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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2014-00034-01

Fecha
31 de enero de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
26 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2014-00034-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los numerales 3.2. y 3.3. de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, los cuales quedarán así: “3.2. Casanare y Acuatodos solidariamente: deberán brindar apoyo técnico para consolidar y poner en funcionamiento el aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994. 3.3. Casanare y Corporinoquia: En tanto y en cuanto, la administración municipal de Maní y la EAAAM S.A. E.S.P. acrediten el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, cofinanciarán el proyecto de obras públicas o solución integral, conforme se precisa en la motivación. Los procesos decisorios tendrán que ser expeditos y con pronunciamientos de fondo dentro de los plazos que allí se indican”. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2014-00034-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

31 de enero de 2019

RECURSO DE APELACIÓN EN ACCIÓN POPULAR - Ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública / VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS - Se configura ya que las entidades omitieron La planificación y dirección de las políticas de desarrollo relacionadas con la coordinación y prestación del servicio público de alcantarillado en el Departamento; la organización de un sistema de coordinación con las entidades municipales prestadoras de servicios públicos

[L]a Sala llega a las siguientes conclusiones: i) que la obligación de garantizar la prestación idónea del servicio público de alcantarillado sigue siendo responsabilidad de la Administración Municipal de Maní y de la EAAAM; ii) que la Administración Departamental de Casanare, en virtud de su responsabilidad frente a la salvaguardia de los derechos colectivos, está obligada a prestar apoyo técnico y a cofinanciar el proyecto que la Administración de Maní decida ejecutar para remediar la situación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Maní; y iii) que dicha cofinanciación no pone en riesgo las finanzas del Departamento de Casanare ni desconoce los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, toda vez que, de un lado, el Tribunal aclaró que el Departamento de Casanare debe desplegar las acciones referidas, en tanto y en cuanto la administración del Municipio de Maní y la EAAAM, cumplan con su deber legal de identificar y justificar las necesidades y la incapacidad institucional que amerite la intervención del Departamento, con los soportes y motivos técnicos y financieros del caso. Y, de otro lado, la cofinanciación del Departamento de Casanare deberá consultar los recursos económicos propios disponibles, así como los del Municipio y la EAAAM y, además, se realizará en el valor indispensable y respecto del porcentaje que no alcancen a cubrir los aportes del OCAD y el Plan Departamental de Agua. (…) En conclusión, la Sala estima que la sentencia recurrida sí estableció de manera clara y dentro del marco jurídico establecido, los parámetros de actuación del Municipio de Maní, la EAAAM y el Departamento de Casanare, para efectos de ejecutar una solución a la problemática que presenta el servicio público de alcantarillado en el Municipio de Maní. (…) Corporinoquia se abstuvo: i) de asesorar técnicamente a la EAAAM, y en apoyarla en la formulación de campañas de educación ambiental; ii) de restringir, de manera efectiva, la disposición o vertimiento en el Río Cusiana de las aguas residuales causantes de degradación ambiental; iii) de dar inicio al proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, imponiendo y ejecutando a prevención las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, y exigiendo la reparación de los daños causados; y iv) de coadyuvar con la Administración Municipal de Maní y la EAAAM en la coordinación de proyectos necesarios para la defensa, protección, descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. (…) Por tanto, la Sala concluye que a Corporinoquia, por tener responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos invocados, le corresponde participar en la adopción e implementación de las medidas indicadas por el Tribunal Administrativo de Casanare para garantizar que el sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Maní cumpla con las exigencias señaladas en las disposiciones de contenido ambiental que resultan aplicables. (…) Finalmente, se debe destacar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A.

E.S.P. -Acuatodos- no recurrió la sentencia de primera instancia, motivo por el cual se sobreentiende que se encuentra conforme con las órdenes que le fueron asignadas en virtud de dicha decisión. (…) Por las razones expuestas, la Sala comparte la decisión de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare; sin embargo, procederá a modificar los numerales 3.2. y 3.3. de la parte resolutiva de la misma, para efectos de clarificar que las órdenes impuestas al Departamento de Casanare, Acuatodos y Corporinoquia, deben ser atendidas en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y a partir de los cuales se debe orientar el ejercicio de las competencias que la Constitución y la Ley le atribuyen al Municipio de Maní.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 367 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3 / LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 5 / LEY 472 DE 1998 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4.

NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la naturaleza de la acción popular, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de abril de 2014, exp: T-254, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, ver: Corte Constitucional, sentencia C-215 de 23 de abril de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de septiembre de 2004, exp: 2002-2693-01, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. En cuanto a los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de 2015, exp: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de junio de 2011, exp: 25000-23-27-000-2005-00654-01, C.P. María Elizabeth García González. En cuanto a los derechos relacionados con la salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de abril de 2018, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 73001-23-31-000-2010-00484-01(AP). Respecto a los derechos relacionados con la salubridad públicas y el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, exp: 68001-23-31-000-2012-00485-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. En cuanto a la prestación eficiente de servicios públicos, ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de abril de 2013, Exp: 2010-00672-01. C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP)

Actor: NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA 23 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE YOPAL

Demandados: DEPARTAMENTO DE CASANARE; MUNICIPIO DE MANÍ; EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE –ACUATODOS S.A. E.S.P.-; Y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA –CORPORINOQUIA-

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Departamento de Casanare y por la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia, en contra de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

SOLICITUD

La Procuradora Veintitrés (23) Judicial II Ambiental y Agraria de Yopal – Casanare, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 1998 y 1437 de 2011, presentó demanda en contra del Departamento de Casanare; el Municipio de Maní; la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. -Acuatodos-; y la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia –en adelante Corporinoquia-, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales; la protección de áreas de especial importancia ecológica y los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la salud; la vida digna; y la integridad física; los cuales consideró vulnerados con ocasión de que el funcionamiento inadecuado del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Maní, genera el vertimiento de aguas residuales al Río Cusiana sin el porcentaje de remoción de carga contaminante requerido.

LOS HECHOS

Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular fueron los siguientes:

II.1. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que opera en el Municipio de Maní – Casanare, presenta un déficit de calidad en los diferentes procesos de tratamiento. La Administración Municipal de Maní está incumpliendo los decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984, en tanto que viene descargando las aguas residuales del casco urbano sin las condiciones de tratamiento necesarias para mitigar el impacto ambiental.

II.2. La red de distribución de aguas servidas del casco urbano presenta deficiencias en su capacidad, puesto que, aunque en algunos puntos recibe descarga de aguas lluvias, lo cual, según el Secretario de Obras Públicas y Transporte de Maní, disminuye las colonias bacterianas de los reactores, reduce su eficiencia, se presentan rebosamientos y no toda el agua servida presenta la remoción de carga mínima contaminante, situación que configura una afectación de la fuente hídrica receptora de la descarga, en su entorno biótico y el suelo.

II.3. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas presenta deterioro en sus estructuras y equipos debido al transcurso del tiempo, lo que no permite el óptimo funcionamiento del sistema, por lo que se hace necesario realizar una intervención a fin de optimizar el sistema y que se presente la remoción adecuada.

II.4. Según la demandante, las dificultades anotadas generan un impacto sobre los derechos colectivos y fundamentales de los habitantes del Municipio de Maní y los recursos naturales.

PRETENSIONES

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“Primera. (…) [S]e declare al Municipio de Maní, Departamento de Casanare, la Empresa Acuatodos S.A. E.S.P., y a Corporinoquia, como responsables de omitir planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades, así como velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente acorde con la ley.

Segunda. Que se ordene al Municipio de Maní, Departamento de Casanare y a la Empresa Acuatodos, la asignación de recursos económicos y físicos necesarios, así como la construcción de un adecuado sistema de tratamiento, ya sea mejorando el funcionamiento de la actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, o en su defecto la construcción de una nueva planta de tratamiento, de ser necesario y la implementación o cambio de redes de alcantarillado del sector urbano del Municipio de Maní; con el propósito de evitar la contaminación permanente del recurso hídrico receptor, su entorno biótico, el suelo y la afectación de la comunidad por el rebosamiento de aguas negras en algunos sectores de la ciudad”.

ACTUACIÓN PROCESAL

IV.1. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante auto de 4 de marzo de 2014, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondientes a las autoridades accionadas para que contestaran, aportaran y/o solicitaran la práctica de las pruebas que consideraren pertinentes; así como al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Defensor del Pueblo.

IV.2. El mismo Tribunal, por auto de 10 de abril de 2014, ordenó vincular a la parte pasiva de la acción constitucional de la referencia, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní –EAAAM-, toda vez que “(…) fue a dicha empresa a quien se le aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana de dicho municipio como instrumento de planificación en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos de las aguas residuales domésticas generadas como consecuencia de su operatividad, así como la aprobación de una serie de proyectos y actividades a ejecutar a corto, mediano y largo plazo que tienen como objetivo la remoción de carga contaminante vertida al Río Cusiana”.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

V.1. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia –Corporinoquia-, mediante escrito aportado el 17 de marzo de 2014, manifestó lo siguiente:

Informó que, “como consecuencia de la situación que ha venido generando los vertimientos de la PTAR del Municipio de Maní”, Corporinoquia, a través del expediente N.° 97 – 0177 y por medio de la Resolución N.° 200.41.09.0506 de 30 de abril de 2009, aprobó a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el área urbana de dicho Municipio –PSMV-, como un instrumento de planificación en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos de las aguas residuales domésticas generadas como consecuencia de su operatividad.

En tal virtud, se aprobaron una serie de proyectos y actividades a ejecutar en pro del cumplimiento de la meta de remoción de la carga contaminante vertida al Río Cusiana, la cual debe ser inferior al 80%.

En aras del cumplimiento de las obligaciones derivadas del PSMV por parte de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní, Corporinoquia ha proferido los autos N.°s 500.57.10.0278 de 11 de marzo de 2010; 500.57.11.0457 de 9 de marzo de 2011; y 500.57.12.0526 de 15 de marzo de 2012, por medio de los cuales ha requerido de la empresa mencionada el acatamiento de las obligaciones y recomendaciones encaminadas a minimizar el impacto ambiental causado y reducir la carga contaminante vertida al Río Cusiana. Además, la Directora General de Corporinoquia conformó una mesa de trabajo que sesionó el 15 de abril de 2013, en virtud de la cual se estableció que la Administración Municipal de Maní debía presentar un análisis técnico de la capacidad y eficiencia actual del sistema de tratamiento y las alternativas en cuanto a la operación del sistema para el mejoramiento de la remoción de la carga contaminante.

En consecuencia, frente al caso concreto, sostuvo que los deberes de Corporinoquia se centran en realizar el respectivo control y seguimiento frente a las obligaciones derivadas del PSMV aprobado para el Municipio de Maní. Anotó también que, de conformidad con la Constitución y la ley, la adecuada prestación, implementación y adecuación de la PTAR de Maní no le corresponde a Corporinoquia; sin perjuicio del asesoramiento técnico necesario para mitigar el impacto ambiental y de que, en caso de generarse alguna afectación de carácter ambiental, se inicie el correspondiente proceso sancionatorio.

Por último, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto es la administración municipal de Maní la entidad competente para responder por la correcta operatividad de la PTAR de dicho Municipio; y “falta de integración de contradictorio”, toda vez que la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní está legitimada para responder por las obligaciones y la ejecución de los planes y proyectos derivados del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.

En consideración a lo anterior, solicitó que se desvinculara a Corporinoquia de la acción constitucional de la referencia.

V.2. El apoderado judicial del Municipio de Maní, mediante escrito allegado el 17 de marzo de 2014, expresó que dicho ente territorial no se opone a las peticiones de la demanda y que se atendrá a lo que resuelva el juez de la acción popular. Además, informó lo siguiente:

No se puede garantizar una cobertura universal de los servicios públicos relacionados con los derechos colectivos a la salubridad y el medio ambiente, debido al alto crecimiento poblacional en Maní como consecuencia del desplazamiento forzado interno; al auge de la presencia de empresas explotadoras de hidrocarburos; al cultivo y comercialización de la palma de aceite; a la ley que centralizó el manejo de las regalías por conducto de un OCAD; al cambio de mandatario departamental; y a la ley de garantías electorales.

La falta de pavimentación de las vías de Maní genera “concentración de finos a las redes de alcantarillado de aguas negras colapsando los pozos y llevando esta sedimentación a la PTAR”. Sin embargo, el sistema de alcantarillado mejorará en su eficiencia con ocasión de los proyectos de pavimentación de las vías del Municipio.

Los lavaderos de automotores no controlan el manejo de las grasas, lo cual afecta el sistema de alcantarillado de aguas servidas y el emisario final, por cuanto tales residuos llegan directamente a la PTAR.

La administración local adquirió un vehículo bomba de succión para limpiar el sistema de alcantarillado y la PTAR, lo cual le permitirá mejorar en su desempeño; sin embargo, indicó que para la época el automotor no se encontraba en funcionamiento.

El impacto ambiental que genera la carga contaminante de las aguas residuales no es de la magnitud que asegura la demandante, pues de conformidad con las pruebas tomadas el 4 de diciembre de 2013, por el Laboratorio de Ingeniería Ambiental de Casanare –AMBITEST-, una 100 metros aguas arriba y otra 100 metros aguas abajo del punto de vertimiento de la PTAR en el Río Cusiana –en una época de baja afluencia-, se concluyó que las muestras de los análisis físico-químicos y microbiológicos tienen muy poca diferencia, por lo cual no se presentan daños graves.

El Municipio de Maní carece de un sistema de alcantarillado de las aguas lluvias, por lo que gran parte de ellas son recibidas por el sistema de alcantarillado de aguas negras, lo cual es responsabilidad de la mayoría de los propietarios de las viviendas que han hecho sus conexiones al sistema maestro de aguas residuales.

La administración municipal se encuentra realizando la cuantificación y una depuración de catastro de redes para determinar las que necesitan reposición o las que se deben construir nuevas, en aras de que los dos sistemas queden funcionando de manera independiente y coadyuve con la eficiencia de la PTAR.

Para cumplir de mejor manera con las disposiciones de orden técnico se requiere de recursos significativos con los cuales no cuenta la administración municipal, por lo cual se necesitará del compromiso de los demás demandados para optimizar los sistemas de tratamiento.

La administración de Maní celebró un contrato de prestación de servicios N.º 011-2013, cuyo objeto fue la compraventa de equipos y prestación del servicio de mantenimiento correctivo para la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en favor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní. Además, en octubre de 2013, dicha empresa desarrolló una jornada de mantenimiento a la estructura y el entorno de la PTAR.

V.3. La apoderada judicial del Departamento de Casanare, mediante escrito allegado el 19 de marzo de 2014, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda al indicar que:

De conformidad con el Memorando N.º 105, expedido por la Directora Técnica de Presupuesto, el Departamento, en virtud de los principios de subsidiaridad y complementariedad, ha realizado inversiones en el Municipio de Maní para el alcantarillado sanitario y la PTAR.

En el Sector Servicios Públicos con Oportunidad y Calidad del Plan Departamental de Desarrollo 2013 – 2015, se encuentra incorporado el programa: “1. Calidad, Cantidad, Continuidad en Agua Potable y Saneamiento Básico. (…) 6. Aumentar en un 3.1% la cobertura del alcantarillado sanitario urbano. 7. Optimizar e incrementar en un 6% los sistemas de tratamiento de aguas residuales. (…). 9. Apoyo técnico para la revisión y ajustes de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos en los municipios (…)”.

Mediante el “Decreto N.° 0250 de 2 de octubre”, por el cual se adoptó el programa “Con Mejor y más Agua Potable y Servicios Básicos, la que Gana es la Gente”, el Departamento adoptó los objetivos, metas y prioridades de la Política Nacional de Agua y Saneamiento Básico, definida por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para todos”.

Según el Decreto 3200 de 2008, Acuatodos S.A. E.S.P. es la entidad responsable de la estructuración, concertación, ejecución y seguimiento del cumplimiento de las metas definidas en los distintos instrumentos de planeación.

Finalmente, formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que “el Municipio de Maní y/o la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A. E.S.P. no presentó proyecto alguno para que el Departamento de Casanare, en ejercicio de los principios de subsidiariedad y complementariedad aportara recursos (…)”; y “falta de integración del litis consorcio necesario”, por no haber sido demandada la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A. E.S.P., responsable directa de la prestación del servicio.

V.4. El Gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare –Acuatodos S.A. E.S.P.-, mediante escrito aportado el 19 de marzo de 2014, expuso que:

Si bien es cierto que el Municipio de Maní está vinculado al Plan Departamental de Aguas, dicho ente territorial es quien debe informar, solicitar actuaciones, presentar proyectos y solicitar diagnósticos respecto de las problemáticas que se presenten en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, para que Acuatodos, dentro de sus competencias como gestor, pueda actuar.

En virtud del Decreto 2246 de 31 de octubre de 2012, Acuatodos, para la fecha, posee la calidad exclusiva de gestor del programa “Con Mejor y más Agua Potable y Servicios Básicos, la que Gana es la Gente”, ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, más no de prestador de los servicios públicos contemplados en la Ley 142 de 1994. Es decir, mientras que Acuatodos sólo es responsable de la gestión, implementación y seguimiento de la ejecución del PAP-PDA – Casanare, el Municipio de Maní es el primer responsable de la gestión del proyecto y una vez elaborado y gestionado, el Comité Directivo del Programa será el responsable de priorizar, gestionar y asignar los recursos que estimen pertinentes de acuerdo al plan de desarrollo y los recursos disponibles en la respectiva vigencia fiscal. Sin embargo, el Municipio de Maní no ha requerido ni presentado algún proyecto.

No se le puede ordenar a Acuatodos la asunción de compromisos presupuestales para el mejoramiento del sistema de alcantarillado en el que el Municipio de Maní se obligó a “[a]doptar las medidas necesarias para obtener los resultados previstos en el Programa, directamente, o con el acompañamiento del prestador de servicios de agua, alcantarillado y aseo; teniendo en cuenta que el municipio será el beneficiario de las inversiones en la medida en que cumpla con las metas institucionales establecidas en el Plan Anual Estratégico y de Inversiones”.

Por último, propuso la excepción que denominó “falta de litisconsorcio necesario”, con fundamento en que “el hecho de no vincularse a la Empresa de Servicios Públicos de Maní es una clara evidencia que se pretende es que se ordene la misma ordenación del gasto, desconociendo aun a quien posee la competencia funcional de dirigir el tema de la prestación de los servicios públicos”.

V.5. La apoderada judicial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A. E.S.P. –EAAAM-, mediante escrito aportado el 6 de mayo de 2014, adujo que dicha entidad no se opone a las peticiones de la demanda y, frente a los hechos de la misma, se pronunció así:

De conformidad con unos monitoreos de 8 horas realizados por un laboratorio se pudo comprobar que “la carga contaminante que vierte la empresa a través de la PTAR al Río Cusiana, conforme al proceso de auto-limpieza que realiza el ecosistema, puede regenerarse; razón por la cual no genera un impacto negativo en la fuente que pueda afectar la fauna, la flora o la integridad de las personas”. Además, “la carga contaminante que se descarga en el Río Cusiana por parte de la empresa es inferior a la que presenta dicha fuente hídrica 100 metros aguas arriba a dicha descarga; es decir, los vertimientos que se realizan al río aguas arriba son más contaminantes que los que realiza la empresa a través de la PTAR”.

Algunos de los procesos de la PTAR, como los de secado, no se encuentran operando óptimamente, debido a que la falta de recursos no ha permitido realizar la optimización de los mismos a fin de reducir las cargas contaminantes vertidas al Río Cusiana.

Para la operación de la PTAR, de conformidad con el Decreto 3100 de 30 de octubre de 2003, la empresa cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- aprobado por Corporinoquia y a través del cual se plantearon los proyectos para garantizar las condiciones del medio ambiente en el cuerpo hídrico.

Para mejorar las condiciones de la PTAR y la red de alcantarillado sanitario y pluvial, se realizó: i) la celebración del contrato de prestación de servicios N.º 011 de 2013, cuyo objeto es la compra de equipos y prestación de servicio de mantenimiento correctivo para la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Agua Residual para la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní; ii) la celebración del contrato de prestación de servicios N.º 008 de 2013, cuyo objeto es la prestación del servicio de limpieza del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial y estructuras complementarias del casco urbano del Municipio de Maní; y iii) la implementación de una serie de actividades que contemplan la limpieza de las principales estructuras de la red como las cunetas, los sumideros, las alcantarillas, los box coulvert y las tuberías.

En virtud de dichas labores, se han logrado reducir los reboces el sistema durante el invierno, sin embargo, el talento humano, los recursos físicos y económicos no son suficientes en la medida en que los inconvenientes se presentan por el mal uso que se les da a las redes por parte de los usuarios, la falta de cultura ciudadana, el robo continuo de las tapas de los pozos de inspección, lo cual genera la contaminación de sólidos, y la gran mayoría de vías del Municipio que se encuentran sin pavimentar.

Por último, manifestó que la empresa no ha vulnerado los derechos colectivos invocados, puesto que las descargas que se realizan en el Río Cusiana no generan un impacto ambiental negativo en el ecosistema.

AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

El Magistrado Sustanciador del proceso, mediante auto de 17 de junio de 2014, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a que no comparecieron la totalidad de los sujetos procesales involucrados.

LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 5 de abril de 2018, concluyó que los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; estaban siendo transgredidos, en razón a que, de conformidad con las pruebas incorporadas al proceso, se acreditó la contaminación del Río Cusiana y del medio ambiente como consecuencia de que:

i) La PTAR presenta índices de un mal manejo y deficiencia de sus estructuras; ii) la PTAR vierte en el Río Cusiana aguas residuales sin cumplir con el porcentaje de remoción mayor al 80% de carga contaminante, establecido en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984; iii) la EAAAM no cumple con las obligaciones contenidas en la Resolución N.° 200.41.09.0506 de 30 de abril de 2009, a través de la cual Corporinoquia aprobó en su favor el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-, a pesar de los múltiples requerimientos; iv) aproximadamente desde el año 2010, se viene exhortando a la EAAAM para que cumpla con los parámetros de remoción de carga contaminante legalmente establecidos, sin que la situación haya variado; v) la carga contaminante con la que ingresa el agua a la PTAR es apenas un poco inferior a la de la disposición final en el Río Cusiana; y vi) la baja remoción de carga contaminante no se debe al aumento poblacional del Municipio de Maní, toda vez que la PTAR fue diseñada para tratar un caudal de 30 l/s y en la actualidad se tratan 17.5 l/s, luego, entonces, no es el exceso de aguas residuales lo que genera la baja remoción de los agentes contaminantes.

El Tribunal consideró que los responsables directos del servicio de alcantarillado y del manejo de vertimientos son el Municipio de Maní y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní, y, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, también son responsables el Departamento de Casanare y Acuatodos. Asimismo, determinó que Corporinoquia no había cumplido con diligencia sus deberes de controlar y vigilar la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- ni las demás actividades relacionadas con la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente.

Con base en dichas consideraciones, el Tribunal emitió las siguientes órdenes:

“PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción instrumental de falta de legitimación material por pasiva propuestas por Corporinoquia, por lo expuesto en la motivación.

SEGUNDO. DECLARAR vulnerados los derechos colectivos consagrados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, atinentes a preservación del ambiente sano y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, entre ellos el agua, protección de la salubridad pública y garantías de condiciones de vida humana digna, acceso eficaz a servicios públicos (alcantarillado).

TERCERO. A título de medidas judiciales para la protección efectiva de dichos derechos e intereses colectivos, ORDENAR al municipio de Maní, a la EAAAM S.A. E.S.P., al departamento de Casanare, Acuatodos S.A. y Corporinoquia, acorde con la individualización de responsabilidades y en los términos indicados en la motivación (consideración 4ª), el cumplimiento de las actividades, procesos decisorios y entrega de productos orientados a la solución definitiva de la problemática ambiental derivada de los vertimientos de aguas servidas que no son tratadas eficientemente por la PTAR del Municipio de Maní al río Cusiana las cuales se precisaron en dicho acápite, la que se extracta así:

3.1. Maní y EAAAM S.A. E.S.P. solidariamente: estructurar el proyecto definitivo de obras y actualización del PSMV y decidir alternativa que se pretenda ejecutar, incluida ponderación de escenarios de confinanciación. Concluidos los procesos decisorios de rigor, contratar y hacer ejecutar las obras para su puesta en óptimo funcionamiento en lapso máximo de tres (3) años siguientes a ejecutoria.

3.2. Casanare y Acuatodos solidariamente: brindar apoyo técnico para la afinación del aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, previamente a solicitudes de cofinanciación y a la apertura de proceso de selección de contratista e interventor.

3.3. Casanare y Corporinoquia: si lo requieren Maní y EAAAM S.A. E.S.P., cofinanciarán el proyecto de obras públicas o solución integral, conforme se precisa en la motivación. Los procesos decisorios tendrán que ser expeditos y con pronunciamientos de fondo dentro de los plazos que allí se indican.

CUARTO. Denegar las demás pretensiones de la demanda popular de la referencia.

QUINTO. Constituir comité de verificación del cumplimiento de la sentencia así: alcalde de Maní o su delegado (rango de secretario de despacho o equivalente), quien lo presidirá, salvo que sesione ante el estrado, caso en el cual el magistrado ponente dirigirá la audiencia; gobernador de Casanare o su delegado (rango de secretario de despacho o equivalente); director de Corporinoquia o su delegado (nivel de subdirector o equivalente) y gerentes de EAAAM S.A E.S.P. y de Acuatodos (no delegables).

Los voceros del Ministerio Público ante el Tribunal serán invitados permanentes sin voto, ejercerán vigilancia especial y velarán porque el comité opere y advertirán incumplimientos u otras novedades que requieran inmediata atención judicial.

Quien presida podrá invitar a las sesiones de información o deliberación, sin voto, cuando lo estime necesario o por solicitud motivada de interesados, a otras autoridades, a representantes de los usuarios ante la junta directiva de la empresa de servicios públicos domiciliarios o a otros particulares que ejerzan veedurías ciudadanas o puedan contribuir a la solución de la problemática de la que se ocupa el fallo.

El presidente del comité rendirá informes periódicos al finalizar cada trimestre, a partir de ejecutoria hasta cuando se declare agotado el objeto del fallo, respecto de las determinaciones de fondo, sin perjuicio de las medidas cautelares que se controlan separadamente.

(…)”.

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

VIII.1. La apoderada judicial del Departamento de Casanare, mediante escrito allegado el 11 de abril de 2018, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando que sean revocadas las órdenes que le fueron impartidas a la entidad territorial que representa, en razón a que:

En primer lugar, está demostrado que por no ejecutar las obligaciones contenidas en el PSMV, la PTAR de Maní no está cumpliendo con el porcentaje mínimo de remoción de carga contaminante de las aguas vertidas al Río Cusiana. Y, en segundo lugar, está acreditado que los responsables de la prestación eficiente del servicio son la EAAAM y el Municipio de Maní. Luego, entonces, es a estas autoridades a las que les corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos amparados.

Al Departamento de Casanare no se le puede atribuir la vulneración de los derechos colectivos amparados, por cuanto fueron las autoridades municipales las que omitieron presentar los proyectos necesarios para la consecución de apoyo económico y así poder financiar las soluciones de la problemática detectada por Corporinoquia desde el 2010.

La Administración Departamental no comparte la orden de financiar un proyecto futuro, toda vez que, con base en esta jurisprudencia, se abre la posibilidad de que otros municipios aleguen el mismo derecho frente a otras problemáticas de orden local, poniendo así en riesgo las finanzas del Departamento.

Se reprocha que el fallo de primera instancia no haya fijado unos parámetros claros para que la Administración Municipal de Maní y la EAAAM apropien los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, ni para que el Departamento tenga certeza sobre la incapacidad fiscal y/o presupuestal de las entidades mencionadas y así poder definir el monto que se requiera para financiar el proyecto.

La sentencia recurrida no expone las razones por las cuales el Departamento de Casanare debe concurrir, complementar y subsidiar al Municipio de Maní en su función de garantizar la prestación de los servicios públicos, aun cuando dichos principios operan ante la incapacidad administrativa y financiera de los municipios para lograrlo y, en este caso, el Municipio de Maní no acreditó que le fuera imposible ejercer alguna función de manera autónoma e independiente.

VIII.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia – Corporinoquia-, mediante escrito aportado el 10 de abril de 2018, interpuso recurso de apelación, solicitando que se revoquen las decisiones establecidas en los numerales 4.3. de la parte considerativa y 3.3. de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en lo que concierne a la autoridad ambiental que representa, con fundamento en lo siguiente:

Corporinoquia no ha omitido la planificación en el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, toda vez que, en ejercicio de sus competencias: a) mediante Resolución N.° 200.41.09.0506 de 30 de abril de 2009, aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en virtud del cual la EAAAM asumió una serie de obligaciones tendientes a cumplir las metas de remoción de la carga contaminante vertida en el Río Cusiana; b) habiendo realizado las correspondientes visitas y conceptos técnicos, profirió los autos N.°s 500.57.10.0278 de 11 de marzo de 2010; 500.57.11.0457 de 9 de marzo de 2011; y 500.57.12.0526 de 15 de marzo de 2012, por medio de los cuales requirió a la EAAAM para el acatamiento de las obligaciones y recomendaciones contenidas en el PSMV; y c) la Directora General de Corporinoquia conformó una mesa de trabajo celebrada el 15 de abril de 2013, direccionada por el componente ambiental y la PTAR de Maní.

Así, se evidencia que, mientras que Corporinoquia, actuando bajo la óptica preventiva, ha ejercido su función de control y seguimiento ambiental establecida en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la EAAAM será la responsable por cualquier daño que se genere en la fuente hídrica receptora o en la salud de la comunidad.

De conformidad con el artículo 311 de la Constitución, los artículos 5.1. y 7.1. de la Ley 142 de 1994 y la propia sentencia objeto de apelación, no hace parte de las competencias de Corporinoquia la de garantizar diseños o implementar obras tendientes a optimizar la prestación adecuada de servicios públicos, ya que esta es una obligación exclusiva de los municipios, en coordinación y complementariedad con los departamentos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

IX.1. La apoderada judicial del Departamento de Casanare, el 25 de octubre de 2018, presentó escrito de alegatos de conclusión, reiterando que la remoción de la carga contaminante de las aguas vertidas al Río Cusiana no es una responsabilidad que recae sobre el Departamento, sino que le corresponde a la EAAAM; que el municipio de Maní omitió presentar el proyecto necesario para superar los hechos que dieron lugar a la acción de la referencia; que la decisión del Tribunal constituye jurisprudencia que pone en riesgo las finanzas del Departamento; y que el Municipio no acreditó que le fuera imposible ejercer alguna función de manera autónoma e independiente.

IX.2. La apoderada judicial del Municipio de Maní, el 26 de octubre de 2018, remitió un escrito en el que manifestó lo siguiente:

La entidad, a través de la EAAAM, presentó ante el Departamento Nacional de Planeación, el proyecto para el mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio y se encuentra a la espera de la viabilidad y la asignación de recursos por parte del Viceministerio de Agua.

En atención al cambio del manejo de los recursos de las regalías, el Municipio de Maní se encuentra supeditado a que el cuerpo colegiado que conforma los OCAD apruebe los recursos necesarios para financiar el proyecto, motivo por el cual las entidades de los órdenes Departamental y Nacional también son responsables de garantizar los derechos colectivos invocados, toda vez que es imposible que Maní, al ser un municipio de sexta categoría, financie el proyecto con recursos propios.

Por lo anterior, la apoderada considera que el Municipio de Maní ya ha adelantado toda su gestión a efectos de garantizar la prestación eficiente del servicio de tratamiento de aguas residuales a la comunidad.

X.3. La gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A. E.S.P. –EAAAM-, el 26 de octubre de 2018, presentó escrito de alegatos de conclusión, informando que de conformidad con un plan de trabajo, dicha empresa continúa desarrollando diferentes campañas para que los habitantes no conecten las redes de alcantarillado sanitario a las de aguas lluvias; además, durante el primer semestre del 2018 ha realizado las siguientes actividades:

1) “Se tiene una cobertura en redes de alcantarillado del 95%, aunque el 5% restante la gran mayoría se encuentra en estado de invasión o sin documentos de propiedad de los predios o que se encuentran en zonas de alto riesgo con orden de evacuación”.

2) “(…) [C]ampañas para que los usuarios que no están conectados al servicio de alcantarillado, se conecten y con esto lograr la clausura de los pozos sépticos (…)”.

3) Con ocasión del Contrato 015 de 2015, se le realizó a la PTAR su última optimización.

4) Se implementó un sistema de desinfección para el agua residual tratada con bacterias índigo.

5) Constantemente se realizan campañas de sensibilización de reducción de disposición de grasas y aceites en la red de distribución de alcantarillado sanitario y, en general, para que los usuarios dispongan de los residuos líquidos de manera adecuada sin perjudicar el buen funcionamiento de las redes.

6) Se elaboró y presentó ante el Ministerio de Vivienda un proyecto para la construcción de una PTAR nueva y la optimización de la que tienen, con lo cual se espera cumplir con los porcentajes de remoción y tratamiento general de las aguas residuales domiciliarias del Municipio. Por el momento se encuentran a la espera de la viabilidad y la asignación de recursos por parte del Viceministerio del Agua. Esto conllevaría a que cada uno de los argumentos expuestos en el informe pericial sean solucionados de manera definitiva.

Por último, concluyó que, de conformidad con todo lo anterior, se evidencia que los derechos de la comunidad no están siendo vulnerados, pues se está trabajando para que se pueda prestar un servicio en condiciones óptimas de tal forma que se respeten los derechos de los usuarios.

X.4. La gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. –Acuatodos-, el 29 de octubre de 2018, presentó escrito de alegatos de conclusión aduciendo que:

i) De conformidad con la Constitución y la ley, el Municipio de Maní y la EAAAM son las entidades responsables de la prestación del servicio de alcantarillado (aguas lluvias y residuales) hasta el vertimiento final.

ii) Si bien Acuatodos, en su rol de gestor del Plan Departamental de Aguas tiene que adelantar una serie de funciones relacionadas con el sector de agua potable y saneamiento básico, para poder prestar la asistencia correspondiente, los entes territoriales que lo componen deben expresar al menos las problemáticas concretas relativas al sector. En el caso concreto, el Municipio de Maní no ha cumplido con dicho deber, pues, con cargo a los recursos de PAP-PDA de Casanare no se han presentado proyectos para ser viabilizados o incluidos en los planes estratégicos y de inversión que versen sobre el sistema de alcantarillado de aguas negras y lluvias.

iii) En atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, Acuatodos celebró el Contrato N.° 017 de 2017 con ASERVISAM SAS, cuyo objeto es “realizar la formulación y/o actualización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos del casco urbano de los municipios de Pore y Maní del Departamento de Casanare”, el cual se encuentra en un porcentaje de ejecución del 95%, encontrándose en trámite de aprobación por parte de Corporinoquia o, si hubiere lugar, a realizar los ajustes solicitados por la misma.

X.6. Los demás sujetos procesales y el Agente del Ministerio Público optaron por guardar silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

X.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer, como ocurre en el presente caso, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en las acciones populares.

X.2. Las acciones populares y su procedencia

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista peligro, agravio o un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúan en desarrollo de funciones públicas.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en distintas ocasiones acerca de la naturaleza de la acción popular, y ha establecido que este mecanismo se caracteriza por:

“[…] (i) ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico de derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos […]”.

En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende de que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

Según lo ha señalado el Consejo de Estado en forma reiterada, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales, (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración de derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.

X.3. Planteamiento del problema

X.3.1. La Procuradora Veintitrés (23) Judicial II Ambiental y Agraria de Yopal – Casanare, le atribuyó al Departamento de Casanare, al Municipio de Maní, a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. -Acuatodos-, y a la Corporación Autónoma Regional de La Orinoquia –Corporinoquia-, la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; la conservación de las especies animales y vegetales; la protección de áreas de especial importancia ecológica y los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la salud; la vida digna; y la integridad física; en razón a que el funcionamiento inadecuado del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Maní, genera el vertimiento de aguas residuales al Río Cusiana sin el porcentaje de remoción de carga contaminante requerido.

X.3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 5 de abril de 2018, concluyó que los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; estaban siendo transgredidos, en razón a que, de conformidad con las pruebas incorporadas al proceso, se acreditó la contaminación del Río Cusiana y del medio ambiente, fundamentalmente, como consecuencia de que la PTAR del Municipio de Maní vierte en el Río Cusiana aguas residuales sin cumplir con el porcentaje de remoción mayor al 80% de carga contaminante, establecido en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 y, además, no ha cumplido con las obligaciones aprobadas por Corporinoquia con ocasión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- (Resolución N.° 200.41.09.0506 de 30 de abril de 2009).

El Tribunal consideró que los responsables directos del servicio de alcantarillado y del manejo de vertimientos son el Municipio de Maní y la EAAAM, y, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, también son responsables el Departamento de Casanare y Acuatodos. Asimismo, el Tribunal determinó que Corporinoquia no había cumplido con diligencia sus deberes de controlar y vigilar la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- ni las demás actividades relacionadas con la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales, la biodiversidad y el ambiente.

En consecuencia, de conformidad con la individualización de responsabilidades, el Tribunal les ordenó a las autoridades mencionadas, el cumplimiento de las actividades, procesos decisorios y entrega de productos orientados a la solución definitiva de la problemática ambiental derivada de los vertimientos de aguas servidas que no son tratadas eficientemente por la PTAR del Municipio de Maní al Río Cusiana.

X.3.3. Inconformes con la decisión del Tribunal, el Departamento de Casanare y Corporinoquia interpusieron sendos recursos de apelación, aduciendo, respectiva y esencialmente que: i) no se cumplen los presupuestos para que el Departamento de Casanare proceda a concurrir y complementar la función administrativa del Municipio de Maní; y ii) que Corporinoquia, de conformidad con el principio de legalidad, ha ejercido a cabalidad las competencias que le fueron asignadas por la ley.

X.3.4. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si ¿les es atribuible a las autoridades recurrentes la vulneración de los derechos colectivos amparados por cuenta de que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Maní, vierte aguas residuales al Río Cusiana sin el porcentaje de remoción de carga contaminante requerido?

Antes de entrar a resolver el caso concreto, la Sala considera necesario abordar el núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos amparados, así como algunos aspectos relativos al servicio público domiciliario de alcantarillado.

X.4. Núcleo esencial y alcance de los derechos colectivos objeto de la solicitud

X.4.1. Respecto del concepto de derecho colectivo, el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

“[…] El derecho colectivo, ha dicho la Sala, no se deduce en su existencia porque varias personas estén en una misma situación ni porque se acumulen situaciones parecidas de varios sujetos, ni porque se sumen; el derecho colectivo es aquel que recae sobre una comunidad entera a diferencia del derecho individual que es el que recae sobre una persona determinada. Por lo tanto, la prosperidad de las pretensiones en la acción popular está ligada con la existencia real de los siguientes elementos, que para el momento de fallar deben estar establecidos: La acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares y la amenaza o la violación a derechos e intereses colectivos […]”.

En la misma línea conceptual, la Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:

“[…] Esta Corporación, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos y ha señalado que: “Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley” […]”.

X.4.2. Goce de un ambiente sano

Con la expedición del Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de diciembre 18 de 1974), en nuestro país se estableció en materia ambiental el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano. Asimismo, la Constitución Política de 1991 clasifica el medio ambiente dentro de la categoría de derecho colectivo (art. 79 CP), el cual es objeto de protección judicial directa por vía de las acciones populares (art. 88 CP).

La ubicación del medio ambiente en esa categoría, resulta particularmente importante, “[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de ‘tercera generación’, sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Estos mandatos constitucionales deben ser comprendidos como parte de los desarrollos jurídicos internacionales y regionales que se venían dilucidando tiempo atrás, entre los cuales se encuentran: (i) la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972); (ii) la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas  de 1982; (iii) el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en 1987; (iv) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992; (v) la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992; (vi) el Protocolo de Kyoto de las Naciones Unidas a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997; y (vii) la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de 2000.

Los anteriores instrumentos exponen el interés universal por la protección de un medio ambiente sano, consagran y desarrollan los principios, objetivos, herramientas e instituciones de gestión ambiental y los principales compromisos que deben ser tenidos en cuenta por los Estados para lograr el fin propuesto de garantizar la diversidad e integridad de los ecosistemas, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La regulación normativa del medio ambiente no se limita a su consagración constitucional, pues se han promulgado normas, de diferentes categorías, dirigidas a fortalecer su protección, a saber:

El Decreto 2811 de 1974, “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, reconoce que es necesaria la implementación de medidas y acciones tendientes a preservar, restaurar y conservar el medio ambiente.

Por su parte, la Ley 99 de 1993 establece que la política ambiental colombiana seguirá, entre otros, los siguientes principios generales:

(i) el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo;

(ii) en la utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso;

(iii) la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica y las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución;

(iv) el Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables;

(v) el paisaje, por ser patrimonio común, deberá ser protegido;

(vi) la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia, son de obligatorio cumplimiento; y

(vii) los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.

A partir de los citados mandatos, la jurisprudencia ha entendido y desarrollado que la noción de medio ambiente comprende los elementos biofísicos y los recursos naturales como el suelo, el agua, la atmósfera, la flora, la fauna, etc., los cuales pueden ser objeto de aprovechamiento por parte del ser humano, siempre que se haga de manera eficiente, es decir, teniendo en cuenta el criterio de aprovechamiento sostenible de los recursos, de suerte que se satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Es así como, recientemente, la Sección Primera del Consejo de Estado hizo alusión al contenido de este derecho, en el sentido de resaltar el carácter ecológico de la Constitución de 1991; así como la obligación del Estado y de los particulares de proteger la diversidad e integridad del ambiente, y de prevenir y controlar los factores de deterioro de este. Al respecto, la sentencia de 8 de junio de 2017 (Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP), señaló lo siguiente:

“[…] Para la jurisprudencia constitucional, el ámbito constitucionalmente protegido del ambiente sano se refiere a “aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural”. En este sentido, el ambiente sano es un derecho colectivo, no solo por su pertenencia al capítulo 3 Título II de la Constitución, que se refiere a los derechos colectivos y del ambiente, sino por cuanto su contenido es tal que no puede ser asignado a ninguna persona en particular. Por ello, “la protección de estos aspectos ambientales consagrados en la Constitución, se realiza en estricto sensu mediante el mecanismo de las acciones populares, en virtud del artículo 88 de la Carta, que al haber sido estructuradas en la ley 472 de 1998, son la vía judicial acertada para proteger los derechos colectivos relacionados con el espacio público, la seguridad, la salubridad y el medio ambiente” .

“[…] la protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” (Artículo 366 C.P.)” […]”.

“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección […]”.

En el mismo sentido, esta Sección ha considerado, en cuanto al derecho al goce de un ambiente sano, lo siguiente:

“[…] La Carta Política en su artículo 79, reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos, dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natura […]”. [Subraya la Sala].

En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos, educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 superior […]”.

Asimismo, la Corte Constitucional en cuanto a la categorización del medio ambiente sano como derecho colectivo, ha expresado lo siguiente:

“[…] La Constitución clasifica el medio ambiente dentro del grupo de los llamados derechos colectivos (C.P. art. 79), los cuales son objeto de protección judicial directa por vía de las acciones populares (C.P. art. 88). La ubicación del medio ambiente en esa categoría de derechos, lo ha dicho la Corte, resulta particularmente importante, “ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de ‘tercera generación’, sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer”, toda vez que “[l]a humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

De lo anterior se advierte que la defensa del medio ambiente constituye un objetivo primordial dentro del Estado Social de Derecho, ya que constituye el contexto vital del ser humano, indispensable para la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. En efecto, todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a gozar de un ambiente sano, lo que genera, por un lado, el deber de velar por su conservación, y por el otro, el derecho de participar en las decisiones que puedan afectarlo. Igualmente, al Estado se le imponen cargas para lograr su protección, como lo son prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales por conductas lesivas al ambiente y exigir la reparación de los daños causados.

X.4.3. Acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

Sobre este derecho cabe resaltar lo señalado por esta Sección, en cuanto a la relación entre el derecho al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la seguridad y salubridad públicas, temas relacionados con la presente acción popular:

“La salubridad pública.

Sobre el concepto de “salubridad pública” ha sostenido esta Sección, de manera coincidente con la Corte Constitucional:

“En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”.

De manera específica, sobre la relación de la salubridad pública con la infraestructura que debe garantizarse a la comunidad, ha sostenido esta Corporación:

“El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del “acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública”. Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra “infraestructura” la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública […].

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés colectivo se obtendrá a través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios.

X.4.4. El acceso a los servicios públicos y a su prestación en forma eficiente y oportuna

Este derecho colectivo busca la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, en cuanto a su la calidad, precio y cobertura. Frente a esos derechos, al Estado le corresponde su regulación y control con miras a que dichos elementos se cumplan en debida forma.

En relación con este derecho colectivo, la jurisprudencia de la Corporación ha establecido que:

“EL DERECHO COLECTIVO AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A SU PRESTACIÓN EFICIENTE no se está frente al desarrollo de una función administrativa en los términos del artículo 209 Constitucional, sino de una actividad económica intervenida por el Estado, cuya prestación debida se relaciona directamente con la consecución de sus fines (art. 2 C. N.). El modelo constitucional económico de la Carta Política de 1991 está fundado en la superación de la noción “francesa” de servicio público, conforme a la cual éste era asimilable a una función pública, para avanzar hacia una concepción económica según la cual su prestación está sometida a las leyes de un mercado fuertemente intervenido; así se deduce del artículo 365 constitucional cuando dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos y que estos pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares.

Nótese que la norma es clara en señalar que el Estado debe asegurar la prestación (no prestar forzosamente) al tiempo que permite la concurrencia de Agentes (públicos, privados o mixtos) en su prestación. De acuerdo con tal disposiciones se destaca, jurídicamente, que los servicios públicos “son inherentes a la finalidad social del Estado”, pues contribuyen al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 2 y 366 ibídem.) y es por ello que su prestación comporta la concreción material de la cláusula Estado Social de Derecho (art. 1 ibídem); así lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, como mecanismo auxiliar en la administración de Justicia (art. 230).De manera que los derechos colectivos que se involucran en la prestación de los servicios públicos no aluden a la función pública propia del Estado, sino a una actividad económica que por implicar el tráfico de servicios inherentes a la finalidad social del Estado, que la doctrina colombiana, con base en expresión foránea, llama “bienes meritorios”, exige la intervención del mismo a través de los instrumentos tradicionales de policía administrativa: regulación y control (inc. 2 art. 365 C. N). En otras palabras, el bien jurídico colectivo por proteger no refiere a la función administrativa, sino a los derechos propios de los consumidores y usuarios particularmente en lo relativo a la calidad del servicio y a su precio. (…) (Subrayado fuera de texto)”.

X.5. El servicio público domiciliario de alcantarillado

El artículo 211 del Decreto 1541 de 26 de julio de 1978, dispone que “[s]e prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. (…)”.

Por su parte, el Decreto 1594 de 1984, reglamentario de la Ley 9ª de 1979, “(…) prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación”. De igual forma, dispone que “[l]os sedimentos, lodos, y sustancias sólidas provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos”.

La Ley 142 de 11 de julio de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 1° dispuso que la misma se aplicaría “(…) a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley”. [Resalta la Sala].

A su turno, el artículo 14 de la misma regulación definió los siguientes conceptos relevantes:

“14.19. SANEAMIENTO BÁSICO. Son las actividades propias del conjunto de los servicios domiciliarlos de alcantarillado y aseo.

(…).

14.23. SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO. Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.

(…)”[]. [Subraya la Sala].

Igualmente, el Decreto 302 de 25 de febrero de 2000 “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, señala que “[l]os usuarios o suscriptores de las entidades prestadoras de los servicios, deberán hacer uso de los servicios de acueducto y alcantarillado en forma racional y responsable, observando las condiciones que para tal efecto establezcan las normas vigentes, en orden a garantizar el ahorro y uso eficiente del agua, la prevención de la contaminación hídrica por parte de sustancias susceptibles de producir daño en la salud humana y en el ambiente y la normal operación de las redes de acueducto y alcantarillado”.

SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO

De conformidad con lo indicado en el planteamiento del problema jurídico (apartado X.3.) y teniendo en cuenta que las autoridades recurrentes no controvirtieron el hecho de que existiere una afectación a los derechos colectivos, la Sala procederá a determinar si a estas entidades les es atribuible la afectación mencionada, como consecuencia de que el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Maní vierte aguas residuales al Río Cusiana sin el porcentaje de remoción de carga contaminante requerido.

XI.1. La censura del Departamento de Casanare

En cuanto a las competencias que el ordenamiento jurídico le confirió a los departamentos, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la Sala procede a destacar los siguientes aspectos:

La Constitución Política de 1991, en su artículo 288 estableció que “(…). Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-1051 de 4 de octubre de 2001 (M. P: Jaime Araujo Rentería), se pronunció sobre los referidos principios en los siguientes términos:

“(…) El primer principio, indica que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), coordinación que debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como entre éstas y la Nación. El principio de concurrencia implica un proceso de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de modo que ellas intervengan en el ‘diseño y desarrollo de programas y proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, pues sólo así será posible avanzar en la realización efectiva de principios también de rango constitucional, como por ejemplo el de descentralización y autonomía territorial’. El principio de subsidiaridad consiste en que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias (…).” (Resalta la Sala).

De otro lado, la Constitución, en su artículo 298, dispuso que “[l]os departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. [De igual forma] [l]os departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. (…)”.

El artículo 365 de la Constitución refiere que “[l]os servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado [motivo por el cual le corresponde] (…) asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. La disposición subsiguiente menciona que “[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado [y que] [s]erá objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”.

La Ley 142 de 11 de julio de 1994, en su artículo 7°, señala que “[s]on de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas: (…) 7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos. 7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto”. [Subraya la Sala].

Por su parte, la Ley 136 de 2 de junio de 1994, modificada por La Ley 1551 de 6 de julio de 2012, desarrolla los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, los cuales deben orientar el ejercicio de las competencias atribuidas por la Constitución y la Ley a las entidades territoriales, de la siguiente forma:

“Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;

(…)”. [Subraya la Sala].

Finalmente, la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 dispuso:

“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios.

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental.

74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.

74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación.

74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar.

74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales y a la comunidad.

(…).

74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento.

(…)”. [Subraya la Sala].

La Sala parte de la premisa consistente en que la Administración Departamental de Casanare no es la autoridad encargada de prestar el servicio público de alcantarillado en el Municipio de Maní, tampoco le corresponde cumplir con las obligaciones contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por Corporinoquia y, por consiguiente, no es la responsable directa de los altos niveles de contaminación de las aguas que son vertidas por la PTAR de Maní al Río Cusiana; sin embargo, dicho ente territorial sí resulta responsable de la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce de un ambiente sano; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, comoquiera que omitió el cumplimiento de precisos deberes que aluden a: i) la planificación y dirección de las políticas de desarrollo relacionadas con la coordinación y prestación del servicio público de alcantarillado en el Departamento; ii) la organización de un sistema de coordinación con las entidades municipales prestadoras de servicios públicos, para efectos de coadyuvar con la prestación idónea del servicio público de alcantarillado; iii) la asesoría y el apoyo administrativo que debe brindar a las entidades municipales prestadoras de servicios públicos que operan dentro del territorio de su jurisdicción; iv) el seguimiento y la evaluación de la entidades municipales prestadoras de servicios públicos, así como informar de los respectivos resultados a la Nación, las autoridades locales y a la comunidad; y v) la coordinación y dirección, junto con Corporinoquia, de las actividades de control y vigilancia ambiental dentro del territorio de su jurisdicción.

En efecto, la administración departamental de Casanare, no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los deberes legales enunciados, aun cuando desde el 26 de agosto de 2013 le fueron puestas en su conocimiento, al igual que a Acuatodos, las circunstancias bajo las cuales se está prestando deficientemente el servicio público de alcantarillado en el Municipio de Maní y que motivaron la acción constitucional de la referencia.

La Sala observa que una intervención oportuna y adecuada de la administración departamental de Casanare, con la ejecución de sus deberes de coordinación, apoyo, asistencia, asesoría, seguimiento y evaluación del servicio público de alcantarillado en el Municipio de Maní, habría generado que la administración de dicho Municipio procediera a elaborar y presentar el proyecto de financiación que requiere para garantizar la adecuada prestación de dicho servicio público, y así, mitigar la afectación de los derechos colectivos comprometidos.

Ahora bien, la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia ordena que: “(…) 3.2. Casanare y Acuatodos solidariamente: [deben] brindar apoyo técnico para la afinación del aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, previamente a solicitudes de cofinanciación y a la apertura de proceso de selección de contratista e interventor. [Además] 3.3. Casanare y Corporinoquia: si lo requieren Maní y EAAAM S.A. E.S.P., cofinanciarán el proyecto de obras públicas o solución integral, conforme se precisa en la motivación. Los procesos decisorios tendrán que ser expeditos y con pronunciamientos de fondo dentro de los plazos que allí se indican”.

Dicha decisión se encuentra fundamentada en las siguientes consideraciones:

“(…).

4.2. CASANARE y ACUATODOS: solidariamente, deberán brindar apoyo técnico especializado que los otros dos entes estatales requieran, les pidan y justifiquen necesidades, para la adecuada y cabal configuración del proyecto de inversiones públicas a que haya lugar.

4.2.1. En ese proceso deberán identificarse requerimientos ambientales que deban preceder a contratación; el valor global de las inversiones que se necesiten y su interventoría; las fuentes financieras disponibles en las arcas de Casanare, Maní y EAAAM S.A. E.S.P., incluido eventual endeudamiento público, sea con o sin carga a tarifas de servicio; porcentaje o monto de la cofinanciación que se pretenda obtener del OCAD Casanare, del PDA o directamente de Casanare y de Corporinoquia; o en su defecto de la Nación (vía MVCT), todo con los soportes técnicos y financieros a que haya lugar. De la última, el fallo no le impone obligaciones por no ser parte, lo que no impide que si viabiliza los proyectos, realice aportes en cumplimiento de sus actividades misionales conforme al sistema de fuentes.

(…).

4.2.3.1. Debe advertirse que en virtud de los principios constitucionales ya indicados en el marco teórico y en apartes precedentes, el municipio junto con su propia empresa de servicios públicos domiciliarios tendrán la carga de configurar los proyectos, identificar necesidades de concurrencia o subsidiariedad y llevarlos ante las dependencias técnicas de Casanare y el MVCT para someterlos a los procesos decisorios de OCAD; Casanare y Acuatodos deberán brindar el apoyo técnico que el municipio y su empresa requieran; Casanare, además, previa justificación de incapacidad fiscal del ente local e insuficiencia de la tarifa para costear inversiones en infraestructura, cofinanciará lo que sea indispensable y no cubran el OCAD o los recursos del PDA. Y, finalmente, la Nación podrá validar y viabilizar proyectos para que obtengan cofinanciación nacional, si todo lo anterior no es suficiente para que finalicen oportunamente.

(…).

4.3. Corporinoquia: además del seguimiento ambiental al proyecto y a la ejecución de las soluciones técnicas que adopten las autoridades responsables, acorde con su misión (Ley 99 y complementarias), tendrá que cofinanciar subsidiariamente del aporte del OCAD Casanare, de Casanare y PDA (Acuatodos), el proyecto que motivadamente le sometan Maní y EAAAM S.A. E.S.P., en el monto y términos que se requieran para que, si fuere el caso con el apoyo financiero de la Nación, se completen las inversiones públicas a que haya lugar.

La justificación de la necesidad, así como la estructuración del proyecto, corresponden a los entes territoriales, a EAAAM S.A. E.S.P. y Acuatodos, como se indica en precedencia. Los tiempos para decidir correrán en paralelo y serán los mismos que se asignan al OCAD Casanare, al PDA y a Casanare.

(…)”. [Resalta la Sala].

Visto el contexto en que se profirió la determinación cuestionada, la Sala llega a las siguientes conclusiones: i) que la obligación de garantizar la prestación idónea del servicio público de alcantarillado sigue siendo responsabilidad de la Administración Municipal de Maní y de la EAAAM; ii) que la Administración Departamental de Casanare, en virtud de su responsabilidad frente a la salvaguardia de los derechos colectivos, está obligada a prestar apoyo técnico y a cofinanciar el proyecto que la Administración de Maní decida ejecutar para remediar la situación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Maní; y iii) que dicha cofinanciación no pone en riesgo las finanzas del Departamento de Casanare ni desconoce los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, toda vez que, de un lado, el Tribunal aclaró que el Departamento de Casanare debe desplegar las acciones referidas, en tanto y en cuanto la administración del Municipio de Maní y la EAAAM, cumplan con su deber legal de identificar y justificar las necesidades y la incapacidad institucional que amerite la intervención del Departamento, con los soportes y motivos técnicos y financieros del caso. Y, de otro lado, la cofinanciación del Departamento de Casanare deberá consultar los recursos económicos propios disponibles, así como los del Municipio y la EAAAM y, además, se realizará en el valor indispensable y respecto del porcentaje que no alcancen a cubrir los aportes del OCAD y el Plan Departamental de Agua.

En conclusión, la Sala estima que la sentencia recurrida sí estableció de manera clara y dentro del marco jurídico establecido, los parámetros de actuación del Municipio de Maní, la EAAAM y el Departamento de Casanare, para efectos de ejecutar una solución a la problemática que presenta el servicio público de alcantarillado en el Municipio de Maní.

XI.2. La censura de Corporinoquia

En lo que involucra a Corporinoquia, como autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con la Ley 99 de 1993, dicha entidad tiene a su cargo, entre otros, los deberes de:

“Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables”.

“Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, distritos y Municipios de su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales”.

“Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas”.

“Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional”.

“Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva”.

“Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el Ministerio del Medio Ambiente”.

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables (…) así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental. (…)”.

“Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos”.

“Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de daños causados”.

“Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales”.

“Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”.

Aunque Corporinoquia haya esgrimido en su defensa el haber emitido la Resolución N.º 200.41.09.0506 de 30 de abril de 2009, mediante la cual aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por la EAAAM; el haber proferido los autos N.°s 500.57.10.0278 de 11 de marzo de 2010; 500.57.11.0457 de 9 de marzo de 2011; y 500.57.12.0526 de 15 de marzo de 2012, por medio de los cuales requirió a la EAAAM para el acatamiento de las obligaciones y recomendaciones contenidas en el PSMV; y el haber conformado una mesa de trabajo celebrada el 15 de abril de 2013, direccionada por el componente ambiental y la PTAR de Maní; la Sala observa que también es responsable de la vulneración de los derechos colectivos amparados, por cuanto, en virtud de la inspección ocular realizada el 7 de octubre de 2014 en la PTAR del Municipio de Maní, de los mismos conceptos e informes técnicos emitidos por Corporinoquia y el dictamen pericial elaborado por el ingeniero civil William Rojas Vergara y del respectivo informe de aclaración, se pudo determinar que:

La EAAAM incurrió en incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, relacionadas estas con el sistema de desinfección del efluente del sistema de tratamiento de agua residual; los montos de las inversiones; los monitoreos de calidad físico-química y microbiológica al afluente y efluente y a la fuente receptora; los análisis de laboratorio de reducción de la carga contaminante; el Programa para el Uso Eficiente de Ahorro de Agua; los residuos almacenados en el antiguo botadero; las fugas de la conducción de agua a salida del pozo; la conexión del alcantarillado sanitario al pluvial; el mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales del matadero; la suscripción de usuarios del servicio comercial, industrial y oficial del servicio público de alcantarillado; los avances de obra física; la gestión de residuos sólidos; la capacidad y eficiencia del sistema de tratamiento y alternativas en cuanto a operación del sistema para el mejoramiento de la remoción de carga; el cumplimiento de las metas de reducción de la carga contaminante, entre otras.

Según el dictamen pericial practicado, “[a]l momento de la inspección del pozo recolector se tiene la proliferación de olores de gas metano, posiblemente producto de bacterias y microorganismos contaminantes en el agua. (…). En las fotos 16 y 17, se observa que el agua tiene bastante color y hay formación de espumas, situación que muestra claramente que no se está cumpliendo con la remoción de carga contaminante, exigida por el Decreto 1594/84 y que en estas condiciones se estaría aportando coliformes y carga bacteriana al río. (…). La foto 29, corresponde al canal de drenaje de las aguas lluvias del casco urbano, la localización de la foto es sobre la vía antes de llegar a la PTAR, este sitio está al final del casco urbano, observándose totalmente abandonado siendo casi imposible la escorrentía del agua lluvia”.

De conformidad con las respuestas otorgadas por el perito al cuestionario extendido por el Tribunal Administrativo de Casanare, se destaca que “(…). [S]í existen conexiones erradas del sistema pluvial al sanitario, toda vez que los colectores de aguas lluvias iban “full” pero en los puntos de recolección (canal perimetral) y descarga al río, no se observó evidencia de que corriera flujo de escorrentía, sino, por el contrario, que estas estructuras no cumplen su función y están abandonadas y sin mantenimiento; recordando que el día de la inspección estaba lloviendo en el casco urbano de maní.

Durante la inspección de los pozos del alcantarillado, primo los diámetros mínimos 8´´ y 10´´ y la poca profundidad 60 cms. en promedio, aquí se podría tener una causa de desbordamiento de los pozos eventualmente generando problemas de contaminación del aire y de aguas residuales expuestas en vía pública, además se tendría un represamiento en la descarga de los aparatos sanitarios de las viviendas por estar llenas de tuberías.

(…).

Se recomienda hacer un mantenimiento general al canal de concreto y verificar los planos del plan maestro de acueducto y alcantarillado que se tiene contratado desde 2010 por la Gobernación de Casanare y según el gerente de la empresa es la fecha y no se ha entregado por el consultor.

(…).

[N]o se necesita una ampliación de la PTAR en cuanto al caudal, sino un mejoramiento de los procesos de tratamiento, como por ejemplo desarenadores, unidades de desinfección, mejor operación del sistema instalado, instalación de una estructura de medida de caudal para poder dosificar los elementos químicos a proporcionar; todo los anterior para evaluar y determinar la disminución de la carga contaminante en las aguas tratadas.

(…).

En la inspección judicial realizada no se realizó muestreo de las aguas que drenan por las redes ni en la PTAR, sin embargo en los resultados de los monitoreos que reposan en el expediente y lo observado se tiene que no se está cumpliendo con la norma del Decreto 1594/84, respecto de los parámetros de calidad que se deben garantizar en el tratamiento de las ARD, dicho lo anterior se estaría contaminando los recursos naturales en los elementos agua, suelo, aire, generando una problemática ambiental en los habitantes del casco urbano, a los residentes cercanos a la PTAR y a la comunidad en general que hace uso de lagua del Río Cusiana aguas debajo de la descarga del afluente de la PTAR.

(…).

No se tienen los diseños de la PTAR, pero al momento de presentar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Maní S.A., se debió presentar el diseño de la PTAR, donde se garantiza que el tratamiento biológico por medio de reactores tipo UASB, cumplen con la remoción de la carga orgánica.

(…).

Con la inspección judicial no se hizo toma de muestras de agua, sólo se puede observar que los resultados de los monitoreos que obran en el expediente dan cuenta de contaminación biológica.

(…).

El esquema actual de tratamiento, no está cumpliendo a cabalidad con los procesos mínimos de tratamiento de las ARD, estructuras que faltan:

• Estructura de medida del caudal que llega a la PTAR.
• Desarenadores, porque los existentes cumplen la función de repartir el caudal a los reactores.
• Rediseño de las tuberías de evacuación de lodos, para evitar taponamientos.
• Estructura de desinfección del agua tratada.
• Control de olores”.

(…).

[Posibles soluciones]. Adelantar un plan de gestión ambiental, donde se programe: a) un plan para reducir el impacto y daño que se ha venido realizando en el vertimiento de las aguas residuales mal tratadas; b) limpieza y mantenimiento de las redes; c) drenaje de lodos de acuerdo a la formación de los mismos y no realizar un contrato independiente; d) caracterización de las aguas para determinar la carga orgánica, entre otras”.

Aun con toda la evidencia relacionada, Corporinoquia se abstuvo: i) de asesorar técnicamente a la EAAAM, y en apoyarla en la formulación de campañas de educación ambiental; ii) de restringir, de manera efectiva, la disposición o vertimiento en el Río Cusiana de las aguas residuales causantes de degradación ambiental; iii) de dar inicio al proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, imponiendo y ejecutando a prevención las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, y exigiendo la reparación de los daños causados; y iv) de coadyuvar con la Administración Municipal de Maní y la EAAAM en la coordinación de proyectos necesarios para la defensa, protección, descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Por tanto, la Sala concluye que a Corporinoquia, por tener responsabilidad en la vulneración de los derechos colectivos invocados, le corresponde participar en la adopción e implementación de las medidas indicadas por el Tribunal Administrativo de Casanare para garantizar que el sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Maní cumpla con las exigencias señaladas en las disposiciones de contenido ambiental que resultan aplicables.

Finalmente, se debe destacar que la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. -Acuatodos- no recurrió la sentencia de primera instancia, motivo por el cual se sobreentiende que se encuentra conforme con las órdenes que le fueron asignadas en virtud de dicha decisión.

Por las razones expuestas, la Sala comparte la decisión de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare; sin embargo, procederá a modificar los numerales 3.2. y 3.3. de la parte resolutiva de la misma, para efectos de clarificar que las órdenes impuestas al Departamento de Casanare, Acuatodos y Corporinoquia, deben ser atendidas en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 y a partir de los cuales se debe orientar el ejercicio de las competencias que la Constitución y la Ley le atribuyen al Municipio de Maní.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia, los numerales 3.2. y 3.3. de la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, los cuales quedarán así:

“3.2. Casanare y Acuatodos solidariamente: deberán brindar apoyo técnico para consolidar y poner en funcionamiento el aludido proyecto definitivo y selección de la alternativa más viable, en el marco de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

3.3. Casanare y Corporinoquia: En tanto y en cuanto, la administración municipal de Maní y la EAAAM S.A. E.S.P. acrediten el cumplimiento de los requisitos que suponen los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad establecidos en el artículo 4° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, cofinanciarán el proyecto de obras públicas o solución integral, conforme se precisa en la motivación. Los procesos decisorios tendrán que ser expeditos y con pronunciamientos de fondo dentro de los plazos que allí se indican”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Folios 1 y ss. del cuaderno N.º 1 del expediente de la referencia. 28 de febrero de 2014. Ibíd., folios 16 y 17. Ibíd., folios 254 y ss. Ibíd., folios 43 y ss. Ibíd., folios 94 y ss. Ibíd., folios 115 y ss. Ibíd., folios 158 y ss.
“Por el cual se reglamenta el artículo 21 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones. (…) Artículo 5. Estructuras Operativas. Igualmente hacen parte de los PAP-PDA, las siguientes estructuras operativas: 1. El Comité Directivo: Es la instancia encargada de aprobar el ejercicio de planificación y seguimiento para el desarrollo de los PAP-PDA, incorporando un análisis de necesidades, recursos disponibles, metas e indicadores definidos en el nivel departamental por el departamento, el gestor y los municipios. 2. El Gestor: Es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el departamento. Podrán ser gestores una empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que sus estatutos permitan la vinculación como socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo soliciten; o el departamento. (…)”. [Resalta la Sala]. Ley 1450 de 2011. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. (…). ARTÍCULO 21. PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. La estructuración y funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustará de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos, y la implementación efectiva de esquemas de regionalización. (…)”. [Subraya la Sala]. Folios 259 y ss. del expediente de la referencia.
“Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras determinaciones”. Folio 298 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 981 y ss. Ibíd., folios 1014 y ss. Ibíd., folios 1017 y ss.
“4.3. Corporinoquia: además del seguimiento ambiental al proyecto y a la ejecución de las soluciones técnicas que adopten las autoridades responsables, acorde con su misión (Ley 99 y complementarias), tendrá que cofinanciar subsidiariamente del aporte del OCAD Casanare, de Casanare y PDA (Acuatodos), el proyecto que motivadamente le sometan Maní y EAAAM S.A. E.S.P., en el monto y términos que se requieran para que, si fuere el caso con el apoyo financiero de la Nación, se completen las inversiones públicas a que haya lugar. La justificación de la necesidad, así como la estructuración del proyecto, corresponden a los entes territoriales, a EAAAM S.A. E.S.P. y Acuatodos, como se indica en precedencia. Los tiempos para decidir correrán en paralelo y serán los mismos que se asignan al OCAD Casanare, al PDA y a Casanare”.
“3.3. Casanare y Corporinoquia: si lo requieren Maní y EAAAM S.A. E.S.P., cofinanciarán el proyecto de obras públicas o solución integral, conforme se precisa en la motivación. Los procesos decisorios tendrán que ser expeditos y con pronunciamientos de fondo dentro de los plazos que allí se indican”. Folios 1061 y 1062 del expediente de la referencia. Ibíd., folios 1064 y 1065. Ibíd., folios 1066 y ss. Ibíd., folios 1075 y ss. Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra;

T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2015. Radicación número: 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). Actor: Defensoría del Pueblo - Regional Boyacá. Demandado: Fiscalía General de La Nación - Dirección Seccional de Fiscalías De Tunja – CTI. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos. Sobre el particular ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Bogotá D. C., 10 de febrero de 2005. Radicación número: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Referencia: Acción Popular. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. Corte Constitucional, sentencia C-401 de 1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa).
“ARTICULO 2o. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código tiene por objeto: 1o. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional. 2o. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. 3o. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y de ambiente”. Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2015. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. T-453/98 M.P Alejandro Martínez Caballero y T-851/10 M.P Humberto Antonio Sierra Porto. T-863A/99 M.P Alejandro Martínez Caballero. Aparte citado en la sentencia T-707/12, Referencia: expediente T-3.056.570. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Bogotá, DC., once (11) de septiembre de dos mil doce (2012). Sentencia T-254/93. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 2001. Referencia: expediente LAT-191. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araujo Rentería. Bogotá, D.C., 28 de junio de 2001.

Consultar, entre otras, las Sentencias T411/92 y T-046/99. Aparte citado en la Sentencia C-671 de 2001. Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., 18 de marzo de 2010. Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 76001-23-31-000-2011-01300-01(AP). Actor: Henry Leoncio Barreiro Belalcázar. Corte Constitucional, Sentencia C- 632 de 2011. Consejo de Estado, Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. 88001-23-33-000-2014-00040-01(AP). Actor: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Demandado: Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros. Consejo de Estado – Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834. C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia de 14 de noviembre de 2002. AP- 533. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios. Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. demandado: Municipio de Maicao y Otros. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP) de fecha 10 de febrero de 2005. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de 26 de noviembre de 2015, Rad. N.º 76001-23-31-000-2010-01545-01(AP), C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; 18 de septiembre de 2015, Rad. N.º 05001-23-31-000-2011-00032-01(AP), C. P.: Guillermo Vargas Ayala; 6 de septiembre de 2012, Rad. N.º 76001-23-31-000-2011-00314 01(AP) y 18 de agosto de 2011, Rad. N.º 47001-23-31-000-2004-00454-01(AP), C. P.: María Claudia Rojas Lasso.
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973” HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22675" \l "0" Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981.
“Por la cual se dictan medidas sanitarias”. Diario Oficial 35.308 de 1979 (julio 16). Artículo 60. Artículo 70. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 20 de marzo de 2002. Rad. Núm: 11001-03-24-000-2000-00030-01(7259). C. P: Olga Inés Navarrete Barreto. Artículo 6º. Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 8 de febrero de 2018, Rad. N.° 85001-23-33-000-2015-00146-01, C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. En el mismo sentido: “Artículo 356. Modificado. Acto Legislativo 01 de 2001, artículo 2º. Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios.
(…).

Teniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los departamentos, distritos y municipios.
(…)”.
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. Artículo 31, numeral 3). Ibíd., numeral 4). Ibíd., numeral 6). Ibíd., numeral 8). Ibíd., numeral 9). Ibíd., numeral 10). Ibíd., numeral 11). Ibíd., numeral 12). Ibíd., numeral 17). Ibíd., numeral 18). Ibíd., numeral 20).
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

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