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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00518-02

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00518-02

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, AMPARAR los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a la seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal, vulnerados por el municipio de Balboa. SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Balboa que coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11 de julio de 2019, proferida por esta Sección en el expediente AP-66001-23-33-000-2016- 00526-01, en los términos que indiquen las entidades que componen las mesas de trabajo referidas en el numeral segundo de la parte resolutiva de dicho fallo. Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia del 11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del municipio de Balboa para solucionar la problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se encuentren a cargo de dicho municipio. El municipio de Balboa tendrá el término de ocho días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para solicitar a las entidades que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia del 11 de julio de 2019 su inclusión a las mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 49 Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02 Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al alcalde del municipio de Pereira, al gobernador del Departamento de Risaralda […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 66001-23-33-000-2016-00518-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

28 de septiembre de 2023

Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02
Accionante: Defensoría del Pueblo – Regional Risaralda

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN POPULAR
Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02
Accionante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO- REGIONAL RISARALDA
Accionado: DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y OTROS

Tesis: Se vulneran los derechos colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, la seguridad y salubridad públicas cuando un
municipio omite el cumplimiento de la obligación legal
de crear cárceles para las personas detenidas
preventivamente y ello incide en el hacinamiento de los
establecimientos carcelarios del departamento de
Risaralda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 23 de noviembre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que negó las
pretensiones de la demanda.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La Defensoría del Pueblo de la Regional Risaralda promovió acción
popular1 pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE BALBOA, el
DEPARTAMENTO DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO; vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos del
Municipio de Balboa; relacionados con la moralidad administrativa, la
seguridad como (sic) el acceso a la infraestructura de servicios que
garantice la salubridad (sic) y la salubridad públicas.

SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE BALBOA, el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, y a la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
que en el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el
Despacho, contado a partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha
fecha no se hubiere efectuado, adopten las medidas necesarias y
técnicamente viables con el fin de hacer cesar la vulneración de los
derechos colectivos a la seguridad, la moralidad administrativa, el goce a
un ambiente sano, y en general los que sean necesarios, de conformidad
con los hechos descritos en la presente demanda, y las recomendaciones
que dentro de la misma se llegaren a concluir, tendientes a conjurar los
referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, garantizando los
recursos y los instrumentos necesarios para facilitar la creación, fusión o
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente,
conforme lo ordena la Ley 65 de 1993.

TERCERO: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la
orden que su despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la
Ley 472 de 1998.

[…]” (Mayúsculas y negrillas del original).

1.2. LOS HECHOS

La parte accionante indicó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65
de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, existe un marco legal que le
asigna “a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al
Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las
cárceles para las personas detenidas preventivamente”.

1
Folios 13 a 19 cuaderno 1.
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Explicó que conforme con el artículo 19A de dicha ley, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, además de las funciones definidas en la
Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, deberá
promover la aprobación de un documento Conpes para garantizar la
financiación de las cárceles de detención preventiva.

Señaló que el documento Conpes 3828 de 2015 de Política Penitenciaria
y Carcelaria en Colombia indicó que “(…) del seguimiento al sistema
penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes
territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley y, por
ende, no gestionan ni destinan presupuesto para administrar, crear y
organizar las cárceles para las personas detenidas preventivamente” y
que dicho incumplimiento incide en la sobrepoblación de los
establecimientos del orden nacional.

Anotó que en los centros de reclusión de Risaralda, Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI
“Cárcel La 40”, Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel
La Badea” y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal”, se
presentan altos niveles de hacinamiento que se reducirían si las entidades
territoriales cumplieran con las obligaciones a su cargo relacionadas con
la población privada de la libertad en ejecución de una medida de
aseguramiento de detención preventiva.

Sostuvo que con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles
para las personas detenidas preventivamente, las entidades territoriales
incurren en omisión de la Ley 65 de 1993 y violan los derechos colectivos
a la moralidad administrativa, seguridad y salubridad públicas y el acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

Manifestó que requirió al municipio de Balboa, al Ministerio de Justicia y
del Derecho y al Departamento de Risaralda para que informaran si
contaban con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y arribó a la conclusión que la

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administración municipal no cuenta con el espacio para el funcionamiento
de las cárceles y pabellones de detención preventiva en donde las
personas detenidas en esa calidad dispongan de un lugar sin
hacinamiento, con las condiciones mínimas que garanticen una
permanencia digna y segura.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada en el Tribunal Administrativo de Risaralda
el 26 de julio de 20162 y correspondió por reparto al despacho de la
magistrada Paola Andrea Gartner Henao3.

2.2. Por auto del 12 de agosto de 2016 la magistrada de conocimiento la
admitió4, ordenó la notificación personal a la parte demandada, Ministerio
de Justicia y del Derecho, departamento de Risaralda y municipio de
Balboa, y vinculó a la acción popular al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
• USPEC.

2.3. Los accionados contestaron la demanda manifestando lo siguiente:

El Ministerio de Justicia y del Derecho

Mediante escrito radicado el 2 de marzo de 20175, esto es, en
oportunidad, el apoderado judicial se opuso a las pretensiones, para lo
cual expuso que conforme a lo previsto en el Decreto 2897 de 20116, el
ministerio no tiene asignadas atribuciones para cumplir o solucionar
directamente los conflictos en materia de sanidad, infraestructura y
administración de un establecimiento penitenciario y carcelario para
detención preventiva.

2
Folio 19 anverso del cuaderno 1.
3
Folio 20 ibídem.
4
Folio 22 a 24 ibídem.
5
Folios 33 a 37 ibídem.
6
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del
Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del
Derecho”
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Precisó que de acuerdo con lo establecido en los Decretos 4150 y 4151
de 2011, las medidas administrativas tendientes a atender asuntos al
interior de los centros penitenciarios y carcelarios como lo son las
condiciones de salubridad, la atención médica, asignación de celdas para
dormir y atender visitas conyugales, traslados de internos a otros
establecimientos, la prestación del servicio de salud, agua, alimentación
y de infraestructura carcelaria están a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC y de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

Señaló que la adscripción del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC
al Ministerio de Justicia y del Derecho no constituye una relación
jerárquica funcional ni de subordinación, toda vez que, según lo previsto
en los artículos 44, 104 y 105 de la Ley 489 de 1998, dicha figura alude
a la orientación, controles sectoriales y administrativos tendientes al
desarrollo armónico de las funciones públicas, y no al ejercicio
subordinado de facultades y competencias por parte de entes adscritos.

Aseveró que esa cartera ministerial en el marco de su competencia de
diseñar, hacer seguimiento y evaluar la política en materia criminal,
carcelaria y penitenciaria y con el ánimo de superar la problemática del
sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto del plan de
construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos
condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código
Penitenciario y Carcelario.

Respecto del plan de construcción y refacción carcelaria señaló que a
partir del año 2000 el Gobierno Nacional inició un proceso de
transformación del sistema penitenciario con el objeto de lograr unas
instalaciones adecuadas, en terrenos adquiridos que cumplieran con los
requisitos necesarios para el funcionamiento específico de
establecimientos penitenciarios y carcelarios.

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Agregó que en los documentos Conpes 3277 de 2004, 3412 de 2006 y
3575 de 2009 se previó la construcción y dotación de 10 nuevos
establecimientos de reclusión con el objeto de, entre otros, ampliar y
readecuar la infraestructura para reducir el hacinamiento.

Informó que el Gobierno Nacional logró que en el Plan Nacional de
Desarrollo para los años 2011-2014 se autorizara al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC para que mediante concesión llevara a
cabo la construcción, mantenimiento y conservación de centros
penitenciarios y carcelarios a través de un proceso de tercerización, y que
el 13 de julio de 2011 se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior
y de Justicia, el INPEC y la Corporación Andina de Fomento – CAF, cuyo
objeto era la ampliación de la capacidad del Sistema Penitenciario y
Carcelario en 26.000 cupos para el año 2014 mediante la construcción de
seis a ocho establecimientos de reclusión.

En cuanto a las graves falencias en la prestación del servicio de salud en
los establecimiento penitenciarios y carcelarios, adujo que junto con el
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Conjunta 051
de 2012 para la adopción e implementación de lineamientos generales
para la vigilancia y control de eventos de salud pública en los centros de
reclusión.

Además, expuso que se emitió el Decreto 2496 de 2012 que tiene como
finalidad permitir la contratación de una EPS, diferente a CAPRECOM, para
la afiliación al sistema de salud de la población privada de la libertad y la
existencia de una EPS diferenciada para las personas privadas de la
libertad.

Enfatizó en que desde la expedición de la Ley 65 de 1993, le corresponde
a los entes territoriales la creación, fusión o supresión, dirección,
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad; no obstante, esta

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obligación no ha sido asumida cabalmente por los alcaldes y
gobernadores.

Anotó que con fundamento en el artículo 168 de la Ley 65 de 1993 el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC profirió la Resolución
1505 del 31 de mayo de 2013 “Por la cual se declara el estado de
Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimiento de Reclusión
del Orden Nacional del INPEC”, con el fin de conjurar la grave situación
de salud de los centros reclusorios y con base en la cual el director general
del INPEC adoptará las medidas que se requieran en desarrollo del dicho
estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.

Expresó que “(…) la actuación del INPEC y de la USPEC ha sido de tal
naturaleza que su aparente “inacción” no obedece a un querer
administrativo encaminado a “sacar de bulto”, como se dice
coloquialmente, sino que es producto del desbordamiento de obligaciones
de todo tipo, que para su correcta y eficaz solución requieren ser
desarrolladas previos estudios, cronogramas y procedimientos que
demandan tiempos más allá de los que en una utopía de Estado serían
exigibles”.

El departamento de Risaralda

Por escrito radicado el 7 de marzo de 20177, esto es, de manera oportuna
contestó la demanda por conducto de apoderado, manifestando lo
siguiente:

Que no ha vulnerado los derechos colectivos invocados por la
demandante, toda vez que de acuerdo con lo establecido en la Ley 65 de
1993, la entidad competente para la administración, mantenimiento y
custodia de las cárceles nacionales, departamentales o municipales es el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC.

7
Folios 42 a 58 del cuaderno 1.
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Precisó que el departamento de Risaralda no posee cárceles o
establecimientos carcelarios o penitenciarios del orden departamental,
razón por la cual no le asiste responsabilidad por la presunta violación a
los derechos colectivos invocados por la Defensoría del Pueblo.

En cuanto a las pretensiones de la demanda, se opuso a la primera, ya
que es competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, de conformidad con lo expresado por la Ley 65 de 1993 y los
decretos que la han reglamentado.

En cuanto a la segunda pretensión, señaló que es el INPEC y, de manera
subsidiaria, el municipio de Balboa los competentes para atender los
requerimientos de la población recluida en las cárceles para detención
preventiva de los condenados y sindicados.

De igual forma, se opuso a la pretensión tercera por considerar que el
departamento de Risaralda no está obligado a cumplir y que el
departamento de Risaralda cedió a título gratuito al INPEC el lote
denominado “El Pílamo” con el fin de construir el establecimiento
penitenciario y carcelario de mediana seguridad de Pereira, lo cual
solucionará el hacinamiento que se vive en la cárcel “La 40” de Pereira.

Sostuvo que conforme el artículo 298 de la Constitución Política y el literal
f) del artículo 7 del Decreto 1222 de 1986, el Departamento de Risaralda
no tiene a su cargo la construcción, administración, custodia y seguridad
de las cárceles para personas detenidas preventivamente o condenados y
sindicados por contravenciones.

Como medios exceptivos propuso el de falta de legitimación en la causa
por pasiva y “la existencia de precedente en materia carcelaria y
penitenciaria y cosa juzgada”.

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Frente a la excepción de “existencia de precedente en la materia y efecto
de cosa juzgada” sostuvo que sobre hechos y pretensiones similares al
caso que nos ocupa ya se han proferido varios pronunciamientos.

Solicitó que se acumularan a la presente acción popular los procesos
radicados bajo los números 2016-00518-00; 2016-00519-00; 2016-
00529-00;2016-00524-00; 2016-00525-00; 2016-00520-00; 2016-
00517-00, que cursan en distintos despachos del Tribunal Administrativo
de Risaralda.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

Por escrito radicado el 7 de marzo de 20178, esto es, oportunamente,
contestó la demanda por conducto de apoderado, explicando lo siguiente:

Expuso que pese a que la entidad fue creada mediante el Decreto 4150
del 3 de noviembre de 2011 fue hasta mayo del año siguiente que inició
su funcionamiento y solo hasta el 2013 le fueron asignados los recursos
presupuestales, momento desde el cual inició las labores tendientes a la
contratación de las principales necesidades en los establecimientos a nivel
nacional.

Recalcó que la entidad hasta hace menos de tres años desde la fecha en
que se contestó la demanda, asumió formalmente el cumplimiento de
unas funciones que trajeron como consecuencia, “(…) heredar una
problemática estructural y compleja proveniente del INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, materializada en el
hecho de recibir una infraestructura inadecuada y vetusta, en regular
estado y con índices de intervención bajos, sin dejar de mencionar el más
delicado de todos, el hacinamiento carcelario”.

Expuso que conforme el numeral 16 del artículo 2 del Decreto 4151 de
2011, el INPEC reporta a la USPEC las necesidades de los establecimientos

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Folios 64 a 78 del cuaderno 1.
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penitenciarios y carcelarios en cuanto a infraestructura, bienes y servicios
de su competencia y luego establece prioridades conforme al presupuesto
asignado a la unidad para tales efectos.

Explicó, en cuanto a la asignación del presupuesto, que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, de
acuerdo con las metas presupuestales, establecen unos límites de gastos
para cada sector y sus respectivas entidades, lo cual no permite atender
la totalidad de las necesidades que tienen cada una de ellas.

Indicó que la unidad solicitó presupuesto suficiente en las vigencias 2013,
2014 y 2015 para efectos de cumplir con las prioridades indicadas por el
INPEC, pero no fueron apropiados los recursos solicitados en su totalidad.

Señaló que la USPEC ha venido trabajando en dos frentes, a saber, el
mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura existente y la
generación de nuevos cupos para todos los establecimientos de reclusión
del país que están a cargo del INPEC.

Indicó que para diciembre de 2014 generó 2.116 cupos, para el año 2015
se crearon 6.724 cupos entre proyecto de rehabilitación, pabellones de
mediana seguridad y proyecto colonias y que para el año 2016 se
generaron 1.936 cupos más en pabellones de mediana seguridad.

Anotó que conforme al artículo 17 de la Ley 65 de 1993, las autoridades
locales y el departamento correspondiente deben destinar presupuesto
para atender a la población sindicada y condenada en cada departamento.

Sostuvo que en el caso concreto el departamento de Risaralda debe
cumplir con las disposiciones citadas a efectos de solucionar el
hacinamiento en los centros de reclusión preventiva del municipio de
Balboa.

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Explicó que en virtud de las competencias asignadas por la Ley 1709 de
2014 a la USPEC, suscribió el contrato de fiducia mercantil número 331
de 2016 con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017, el cual
se encarga de administrar los dineros y garantizar los pagos dispuestos
para la atención integral en salud y la prevención de enfermedades en la
población privada de la libertad. Señaló que con ello se garantiza la
continuidad de la prestación de los servicios médicos a los internos.

Propuso como medio exceptivo la falta de legitimación en la causa por
pasiva en razón a que la USPEC, carece de competencia para trasladar,
asignar cupos o hacer intervenciones en los establecimientos de detención
preventiva.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Por escrito radicado el 10 de marzo de 20179, es decir, en oportunidad,
contestó la demanda por conducto de apoderado e indicó que acepta
como ciertos todos los hechos relacionados en el escrito de la demanda y
coadyuva las pretensiones solicitadas.

Consideró que se debe establecer las autoridades sobre las cuales recae
el deber legal de garantizar el espacio para el funcionamiento de las
cárceles y pabellones de detención preventiva en condiciones dignas y de
seguridad.

Expuso que el Tribunal Administrativo de Risaralda al momento de tomar
la decisión de fondo en la presente acción popular, debe tener en cuenta
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 que dispone que los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito capital
deben atender la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones
que impliquen privación de la libertad por orden de autoridad policiva.

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Folios 86 a 88 del cuaderno 1.
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Indicó que, además, los entes territoriales deben incluir en sus
respectivos presupuestos las partidas necesarias para los gastos de sus
cárceles, pago de empleados, raciones de presos, gastos por remisiones
y viáticos, materiales, suministros, compras de equipos y demás
servicios, absteniéndose los gobernadores y alcaldes de aprobar o
sancionar los presupuestos que no llenen los requisitos establecidos por
dicho artículo.

Precisó que conforme al artículo 17 de la Ley 65 de 1993 adicionado por
el artículo 9 de la Ley 1709 de 2014, la reclusión de las personas
sindicadas o detenidas preventivamente corresponde a los distintos entes
territoriales mientras que la reclusión de las personas condenadas
compete al INPEC.

Aseveró que los entes territoriales que integran el departamento de
Risaralda han incumplido con el deber legal que les asiste de crear y
sostener sus propios centros de reclusión, omisión que ha sido
determinante para agudizar aún más la crisis de hacinamiento que impera
en el Establecimiento Penitenciario de Pereira.

Agregó que la responsabilidad de la infraestructura carcelaria del orden
nacional, su construcción y refacción recae en la USPEC, por lo que se
configura una falta de legitimación en la causa por pasiva de este instituto
en la presente acción popular pues, la vulneración de los derechos
colectivos alegados solo cesa con la creación de nuevos pabellones o
centros de reclusión.

El municipio de Balboa contestó de manera extemporánea.

2.4. Mediante providencia del 6 de junio de 201710 el magistrado de
conocimiento dejó sin efectos las actuaciones surtidas y declaró el
agotamiento de la jurisdicción en la presente acción popular.

10
Folios 104 a 105 del cuaderno 1.
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2.5. Contra la decisión anterior, la Defensoría del Pueblo Regional
Risaralda interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sección
Primera del Consejo de Estado mediante providencia del 15 de febrero de
201811, en el sentido de revocar el auto proferido el 6 de junio de 2017 y
ordenar continuar con el trámite de la acción popular.

2.6. La audiencia de pacto se celebró el 6 de junio de 201812 y se declaró
fallida ante la falta de fórmula de pacto. En la misma audiencia, se profirió
el auto de pruebas en el que se tuvieron como tales las aportadas por la
parte demandante y por el departamento de Risaralda, se negó la
inspección judicial solicitada por la parte actora y se decretó como prueba
de oficio librar oficios al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC y al municipio de Balboa.

2.7. Allegadas las pruebas documentales decretadas, por auto del 13 de
julio de 201813 se corrió traslado a las partes para que se pronunciaran;
no obstante, guardaron silencio.

2.8. En proveído del 10 de agosto de 2018 se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión14.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión,
mediante sentencia del 23 de noviembre de 2018, dispuso15:

“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, departamento de Risaralda, INPEC y USPEC.

2. Se niegan las súplicas de la demanda.

3. No habrá condena en costas, ni reconocimiento de incentivo económico,
por lo expuesto en la motiva.

11
Folios 225 a 227 del cuaderno 1.
12
Folios 242 a 244 del cuaderno 1.
13
Folio 289 del cuaderno 2.
14
Folio 293 del cuaderno 2.
15
Folios 321 a 336 del cuaderno 2.
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13

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4. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría
envíese copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de la
presente sentencia a la Defensoría Regional del Pueblo.

[…]”

Como razones para decidir, expuso que, una vez valoradas las pruebas
obrantes en el proceso, según la información suministrada por el INPEC,
en los establecimientos carcelarios del orden nacional ubicados en el
departamento de Risaralda no existe población condenada por
contravenciones que impliquen la privación de la libertad por orden de
autoridad policiva y las personas que se encuentran con detención
preventiva corresponde a la comisión de delitos y no a contravenciones.

Indicó que, aunque la contestación de la demanda presentada por el
municipio de Balboa fue extemporánea, allí se indicó que el municipio
cuenta con una “Sala de Capturados” que cumple con todas las
condiciones de seguridad y que garantiza la protección de los derechos
fundamentales de los detenidos.

Aclaró que la entidad demandante no probó que el flujo de personas con
detención preventiva y que corresponde al municipio de Balboa esté
desencadenando el incremento en la tasa de hacinamiento de los
establecimientos carcelarios del orden nacional que existen en el
departamento de Risaralda.

Frente a la transgresión del derecho colectivo a la moralidad
administrativa anotó que “(…) no se advirtió la existencia de unos bienes
jurídicos afectados y su real afectación (buena fe, la ética, la honestidad,
la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, etc.) o
por lo menos, de lo elementos probatorios correspondientes, no se deduce
que las entidades accionadas hubieran afectado los bienes jurídicos
referidos, lo cual implica que no se aportó prueba siquiera sumaria de la
afectación de dichos bienes jurídicos”.

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Sostuvo que no se demostró el quebrantamiento del principio de
legalidad, ya que el municipio de Balboa afirmó que contaba con una Sala
de Capturados y que, en virtud del artículo 19 de la Ley 65 de 1993,
suscribió cláusulas contractuales con el INPEC para que recibiera a las
personas privadas de la libertad.

Explicó que, por lo anterior, resultaría desproporcionado ordenar al
municipio de Balboa que construya una cárcel en los términos del artículo
17 de la Ley 65 de 1993, en razón a que ello implicaría un alto despliegue
presupuestal sin sustento, ni necesidad administrativa, máxime cuando
en la acción popular de la referencia solo se certificaron dos personas
detenidas en dicho municipio.

Concluyó que “(…) la Sala de Decisión no desconoce que el incremento de
las detenciones preventivas como posible desnaturalización de la medida
de aseguramiento o el incremento de conductas delictivas, esté
generando una práctica que ha impactado negativamente la situación
general de las prisiones en el país, lo que ha conllevado al incremento
negativo de la tasa de hacinamiento de los Establecimientos Carcelarios
de Orden Nacional que no solo funcionan en el departamento de Risaralda
sino a nivel nacional, pues la situación trasgresora de derechos de las
personas que están privadas de la libertad preventivamente, extralimita
las barreras territoriales. Sin embargo, atendiendo a la técnica jurídica a
la luz de la cual se debe abordar el análisis de la trasgresión de derechos
e intereses colectivos en el trámite de las acciones populares (más cuando
se trata de moralidad administrativa) que se parte del presunto
desconocimiento de una disposición legal por parte de las entidades
accionadas y que dicho desconocimiento está desencadenando la
trasgresión de los derechos colectivos e intereses colectivos invocados
como vulnerados; en el asunto de la referencia no se observa esta última
descripción lo que conlleva a concluir que se deben negar las pretensiones
de la presente acción popular”.

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15

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IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la Defensoría
del Pueblo Regional Risaralda interpuso en oportunidad recurso de
apelación y como sustento del mismo arguyó16:

Afirmó que disiente de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Risaralda al negar las súplicas de la demanda aduciendo falta de carga
probatoria, aun cuando se tiene conocimiento de la crisis carcelaria a nivel
regional.

Aseguró que durante el trámite procesal quedó demostrada la inexistencia
de un complejo de detención preventiva en el municipio de Balboa en el
que se ubiquen a las personas que estén en proceso de judicialización por
la comisión del algún delito.

Señaló que las pruebas aportadas por el municipio de Balboa, la Policía
Departamental de Risaralda y el INPEC hacen referencia de manera
generalizada a las personas que registran en el Sistema Penitenciario, sin
indicar si su procedencia es al interior del departamento de Risaralda o
de otras regiones.

Sostuvo que conforme con el documento Conpes 3828 de 2015 de Política
Penitenciaria y Carcelaria en Colombia, de las 118.066 personas privadas
de la libertad en los centros de reclusión a cargo del INPEC en el 2015, el
36% corresponde a detenidos preventivamente lo que demuestra que el
hacinamiento del sistema penitenciario y carcelario es causado por las
personas que se encuentran en calidad de sindicados.

Anotó que, si bien el cumplimiento del artículo 17 de la Ley 65 de 1993
genera una carga presupuestal al interior de cada municipio, ese no debe
ser el argumento para negar las pretensiones.

16
Folios 339 a 343 del cuaderno 2.
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16

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Señaló que según lo previsto en el artículo 19A de la Ley 65 de 1993, en
el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en la Constitución Política, el
Ministerio de Justicia y del Derecho tiene a su cargo la promoción de la
aprobación de un documento Conpes para garantizar la financiación de
las cárceles de detención preventiva.

Reiteró que son de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
presentados en el sistema penitenciario de orden nacional y, en especial,
los que se presentan en los tres centros de reclusión de Risaralda,
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Pereira “Cárcel La 40”, Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira
“Cárcel La Badea” y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de
Cabal; y que de cumplirse con la obligación a cargo de las entidades
territoriales en relación con la población privada de la libertad en
ejecución de una medida de aseguramiento de detención preventiva, los
porcentajes de hacinamiento se reducirían notablemente.

Advirtió que corresponde a las accionadas dar cumplimiento al artículo 17
de la Ley 65 de 1993 y, por ende, se deben garantizar los recursos y los
instrumentos necesarios para facilitar la creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las
cárceles para las personas detenidas preventivamente, concretando
instalaciones en condiciones mínimas que garanticen la vida digna de
estas personas.

El recurso fue concedido por auto del 7 de diciembre de 201817.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de
reparto del 21 de enero de 201918 y admitido en proveído del 28 de mayo
de 201919.

17
Folio 345 del cuaderno 2.
18
Folio 352 del cuaderno 2.
19
Folio 354 del cuaderno 2.
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5.2. Por auto del 3 de julio de 2019 se corrió traslado para alegar de
conclusión20 y descorrieron el mismo los siguientes sujetos procesales:

El apoderado del departamento de Risaralda21 reiteró los argumentos
expuestos por el Tribunal Administrativo de Risaralda en la sentencia
recurrida, para lo cual indicó que no se probó dentro del proceso que el
departamento haya amenazado ni vulnerado los derechos colectivos.

El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho22, solicitó
confirmar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda por
concurrir la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa cartera
ministerial y por la falta de acreditación probatoria de las vulneraciones
alegadas por el ente demandante.

La apoderada del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC23 manifestó que si bien la norma legal faculta a las entidades
territoriales a construir sus propias cárceles o a delegar dicha
responsabilidad, no puede considerarse que debe cumplirse
obligatoriamente con el mandato previsto en el artículo 17 de la Ley 65
de 1993 y desconocer que el artículo 19 de la misma norma prevé, en
virtud de la realidad del país, que cuando por la cantidad de detenidos
preventivos a su cargo no sea económicamente viable la construcción de
un proyecto, pueda hacerse uso de la segunda figura, la delegación,
pagando el costo del mantenimiento del detenido en establecimientos del
orden nacional.

Expresó que la creación y manutención de un establecimiento carcelario
es un gran costo pues debe incluirse en los respectivos presupuestos
municipales y departamentales las partidas necesarias para el pago de
empleados, raciones de presos, vigilancia, gastos por remisiones y

20
Folio 366 del cuaderno 2.
21
Folios 947 a 954 c. 2
22
Folios 384 a 385 del cuaderno 2.
23
Folios 389 a 390 del cuaderno 2.
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viáticos, materiales y suministros, compras de equipos y demás servicios
esenciales para su funcionamiento.

En atención a lo anterior, solicitó confirmar el fallo de primera instancia
por cuanto, si bien el fin de la acción presentada es la protección de la
población privada de la libertad es improcedente considerar que existe
una vulneración de la moralidad administrativa cuando no existen los
presupuestos para declararla y aún más, cuando el Código Penitenciario
y Carcelario permite que se tomen medidas diferentes a la construcción y
sostenimiento de establecimientos carcelarios por parte de los entes
territoriales.

El Ministerio Público24 en el concepto precisó que las partes deben
asumir un rol activo y no deben limitarse a la diligencia del juez como
conductor del proceso o a las deficiencias probatorias de la contraparte.

Frente al caso concreto, expresó que de las pruebas obrantes en el
proceso se desprende que no existe hacinamiento en relación con las
personas detenidas preventivamente que, conforme lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 1709 de 2014, deben estar recluidas en
establecimientos carcelarios.

Anotó que, si bien es de conocimiento general la grave situación de los
establecimientos carcelarios, no se probó que el departamento de
Risaralda sea una de las regiones del país que se encuentre afectada “(…)
a pesar de las múltiples medidas que, como también son de conocimiento
general, ha tomado la Corte Constitucional, al resolver distintas acciones
de tutela”.

Concluyó que no se evidencia una necesidad de construir establecimientos
carcelarios de detención preventiva debido al bajo número de personas
objeto de esta medida, razón por la cual no se configura una omisión en
tal sentido por parte de las entidades demandadas y, por ende, no se

24
Folios 397 a 401 del cuaderno 2.
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advierte vulneración de los derechos colectivos invocados. Por las
anteriores razones, solicitó que se confirme la sentencia apelada.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Esta Sala es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias de
acciones populares proferidas por los Tribunales Administrativos, acorde
con lo establecido por el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, así como en
el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201925 expedido por la
Sala Plena de la Corporación; por lo tanto, es procedente descender al
estudio del recurso presentado de manera oportuna.

6.1. Cuestión previa

El Ministerio de Justicia y del Derecho en los alegatos presentados en esta
instancia solicitó dar prosperidad a la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva; sin embargo, la Sala advierte que no es
procedente su examen en esta instancia, dado que si bien es cierto en la
contestación la formuló como excepción, el a quo la negó y dicha decisión
no fue objeto de recurso de apelación, pues solo la Defensoría del Pueblo,
Regional Risaralda apeló, en ese sentido, el análisis que la Sala efectúe
se circunscribirá a sus motivos de inconformidad.

6.2. Hechos probados

En el proceso está acreditado lo siguiente:

6.2.1. El 15 de abril de 2015 el Defensor del Pueblo Regional Risaralda,
mediante oficios con radicados nros. 1403-15 y 1404-15 requirió al
alcalde del municipio de Balboa y al gobernador del departamento de
Risaralda, respectivamente, para que dispusieran el espacio para el

25
Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
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20

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funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención preventiva y,
les solicitó, resolver los siguientes interrogantes26:

“[…]

1. ¿El Municipio de Balboa, tiene dispuesto el espacio para el
funcionamiento de las CÁRCELES Y PABELLONES DE DETENCIÓN
PREVENTIVA?
2. ¿De existir, dónde se encuentra ubicado?
3. ¿Cuántas personas puede albergar?
4. ¿Qué gestiones ha realizado su administración para el cumplimiento
del mandato legal? […]”. (Mayúsculas del original)

6.2.2. El 6 de abril de 2016, mediante oficio con radicado nro. 1190-16,
el Defensor del Pueblo Regional Risaralda, le indicó al Ministro de Justicia
y del Derecho que verificó que la administración del municipio de Balboa
no tiene dispuesto el espacio para el funcionamiento de las cárceles y
pabellones de detención preventiva que cumpla con las condiciones
mínimas que garanticen la permanencia en condiciones dignas y de
seguridad, por lo que le solicitó resolver los mismos interrogantes
señalados en precedencia27.

6.2.3. El 26 de abril de 2016, la directora de Política Criminal y
Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, a raíz del
requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda,
indicó28:

“[…] Obligaciones de las entidades territoriales en materia
carcelaria y su incidencia en el Sistema Penitenciario y
Carcelario.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario
y Carcelario, existe un marco legal establecido en los Artículos 17, 18 y
19, que asigna a las entidades territoriales competencias y obligaciones
expresas en materia carcelaria. Según lo allí dispuesto corresponde “a
los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital
de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección,
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente…”. Vale la pena anotar que
dichas obligaciones no han sufrido modificación alguna y su régimen se
mantiene aún con la entrada en vigencia de la Ley 1709 de 2014.

(…)

26
Folios 4 a 5 del cuaderno 1.
27
Folio 6 del cuaderno 1.
28
Folios 7 a 8 del cuaderno 1.
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21

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En ese sentido el documento Conpes 3828 de 2015 de “Política
Penitenciaria y Carcelaria en Colombia” llega en su parte diagnóstica a
dos conclusiones fundamentales para el tema propuesto.

En primer lugar, en relación con el cumplimiento de las obligaciones por
parte de las entidades territoriales el Conpes establece que “… Del
seguimiento al sistema penitenciario y carcelario, se puede observar que
la mayoría de los entes territoriales no se encuentran cumpliendo lo
establecido en la Ley y, por ende, no gestionan ni destinan presupuesto
para administrar, crear y organizar las cárceles para las personas
detenidas preventivamente…”

A lo anterior, agrega que “… Al comparar el número de personas
sindicadas y condenadas en valores absolutos, se evidencia que la
sobrepoblación existente en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios es equivalente al número de personas detenidas
preventivamente. Lo anterior, permite inferir que si las entidades
territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les imponen
la obligación de atender a la población sindicada privada de la libertad,
se tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación
penitenciaria…”

[…]”.

6.2.4. Mediante oficio radicado bajo el nro. 201600268836 del 11 de julio
de 2016, el secretario de despacho de la Gobernación de Risaralda puso
en conocimiento del Defensor del Pueblo de Risaralda la respuesta dada
por el municipio de Balboa a los interrogantes efectuados; allí el ente
territorial informó29:

“[…] 1. El Municipio de Balboa a la fecha cuenta con una sala de
capturados con unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad.
2. Se encuentra ubicado en la estación de policía de Balboa.
3. Puede albergar hasta (2) detenidos.
4. Se tiene un contrato para el suministro de alimentos de los detenidos
en modalidad preventiva los cuales no pueden superar las 48 horas.
[…]”.

6.2.5. El 18 de junio de 2018, mediante oficio radicado bajo el nro. S-
2018-3686730, el comandante del Departamento de Policía de Risaralda,
con ocasión de la prueba de oficio solicitada por el a quo, informó:

“[…] En atención al documento del asunto (…), mediante el cual solicita
información sobre el número de personas que se encuentran en este
momento con detención preventiva en cada una de las unidades
policiales adscritas a éste Comando, aclarando así el motivo de la misma,
para lo cual me permito dar respuesta en los siguientes términos así:

29
Folios 11 a 12 del cuaderno 1.
30
Folio 283 del cuaderno 1.
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22

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UNIDAD INDICIADOS CONDENADOS CANTIDAD CAPACIDAD
DE SALAS DE SALAS
SANTA 12 0 1 8
ROSA DE
CABAL
MARSELLA 1 0 1 2
APIA 2 0 1 2
SANTUARIO 0 0 1 4
LA CELIA 0 0 1 2
BALBOA 2 0 1 2
PUEBLO 3 0 1 2
RICO
BELÉN DE 1 0 1 6
UMBRÍA
MISTRATÓ 0 0 1 2
GUÁTICA 0 0 1 2
QUINCHÍA 0 0 1 2
TOTAL 21 0 11 34

Como se evidencia en el cuadro anterior y actualizado el reporte hasta
el 17/06/2018 el Departamento cuenta con un total de veintiún (21)
personas privadas de la libertad, siendo el municipio de Santa Rosa de
Cabal con el mayor número de indiciados sobrepasando la capacidad con
cuatro (4) personas, hasta la fecha no se ha logrado resolver la situación
de su traslado a establecimiento carcelario, situación que es de
conocimiento público de todos los entes de control […]”.

6.2.6. El 21 de junio de 201831, la secretaria de gobierno del municipio
de Balboa, dio cumplimiento a lo ordenado por el a quo en providencia
del 6 de junio de 2018, así:

“[…] me permito certificar que a la fecha se encuentran detenidas dos
(2) personas en la sala de capturados dispuesta en la (sic) por el
Municipio de Balboa (Risaralda), para tal fin.

Del mismo modo, es pertinente aclarar que dichas personas se
encuentran privadas de su libertad por orden del Juzgado Único
Promiscuo Municipal de Balboa (Risaralda) con Función de Control de
Garantías, sindicadas del delito de “Porte, tráfico o fabricación de
estupefacientes”, tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Empero,
no han sido trasladadas a un centro de reclusión, toda vez que el INPEC
por falta de capacidad no ha aceptado su traslado.

[…]” (Destaca la sala).

6.2.7. Mediante oficio nro. 600-JUASP-DIREG-2018EE0049006 del 29 de
junio de 201832 la directora regional Viejo Caldas del INPEC le informó al
tribunal:

31
Folio 284 del cuaderno 1.
32
Folio 286 del cuaderno 1.
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23

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“[…] me permito informar lo siguiente, respecto a la Población Privada
de la Libertad en los Establecimientos del Orden Nacional en el
Departamento de Risaralda:

De acuerdo al parte diario de los Establecimiento Adscritos a la Dirección
Regional Viejo Caldas con fecha al veintiocho (28) de junio de 2018 en
los Establecimientos del Orden nacional del Departamento de Risaralda
se encuentran recluidos el siguiente número de personas:

Reclusión Mujeres Dosquebradas: Condenadas: 210
Sindicadas: 139

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario “La
40”:
Condenados: 880
Sindicados: 342

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Santa Rosa de Cabal:

Condenados: 157
Sindicados: 65

No hay personal detenido por Contravenciones, en los Establecimientos
Penitenciarios del Orden nacional la detención Preventiva se da por la
comisión de delitos […]”

6.3. Análisis de la Sala

En el asunto bajo examen, la parte actora promovió la presente acción
popular señalando que existe una obligación legal de los entes territoriales
para gestionar el presupuesto con el fin de crear cárceles para las
personas detenidas preventivamente y que dicho incumplimiento incide
en la sobrepoblación de los establecimientos carcelarios de orden
departamental.

El tribunal de instancia negó las súplicas de la demanda porque no se
demostró que las personas detenidas preventivamente en el municipio de
Balboa incidieran en el hacinamiento de las cárceles del nivel nacional en
el departamento de Risaralda, por lo que resultaría desproporcionado
ordenarle que construya una cárcel en los términos del artículo 17 de la
Ley 65 de 1993, en razón a que ello implicaría un alto despliegue
presupuestal, sin sustento ni necesidad administrativa.

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El recurrente discrepa de la decisión adoptada, y para ello, afirma que la
crisis carcelaria en los tres centros de reclusión de Risaralda,
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Pereira “Cárcel La 40”, Establecimiento Reclusorio de mujeres de Pereira
“Cárcel La Badea” y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de
Cabales, es un asunto de público conocimiento y, además, en el curso del
proceso quedó demostrada la inexistencia de un complejo de detención
preventiva en el municipio de Balboa en el que se ubican a las personas
que están en proceso de judicialización por la comisión del algún delito,
lo cual contribuiría con la reducción del hacinamiento de las cárceles del
nivel nacional de la región, de manera que, si bien el cumplimiento del
artículo 17 de la Ley 65 de 1993 genera una carga presupuestal al interior
de cada municipio, ese no debe ser el argumento para negar las
pretensiones.

Bajo de dicho contexto, la Sala, para resolver los reparos formulados por
la entidad recurrente, considera necesario analizar lo siguiente: (i) el
estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario
declarado por la Corte Constitucional con ocasión de la crisis de
hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios; (ii) las
obligaciones de los entes territoriales contenidas en la Ley 65 de 1993;
(iii) las decisiones proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado
en relación con el hacinamiento carcelario en el departamento de
Risaralda y, (iv) el caso concreto.

6.3.1. El estado de cosas inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario declarado por la Corte Constitucional
con ocasión a la crisis de hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios

En primer término, es preciso anotar que el estado de cosas
inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país ha sido
declarado por la Corte Constitucional a través de las sentencias T-153 de

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199833, T-388 de 201334, T-762 de 201535 y SU- 122 de 202236, en las
que se expusieron las problemáticas y principales causas de la violación
masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad.

• En la sentencia T-153 de 1998

En este fallo la Corte Constitucional en sede de tutela, buscó determinar
si las condiciones en las que estaban albergados los internos de las
cárceles nacionales Modelo de Bogotá y Bellavista en Medellín, constituían
la violación de sus derechos fundamentales.

A partir del análisis de la situación de hacinamiento en ambas cárceles,
evaluó la sobrepoblación carcelaria en el país, para declarar la existencia
de un estado de cosas inconstitucional, afirmando que la sobrepoblación
carcelaria iba en contravía de los objetivos del sistema penitenciario que
busca la resocialización del infractor de la ley penal y sostuvo con apoyo
en nutrida jurisprudencia constitucional,37 que a los reclusos pese a
soportar un vínculo de sujeción para con el Estado que les limita algunos
derechos,38 se les debe mantener incólumes los derechos a la vida, a la
integridad, a la dignidad, la igualdad, a la libertad religiosa, a la salud y
al debido proceso.

En esta sentencia, la Corte ordenó notificar la existencia del estado de
cosas inconstitucional a las autoridades competentes; revocar las

33
Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
34
Corte Constitucional. Sentencia T-388 del 28 de junio de 2913, M.P. María Victoria
Calle Correa.
35
Corte Constitucional. Sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU- 122 del 31 de marzo de 2022. M.P. Diana Fajardo
Rivera, Cristina Pardo Shlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
37
Las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro
Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993,
M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
38
A los reclusos se les suspenden los derechos de libertad física, locomoción y derechos
políticos y restringe los derechos de la intimidad, de reunión o asociación, libre desarrollo
de la personalidad y libertad de expresión.
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sentencias que denegaron las tutelas; y al INPEC, al Ministerio de Justicia
y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan
de construcción y refacción carcelaria, que debería cumplirse totalmente
en un término perentorio, con miras a garantizar a los internos de los
centros de reclusión condiciones mínimas de dignidad; separar los
internos sindicados de los condenados en las prisiones; tomar medidas
necesarias para resolver carencias de personal especializado; y a las
entidades territoriales adoptar medidas necesarias para cumplir con su
obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.

• En la sentencia T-388 de 2013

La Corte en este fallo determinó que las autoridades demandadas
vulneraban los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y a la
resocialización de los internos, por las lamentables condiciones de
reclusión y en especial, por el grave hacinamiento que atravesaban los
centros penitenciarios objeto de la acción de tutela.39

La Corte aseveró que el sistema penitenciario y carcelario se encontraba
nuevamente en un estado de cosas inconstitucional40 causado por fallas
estructurales de la política criminal a lo largo de todas sus etapas41 y
refirió que el exceso del castigo penal y el encierro generaba una demanda
de cupos para la privación de la libertad y de condiciones deplorables que
era insostenible para el Estado, imponiendo órdenes específicas a los
establecimientos y autoridades carcelarias objeto de las acciones de tutela
interpuestas por los reclusos.42

39
Evaluó 9 expedientes de tutelas presentadas por personas privadas de la libertad en
6 diferentes centros penitenciarios así: la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar,
la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, San Isidro de Popayán y la de
Barrancabermeja.
40
Pese a las cuantiosas inversiones efectuadas con ocasión de la observancia a las
órdenes impartidas en la sentencia T-153 de 1998 del Tribunal Constitucional, lo cual
permitía considerar la superación de la problemática.
41
Normativa, investigación y judicialización procesal y de ejecución de pena (política
carcelaria).
42
El estado de cosas inconstitucional se generó “…por cuanto (i) los derechos
constitucionales de las personas privadas de la libertad son violados de manera masiva
y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía, derivadas de tales
derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha
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Ordenó que a raíz del estado de cosas inconstitucional que declaró, el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del
INPEC, debía convocar en un término perentorio al Consejo Superior de
Política Criminal para continuar adoptando las medidas necesarias para
superarlo, así como remitir los informes de verificación a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para constatar el
cumplimiento de la sentencia frente a las órdenes específicas dadas.

• En la sentencia T-762 de 2015

La Corte Constitucional puso de presente que la situación en los centros
de reclusión seguía siendo contraria a la Constitución de 1991, por lo que
reiteró el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y
Carcelario, declarado en la sentencia T-388 de 2013, “[…] como
consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas
directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando
en el compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país,
como se desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los
16 centros de reclusión sobre los que versa el presente análisis […]”.

Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional
en la sentencia previamente citada fueron: i) la desarticulación de la
política criminal y el estado de cosas inconstitucional; ii) hacinamiento y
otras causas de violación masiva de derechos; iii) reclusión conjunta
de personas sindicadas y condenadas. Falta de articulación de las
entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho; iv) sistema
de salud del sector penitenciario y carcelario del país, y v) las condiciones
de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los establecimientos

institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento
cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y
presupuestales que se requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas
estructurales compromete la intervención de varias entidades, que deben realizar
acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas privadas de
la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones de
tutela (u otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo hicieron los
accionantes de las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se
congestionaría aún más de lo que está ocurriendo.(...)”

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penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano propiciado por
el Estado.

Frente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas,
resaltó que a pesar de las órdenes emitidas desde 1998 dirigidas a las
diferentes entidades estatales para lograr separar a los condenados de
los sindicados, éste sigue siendo un problema grave que influye en la
crisis del sistema penitenciario y carcelario del país.

Sostuvo que según lo informado por el Ministerio de Justicia y del Derecho
“[…] a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad en los
establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población, es
decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados) […]”.

Recordó que, conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 22 de la Ley
65 de 1993 modificados y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014, las
entidades territoriales (departamentos, municipios, áreas metropolitanas
y distritos) son competentes para crear, fusionar, suprimir, dirigir,
organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para las personas
detenidas preventivamente, por lo que le solicitó al Ministerio de Justicia
y del Derecho llamar a los entes territoriales para que se involucren al
proceso de formación y adecuación que está adelantando esa cartera
ministerial y dispongan todas las acciones administrativas,
presupuestales y logísticas para así dar cumplimiento con las obligaciones
impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.

Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó:

“[…] 86.A pesar de las órdenes emitidas desde 1998, dirigidas a diferentes
entidades estatales para lograr separar los condenados de los sindicados,
éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país.

Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, “a nivel nacional, de las
119.378 personas privadas de la libertad en los establecimientos
penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población, es decir
44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados)”.

Para el caso concreto, la Defensoría realizó un informe detallado que da
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cuenta de la proporción entre sindicados y condenados en los 16 centros
de reclusión que aquí se estudian. Ese informe se puede sintetizar en el
siguiente cuadro:

Tabla 1. Población recluida sindicada y condenada en los
establecimientos de reclusión accionados

Establecimiento Sindicados Condenados
penitenciario
Cárcel Modelo de 1204 3703
Bucaramanga
Cárcel La 40 de 527 907
Pereira
EPMSC de Santa 80 189
Rosa de Cabal
EPMSC El Pedregal 1530 4567
de Medellín
Cárcel Modelo de 3703 1204
Bogotá
Penitenciaría de 1453 2893
Cúcuta
EPMSC de Anserma 89 174
Cárcel de San 30 46
Vicente de Chucurí
Cárcel de las 215 122
Mercedes de
Cartago
Cárcel de Palmira 1066 1793
Cárcel El Cunduy de 292 716
Florencia
EPMSC de Itagüí 292 716
Cárcel de Villa Inés 365 567
de Apartadó
Cárcel La Vega de 1023 273
Sincelejo
Cárcel de Roldanillo 51 83
Cárcel de 996 687
Villavicencio

[…]”. (Negrillas del original).

Con el propósito de contener la grave situación que se presenta en el
Sistema Penitenciario y Carcelario del país y detener la vulneración de los
derechos de la población privada de la libertad, la Corte profirió unas
órdenes de carácter general o estructural para dar forma y dinamismo al
estado de cosas inconstitucionales declarado en el 2013.

Así, creo una delegación encargada del seguimiento del estado de cosas
inconstitucionales en materia carcelaria en la que el liderazgo del

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seguimiento lo sumiría la Defensoría del Pueblo, la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia estaría a cargo de la Procuraduría General
de la Nación y la “articulación de las entidades concernidas” estaría a
cargo del Ministerio de la Presidencia de la República.

La Corte Constitucional fijó unas condiciones para la superación del estado
de cosas inconstitucionales y estableció unos criterios generales y
específicos para determinar la posibilidad de su levantamiento.

Frente a los criterios generales señaló que su declaratoria perdurará
mientras no se verifique que las medidas asumidas por la administración
para llegar a superarlo, hayan impactado en forma favorable a los
reclusos, y que tal impacto tenga vocación de progresividad y sea
sostenible en el tiempo.

En cuanto a los criterios específicos precisó que se deben consolidar metas
que se impondrán respecto de todas las problemáticas analizadas en la
sentencia, específicamente, en lo que atañe al carácter masivo del
desconocimiento de los derechos fundamentales sostuvo que tendrá
varias etapas: una fase inicial en la que las medidas de política pública
empezarán su implementación; una fase intermedia hacia la renovación
de la política criminal; una tercera fase intermedia hacia la renovación de
la política criminal y, finalmente, una cuarta fase de superación del
carácter masivo del compromiso de derechos.

Sobre el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas, aspectos relevantes en el presente proceso, señaló que la
situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la
indefinición de su participación o de la comisión de una conducta punible,
pues aún en ese estadio, no se ha hecho declaración de culpabilidad
alguna; no obstante, se encuentran condenados y sindicados en un mismo
establecimiento penitenciario.

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En esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que las personas
sindicadas debían estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel,
diferente al dispuesto para la privación de la libertad de las personas que
han sido condenadas por algún crimen. Afirmó que lo anterior permitirá
efectuar sistemas de disciplina y seguridad particulares, que propendan
por la convivencia de los sindicados, pero en el entendido de que como
quiera que no han sido declarados culpables de ningún delito, no puede
tratárseles como tales; los programas de resocialización, entonces no
resultan congruentes con su situación, y el tiempo deberá emplearse en
otros menesteres43.

En la sentencia T-762 de 2015, además de las órdenes generales
previamente reseñadas para la superación del estado de cosas
inconstitucionales, se dispuso lo siguiente, frente a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del municipio de Pereira y Santa Rosa de
Cabal:
“[…] SEXTO: En el expediente T-3987203, Cárcel “La 40” de Pereira,
REVOCAR el fallo proferido el 5 de junio de 2013, por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido
el 17 de abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira. En
su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, la vida digna y la salud de los reclusos de los patios tercero,
cuarto y quinto del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC, Cárcel La 40 de Pereira.

SÉPTIMO: En el expediente T-3989532, EPMSC de Santa Rosa de Cabal,
REVOCAR el fallo de segunda instancia, proferido el 17 de junio de 2013,
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su
momento revocó el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa
Rosa de Cabal, el 6 de mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos
a la dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la salud de
los reclusos del EPMSC de Santa Rosa de Cabal.

(…)

Órdenes particulares

VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con apoyo del Ministerio del Interior, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de esta sentencia, que integre, si aún no lo ha
realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones
de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese

43
Pág. 178 ibidem.
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Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus
reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los
Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín,
Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira,
Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los
Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander,
Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta.

VIGÉSIMO CUARTO: INSTAR a los Municipios de Bucaramanga, Pereira,
Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de
Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y
Villavicencio; y a los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia,
Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta, por
intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para
que emprendan todas las acciones administrativas, presupuestales y
logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso
seguido, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir
con las obligaciones consagradas en la Ley 65 de 1993, sus modificaciones
y las órdenes que surjan de esta providencia […]”. (Negrillas del original).

Finalmente, en la sentencia SU- 122 de 2022, la Corte Constitucional
sostuvo “(…) mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de
2015, la Corte declaró que el estado de cosas existente en el Sistema
Penitenciario y Carcelario y en la política criminal era contrario a la
Constitución, los hechos analizados en este proceso demuestran que la
situación de los llamados centros de detención transitoria es
supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del Estado
para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De
este modo, el estado de cosas inconstitucional cubre a las personas
privadas de la libertad en los referidos lugares transitorios. La situación
descrita exige que el Estado adopte un marco de actuación estructural,
así como medidas urgentes y efectivas para que en estos lugares rijan los
estándares constitucionales de garantía y respeto al ser humano (…)”.

De lo expuesto, la Sala observa que el hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de
Risaralda y, en general de todo el país, ha sido una problemática de
tiempo atrás de la que se ha ocupado en varias oportunidades la Corte
Constitucional, que a la fecha persiste.

En este punto, es necesario advertir que si bien la Corte Constitucional
adoptó medidas para conjurar la crisis en los establecimientos
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penitenciarios y carcelarios del país, dentro de los que se encuentran los
ubicados en el departamentos de Risaralda, (Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira – EPMSCPEI –
“Cárcel 40”, Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel
La Badea” y el Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal),
ello no es óbice para que esta Corporación, por vía de la acción popular
profiera órdenes específicas tendientes a la protección de los derechos
colectivos de la población privada de la libertad en el país, como también
se anotó en la sentencia del 11 de julio de 2019 proferida por la Sección
Primera en un asunto similar.

6.3.2. Las obligaciones de los entes territoriales en materia
carcelaria

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario”, modificada por la Ley 1709 de 2014,
el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario está integrado por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -
USPEC, por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por la
Escuela Penitenciaria Nacional, por el Ministerio de Salud y Protección
Social, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por las demás
entidades públicas que ejerzan funciones relacionadas con el sistema 44.

Por su parte, el artículo 16 ibidem prevé que los establecimientos de
reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos,
dirigidos y vigilados por el INPEC y que esta entidad junto con el USPEC,
determinará los lugares donde funcionarán dichos establecimientos.

Por su parte, el artículo 17 del Código Penitenciario y Carcelario dispone
que corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas
y al Distrito Capital de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección,
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles

44
Artículo 15 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 1709 de 2014.
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para las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de
autoridad policiva. También estableció que el INPEC ejercerá la inspección
y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.

Igualmente, el artículo 17 previó que los municipios y departamentos
deberán incluir en los presupuestos las partidas necesarias para los gastos
de sus cárceles, “como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia
de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros,
compra de equipos y demás servicios”, y que los gobernadores y alcaldes
se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos
que no cumplan con las exigencias de la precitada disposición.

De igual forma, previó la posibilidad de que la nación y las entidades
territoriales celebren convenios de integración de servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de
reclusión del sistema penitenciario y carcelario.

Seguidamente, el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, establece que los
departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles,
podrán contratar con el INPEC el recibo de sus presos “mediante el
acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el
reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago” de
los servicios y remuneraciones allí enlistadas.

El artículo 21 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 12 de la
Ley 1709 de 2014, determinó que las cárceles y pabellones de detención
preventiva son establecimientos con un régimen de reclusión cerrado, que
están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención
preventiva en los términos del artículo 17 ibidem y que están a cargo de
las entidades territoriales.

El artículo 21 ibidem precisa que podrán existir pabellones para detención
preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando

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así lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se
encuentren separados de las demás secciones de dicho complejo y de las
personas condenadas.

También prevé que las entidades territoriales, la Fiscalía General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones
pertinentes para la construcción conjunta de ciudadelas judiciales con un
centro de detención preventiva anexo a sus instalaciones, así como
articular todo lo necesario para la construcción y el mantenimiento de
estos complejos judiciales.

6.3.3. Las decisiones proferidas por la Sección Primera del
Consejo de Estado en relación con el hacinamiento carcelario en
el departamento de Risaralda

6.3.3.1. La sentencia proferida el 11 de julio de 2019 en la acción
popular 2016-00526-0145

En la referida sentencia46 la Sala decidió los recursos de apelación
interpuestos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC y por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en contra de la
proferida el 17 de noviembre de 2017 por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda.

(i) La acción popular fue presentada por la Defensoría del Pueblo Regional
Risaralda en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, del
departamento de Risaralda, del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC y del municipio de Pereira, en la que se pretendía la
protección de los derechos e intereses colectivos a la moralidad
administrativa, seguridad y salubridad pública y acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública de los

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
45
46
Proferida por la Sección Primera de esta Corporación, M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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habitantes del municipio de Pereira, así como también, de las personas
que se encuentran detenidas preventivamente en los tres centros de
reclusión de Risaralda, estos son, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”,
Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel La Badea” y el
Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal.

A juicio de la parte actora, las entidades accionadas incurrieron en una
omisión de la Ley 65 de 1993, al no contar con edificaciones e
infraestructura apropiada donde funcionen las cárceles para las personas
detenidas preventivamente.

Señaló que son de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
en el sistema penitenciario del orden nacional, especialmente en los tres
centros de reclusión de Risaralda y que, si las entidades territoriales
cumplieran con la obligación relacionada con la población privada de la
libertad en ejecución de una medida de aseguramiento de detención
preventiva, los porcentajes de hacinamiento reducirían notablemente.

Agregó que el municipio de Pereira no cuenta con un espacio dispuesto
para el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención
preventiva.

(ii) En providencia del 17 de noviembre de 2017, la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda amparó los derechos e
intereses colectivos concernientes al goce de un ambiente sano y la
seguridad y salubridad públicas; atribuyendo su vulneración a la Nación
– Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), al municipio de Pereira y al departamento de Risaralda. Lo
anterior, por cuanto encontró probadas las precarias condiciones de
infraestructura y hacinamiento carcelario en los tres centros de reclusión
del Departamento de Risaralda. Como consecuencia de lo anterior,
ordenó:

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Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02
Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

“[…] PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las
entidades demandadas, Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, Municipio de Pereira y
Departamento de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

SEGUNDO: Declarar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Municipio de Pereira y
el Departamento de Risaralda, han incurrido en vulneración de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
salubridad públicas, conforme a las consideraciones expuestas en esta
sentencia.

TERCERO: Se concede el amparo de los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas.

CUARTO: Ordenar a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Municipio de Pereira y
al Departamento de Risaralda que en el término de un (1) año contado a
partir de la ejecutoria de esta sentencia adopten las medidas necesarias
de orden administrativo y presupuestales a que haya lugar con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos aquí deprecados, y
se dé cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 en concordancia
con el artículo 63 de la Ley 65 de 1993 modificada por la Ley 1709 de
2014, concerniente a la construcción, creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las
cárceles para las personas detenidas preventivamente, y se proceda con
la clasificación respectiva.

QUINTO: Se previene a las entidades accionadas que se abstengan de
volver a incurrir en las omisiones que dieron lugar a la vulneración que en
esta sentencia se ha declarado.

SEXTO: Se designa al Ministro de Justicia y del Derecho o quien haga sus
veces, al señor Director Regional del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC, al Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC, al Alcalde Municipal de Pereira, al señor Gobernador
del Departamento de Risaralda y al actor popular, para que conformen
físicamente el Comité de Verificación de Cumplimiento de la presente
sentencia, cuyo coordinador para la convocatoria y demás menesteres
será el Alcalde municipal o su delegado; quienes rendirán en el término
de doce (12) meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un
informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro
del cumplimiento efectivo de esta providencia. Del mismo modo, integrará
el Comité el señor Procurador Judicial II en Asuntos Administrativos No.
38, doctor Leonardo Rodríguez Arango, o quien haga sus veces, y esta
Corporación Judicial, con el objeto de que una vez allegado el expediente
el informe anterior, se efectúe sobre dicho escrito un pronunciamiento
formal y legal acerca del cumplimiento de la decisión judicial que nos
ocupa, previo al análisis de validez, veracidad y solidez de la información
consignada […]”.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

(iii) La Sala, mediante providencia del 11 de julio de 2019 desató los
recursos de apelación presentados por el Ministerio de Justicia y del
Derecho y por la USPEC.

Estimó que no tenían vocación de prosperidad los recursos presentados,
debido a que estaba probada la omisión de lo dispuesto por la Ley 65 de
1993, al no contar con las edificaciones e infraestructura apropiada y
necesaria donde funcionen las cárceles para las personas sindicadas y
detenidas preventivamente, enfatizando que dicha obligación es de
naturaleza imperativa y no optativa, por lo que confirmó la decisión de
proteger los derechos colectivos. No obstante, modificó las órdenes
impartidas por el a quo, en el siguiente sentido:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral 4º de la sentencia de 17
de noviembre de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:

“CUARTO: Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
– INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –
USPEC, al Municipio de Pereira y al Departamento de Risaralda que
en el término de dieciocho (18) meses contado a partir de la
ejecutoria de esta sentencia adopten las medidas necesarias de
orden administrativo y presupuestales a que haya lugar con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos aquí
deprecados, y se dé cumplimiento con lo establecido en el artículo
17 en concordancia con el artículo 63 de la Ley 65 de 1993
modificada por la Ley 1709 de 2014, concerniente a la construcción,
creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente, y se proceda con la
clasificación respectiva.”

SEGUNDO: ADICIONAR un ordinal DÉCIMO a la sentencia de 17
de noviembre de 2017, de la siguiente forma:

“DÉCIMO: ORDENAR que, y como medida de protección de los
derechos colectivos antes citados, se realicen y/o instalen mesas de
trabajo, con la presencia de la Nación – Ministerio de Justicia y del
Derecho, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC,
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, del
Alcalde del Municipio de Pereira, del Gobernador del Departamento
de Risaralda, de la Defensoría Pública del Pueblo – Regional
Risaralda y de la Procuraduría para Asuntos Administrativos las
cuales tendrán a su cargo la adopción y verificación de las acciones
necesarias para el cumplimiento de las órdenes contenidas en la
presente sentencia popular. Dichas mesas de trabajo, deberán
realizarse como mínimo una (1) vez al mes, y las acciones y
determinaciones que se adopten o se verifiquen en ellas, deberán

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ser informadas por las mentadas autoridades al comité de
verificación de la sentencia, el cual fue integrado y/o conformado
por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda, en su fallo de 17 de noviembre de 2017.

Y, adicionalmente, y como órdenes específicas en cabeza del
Ministerio de Justicia y del Derecho (en virtud del artículo
2.2.1.12.3.2. del Decreto 0204 del 10 de febrero de 2016), dicha
cartera deberá actuar como ente articulador y coordinador de las
actividades que se desarrollen en el marco de las mesas y del comité
de Coordinación de Funciones y Competencias del INPEC y USPEC”.

TERCERO: ADICIONAR un ordinal UNDÉCIMO al proveído
apelado, de la siguiente manera:

“UNDÉCIMO: ORDENAR que, en el término de quince (15) días
contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, se allegue un
cronograma en el cual se delimiten claramente las actividades y
gestiones que se realizarán y efectuarán para el cumplimiento
íntegro de la orden, especificando, cada una de las responsabilidades
y deberes de las entidades y autoridades condenadas (estas son, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, el Departamento de Risaralda
y, por último, el Municipio de Pereira).”

CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado […]”.

6.3.3.2. La sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020 en la
acción popular con radicado nro. 2016- 00517-0247

(i) El Defensor del Pueblo de la Regional Risaralda instauró acción popular
en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho, el departamento de
Risaralda y el municipio de Belén de Umbría, con el fin de que fueran
protegidos los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al
goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas.

Los hechos en los que fundamentó la pretensión se concretan en que en
los tres centros de reclusión del departamento de Risaralda existe un alto
índice de hacinamiento debido al incumplimiento de las entidades
accionadas de la obligación legal de crear y administrar establecimientos
de detención preventiva establecida en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

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Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02
Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

(ii) La acción popular correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Risaralda que en sentencia del 16 de mayo de 2019 negó las
pretensiones. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso
recurso de apelación.

(iii) La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 14 de
septiembre de 2020 la revocó y, en su lugar, amparó los derechos
colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública y la seguridad y salubridad públicas de la población
carcelaria del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira,
vulnerados por el municipio de Belén de Umbría. Para proteger los
derechos colectivos, se dispuso lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BELÉN DE
UMBRÍA que, respecto del Establecimiento Reclusorio de Mujeres
de Pereira – “Cárcel la Badea”, coadyuve al cumplimiento de la orden
contenida en los numerales primero, segundo y tercero de la parte
resolutiva de la sentencia de 11 de julio de 2019, proferida por esta
Sección dentro del expediente AP-66001-23-33-000-2016-00526-
01, en los términos que indiquen las entidades que componen las
mesas de trabajo referidas en el numeral segundo de la parte
resolutiva del fallo en mención.

Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario
y que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de
11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del MUNICIPIO
DE BELÉN DE UMBRÍA para solucionar la problemática de
hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de
detenidas preventivamente que se encuentren a cargo de dicho
Municipio.

El MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA tendrá el término de ocho
(8) días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
para solicitar a las entidades que conforman las mesas de trabajo
ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019 su inclusión a las
mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática.

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO, al INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, al
Alcalde del MUNICIPIO DE PEREIRA, al Gobernador del
DEPARTAMENTO DE RISARALDA Departamento de Risaralda, a
la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PUEBLO – REGIONAL
RISARALDA y a la PROCURADURÍA PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, entidades que conforman las mesas de
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trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019 proferida
por esta Sección dentro del expediente AP-66001-23-33-000-2016-
00526-01, para efecto de que se dé cabal cumplimiento a esta
providencia en los términos expuestos.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

La anterior decisión la fundamentó en que la problemática de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de
Risaralda debe combatirse de manera sistémica y con la colaboración de
todos los municipios que se sirven de estos establecimientos, dado que
cada uno aporta una cuota de detenidos “(…) que, bajo una perspectiva
global constituyen la causa del hacinamiento carcelario en el
departamento de Risaralda, razón por la que la incidencia no puede
analizarse en cada caso particular sino respecto de una generalidad (…)”.

Seguidamente explicó que la Sección Primera en la sentencia del 11 de
julio de 2019 señaló que los tres establecimientos penitenciarios y
carcelarios del departamento de Risaralda presentan “graves condiciones
de hacinamiento ocasionadas, en gran parte, por el incumplimiento de los
entes territoriales de sus obligaciones previstas en el artículo 17 de la Ley
65 de 1993”. Y Precisó que, en dicha sentencia, la Sección emitió una
orden tendiente a superar el hacinamiento de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento.

Por ello, le ordenó al municipio de Belén de Umbría que respecto del
Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea”
coadyuve el cumplimiento de las órdenes contenidas en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11
de julio de 2019 proferida por la Sección Primera.

6.3.3.3. La sentencia proferida el 14 de septiembre de 2020 en la
acción popular con radicado nro. 2016- 00524-0248

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Nubia Margoth Peña Garzón
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(i) En esta oportunidad, igualmente el Defensor del Pueblo de la Regional
Risaralda, interpuso acción popular en contra del Ministerio de Justicia y
del Derecho, el departamento de Risaralda y el municipio de Pueblo Rico,
para la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública, al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
salubridad pública.

Lo anterior, lo fundamentó en que en los tres centros de reclusión del
departamento de Risaralda existe un alto índice de hacinamiento debido
a que las entidades accionadas están incumpliendo la obligación legal de
crear y administrar establecimientos de detención preventiva contenida
en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

(ii) La acción popular fue conocida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Risaralda que en sentencia del 19 de octubre de 2019
negó las pretensiones. En contra de la precitada decisión la parte actora
interpuso recurso de apelación.

(iii) La Sección Primera en sentencia del 14 de septiembre de 2020 la
revocó y, en su lugar, amparó los derechos colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la
seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Pereira “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira
“Cárcel La Badea” y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de
Cabal, que estimó vulnerados por el municipio de Pueblo Rico. Las órdenes
allí emitidas fueron las siguientes:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PUEBLO RICO que
coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
11 de julio de 2019, proferida por esta Sección dentro del
expediente AP-66001-23-33-000-2016-00526-01, en los términos
que indiquen las entidades que componen las mesas de trabajo
referidas en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo en
mención.

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Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario
y que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de
11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del MUNICIPIO
DE PUEBLO RICO para solucionar la problemática de hacinamiento
en Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos
preventivamente que se encuentren a cargo de dicho Municipio.

El MUNICIPIO DE PUEBLO RICO tendrá el término de ocho (8)
días, contados a partir de la notificación de esta providencia, para
solicitar a las entidades que conforman las mesas de trabajo
ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019 su inclusión a las
mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática.

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO, al INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, al
Alcalde del MUNICIPIO DE PEREIRA, al Gobernador del
DEPARTAMENTO DE RISARALDA Departamento de Risaralda, a
la DEFENSORÍA PÚBLICA DEL PUEBLO – REGIONAL
RISARALDA y a la PROCURADURÍA PARA ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS, entidades que conforman las mesas de
trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019 proferida
por esta Sección dentro del expediente AP-66001-23-33-000-2016-
00526-01, para efecto de que se dé cabal cumplimiento a esta
providencia en los términos expuestos.

[…]”.

La anterior decisión la fundamentó en que, si bien era cierto, la parte
actora no demostró que en los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del departamento de Risaralda se encuentren recluidas
personas en calidad de detención preventiva a cargo del municipio de
Pueblo Rico y, que, además este número incida en la tasa de
hacinamiento, para la Sala, la problemática de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento debe combatirse de manera
sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de
estos establecimientos, dado que cada uno aporta una cuota de detenidos
“(…) que, bajo una perspectiva global constituyen la causa del
hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda, razón por la
que la incidencia no puede analizarse en cada caso particular sino
respecto de una generalidad (…)”.

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Agregó que, de acuerdo con el material probatorio allegado al proceso, el
municipio de Pueblo Rico no cuenta con un establecimiento carcelario para
las personas detenidas preventivamente, así como tampoco se tiene
constancia de que se hubiese unido con otros entes territoriales para la
creación de una, o que contrató con el INPEC el recibo de sus presos, lo
que sin lugar a dudas consideró constituye una omisión a su obligación
de prestar en debida forma el servicio penitenciario y carcelario que se
encuentra a su cargo.

En consecuencia, estimó que como el municipio de Pueblo Rico también
era responsable de la vulneración de los derechos colectivos de los tres
establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de
Risaralda, le ordenó coadyuvar el cumplimiento de la orden contenida en
los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la
sentencia del 11 de julio de 2019 proferida por la Sección Primera de esta
Corporación.

6.3.4. Caso concreto

Atendiendo lo expuesto en las decisiones que ha proferido la Sección
Primera de la Corporación en relación con el hacinamiento de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios en el departamento de
Risaralda, la Sala considera que igualmente, en esta oportunidad, hay
lugar a amparar los derechos colectivos al acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública y a la seguridad y
salubridad públicas de la población carcelaria de los tres establecimientos
penitenciarios del departamento, estos son, del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira “Cárcel 40”,
del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y
del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal, que están
siendo vulnerados por el municipio de Balboa.

Lo anterior, debido a que, de acuerdo con lo probado en el proceso el
municipio de Balboa no cuenta con un establecimiento carcelario para las

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personas detenidas preventivamente, sino sólo con una “sala de
capturados en unas condiciones mínimas de dignidad y seguridad”, la cual
está ubicada en la estación de policía del mismo municipio y que solo
puede albergar hasta dos detenidos, adicionalmente, tampoco está
acreditado en el proceso que se hubiese asociado con otros entes
territoriales para la creación de dicho establecimiento o que haya
contratado con el INPEC el recibo de sus detenidos, lo que constituye una
omisión a la obligación legal contenida en el artículo 17 de la Ley 65 de
1993 consistente en que a los municipios les corresponde la creación,
fusión o supresión, dirección, organización, administración y vigilancia de
las cárceles para las personas detenidas preventivamente.

Aunado a lo dicho, como lo ha indicado esta Sección, si bien no está
acreditado que las personas detenidas preventivamente a cargo del
municipio de Balboa estén recluidas en los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del departamento de Risaralda y que ello incida en la tasa
de población carcelaria, la Sala ha considerado que la problemática de
hacinamiento debe solucionarse de manera articulada y con la
colaboración de todos los municipios que se sirven de los tres
establecimientos carcelarios del departamento de Risaralda.

De esta manera, siguiendo los criterios fijados en las sentencias proferidas
por esta Sección el 14 de septiembre de 2020 en las acciones populares
con los radicados números 2016 – 00517 -02 y 2016 – 00524-02, se
concluye que comoquiera que la Sección en sentencia del 11 de julio de
2019 estableció que los tres establecimientos penitenciarios y carcelarios
del departamento de Risaralda presentan graves condiciones de
hacinamiento, causadas, en gran parte, por el incumplimiento de los entes
territoriales de las obligaciones de la Ley 65 de 1993, la omisión del
municipio de Balboa sí vulnera los derechos colectivos de la población
carcelaria de los tres establecimientos carcelarios del departamento.

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En consecuencia, la Sala se remitirá a lo ordenado en las acciones
populares identificadas con los radicados números 2016 – 00517 -02 y
2016 – 00524-02 y, en consecuencia, dispondrá lo siguiente:

• Ordenar al municipio de Balboa que coadyuve al cumplimiento de las
órdenes contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la
parte resolutiva de la sentencia proferida por esta Sección el 11 de julio
de 2019, en los términos que indiquen las entidades que componen las
mesas de trabajo referidas en el numeral segundo de la parte resolutiva
del fallo en mención.

• Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y
que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia del 11 de
julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del municipio de Balboa para
solucionar la problemática de hacinamiento en el departamento de
Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos preventivamente
que estén a cargo de dicho municipio.

• El municipio de Balboa tendrá el término de ocho días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, para solicitar a las entidades que
conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia del 11 de julio
de 2019, su inclusión, para efecto de contribuir a la solución de la
problemática.

• Se ordenará la notificación de esta sentencia al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al INPEC, la USPEC, al alcalde del municipio de Pereira, al
gobernador del Departamento de Risaralda, a la Defensoría Pública del
Pueblo – Regional Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos
Administrativos, entidades que conforman las mesas de trabajo, para que
se cumpla lo aquí ordenado.

Por último, tal y como se hizo en las acciones populares ya referenciadas,
la Sala precisa que se abstendrá de emitir orden alguna respecto del
Ministerio de Justicia, el Departamento de Risaralda, la USPEC y el INPEC,

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por cuanto dichas entidades ya son destinatarias de órdenes concretas en
la sentencia del 11 de julio de 2019 que propenden por solucionar el
hacinamiento carcelario en el departamento; y de conformar un comité
de verificación de esta providencia, por cuanto lo dispuesto en dicha
sentencia, resulta suficiente para efectuar el seguimiento de lo decidido
en esa oportunidad.

De otro lado, la Sala estima pertinente aclarar que no existe cosa juzgada
frente a lo resuelto en las sentencias del 11 de julio de 2019 y del 14 de
septiembre de 2020. Lo anterior, porque en la primera providencia se
abordó la problemática de hacinamiento de los tres establecimientos
carcelarios del departamento de Risaralda y, en las proferidas el 14 de
septiembre de 2020, si bien se examinó dicha problemática, las acciones
populares se fundamentaron en que el municipio de Belén de Umbría (AP
– 2016 – 517-02) y el municipio de Pueblo Rico ( AP – 2016 – 00524-02)
no cumplían con la obligación prevista por el artículo 17 de la Ley 65 de
1993; mientras que, en la presente acción popular la omisión de
cumplimiento se predica respecto del municipio de Balboa, por lo que no
existe identidad de objeto y causa.

Conforme con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida el 23
de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en
su lugar, dispondrá, el amparo de los derechos colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y a la
seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria de los
establecimientos carcelarios del departamento de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativa, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 23 de noviembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar,
AMPARAR los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública y a la seguridad y salubridad
públicas de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del
Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y
del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal, vulnerados
por el municipio de Balboa.

SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Balboa que coadyuve al
cumplimiento de la orden contenida en los numerales primero, segundo y
tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 11 de julio de 2019,
proferida por esta Sección en el expediente AP-66001-23-33-000-2016-
00526-01, en los términos que indiquen las entidades que componen las
mesas de trabajo referidas en el numeral segundo de la parte resolutiva
de dicho fallo.

Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y
que integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia del 11 de
julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del municipio de Balboa para
solucionar la problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán
ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se encuentren a
cargo de dicho municipio.

El municipio de Balboa tendrá el término de ocho días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, para solicitar a las entidades que
conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia del 11 de julio
de 2019 su inclusión a las mismas para efecto de contribuir a la solución
de la problemática.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 66001 23 33 000 2016 00518 02
Accionante: Defensoría del Pueblo- Regional Risaralda

TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al alcalde del
municipio de Pereira, al gobernador del Departamento de Risaralda
departamento de Risaralda, a la Defensoría del Pueblo Regional Risaralda
y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos, entidades que
conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia del 11 de julio
de 2019 proferida por esta Sección en el expediente AP-66001-23-33-
000-2016-00526-01, para efecto de que se dé cabal cumplimiento a esta
providencia en los términos expuestos.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en
sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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