeotecnia S.A.S. el 8 de abril de 2014 -aspecto que no fue desvirtuado por las partes-, el cual indica lo siguiente:
“[…]
Para la remediación de los daños generados por la rotura del sistema de alcantarillado antiguo, VISSA Construcciones, ha construido las siguientes obras (ver imagen 11):
Evacuación de las aguas estancadas en el sótano Nº3.
Retiro del material aledaño y afectado por el agua a presión de la tubería. El área donde se removió el material afectado se encuentra demarcado entre los ejes 1 a 8 y del S0 al S3 (ver imagen 4).
Secado del material removido y mezclado con material de composición granular.
Llenado del sistema antiguo de alcantarillado mediante concreto simple.
Remplazo del sistema de alcantarillado antiguo, en el tramo comprendido entre el colector existente 1 (ver imagen 6) y el colector construido Nº2. La tubería utilizada como remplazo es de PVC de 20” de diámetro.
Construcción del colector Nº2, en la parte exterior del conjunto residencial, para recibir las aguas de la tubería remplazada y entregar al sistema de alcantarillado del sector (ver imagen 7).
Colocación y compactación del material mezclado a nivel de piso de concreto del parqueadero.
[…]”.
134. Con todo, el informe técnico previamente referido no da cuenta de que se haya llevado a cabo el aislamiento del ducto, por lo que el agente de riesgo sigue presente y, de permanecer en esas condiciones, eventualmente, puede colapsar en otros puntos de su recorrido con los correspondientes perjuicios que ello puede ocasionar, por lo que la vinculación de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. al presente asunto como extremo pasivo del litigio se encuentra plenamente justificada y, en esa medida, la ausencia de legitimación en la causa no está llamada a prosperar.
135. En tales condiciones, se tiene las actuaciones de Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. –VISSA S.A.S. coadyuvaron en el riesgo de colapso de la cañada y, de esa forma, participó en la afectación de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, que no puede entenderse superada únicamente con las labores realizadas al interior de la Unidad Residencial Bonaparte debido a que es necesario determinar su responsabilidad por la posible trasgresión de la regulación ambiental y urbanística.
136. Ahora bien, en el marco de las competencias que se predican del Municipio de Floridablanca y de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB frente a la vulneración de los derechos colectivos al ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública como consecuencia de su descuido frente a la protección de un recurso natural de uso público, se torna ineludible modificar la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Santander en el sentido que a estas autoridades les corresponde llevar a cabo un estudio técnico que determine la intervención que se le debe dar a la Cañada Florida y, de forma coordinada, ejecutar las obras que este determine pertinentes y necesarias. Para efectos del seguimiento que requiere esta orden se conformará el comité de verificación respectivo en los términos del artículo 34 de la Ley 472.
137. Adicionalmente, la Alcaldía Municipal de Floridablanca debe investigar si Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. incurrió en alguna infracción ambiental y/o urbanística como resultado de haberse abstenido de prever un aislamiento mínimo de 4 metros considerado a lado y lado del eje central del ducto que conduce la corriente de la Cañada Florida, en el tramo que está ubicado en los predios de la Unidad Residencial Bonaparte, con sustento en las facultades de control y vigilancia que en esas materias le confieren el numeral 6 del artículo 65 de la Ley 99 y los artículos 103 y 104 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997.
Conclusión de la Sala
138. La controversia planteada por la parte demandante gira en torno al riesgo de colapso que existe debido a la falta de mantenimiento y cuidado de la Cañada Florida, recurso natural de uso público cuyo cauce fue canalizado artificialmente atravesando diferentes predios, entre los cuales se encuentra aquel donde se construyó la Unidad Residencial Bonaparte, lo cual está debidamente acreditado y, debido a que ya ocurrió un siniestro como consecuencia de ello, es necesario adoptar las medidas pertinentes para que tal circunstancia no se materialice nuevamente.
139. Debido a las funciones legalmente asignadas al Municipio de Floridablanca y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en materia ambiental y de espacio público, les acuden los deberes de proteger las fuentes hídricas de uso público y velar por la seguridad de las personas como manifestaciones de la garantía de los derechos colectivos al goce del ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, bienes jurídicos que en el presente caso fueron vulnerados en concurso con la constructora Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S.
140. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala modificará la sentencia de 9 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual declaró la falta de legitimación en la causa de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, declaró vulnerados los derechos colectivos invocados y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
141. En su lugar, se declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga; se declararan vulnerados los derechos colectivos aducidos por la parte accionante y, en consecuencia, se ordenará a esa autoridad y al Municipio de Floridablanca que dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia realicen un estudio técnico que revele la intervención que requiere la Cañada Florida, posterior a lo cual tendrá 3 meses para iniciar las labores administrativas, técnicas y presupuestales pertinentes para ejecutar las obras que el precitado estudió técnico determine.
142. De igual manera, se ordenará al Municipio de Floridablanca que, de haber lugar a ello, adelante la investigación pertinente por las posibles infracciones urbanísticas en que haya incurrido Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. - VISSA S.A.S. con ocasión de la construcción de la Unidad Residencial Bonaparte sobre un tramo de la Cañada Florida.
143. Finalmente, se confirmará en lo demás la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal segundo de la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al goce de un ambiente sano y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública invocados por la Unidad Residencial Bonaparte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el sentido de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de acuerdo con las razones explicadas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará plasmado de la siguiente manera:
Tercero. Ordenar al Municipio de Floridablanca, Santander, y a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB que, dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia adelanten un estudio técnico para determinar la intervención que requiere la Cañada Florida, posterior a lo cual tendrá 3 meses para iniciar las labores administrativas, técnicas y presupuestales pertinentes para ejecutar las obras que el precitado estudió técnico determine, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: ORDENAR al Municipio de Floridablanca que, de haber lugar a ello, adelante la investigación pertinente por las posibles infracciones ambientales y urbanísticas en que haya incurrido Vivienda Industrializada de Santander S.A.S. -VISSA S.A.S. con ocasión de la construcción de la Unidad Residencial Bonaparte sobre un tramo de la Cañada Florida.
QUINTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 9 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
SEXTO: INTEGRAR el Comité de Verificación para el cumplimiento de la sentencia por el Magistrado Sustanciador en primera instancia del presente medio de control, la administradora de la Unidad Residencial Bonaparte, un Delegado nombrado al efecto por el Alcalde Municipal de Floridablanca, Santander, un delegado nombrado al efecto por el Director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB y un Delegado nombrado para el efecto por el Gerente de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. –EMPAS S.A. E.S.P. y un delegado del Ministerio Público. Suminístreseles copia de esta sentencia.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
OCTAVO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cfr. folio 82 del cuaderno número 1 del expediente. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Cfr. folio 193 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 276 a 279 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 97 a 113 del cuaderno número 1 del expediente. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 302 del 25 de febrero de 2000. Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal. H. Corte Constitucional, Sentencia C-265/02. Referencia: expediente D-3721. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64, parcial, de la Ley 675 de 2001. Actor: José Miguel de la Calle Restrepo. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, 16 de abril de 2002. Cfr. folios 150 a 157 del cuaderno número 1 del expediente. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. Cfr. folios 170 a 173 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 206 a 211 del cuaderno número 1 del expediente. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Cfr. folios 217 a 224 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 270 y 271 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 398 a 401 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 394 a 397 del cuaderno principal del expediente. Cfr. 402 a 405 del cuaderno principal del expediente. Cfr. providencia obrante a folios 262 a 274 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 435 y 436 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folio 446 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 455 a 459 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 321 y 322 del cuaderno principal del expediente. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Cfr. folio 453 del cuaderno principal del expediente.
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, Radicación nro. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de mayo de 2017, C.P. Roberto augusto Serrato Valdés, radicación número. 13001-23-31-000-2011-00315-01(AC).
“Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”
Corte Constitucional. Sentencias T-411 de 1992, Actor: José Felipe Tello Varón, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-523 de 1994, Actores: María de Jesús Medina Pérez y Otros M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-126 de 1998, Actores: Luis Fernando Macías Gómez y Luis Roberto Wiesner Morales M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-431 de 2000, Actor: Julio César Rodas Monsalve, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. H.
Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de 2017. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Código Civil. Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia. Referencia: Expediente T-3.011.980. Accionante: Juan Manuel Benítez, Demandados: Consejo de Estado – Sección Primera, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth. 29 de abril de dos mil quince (2015), Radicación número: 25000-23-26-000-2002-00708-01(29175). El artículo 8 de la Ley 9 de 1989 señalaba: “Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios”. En efecto, al fallar una acción popular interpuesta por la Junta de Acción Comunal Barrio Niza Sur para obtener la protección de derechos colectivos ligados al mantenimiento del humedal Córdoba de Bogotá, la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación consideró: “Nada más alejado del destino que debe darse a un humedal que aplicar los principios del espacio público que, por definición, es lugar de socialización y de encuentro frecuente e incluso masivo de personas; a tal categoría pertenecen, por ejemplo, las plazas y ciclorrutas, que se instalan, por esa misma razón, en lugares cuya fortaleza ambiental permite la concentración de numerosos grupos de personas y no en aquellos ecosistemas que por su fragilidad se deterioran de manera dramática cuando son sometidos a tales cargas físicas”, sentencia de 20 de septiembre de 2000, exp. 25000-23-25-000-2000-0254-01(AP), C.P. Jesús María Lemos Bustamante. Así pues, las normas del espacio público aplicables a los humedales tienen que ver, esencialmente, con su protección y no tanto con su destinación que, por sus particularidades ecológicas, debe ser limitada. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1976.
“Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.
“Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”. H. Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación número 25000-23-25-000-2002-02788-01(AP). Corte Constitucional, Sentencia T-066 de 1995. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP), criterio reiterado por esta Sala de Decisión radicación nro: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 19001-23-31-000-2005-00067-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de noviembre de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación número: 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP). Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, radicación número AP 1834. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios. Cfr. disco compacto visible a folio 290 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. disco compacto visible a folio 290 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. disco compacto visible a folio 290 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. disco compacto visible a folio 290 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. disco compacto visible a folio 290 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 319 a 321 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 322 a 384 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 335 a 344 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 121 y 122 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folio 165 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folio 158 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 123 y 124 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 14 a 28 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. folios 29 a 31 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 33 a 35 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 36 a 38 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folio 39 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 40 a 43 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 131 y 132 de cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 133 y 134 del cuaderno número 1 del expediente. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales. Cfr. folios 44 a 59 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 60 y 61 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 141 a 143 del cuaderno principal del expediente. Cfr. folios 144 y 145 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folio 146 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 177 y 178 del cuaderno núm. 1 del expediente. Cfr. disco compacto visible a folio 269 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 64 y 66 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 71 a 73 del cuaderno número 1 del expediente. Cfr. folios 127 y 128 del cuaderno principal del expediente. Cfr. 148 y 149 del cuaderno núm. 1 del expediente.
Cfr. folios 287 y reverso del cuaderno núm del expediente. Según el informe de los Bomberos voluntarios de Floridablanca, Santander, realizado el 6 de marzo de 2014 visible a folios 14 a 28 del cuaderno número 1 del expediente. Oficio de 10 de marzo de 2014 suscrito por el Representante Legal de VISSA S.A.S. folios 29 a 31 del cuaderno número 1 del expediente. Folios 33 a 35 del cuaderno número 1 del expediente. Folios 40 a 43 del cuaderno número 1 del expediente. Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
Hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debido a la fusión de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Comercio Exterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 790 de 27 de diciembre de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República". Cfr. disco compacto visible a folio 269 del cuaderno número 1 del expediente. Por medio del cual se compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 2001, No. 025 de-Octubre 16 de 2002, No. 008 de Octubre 12 de 2005, No. 001 de Febrero 25 de 2013 y No. 015 de Noviembre 24 de 2015, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Floridablanca. Disponible para efectos de publicidad en el vínculo web http://www.floridablanca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%20N%C2%B0%200068%20de%202016.pdf, consultado el 28 de junio de 2018. Cfr. folios 44 a 59 del cuaderno principal del expediente. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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