Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-00551-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2021-00551-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2021-00551-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
Actora: Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca
Demandados: Municipio de Vijes, Departamento de Valle del Cauca y Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca1
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Municipio
de Vijes, el Departamento de Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca contra la sentencia de 2 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca presentó demanda2
contra el Municipio de Vijes, el Departamento de Valle del Cauca y la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, en ejercicio del respectivo medio de
control, con el objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos:
i) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ii)
de los consumidores y usuarios; iii) al acceso a los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna; y iv) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
1 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2EXPEDIENTEDIGITAL_01CARATULA(.PDF) NroActua 3.
2 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3.
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Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Se declare al EL (sic) MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL
VALLE DEL CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA- CVC administrativamente responsables por la vulneración de los derechos
colectivos al ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE
GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA,
DERECHO A LA BUENA CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, DERECHO A UN
MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS
NATURALES y EL DERECHO A LA IGUALDAD.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, condénese al
MUNICIPIO DE VIJES-GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA- CVC, a
intervenir inmediatamente (o dentro de lapso de tiempo que el juez estime
pertinente) la vereda Pueblo Nuevo, el corregimiento La Rivera- comunidad indígena
Niassa y en la vereda el Caimital- sector la escuela en el municipio de Vijes, con el
fin de garantizar a todos los habitantes de estas comunidades el servicio p[ú]blico
de acueducto y agua potable en condiciones de igualdad, mediante la infraestructura
adecuada.
TERCERA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE
DEL CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL
CAUCA- CVC, garantizar el servicio de agua potable al sector la escuela de la
vereda el Caimital en CONDICIONES DE IGUALDAD respecto de la salubridad,
calidad, cantidad y precio del metro c[ú]bico, respecto a las poblaciones toman el
preciado líquido aguas arriba de la quebrada LA VALENCIA.
CUARTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-
CVC, a intervenir inmediatamente (o dentro de lapso de tiempo que el juez estime
pertinente) la quebrada LA VALENCIA, desde su nacimiento hasta su
desembocadura, mediante un plan de ordenamiento y manejo de cuenca o plan de
manejo del recurso hídrico, garantizando efectivamente las zonas de protección de
bosque nativo en toda la cuenca y las obras que seas necesarias para preservar
esta fuente de agua.
QUINTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-
CVC, a reconocer y enmendar inmediatamente cualquier omisión que vulnere
derechos colectivos al ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, DERECHO A LA BUENA CALIDAD
DE BIENES Y SERVICIOS, DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO,
DERECHO A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES y EL DERECHO
A LA IGUALDAD de la vereda Pueblo Nuevo, el corregimiento La Rivera- comunidad
indígena Niassa y en la vereda el Caimital- sector la escuela en el municipio de
Vijes[.]
SEXTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-
CVC al pago de las costas procesales y agencias en derecho, a favor del Fondo de
Defensa de Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría de Pueblo.
SÉPTIMA: Ordénese al MUNICIPIO DE VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL
CAUCA-CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-
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CVC a dar cumplimiento a la sentencia dentro de los diez (10) meses siguientes a
su ejecutoria […]”3.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. En el Municipio de Vijes hay tres comunidades que toman agua de la
quebrada La Valencia, la tratan de manera artesanal y luego la distribuyen para el
consumo humano, sin tratamiento que garantice la potabilidad del agua. Se trata de
las siguientes: i) el corregimiento La Rivera; ii) el sector La Escuela de la vereda El
Caimital; y iii) la comunidad indígena Nasa de la vereda Pueblo Nuevo.
3.2. Adujo que en las dos primeras comunidades se toma el agua sin concesión
de aguas superficiales y se entrega a 104 familias, en el corregimiento La Rivera, y
19 familias, en el sector La Escuela de la vereda El Caimital.
3.3. Agregó que la quebrada La Valencia no cuenta con un Plan de Ordenamiento
y Manejo de Cuenca o Plan de Manejo del Recurso Hídrico que permita una
protección adecuada de la cuenca, teniendo en cuenta que de dicho afluente
consumen aproximadamente 193 familias.
3.4. Manifestó que en el sector La Escuela de la vereda El Caimital se ha
presentado desabastecimiento de agua y, además, se cobra un precio alto por el
metro cúbico de dicho recurso hídrico.
Contestaciones de la demanda
4. El Municipio de Vijes4 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas con fundamento en los siguientes argumentos5:
4.1. Señaló que hay bienes de uso público que no son espacio público y son los
concejos municipales aquellos que tienen la función de reglamentar los usos del
suelo, así como de vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcción y enajenación de los inmuebles destinados a la vivienda.
3 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF)
NroActua 3.
4 Cfr. índice 21 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Radicación: 630013333006202400003-00. Archivo
denominado: 38_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 21.
5 Cfr. índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 21_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED1(.PDF) NroActua 15.
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4.2. Destacó que en la autonomía de cada municipio se fijan unas reglas atinentes
a la actividad urbanizadora, y sus actividades conexas, con criterio ligado a la
planeación que se haya establecido por la administración.
4.3. Solicitó que se declarara agotamiento de jurisdicción por haber en curso un
proceso “[…] contra el Municipio de Vijes, la CVC y el Departamento del Valle del
Cauca, donde se solicita la declaratoria de violación a los derechos colectivos al
medio ambiento, por no haberse implementado una PTAR en el Municipio […]”. El
proceso señalado es el identificado con radicación “[…] 2017 – 00037 - 00 […]”, que
se adelanta en el Juzgado diecinueve (19) Administrativo Oral del Circuito de Cali.
4.4. Señaló que el municipio también es parte en otro proceso de acción popular,
identificado con el radicado 2017-00037-00, por los mismos hechos, adelantado por
una veeduría ciudadana, en consecuencia, solicitó declarar el agotamiento de
jurisdicción en relación con el presente proceso.
4.5. Solicitó que se debe dar aplicación al artículo 193 de la Ley 1564 de 2017,
en el sentido de otorgar efectos de confesión judicial a las manifestaciones de la
Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca, respecto a los hechos narrados en
el escrito de la demanda.
4.6. Advirtió, conforme a las reglas del artículo 167 del Código General del
Proceso y el artículo 1757 del Código Civil, que la parte actora tiene la carga
probatoria para demostrar la vulneración o amenaza del derecho colectivo alegado.
4.7. En relación a los hechos afirmó que ha venido trabajando, junto a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en la mitigación de la
problemática de escasez de agua del municipio; además, señaló que no le consta
los cortes del servicio ni los altos costos del metro cubico señalados.
4.8. Destacó que el municipio se encuentra tramitando ante la CVC y en el
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, conforme a la Ley 1151 de 2007 y la
Ley 160 de 1994, las áreas de importancia estratégica para la conservación de
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales como
de interés público.
4.9. Aunado a lo anterior, indicó que la responsabilidad de la protección del río
Cauca recae en la Gobernación a través de la Corporación Autónoma Regional, ya
que el río está fuera de la jurisdicción del Municipio de Vijes. Asimismo, concluyó
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que no se trata de una edificación abierta al público y que el gobierno no ha dictado
las normas reglamentarias correspondientes.
4.10. Menciono que, en mayo de 2013, la empresa Vallecaucana de Aguas S.A.
ESP presentó los estudios y diseños para el sistema de tratamiento de aguas
residuales y alcantarillado en el sector Calle Larga y Los Hispanos, los cuales se
integran al Plan Departamental de Aguas. Además, indicó que se inició la
socialización del contrato para los estudios, diseños y optimización del sistema de
alcantarillado en varias veredas del corregimiento, evento en el cual participaron
representantes de la Alcaldía, la empresa Vallecaucana de Aguas y otros
consorcios, y se discutieron los avances del proyecto. Así, la gestión del proyecto
quedó a cargo de Vallecaucana de Aguas S.A. ESP con el apoyo del Municipio,
mientras se aguardaban ajustes y aprobaciones por parte del Ministerio de Vivienda,
que fueron entregados el 29 de mayo de 2019 a la Secretaría de Planeación
Departamental.
4.11. Precisó que el Plan de Saneamiento y Vertimiento para el corregimiento El
Porvenir fue presentado ante la autoridad ambiental y fue aprobado mediante
Resolución núm. 0100-711-0672 de 2015.
4.12. Manifestó que no existe un nexo entre el daño alegado y las acciones del
municipio, por lo que no se configura la causalidad necesaria para establecer
responsabilidad.
4.13. Asimismo, sostuvo que es fundamental demostrar el daño, y en el caso sub
examine no se ha probado la vulneración en cabeza del municipio, por lo que en
aplicación a la “[…] regla primordial del derecho de responsabilidad que sin la
demostración del perjuicio concretado en el daño no hay responsabilidad sobre el
particular […]”.
4.14. Propuso como excepciones las denominadas: “inexistencia de violación a
derechos colectivos del medio ambiente – conducta – amenaza o violación”;
“inexistencia del nexo de causalidad”; “inexistencia de responsabilidad”;
“confrontación y concurrencia de dos derechos legítimamente amparados – test de
racionalidad – figura de interpretación utilizada por la corte constitucional”;
“inexistencia de violación normativa y reglamentaria y el medio ambiente”; y
“excepción genérica del artículo 282 del CGP”.
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5. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos6:
5.1. Indicó que, mediante la Resolución núm. 760-0761-0005 de 4 de enero de
20217 resolvió otorgar una concesión de aguas superficiales de uso público a la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario de la Vereda Caimital, en
el Municipio de Vijes, para lo cual tomó porcentajes de caudales de las quebradas
La Valencia, Los Naranjos, Las Nieves, Las Marías y El Silencio.
5.2. Resaltó que no es competente de la prestación de servicios públicos
domiciliarios. Además, que ha adelantado gestiones relacionadas con la quebrada
La Valencia y enfatizó que en los recorridos realizados a los sectores objeto de esta
acción popular no se encontraron tomas ilegales aguas arriba o entre los tramos de
la quebrada y que no hay vertimientos directos a la fuente superficial que pueda
afectar la calidad del recurso hídrico, considerando que el área donde nace y
discurre la fuente, tienen vocación forestal- productora.
5.3. Señaló que la vereda Caimital, corregimiento La Riviera, jurisdicción del
Municipio de Vijes, se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal del Pacífico
5.4. Formuló como excepciones las denominadas “falta de legitimación en causa
por pasiva por parte de Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC”
y “carencia de objeto de la acción popular respecto de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca – CVC”.
6. El Departamento de Valle del Cauca8 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos9:
6.1. Señaló que los municipios son las entidades encargadas de la prestación de
los servicios públicos y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es
la entidad que, por mandato legal, es la competente para controlar todo lo
relacionado con los abastecimientos de agua, las concesiones y potabilización de
los acueductos conformados en las áreas rurales respectivas para su suministro a
la comunidad.
6 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 18_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED(.PDF) NroActua 13. Páginas 2-22.
7 “[…] Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales provenientes de las quebradas las nieves,
las marías, el silencio, los naranjos y la valencia, a la asociación de usuarios del acueducto rural comunitario de
la vereda caimital, municipio de Vijes […]”.
8 Por intermedio de apoderada.
9 Cfr. índice 24 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 35_CONTESTACIONDEDEMANDA_76001233300020210055(.ZIP) NroActua 24.
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6.2. Indicó que no está legitimado en la causa por pasiva debido a que no guarda
relación directa con el sitio en el cual presuntamente se están conculcando derechos
e intereses colectivos.
6.3. Solicitó que se condenara en costas a la parte demandante.
6.4. Formuló como excepción la denominada “falta de legitimación en la causa
por pasiva”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
7. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca celebró la audiencia de Pacto
de Cumplimiento el día 14 de octubre de 202110, sin que existiera acuerdo y ante la
inasistencia del Municipio de Vijes, declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
8. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia de 2 de
agosto de 2023, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la vulneración de los derechos e intereses colectivos
contenidos en los literales a), c), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 por parte
del MUNICIPIO DE VIJES, el DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, en el
marco de sus competencias y funciones, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa del presente proveído.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PROTEGER los derechos e intereses
colectivos contenidos en los literales a), c), g) y h) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998
y en consecuencia, ORDENAR al MUNICIPIO DE VIJES, al DEPARTAMENTO DEL
VALLE y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –
CVC, que, una vez ejecutoriada la presente providencia, en el marco de sus
competencias y funciones, den continuidad al trámite ya iniciado y procedan a destinar
los recursos que se requieren para el mejoramiento de la infraestructura existente y
garantizar materialmente el acceso al agua potable a los habitantes de la vereda
Pueblo Nuevo, el corregimiento La Rivera-comunidad indígena Niassa y la vereda el
Caimital- sector la escuela en la jurisdicción del MUNICIPIO DE VIJES, cuya
intervención deberá velar por la preservación de la cuenca de la quebrada la Valencia,
lo que deberá realizarse en un término máximo de 15 meses.
TERCERO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por un representante de: i) la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en calidad de
accionante, ii) el MUNICIPIO DE VIJES, iii) EL DEPARTAMENTO DEL VALLE, iv)
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, y v)
un delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del
Ministerio Público.
10 Cfr. índice 35 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
51_ACTAAUDIENCIA_20210055100ACTAY(.PDF) NroActua 35.
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CUARTO: No condenar en COSTAS, por lo expuesto.
QUINTO: ENVIAR copia de la sentencia a la Defensoría Pública, para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
SEXTO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión […]”11.
Consideraciones del Tribunal
9. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] Se determinará si se violaron los derechos colectivos invocados porque no se
han dispuesto los recursos para garantizar los índices de potabilidad del recurso
hídrico para el consumo humano de la vereda Pueblo Nuevo, el corregimiento La
Rivera- comunidad indígena Niassa y en la vereda el Caimital- sector la escuela, en
la jurisdicción del MUNICIPIO DE VIJES.
En caso afirmativo, se determinará la competencia de las entidades accionadas para
hacer cesar la vulneración objeto de estudio […]”12.
10. El Tribunal adujo que hay insuficiencia en la infraestructura para la prestación
del servicio público de alcantarillado debido a que no hay garantía de los índices de
potabilidad del agua para el consumo humano en la vereda Pueblo Nuevo, la
comunidad indígena Nasa del corregimiento La Rivera y en el sector La Escuela de
la vereda El Caimital ubicados en el Municipio de Vijes.
11. En ese sentido, señaló que encontraba demostrada la vulneración de los
derechos e intereses colectivos con, entre otros, los oficios de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca dirigidos al alcalde del Municipio y con el
estudio que se realizó en el sector afectado corroborando que los habitantes de
dichos sectores no cuentan con acceso a agua potable; en consecuencia, ordenó a
las entidades accionadas que dieran continuidad a los trámites y obras necesarias
para el mejoramiento de la infraestructura mencionada.
12. El Tribunal precisó que el informe allegado se tiene que, a pesar que los
sistemas son funcionales en condiciones de suministros, no lo son en infraestructura
debido a que solo se cuenta con obra de captación, tanque sedimentador
desarenador y, en algunos casos, casetas de cloración.
13. Además, señaló que en el informe de infraestructura de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca se destacó que la cantidad microbiológica
11 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_110_110_760012333000(.pdf)
NroActua 2. Página 19.
12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_110_110_760012333000(.pdf)
NroActua 2. Página 5.
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de la fuente denominada quebrada La Valencia presenta concentración de
coliformes totales entre 260 NMP/100ml y 20000NMP/100ml de las muestras
tomadas directamente de la fuente de abastecimiento, reflejo de la falta de
tratamiento de potabilización.
14. Agregó que no desconoce el avance de los distintos trámites administrativos
tendientes a dar cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Recursos
Naturales por parte de la autoridad ambiental, además, si bien el Municipio no ha
elaborado solicitud de apoyo dirigida al Departamento para financiación de las obras
requeridas, tampoco demostró que no tuviera la capacidad para ejercer
debidamente sus competencias.
15. Indicó que los municipios tienen la competencia de prestar los servicios
públicos, entre los cuales se encuentra el acueducto, sea directa o indirectamente.
Asimismo, que las corporaciones autónomas regionales son entidades que
administran el ambiente y los recursos naturales renovables dentro de lo cual deben
ejecutar obras que permitan garantizar el saneamiento ambiental guiando la
construcción de la infraestructura para ese propósito con diseños y estudios.
Además, adujo que los departamentos asisten a los municipios en apoyo para dar
cumplimiento a sus funciones.
16. Manifestó que no se configuraba el agotamiento de la jurisdicción debido a
que la relatoría realizó una verificación encontrando que no hay otro proceso con
solicitudes idénticas o fallos respecto de lo pedido en la demanda.
17. Señaló que no hay fundamento para el argumento relacionado con que dos
particulares están haciendo uso de la labor de la Defensoría del Pueblo para obtener
beneficios particulares y utilizar la concesión de la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca en cultivos y otros usos distintos al consumo humano. Lo
anterior teniendo en cuenta que de las pruebas se pudo concluir que las
comunidades objeto de esta acción popular se encuentran en riesgo y no amparar
las pretensiones de la demanda sería poner en peligro el interés general de la
comunidad facilitando generación de un foco de infecciones o contaminaciones
ambientales.
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Recursos de apelación
18. El Municipio de Vijes13 interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en
los siguientes argumentos:
18.1. Advirtió que en la contestación de la demanda y en el escrito de alegatos
había solicitado que se declarara el agotamiento de jurisdicción, debido a que se
encuentra en curso el proceso identificado con radicación “[…] 2017 – 00037 - 00
[…]”, y que dicha solicitud debió resolverse antes o en la sentencia, proferida en
primera instancia.
18.2. Indicó que el Tribunal solo mencionó que “[…] la relatoría de esta
Corporación realizó una verificación y encontró que no hay proceso con idénticas
solicitudes, ni fallos respecto de lo pedido en esta demanda, lo que dejó sentando
(sic) en oficio dirigido al Tribunal […]”; cuando debió haberse oficiado al Juzgado
diecinueve (19) Administrativo de Cali, donde se adelanta dicho proceso, para
resolver de fondo dicha solicitud.
18.3. Señaló que en la vereda Caimital se presta el servicio público de acueducto
por la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario de la Vereda
Caimital -con concesión de aguas superficiales provenientes de las quebradas las
Nieves, Las Marías, El Silencio, Los Naranjos y la Valencia- autorizada por la
Resolución núm. 0760 de 4 de enero de 2021. Dicho sistema consta de dos
bocatomas, una de las cuales surte a 19 familias y a la Institución Educativa
Manuela Beltrán.
18.4. En orden a lo anterior, adujo que el Municipio ha brindado apoyo para el
mejoramiento de los acueductos rurales y por ello se ha logrado obtener un Índice
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA en 0.
Mencionando que algunas personas están adelantando trámites para obtener la
administración del acueducto con la intención de hacer uso del agua con fines
agrícolas y piscícolas; sin embargo, para dar una destinación diferente se debe
adelantar otro permiso ante la autoridad ambiental.
18.5. Indicó que la parte actora no allegó pruebas de los elementos fácticos
expuestos en el escrito de la demanda.
13 Cfr. índice 88 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 119_APELACIONDESENTENCIA_APELACION_POPULAR_DE(.pdf) NroActua 88.
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18.6. Agregó que, si bien el artículo 111 de la Ley 99 declaró que las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua los acueductos municipales son de interés público y para determinar cuáles
son aquellas áreas es necesario contar con estudios y con un concepto técnico de
la autoridad ambiental correspondiente.
18.7. Adujo que, una vez se obtengan los resultados de los mencionados
estudios, tal información se debe incluir en los instrumentos de planeación, como el
plan de ordenamiento territorial y el plan de manejo y ordenación de una cuenca –
POMCA, teniendo en cuenta que se debe apartar el 1% de los ingresos corrientes
de los departamentos y municipios para el mantenimiento y restauración de aquellas
áreas de vital importancia para las cuencas abastecedoras.
18.8. Manifestó que, en el caso concreto, el Municipio de Vijes “[…] se encuentra
en el trámite respectivo ante la CVC, como en el Esquema de Ordenamiento
Territorial del Municipio [y] […] la autoridad competente para la protección es de las
Gobernaciones por conducto de las Corporaciones autónomas regionales, pues el
cuidado del río [C]auca no puede ser de exclusividad de un municipio, en tanto que
este se encuentra por fuera de la jurisdicción del [M]unicipio de Vijes […]”.
18.9. Mencionó que ha adelantado actividades para ejecución y ajustes del Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV del corregimiento El Porvenir
que no fueron informadas a la autoridad ambiental, aunque dicha entidad podría
haber requerido información por sus funciones preventivas. Dichas actividades
incluyen estudios y diseños para el sistema de tratamiento de aguas residuales y
redes de alcantarillado en el sector Calle Larga y Los Hispanos del corregimiento El
Porvenir, también reuniones con la empresa Vallecaucana de Aguas S.A. ESP y el
Consorcio PLUS, con el objetivo de continuar con las siguientes fases de trabajo
para el proyecto de instalación de dicho sistema de tratamiento de aguas residuales.
18.10. En ese sentido, destacó que se puede evidenciar su amplio interés por
brindar una solución definitiva al sistema de vertimientos de las veredas señaladas,
para ello en el plan de adquisiciones del año 2021 se han dispuesto las
apropiaciones presupuestales pertinentes, para continuar cumpliendo con las
obligaciones de la Resolución 1433 de 13 de diciembre de 200414.
14 “[…] Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones […]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
19. El Departamento de Valle del Cauca15 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:
19.1. Señaló que no existe prueba que demuestre una acción u omisión de la
entidad que haya sido vulneradora de los derechos e intereses colectivos y no solo
por la subsidiariedad o complementariedad con el actuar de los municipios es
posible endilgarles responsabilidad. Si así fuera, cualquier ente departamental
debería responder siempre que se vincule a un municipio eximiéndose de hacer un
juicio de responsabilidad.
19.2. Adujo que el juez tiene potestad de determinar las medidas necesarias para
la garantía de los derechos e intereses colectivos únicamente con respecto a las
entidades de las cuales se pruebe su responsabilidad, la legitimación material en la
causa por pasiva exige que la entidad esté vinculada funcional o materialmente con
los hechos que dan origen a la reclamación.
19.3. Indicó que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca es la
competente de controlar todo lo relacionado con los abastecimientos de agua, las
concesiones y potabilización de los acueductos de las áreas rurales.
19.4. Advirtió que en el informe rendido por Vallecaucana de Aguas S.A. ESP, el
28 de junio de 2022, se evidenció el apoyo del Departamento a través de dicha
empresa como gestora del Plan Departamental de Aguas, la cual cumple a
cabalidad con sus funciones y a quien no es posible endilgarle alguna acción u
omisión que sea vulneradora de los derechos o intereses colectivos.
19.5. Solicitó que se declare el agotamiento de jurisdicción, propuesto por el
Municipio de Vijes, debido a que existe otro proceso con hechos idénticos en la
acción popular identificada con número único de radicación
760013340019201700037-00.
20. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca16 interpuso
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que
solicitó la revocatoria de los ordinales primero, segundo y tercero con fundamento
en los siguientes argumentos:
15 Cfr. índice 90 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 124_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 90.
16 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_APELACION126_760012(.pdf)
NroActua 2.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
20.1. Señaló que ha realizado, dentro del marco de sus competencias, la
preservación y cuidado de la quebrada “La Valencia”.
20.2. Adujo que las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera
instancia, vulneran el principio de legalidad y son contrarias a las funciones que se
le han atribuido en el artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199317, dentro
de las cuales no se encuentra realizar y mantener la infraestructura que garantice
la prestación de servicios públicos domiciliarios.
20.3. Advirtió que la función relacionada con la infraestructura está a cargo de las
entidades territoriales y no existió prueba allegada al expediente que demuestre
impedimento para la mencionada prestación.
20.4. Indicó que no hay evidencia alguna que acredite la vulneración de los
derechos e intereses colectivos invocados por parte de la entidad, al contrario, se
encuentra demostrada su diligencia y cumplimiento de su función misional.
20.5. Manifestó que el Tribunal no hizo un análisis acucioso sobre la solicitud de
agotamiento de jurisdicción debido a que el Municipio mencionó que había un
proceso adelantado ante el Juzgado diecinueve (19) Administrativo de Oralidad de
Cali, por lo cual no era suficiente verificar en la relatoría del Tribunal sino oficiar a la
otra dependencia judicial para tener esa certeza. El otro proceso señalado fue
identificado con la siguiente información:
“[…] Dependencia: Juzgado 19 Administrativo Oral del Circuito de Cali
Referencia: Acción Popular
Accionante: Cesar Tulio Sánchez y otros
Demandado: Acuavalle S.A. E.S.P.
Radicación: 2017 – 00037 – 00 […]”.
Actuaciones en segunda instancia
21. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
profirió auto de 18 de agosto de 202318 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Vijes, el
Departamento de Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca contra la sentencia proferida, en primera instancia.
17 “[…] por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones […]”.
18 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_130_130_760012333000(.pdf)
NroActua 2.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
22. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 18 de
septiembre de 202319 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación presentados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca,
el Departamento de Valle del Cauca y el Municipio de Vijes contra la sentencia de
2 de agosto de 2023 proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca.
23. Posteriormente, el Despacho sustanciador profirió auto de 23 de octubre de
202420 mediante el cual admitió los recursos de apelación mencionados supra.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
24. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho e interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; vi) el marco constitucional y legal en materia del
derecho al agua y el saneamiento básico; vii) el marco normativo sobre las
competencias de las autoridades en materia de saneamiento básico y prestación
del servicio público domiciliario de alcantarillado; y viii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
25. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201921, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15022 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
19 Cfr. índice 4 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION(.pdf) NroActua 4.
20 Índice 30 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
44Autoqueadmite_APa202155101Defensor(.pdf) NroActua 30.
21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
22 Modificado por las leyes 1564 y 2080, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
26. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
27. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Municipio de Vijes, el Departamento de Valle del
Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca en los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de 2 de agosto de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32023
y 32824 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, norma aplicable al presente caso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
28. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:
28.1. Si, en el caso particular, se configuran o no los supuestos para declarar
probada la excepción de agotamiento de jurisdicción respecto del proceso de acción
popular identificado con número único de radicación 760013340019201700037-00.
28.2. Si las entidades accionadas son o no responsables de la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos ocasionada por las falencias en la
prestación del servicio de acueducto a la comunidad indígena Nasa de la vereda
Pueblo Nuevo, el sector La Escuela de la vereda El Caimital y el corregimiento La
Rivera ubicados en el Municipio de Vijes; y, consecuencialmente, si las citadas
entidades son o no competentes para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia
proferida, en primera instancia, orientadas a la superación de la situación de
vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos.
29. A causa de lo anterior, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 2 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca, en primera instancia.
23 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
24 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
30. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
31. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
32. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
33. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
34. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”26.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
35. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
36. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública
37. Vistos los artículos 2.°, 24 y 366 de la Constitución Política sobre el deber del
Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala que
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
38. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.
39. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado27.
Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la
posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
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Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”28 (Destacado fuera de texto).
40. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”29.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
41. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
42. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”30
(Destacado fuera de texto).
43. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
29 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000
201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente31, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico
44. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
45. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 32
señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
46. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 de 2 de junio de 199433
prevé que los municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de
agua potable y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo
con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
47. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número:
170012333000201800493-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
32 […] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones
[…]”.
33 […] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
[…]”.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico
48. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
49. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 de 11 de julio de 199434
señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
50. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 prevé que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
51. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado
52. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.
53. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente35, el cual se concreta,
34 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
35 Artículo 79.
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fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental36 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios37.
54. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
55. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155138, la
norma señala lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
36 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr. Decreto Ley 2811 de 1974,
artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
37 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.
38 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó
la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
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correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)
56. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”39; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”40; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”41.
57. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
58. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
39 Artículo 8.4.
40 Artículo 8.5.
41 Artículo 8.6.
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59. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
60. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.
61. Además, el artículo 76 de la Ley 715 ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
62. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden de garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.
63. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
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que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
64. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
65. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
66. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.
67. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
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a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”42
(Destacado fuera del texto).
Análisis del caso concreto
68. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
69. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca amparó los derechos e
intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano; ii) a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la
preservación y restauración del medio ambiente; iii) a la seguridad y salubridad
pública al acceso de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; y iv) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública.
70. Lo anterior, luego de considerar que se probó la vulneración con la falta de
potabilidad en el agua que se suministra en las zonas objeto de la presente acción
popular, demostrado con informes técnicos y oficios de la autoridad ambiental y del
Municipio de Vijes. Así como las falencias en la infraestructura del servicio público
de alcantarillado en los sectores mencionados.
71. En ese sentido, ordenó a las entidades accionadas, dar continuidad al trámite
ya iniciado y destinar recursos para el mejoramiento de la infraestructura existente
garantizando el acceso a agua potable teniendo en cuenta la preservación de la
cuenca de la quebrada La Valencia. Adicionalmente, ordenó conformar un comité
de verificación para el cumplimiento de la sentencia.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
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72. Contra esta decisión se interpusieron recursos de apelación en los cuales,
por un lado, las entidades accionadas argumentaron que no son competentes de
cumplir las órdenes impartidas en la sentencia debido a que no incurrieron en
conductas vulneradoras de derechos colectivos; y, por otro lado, que se configuraba
la excepción de agotamiento de jurisdicción con relación a un proceso que está en
curso a cargo del Juzgado diecinueve (19) Administrativo de Cali.
73. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine son las siguientes43:
73.1. Copia de la Resolución 0760 núm. 0761-01326 de 20 de diciembre de 201944,
“[…] por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales provenientes de la
quebrada El Queremal, afluente de la quebrada El Tambor, ríos Romerito, Río
Grande, Bitaco y Dagua a la asociación de usuarios del servicio de agua potable de
la vereda Pueblo Nuevo Municipio de Vijes y cabildo ind[í]gena Niaza Municipio de
Restrepo Departamento del Valle del Cauca […]”.
73.2. Copia de Informe de 20 de junio de 202045 sobre la visita de la fase de
prediagnóstico del proyecto denominado “Optimización Sistema de Acueducto y
Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable de la Vereda Caimital –
Corregimiento La Rivera”, realizada el 12 junio de 2020 por Vallecaucana de Aguas
S.A. ESP -como gestora del Plan Departamental de Aguas del Valle del Cauca-. En dicho
informe se señaló que la vereda Caimital del corregimiento La Rivera cuenta con
una población aproximada de 520 habitantes, de los cuales 99 viviendas estaban
conectadas al sistema de acueducto y más de 30 usuarios no contaban con
conexión a la fecha de la visita.
73.2.1. En el mismo documento, se describió el sistema de abastecimiento de
acueducto existente mencionando que fue construido en 1979 y que cuenta con 3
bocatomas, 2 desarenadores, 2 cámaras de quiebre y 3 tanques de
almacenamiento, el mencionado sistema está compuesto por dos acueductos
manejados por la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario de la
Vereda Caimital y una de las fuentes de agua de donde toma el recurso es La
Valencia. Asimismo, se manifestó que hay una propuesta de proyecto para ampliar
el sistema de acueducto en aras de mejorar la calidad del agua y facultar la
43 Cfr. índice 98 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 76001233300020210055-00. Anotación
denominada: 132_ENVIOCONSEJODEESTADO_CONSTCORREOREMITE(.pdf) NroActua 98.
44 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 18_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED(.PDF) NroActua 13. Páginas 26-45.
45 Cfr. índice 54 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 77_ALLEGAMEMORIAL_SADE2022035310RESP(.pdf) NroActua 54. Páginas 3-34.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
consideración de tener una nueva fuente abastecedora suficiente para tener servicio
en época de verano; igualmente, que para construir la Planta de Tratamiento de
Agua Potable es necesario verificar la propiedad del predio dispuesto para tal obra.
73.3. Copia de Oficio de 22 de julio de 202046, expedido por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca dirigido al alcalde del Municipio de Vijes, al
presidente del acueducto La Rivera, presidente del acueducto ASOCUANPU y
presidente del acueducto ASORUCUAIM. En aquel documento se expusieron los
recorridos que la autoridad ambiental realizó el 24 de junio y 5 de julio de 2020 en
una visita técnica al cauce de la quebrada La Valencia, fuente que nace en el predio
El Queremal, debido a que hay inconvenientes por desabastecimiento del recurso
hídrico en la población del sector La Escuela.
73.3.1. En la visita se realizó el aforo volumétrico manual del caudal que inicia al
sistema de acueducto del sector La Escuela de la vereda Caimital, se encontraron
captaciones de agua que podrían estar afectando el caudal de ingreso a las
bocatomas y se evidenció que solo se encuentran las obras de los acueductos
comunitarios del corregimiento La Rivera -ubicado en la parte alta de la fuente
superficial-, del resguardo Niasa en la vereda Pueblo Nuevo y del sector La Escuela
de la vereda Caimital. Allí mismo se indicó lo siguiente:
“[…] Derivación 1: Corresponde al sistema de captación del acueducto del
corregimiento de La Rivera No 8, […] [s]egún la información suministrada cuenta
con 104 suscri[p]tores.
El sistema comprende dos derivaciones construidas en concreto sobre el cauce de
las fuentes superficiales, donde la bocatoma No. 1 se ubicada (sic) sobre el cauce
principal de la quebrada ‘La Valencia’ y la bocatoma No. 2 sobre un afluente de la
misma. En las dos derivaciones se capta el 100% del caudal que oferta. Se realiza
aforo volumétrico manual al ingreso del tanque desarenador en el momento de la
visita determinado así:
Fecha[:] 5 de julio de 2020
Toma 1: Qda La Valencia Cauda[l]=1,73 Lps
Toma 2: Afluente de la Qda La Valencia Caudal = 0,41 Lps.
Para un caudal total que ingresa a la red del sistema de Q= 2,14 Lps, se hace
necesario precisar que una vez revisada la base de datos de la Corporación se
verifica que no existe resolución de otorgamiento que ampare este caudal.
Derivación 2: Corresponde al sistema de captación que abastece el acueducto
comunitario ACUANIPU, […] [e]l cual suministra el recurso hídrico a la vereda de
Pueblo [N]uevo [M]unicipio de Vijes y el resguardo indígena Niaza Municipio
de Restrepo, con un total de 70 suscriptores, según información suministrada.
46 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
29-33.
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Se realiza captación por gravedad, con bocatoma construida en concreto emplazado
sobre el cauce de la fuente ‘La Valencia’, se realiza el aforo volumétrico manual al
ingreso del tanque sedimentador determinando un caudal así:
Toma 1(fecha 24 de junio de 2020): Qda La Valencia Caudal = 3.64 Lps
Toma 1(fecha 5 de julio de 2020): Qda La Valencia Caudal 2,20 Lps
Una vez revisada la base de datos de la Corporación se verifica que la asociación
comunitaria ASOCUANIPU, se le otorgó por medio de la Resolución 0760 No.
0761-01326 del 20 de diciembre de 2019, concesión de aguas superficiales en
la cantidad equivalente al 20% del caudal base de distribución, que corresponde a
0.81Lps con una pérdida del 25%. Lo anterior reposa en el expediente CVC-0761-
010-002-067-2019.
Así mismo el día 5 de julio se pudo realizar aforo del sobrante en la cámara o
vertedero ubicada en la bocatoma de ASOCUANIPU, donde se determin[ó] un
caudal igual a Q=1,95 Lps, sin embargo[,] no siempre existe caudal remanente
por lo que la comunidad de Caimital est[á] presentando desabastecimiento de
aguas para suplir las necesidades básicas.
Derivación 3: Corresponde finalmente a la bocatoma que abastece el acueducto
de la vereda Caimital - sector La Escuela, que pertenece a la asociacion de
usuarios del acueducto rural comunitario de la vereda Caimital ASUARUCAIM […]
la red cuenta con 19 suscri[p]tores.
El sistema de captaci[ó]n cuenta con bocatoma de fondo construida en concreto
emplazado sobre el cauce de la fuente ‘La Valencia’, se realiza el aforo volum[é]trico
manual a la entrada del tanque sedimentador y se determina el siguiente caudal:
Toma 1(fecha 24 de junio de 2020): Qda La Valencia Caudal = 0,41Lps
Toma 1(fecha 5 de julio de 2020): Qda La Valencia Caudal = 0,56 Lps
Una vez revisada la base de datos de la Corporación se verifica que no existe
resolución de otorgamiento que ampare mencionada derivación, sin embargo[,]
se evidenció que por medio del radicado 351722020 del 3 de julio del 2020, la
asociación inicio el trámite de solicitud de concesión de aguas superficiales
del acueducto en general ante la CVC.
[…] Teniendo en cuenta que las veredas de Pueblo Nuevo – Resguardo Niaza,
Caimital y el corregimiento de La Rivera, se encuentran localizadas a una altura
superior de los 1.000 msnm y asumiendo un nivel alto de complejidad del sistema
de abastecimiento por el tiempo que lleva construido, se tiene una dotación neta
máxima de 140L/hab-dia. Por lo que se realiza el cálculo para cada sistema de
acueducto; teniendo en cuenta el número de suscriptores que actualmente poseen:
C[á]lculo acueducto de La Rivera No.8
Se estima que para que el sistema de acueducto cumpla las necesidades básicas
de abastecimiento para los 104 suscriptores, con un promedio de 5 habitantes por
viviendas y asumiendo un 25% de p[é]rdida, debe ingresar a la red un caudal total
Q= 1.05 L/Seg.
C[á]lculo acueducto de Pueblo Nuevo Resguardo Niaza – ‘ACUANIPU’
Se estima que para que el sistema de acueducto cumpla las necesidades básicas
de abastecimiento para los 70 suscriptores, con un promedio de 5 habitantes por
viviendas y asumiendo un 25% de perdida, debe ingresar a la red un caudal total Q=
0.71 L/Seg.
C[á]lculo acueducto de Caimital Sector la escuela – ‘ASUARUCAIM’
Se estima que para que el sistema de acueducto cumpla las necesidades básicas
de abastecimiento para los 19 suscriptores, con un promedio de 5 habitantes por
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viviendas y asumiendo un 25% de perdida, debe ingresar a la red un caudal total Q=
0. 18 L/Seg.
Es así como se evidencia que los caudales que ingresan a los sistemas de
acueducto del corregimiento La Rivera y la vereda Pueblo Nuevo - Resguardo Niaza
no cumplen con la dotación requerida y dispuesta en la norma, está ingresando un
caudal mayor, afectando el mínimo vital al sistema del acueducto de Caimital- sector
La Escuela.
[…]
[…] las actividades que se desarrollen dentro del territorio como agrícolas, pecuarias
con fines comerciales y recreativas (piscinas), no están amparadas para hacer uso
del recurso que se dispone en la red de los acueductos. De igual manera aclarar
que el corregimiento de la Rivera y la vereda Caimital se encuentran en estado de
ilegalidad con respecto a la toma del recurso hídrico y que el otorgamiento de agua
para uso doméstico no implica viabilidad de la CVC para subdivisión predial y
construcción de viviendas.
[…]
Se requiere que los acueductos comunitarios presenten los diseños memoria técnica
y planos de una obra de reparto, donde se garantice que se deriva el caudal
necesario para el abastecimiento de las comunidades, lo que permitirá el uso de las
aguas en forma equitativa y a fin de minimizar el impacto negativo que se está
generando [...]” (Destacado fuera de texto).
73.4. Copia de la respuesta a derecho de petición de 22 de diciembre de 202047,
expedida por el Departamento de Valle del Cauca, mediante la cual reiteró que es
competencia de cada municipio, de conformidad con lo establecido en el numeral
5.1. del artículo 5 de la Ley 142, disponer y asegurar que se presten los servicios
públicos domiciliarios. Asimismo, advirtió que la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca es la entidad encargada de controlar todo lo relacionado con los
abastecimientos de agua, las concesiones y potabilización de los acueductos
conformados en las áreas rurales.
73.5. Copia de Resolución 0760 núm. 0761-000005 de 4 de enero de 202148,
expedida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, “[…] por
medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales provenientes de
las quebradas Las Nieves, Las Marías, El Silencio, Los Naranjos y La Valencia, a la
asociación de usuarios del acueducto rural comunitario de la vereda Caimital,
Municipio de Vijes […]”. Determinada para la quebrada la Valencia con un “[…]
equivalente al 14.8% del caudal base de distribución determinado en 1.18 litros por
segundo, en el punto de captación, estimándose este porcentaje en la cantidad de
47 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
38-39.
48 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 18_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED(.PDF) NroActua 13. Páginas 46-66.
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CERO PUNTO CIENTO SETENTA Y CINCO LITROS POR SEGUNDO (0.175L/S),
equivalentes a 453.6 M3/mes […]” y se señaló lo siguiente:
“[…] PARÁGRAFO 1.3: Se hace claridad que el Decreto No. 1575 de 2007
especifica que el agua cruda es el agua natural que no ha sido sometida a proceso
de tratamiento para su potabilización y no es apta para consumo humano.
PARÁGRAFO 1.4: Conforme a lo establecido en el Decreto No. 1076 de 2015, las
concesiones de agua para consumo humano deberán de cumplir con lo establecido
por el presente decreto y demás requisitos especiales que fije el Ministerio de Salud
y Protección Social (Autorización Sanitaria Favorable) y lo previsto en el régimen de
prestación del servicio público domiciliario de acueducto.
PARÁGRAFO 1.7: USOS DE LA CONCESIÓN. El caudal de agua que se otorga
por medio de la presente resolución, es como sistema de abastecimiento para
consumo humano de 100 predios ubicados en la vereda Caimital, corregimiento La
Rivera, jurisdicción del municipio de Vijes, Departamento del Valle del Cauca […]”.
73.6. Copia del Oficio 40-31.03 de 13 de enero de 202149, expedido por el alcalde
del Municipio de Vijes, en el cual indicó que habían realizado actividades con
inversión del Municipio, en apoyo a la Unidad Ejecutora de Saneamiento UES –
Valle y a la Empresa Vallecaucana de Aguas S.A. ESP consistentes, entre otras, en
entregar 97 tubos de presión PVC ½’’ y 95 uniones PVC presión de ½’’ para el
acueducto de la vereda El Caimital y entregar insumos para cambio de algunos
tramos de tubería al acueducto del corregimiento La Rivera. Asimismo, se realizaron
visitas para pre inversión de ampliación de la cobertura del acueducto con nueva
captación en la vereda El Caimital, construcción de nuevo tanque de
almacenamiento en la vereda La Rivera y entrega de tanques para abastecimiento
de agua en la vereda Pueblo Nuevo del Municipio de Vijes.
73.7. Copia de derechos de petición de 11 de febrero de 2021 remitidos al
Municipio de Vijes50, al Departamento del Valle del Cauca51 y a la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca52, expedidos por el Defensor del Pueblo
Regional Valle del Cauca, mediante los cuales solicitó: i) la prestación del servicio
público de acueducto y el acceso al agua potable apta para el consumo humano a
todas las comunidades objeto de esta acción popular; ii) un cobro adecuado por
dicho servicio; iii) la elaboración y seguimiento a un Plan de Ordenamiento y Manejo
de Cuenca y un plan de manejo del recurso hídrico para la quebrada La Valencia;
49 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
34-37.
50 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
9-14.
51 Cfr. ibidem. Páginas 15-19.
52 Cfr. ibidem. Páginas 20-24.
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iv) el amparo de las zonas de protección forestal para la Quebrada; y v) un plan de
seguimiento a las acciones tendientes a cumplir los puntos anteriores.
73.8. Copia de la respuesta de 22 de febrero de 202153, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y dirigida al Defensor del
Pueblo Regional Valle del Cauca, en la cual mencionó el acceso al agua potable en
condiciones de igualdad a los habitantes de la vereda Pueblo Nuevo, del sector La
Escuela de la vereda Caimital y de la comunidad indígena Nasa del corregimiento
La Rivera señalando lo siguiente:
“[…] Con relación a los instrumentos de planificación incluidos en este punto, se
indica que la CVC cuenta con la formulación y adopción del Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del río Bitaco en donde se
encuentra localizada la quebrada ‘Valencia’. Sin embargo, en este instrumento
se priorizó las fuentes hídricas correspondientes al cauce principal del río Bitaco y
los tributarios sistema Quebrada Aguamona Río Grande y río Pavas. Por lo tanto y
como complemento del PORH del río Bitaco, se plantea formular una
propuesta de intervención integral para la quebrada ‘Valencia’ en donde se
priorice las acciones que serán adelantadas en el corto y mediano plazo por los
actores relevantes como son la comunidad, el municipio de Vijes y la CVC. El
objetivo de la propuesta de intervención estará orientado a contribuir a la prevención
de la problemática relacionada con la baja disponibilidad hídrica y los conflictos
asociados al uso del recurso en los centros poblados antes mencionados.
Se plantea iniciar con la realización de un diagnóstico con participación de la
comunidad y en coordinación con el municipio de Vijes, que corresponde a un actor
clave de este proceso. Así mismo, se continuará con las acciones de seguimiento y
control que adelanta la CVC a través de la Dirección Regional Pacífico Este. Como
parte de este diagnóstico se llevará a cabo una revisión de diferentes instrumentos
de planificación, visitas y recorridos de campo, seguimiento a concesiones, entre
otros. Una vez se cuente con información detallada de la situación de la quebrada
‘Valencia’ se realizará una propuesta de intervención concertada con la comunidad
y el municipio de Vijes [...]” (Destacado fuera de texto).
73.9. Copia del Oficio 40-24.01 de 19 de marzo de 202154, expedida por el
Municipio de Vijes, mediante el cual se indicó que en las vigencias 2020 y 2021 se
entregaron tubos de presión y el 6 de febrero de 2020 se instaló el sistema de
desinfección en la red de distribución del sector del colegio de la vereda Caimital.
También se cambió la tubería verificando el funcionamiento del filtro de grava
gruesa y el sistema de desinfección del acueducto del corregimiento La Rivera.
Igualmente, se encuentra en visitas técnicas para pre inversión la construcción de
un nuevo tanque para la vereda La Rivera y la ubicación de una nueva captación en
la vereda Caimital.
53 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
25-27.
54 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
51-55.
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73.10. Copia del Oficio de 3 de mayo de 202155, expedido por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca y dirigido al coordinador general de
veeduría ciudadana, relacionado con el seguimiento y vigilancia al acueducto
ASUARUCAIM en el que señaló:
“[…] [L]a quebrada denominada La Valencia, la cual abastece desde su nacimiento
tres (3) sistemas de acueductos rurales comunitarios de población asentada en la
región; iniciando con el acueducto del corregimiento de La Rivera, seguido del
acueducto de la vereda Pueblo Nuevo - comunidad del Resguardo Indígena Niassa
y por último el sistema de captación del sector ‘La Escuela’ administrado por la
asociación comunitaria de la vereda Caimital. Dentro de los diferentes recorridos
hechos en compañía de la comunidad se realizó el control de posibles captaciones
ilegales que pudieran ubicarse entre las bocatomas de los acueductos antes
mencionados, sin embargo, la comunidad ha constatado que no se registran tomas
fraudulentas, pues es interés de la Corporación garantizar el ingreso del mínimo vital
para la prestación del servicio de acueducto y este es un mecanismo de
seguimiento.
Vale la pena mencionar que se han realizado acuerdos con los representantes
de los acueductos y en compañía de administración municipal, para asegurar
el racionamiento del recurso hídrico e implementación de mecanismos de
reducción de pérdidas, con el fin de generar un mayor sobrante y aumentar el
ingreso a los sistemas ubicados aguas abajo, para que de alguna u otra manera se
pueda abarcar el cien por ciento de la comunidad que se abastece de estas redes,
es importante resaltar que el [M]unicipio de Vijes en diferentes ocasiones y a
consecuencia de temporadas secas, ha sufrido en varios sectores problemáticas
por desabastecimiento; pues escasea el recurso hídrico sobre las fuentes
superficiales que abastecen a los acueductos.
[…]
La Corporaci[ó]n no ha concesionado aguas de la quebrada La Valencia a personas
particulares dentro del sector donde se ubican los tres sistemas de captaci[ó]n de
los acueductos, pero si aguas abajo de las mismas, sin embargo esto no genera
afectaci[ó]n sobre el ingreso del agua para la prestaci[ó]n del servicio y
abastecimiento a la poblaci[ó]n […]”.
73.11. Copia de Oficio de 28 de junio de 202256, expedido por Vallecaucana de
Aguas S.A. ESP, mediante el cual remitió al Departamento de Valle del Cauca el
Informe de Visita de la fase de prediagnóstico del proyecto denominado
“Optimización Sistema de Acueducto y Construcción Planta de Tratamiento de Agua
Potable de la Vereda Caimital – Corregimiento La Rivera” y manifestó que realizaron
una visita a la vereda El Caimital del Municipio de Vijes, el 12 de junio de 2020, para
realizar un diagnóstico de la situación actual del sistema de acueducto y,
posteriormente, formular el proyecto en evaluación de pre inversión, al respecto se
señaló lo siguiente:
“[…]
55 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
67-69.
56 Cfr. índice 54 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 77_ALLEGAMEMORIAL_SADE2022035310RESP(.pdf) NroActua 54. Páginas 1-2.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
• El día 12-06-2020, se realizó visita a la vereda El Caimital del Municipio de
Vijes, a fin de realizar un diagnóstico de la situación actual del sistema de
acueducto, y cumplir con el primer paso para la posible formulación del
proyecto, como es la, evaluación de pre inversión; esta visita fue atendida por
el señor […] como peticionario y representante legal de la Asociación. Así mismo
participó […] de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Vijes, como
consta en documento adjunto ‘Formato de Visitas para Diagnóstico de Proyectos
de Preinversión’.
• Producto de esa visita, se genera un informe que consolida información
básica de la visita, información general del municipio, antecedentes del proyecto,
descripción del sistema de abastecimiento existente, consideraciones para el
desarrollo del proyecto, presupuesto y registro fotográfico. Informe que también
se adjunta para su conocimiento.
• Esta información se entrega digitalmente tanto a alcaldía como al
representante de la comunidad, a los correos electrónicos consignados en el
registro de visita. Cabe aclarar que durante la visita se deja claro que el paso a
seguir es la priorización del proyecto ante el Plan de Acción a suscribirse
en el marco del convenio Tripartita.
De otro lado, en cuanto a la Comunidad indígena Niassa, asentada en dicha
Municipalidad, si bien durante los talleres preparativos para los Diálogos
Vallecaucanos realizados en el Municipio de Vijes, se recibió una solicitud de
apoyo para la construcción de una PTAP FIME, el cabildo quedó
comprometido en entregar los Estudios elaborados de dicho sistema para
ser revisados por Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P., a fin de determinar si
se ajustan a la normatividad técnica vigente, para seguimiento de este
compromiso se realizó comunicación con el señor Carlos Rivera como
Representante de Acuanipu, Cabildo Nasa, pero a la fecha, no se ha recibió
respuesta […]” (Destacado fuera de texto).
73.12. Copia del Informe técnico de 12 de julio de 202257, expedido por el técnico
adscrito a la Secretaría de Planeación del Municipio de Vijes, en el cual se manifestó
lo siguiente:
“[…] Infraestructura necesaria para brindar agua potable en condición de
igualdad, respecto de la salubridad, calidad, cantidad y precio del metro
cubico.
Los tipos de sistemas de agua para consumo humano y doméstico se encuentran
definidos en la RESOLUCIÓN 844 de noviembre 8 de 2018, del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio ‘Por la cual se establecen los requisitos técnicos
para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se
adelanten bajo los esquemas diferenciales definidos en el Capítulo 1, del Título
7, de la Parte del Libro 2 del Decreto número 1077 de 2015’
[…]
Los Sistema[s] del acueducto del corregimiento La Rivera, Veredas [C]aimital y
Pueblo Nuevo están diseñados y cumplen con lo indicado en el artículo 24,
numeral 1 de la RESOLUCIÓN 844 de noviembre 8 de 2018, del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio: compuestos por Bocatoma, Desarenador,
tanque de [a]lmacenamiento, [c]aseta de [c]loración y red de [d]istribución, tal
como se ilustra en la gr[á]fica[:]
57 Cfr. índice 55 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 79_RECIBEMEMORIALES_MEMORIALCUMPLIMIENT(.pdf) NroActua 55.
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Calidad de agua:
Según los informes de ensayos de agua para consumo humano, muestreos
tomados el 10 de agosto de 2020, por los profesionales del ARO Sur Cali – UES
Valle y procesados en el laboratorio de salud pública departamental del Valle del
Cauca. En la notificación allegada a mi despacho me informan:
Punto de No. Acta de IRCA Nivel de
Características
Muestreo muestreo (%) Riesgo
Colegio 20 de
Color aparente y
Julio sede 0988 30.00% Medio
turbiedad
Manuela Beltrán
Resultados que, según las características fisicoquímicas y microbiológicas
evaluadas, de acuerdo a los parámetros de referencia, se identifica que las
muestras de agua se clasifican en nivel de riesgo MEDIO, según lo
establecido en el Artículo 15 de la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de
Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El
prestador debe adoptar los correctivos necesarios para garantizar la
calidad en cualquiera de los puntos que conformar el sistema de suministro y en
cualquier época del año.
Razón por la cual, se aúnan esfuerzos entre la Asociación de Usuarios del
Acueducto Rural Comunitario de la Vereda Caimital E.S.P., la Administración
Municipal y La Unidad Ejecutora de Saneamiento UES – Valle, y se da inicio a
las labores tendientes a mejorar la calidad del suministro de agua.
Durante la vigencia 2021 se realizaron obras de mantenimiento y mejoramiento
del sistema de abastecimiento, es así como en los informes de ensayos de agua
para consumo humano, emitidas por los profesionales del ARO Sur Cali – UES
Valle, muestreos tomados el 18 de agosto de 2021
Punto de No. Acta de Nivel de
IRCA (%)
Muestreo muestreo Riesgo
Sector La Pelota 01737 00.00% Sin riesgo
Resultados que, según las características fisicoquímicas y microbiológicas
evaluadas, de acuerdo a los parámetros de referencia, se identifica que las
muestras de agua se clasifican en nivel de riesgo SIN RIESGO, según lo
establecido en el Artículo 15 de la Resolución 2115 del 2007 del Ministerio de
Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
[…]
Igualmente, la calidad de agua para las asociaciones que se abastecen de la
misma cuenca superficial se encuentra en un nivel Sin Riesgo, datos
tomados de la plataforma del SIVICAP.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
En cuanto al estándar de calidad, las personas prestadoras del servicio público
domiciliario de acueducto que adopten los esquemas diferenciales rurales
deberán tener un Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) menor o igual
al 5%. Para ello podrán implementar el uso de dispositivos o técnicas de
tratamiento de agua […]” (Destacado fuera de texto).
73.13. Copia del informe de 16 de agosto de 202258, expedido por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante el cual se dio respuesta al
requerimiento de información sobre la infraestructura necesaria para brindar agua
potable en condiciones de igualdad, respeto y salubridad pública. En el documento
se afirmó lo siguiente:
“[…] [M]e permito informarle que dentro de las acciones que se han llevado a cabo
por parte de la Corporación, el laboratorio ambiental; realizó estudios de
caracterización de la fuente de abastecimiento denominada quebrada La Valencia
el 30 de julio de 2021, cuyos resultados fisicoquímicos cumplirían con la
Resolución 2115 de 20[0]7, con excepción de los parámetros hierro total el
cual se observa en una concentración que varía entre 0,992 mg/l y 3,14 mg/l en
los 6 sitios evaluados, cuando el límite de la norma es de 0,3 mg/l, color real
con registros entre 21 UPC y 44 UPC cuando el límite de la norma es 15 UPC y
la turbiedad con registros entre 3,2 UNT y 26 UNT cuando la norma establece
un límite de 2 UNT. Es importante establecer que con respecto al cloro residual
libre no se cumpliría esta norma ya que las muestras son tomadas directamente en
la fuente de abastecimiento, por lo tanto, no se ha efectuado ningún tratamiento de
potabilización.
Con respecto a la calidad microbiológica de la fuente denominada quebrada La
Valencia, se verifica que el agua presenta concentraciones de coliformes totales
entre 260 NMP/100 ml y 20000 NMP/100 y concentraciones de Escherichia Coli
entre 120 NMP/100 Y 743 NMP/100, cuando la norma de referencia que es la
58 Cfr. índice 63 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 89_RECIBEMEMORIALES_0761604832022VICTO(.pdf) NroActua 63.
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Resolución 2115 de 2007 establece que no debe de haber presencia de estos
parámetros. Esto haciendo la salvedad de que las muestras son tomadas
directamente en la fuente de abastecimiento, por lo tanto, no se ha efectuado
ningún tipo de tratamiento de potabilización.
Con respecto a las normas técnicas de calidad de agua para ser destinada para
consumo humano se cuenta con los artículos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4 del Decreto
1076 de 2015, los cuales establecen los criterios de calidad admisible para la
destinación del recurso para consumo humano y doméstico, e indican que para su
potabilización se requiere solamente su tratamiento convencional o solo
desinfección respectivamente.
De acuerdo con estos criterios y para efectos de definir el tratamiento de las aguas
para consumo humano de las comunidades en cuestión, se tendría que
descalificar el tratamiento correspondiente a solo desinfección establecido en
el artículo 2.2.3.3.9.4, el Decreto 1079 de 2015, teniendo en cuenta la presencia de
Escherichia Coli en los resultados de los estudios de caracterización de la fuente.
Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de los estudios de calidad realizados en
la fuente de abastecimiento denominada quebrada La Valencia y los criterios
establecidos en el artículo 2.2.3.3.9.3, el Decreto 1076 de 2015, el tratamiento
requerido para la potabilización del agua de establecimiento de las comunidades
que habitan el corregimiento La Rivera, la vereda del Pueblo Nuevo- Comunidad
indígena Niassa y la vereda el Caimital- sector la escuela en el municipio de Vijes-
Valle del Cauca, sería un tratamiento convencional.
Con respecto el tratamiento convencional la Resolución 330 de 2017 por lo cual se
adapta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS), en su artículo 256 define el tratamiento convencional de la siguiente
forma:
Tecnología convencional o tratamiento convencional (potabilización). Tren de
procesos de tratamiento bien conocidos y utilizados en la práctica. Generalmente se
refiere a procesos de tratamientos por coagulación, floculación, sedimentación y
filtración.
Finalmente, para definir la infraestructura necesaria para brindar agua potable a
estas comunidades utiliza el artículo 109 de la Resolución 330 de 2017, en el cual
se verifica que la infraestructura necesaria corresponde a unidades de
tratamiento de coagulación, floculación, sedimentación y filtración
convencional y desinfección. Esto adicional a la bocatoma, desarenador,
tanque de almacenamiento, aducción, conducción y la red de distribución que
es la infraestructura mínima para el acueducto rural.
Sin embargo, es necesario resaltar que las comunidades que ubican sus
captaciones sobre la fuente denominada quebrada La Valencia, son organizaciones
sociales de base comunitaria sin ánimo de lucro, la[s] cuales tienen como finalidad
la prestación del servicio de acueducto o el acceso al mismo dentro de la población;
guiadas por unos estatutos los cuales son creados y aprobados por la misma
comunidad.
A pesar de que los sistemas son funcionales en condiciones de suministros,
los mismos carecen de infraestructura necesaria para […] garantizar la
potabilización, pues que se componen de obra de captación, tanque
sedimentador desarenador y en algunos casos casetas de cloración. Así
mismo dentro de proceso que se lleva a cabo con los acueductos rurales se conoce
para mejorar las condiciones de calidad del agua para consumo humano las
comunidades realizan un fortalecimiento en apoyo de las Unidades Ejecutoras de
Saneamiento de Valle del Cauca- UES Valle, donde se les brinda asistencia técnica;
en aras de garantizar una afectiva presentación de los servicios públicos. Lo anterior
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en cuanto a la sostenibilidad de un proyecto de acueducto para comunidades en
cuestión […]” (Destacado fuera de texto).
97. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
74. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por las entidades apelantes, con la claridad de que no se
abordarán asuntos o materias que no fueron controvertidos con ocasión de la
problemática planteada. Se tendrá en consideración que los argumentos
presentados por las entidades apelantes están orientados a analizar si se configura
el agotamiento de jurisdicción con relación a un proceso adelantado en el Juzgado
diecinueve (19) Administrativo de Cali, evaluar la situación de existencia de una
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos y a controvertir la
responsabilidad y competencia en torno a las medidas ordenadas para la
superación de la problemática planteada en la presente acción popular.
De la configuración del agotamiento de jurisdicción, en el caso concreto
75. La Sala, en punto a determinar los aspectos relativos al fondo de este asunto,
abordará el análisis de un planteamiento que postularon las entidades apelantes,
relativo a la procedencia de la excepción del agotamiento de jurisdicción, el cual se
sustenta en la similitud de objeto de esta acción constitucional respecto del proceso
con número único de radicación 760013340019201700037-00.
76. Para efectos de verificar si, en el presente asunto, es posible declarar la
configuración del agotamiento de jurisdicción, la Sala considera pertinente poner de
presente las siguientes precisiones:
77. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 11 de septiembre de 2012760013340019201700037-00, al
resolver un recurso de revisión eventual, unificó la jurisprudencia en torno al
agotamiento de jurisdicción en los siguientes términos:
“[…] [L]a Sala Plena del Consejo de Estado unifica su postura sobre la materia, en el
sentido de determinar que, con apoyo en los principios de economía, de celeridad
y de eficacia que rigen la función judicial, y que por expresa disposición del
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artículo 5° de la Ley 472 de 1998 deben orientar el trámite de las acciones
populares, cuando se esté ante demandas de acción popular en las cuales se
persiga igual causa petendi, basada en los mismos hechos, y contra igual
demandado, lo que procede es dar aplicación a la figura del agotamiento de
jurisdicción59 […]” (Destacado fuera del texto original).
78. El agotamiento de jurisdicción resulta plenamente aplicable a las acciones
populares siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: i) que las
demandas versen sobre la misma causa petendi; ii) tengan iguales pretensiones; y
iii) que las demandas se dirijan contra los mismos demandados, bajo el entendido
que por tratarse de una acción que protege derechos en cabeza de todos, no se
requiere que coincida el mismo demandante.
79. Para efectos de saber si, en este caso, se configura el agotamiento de
jurisdicción, basta con analizar la información que se presenta en el siguiente cuadro
comparativo:
760013340019201700037-00 760012333000202100551-01
PARTES
Demandantes
César Julio Sánchez Demandante
Luis Alberto Arroyo Defensoría del Pueblo Regional Valle del Cauca
Lucy Izquierdo Mercado
Rosaura Arias Cuero
Herctorberto García Triviño Demandados
Luis Fernando Montoya García Municipio de Vijes
Demandada: Departamento de Valle del Cauca
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
del Cauca ACUAVALLE S.A. ESP
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS
1. Los derechos de los consumidores y usuarios. 1. Al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública.
2. Los derechos de los consumidores y usuarios.
3. Al acceso a los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna.
4. Al goce de un ambiente sano, de conformidad con
lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias.
PRETENSIONES
“[…] PRIMERA: Se declare al […] MUNICIPIO DE
“[…] A.- Se ordene a la empresa prestadora del VIJES- GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
servicio de Acueducto y Alcantarillado en este CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
[M]unicipio[,] Sociedad de Acueductos y VALLE DEL CAUCA- CVC administrativamente
alcantarillados del Valle del Cauca responsables por la vulneración de los derechos
ACUAVALLE S.A E.S.P[.] la Solución definitiva, colectivos al ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA
mediante la Construcción de un segundo pozo DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
para que suministre un buen servicio en términos PÚBLICA, AL ACCESO A LOS SERVICIOS
de cantidad. Alternativa por ellos mismos difundida PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA
desde el 2015 y que hasta la fecha no han EFICIENTE Y OPORTUNA, DERECHO A LA BUENA
cumplido. CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, DERECHO A
UN MEDIO AMBIENTE SANO, DERECHO A LA
B.- Se efectúe la Adecuación a la planta de CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES y EL
tratamiento existente, la cual está diseñada DERECHO A LA IGUALDAD.
para aguas superficiales y no para aguas
subterráneas, lo que dificulta la eliminación de SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior
algunos materiales que son comunes en este tipo declaración, condénese al MUNICIPIO DE VIJES-
59 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Providencia de Unificación del 11 de
septiembre de 2012, Radicación No. 41001-33-31-004-2009-00030-01 (AP), Consejera Ponente: Susana
Buitrago Valencia.
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de aguas y que son nocivos para la salud, lo que GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
genera que el servicio no se preste con calidad a CORPORACIÓN AUTNOMA REGIONAL DEL VALLE
los usuarios por su apariencia y olor. DEL CAUCA- CVC, a intervenir inmediatamente (o
dentro de lapso de tiempo que el juez estime
C.- Se socialice con la comunidad cuáles son pertinente) la vereda Pueblo Nuevo, el
los planes de contingencia, alertas tempranas corregimiento La Rivera- comunidad indígena
y las políticas públicas establecidas para el Niassa y en la vereda el Caimital- sector la escuela
manejo y conservación de los recursos en el municipio de Vijes, con el fin de garantizar a
naturales y redistribución del recurso hídrico, todos los habitantes de estas comunidades el servicio
por parte de la empresa Acuavalle. p[ú]blico de acueducto y agua potable en condiciones
de igualdad, mediante la infraestructura adecuada.
D.- Se sirva, establecer mediante que documento
el Municipio de Vijes, se hizo socio de la Sociedad TERCERA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES-
de Acueductos y Alcantarillados del Valle, GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
Acuavalle, anexando copia del documento y CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
estableciendo quien[,] dentro de la Administración VALLE DEL CAUCA- CVC, garantizar el servicio de
Municipal de Vijes, ejerce como Interventor, quien agua potable al sector la escuela de la vereda el
representa a los USUARIOS. Caimital en CONDICIONES DE IGUALDAD respecto
de la salubridad, calidad, cantidad y precio del metro
E.- Se socialice con la comunidad si Acuavalle cubico, respecto a las poblaciones toman el preciado
tiene un plan de retorno para con la comunidad líquido aguas arriba de la quebrada LA VALENCIA.
Vijeña y un Plan de manejo que cuencas
abastecedoras[.] CUARTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES-
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
F.- Acuavalle manifieste o socialice ante la CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
Veeduría y la comunidad en general, los planes y VALLE DEL CAUCA- CVC, a intervenir
programas a seguir con el manejo y suministro del inmediatamente (o dentro de lapso de tiempo que el
servicio de agua. La Estratificación para el cobro juez estime pertinente) la quebrada LA VALENCIA,
de tarifas de agua. desde su nacimiento hasta su desembocadura,
mediante un plan de ordenamiento y manejo de
G.-Regulación Tarifaria, Que las facturas de cuenca o plan de manejo del recurso hídrico,
este servicio sea[n] coherente[s] con el servicio garantizando efectivamente las zonas de protección
prestado y recibido, durante el lapso que se de bosque nativo en toda la cuenca y las obras que
efectúen los cortes del servicio. seas necesarias para preservar esta fuente de agua.
H.-Corresponsabilidad Empresarial, Se ha QUINTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES-
esperado varlos años por que la empresa cumpla GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
sus responsabilidades y esto es cada vez más CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
agudo […]”. VALLE DEL CAUCA- CVC, a reconocer y enmendar
inmediatamente cualquier omisión que vulnere
derechos colectivos al ACCESO A UNA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE
GARANTICE LA SALUBRIDAD PÚBLICA, DERECHO
A LA BUENA CALIDAD DE BIENES Y SERVICIOS,
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO,
DERECHO A LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS
NATURALES y EL DERECHO A LA IGUALDAD de la
vereda Pueblo Nuevo, el corregimiento La Rivera-
comunidad indígena Niassa y en la vereda el Caimital-
sector la escuela en el municipio de Vijes[.]
SEXTA: Condénese al MUNICIPIO DE VIJES-
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA- CVC al pago de las costas
procesales y agencias en derecho, a favor del Fondo
de Defensa de Derechos e Intereses Colectivos de la
Defensoría de Pueblo.
SÉPTIMA: Ordénese al MUNICIPIO DE VIJES-
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA-
CORPORACIÓN AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
VALLE DEL CAUCA- CVC a dar cumplimiento a la
sentencia dentro de los diez (10) meses siguientes a
su ejecutoria […]”.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Aún no se ha proferido, se encuentra Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
actualmente en etapa probatoria a cargo del sentencia el 2 de agosto de 2023
Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Cali
80. Para el estudio de los elementos a analizar en el proceso indicado por las
entidades recurrentes, la Sala revisó los documentos y el historial de actuaciones
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registrado en el aplicativo de gestión judicial SAMAI, con la búsqueda del proceso
identificado con número único de radicación 760013340019201700037-0060 a cargo
del Juzgado Diecinueve (19) Administrativo de Cali.
81. De lo anotado se observa que esta acción popular identificada con número
único de radicación 760012333000202100551-01 no tiene las mismas partes
accionadas, ni pretensiones idénticas, respecto a aquel proceso de la misma
naturaleza con radicado número 760013340019201700037-00, comoquiera que, en
la primera se atribuye la amenaza y/o vulneración de los derechos e intereses
colectivos al Municipio de Vijes, al Departamento de Valle del Cauca y a la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca; cuando la segunda lo atribuyó
a la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca - ACUAVALLE
S.A. ESP.
82. En ese orden de ideas, por un lado, en el primer proceso las pretensiones
atañen a: i) la construcción de un pozo para que suministre suficiente cantidad de
agua; ii) la adecuación de la planta de tratamiento de aguas existente; iii) la
socialización del manejo y conservación de recursos naturales que haya realizado
la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ESP; iv) la
exhibición del documento que certifique al Municipio de Vijes como socio de la
empresa prestadora mencionada; v) la socialización del plan retorno y plan de
manejo de las cuencas abastecedoras si existieran; vi) la manifestación de los
planes y programas a seguir de la citada empresa Acuavalle frente al manejo y
suministro de agua; vii) a la regulación de las tarifas cobradas por la prestación del
servicio público de acueducto y ix) el cumplimiento de las responsabilidades de la
misma empresa.
83. Por otro lado, en el presente proceso las pretensiones son: i) declarar la
vulneración de los derechos e intereses colectivos por la falta de condiciones
adecuadas la prestación del servicio público de acueducto y agua potable, mediante
la infraestructura adecuada, a los sectores específicos objeto de esta acción
popular; ii) ordenar la óptima prestación del servicio mencionado; iii) ordenar la
realización de un plan de ordenamiento y manejo de cuenca o plan de manejo del
recurso hídrico, garantizando las zonas de protección de bosque nativo en la
totalidad de la cuenca de la quebrada La Valencia; y iii) ordenar el pago de costas
a favor de la parte accionante.
60 Cfr. índice 104 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
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84. Lo anterior, permite a la Sala constatar que no se satisface el presupuesto de
que ambos procesos de acción popular tengan las mismas pretensiones ni las
mismas partes accionadas, de manera que no se configura el agotamiento de
jurisdicción.
85. Adicional a lo anterior y como elemento relevante, se destaca que el proceso
de la referencia se encuentra en una etapa procesal más adelantada debido a que
el primer proceso se encuentra en etapa probatoria, en primera instancia, y el
asunto de la referencia se está resolviendo de fondo en segunda instancia,
mediante esta sentencia.
86. Valga la pena anotar que, si bien, en algunos puntos de las pretensiones,
ambas acciones populares mencionan la solicitud de garantizar la potabilidad del
agua suministrada por la red de alcantarillado en el Municipio de Vijes, lo cierto es
que, ello no da lugar a que se concluya que ambas acciones tienen identidad de
partes ni de pretensiones, en los términos anteriormente indicados. Bajo ese
entendido, –se itera– no se configura el agotamiento de jurisdicción en la presente
acción popular.
Sobre la existencia de una vulneración o amenaza de los derechos e intereses
colectivos, en el caso concreto
87. Las entidades accionadas argumentaron en sus recursos de apelación que
no habían incurrido en acciones u omisiones que fueran generadoras de amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados: i) al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; ii) de los
consumidores y usuarios; iii) al acceso a los servicios públicos y su prestación
eficiente y oportuna; y iv) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias.
88. En ese sentido, la Sala encontró demostrado que los prestadores del servicio
de acueducto de las veredas Pueblo Nuevo y El Caimital cuentan con la concesión
de aguas superficiales provenientes de las quebradas El Queremal, La Valencia,
Las Nieves, Las Marías, El Silencio y Los Naranjos; las cuales fueron otorgadas
mediante las Resoluciones núms. 0760-0761-01326 de 20 de diciembre de 201961
61 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 18_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED(.PDF) NroActua 13. Páginas 26-45.
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y 0760-0761-000005 de 4 de enero de 202162, expedidas por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca.
89. Asimismo, se encontró que en el Oficio de 22 de julio de 202063, expedido
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se mencionó que el
sistema de acueducto del corregimiento La Rivera “[…] comprende dos derivaciones
construidas en concreto sobre el cauce de las fuentes superficiales, donde la
bocatoma No. 1 se ubicada (sic) sobre el cauce principal de la quebrada ‘La
Valencia’ y la bocatoma No. 2 sobre un afluente de la misma [y] que una vez
revisada la base de datos de la Corporación se verifica que no existe resolución
de otorgamiento que ampare este caudal […]”.
90. En ese sentido, respecto a la prestación del servicio público de acueducto y
a la recepción de agua por parte de los usuarios se tiene que, si bien únicamente
están autorizados para el uso doméstico del agua y hay duda sobre si todos los
usuarios se ciñen a ese único uso, en ocasiones ha habido inconvenientes con el
abastecimiento a la población.
91. En ese orden de ideas, se expuso que la calidad del agua no es potable en
todos los sectores, muestra de ello se evidencia en el Informe técnico de 12 de julio
de 202264, allegado por el Municipio de Vijes, en donde se señaló que “[…] según
las características fisicoquímicas y microbiológicas evaluadas, de acuerdo a los
parámetros de referencia, se identifica que las muestras de agua se clasifican en
nivel de riesgo MEDIO […]” junto a la siguiente tabla sobre el punto en que se
realizó el análisis:
No. Acta de IRCA Nivel de
Punto de Muestreo Características
muestreo (%) Riesgo
Colegio 20 de Julio Color aparente y
0988 30.00% Medio
sede Manuela Beltrán turbiedad
92. En el mismo documento se afirmó que se aunaron esfuerzos “[…] entre la
Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Comunitario de la Vereda Caimital
E.S.P., la Administración Municipal y La Unidad Ejecutora de Saneamiento UES –
Valle, y se [dio] inicio a las labores tendientes a mejorar la calidad del suministro de
62 Cfr. índice 13 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 18_ALLEGAMEMORIAL_ILOVEPDF_MERGED(.PDF) NroActua 13. Páginas 46-66.
63 Cfr. índice 3 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo denominado:
3EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDAYANEXOSACCIONPOPULAR202100102(.PDF) NroActua 3. Páginas
29-33.
64 Cfr. índice 55 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 79_RECIBEMEMORIALES_MEMORIALCUMPLIMIENT(.pdf) NroActua 55.
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agua [...]”, sin concluir con un estudio que certifique la superación de la problemática
de no potabilidad del agua que se suministra en ese sector.
93. En ese orden de ideas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca expidió el informe de 16 de agosto de 202265, en el cual indicó que en “[…]
la fuente denominada quebrada La Valencia, se verifica que el agua presenta
concentraciones de coliformes totales entre 260 NMP/100 ml y 20000 NMP/100
y concentraciones de Escherichia Coli entre 120 NMP/100 Y 743 NMP/100,
cuando la norma de referencia que es la Resolución 2115 de 2007 establece que
no debe de haber presencia de estos parámetros. Esto haciendo la salvedad de
que las muestras son tomadas directamente en la fuente de abastecimiento,
por lo tanto, no se ha efectuado ningún tipo de tratamiento de potabilización
[…]”.
94. La Sala destaca la conclusión a la que llegó la autoridad ambiental en dicho
informe, en donde adujo que “[…] la infraestructura necesaria corresponde a
unidades de tratamiento de coagulación, floculación, sedimentación y filtración
convencional y desinfección. Esto adicional a la bocatoma, desarenador, tanque de
almacenamiento, aducción, conducción y la red de distribución que es la
infraestructura mínima para el acueducto rural […] [a] pesar de que los sistemas son
funcionales en condiciones de suministros, los mismos carecen de infraestructura
necesaria para […] garantizar la potabilización, pues que se componen de obra de
captación, tanque sedimentador desarenador y en algunos casos casetas de
cloración […]”.
95. Al respecto, la Sala considera que hay vulneración de los derechos e
intereses colectivos debido a que el servicio público domiciliario de acueducto no se
presta de forma eficiente y oportuna, ni se cuenta con la infraestructura necesaria
para garantizar condiciones de salubridad. Lo anterior, teniendo en cuenta los
elementos de prueba aportados en el proceso en los cuales se demostró que hacen
falta tratamientos de potabilización al agua que se suministra en la comunidad
indígena Nasa de la vereda Pueblo Nuevo, el sector La Escuela de la vereda El
Caimital y el corregimiento La Rivera.
98. De esa forma, se confirmará el ordinal primero de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
65 Cfr. índice 63 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 89_RECIBEMEMORIALES_0761604832022VICTO(.pdf) NroActua 63.
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Núm. único de radicación: 760012333000202100551-01
Sobre la responsabilidad y competencia de las autoridades apelantes, en el
caso concreto
96. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se determinará si son
procedentes o no las medidas impartidas por el Tribunal y si esas autoridades son
o no competentes para cumplir las órdenes.
Participación del Departamento del Quindío, en el caso concreto
99. Con relación al argumento relativo a que sus funciones son subsidiarias
ciñéndose a que deben apoyar y coordinar a los prestadores de servicios, más no
deben realizar la prestación y, por tal razón, no es posible endilgarle afectación a
los derechos e intereses colectivos; se debe tener en cuenta que el artículo 63 de
la Ley 99 señala sobre el principio de armonía regional que “[…] [l]os
Departamentos, los Distritos, los Municipios, […] ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional Ambiental, a
fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los recursos naturales
que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del patrimonio natural de la
nación […]” (Destacado fuera de texto).
100. Como se observa teniendo en cuenta lo indicado supra, los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus
competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio
o en la conservación del entorno natural involucrado ese servicio público.
101. Si bien es cierto, como se indicó en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial supra, los municipios son los principales obligados a garantizar la
prestación de servicios públicos en su jurisdicción, para efectos de ello pueden
evaluar la necesidad de gestionar el apoyo de las entidades de los órdenes
departamental y nacional, con el propósito de lograr la adopción de medidas
orientadas a garantizar la prestación y consecuencialmente proteger los derechos
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e intereses colectivos relacionados con los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, los de acueducto y alcantarillado.
102. En este caso, el Municipio de Vijes se vinculó al Plan Departamental de
Aguas – PDA del Valle del Cauca, lo cual se demostró en el Informe de 20 de junio
de 202066, expedido por la sociedad Vallecaucana de Aguas S.A. ESP, mediante el
cual relacionó los trámites que ha adelantado en materia de agua potable en los
sectores objeto de la presente acción popular en el marco del PDA.
103. En dicho documento, la empresa gestora del Plan Departamental de Aguas
del Valle del Cauca advirtió que se había realizado visita a la vereda El Caimital del
Municipio de Vijes para “[…] realizar un diagnóstico de la situación actual del
sistema de acueducto, y cumplir con el primer paso para la posible formulación
del proyecto, como es la, evaluación de pre inversión […] [p]roducto de esa
visita, se genera un informe que consolida información básica de la visita,
información general del municipio, antecedentes del proyecto, descripción del
sistema de abastecimiento existente, consideraciones para el desarrollo del
proyecto, presupuesto y registro fotográfico […] [dejando] claro que el paso a
seguir es la priorización del proyecto ante el Plan de Acción a suscribirse en
el marco del convenio Tripartita […]” (Destacado fuera de texto).
104. En ese sentido, la Sala denota que en cumplimiento a un requerimiento
ordenado por el Tribunal, las entidades accionadas han adelantado gestiones
relacionadas con la evaluación de las condiciones en las cuales se encuentra la
infraestructura del sistema de acueducto del Municipio de Vijes; lo cual constituye
el primer paso dentro del correspondiente trámite para poder establecer las
necesidades específicas de la red del servicio público y faculta la determinación de
las medidas orientadas a la superación de la vulneración de los derechos e intereses
colectivos en el sector objeto de esta acción popular.
105. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en este caso, dada la
vinculación del Municipio de Vijes al Plan Departamental de Aguas del Valle del
Cauca, el Departamento adquiere precisas competencias de apoyo directo, en los
términos de los artículos 2.3.3.1.2.4 y 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1425 de 2019, en el
marco del respectivo Plan, sobre integración del Comité Directivo, recursos y
participación de los Departamentos en el PDA; lo cual implica la adopción de
acciones conjuntas en aras de garantizar la prestación de los servicios públicos de
66 Cfr. índice 54 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 77_ALLEGAMEMORIAL_SADE2022035310RESP(.pdf) NroActua 54. Páginas 3-34.
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acueducto y alcantarillado, que puede incluir la construcción o mantenimiento de
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR o de una Planta de
Tratamiento de Agua Potable – PTAP.
106. En ese sentido, la Sala advierte que el Departamento deberá intervenir,
dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
en el trámite de gestión para la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado conforme a lo expuesto en esta sentencia y en los términos del
respectivo PAP-PDA.
107. En este punto, y en iguales circunstancias a lo planteado anteriormente, la
Sala considera que las órdenes impartidas al Departamento no obedecen a la
determinación de la existencia de una acción u omisión que implique amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados por parte de esa
entidad, sino por su condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger
el derecho o el interés colectivo afectado […]”67 y por la importancia de la acción
coordinada, concurrente, subsidiaria, complementaria y armónica entre los órdenes
municipal y departamental, en este caso, en la superación de la situación
evidenciada en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
pronunciamiento.
108. La Sala reitera que, en el marco de los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y armonía regional, el Municipio de Vijes y las
asociaciones de las comunidades mencionadas, al ser prestadores de servicios
públicos domiciliarios deben trabajar articuladamente con las entidades
departamentales, en el ejercicio de sus competencias propias, y propender por la
solución de la problemática planteada en el caso concreto relacionada con la
deficiencia en el sistema de acueducto y alcantarillado del Municipio.
109. De esa forma, se confirmará la inclusión del Departamento del Valle del
Cauca en las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, en
el marco de sus competencias legales, constitucionales, reglamentarias y
contractuales.
67 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
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Participación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en el
caso concreto
97. La Sala procederá a estudiar las competencias de la autoridad recurrente con
el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación de la vulneración
o amenaza de los derechos e intereses colectivos en el caso concreto. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal, en especial, las relativas a la
participación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
98. En relación con las corporaciones autónomas regionales, se reitera que, de
conformidad con la Ley 99, en especial, su artículo 31, se trata de autoridades que
están facultadas para, entre otras: i) ejercer funciones de vigilancia y control en las
materias propias de su competencia; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y
las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental; iii) asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos
en materia ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente.
99. En ese sentido, si bien las corporaciones autónomas regionales no tienen
competencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, tienen la función
de proteger el ambiente y los recursos no renovables; en el marco de los cuales
pueden, por un lado, destinar recursos de la línea de redescuento con tasa
compensada a la que se refiere el Decreto 3333 de 5 de septiembre de 200868, “[…]
para financiar y cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores, emisarios
finales, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) […]” (Destacado fuera de texto).
100. Y, por otro lado, realizar inversión en obras de infraestructura en el sector de
agua potable y saneamiento básico para ser entregadas como aportes a los
68Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo
Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se modifica el
Decreto 280 del 31 de enero de 2006.
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municipios o empresas operadoras de servicios públicos, en los términos del artículo
22 de la Ley 1450 de 16 de junio de 201169.
101. Lo mismo sucede frente a sus funciones de asesorar y acompañar entre las
cuales se establece que: i) debe participar con otros organismos para que en la
toma de decisiones se tenga en cuenta el factor ambiental; ii) evaluar, controlar y
hacer seguimiento ambiental de los usos del agua y del suelo comprendiendo el
vertimiento de residuos líquidos y sólidos a las aguas o a los suelos; y iii) “[…]
[e]jecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]”.
102. En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca debe,
en los términos explicados y ordenados anteriormente, participar en la planificación
de las medidas adecuadas en aras de salvaguardar los recursos ambientales, sobre
todo lo relacionado a los cuerpos de agua cercanos que son fuente de suministro
hídrico para el acueducto, e intervenir con contribución económica para estudios y
diseños de sistemas de tratamiento de agua.
103. Al respecto, la entidad apelante formuló reparo concreto en su recurso,
relacionado con que no es competente para prestar servicios públicos, es el
Municipio quien debe garantizar la infraestructura y no demostró que tuviera
obstáculos para ello. Además, que, en ejercicio de sus funciones, ha preservado y
cuidado la quebrada La Valencia.
104. En ese sentido, para el caso concreto, se encontró demostrado que hay
problemáticas de potabilidad en el agua que se suministra en las redes de
alcantarillado en los sectores objeto de la presente acción popular, la misma
autoridad ambiental certificó que dichos sistemas “[…] carecen de infraestructura
necesaria para la garantizar la potabilización, pues que se componen de obra de
captación, tanque sedimentador desarenador y en algunos casos casetas de
cloración […]” proponiendo, “[…] para mejorar las condiciones de calidad del agua
para consumo humano[,] las comunidades realizan un fortalecimiento en apoyo de
las Unidades Ejecutoras de Saneamiento de Valle del Cauca- UES Valle, donde se
69 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
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les brinda asistencia técnica; en aras de garantizar una afectiva presentación de los
servicios públicos […]”70.
110. En el informe citado se advirtió que el laboratorio ambiental de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca “[…] realizó estudios de caracterización de
la fuente de abastecimiento denominada quebrada La Valencia el 30 de julio de
2021 […]” evaluando elementos fisicoquímicos como el parámetro de hierro, el color
real y la turbiedad en seis (6) puntos distintos con muestras tomadas directamente
de la fuente de abastecimiento; lo cual permitió determinar que “[…] el tratamiento
requerido para la potabilización del agua de abastecimiento de las comunidades
que habitan el corregimiento La Rivera, la vereda Pueblo Nuevo - Comunidad
indígena Niassa y la vereda el Caimital sector la escuela en el municipio de Vijes
Valle del Cauca, sería un tratamiento convencional […]”71.
111. De lo mencionado la Sala considera que, si bien no se ha finalizado la gestión
que corresponde, la realización de análisis y estudios sobre el agua que abastece
el sistema de acueducto es un adelanto en las actividades que se deben adoptar
para lograr la superación de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
en el sector objeto de esta acción popular.
105. Igualmente, la Sala considera que la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca es competente para ejecutar las medidas ordenadas en la sentencia
proferida, en primera instancia, debido a que versa respecto a cuerpos de agua
natural de los cuales se está tomando agua para suministrar en una red de
acueducto. Además, la Corporación tiene funciones relacionadas con asesorar y
apoyar la proyección de asuntos relacionados con los servicios públicos
domiciliarios a cargo de las entidades territoriales de orden municipal. Asimismo,
tiene responsabilidad de vigilancia y control respecto a los asuntos de materia
ambiental.
112. De esa forma, se confirmará la inclusión de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca en las órdenes impartidas en la sentencia proferida,
en primera instancia, en el marco de sus competencias legales, constitucionales y
reglamentarias.
70 Cfr. índice 63 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 89_RECIBEMEMORIALES_0761604832022VICTO(.pdf) NroActua 63. Página 3.
71 Cfr. índice 63 del sistema de gestión judicial, SAMAI. NUR: 760012333000202100551-00. Archivo
denominado: 89_RECIBEMEMORIALES_0761604832022VICTO(.pdf) NroActua 63. Página 2.
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Participación del Municipio de Vijes, en el caso concreto
113. Entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar “[…]
[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población […]”.
En esa línea, dentro de sus obligaciones debe asegurar las condiciones mínimas
que faculten la vida en comunidad de forma óptima, es una responsabilidad ligada
con evitar situaciones de índole sanitario que sean foco de contaminación,
epidemias u otras circunstancias que afecten el estado de sanidad comunitaria.
114. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o indirecta,
por comunidades organizadas, o por intermedio de particulares. Asimismo,
constituye un objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de, entre otras, saneamiento básico
y acueducto, porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de
2014, la prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.
115. Asimismo, en la Constitución Política72 se ha señalado que los Municipios, en
forma directa o indirecta, son responsables primarios en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la
promoción del desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la
solución de las necesidades básicas de la población de su territorio.
116. En ese orden, el municipio es el principal obligado a garantizar la prestación
de, entre otros, el servicio de saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción
en su modalidad de alcantarillado, de acuerdo con las normas que regulan los
servicios públicos domiciliarios; así como de la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los
servicios, en orden a garantizar su eficiente y oportuna prestación.
117. En virtud del artículo 3 de la Ley 136 los municipios son competentes para:
134.1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
72 Artículo 311.
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134.2. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos,
programas de desarrollo de vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia
necesarias.
134.3. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.
118. Como se indicó en el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la
competencia de las entidades territoriales de orden municipal frente a la prestación
de servicios públicos domiciliarios, son los principales encargados de la
construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de su infraestructura, en
orden de garantizar su eficiente y oportuna prestación.
119. Si bien en los sectores objeto de la presente acción popular no se prestan en
su totalidad por el Municipio de Vijes, el rol de la entidad territorial es supervisar y
controlar la gestión del prestador directo para garantizar que los servicios públicos
lleguen de forma óptima y eficiente, como ha manifestado la Sección73 en anteriores
ocasiones, “[…] será la satisfacción de las garantías de los participantes en el
mercado como oferentes, competidores y consumidores; la que explica la
intervención económica del Estado, de modo tal que se asegure su eficacia y
competitividad […]”.
120. En este caso se evidencian falencias en la prestación de los servicios
públicos, como en el resultado de los análisis realizados en el agua suministrada en
el Municipio de Vijes, cuando se evidencia presencia de elementos como coliformes
totales y Escherichia Coli. Así como el estado de la red de acueducto que presenta
inconvenientes debido a que no cuenta con la infraestructura idónea para realizar
los tratamientos de potabilización del agua.
121. Es por lo mencionado que la Sala considera necesaria la participación del
Municipio de Vijes en la ejecución de las medidas adoptadas para la superación de
la problemática que afecta los derechos e intereses colectivos invocados en el
presente caso.
122. Lo mencionado acaece en razón a la importancia de la comparecencia del
Municipio de Vijes con fundamento en, por un lado, su condición de “[…] entidad
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de
mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
050012333000202200912-01.
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administrativa encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado
[…]”74; y, por el otro, que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, tiene la responsabilidad de contribuir en la superación de
la problemática evidenciada en torno a los derechos e intereses colectivos objeto
de pronunciamiento.
123. Es por lo citado que se confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, en lo relacionado con la inclusión del Municipio en las órdenes allí
impartidas.
124. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
125. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal tercero, lo siguiente:
“[…] TERCERO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por un representante de: i)
la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en calidad de
accionante, ii) el MUNICIPIO DE VIJES, iii) EL DEPARTAMENTO DEL VALLE, iv)
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC, y
v) un delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del
Ministerio Público […]”.
126. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 2 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca,
en lo relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento,
en el sentido de precisar que: i) se debe incluir al Magistrado Ponente del Tribunal,
quien deberá presidir el comité de verificación; y ii) los representantes de las
autoridades obligadas a adoptar las medidas de la parte resolutiva deberán allegar
informes al comité de verificación, cada dos (2) meses, de los avances gestionados
frente a lo que a cada una corresponde, como se señalará en la parte resolutiva de
la sentencia.
127. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
74 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
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obligadas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
128. En suma, la Sala considera que el Municipio de Vijes, el Departamento de
Valle del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca tienen la
responsabilidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la presente
sentencia, teniendo en cuenta que sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias así lo determinan.
129. En consecuencia, se modificará el ordinal tercero de la sentencia de 2 de
agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y se
confirmará lo demás la precitada sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
2 de agosto de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
TERCERO: ORDENAR la conformación de un comité para la verificación del
cumplimiento de esta sentencia que estará conformado por: i) el Magistrado
Ponente, quien deberá presidir el comité; ii) un representante de la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO – REGIONAL VALLE DEL CAUCA en calidad de accionante; iii) un
representante del MUNICIPIO DE VIJES; iv) un representante del
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, v) un representante de la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC; y vi)
un delegado de la Procuraduría General de la Nación, como representante del
Ministerio Público.
Los representantes de las autoridades obligadas a adoptar las medidas de la parte
resolutiva deberán, cada dos (2) meses, allegar informes al comité de verificación
de los avances gestionados frente a lo que a cada una corresponde.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
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su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 2 de agosto de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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