RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 66001-23-33-000-2016-00516-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2016-00516-02

Fecha
14 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2016-00516-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, AMPARAR los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a la seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria del municipio de Santuario y del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal, amenazados por el municipio de Santuario, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Santuario que, respecto del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal”, coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de 2019, proferida por esta Sección dentro del expediente AP- 660012333000201600526-01, en los términos indicados en la parte motiva de esta sentencia. Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del Municipio de Santuario para solucionar la problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se encuentren a cargo de dicho Municipio. El Municipio de Santuario deberá solicitar a las entidades que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, su inclusión a las mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 660012333000201600516-02 TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2016-00516-02

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

14 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000201600516-02
Actor: Defensoría del Pueblo Regional Risaralda
Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento de
Risaralda y Municipio de Santuario
Vinculados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC
Coadyuvante: Javier Elías Arias Idárraga

Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.
Reiteración jurisprudencial.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del Pueblo
Regional de Risaralda, en adelante la parte actora, contra la sentencia de 15 de
mayo de 2020 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. La actora presentó1 demanda, en ejercicio del respectivo medio de control,
contra el Municipio de Santuario; el Departamento de Risaralda; y la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objeto de lograr la protección de los
derechos e intereses colectivos a: i) a la moralidad administrativa; ii) seguridad y
salubridad públicas; y iii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública.

1 Cfr. Folio 1 a 22 del Cuaderno 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Pretensiones

2. La actora formuló las siguientes pretensiones2:

“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE SANTUARIO, el DEPARTAMENTO
DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO;
vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos del municipio de Santuario;
relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad como el acceso a la
infraestructura de servicios que garantice la seguridad y la salubridad públicas.

SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE SANTUARIO, el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, que en
el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el Despacho, contado a
partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere efectuado,
adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de hacer cesar la
vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el
goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad con
los hechos descritos en la presente demanda, y las recomendaciones que dentro de
la misma se llegaren a concluir, tendientes a conjurar los referidos riesgos y/o
desastres técnicamente previsibles, garantizando los recursos y los instrumentos
necesarios para facilitar la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente, conforme lo ordena la Ley 65 de 1993.

TERCERA: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que su
despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: Que las entidades demandadas sean condenadas en costas a favor de la
Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

3.1 Afirmó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 19 de agosto de
19933 , “[…] Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario […]”, existe
un marco legal establecido por los artículos 17, 18 y 19, que asigna a las entidades
territoriales competencias y obligaciones expresas en materia carcelaria, y que, se
mantienen vigentes aun con la entrada de la Ley 1709 de 20 de enero de 20144.

3.2 Indicó que el artículo 17 de la Ley 65 de 19 de agosto de 1993 contiene un
mandato legal dirigido a las entidades territoriales, que consiste en la asignación
en el presupuesto municipal y departamental de las partidas necesarias para los
gastos en las cárceles

2 Cfr. Folio 1 a 22 del Cuaderno 1
3 “[…] Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario […]”
4 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de

la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

3.3 Señaló que de acuerdo con el artículo 19A de la misma Ley 65, además de
las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489
de 29 de diciembre de 19985 y en las demás leyes, el Ministerio de Justicia y del
Derecho tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento
CONPES6 para garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.

3.4 Manifestó que es de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
que se presentan en el sistema penitenciario de orden nacional y, en especial, los
que se presentan en los tres centros de reclusión de Risaralda; Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -EPMSCPI- “Cárcel
La 40”; Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea”; y
Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal.

3.5 Resaltó que corresponde a las entidades accionadas, cumplir la normativa
mencionada y garantizar los recursos e instrumentos necesarios para facilitar la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente, para concretar las condiciones mínimas que garanticen la vida
digna de las personas.

3.6 Afirmó que, con la ausencia de edificaciones para las personas detenidas
preventivamente, las entidades territoriales incurren en una omisión de una
obligación que no es opcional o facultativa. Dicha vulneración amerita el amparo
de los derechos colectivos invocados.

3.7 Precisó que la Defensoría del Pueblo, por medio de Oficio 1415 del 15 de
abril de 2015, requirió al Municipio de Santuario, solicitando informara si contaba
con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente, el cual respondió con el Oficio de 28 de abril de 2015 precisando
que “[…] No tiene espacio para el funcionamiento de la CARCELES Y
PABELLONES DE DETENCIÓN PREVENTIVA […]”7.

3.8 Mencionó que la Defensoría del Pueblo, por medio de Oficio 1199 de 6 de
abril de 2016, requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitando se
informara si en esa municipalidad se contaba con el espacio para el funcionamiento
de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, el cual fue

5 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones
[…]”
6 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
7 Cfr. Folio 13 y 14 del Cuaderno 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

contestado con el oficio OFI 16-0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016 en el
que, según señala, se explicaron las obligaciones de las entidades territoriales en
materia carcelaria y su incidencia en el Sistema Penitenciario y Carcelario.

3.9 Asimismo, se informa sobre la conclusión a la que llegó el documento
Conpes 3828 de 2015, según el cual la “[…] mayoría de los entes territoriales no
se encuentran cumpliendo lo establecido en la ley [penitenciaria] y, por ende, no
gestionan ni destinan presupuesto para [ello] […]”.

3.10 Expuso que la Defensoría del Pueblo, por medio de oficios núm. 1416 de 15
de abril de 2015 requirió al Departamento de Risaralda para que informara si en
esa municipalidad se contaba con el espacio para el funcionamiento de las
cárceles para las personas detenidas preventivamente. El Departamento de
Risaralda contestó mediante Oficio núm. 13762 del 11 de julio de 2016 y concluyó
que se ha podido verificar que la administración municipal no tiene un espacio para
el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención preventiva, con las
condiciones mínimas que garanticen la permanencia en condiciones dignas y de
seguridad.

Contestaciones de la demanda

4. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho presentó escrito de
contestación8, mediante apoderada, en el que se opuso a las pretensiones de la
parte demandante. Propuso la excepción que denominó: “falta de legitimación
material en la causa por pasiva”. Manifestó que no tiene competencia funcional
especifica por no tener asignadas las atribuciones para cumplir o solucionar
directamente conflictos en materia de sanidad, infraestructura puntual y
administración de un establecimiento penitenciario y carcelario, sobre todo, cuando
son de detención preventiva. Por ello, aclara que las competencias legales y
reglamentarias están determinadas en el Decreto 2897 de 20119. Indicó que en
materia penitenciaria y carcelaria no es competente para adoptar las medidas
administrativas tendientes a atender asuntos al interior de los centros
penitenciarios y carcelarios.

4.1 Propuso la excepción que denominó “Inexistencia de incumplimiento de las
obligaciones a su cargo ni vulneración de derechos e intereses colectivos por parte
del Ministerio de Justicia y del Derecho”. Adujo que no es la entidad encargada

8 Cfr. Folio 38 a 43 del Cuaderno 1
9 “[…] Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia

y del Derecho y se integran el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

directamente de satisfacer los servicios a los internos recluidos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, porque dentro del ámbito de sus
atribuciones ha realizado sus obligaciones de coordinación, seguimiento y fijado
los lineamientos de política criminal y penitenciaria que le competen frente a la
problemática carcelaria.

4.2 Resaltó que, en el marco de su competencia de diseñar, hacer seguimiento
y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria y con el ánimo
de superar la problemática del sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto
del plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos
condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código
Penitenciario y Carcelario. Recordó que, en cumplimiento de lo ordenado por la
Corte Constitucional, el Gobierno Nacional a partir del año 2000, inició un proceso
de transformación del sistema penitenciario con una infraestructura programada a
partir de estudios y diseños.

4.3 De igual manera manifestó que con el objeto de garantizar condiciones de
reclusión dignas y la efectiva resocialización en materia de infraestructura, el
Ministerio, junto con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC,
viene trabajando en la ampliación de cupos y en la construcción de 6
establecimientos que permita la ampliación de la cifra cercana a los 26.000 cupos
nuevos.

4.4 Señaló que el Gobierno Nacional no es el único responsable en materia de
infraestructura carcelaria, también los gobernadores y alcaldes deben asumir su
responsabilidad en la construcción y mantenimiento de los centros de detención
preventiva, especialmente porque el número de personas condenadas es similar
al número de cupos existentes en el sistema penitenciario y carcelario; es decir, la
sobrepoblación estaría dada por las personas en condición de detención
preventiva.

4.5 Propuso además las excepciones que denominó “Imposibilidad de
imputación jurídica eficiente de responsabilidad en cabeza del Ministerio de
Justicia y del Derecho (ausencia de nexo causal)”; “Improcedencia de imputación
de responsabilidad por falla relativa del servicio”.

5. El Departamento de Risaralda presentó escrito10, mediante apoderado,
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Se

10 Cfr. Folio 44 a 61A del Cuaderno 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

pronunció en relación con los hechos y pretensiones de la demanda y, en especial,
señaló que no se contempla en la Constitución Política, ni en la ley que el
Departamento de Risaralda tenga a su cargo la construcción, la administración, la
custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o
condenados y sindicados por contravenciones.

5.1 Afirmó que, por medio de la Ley 65 se creó el Sistema Nacional Penitenciario
y Carcelario, modificado por la Ley 1709; el Decreto 407 de 1994 estableció el
régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; el Decreto
2897 de 2011, define al instituto como entidad adscrita, vinculada al Ministerio de
Justicia y del Derecho, creado mediante el Decreto 2160 de 1992, resultante de la
fusión de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Justicia. La Ley 65 creó el Consejo Superior de Política
Criminal y agregó que de él no hacen parte los departamentos y no han sido
creados a nivel territorial, como los Comités Territoriales de Seguimiento al
Sistema Penal Acusatorio.

5.2 Resaltó que, dentro de las funciones del Consejo Nacional de Política
Carcelaria y Penitenciaria, está la de hacer seguimiento de la problemática del
sistema penitenciario y carcelario colombiano.

5.3 Concluyó en síntesis que, a pesar de no estar obligado por la norma, si ha
dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en diversas
sentencias contribuyendo con el instituto cediendo el lote de terreno de propiedad
del departamento denominado “El Pílamo” ubicado en la vereda La Honda del
Municipio de Pereira, en el cual se construirá el establecimiento penitenciario y
carcelario de mediana seguridad de Pereira como consta en la Escritura Pública
núm. 1977 de 2014.

5.4 Manifestó que ha incluido en su presupuesto una partida para atender los
requerimientos de las entidades competentes en materia penitenciaria y carcelaria
con el fin de colaborar con la solución de la crisis carcelaria. Propuso las
excepciones que denominó: i) “La falta de legitimación en la causa por ser ésta
pasiva”; y ii) “Existencia de precedente en materia carcelaria y penitenciaria y cosa
juzgada”.

5.5 Solicitó la vinculación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC; y la acumulación de los procesos en los que la Defensoría del Pueblo
Regional Risaralda es el actor contra los siguientes municipios: i) Belén de Umbría,
con número de radicado 2016-00517-00; ii) Quinchía, con número de radicado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

2016-00525-00; y iii) Pueblo Rico, con número de radicado 2016-00524-00; y iv)
Mistrató, con número de radicado 2016-00520-00 dado que todos comparten la
misma petición.

6. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en su escrito de
contestación11, presentado por intermedio de su apoderada, manifestó que “[…]
Coadyuvo las pretensiones de la parte demandante, habida consideración es
demostrativo que su acción va encaminada a las entidades que por mandato legal
deben cumplir con la obligación de GARANTIZAR LOS RECURSOS Y LOS
INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA CREACIÓN, FUSIÓN O SUPRESIÓN ,
DIRECCIÓN , ORGANIZACOÓN , ADMINISTRACIÓN , SOSTENIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LAS CÁRCELES PARA LAS PERSONAS DETENIDAS
PREVENTIVAMENTE, CONFORME LO ORDENA LA LEY 65 DE 1993 […]”12.

6.1 En cuanto a las excepciones, el INPEC formuló dos principales, primero, la
“Inexistencia del hecho dañino”, argumentando que no tiene responsabilidad sobre
los hechos narrados, ya que la obligación de crear y mantener los centros
penitenciarios recae sobre los entes territoriales, según lo dispuesto en la Ley 65,
modificada por la Ley 1709 de 2014; y la “Falta de legitimación en la causa por
pasiva”, sosteniendo que el accionante no reconoció adecuadamente al INPEC
como parte del proceso debido a su falta de competencia legal y constitucional
para adoptar medidas destinadas a cesar la violación de los derechos e intereses
colectivos.

6.2 Indicó que sus funciones recaen sobre la inspección y vigilancia de las
cárceles de las entidades territoriales, no obstante, estos centros penitenciarios
“[…] no existen en el departamento de Risaralda y las que existieron fueron
cerradas, trasladando la responsabilidad al INPEC del personal con detención
preventiva […]”.

6.3 Resaltó la relevancia de diferenciar entre sindicados y condenados,
señalando que la reclusión de personas sindicadas o detenidas preventivamente
corresponde a los entes territoriales, mientras que la de los condenados es
competencia del INPEC, ante la omisión de los entes territoriales, es el INPEC el
que se ve obligado a asumir dicha carga.

6.4 Mencionó que conforme al artículo 12 de la Ley 65, es obligación de los
entes territoriales crear establecimientos para las personas detenidas

11 Cfr. Folio 121 a 146 del Cuaderno 1
12 Transcripción textual.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

preventivamente, siendo esta “[…] una responsabilidad continua que implica tener
una política penitenciaria no solo para albergar a las personas investigadas
penalmente, sino también para prevenir el delito […]”.

6.5 Aunado a lo anterior, conforme al artículo 17 ibidem existe un mandato legal
que obliga a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito
capital a hacerse cargo de la creación, fusión, supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de
libertad, advirtiendo que esta responsabilidad no es opcional, sino una obligación
legal expresa.

6.6 Informó sobre el proyecto de construcción del establecimiento carcelario
denominado "El Pilamo" en el Departamento de Risaralda, el cual actualmente se
encuentra en etapa de licitación y es gestionado por la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC; además precisó que este está siendo objeto
de una acción popular con el radicado 66001-23-33-0003-2017-00646-00.

6.7 Manifestó que mediante el Decreto 41450 de 2011 se da vida jurídica a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, “[…] siendo una entidad
independiente y autónoma del INPEC con personería y patrimonio propios con la
obligación y facultad de proveer la alimentación, el servicio de Salud al personal
interno, de la infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios del orden
nacional […]”.

7. El Municipio de Santuario, no presento escrito de contestación, como
consta en el informe secretarial de 25 de mayo de 201713.

8. El señor Javier Elías Arias Idárraga14 pidió que se le reconociera como
coadyuvante en el proceso de la referencia, solicitó que se acumulen todos los
procesos sobre la materia, se dé amplia difusión y celeridad al proceso

La audiencia de pacto de cumplimiento

9. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 17 de
enero de 201915, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio.

13 Cfr. Folio 62 del Cuaderno 1
14 Cfr. Folio 32 del Cuaderno 1.
15Cfr. Folio 163 a 167 del Cuaderno 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Sentencia proferida, en primera instancia

10. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
profirió sentencia16 el 15 de mayo de 2020, en la que resolvió:

“[…] 1. DECLÁRASE NO PROBADA LA EXCEPCIONES DE FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, propuestas por el Departamento
de Risaralda, por la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho- y por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, de conformidad con lo expresado en
la parte motiva de este fallo.

2. NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

3. Sin condena en costas en esta instancia, por lo considerado.

4. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría envíese
copia de la presente sentencia a la Defensoría Regional del Pueblo.

5. Expídanse por Secretaría y a costa de la parte procesal interesada, las copias
que sean solicitadas sobre este expediente. […]”

Consideraciones del Tribunal

11. El Tribunal consideró el problema jurídico en los siguientes términos “[…]
si las entidades accionadas […] transgreden los derechos e intereses colectivos
a la moralidad administrativa y al acceso a la infraestructura de servicios que
garantice la salubridad y la seguridad pública, por la presunta omisión en sus
funciones de creación, fusión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles en los términos que establece el artículo
17 de la Ley 65 de 1993, para las personas que son objeto de detención preventiva
o condena por contravenciones policivas […]”.

11.1 El Tribunal, luego de establecer el alcance normativo y jurisprudencial de
la procedencia de la acción popular, resolvió sobre las excepciones de “Falta de
legitimación en la causa por pasiva” y “cosa juzgada”, de las cuales declaró su no
prosperidad. En relación con la primera, estimó que el Departamento de
Risaralda, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC- tienen la vocación procesal de comparecer al
presente proceso para recibir una sentencia en relación con la vulneración de los
derechos colectivos que les ha sido imputada.

11.2 En lo que tiene que ver con la segunda, concluyó que no se cumple con los
elementos necesarios para su configuración, si bien, las acciones referidas están
relacionadas con las condiciones de reclusión de las personas privadas de la
libertad en algún centro de reclusión del Departamento de Risaralda difiere la

16 Cfr. Folio 229 a 251 del Cuaderno 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

identidad jurídica de las partes y el objeto mismo de la litis, el cual corresponde a
la omisión de la existencia de cárceles en los términos del artículo 17 de la Ley
65. Finalmente, respecto a las demás oposiciones determinó que no constituían
excepciones per se, ya que “[…] se limitan a la contradicción o negación de los
elementos propios de la vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados, sin oponer un hecho nuevo que exija un análisis […]”.

11.3 Delimitó el objeto de la acción popular, el cual es, la creación, construcción
o adecuación de las cárceles para las personas con detención preventiva o
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden
de autoridad policiva, que son responsabilidad legal de los municipios,
departamentos y áreas metropolitanas.

11.4 Estimó que las cárceles a cargo de los entes territoriales, departamentales
y municipales disponen de opciones relacionadas con la posibilidad de integración
entre municipios, o la posibilidad de establecer convenios interadministrativos con
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para recibir a sus presos. Concluyó
que la obligación a cargo de los departamentos y municipios no está condicionada
a la creación y construcción de cárceles, sino que la norma brinda otras opciones.

11.5 No obstante, aclaró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
continúa teniendo la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad,
así tengan la condición de detenidos preventivamente.

11.6 Dilucidó que, en materia de infraestructura y dotación, en los términos del
Decreto 204 de 2016, se determina que la infraestructura para la efectiva
vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad,
incluyendo la dotación de saneamiento básico (elementos y las condiciones
necesarias para garantizar la higiene y salubridad dentro de los establecimiento
de reclusión), y todos los bienes y servicios que se requieran para el
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, estará a cargo de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

11.7 Tras analizar el material probatorio, se concluyó que no se demostró la
afectación de los bienes jurídicos mencionados ni que el aumento de personas en
detención preventiva bajo la custodia del Municipio de Santuario esté
contribuyendo al hacinamiento en las cárceles de orden nacional en Risaralda.
Además, el Tribunal determinó que “[…] la Defensoría del Pueblo Regional de
Risaralda, no demostró el número de personas que están recluidas en un
Establecimiento Carcelario del Orden Nacional, que funcione en el Departamento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

de Risaralda, que estén cumpliendo medida de detención preventiva por la
comisión de algún delito, y que estén a cargo del Municipio de Santuario; ni que
además este número incide y en qué porcentaje o proporción, en el incremento
negativo de la tasa de hacinamiento que registran tales establecimientos
carcelarios […]”.

11.8 Agregó que no se vulnera el principio de legalidad, ya que, aunque el
municipio carece de infraestructura carcelaria para detenciones preventivas o
condenas menores, existen mecanismos alternativos mediante acuerdos
contractuales con el INPEC para alojar a las personas privadas de la libertad.

11.9 Indicó que no se advierte un interés general al favorecimiento del propio
servidor público o de un tercero, en tanto no se acredito la vulneración de los
bienes jurídicos invocados.

11.10 Concluyó que no es procedente ordenar a un municipio de sexta categoría
como de Santuario, que construya una cárcel en los términos del artículo 17 de la
Ley 65, porque implicaría un despliegue presupuestal sin necesidad
administrativa.

11.11 Por último, consideró que no era procedente la condena en costas a la parte
actora porque no se demostró la temeridad o mala fe17.

Recurso de apelación presentado por la parte actora

12. La parte actora presentó escrito18 por medio del cual interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

12.1 Afirmó que el Tribunal adujo la falta de carga probatoria en el proceso, pese
a que es de conocimiento generalizado el tema de la crisis carcelaria a nivel
regional y el hacinamiento.

12.2 Argumentó que se demostró la inexistencia de un complejo de detención
preventiva en el cual se ubique a las personas que se encuentren en proceso de
judicialización por la comisión de algún tipo penal. Lo anterior, teniendo en cuenta
que la finalidad del medio de control es garantizar la protección del derecho
colectivo invocado en futuras situaciones.

17 Ley 472 de 1998 – artículo 38.
18 Cfr. Folio 254 a 261 del Cuaderno 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

12.3 Indicó que en las pruebas documentales aportadas al proceso se hace
referencia de manera generalizada a las personas que se registran al sistema
penitenciario, sin indicar su procedencia de otras regiones ni del Departamento de
Risaralda.

12.4 Estimó pertinente realizar nuevamente el análisis de la Ley 1709 de 201419
porque no diferencia el origen de la detención preventiva.

12.5 Refirió los beneficios que trae la creación del sistema de detención
preventiva porque permite una disminución del hacinamiento del sistema
penitenciario y carcelario y agrega que si bien su implementación genera una carga
presupuestal alta, ello no constituye un fundamento para negar las pretensiones
de la acción popular, no solo porque la falta de recursos no es pretexto para la
protección de los derechos colectivos, sino porque se trata de una medida en
detrimento de los derechos de las personas detenidas preventivamente.

12.6 Señaló que conforme el artículo 19A de la Ley 65, la Constitución Política y
el artículo 59 de la Ley 489 y demás leyes, el Ministerio de Justicia y del Derecho
tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento CONPES para
garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.

12.7 Mencionó que es de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
presentados en el sistema penitenciario de orden nacional, y en especial los que
se presentan en los 3 centros de reclusión de Risaralda; Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -EPMSCPEI- “Cárcel
La 40”; Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel la Badea”; y
Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal. Así pues, explica que
sí se cumpliera la obligación a cargo de las entidades territoriales, en relación con
la población privada de la libertad en ejecución de una medida de aseguramiento
de detención preventiva, los porcentajes de hacinamiento se reducirían
notablemente.

12.8 Adujo que la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para
las personas detenidas preventivamente implica que las entidades territoriales
incurren en una omisión que se viene registrando desde la promulgación de la Ley
65.

19 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 de 2000, la Ley

55 de 1985 y de dictan otras disposiciones […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

12.9 Concluyó que, en aplicación del principio pro homine, se debe revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

13. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto de 22 de octubre de
202020, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia proferida, en primera instancia el 15 de mayo
de 2020; el Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de mayo de 202121,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y posteriormente
mediante auto de 27 de septiembre de 2024 resolvió sobre la presentación de
alegatos y traslado al Ministerio Público.

13.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC reiteró los
argumentos expuestos durante el trámite procesal.

Concepto del Ministerio Público

13.2. El Agente del Ministerio Público, mediante concepto rendido en el proceso,
solicitó revocar la sentencia proferida, en primera instancia y, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda, para garantizar la seguridad y salubridad
públicas de las personas detenidas preventivamente y las que llegaren a estarlo,
toda vez que no se logró probar que el Municipio de Santuario contara con un
espacio dispuesto para cárceles y pabellones de detención preventiva, según lo
previsto en los artículos 17 y 21 de la Ley 65.

II. CONSIDERACIONES

14. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre el derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública; vi) el desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el
hacinamiento carcelario en el Departamento de Risaralda; vii) el marco normativo
y jurisprudencial sobre el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; viii) el marco normativo de las

20 Cfr. Folio 266 del Cuaderno 2.
21 Cfr. Índice 06 SAMAI. Archivo denominado
“[…]22AUTOADMITIENDORECURSO_ADMITEAPELACION(.PDF) […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

obligaciones de los Entes territoriales en relación con la Ley 65; y ix) el análisis
del caso concreto.

Competencia

15. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de
las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201922, sobre la distribución de asuntos entre las secciones
del Consejo de Estado; iii) el artículo 15023 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para
conocer de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas en primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de
las acciones populares.

16. Vistos los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201224, norma
aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley
472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la parte demandante.

17. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la
Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

18. La Sala deberá determinar si se encuentra probada o no la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad
públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, con ocasión de ausencia de un complejo de detención preventiva en el
Municipio de Santuario del Departamento de Risaralda.

19. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar, modificar
o revocar la sentencia de 15 de mayo de 2020, proferida por la Sala Segunda del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia.

22 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
23 De acuerdo con el inciso cuarto del artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 sobre el régimen

de vigencia y transición normativa, los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos. El recurso se interpuso en la fecha 27 de mayo de 2020 la norma vigente para
ese momento es la norma anterior a la modificación establecida por la Ley 2080.
24 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

20. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

21. Visto el artículo 2. ° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

22. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite
del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

23. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos e intereses.

24. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma
y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica,
sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”25.

25. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados
por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos
y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una

26. acción pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por
lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es
una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de
aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la
sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control
judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual
violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una
ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones
pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

27. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa
la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante
[…]”.

27.1 La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia26,
ha considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes

26 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir,
condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la
realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a
la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente
posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia
de los derechos vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

27.2 A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]27”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho colectivo a la
seguridad y salubridad pública

La seguridad pública

28. Visto el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública.

29. El Preámbulo de la Constitución Política señala que la Asamblea
Constituyente, en ejercicio de su poder soberano, asegura la vida, la convivencia
y la paz.

30. El artículo 2.° ibidem establece como fines esenciales del Estado “[…]
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

31. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional28 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii)
es un derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.

32. En relación a su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional29
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad

27 Ibidem.
28 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
29 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

33. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho
a la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican
como constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a
proteger por parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la
ausencia de riesgos de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos
tipos y de flagelos humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes
de tránsito, etc., lo mismo que como la prevención de atentados contra la
seguridad del Estado30 […]”.

La salubridad pública

34. Vistos: i) el artículo 49 de la Constitución Política referente a la prestación
de los servicios de salud como un servicio público a cargo del Estado; ii) el artículo
366 de la Constitución Política sobre la solución de necesidades insatisfechas en
materia de salud como una finalidad del Estado; iii) el artículo 46 de la Ley 715, el
artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 200731 y el numeral 4.º del artículo 6.º
de la Ley 1801 de 29 de julio de 201632, relativos a la salud pública; iv) el artículo
24 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201533, referente al deber de
garantizar la disponibilidad de los servicios de salud en zonas marginadas; y, v)
el literal b del artículo 4° del Decreto 3842 de 1949 sobre los Centros de Salud y
el personal que lo debe integrar.

35. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud
es un servicio público a cargo del Estado. Y en tal sentido, debe garantizar a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación
de la salud. Al respecto, le asigna una importante función de “organizar, dirigir y
reglamentar” la prestación de los servicios de salud de los habitantes. Para lo cual,
debe establecer las políticas para la prestación de servicios de salud, ejercer su
vigilancia y control, así como, determinar las competencias entre la Nación, las
entidades territoriales y los particulares.

30 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-

31- 000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-
31- 000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-
01(AP)
31 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y

se dictan otras disposiciones […]”
32 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. […]”.
33 “[…] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

36. El artículo 366 de la Constitución Política establece como uno de los fines
del Estado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Además, prevé
como un objetivo prioritario de las autoridades la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud.

37. Respecto de este derecho colectivo, la Sección Primera de esta
Corporación34 ha considerado lo siguiente:

“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública
y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a
sostener que:

“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general
implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria35[…]”.

38. En tal escenario, la Sala resalta que este derecho colectivo se encuentra
relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de
la comunidad que exige la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
Igualmente, en relación con el tema del hacinamiento carcelario, este derecho
colectivo garantiza a las personas detenidas el respeto a la dignidad humana al
exigirse mejores condiciones de infraestructura y atención sanitaria.

Desarrollo jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en
relación con el hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda

39. Esta Sección en relación con el alto índice de hacinamiento en el sistema
penitenciario del departamento de Risaralda, respecto de sus tres centros de
reclusión, a saber: el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, Establecimiento Reclusorio de
Mujeres de Pereira – “Cárcel La Badea” y el Centro de Reclusión de Varones de
Santa Rosa de Cabal, ha considerado que es necesaria la protección de los
derechos e intereses colectivos invocados cuando se prueba la inexistencia de
edificaciones e infraestructura apropiada para que se ejecuten las medidas de

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de

2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 250002324000201000609-01, criterio reiterado por
esta Sección en el expediente con número de radicación: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre

de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

privación preventiva de la libertad de las personas sindicadas y detenidas
preventivamente.

40. De igual manera, ha determinado que la problemática que afronta el
Departamento de Risaralda, en materia penitenciaria y carcelaria, debe
combatirse de manera sistemática y con la colaboración de todos los municipios
que se sirven de estos establecimientos, teniendo en cuenta que el análisis de la
situación de hacinamiento debe hacerse de forma general.

41. Adicionalmente, se ha considerado que, aunque en algunos casos no se
demuestra que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento mencionado se encuentren recluidas personas en calidad de
sindicados, bajo la medida de detención preventiva, también se ha explicado que
la superación de la problemática se debe realizar con la colaboración de todos los
municipios.

42. Por ejemplo, en sentencia del 11 de julio de 201936 se estableció que las
entidades demandadas incurrieron en una omisión legal de los mandatos
contenidos en la Ley 65, al no contar con “[…] [e]dificaciones e infraestructura
apropiada y necesaria donde funcionan las cárceles para las personas sindicadas
y detenidas preventivamente, si se tiene en cuenta que dicha obligación, es de
naturaleza imperativa y no optativa […]”. En relación con la situación de
hacinamiento carcelario se determinó, por medio del recaudo probatorio, que “[…]
[l]os documentos […] permiten denotar y enseñar con veracidad los altos índices
de hacinamiento presentados, y que soportan en la actualidad, los centros de
reclusión de Risaralda […]. Aunado a ello, es posible corroborar las precarias
condiciones en lo que a la seguridad y salubridad públicas se refiere; si además
se tiene en cuenta que, no se cuenta en la actualidad con la infraestructura, el
personal y los medios suficientes para atender las apremiantes necesidades de la
población reclusa y/o privada de la libertad. […]”.

42.1 Se resaltó que, aunque el Departamento de Risaralda en coadyuvancia con
otros entes y autoridades ha realizado acciones para mitigar el hacinamiento
carcelario, “[…] es posible concluir que, aun son apremiantes, las necesidades de
quienes se encuentran cautivos en dichos centros de reclusión; y en ese orden de
ideas, la problemática que aquí se suscita, no puede ni debe escapar de la órbita
de éste Juez Constitucional, quien ciertamente debe tomar las medidas
pertinentes en el asunto de la referencia […]”. Igualmente se consideró que, “[…]

36 NUR 660012333000201600526-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

[D]icho apoyo técnico efectuado por las distintas autoridades y entidades resulta
a todas luces insuficiente, de cara a la realidad que se padece en los centros de
reclusión antes referidos, pues sólo permite generar un diagnóstico y/o mapeo
general del panorama actual, mas sin embargo, no ofrece una verdadera solución
palpable en derecho para superarlo a plenitud […]”.

42.2 Se precisó en relación con la escasez de recursos económicos como
impedimento para la protección de los derechos e intereses colectivos de la
población privada de la libertad que, “[…] el hecho de que sea necesario surtir
unas etapas presupuestales para obtener los recursos requeridos por dichas
obras […] no justifican la desprotección de los derechos colectivos de los internos
y detenidos, cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a
la acción popular […]”.

43. De igual manera, en la sentencia del 14 de septiembre de 202037, se
consideró la problemática de hacinamiento carcelario declarada por la Corte
Constitucional de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país; las
obligaciones de los entes territoriales en materia carcelaria y las decisiones
tomadas por la Sala en relación con la situación de hacinamiento del
departamento de Risaralda. Se determinó que el municipio demandado, presta el
servicio penitenciario y carcelario a través de la modalidad prevista en el artículo
19 de la Ley 65, por medio de la contratación con el INPEC para el recibo de sus
presos y se determinó que, “[…] si bien en el presente caso no se demostró que
el número de mujeres en calidad de detención preventiva en Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” a cargo del Municipio de
Belén de Umbría, incida notablemente en el incremento de la tasa de
hacinamiento, no obstante, a juicio de la Sala, la problemática en los EPC del
Departamento debe combatirse de manera sistémica y con la colaboración de
todos los municipios que se sirven de estos establecimientos, pues cada uno
aporta una cuota de detenidos que, bajo una perspectiva global, constituyen la
causa del hacinamiento carcelario en el Departamento de Risaralda, razón por la
que la incidencia no puede analizarse desde cada caso particular, sino respecto
de una generalidad […]”.

43.1 En ese entendido, se concluyó que, aunque el municipio demostró que
presta el servicio penitenciario, “[…] lo cierto es que se deben adoptar medidas
mas contundentes para superar la vulneración de los derechos colectivos de la
población de los tres EPC del Departamento de Risaralda […]”. En consecuencia,

37 NUR 660012333000201600517-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

se estimó que el municipio demandado también era responsable de la vulneración
de los derechos colectivos de la población carcelaria de Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” y por lo tanto se le ordenó
que coadyuvara con el cumplimiento de las ordenes contenidas en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de
2019.

44. También en la sentencia del 14 de septiembre de 202038, se consideró
que, “[…] [L]a problemática en los EPC del Departamento debe combatirse de
manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de
estos establecimientos, pues cada uno aporta una cuota de detenidos que, bajo
una perspectiva global, constituyen la causa del hacinamiento carcelario en el
Departamento de Risaralda, razón por la que la incidencia no puede analizarse
desde cada caso particular, sino respecto de una generalidad […]”. Por lo tanto,
se determinó que el municipio es igualmente responsable de la vulneración de los
derechos colectivos de la población carcelaria de los establecimientos del
departamento de Risaralda y se ordenó que “[…] Las autoridades que encabezan
el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de trabajo
dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del
Municipio de Pueblo Rico para solucionar la problemática de hacinamiento en
Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se
encuentren a cargo de dicho Municipio, por cuanto este número, en comparación
con los detenidos que aporta el Municipio de Pereira, debe ser mucho menor si
se tiene en cuenta, como mínimo, la población en uno y otro ente territorial […]”.

45. Por último, en la sentencia de 28 de septiembre de 202339, se refirió al
estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario declarado
por la Corte Constitucional con ocasión de la crisis de hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios; las obligaciones de los entes
territoriales contenidas en la Ley 65 de 1993; y, las decisiones proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el hacinamiento carcelario
en el Departamento de Risaralda. Se consideró que “[…] [E]l municipio de Balboa
no cuenta con un establecimiento carcelario para las personas detenidas
preventivamente, sino sólo con una “sala de capturados en unas condiciones
mínimas de dignidad y seguridad”, la cual está ubicada en la estación de policía
del mismo municipio y que solo puede albergar hasta dos detenidos, lo que
constituye una omisión a la obligación legal contenida en el artículo 17 de la Ley

38 NUR 660012333000201600524-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
39 NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

65 de 1993 consistente en que a los municipios les corresponde la creación, fusión
o supresión, dirección, organización, administración y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente […]”.

45.1 Estimó que, aunque no está acreditado que el número de personas
detenidas preventivamente a cargo de ese municipio se encuentren en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda y que
esa situación incida en la tasa de población carcelaria, “[…] [L]a problemática de
hacinamiento debe solucionarse de manera articulada y con la colaboración de
todos los municipios que se sirven de los tres establecimientos carcelarios del
departamento de Risaralda […]”.

45.2 Se concluyó que teniendo en cuenta el precedente establecido en la
sentencia del 11 de julio de 2019 en la que “[…] los tres establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda presentan graves
condiciones de hacinamiento, causadas, en gran parte, por el incumplimiento de
los entes territoriales de las obligaciones de la Ley 65 de 1993, la omisión del
municipio de Balboa sí vulnera los derechos colectivos de la población carcelaria
de los tres establecimientos carcelarios del departamento […]”. Por lo cual, se
ordenó al municipio de Balboa coadyuvar al cumplimiento de las órdenes
contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de
la sentencia mencionada.

Marco normativo y jurisprudencial sobre el derecho colectivo al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

46. Vistos: i) el artículo 365 de la Constitución Política sobre la prestación
eficiente de los servicios públicos; y ii) el literal g del artículo 6.° y el artículo 13 de
la Ley 1751 sobre la progresividad del derecho de acceso a los servicios y
tecnologías de salud, que implica la ampliación de la capacidad instalada; y las
redes de servicios de salud.

47. El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. De allí, su deber de
asegurar la prestación eficiente a los habitantes de todo el territorio nacional.

48. Sobre el concepto de salubridad pública, la Sección Primera ha indicado
que alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
de la salud e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido
en los siguientes términos:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el
ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en
especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce
indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra
forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”40

49. La jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás viene
considerando que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública consiste en una prerrogativa, según la cual, la
comunidad puede acceder a las infraestructuras que sirven para “la buena gestión
de la salubridad pública”, que integra el conjunto de elementos y servicios
propicios para garantizar la salud.

50. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así
mismo, en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de
amparo a través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de
1998, se consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones
que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en
la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del
mismo.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es
decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o

40 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-

31- 000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de
beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención,
buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en
un espacio de tiempo determinado […]”41

51. Del mismo modo, la Sección Primera –en decisiones posteriores– ha
reiterado que la protección de “[…] este derecho o interés colectivo se obtendrá a
través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios
[…]”42.

52. Luego, la Sala en distintos pronunciamientos, ha considerado que este
derecho implica el acceso a la infraestructura (instalaciones, construcciones y
edificaciones) y servicios para garantizar la salubridad pública. Al respecto ha
señalado lo siguiente:

“[…] [L]a comunidad puede acceder a instalaciones y organizaciones que
procuren la salud, esto es, que se las construcciones y edificaciones estén
adaptadas de tal forma que eviten a las personas contraer enfermedades o, que
se generen focos de contaminación o epidemias que afecten o amenacen el
estado de sanidad comunitaria, ello también incluye los elementos y servicios que
se estimen indispensables para la creación y funcionamiento adecuado de la
gestión de la salubridad pública […]”43

53. En suma, tanto el sector Nación como las entidades territoriales, tienen el
deber de garantizar a los ciudadanos una infraestructura de servicios que proteja
su derecho a la salud, de lo que se sigue que este derecho colectivo está
íntimamente relacionado con la vida en condiciones dignas y por ende que el
Estado debe realizar acciones afirmativas para su consecución, por medio de las
cuales se otorguen a las personas los medios necesarios para la satisfacción de
las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.

Marco normativo de las obligaciones de los Entes territoriales en relación
con la Ley 65 de 1993

54. Visto el artículo 15 de la Ley 65, “[…] Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario […]”, modificada por la Ley 1709, el cual establece la
integración del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, así:

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre

de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios
42 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, radicación número: 44001-23-

31- 000-2005-00328-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso.
43 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-

000- 2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

“[…] Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica,
patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de
reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones
relacionadas con el sistema. […]”.

55. El artículo 16 ibidem determina, en relación con los establecimientos de
orden nacional, que estos serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y
vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y que en
compañía de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
determinará los lugares donde funcionan los establecimientos.

56. El artículo 17 de la mencionada norma estableció que: i) corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé
de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva; ii) los castigados por
contravenciones serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las
entidades territoriales; iii) en los presupuestos municipales y departamentales, se
incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de
empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y
viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios; iv) previó
la posibilidad de que la nación y las entidades territoriales celebren convenios de
integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

57. El artículo 19 ibidem indicó a los departamentos o municipios ante la
carencia de sus respectivas cárceles la posibilidad de contratar con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para el recibo de sus presos
mediante el acuerdo contractual en donde se establezca el reconocimiento de
unos factores relacionados con la prestación del servicio.

58. El artículo 21 de la Ley 65, determinó la naturaleza de las cárceles y
pabellones de detención preventiva y que están a cargo de las entidades
territoriales. Además, se estableció la posibilidad de la existencia de esos
pabellones en un establecimiento penitenciario para condenados, siempre y
cuando se encuentren separados. También, se otorgó competencia para que las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de
la Judicatura realicen las gestiones para la construcción de ciudadelas judiciales
con un centro de detención preventiva anexo a sus instalaciones.

59. La Ley 1955 de 25 de mayo de 201944 en el artículo 133 estableció la
estrategia de cárceles del orden nacional, por medio de la cual la Nación podrá
adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas
preventivamente; sin perjuicio de la responsabilidad que hoy les asiste a las
entidades territoriales, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65. Para el efecto,
señaló que se debían tener en cuenta las siguientes disposiciones:

“[…] a) Las entidades territoriales identificarán predios para la localización de las
cárceles, sobre los cuales la USPEC y el INPEC realizarán una evaluación a fin de
establecer la viabilidad operativa de los mismos. Los predios identificados como
viables deberán ser incorporados a los instrumentos de planeación territorial que
correspondan con el uso del suelo requerido para la localización del equipamiento.

b) Las entidades territoriales podrán identificar, adquirir, habilitar y ceder a título
gratuito al INPEC, el suelo con urbanismo y servicios públicos para la construcción de
los establecimientos de reclusión nacionales, sin perjuicio de la facultad que les asiste
para construir, administrar y operar cárceles del orden territorial.

c) Las entidades territoriales podrán convenir entre ellas la habilitación de suelo para
la construcción de establecimientos de reclusión, así como su operación y
mantenimiento conjunto. Igualmente, podrán celebrar convenios con la USPEC para
la construcción, operación y mantenimiento de centros de reclusión.

d) Habilítese a la USPEC a realizar gestiones para la construcción conjunta de
ciudadelas judiciales, establecidas en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.
PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán
desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión u otras
formas de contratación establecidas en la ley.

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional tendrá en cuenta el análisis de impacto fiscal
que se genera con la implementación de la medida y señalará la correspondiente
fuente sustitutiva

PARÁGRAFO 3o. Con el fin de garantizar la financiación de la política carcelaria para
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, las entidades territoriales podrán crear un fondo de
infraestructura carcelaria con ingresos provenientes de las siguientes fuentes:

1. Contribución especial de obra pública establecida en el artículo 6o de la Ley 1106
de 2006.

2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el artículo 8o de la Ley 1421 de
2010 […]”

44 “[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad” […]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Análisis del caso concreto

60. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera
instancia, el 15 de mayo de 2020.

61. En efecto, las pruebas relevantes para resolver el caso concreto,
relacionadas con los supuestos a probar conforme se indicó supra, son las
siguientes:

62. Oficio núm. 16-0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016 con asunto:
“Cárceles y Pabellones de Detención Preventiva”45, suscrito por la Directora de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que
se indicó:

“[…] De esta manera el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 contiene un mandato
legal dirigido a las entidades territoriales, que consiste en estricto sentido en
hacerse cargo de las personas sindicadas privadas de la libertad en las “Cárceles
de detención preventiva” que son de su competencia exclusiva.

El ese sentido el documento Conpes 3828 de 2015 de “Política Penitenciaria y
Carcelaria en Colombia” llega en su parte diagnóstica a dos conclusiones
fundamentales en el tema propuesto46.

En primer lugar, en relación con el cumplimiento de las obligaciones por parte de
las entidades territoriales el Conpes establece que “…Del seguimiento al sistema
penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes
territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley, y por ende, no
gestionan ni destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles
para las personas detenidas preventivamente…”

En segundo lugar, en relación con los efectos de cumplimiento de dichas
obligaciones el documento es concluyente en cuanto “…El cumplimiento de la
referida disposición índice en la sobrepoblación de los establecimientos del orden
nacional (…) Lo anterior, muestra que el hacinamiento del sistema penitenciario y
carcelario es causado por las personas que se encuentran en calidad de
sindicados…”.

A lo anterior agrega que “…Al comparar el número de personas sindicadas y
condenadas en valores absolutos, se evidencia que la sobrepoblación existente
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es equivalente al número de
personas detenidas preventivamente. Lo anterior, permite inferir que si las
entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les
imponen la obligación de atender a la población sindicada privada de la

45 Cfr. Cuaderno 1 Fls. 16 y 17.
46 Cfr. Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria en Colombia” Pp. 50. Para consulta en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/Pol%C3%ADtica%20penitenciaria%20y
%20carcelaria.pdf

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

libertad, se tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación
penitenciaria…”

De efectuarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades
territoriales en relación con la población privada de la libertad en ejecución
de una medida de aseguramiento de detención preventiva, los porcentajes
de hacinamiento se reducirían de forma tal que lograrían la superación de
dicha dificultad del Sistema Penitenciario y Carcelario […]” (Destacado fuera
de texto).

62.1 De igual forma se indicaron los mecanismos para el cumplimiento de las
obligaciones carcelarias a cargo de las entidades territoriales, así:

“[…] el documento Conpes 3828 considera algunas otras formas de financiación
que pueden tomar en cuenta las entidades territoriales. Especialmente, “…con dos
posibilidades: por un lado, la creación de estampillas. Por el otro, los fondos de
seguridad…”

Finalmente hay que decir, que el documento Conpes 3828 anota que las
entidades territoriales “… podrán participar en la construcción de creación, función
o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
las cárceles para personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, mediante el Sistema
General de Participaciones…

En todo caso “La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios
de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario…”,
en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 […]”.

63. Oficio núm. 13762 de 11 de julio de 201647, con asunto: “Cárceles y
Pabellones de Detención Preventiva (RAJ-AP-50100-2015-25333. Radicado No.
13390”, suscrito por el Secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda, en
el que se observa que el Municipio de Santuario respondió a la solicitud remitida
informando que:

“[…] 1.-) ¿El municipio de Santuario, tiene dispuesto el espacio para el
funcionamiento de las CARCELES Y PABELLONES DEDETENCION (SIC)
PREVENTIVA?
R/. La Alcaldía Municipal cuenta con cuatro (4) calabozos, para igual número de
personas detenidas, o máximo dos (2) personas por calabozo.
-A la fecha sólo has (SIC) tres (3) personas detenidas.
-No hay hacinamiento.
-Cuentan con la alimentación durante el tiempo que dura la detención preventiva.

2.) De existir donde se encuentran ubicado? (SIC)
R/ Los calabozos se encuentran ubicados en el primer piso del edificio de la
Alcaldía Municipal. […]”48

64. Certificación de 1 de agosto de 201849 suscrito por parte la directora
Regional Viejo Caldas INPEC, en el que se informa respecto a la población

47 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fl. 20.
48 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fls. 21 y 22.
49 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fl. 133.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

privada de la libertad en los establecimientos del orden nacional en el
Departamento de Risaralda, lo siguiente:

“[…] RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA (La Badea) Capacidad 305.
MUJERES: 339 Sindicadas 144 mujeres, condenadas 195 TOTAL 339

EPMSC PEREIRA: Capacidad 676, Hombres: 1270, Sindicados 360, condenados
910. TOTAL: 1.270.

EPMSC SANTA ROSA DE CABAL: Capacidad 159, Hombres: 230, Sindicados:
77, Condenados 153. TOTAL: 230

TOTAL SINDICADOS DEPARTAMENTO RISARALDA: HOMBRES 437 Y
MUJERES 144 […]”

65. La Sala considera que, de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:

65.1 El artículo 17 de la Ley 65 ordena a los municipios la creación, fusión o
supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad
policiva. Para la Sala, del análisis probatorio, se determinó que el Municipio de
Santuario no cuenta con un establecimiento carcelario que cumpla con el
requerimiento legal supra, como lo demuestra la respuesta del Comandante de
Policía del Departamento de Risaralda, en la que se indica que el municipio tiene
una sala con capacidad para 2 detenidos y para la fecha de los hechos que
convocan este medio de control, la ocupación de la misma era 0.

65.2 Por otro lado, para esta Sala llama la atención respecto de la interpretación
sistemática del artículo 17 de la Ley 65 y la interpretación que ha hecho la Corte
Constitucional sobre las obligaciones a nivel nacional y territorial en el Sistema
Penitenciario y Carcelario.

65.3 En ese sentido, la misma disposición normativa ordena incluir las partidas
necesarias en los presupuestos departamentales y municipales para garantizar la
custodia de la población privada de la libertad bajo detención preventiva.
Igualmente, otras disposiciones de la Ley 65 desarrollan la obligación
mencionada. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que:

“[…] la ley y la jurisprudencia establecen con claridad cuál es el tratamiento de las
personas privadas de la libertad bajo detención preventiva. Las reglas
jurisprudenciales descritas demuestran, por una parte, que el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario no solo depende del cumplimiento de funciones de
entidades nacionales, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la
Uspec, principalmente; sino que también exige de la concurrencia y
coordinación de las competencias de las entidades territoriales, quienes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

deben colaborar con las personas que se encuentran privadas de la libertad
bajo detención preventiva […]”62 (Destacado fuera de texto).

65.4 Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia C- 471 de 1995,
destacó apartes de la exposición de motivos50 del proyecto de ley presentado al
Congreso, que culminó con la promulgación de la Ley 65, y resaltó lo siguiente:

“[…] Los establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la
promiscuidad y el hacinamiento. En épocas anteriores esto era dantesco pero
ahora con las vigentes normas penales y procedimentales, la población carcelaria
ha disminuido notablemente. De todas maneras en ciudades como Medellín,
Cali y Cartagena, ante la ausencia de cárceles municipales los
contraventores son enviados a los establecimientos nacionales.

Esto da origen al hacinamiento y de manera muy particular a la violación de
las reglas mínimas que establecen la separación entre condenados,
sindicados y contraventores.

La razón es que la pena de arresto tiene la exclusiva función de ser
retributiva y a lo más, correctiva. Como nuestras cárceles crean estigmas
sociales, mandar a una persona a un centro de reclusión es imprimirle una
marca denigrante y sobre todo, es involucrarlo en un ambiente dañino y
peligroso.

Sin embargo, en ausencia de cárceles municipales y departamentales la
Nación ofrece a estos entes, alojar a sus contraventores en las cárceles
nacionales con el requisito de firmar un contrato, en el cual se fijan las
obligaciones que hagan menos onerosa la carga del Estado. En efecto, los
municipios y departamentos deben pagar entre otras cosas, la alimentación
de los arrestados, la dotación de los elementos y recursos necesarios para
ellos y un sobresueldo a los funcionarios de la cárcel, por la razón justa, de
que a ellos, se les recargan con exceso las funciones.

Desde luego lo ideal es que municipios y departamentos tengan sus propias
cárceles […]” (Destacado fuera de texto).

66. Adicional a lo anterior, la Sala tendrá en cuenta las consideraciones
expuestas por esta Sección en sentencias indicadas en el acápite “Desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el
hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda” supra, de esta
providencia, en especial, la sentencia de 28 de septiembre de 2023 51, sobre el
estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario
declarado por la Corte Constitucional con ocasión a la crisis de hacinamiento de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el Departamento de Risaralda
y las obligaciones de los entes territoriales en la materia, para superar dicha
situación.

50 Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992, página 3.
51 Consejo de Estado, Sección primera; NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

67. El estado de cosas inconstitucional fue declarado por la Corte
Constitucional por medio de las sentencias T-153 de 199852, T-388 de 202353, T-
762 de 201554 y SU-122 de 202255. En ellas, se expusieron las principales causas
de la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad:

“[…] En la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional en sede de tutela,
buscó determinar si las condiciones en las que estaban albergados los internos
de las cárceles nacionales Modelo de Bogotá y Bellavista en Medellín, constituían
la violación de sus derechos fundamentales. A partir del análisis de la situación de
hacinamiento en ambas cárceles, evaluó la sobrepoblación carcelaria en el país,
para declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, afirmando que
la sobrepoblación carcelaria iba en contravía de los objetivos del sistema
penitenciario que busca la resocialización del infractor de la ley penal y sostuvo
con apoyo en nutrida jurisprudencia constitucional56, que a los reclusos pese a
soportar un vínculo de sujeción para con el Estado que les limita algunos
derechos57, se les debe mantener incólumes los derechos a la vida, a la integridad,
a la dignidad, la igualdad, a la libertad religiosa, a la salud y al debido proceso.

En esta sentencia, la Corte ordenó notificar la existencia del estado de cosas
inconstitucional a las autoridades competentes; revocar las sentencias que
denegaron las tutelas; y al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al
Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan de construcción y
refacción carcelaria, que debería cumplirse totalmente en un término perentorio,
con miras a garantizar a los internos de los centros de reclusión condiciones
mínimas de dignidad; separar los internos sindicados de los condenados en las
prisiones; tomar medidas necesarias para resolver carencias de personal
especializado; y a las entidades territoriales adoptar medidas necesarias para
cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.

En la sentencia T-388 de 2013 La Corte en este fallo determinó que las
autoridades demandadas vulneraban los derechos a la dignidad humana, a la
vida, a la salud y a la resocialización de los internos, por las lamentables
condiciones de reclusión y en especial, por el grave hacinamiento que
atravesaban los centros penitenciarios objeto de la acción de tutela58.

La Corte aseveró que el sistema penitenciario y carcelario se encontraba
nuevamente en un estado de cosas inconstitucional59 causado por fallas
estructurales de la política criminal a lo largo de todas sus etapas60 y refirió que el
exceso del castigo penal y el encierro generaba una demanda de cupos para la
privación de la libertad y de condiciones deplorables que era insostenible para el

52 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
53 Corte Constitucional. Sentencia T-388 del 28 de junio de 2913, M.P. María Victoria Calle Correa.
54 Corte Constitucional. Sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
55 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo

Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
56 Las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero;

T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
57 A los reclusos se les suspenden los derechos de libertad física, locomoción y derechos políticos y restringe

los derechos de la intimidad, de reunión o asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de
expresión.
58 Evaluó 9 expedientes de tutelas presentadas por personas privadas de la libertad en 6 diferentes centros

penitenciarios así: la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de
Medellín, San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja.
59 Pese a las cuantiosas inversiones efectuadas con ocasión de la observancia a las órdenes impartidas en

la sentencia T-153 de 1998 del Tribunal Constitucional, lo cual permitía considerar la superación de la
problemática.
60 Normativa, investigación y judicialización procesal y de ejecución de pena (política carcelaria).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Estado, imponiendo órdenes específicas a los establecimientos y autoridades
carcelarias objeto de las acciones de tutela interpuestas por los reclusos61.

Ordenó que a raíz del estado de cosas inconstitucional que declaró, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, debía
convocar en un término perentorio al Consejo Superior de Política Criminal para
continuar adoptando las medidas necesarias para superarlo, así como remitir los
informes de verificación a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo para constatar el cumplimiento de la sentencia frente a las órdenes
específicas dadas.

En la sentencia T-762 de 2015. La Corte Constitucional puso de presente que la
situación en los centros de reclusión seguía siendo contraria a la Constitución de
1991, por lo que reiteró el estado de cosas inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario, declarado en la sentencia T-388 de 2013, “[…] como
consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas
directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando el
compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se
desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de
reclusión sobre los que versa el presente análisis […]”.

Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional en la
sentencia previamente citada fueron: i) la desarticulación de la política criminal y
el estado de cosas inconstitucional; ii) hacinamiento y otras causas de violación
masiva de derechos; iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas.
Falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del
Derecho; iv) sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país, y v)
las condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado.

Frente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, resaltó que
a pesar de las órdenes emitidas desde 1998 dirigidas a las diferentes entidades
estatales para lograr separar a los condenados de los sindicados, éste sigue
siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema penitenciario y
carcelario del país. Sostuvo que según lo informado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho “[…] a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población,
es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados) […]”.

Recordó que, conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 22 de la Ley 65 de
1993 modificados y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014, las entidades
territoriales (departamentos, municipios, áreas metropolitanas y distritos) son
competentes para crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener
y vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente, por lo que le
solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho llamar a los entes territoriales para
que se involucren al proceso de formación y adecuación que está adelantando
esa cartera ministerial y dispongan todas las acciones administrativas,
presupuestales y logísticas para así dar cumplimiento con las obligaciones
impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.

Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó:

61 El estado de cosas inconstitucional se generó “[…] por cuanto (i) los derechos constitucionales de las

personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii)
el Sistema ha institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento
cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se
requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas estructurales compromete la intervención de varias
entidades, que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas
privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones de tutela (u
otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas
acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo.[...]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

“[…] 86. A pesar de las órdenes emitidas desde 1998, dirigidas a diferentes
entidades estatales para lograr separar los condenados de los sindicados,
éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país. Según el Ministerio de Justicia y del
Derecho, “a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la
población, es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente
(sindicados)”. Para el caso concreto, la Defensoría realizó un informe
detallado que da cuenta de la proporción entre sindicados y condenados
en los 16 centros de reclusión que aquí se estudian. Ese informe se puede
sintetizar en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Población recluida sindicada y condenada en los
establecimientos de reclusión accionados

[…]”. (Negrillas del original).

Con el propósito de contener la grave situación que se presenta en el
Sistema Penitenciario y Carcelario del país y detener la vulneración de los
derechos de la población privada de la libertad, la Corte profirió unas
órdenes de carácter general o estructural para dar forma y dinamismo al
estado de cosas inconstitucionales declarado en el 2013.

Así, creo una delegación encargada del seguimiento del estado de cosas
inconstitucionales en materia carcelaria en la que el liderazgo del
seguimiento lo sumiría la Defensoría del Pueblo, la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia estaría a cargo de la Procuraduría General
de la Nación y la “articulación de las entidades concernidas” estaría a cargo
del Ministerio de la Presidencia de la República.

La Corte Constitucional fijó unas condiciones para la superación del estado
de cosas inconstitucionales y estableció unos criterios generales y
específicos para determinar la posibilidad de su levantamiento. Frente a
los criterios generales señaló que su declaratoria perdurará mientras no se
verifique que las medidas asumidas por la administración para llegar a
superarlo, hayan impactado en forma favorable a los reclusos, y que tal
impacto tenga vocación de progresividad y sea sostenible en el tiempo. En
cuanto a los criterios específicos precisó que se deben consolidar metas
que se impondrán respecto de todas las problemáticas analizadas en la
sentencia, específicamente, en lo que atañe al carácter masivo del
desconocimiento de los derechos fundamentales sostuvo que tendrá
varias etapas: una fase inicial en la que las medidas de política pública
empezarán su implementación; una fase intermedia hacia la renovación de
la política criminal; una tercera fase intermedia hacia la renovación de la
política criminal y, finalmente, una cuarta fase de superación del carácter
masivo del compromiso de derechos.

Sobre el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas, aspectos relevantes en el presente proceso, señaló que la
situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la
indefinición de su participación o de la comisión de una conducta punible,
pues aún en ese estadio, no se ha hecho declaración de culpabilidad
alguna; no obstante, se encuentran condenados y sindicados en un mismo
establecimiento penitenciario.

En esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que las personas
sindicadas debían estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente
al dispuesto para la privación de la libertad de las personas que han sido
condenadas por algún crimen. Afirmó que lo anterior permitirá efectuar
sistemas de disciplina y seguridad particulares, que propendan por la
convivencia de los sindicados, pero en el entendido de que como quiera
que no han sido declarados culpables de ningún delito, no puede

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

tratárseles como tales; los programas de resocialización, entonces no
resultan congruentes con su situación, y el tiempo deberá emplearse en
otros menesteres62.

En la sentencia T-762 de 2015, además de las órdenes generales
previamente reseñadas para la superación del estado de cosas
inconstitucionales, se dispuso lo siguiente, frente a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del municipio de Pereira y Santa Rosa de
Cabal:

“[…] SEXTO: En el expediente T-3987203, Cárcel “La 40” de Pereira,
REVOCAR el fallo proferido el 5 de junio de 2013, por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido
el 17 de abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira. En
su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, la vida digna y la salud de los reclusos de los patios tercero,
cuarto y quinto del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC, Cárcel La 40 de Pereira.

SÉPTIMO: En el expediente T-3989532, EPMSC de Santa Rosa de Cabal,
REVOCAR el fallo de segunda instancia, proferido el 17 de junio de 2013,
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su
momento revocó el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa
Rosa de Cabal, el 6 de mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos
a la dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la salud de los
reclusos del EPMSC de Santa Rosa de Cabal.

(…)

Órdenes particulares

VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con apoyo del Ministerio del Interior, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de esta sentencia, que integre, si aún no lo ha
realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones
de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus
reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los
Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín,
Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira,
Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos
de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del
Cauca, Caquetá y Meta.

VIGÉSIMO CUARTO: INSTAR a los Municipios de Bucaramanga, Pereira,
Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de
Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y
Villavicencio; y a los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia,
Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta, por
intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para
que emprendan todas las acciones administrativas, presupuestales y
logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso
seguido, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir
con las obligaciones consagradas en la Ley 65 de 1993, sus
modificaciones y las órdenes que surjan de esta providencia […]”.
(Negrillas del original).

Finalmente, en la sentencia SU- 122 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo “(…)
mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró

62 Pág. 178 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la
política criminal era contrario a la Constitución, los hechos analizados en este
proceso demuestran que la situación de los llamados centros de detención
transitoria es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del
Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De
este modo, el estado de cosas inconstitucional cubre a las personas privadas de
la libertad en los referidos lugares transitorios. La situación descrita exige que el
Estado adopte un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y
efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de
garantía y respeto al ser humano […]”

68. Por lo tanto, para solventar la situación de hacinamiento carcelario se
requiere de la participación de todos los entes territoriales por tener la custodia de
las personas detenidas preventivamente y estar obligados legalmente a la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles.

69. La Sala destaca el inciso final del artículo 17, el artículo 18 y el 19 de la Ley
65, los cuales contienen un marco legal de opciones para garantizar el
cumplimiento de la obligación por parte de los departamentos, municipios, áreas
metropolitanas y distritos. En ese orden: i) “[…] La Nación y las entidades
territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión
del sistema penitenciario y carcelario. […]”; ii) “[…] [l]os municipios podrán
convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de los
establecimientos de reclusión. […]”; iii) “[…] [l]os departamentos o municipios que
carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se
consagrará en las cláusulas contractuales […]”.

70. Las anteriores vías legales abren la posibilidad de contratar, celebrar
convenios de integración de servicios y convenir la creación de establecimiento
de reclusión para garantizar el cumplimiento de la carga y ayudar a la superación
del hacinamiento carcelario y penitenciario. No se acompasa con el argumento
del a quo relacionado con el alto despliegue presupuestal que implicaría la
construcción de una cárcel, sin tener presente las alternativas dispuestas para
afrontar la crisis.

71. Sin embargo, del análisis probatorio efectuado no se encuentra en el
proceso prueba que indique que el municipio tenga algún convenio, contrato o
constancia de unión con otros entes territoriales para la creación de un
establecimiento carcelario.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

72. Para la Sala de acuerdo con el marco normativo definido en líneas
precedentes, el antecedente jurisprudencial de esta Sección y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional se considera igualmente que la solución
al problema es la articulación y colaboración de todos los municipios que de
alguna manera se pueden beneficiar de los establecimientos de reclusión de
orden nacional que se encuentran en el Departamento de Risaralda para afrontar
la crisis carcelaria que se está presentando.

73. Si bien no está acreditado que las personas detenidas preventivamente y
que pertenezcan al fuero de competencia del Municipio de Santuario estén en
efecto recluidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento de Risaralda y que esta situación incida consecuencialmente en el
aumento del índice de hacinamiento de ese departamento, ello no es óbice en
estos casos para ordenar la protección de los derechos colectivos, en los eventos
en que la situación pueda constituir una amenaza.

74. En ese entendido, la Corte Constitucional63 ha sido enfática en establecer
que el ingreso de un sindicado o condenado a un establecimiento de reclusión
genera el surgimiento de una relación de especial sujeción, que se traduce en un
vínculo jurídico- administrativo, en el que el Estado ostenta la posición de garante,
representado por las autoridades penitenciarias y carcelarias, en la cual se
suspenden o restringen ciertos derechos fundamentales. En ese entendido,
surgen deberes de preservar la eficacia del poder punitivo, el cumplimiento de
protocolos de seguridad, la garantía de las condiciones de existencia y aquellas
relacionadas con los fines de la pena, todo ello dentro del marco de los principios
de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.

75. Por lo tanto, y en relación con el argumento del apelante, para la Sala, por
un lado, “[…] con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para
las personas detenidas preventivamente, las entidades territoriales incurren en
una omisión […]”; y, por el otro, el incumplimiento por parte de las entidades
territoriales en relación con la orden impartida por la norma si vulnera o amenaza
los derechos colectivos de las personas detenidas preventivamente y condenadas
por contravenciones al no contar con una infraestructura adecuada y pabellones
que brinden condiciones dignas y sin hacinamiento.

63 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo

Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

76. De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de esta Sección referenciado
supra, en sentencia de 11 de julio de 2019 se determinó como elemento relevante
que los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de
Risaralda presentan graves condiciones de hacinamiento ocasionadas por la
omisión o el incumplimiento de los entes territoriales de las obligaciones previstas
en el artículo 17 de la Ley 65, en efecto se consideró:

“[…] En el caso sub examine, se advierte que la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el fallo de 17 de noviembre 2017,
encontró probado que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Departamento de Risaralda y el
Municipio de Pereira, incurrieron en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos relacionados con la salubridad y seguridad públicas y el goce de un
medio ambiente sano. Lo anterior, por cuanto encontró probadas y acreditadas
las precarias y deficientes condiciones de infraestructura, así como el
hacinamiento carcelario, que soportan en la actualidad los tres (3) centros de
reclusión de Risaralda […]. En efecto, dentro del expediente, se encuentra
plenamente acreditada la vulneración de las garantías colectivas arriba referidas,
con ocasión de la omisión de las entidades accionadas en lo que a la falta de
adopción de medidas de tipo administrativo y presupuestal se refiere; en aras de
dar una solución palpable a la problemática que aquí se zanja […]”.

77. De igual forma en sentencia proferida por la Sección del 14 de septiembre
de 2020, se ampararon los derechos e intereses colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la seguridad y
salubridad públicas de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira “Cárcel 40”, del Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y del Centro de Reclusión de
Varones de Santa Rosa de Cabal, que estimó vulnerados por el municipio de
Pueblo Rico. La decisión se fundamentó en que la problemática de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de Risaralda debe
combatirse de manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios
que se sirven de esos establecimientos.

78. El artículo 12 de la Ley 170964, que modificó el artículo 21 de la Ley 65,
estableció que las cárceles y pabellones de detención preventiva son
establecimientos con un régimen de reclusión cerrado; es decir, aquellos espacios
en los que se limitan, privan o restringen derechos fundamentales. Como lo ha
manifestado la Corte Constitucional65, la relación de sujeción de las personas
privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades,
obligaciones de protección de sus derechos, como las siguientes: el derecho a

64 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de

la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. […]”
65 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina

Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

tener condiciones dignas de detención; en el aspecto de infraestructura, se ha
destacado que los locales frecuentados por las personas privadas de la libertada
deben estar mantenidos en debido estado y limpios, los sitios de habitación deben
estar en condiciones adecuadas e higiénicas, las celdas deben contar con buena
ventilación y con acceso suficiente a la luz natural o artificial, no sometimiento a
temperaturas extremas, la reclusión libre de hacinamiento, entre otras.

79. En ese entendido, se probó que el Municipio de Santuario no tiene un
establecimiento carcelario de detención preventiva para sindicados, sino que
cuenta con “cuatro (4) calabozos, para igual número de personas detenidas” , los
cuales están ubicados en el edificio de la alcaldía del mismo municipio y que solo
puede albergar 2 detenidos por cada calabozo, tampoco está acreditado en el
proceso que se hubiese suscrito algún convenio, contrato o certificado de
integración de servicios con otras entidades y entes territoriales para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión
del Departamento de Risaralda en relación con el recibo de presos
departamentales o municipales.

80. Para la Sala la omisión legal por parte del Municipio de Santuario contribuye
una amenaza de aumento de la situación de hacinamiento del Departamento de
Risaralda, ya reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación. Se probó que
tiene una sala de detención en la unidad policial adscrita al Departamento y tiene
capacidad para albergar dos detenidos, lo que es insuficiente para la atención de
la situación.

81. En orden a lo anterior, para la Sala, el Municipio de Santuario, por su
omisión, es responsable a título de amenaza de la situación de hacinamiento
carcelario de los 3 centros de reclusión del Departamento de Risaralda, por lo que
se le ordenará que coadyuve al cumplimiento de las ordenes contenidas en la
sentencia proferida el proceso identificado con el NUR 660012333000201600526-
01, teniendo en cuenta que se debe verificar el estado actual de las mesas de
trabajo integradas por las entidades referidas en el numeral segundo de la parte
resolutiva de esa sentencia.

82. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala no condenará en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

Conclusiones de la Sala

83. La Sala considera que se encuentra probado que el Municipio de Santuario
incurrió en el incumplimiento de la disposición legal prevista en el artículo 17 de
la Ley 65, al no contar con la infraestructura necesaria para atender a la población
sindicada, sujeta a detención preventiva, y con ello contribuir en el aumento del
índice de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento de Risaralda; por tal razón, la Sala revocará la sentencia de 15 de
mayo de 2020 proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda y en su lugar, dispondrá el amparo de los derechos
colectivos a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y
la seguridad y salubridad pública en los términos expuestos.

84. La Sala estima pertinente que en relación con la exigencia de las
autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran
las mesas de trabajo establecidas por la sentencia del 11 de julio de 2019, en lo
que tiene que ver con el aporte del Municipio de Santuario para solucionar la
problemática de hacinamiento carcelario del departamento, deberán tener en
cuenta en su ponderación el promedio de detenidos a cargo del municipio y la
población que habita en él, esto respecto de los demás entes territoriales que la
integran.

85. La Sala ordenará igualmente al Municipio de Santuario que, en el término
de (8) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicite a las
entidades que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11
de julio de 2019 su inclusión a las mismas para garantizar la superación de la
situación.

86. Se ordenará la notificación de esta sentencia al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al INPEC, la USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al Gobernador
del Departamento de Risaralda, a la Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda
y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos, entidades que conforman las
mesas de trabajo en mención, para efecto de que se dé cabal cumplimiento a esta
sentencia.

87. La Sala no emitirá orden alguna respecto del Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Departamento de Risaralda, la USPEC y el INPEC, por cuanto dichas
entidades ya son destinatarias de órdenes concretas en la sentencia de 11 de julio
de 2019, que propenden por solucionar el hacinamiento carcelario en el
Departamento; y de conformar un comité de verificación de esta providencia, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

cuanto lo dispuesto en la sentencia en mención, resulta suficiente para efectuar
el seguimiento de lo decido en esta oportunidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, AMPARAR los derechos
colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria del
municipio de Santuario y del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad
y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión
de Varones de Santa Rosa de Cabal, amenazados por el municipio de Santuario,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Santuario que, respecto del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira –
EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira
– “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de
Cabal”, coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de
2019, proferida por esta Sección dentro del expediente AP-
660012333000201600526-01, en los términos indicados en la parte motiva de
esta sentencia.

Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que
integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019,
a efectos de exigir el aporte del Municipio de Santuario para solucionar la
problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de
detenidos preventivamente que se encuentren a cargo de dicho Municipio.

El Municipio de Santuario deberá solicitar a las entidades que conforman las
mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019, dentro de los
ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, su inclusión a las
mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Número único de radicación: 660012333000201600516-02

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al
Gobernador del Departamento de Risaralda, a la Defensoría del Pueblo Regional
de Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos; entidades que
conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019
proferida por esta Sección dentro del expediente AP-660012333000201600526-
01, para efecto de que se dé cumplimiento a esta providencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: No condenar en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala, en la sesión del día.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.