Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00528-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 66001-23-33-000-2016-00528-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 66001-23-33-000-2016-00528-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
15 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000201600528-02
Actores: Defensoría del Pueblo Regional Risaralda
Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento de
Risaralda y Municipio de Guática
Vinculados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos. Reiteración
jurisprudencial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del Pueblo
Regional de Risaralda, en adelante la parte actora, contra la sentencia de 31 de
mayo de 2019 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda1.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La parte actora presentó2 demanda en ejercicio del respectivo medio de control
contra el Municipio Guática; el Departamento de Risaralda; y la Nación – Ministerio
de Justicia y del Derecho, con el objeto de lograr la protección de los derechos e
intereses colectivos a: i) a la moralidad administrativa; ii) seguridad y salubridad
1 Cf. Folio 235 del Cuaderno 2.
2 La demanda fue presentada el 26 de julio de 2016.
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públicas; y iii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones 3:
“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE GUÁTICA, el DEPARTAMENTO
DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO;
vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos del municipio de Guática;
relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad como el acceso a la
infraestructura de servicios que garantice la seguridad y la salubridad públicas.
SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE GUÁTICA, el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, que
en el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el Despacho,
contado a partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere
efectuado, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad
administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios,
de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las
recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir, tendientes a
conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles,
garantizando los recursos y los instrumentos necesarios para facilitar la creación,
fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, conforme
lo ordena la Ley 65 de 1993.
TERCERA: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que
su despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Que las entidades demandas sean condenadas en costas a favor de la
Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos. […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:4
3.1 Afirmó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 19 de agosto de
19935, “[…] Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario […]”, existe
un marco legal establecido por los artículos 17, 18 y 19, que asigna a las entidades
territoriales competencias y obligaciones expresas en materia carcelaria, y que, se
mantienen vigentes aun con la entrada de la Ley 1709 de 20 de enero de 20146.
3 Cfr. Folio 12 a 20 del Cuaderno 1.
4 Ibidem.
5 “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”
6 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley
55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”.
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3.2 Indicó que el artículo 17 de la Ley 65 de 19 de agosto de 1993 7 contiene un
mandato legal dirigido a las entidades territoriales, que consiste en la asignación en
el presupuesto municipal y departamental de las partidas necesarias para los gastos
en las cárceles.
3.3 Señaló que de acuerdo con el artículo 19A de la misma Ley 65, además de
las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489
de 29 de diciembre de 19988 y en las demás leyes, el Ministerio de Justicia y del
Derecho tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento
CONPES 9 para garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.
3.4 Manifestó que es de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
que se presentan en el sistema penitenciario de orden nacional y, en especial, los
que se presentan en los tres centros de reclusión de Risaralda; Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -EPMSCPI- “Cárcel La
40”; Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea”; y Centro
de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal.
3.5 Resaltó que corresponde a las entidades accionadas, cumplir la normativa
mencionada y garantizar los recursos e instrumentos necesarios para facilitar la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento
y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, para
concretar las condiciones mínimas que garanticen la vida digna de las personas.
3.6 Afirmó que, con la ausencia de edificaciones para las personas detenidas
preventivamente, las entidades territoriales incurren en una omisión de una
obligación que no es opcional o facultativa. Dicha vulneración amerita el amparo de
los derechos colectivos invocados.
3.7 Mencionó que la Defensoría del Pueblo, por medio de Oficio 1187 de 6 de
abril de 2015, requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitando se
informara si en esa municipalidad se contaba con el espacio para el funcionamiento
de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, el cual fue contestado
con el oficio OFI 16-0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016 en el que, según
señala, se explicaron las obligaciones de las entidades territoriales en materia
carcelaria y su incidencia en el Sistema Penitenciario y Carcelario. Asimismo, se
7 Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
8 Por la cuál se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previs tas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
9 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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informa sobre la conclusión a la que llegó el documento Conpes 3828, según el cual
la “[…] mayoria de los entes territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido
en la ley [penitenciaria] y no gestionan ni destinan presupuesto para ello […]”.
3.8 Expuso que la Defensoría del Pueblo, por medio de oficios núms. 1401 de 15
de abril de 2015 y de 25 de mayo de 2016, requirió al Departamento de Risaralda
para que informara si en esa municipalidad se contaba con el espacio para el
funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas preventivamente. El
Departamento de Risaralda contestó mediante Oficio núm. 13762 del 11 de julio de
2016 y concluyó que se ha podido verificar que la administración municipal no tiene
un espacio para el funcionamiento de las cárceles y pabellones de detención
preventiva, con las condiciones mínimas que garanticen la permanencia en
condiciones dignas y de seguridad.
Contestaciones de la demanda
4. El Departamento de Risaralda presentó escrito el día 1 de marzo de 201710,
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Se
pronunció en relación con los hechos y pretensiones de la demanda y, en especial,
señaló que no se contempla en la Constitución Política, ni en la ley que el
Departamento de Risaralda tenga a su cargo la construcción, la administración, la
custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o
condenados y sindicados por contravenciones.
4.1. Afirmó que, por medio de la Ley 65 se creo el Sistema Nacional Penitenciario
y Carcelario, modificado por la Ley 1709; el Decreto 407 de 1994 estableció el
régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; el Decreto
2897 de 2011, define al instituto como entidad adscrita, vinculada al Ministerio de
Justicia y del Derecho, creado mediante el Decreto 2160 de 1992, resultante de la
fusión de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Justicia. La Ley 65 creó el Consejo Superior de Política
Criminal y agregó que de él no hacen parte los departamentos y no han sido creados
a nivel territorial, como los Comités Territoriales de Seguimiento al Sistema Penal
Acusatorio.
4.2. Resaltó que, dentro de las funciones del Consejo Nacional de Política
Carcelaria y Penitenciaria, está la de hacer seguimiento de la problemática del
sistema penitenciario y carcelario colombiano.
10 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 31 a 41.
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4.3. Concluyó en síntesis que, a pesar de no estar obligado por la norma, si ha
dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en diversas sentencias
contribuyendo con el instituto cediendo el lote de terreno de propiedad del
departamento denominado “El Pílamo” ubicado en la vereda La Honda del Municipio
de Pereira, en el cual se construirá el establecimiento penitenciario y carcelario de
mediana seguridad de Pereira.
4.4. Manifestó que ha incluido en su presupuesto una partida para atender los
requerimientos de las entidades competentes en materia penitenciaria y carcelaria
con el fin de colaborar con la solución de la crisis carcelaria. Propuso las
excepciones que denominó: i) “La falta de legitimación en la causa por ser ésta
pasiva”; y ii) “Existencia de precedente en materia carcelaria y penitenciaria y cosa
juzgada”.
5. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho presentó escrito de
contestación 11 en el que se opuso a las pretensiones de la parte demandante.
Propuso la excepción que denominó: “falta de legitimación material en la causa por
pasiva”. Manifestó que no tiene competencia funcional especifica por no tener
asignadas las atribuciones para cumplir o solucionar directamente conflictos en
materia de sanidad, infraestructura puntual y administración de un establecimiento
penitenciario y carcelario, sobre todo, cuando son de detención preventiva. Por ello
aclara que las competencias legales y reglamentarias están determinadas el
Decreto 2897 de 201112. Indica que en materia penitenciaria y carcelaria no es
competente para adoptar las medidas administrativas tendientes a atender asuntos
al interior de los centros penitenciarios y carcelarios.
5.1. Propuso la excepción que denominó “Inexistencia de incumplimiento de las
obligaciones a su cargo ni vulneración de derechos e intereses colectivos por parte
del Ministerio de Justicia y del Derecho”. Adujo que no es la entidad encargada
directamente de satisfacer los servicios a los internos recluidos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios, porque dentro del ámbito de sus
atribuciones ha realizado sus obligaciones de coordinación, seguimiento y fijado los
lineamientos de política criminal y penitenciaria que le competen frente a la
problemática carcelaria.
11 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 49 a 59.
12 “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del
Derecho y se integran el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho”
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5.2. Resaltó que, en el marco de su competencia de diseñar, hacer seguimiento
y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria y con el ánimo de
superar la problemática del sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto del
plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos
condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código Penitenciario
y Carcelario. Recordó que, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional, el Gobierno Nacional a partir del año 2000, inició un proceso de
transformación del sistema penitenciario con una infraestructura programada a
partir de estudios y diseños. De igual manera manifestó que con el objeto de
garantizar condiciones de reclusión dignas y la efectiva resocialización en materia
de infraestructura, el Ministerio, junto con la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC, viene trabajando en la ampliación de cupos y en la
construcción de 6 establecimientos que permita la ampliación den cifra cercana a
los 26.000 cupos nuevos.
5.3. Señaló que el Gobierno Nacional no es el único responsable en materia de
infraestructura carcelaria, también los gobernadores y alcaldes deben asumir su
responsabilidad en la construcción y mantenimiento de los centros de detención
preventiva, especialmente porque el numero de personas condenadas es similar al
número de cupos existentes en el sistema penitenciario y carcelario; es decir, la
sobrepoblación estaría dada por las personas en condición de detención preventiva.
5.4. Propuso además las excepciones que denominó “Imposibilidad de
imputación jurídica eficiente de responsabilidad en cabeza del Ministerio de Justicia
y del Derecho (ausencia de nexo causal)”; “Improcedencia de imputación de
responsabilidad por falla relativa del servicio”.
6. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en su escrito de
contestación 13 manifestó que según el artículo 17 de la Ley 65 hay un mandato legal
dirigido a las entidades territoriales, refiriéndose a las cárceles departamentales y
municipales, y que se relaciona con que los departamentos, municipios, áreas
metropolitanas y el distrito capital deben atender la creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones
que impliquen privación de libertad.
13 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 60 a 68.
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6.1. Resaltó que la discriminación entre sindicados y condenados toma relevancia
si se tiene en cuenta, lo señalado en el artículo 17 de la Ley 65, adicionado por el
artículo 9 de la Ley 1709; quiere decir esto que la reclusión de las personas
sindicadas o detenidas preventivamente corresponde en cada caso a los distintos
entes territoriales, en tanto que la reclusión de los condenados es competencia del
Instituto.
6.2. Manifestó que el Instituto fue escindido, dando vida jurídica a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, la cual tiene bajo su
responsabilidad la infraestructura carcelaria del orden nacional, incluida su
construcción y refacción. Propuso la excepción que denominó: “Ausencia de
legitimidad en la causa por pasiva”, que fundamentó en la falta de competencia legal
y constitucional para adoptar medidas tendientes a hacer cesar la violación de los
derechos e intereses colectivos, los cuales, según señala, solamente pueden ser
reestablecidos con la creación de nuevos pabellones o centros de reclusión por
parte de las autoridades y entidades del orden territorial.
7. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC presentó
escrito de contestación 14 en el que se opuso a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda. Afirmó que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65, es
competencia de los departamentos, municipios y áreas metropolitanas, la dirección,
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen la privación de la libertad, en todo caso, indicó que es el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario quien ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles
de las entidades territoriales, porque le asiste una posición de garante en todos los
casos que, en virtud de una orden judicial, una persona deba permanecer privada
de la libertad.
7.1. Resaltó que para definir las necesidades de los establecimientos carcelarios
que requieren atención, se ha atendido lo determinado en el numeral 16 del artículo
2° del Decreto Ley 4151 de 2011 así: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
determina las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para
cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad. En ese
sentido, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, por medio de las visitas
de la Dirección de Infraestructura, verifica con los directores de los establecimientos
las áreas más urgentes por atender y proyecta la definición de los criterios de
14 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 69 a 90.
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priorización para su intervención en materia de mantenimiento y adecuación, así
como de generación de cupos en los diferentes establecimientos a nivel nacional.
Propuso la excepción que denominó: “Legitimación en la causa por activa”.
La audiencia de pacto de cumplimiento
8. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 20 de junio
de 201815, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Risaralda profirió
sentencia16 el 31 de mayo de 2019, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] 1. Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva, propuestas por el departamento de Risaralda, el Ministerio de Justicia
y del Derecho, el INPEC y la USPEC.
3. Se niegan las suplicas de la demanda.
4. No habrá condena en costas, ni reconocimiento de incentivo económico, por
lo expuesto en la motiva.
5. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría
envíese copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de la presente
sentencia a la Defensoría del Pueblo.
6. Expídanse por Secretaría y a costa de la parte procesal interesada, las
copias que sean solicitadas sobre este expediente. […]”.
Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal consideró el problema jurídico en los siguientes términos “[…] si
las entidades accionadas transgreden los derechos e intereses colectivos a la
moralidad administrativa y la seguridad como el acceso a la infraestructura de
servicios que garantice la salubridad y la salubridad pública, por la presunta omisión
en sus funciones de creación, fusión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles en los términos que establece el artículo
17 de la Ley 65 de 1993 […]”.
10.1 El Tribunal, luego de establecer el alcance normativo y jurisprudencial de la
procedencia de la acción popular, resolvió sobre las excepciones: “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”; y “Existencia de precedente y efecto de cosa
15 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 140 a 142.
16 Cfr. Cfr. Cuaderno Principal 2 Fol. 235 a 250.
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juzgada”, en relación con las cuales declaró su no prosperidad. En relación con la
primera, estimó que el Departamento de Risaralda, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios tienen la vocación procesal de comparecer al presente
proceso para recibir una sentencia en relación con la vulneración de los derechos
colectivos que les ha sido imputada. En lo que tiene que ver con la segunda
excepción propuesta, no se configura la existencia de cosa juzgada porque el objeto
entre los procesos no es el mismo. Explicó que si bien las acciones referidas están
relacionadas con las condiciones de reclusión de las personas privadas de la
libertad en algún centro de reclusión del Departamento de Risaralda, las causas
legales y puntuales son diferentes a la de la acción popular que se analiza.
10.2 Resaltó en relación con el derecho colectivo a la moralidad administrativa,
que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es competente para prestar el
servicios de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad en todos los
establecimiento carcelarios del país y, en el orden territorial, los departamentos,
distritos y municipios tienen la facultad de crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar
administrativamente, sostener y vigilar las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones, en los términos del artículo 17
de la Ley 65.
10.3 Delimitó el objeto de la acción popular, el cual es; la creación, construcción o
adecuación de las cárceles para las personas con detención preventiva o
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden
de autoridad policiva, que son responsabilidad legal de los municipios,
departamentos y áreas metropolitanas. Estimó que las cárceles a cargo de los entes
territoriales, departamentales y municipales, disponen de opciones relacionadas
con la posibilidad de integración entre municipios, o la posibilidad de establecer
convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
para recibir a sus presos. Concluyó que la obligación a cargo de los departamentos
y municipios no está condicionada a la creación y construcción de cárceles, sino
que la norma brinda otras opciones.
10.4 No obstante, aclaró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
continúa teniendo la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad,
así tengan la condición de detenidos preventivamente.
10.5 Dilucidó que, en materia de infraestructura y dotación, en los términos del
Decreto 204 de 2016, se determina que la infraestructura para la efectiva vigilancia,
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custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, incluyendo
la dotación de saneamiento básico (elementos y las condiciones necesarias para
garantizar la higiene y salubridad dentro de los establecimiento de reclusión), y
todos los bienes y servicios que se requieran para el funcionamiento del sistema
penitenciario y carcelario, estará a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios.
10.6 Indicó que una vez analizado el material probatorio se determinó que, para el
momento de los hechos, en los establecimientos carcelarios del orden nacional en
el departamento de Risaralda, no existía población condenada por contravenciones
que impliquen la privación de la libertad por orden de autoridad policiva y que se
encuentran personas con detención preventiva correspondiente a la comisión de
delitos y no por contravenciones. De igual forma, se demostró que a la fecha en que
se solicitó la prueba documental no había personas con detención preventiva a
cargo del Municipio de Guática.
10.7 El Tribunal consideró que “[…] la Defensoría del Pueblo Regional de
Risaralda, no demostró la cantidad de personas que están recluidas en un
Establecimiento Carcelario del Orden Nacional y que funcione en el departamento
de Risaralda y que estén con detención preventiva por la comisión de algún delito
que las mismas estén a cargo del municipio de Guática y que además este número
incide notablemente en el incremento negativo de la tasa de hacinamiento que se
presenta […]”.
10.8 Concluyó que no es procedente ordenar a un municipio de sexta categoría
como Guática, que construya una cárcel en los términos del artículo 17 de la Ley
65, porque implicaría un despliegue presupuestal sin necesidad administrativa.
11. Por último, consideró que no era procedente la condena en costas a la parte
actora porque no se demostró la temeridad o mala fe17.
Recurso de apelación presentado por la parte actora
12. La parte actora presentó escrito 18 por medio del cual interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
17 Ley 472 de 1998 – artículo 38.
18 Cfr. Cuaderno principal parte 2, Fol. 252 a 285.
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12.1. Afirmó que el a quo adujo la falta de carga probatoria en el proceso, pese a
que es de conocimiento generalizado el tema de la crisis carcelaria a nivel regional.
12.2. Argumentó que se demostró la inexistencia de un complejo de detención
preventiva en el cual se ubique a las personas que se encuentren en proceso de
judicialización por la comisión de algún tipo penal. Lo anterior, teniendo en cuenta
que la finalidad del medio de control es garantizar la protección del derecho colectivo
invocado en futuras situaciones.
12.3. Indicó que en las pruebas documentales aportadas al proceso se hace
referencia de manera generalizada a las personas que se registran al sistema
penitenciario, sin indicar su procedencia de otras regiones ni del Departamento de
Risaralda.
12.4. Estimó pertinente realizar nuevamente el análisis de la Ley 1709 de 2014 19
porque no diferencia el origen de la detención preventiva.
12.5. Refirió los beneficios que trae la creación del sistema de detención preventiva
porque permite una disminución del hacinamiento del sistema penitenciario y
carcelario y agrega que si bien su implementación genera una carga presupuestal
alta, ello no constituye un fundamento para negar las pretensiones de la acción
popular, no solo porque la falta de recursos no es pretexto para la protección de los
derechos colectivos, sino porque se trata de una medida en detrimento de los
derechos de las personas detenidas preventivamente.
12.6. Señaló que conforme el artículo 19A de la Ley 65, la Constitución Política y
el artículo 59 de la Ley 489 y demás leyes, el Ministerio de Justicia y del Derecho
tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento CONPES para
garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.
12.7. Mencionó que es de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
presentados en el sistema penitenciario de orden nacional, y en especial los que se
presentan en los 3 centros de reclusión de Risaralda; Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -EPMSCPEI- “Cárcel La 40”;
Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel la Badea”; y Centro de
Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal. Así pues, explica que si se
cumpliera la obligación a cargo de las entidades territoriales, en relación con la
19 “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 de 2000, la Ley 55 de
1985 y de dictan otras disposiciones”.
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población privada de la libertad en ejecución de una medida de aseguramiento de
detención preventiva, los porcentajes de hacinamiento se reducirían notablemente.
12.8. Adujo que la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para las
personas detenidas preventivamente, implica que las entidades territoriales incurren
en una omisión que se viene registrando desde la promulgación de la Ley 65.
12.9. Concluyó que, en aplicación del principio pro homine, se debe revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
13. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 agosto de 2019 20, admitió el
recurso de apelación interpuesto y, luego del trámite correspondiente, mediante
auto de 8 de noviembre de 2019 21, ordenó el decreto y traslado de la prueba
solicitada por la parte actora. Surtida la actuación, mediante auto de 14 de mayo de
2021, ordenó la presentación de alegatos y el traslado al Ministerio Público para que
rinda concepto.
14. El Departamento de Risaralda 22, la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho23, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- 24 y el
Instituto Nacional Penitenciario – INPEC- 25 allegaron alegatos. El Ministerio Público
guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
15. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el
derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública; vi) el desarrollo jurisprudencial
de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el hacinamiento
carcelario en el Departamento de Risaralda; vii) el marco normativo y jurisprudencial
20 Cfr. Cuaderno Principal parte 2, Fol. 266.
21 Cfr. Cuaderno Principal parte 2, Fol. 279 a 281.
22 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
31_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSCON.
23 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ALEGATOSDE_Indice_31.
24 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
24_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RV__ALEGATOS
25 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
20_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP20.
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sobre el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública; viii) el marco normativo de las obligaciones de los Entes
territoriales en relación con la Ley 65; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
16. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019 26, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del
Consejo de Estado; iii) el artículo 15027 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer
de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en
primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones
populares.
17. Vistos los artículos 320 28 y 32829 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 30,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la parte demandante.
18. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
19. La Sala deberá determinar si se encuentra probada o no la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas
y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública,
con ocasión de ausencia de un complejo de detención preventiva en el Municipio de
Guática del Departamento de Risaralda.
26 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
27 De acuerdo con el inciso cuarto del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 sobre el régimen de vigencia y
transición normativa, los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos. El recurso se interpuso en la fecha 5 de junio de 2019 la norma vigente para ese momento es la norma
anterior a la modificación establecida por la Ley 2080.
28 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
29 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
30 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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19.1. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar, modificar
o revocar la sentencia de 31 de mayo de 2019, proferida por la Sala Tercera del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
20. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
21. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
22. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
23. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
24. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
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materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]” 31.
25. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
26. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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26.1 La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 32, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración
del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
26.2 A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […] 33”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho colectivo a la
seguridad y salubridad pública
La seguridad pública
27. Visto el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública.
28. El Preámbulo de la Constitución Política señala que la Asamblea
Constituyente, en ejercicio de su poder soberano, asegura la vida, la convivencia y
la paz.
29. El artículo 2.° ibidem establece como fines esenciales del Estado “[…]
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo […].
30. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional 34 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii)
es un derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
32 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
33 Ibidem.
34 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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31. En relación a su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional 35
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
32. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado 36 […]”.
La salubridad pública
33. Vistos: i) el artículo 49 de la Constitución Política referente a la prestación de
los servicios de salud como un servicio público a cargo del Estado; ii) el artículo 366
de la Constitución Política sobre la solución de necesidades insatisfechas en
materia de salud como una finalidad del Estado; iii) el artículo 46 de la Ley 715, el
artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 200742 y el numeral 4.º del artículo 6.º
de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 37, relativos a la salud pública; iv) el artículo
24 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201544, referente al deber de
garantizar la disponibilidad de los servicios de salud en zonas marginadas; y, v) el
literal b del artículo 4° del Decreto 3842 de 1949 sobre los Centros de Salud y el
personal que lo debe integrar.
34. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud
es un servicio público a cargo del Estado. Y en tal sentido, debe garantizar a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de
la salud. Al respecto, le asigna una importante función de “organizar, dirigir y
reglamentar” la prestación de los servicios de salud de los habitantes. Para lo cual,
debe establecer las políticas para la prestación de servicios de salud, ejercer su
35 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
36 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001 -23-31-
000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-31-
000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
37 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones […]”.
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vigilancia y control, así como, determinar las competencias entre la Nación, las
entidades territoriales y los particulares.
35. El artículo 366 de la Constitución Política establece como uno de los fines del
Estado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Además, prevé
como un objetivo prioritario de las autoridades la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud.
36. Respecto de este derecho colectivo, la Sección Primera de esta
Corporación 38 ha considerado lo siguiente:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y
del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a
sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general
implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones,
los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad,
la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados
al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el
estado de sanidad comunitaria39 […]”.
37. En tal escenario, la Sala resalta que este derecho colectivo se encuentra
relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de la
comunidad que exige la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
Igualmente, en relación con el tema del hacinamiento carcelario, este derecho
colectivo garantiza a las personas detenidas el respeto a la dignidad humana al
exigirse mejores condiciones de infraestructura y atención sanitaria.
Desarrollo jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en
relación con el hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda
38. Esta Sección en relación con el alto índice de hacinamiento en el sistema
penitenciario del departamento de Risaralda, respecto de sus tres centros de
reclusión, a saber: el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, Establecimiento Reclusorio de
Mujeres de Pereira – “Cárcel La Badea” y el Centro de Reclusión de Varones de
Santa Rosa de Cabal, ha considerado que es necesaria la protección de los
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 250002324000201000609-01, criterio reiterado por esta
Sección en el expediente con número de radicación: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de
2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01.
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derechos e intereses colectivos invocados cuando se prueba la inexistencia de
edificaciones e infraestructura apropiada para que se ejecuten las medidas de
privación preventiva de la libertad de las personas sindicadas y detenidas
preventivamente.
39. De igual manera, ha determinado que la problemática que afronta el
Departamento de Risaralda, en materia penitenciaria y carcelaria, debe combatirse
de manera sistemática y con la colaboración de todos los municipios que se sirven
de estos establecimientos, teniendo en cuenta que el análisis de la situación de
hacinamiento debe hacerse de forma general.
40. Adicionalmente, se ha considerado que, aunque en algunos casos no se
demuestra que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento mencionado se encuentren recluidas personas en calidad de
sindicados, bajo la medida de detención preventiva, también se ha explicado que la
superación de la problemática se debe realizar con la colaboración de todos los
municipios.
41. Por ejemplo, en sentencia del 11 de julio de 2019 40 se estableció que las
entidades demandadas incurrieron en una omisión legal de los mandatos
contenidos en la Ley 65, al no contar con “[…] [e]dificaciones e infraestructura
apropiada y necesaria donde funcionan las cárceles para las personas sindicadas y
detenidas preventivamente, si se tiene en cuenta que dicha obligación, es de
naturaleza imperativa y no optativa […]”. En relación con la situación de
hacinamiento carcelario se determinó, por medio del recaudo probatorio, que “[…]
[l]os documentos […] permiten denotar y enseñar con veracidad los altos índices de
hacinamiento presentados, y que soportan en la actualidad, los centros de reclusión
de Risaralda […]. Aunado a ello, es posible corroborar las precarias condiciones en
lo que a la seguridad y salubridad públicas se refiere; si además se tiene en cuenta
que, no se cuenta en la actualidad con la infraestructura, el personal y los medios
suficientes para atender las apremiantes necesidades de la población reclusa y/o
privada de la libertad. […]”.
41.1. Se resaltó que, aunque el Departamento de Risaralda en coadyuvancia con
otros entes y autoridades ha realizado acciones para mitigar el hacinamiento
carcelario, “[…] es posible concluir que, aun son apremiantes, las necesidades de
quienes se encuentran cautivos en dichos centros de reclusión; y en ese orden de
40 NUR 660012333000201600526-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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ideas, la problemática que aquí se suscita, no puede ni debe escapar de la órbita
de éste Juez Constitucional, quien ciertamente debe tomar las medidas pertinentes
en el asunto de la referencia […]”. Igualmente se consideró que, “[…] [D]icho apoyo
técnico efectuado por las distintas autoridades y entidades resulta a todas luces
insuficiente, de cara a la realidad que se padece en los centros de reclusión antes
referidos, pues sólo permite generar un diagnóstico y/o mapeo general del
panorama actual, mas sin embargo, no ofrece una verdadera solución palpable en
derecho para superarlo a plenitud […]”.
41.2. Se precisó en relación con la escasez de recursos económicos como
impedimento para la protección de los derechos e intereses colectivos de la
población privada de la libertad que, “[…] el hecho de que sea necesario surtir unas
etapas presupuestales para obtener los recursos requeridos por dichas obras […]
no justifican la desprotección de los derechos colectivos de los internos y detenidos,
cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a la acción
popular […]”.
42. De igual manera, en la sentencia del 14 de septiembre de 2020 41, se
consideró la problemática de hacinamiento carcelario declarada por la Corte
Constitucional de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país; las
obligaciones de los entes territoriales en materia carcelaria y las decisiones tomadas
por la Sala en relación con la situación de hacinamiento del departamento de
Risaralda. Se determinó que el municipio demandado, presta el servicio
penitenciario y carcelario a través de la modalidad prevista en el artículo 19 de la
Ley 65, por medio de la contratación con el INPEC para el recibo de sus presos y
se determinó que, “[…] si bien en el presente caso no se demostró que el número
de mujeres en calidad de detención preventiva en Establecimiento Reclusorio de
Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” a cargo del Municipio de Belén de Umbría,
incida notablemente en el incremento de la tasa de hacinamiento, no obstante, a
juicio de la Sala, la problemática en los EPC del Departamento debe combatirse de
manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de
estos establecimientos, pues cada uno aporta una cuota de detenidos que, bajo una
perspectiva global, constituyen la causa del hacinamiento carcelario en el
Departamento de Risaralda, razón por la que la incidencia no puede analizarse
desde cada caso particular, sino respecto de una generalidad […]”.
41 NUR 660012333000201600517-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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42.1. En ese entendido, se concluyó que, aunque el municipio demostró que presta
el servicio penitenciario, “[…] lo cierto es que se deben adoptar medidas mas
contundentes para superar la vulneración de los derechos colectivos de la población
de los tres EPC del Departamento de Risaralda […]”. En consecuencia, se estimó
que el municipio demandado también era responsable de la vulneración de los
derechos colectivos de la población carcelaria de Establecimiento Reclusorio de
Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” y por lo tanto se le ordenó que coadyuvara
con el cumplimiento de las ordenes contenidas en los numerales primero, segundo
y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de 2019.
43. También en la sentencia del 14 de septiembre de 2020 42, se consideró que,
“[…] [L]a problemática en los EPC del Departamento debe combatirse de manera
sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de estos
establecimientos, pues cada uno aporta una cuota de detenidos que, bajo una
perspectiva global, constituyen la causa del hacinamiento carcelario en el
Departamento de Risaralda, razón por la que la incidencia no puede analizarse
desde cada caso particular, sino respecto de una generalidad […]”. Por lo tanto, se
determinó que el municipio es igualmente responsable de la vulneración de los
derechos colectivos de la población carcelaria de los establecimientos del
departamento de Risaralda y se ordenó que “[…] Las autoridades que encabezan
el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de trabajo dispuestas
en la sentencia de 11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del Municipio de
Pueblo Rico para solucionar la problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán
ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se encuentren a cargo de
dicho Municipio, por cuanto este número, en comparación con los detenidos que
aporta el Municipio de Pereira, debe ser mucho menor si se tiene en cuenta, como
mínimo, la población en uno y otro ente territorial […]”.
44. Por último, en la sentencia de 28 de septiembre de 2023 43, se refirió al
estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario declarado
por la Corte Constitucional con ocasión de la crisis de hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios; las obligaciones de los entes
territoriales contenidas en la Ley 65 de 1993; y, las decisiones proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el hacinamiento carcelario
en el Departamento de Risaralda. Se consideró que “[…] [E]l municipio de Balboa
no cuenta con un establecimiento carcelario para las personas detenidas
42 NUR 660012333000201600524-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
43 NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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preventivamente, sino sólo con una “sala de capturados en unas condiciones
mínimas de dignidad y seguridad”, la cual está ubicada en la estación de policía del
mismo municipio y que solo puede albergar hasta dos detenidos, lo que constituye
una omisión a la obligación legal contenida en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993
consistente en que a los municipios les corresponde la creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración y vigilancia de las cárceles para las
personas detenidas preventivamente […]”.
44.1. Estimó que, aunque no está acreditado que el número de personas detenidas
preventivamente a cargo de ese municipio se encuentren en los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda y que esa situación
incida en la tasa de población carcelaria, “[…] [L]a problemática de hacinamiento
debe solucionarse de manera articulada y con la colaboración de todos los
municipios que se sirven de los tres establecimientos carcelarios del departamento
de Risaralda […]”.
44.2. Se concluyó que teniendo en cuenta el precedente establecido en la
sentencia del 11 de julio de 2019 en la que “[…] los tres establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda presentan graves
condiciones de hacinamiento, causadas, en gran parte, por el incumplimiento de los
entes territoriales de las obligaciones de la Ley 65 de 1993, la omisión del municipio
de Balboa sí vulnera los derechos colectivos de la población carcelaria de los tres
establecimientos carcelarios del departamento […]”. Por lo cual, se ordenó al
municipio de Balboa coadyuvar al cumplimiento de las órdenes contenidas en los
numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia
mencionada.
Marco normativo y jurisprudencial sobre el derecho colectivo al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
45. Vistos: i) el artículo 365 de la Constitución Política sobre la prestación
eficiente de los servicios públicos; y ii) el literal g del artículo 6.° y el artículo 13 de
la Ley 1751 sobre la progresividad del derecho de acceso a los servicios y
tecnologías de salud, que implica la ampliación de la capacidad instalada; y las
redes de servicios de salud.
46. El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. De allí, su deber de asegurar la
prestación eficiente a los habitantes de todo el territorio nacional.
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47. Sobre el concepto de salubridad pública, la Sección Primera ha indicado que
alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la
salud e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en
los siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio,
necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así
como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión,
al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público
necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”44.
48. La jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás viene considerando
que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública consiste en una prerrogativa, según la cual, la comunidad
puede acceder a las infraestructuras que sirven para “la buena gestión de la
salubridad pública”, que integra el conjunto de elementos y servicios propicios para
garantizar la salud.
49. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en
el artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’
como derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional.
Así mismo, en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos
susceptibles de amparo a través de este instrumento, contenida en el artículo
4 de la Ley 472 de 1998, se consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como
la posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y
organizaciones que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas,
puede pensarse en la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como
típica manifestación del mismo.
44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-
000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’.
Es un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la
morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y
tiempo determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente
a la palabra ‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de
elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y
funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena gestión de
la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad
que tienen las personas de beneficiarse de los programas de salud
preventivos, de rehabilitación y atención, buscando disminuir el número de
personas enfermas en un lugar específico y en un espacio de tiempo
determinado […]”45.
50. Del mismo modo, la Sección Primera –en decisiones posteriores– ha
reiterado que la protección de “[…] este derecho o interés colectivo se obtendrá a
través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios
[…]”46.
51. Luego, la Sala en distintos pronunciamientos, ha considerado que este
derecho implica el acceso a la infraestructura (instalaciones, construcciones y
edificaciones) y servicios para garantizar la salubridad pública. Al res pecto ha
señalado lo siguiente:
“[…] [L]a comunidad puede acceder a instalaciones y organizaciones que
procuren la salud, esto es, que se las construcciones y edificaciones estén
adaptadas de tal forma que eviten a las personas contraer enfermedades o,
que se generen focos de contaminación o epidemias que afecten o amenacen
el estado de sanidad comunitaria, ello también incluye los elementos y
servicios que se estimen indispensables para la creación y funcionamiento
adecuado de la gestión de la salubridad pública […]”47.
52. En suma, tanto el sector Nación como las entidades territoriales, tienen el
deber de garantizar a los ciudadanos una infraestructura de servicios que proteja su
derecho a la salud, de lo que se sigue que este derecho colectivo está íntimamente
relacionado con la vida en condiciones dignas y por ende que el Estado debe
realizar acciones afirmativas para su consecución, por medio de las cuales se
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
46 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, radicación número: 44001-23-31-
000-2005-00328-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso.
47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-
2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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otorguen a las personas los medios necesarios para la satisfacción de las
necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.
Marco normativo de las obligaciones de los Entes territoriales en relación con
la Ley 65 de 1993
53. Visto el artículo 15 de la Ley 65, “Por la cual se expide el Código Penitenciario
y Carcelario”, modificada por la Ley 1709, el cual establece la integración del
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, así:
“[…] Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica,
patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de
reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones
relacionadas con el sistema. […]”.
53.1. El artículo 16 ibidem determina, en relación con los establecimientos de orden
nacional, que estos serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y vigilados por
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y que en compañía de la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- determinará los lugares
donde funcionan los establecimientos.
53.2. El artículo 17 de la mencionada norma estableció que: i) Corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de
Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la
libertad, por orden de autoridad policiva; ii) Los castigados por contravenciones
serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades
territoriales; iii) En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las
partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados,
raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos,
materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios; iv) previó la
posibilidad de que la nación y las entidades territoriales celebren convenios de
integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
53.3. El artículo 19 ibidem indicó a los departamentos o municipios ante la carencia
de sus respectivas cárceles la posibilidad de contratar con el Instituto Nacional
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Penitenciario y Carcelario -INPEC- para el recibo de sus presos mediante el acuerdo
contractual en donde se establezca el reconocimiento de unos factores relacionados
con la prestación del servicio.
53.4. El artículo 21 de la Ley 65, determinó la naturaleza de las cárceles y
pabellones de detención preventiva y que están a cargo de las entidades
territoriales. Además, se estableció la posibilidad de la existencia de esos
pabellones en un establecimiento penitenciario para condenados, siempre y cuando
se encuentren separados. También, se otorgó competencia para que las entidades
territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura
realicen las gestiones para la construcción de ciudadelas judiciales con un centro
de detención preventiva anexo a sus instalaciones.
53.5. La Ley 1955 de 25 de mayo de 201948 en el artículo 133 estableció la
estrategia de cárceles del orden nacional, por medio de la cual la Nación podrá
adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas
preventivamente; sin perjuicio de la responsabilidad que hoy les asiste a las
entidades territoriales, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65. Para el efecto,
señaló que se debían tener en cuenta las siguientes disposiciones:
“[…] a) Las entidades territoriales identificarán predios para la localización de las
cárceles, sobre los cuales la USPEC y el INPEC realizarán una evaluación a fin de
establecer la viabilidad operativa de los mismos. Los predios identificados como
viables deberán ser incorporados a los instrumentos de planeación territorial que
correspondan con el uso del suelo requerido para la localización del equipamiento.
b) Las entidades territoriales podrán identificar, adquirir, habilitar y ceder a título
gratuito al INPEC, el suelo con urbanismo y servicios públicos para la construcción
de los establecimientos de reclusión nacionales, sin perjuicio de la facultad que les
asiste para construir, administrar y operar cárceles del orden territorial.
c) Las entidades territoriales podrán convenir entre ellas la habilitación de suelo para
la construcción de establecimientos de reclusión, así como su operación y
mantenimiento conjunto. Igualmente, podrán celebrar convenios con la USPEC para
la construcción, operación y mantenimiento de centros de reclusión.
d) Habilítese a la USPEC a realizar gestiones para la construcción conjunta de
ciudadelas judiciales, establecidas en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.
PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán
desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión u otras
formas de contratación establecidas en la ley.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional tendrá en cuenta el análisis de impacto fiscal
que se genera con la implementación de la medida y señalará la correspondiente
fuente sustitutiva.
48
“Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”
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PARÁGRAFO 3o. Con el fin de garantizar la financiación de la política carcelaria
para personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, las entidades territoriales podrán crear un fondo
de infraestructura carcelaria con ingresos provenientes de las siguientes fuentes:
1. Contribución especial de obra pública establecida en el artículo 6o de la Ley 1106
de 2006.
2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el artículo 8o de la Ley 1421 de
2010 […]”.
Análisis del caso concreto
54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la c erteza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia,
el 31 de mayo de 2019.
55. En efecto, las pruebas relevantes para resolver el caso concreto,
relacionadas con los supuestos a probar conforme se indicó supra, son las
siguientes:
56. Oficio núm. 0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016 con asunto: “Cárceles
y Pabellones de Detención Preventiva” 49, suscrito por la Directora de Política
Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que se indicó:
“[…] De esta manera el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 contiene un mandato legal
dirigido a las entidades territoriales, que consiste en estricto sentido en hacerse
cargo de las personas sindicadas privadas de la libertad en las “Cárceles de
detención preventiva” que son de su competencia exclusiva.
El ese sentido el documento Conpes 3828 de 2015 de “Política Penitenciaria y
Carcelaria en Colombia” llega en su parte diagnóstica a dos conclusiones
fundamentales en el tema propuesto50.
En primer lugar, en relación con el cumplimiento de las obligaciones por parte de las
entidades territoriales el Conpes establece que “…Del seguimiento al sistema
penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes territoriales
no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley, y por ende, no gestionan ni
destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles para las
personas detenidas preventivamente…”
49 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 7 y 8.
50 Cfr. Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria en Colombia” Pp. 50. Para consulta en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/Pol%C3%ADtica%20penitenciaria%20y%2
0carcelaria.pdf
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En segundo lugar, en relación con los efectos de cumplimiento de dichas
obligaciones el documento es concluyente en cuanto “…El cumplimiento de la
referida disposición índice en la sobrepoblación de los establecimientos del orden
nacional (…) Lo anterior, muestra que el hacinamiento del sistema penitenciario y
carcelario es causado por las personas que se encuentran en calidad de
sindicados…”.
A lo anterior agrega que “…Al comparar el número de personas sindicadas y
condenadas en valores absolutos, se evidencia que la sobrepoblación existente en
los establecimientos penitenciarios y carcelarios es equivalente al número de
personas detenidas preventivamente. Lo anterior, permite inferir que si las
entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les
imponen la obligación de atender a la población sindicada privada de la
libertad, se tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación
penitenciaria…”
De efectuarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades
territoriales en relación con la población privada de la libertad en ejecución de
una medida de aseguramiento de detención preventiva, los porcentajes de
hacinamiento se reducirían de forma tal que lograrían la superación de dicha
dificultad del Sistema Penitenciario y Carcelario […]” (Destacado fuera de texto).
56.1. De igual forma se indicaron los mecanismos para el cumplimiento de las
obligaciones carcelarias a cargo de las entidades territoriales, así:
“[…] el documento Conpes 3828 considera algunas otras formas de financiación que
pueden tomar en cuenta las entidades territoriales. Especialmente, “…con dos
posibilidades: por un lado, la creación de estampillas. Por el otro, los fondos de
seguridad…”
Finalmente hay que decir, que el documento Conpes 3828 anota que las entidades
territoriales “… podrán participar en la construcción de creación, función o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles
para personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, mediante el Sistema General de Participaciones…
En todo caso “La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de
integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario…”,
en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 […]”.
57. Oficio núm. 000501-13762 de 11 de julio de 2016, con asunto: “Cárceles y
Pabellones de Detención Preventiva (RAJ-AP-50100-2015-25333. Radicado No.
13390”51, suscrito por el Secretario de Gobierno del Departamento de Risaralda, en
el que se observa que el Municipio de Guática no respondió a la solicitud remitida.
58. Oficio núm. S-2018. 43897 de 11 de julio de 2018 con asunto: “Respuesta
Oficio Nro. 1594 Bajo el Radicado Nro. 2016-00528-00”, suscrito por el Comandante
de Policía del Departamento Risaralda52, en el que se determinó el número de
51 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 11.
52 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 173.
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personas que se encuentran en detención preventiva en las unidades policiales
adscritas a ese comando. La Sala evidencia que en el Municipio de Guática se
encuentra 1 sala que tiene capacidad para albergar a 2 personas y que para la fecha
de la expedición de la información el número de indiciados y condenados es 0.
59. Oficio de fecha 2 de agosto de 2018 53 suscrito por el Alcalde del Municipio
de Guática, en el que informa que “[…] el número de personas que en este momento
se encuentran con detención preventiva en centro carcelario, para el municipio
de Guática corresponde a tres (3) señalando la información del delito por el
cual se encuentran procesadas […]” (Destacado fuera de texto).
60. Oficio núm. 616-EPMSC-PI-AJUR-DIR de 17 de julio de 2018 54 suscrito por
el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario ERE Pereira, en el que se
indican las personas privadas de la libertad en el establecimiento carcelario de
orden nacional con medida de aseguramiento.
61. Oficio 600-JUASP-DIREG-2018EE0060167 de 3 de agosto de 2018 55
suscrito por parte la directora Regional Viejo Caldas INPEC, en el que se informa
respecto a la población privada de la libertad en los establecimientos del orden
nacional en el Departamento de Risaralda, lo siguiente:
“[…] Reclusión Mujeres de Dosquebradas: Condenadas: 194
Sindicadas: 145
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario “La 40”
Condenados: 886
Sindicados: 366
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de
Cabal:
Condenados: 158
Sindicados: 75
No hay personal detenido por Contravenciones, en los Establecimientos
Penitenciarios del Orden Nacional la detención preventiva se da por la comisión de
delitos. Es así como el parágrafo 2 del artículo 10 de la Ley 1709 de 2014 dispone :
“Para los efectos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 se entenderá que las
cárceles departamentales y municipales serán destinadas a las personas
detenidas preventivamente […]” (Destacado fuera del texto).
62. Informe audiovisual aportado por la Defensoría del Pueblo Regional
Risaralda por medio de disco compacto56, que se refiere a hechos ocurridos con
posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, que
53 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 179.
54 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 180.
55 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 183.
56 Cfr. Cuaderno principal parte 2, Fol. 258.
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evidencia las condiciones en las que se encuentran recluidas en las estaciones de
policía de Dosquebradas, El Remanso, La Virginia y la Sala de Retención Transitoria
SIJIN.
63. Copia del contrato de comodato57 de 17 de diciembre de 2015 suscrito entre
el Departamento de Risaralda y la Reclusión de Mujeres de Pereira. El objeto del
contrato fue: “[…] [e]ntregar en comodato a la Reclusión de Mujeres de Pereira, una
sala virtual para las diligencias que se hacen a través de audiencias en el interior de
esa institución penitenciaria, y diez (10) equipos de cómputo […]”.
64. Copia del contrato de comodato 58 de 3 de diciembre de 2015 suscrito entre
el Departamento de Risaralda y la Cárcel Distrito Judicial Pereira. El objeto del
contrato fue: “[…] [e]ntregar en comodato a la Cárcel Distrito Judicial Pereira, bienes
muebles propiedad del Departamento de Risaralda, con el fin de apoyar el programa
de resocialización de la población reclusa del Departamento de Risaralda […]”.
65. Copia del contrato de comodato 59 de 15 de diciembre de 2016 suscrito entre
el Departamento de Risaralda y el Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Santa Rosa de Cabal (EPMSC). El objeto del contrato
fue: “[…] el préstamo de uso, que hace el DEPARTAMENTO DE RISARALDA al
Comodatario […] de dos (2) equipos de cómputo, Marca Hp […]”.
66. Comunicación de aceptación de oferta invitación de mínima cuantía núm.
SG-IPMC-0004-201660 de 13 de diciembre de 2016, que corresponde al contrato de
suministro para la adquisición de kits de aseo personal con destino a los
establecimientos penitenciarios, mediante el cual el Departamento de Risaralda
acepta la oferta a la sociedad INVERGLOBAL, para: “la adquisición de kits de aseo
personal con destino a los establecimientos penitenciarios”.
67. Copia de la escritura pública61 núm. 1977 del 23 de octubre de 2014 otorgada
en la Notaría Sexta de Pereira, por la cual el Departamento de Risaralda hizo cesión
a título gratuito del lote denominado “El Pílamo” vereda La Honda de Pereira para
la Construcción del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Pereira, el cual se encuentra en etapa contractual por parte de la
USPEC.
57 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 47.
58 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 47.
59 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 47.
60 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 47.
61 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 47.
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68. La Sala considera que, de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
68.1. El artículo 17 de la Ley 65 ordena a los municipios la creación, fusión o
supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad
policiva. Para la Sala, del análisis probatorio, se determinó que el Municipio de
Guática no cuenta con un establecimiento carcelario que cumpla con el
requerimiento legal supra, como lo demuestra la respuesta del Comandante de
Policía del Departamento de Risaralda, en la que se indica que el municipio tiene
una sala con capacidad para 2 detenidos y para la fecha de los hechos que
convocan este medio de control, la ocupación de la misma era 0.
68.2. En relación con la información suministrada por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- en la que se manifiesta que, para la fecha, “[…]
[n]o hay personal detenido por Contravenciones […], podría entenderse a primera
vista que no es posible deducir la configuración del fenómeno de hacinamiento que
se presenta en los establecimientos carcelarios de Risaralda; sin embargo, esta
Sala llama la atención respecto de la interpretación sistemática del artículo 17 de la
Ley 65 y la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional sobre las
obligaciones a nivel nacional y territorial en el Sistema Penitenciario y Carcelario.
68.3. En ese sentido, la misma disposición normativa ordena incluir las partidas
necesarias en los presupuestos departamentales y municipales para garantizar la
custodia de la población privada de la libertad bajo detención preventiva.
Igualmente, otras disposiciones de la Ley 65 desarrollan la obligación mencionada.
Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que:
“[…] la ley y la jurisprudencia establecen con claridad cuál es el tratamiento de las
personas privadas de la libertad bajo detención preventiva. Las reglas
jurisprudenciales descritas demuestran, por una parte, que el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario no solo depende del cumplimiento de funciones de
entidades nacionales, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la
Uspec, principalmente; sino que también exige de la concurrencia y coordinación
de las competencias de las entidades territoriales, quienes deben colaborar
con las personas que se encuentran privadas de la libertad bajo detención
preventiva […]”62 (Destacado fuera de texto).
62 Corte Constitucional; sentencia C-395 de 4 de junio de 2020; M.P. Cristina Pardo Schlesinger. SV. Diana
Fajardo Rivera. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. José Fernando Reyes Cuartas.
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68.4. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia C- 471 de 1995,
destacó apartes de la exposición de motivos 63 del proyecto de ley presentado al
Congreso, que culminó con la promulgación de la Ley 65, y resaltó lo siguiente:
“[…] Los establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la
promiscuidad y el hacinamiento. En épocas anteriores esto era dantesco pero
ahora con las vigentes normas penales y procedimentales, la población carcelaria
ha disminuido notablemente. De todas maneras en ciudades como Medellín,
Cali y Cartagena, ante la ausencia de cárceles municipales los
contraventores son enviados a los establecimientos nacionales.
Esto da origen al hacinamiento y de manera muy particular a la violación de
las reglas mínimas que establecen la separación entre condenados,
sindicados y contraventores.
La razón es que la pena de arresto tiene la exclusiva función de ser
retributiva y a lo más, correctiva. Como nuestras cárceles crean estigmas
sociales, mandar a una persona a un centro de reclusión es imprimirle una
marca denigrante y sobre todo, es involucrarlo en un ambiente dañino y
peligroso.
Sin embargo, en ausencia de cárceles municipales y departamentales la
Nación ofrece a estos entes, alojar a sus contraventores en las cárceles
nacionales con el requisito de firmar un contrato, en el cual se fijan las
obligaciones que hagan menos onerosa la carga del Estado. En efecto, los
municipios y departamentos deben pagar entre otras cosas, la alimentación
de los arrestados, la dotación de los elementos y recursos necesarios para
ellos y un sobresueldo a los funcionarios de la cárcel, por la razón justa, de
que a ellos, se les recargan con exceso las funciones.
Desde luego lo ideal es que municipios y departamentos tengan sus propias
cárceles […]” (Destacado fuera de texto).
69. Adicional a lo anterior, la Sala tendrá en cuenta las consideraciones
expuestas por esta Sección en sentencias indicadas en el acápite “Desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el
hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda” supra, de esta
providencia, en especial, la sentencia de 28 de septiembre de 2023 64, sobre el
estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario declarado
por la Corte Constitucional con ocasión a la crisis de hacinamiento de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios en el Departamento de Risaralda y las
obligaciones de los entes territoriales en la materia, para superar dicha situación.
70. El estado de cosas inconstitucional fue declarado por la Corte Constitucional
por medio de las sentencias T-153 de 1998 65, T-388 de 202366, T-762 de 2015 67 y
63 Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992, página 3.
64 Consejo de Estado, Sección primera; NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.
65 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
66 Corte Constitucional. Sentencia T-388 del 28 de junio de 2913, M.P. María Victoria Calle Correa.
67 Corte Constitucional. Sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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SU-122 de 202268. En ellas, se expusieron las principales causas de la violación a
los derechos de las personas privadas de la libertad.
“[…] En la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional en sede de tutela,
buscó determinar si las condiciones en las que estaban albergados los internos de
las cárceles nacionales Modelo de Bogotá y Bellavista en Medellín, constituían la
violación de sus derechos fundamentales. A partir del análisis de la situación de
hacinamiento en ambas cárceles, evaluó la sobrepoblación carcelaria en el país,
para declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, afirmando que la
sobrepoblación carcelaria iba en contravía de los objetivos del sistema penitenciario
que busca la resocialización del infractor de la ley penal y sostuvo con apoyo en
nutrida jurisprudencia constitucional69, que a los reclusos pese a soportar un vínculo
de sujeción para con el Estado que les limita algunos derechos 70, se les debe
mantener incólumes los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, la igualdad,
a la libertad religiosa, a la salud y al debido proceso.
En esta sentencia, la Corte ordenó notificar la existencia del estado de cosas
inconstitucional a las autoridades competentes; revocar las sentencias que
denegaron las tutelas; y al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al
Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan de construcción y refacción
carcelaria, que debería cumplirse totalmente en un término perentorio, con miras a
garantizar a los internos de los centros de reclusión condiciones mínimas de
dignidad; separar los internos sindicados de los condenados en las prisiones; tomar
medidas necesarias para resolver carencias de personal especializado; y a las
entidades territoriales adoptar medidas necesarias para cumplir con su obligación
de crear y mantener centros de reclusión propios.
En la sentencia T-388 de 2013 La Corte en este fallo determinó que las autoridades
demandadas vulneraban los derechos a la dignidad humana, a la vida, a la salud y
a la resocialización de los internos, por las lamentables condiciones de reclusión y
en especial, por el grave hacinamiento que atravesaban los centros penitenciarios
objeto de la acción de tutela71.
La Corte aseveró que el sistema penitenciario y carcelario se encontraba
nuevamente en un estado de cosas inconstitucional 72 causado por fallas
estructurales de la política criminal a lo largo de todas sus etapas 73 y refirió que el
exceso del castigo penal y el encierro generaba una demanda de cupos para la
privación de la libertad y de condiciones deplorables que era insostenible para el
Estado, imponiendo órdenes específicas a los establecimientos y autoridades
carcelarias objeto de las acciones de tutela interpuestas por los reclusos 74.
68 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
69 Las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero; T-
596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993, M.P.
Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420
de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
70 A los reclusos se les suspenden los derechos de libertad física, locomoción y derechos políticos y restringe
los derechos de la intimidad, de reunión o asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.
71 Evaluó 9 expedientes de tutelas presentadas por personas privadas de la libertad en 6 diferentes centros
penitenciarios así: la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín,
San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja.
72 Pese a las cuantiosas inversiones efectuadas con ocasión de la observancia a las órdenes imparti das en la
sentencia T-153 de 1998 del Tribunal Constitucional, lo cual permitía considerar la superación de la
problemática.
73 Normativa, investigación y judicialización procesal y de ejecución de pena (política carcelaria).
74 El estado de cosas inconstitucional se generó “…por cuanto (i) los derechos constitucionales de las personas
privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de respeto, protección
y garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha
institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano; (iv) hay una
ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia; (v)
la solución de los problemas estructurales compromete la intervención de varias entidades, que deben realizar
acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas privadas de la libertad que se ven
enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus
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Ordenó que a raíz del estado de cosas inconstitucional que declaró, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, debía
convocar en un término perentorio al Consejo Superior de Política Criminal para
continuar adoptando las medidas necesarias para superarlo, así como remitir los
informes de verificación a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo para constatar el cumplimiento de la sentencia frente a las órdenes
específicas dadas.
En la sentencia T-762 de 2015. La Corte Constitucional puso de presente que la
situación en los centros de reclusión seguía siendo contraria a la Constitución de
1991, por lo que reiteró el estado de cosas inconstitucional en el Sistema
Penitenciario y Carcelario, declarado en la sentencia T-388 de 2013, “[…] como
consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas
directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando el
compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se
desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de
reclusión sobre los que versa el presente análisis […]”.
Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional en la
sentencia previamente citada fueron: i) la desarticulación de la política criminal y el
estado de cosas inconstitucional; ii) hacinamiento y otras causas de violación masiva
de derechos; iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas. Falta de
articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del Derecho; iv)
sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país, y v) las condiciones
de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los establecimientos
penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano propiciado por el Estado.
Frente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, resaltó que a
pesar de las órdenes emitidas desde 1998 dirigidas a las diferentes entidades
estatales para lograr separar a los condenados de los sindicados, éste sigue siendo
un problema grave que influye en la crisis del sistema penitenciario y carcelario del
país. Sostuvo que según lo informado por el Ministerio de Justicia y del Derecho
“[…] a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad en los
establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población, es decir
44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados) […]”. Recordó que,
conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 22 de la Ley 65 de 1993 modificados
y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014, las entidades territoriales (departamentos,
municipios, áreas metropolitanas y distritos) son competentes para crear, fusionar,
suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener y vigilar las cárceles para las
personas detenidas preventivamente, por lo que le solicitó al Ministerio de Justicia y
del Derecho llamar a los entes territoriales para que se involucren al proceso de
formación y adecuación que está adelantando esa cartera ministerial y dispongan
todas las acciones administrativas, presupuestales y logísticas para así dar
cumplimiento con las obligaciones impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus
modificaciones.
Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó:
“[…] 86. A pesar de las órdenes emitidas desde 1998, dirigidas a diferentes
entidades estatales para lograr separar los condenados de los sindicados,
éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país. Según el Ministerio de Justicia y del
Derecho, “a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la
población, es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente
(sindicados)”. Para el caso concreto, la Defensoría realizó un informe
detallado que da cuenta de la proporción entre sindicados y condenados en
derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial
se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo.(...)”
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los 16 centros de reclusión que aquí se estudian. Ese informe se puede
sintetizar en el siguiente cuadro:
Tabla 1. Población recluida sindicada y condenada en los
establecimientos de reclusión accionados
Establecimiento Sindicados Condenados
penitenciario
Cárcel Modelo de 1204 3703
Bucaramanga
Cárcel La 40 de 527 907
Pereira
EPMSC de Santa 80 189
Rosa de Cabal
EPMSC El Pedregal de 1530 4567
Medellín
Cárcel Modelo de 3703 1204
Bogotá
Penitenciaría de 1453 2893
Cúcuta
EPMSC de Anserma 89 174
Cárcel de San Vicente 30 46
de Chucurí
Cárcel de las 215 122
Mercedes de Cartago
Cárcel de Palmira 1066 1793
Cárcel El Cunduy de 292 716
Florencia
EPMSC de Itagüí 292 716
Cárcel de Villa Inés de 365 567
Apartadó
Cárcel La Vega de 1023 273
Sincelejo
Cárcel de Roldanillo 51 83
Cárcel de 996 687
Villavicencio
[…]”. (Negrillas del original).
Con el propósito de contener la grave situación que se presenta en el
Sistema Penitenciario y Carcelario del país y detener la vulneración de los
derechos de la población privada de la libertad, la Corte profirió unas órdenes
de carácter general o estructural para dar forma y dinamismo al estado de
cosas inconstitucionales declarado en el 2013.
Así, creo una delegación encargada del seguimiento del estado de cosas
inconstitucionales en materia carcelaria en la que el liderazgo del
seguimiento lo sumiría la Defensoría del Pueblo, la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia estaría a cargo de la Procuraduría General
de la Nación y la “articulación de las entidades concernidas” estaría a
cargo del Ministerio de la Presidencia de la República.
La Corte Constitucional fijó unas condiciones para la superación del estado
de cosas inconstitucionales y estableció unos criterios generales y
específicos para determinar la posibilidad de su levantamiento. Frente a los
criterios generales señaló que su declaratoria perdurará mientras no se
verifique que las medidas asumidas por la administración para llegar a
superarlo, hayan impactado en forma favorable a los reclusos, y que tal
impacto tenga vocación de progresividad y sea sostenible en el tiempo. En
cuanto a los criterios específicos precisó que se deben consolidar metas que
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se impondrán respecto de todas las problemáticas analizadas en la
sentencia, específicamente, en lo que atañe al carácter masivo del
desconocimiento de los derechos fundamentales sostuvo que tendrá varias
etapas: una fase inicial en la que las medidas de política pública empezarán
su implementación; una fase intermedia hacia la renovación de la política
criminal; una tercera fase intermedia hacia la renovación de la política
criminal y, finalmente, una cuarta fase de superación del carácter masivo del
compromiso de derechos.
Sobre el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas, aspectos relevantes en el presente proceso, señaló que la
situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la indefinición
de su participación o de la comisión de una conducta punible, pues aún en
ese estadio, no se ha hecho declaración de culpabilidad alguna; no obstante,
se encuentran condenados y sindicados en un mismo establecimiento
penitenciario.
En esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que las personas sindicadas
debían estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente al dispuesto
para la privación de la libertad de las personas que han sido condenadas por
algún crimen. Afirmó que lo anterior permitirá efectuar sistemas de disciplina
y seguridad particulares, que propendan por la convivencia de los sindicados,
pero en el entendido de que como quiera que no han sido declarados
culpables de ningún delito, no puede tratárseles como tales; los programas
de resocialización, entonces no resultan congruentes con su situación, y el
tiempo deberá emplearse en otros menesteres75.
En la sentencia T-762 de 2015, además de las órdenes generales
previamente reseñadas para la superación del estado de cosas
inconstitucionales, se dispuso lo siguiente, frente a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del municipio de Pereira y Santa Rosa de Cabal:
“[…] SEXTO: En el expediente T-3987203, Cárcel “La 40” de Pereira,
REVOCAR el fallo proferido el 5 de junio de 2013, por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido el
17 de abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira. En su
lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la integridad personal,
la vida digna y la salud de los reclusos de los patios tercero, cuarto y quinto
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad
EPMSC, Cárcel La 40 de Pereira.
SÉPTIMO: En el expediente T-3989532, EPMSC de Santa Rosa de Cabal,
REVOCAR el fallo de segunda instancia, proferido el 17 de junio de 2013,
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento
revocó el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal,
el 6 de mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad
humana, la integridad personal, la vida digna y la salud de los reclusos del
EPMSC de Santa Rosa de Cabal.
(…)
Órdenes particulares
VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con apoyo del Ministerio del Interior, por intermedio de su representante legal
o quien haga sus veces, que en el término de un (1) mes contado a partir de
la notificación de esta sentencia, que integre, si aún no lo ha realizado, a los
entes territoriales involucrados en las presentes acciones de tutela, al
proceso de formación y adecuación que está adelantando ese Ministerio, de
75 Pág. 178 ibidem.
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acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus reformas. Los entes
territoriales a los que se refiere esta orden son: los Municipios de
Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta,
Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí,
Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos de Santander,
Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá
y Meta.
VIGÉSIMO CUARTO: INSTAR a los Municipios de Bucaramanga, Pereira,
Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de
Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y
Villavicencio; y a los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia,
Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta, por
intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para
que emprendan todas las acciones administrativas, presupuestales y
logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso seguido,
por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir con las
obligaciones consagradas en la Ley 65 de 1993, sus modificaciones y las
órdenes que surjan de esta providencia […]”. (Negrillas del original).
Finalmente, en la sentencia SU- 122 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo “(…)
mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró
que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la
política criminal era contrario a la Constitución, los hechos analizados en este
proceso demuestran que la situación de los llamados centros de detención
transitoria es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del
Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De este
modo, el estado de cosas inconstitucional cubre a las personas privadas de la
libertad en los referidos lugares transitorios. La situación descrita exige que el
Estado adopte un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y
efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de garantía
y respeto al ser humano (…)”
71. Por lo tanto, para solventar la situación de hacinamiento carcelario se
requiere de la participación de todos los entes territoriales por tener la custodia de
las personas detenidas preventivamente y estar obligados legalmente a la creación,
fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y
vigilancia de las cárceles.
72. La Sala destaca el inciso final del artículo 17, el artículo 18 y el 19 de la Ley
65, los cuales contienen un marco legal de opciones para garantizar el cumplimiento
de la obligación por parte de los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y
distritos. En ese orden: i) “[…] La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar
convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y
el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
[…]”; ii) “[…] [l]os municipios podrán convenir la creación, organización,
administración y sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión. […]”;
iii) “[…] [l]os departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles,
podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus
presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales […]”.
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73. Las anteriores vías legales abren la posibilidad de contratar, celebrar
convenios de integración de servicios y convenir la creación de establecimiento de
reclusión para garantizar el cumplimiento de la carga y ayudar a la superación del
hacinamiento carcelario y penitenciario. No se acompasa con el argumento del a
quo relacionado con el alto despliegue presupuestal que implicaría la construcción
de una cárcel, sin tener presente las alternativas dispuestas para afrontar la crisis.
74. Sin embargo, del análisis probatorio efectuado no se encuentra en el proceso
prueba que indique que el municipio tenga algún convenio, contrato o constancia de
unión con otros entes territoriales para la creación de un establecimiento carcelario
o para la integración de servicios por medio de cláusulas contractuales.
75. Para la Sala de acuerdo con el marco normativo definido en líneas
precedentes, el antecedente jurisprudencial de esta Sección y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional se considera igualmente que la solución
al problema es la articulación y colaboración de todos los municipios que de alguna
manera se pueden beneficiar de los establecimientos de reclusión de orden nacional
que se encuentran en el Departamento de Risaralda para afrontar la crisis carcelaria
que se está presentado.
76. Si bien no está acreditado que las personas detenidas preventivamente y que
pertenezcan al fuero de competencia del Municipio de Guática estén en efecto
recluidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de
Risaralda y que esta situación incida consecuencialmente en el aumento del índice
de hacinamiento de ese departamento, ello no es óbice en estos casos para ordenar
la protección de los derechos colectivos, en los eventos en que la situación pueda
constituir una amenaza.
77. En ese entendido, la Corte Constitucional 76 ha sido enfática en establecer
que el ingreso de un sindicado o condenado a un establecimiento de reclusión
genera el surgimiento de una relación de especial sujeción, que se traduce en un
vínculo jurídico- administrativo, en el que el Estado ostenta la posición de garante,
representado por las autoridades penitenciarias y carcelarias, en la cual se
suspenden o restringen ciertos derechos fundamentales. En ese entendido, surgen
deberes de preservar la eficacia del poder punitivo, el cumplimiento de protoc olos
de seguridad, la garantía de las condiciones de existencia y aquellas relacionadas
76 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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con los fines de la pena, todo ello dentro del marco de los principios de
razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.
78. Por lo tanto, y en relación con el argumento del apelante, para la Sala, por un
lado, “[…] con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para las
personas detenidas preventivamente, las entidades territoriales incurren en una
omisión […]”; y, por el otro, el incumplimiento por parte de las entidades territoriales
en relación con la orden impartida por la norma si vulnera o amenaza los derechos
colectivos de las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones al no contar con una infraestructura adecuada y pabellones que
brinden condiciones dignas y sin hacinamiento.
79. De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de esta sección referenciado
supra, en sentencia de 11 de julio de 2019 se determinó como elemento relevante
que los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de Risaralda
presentan graves condiciones de hacinamiento ocasionadas por la omisión o el
incumplimiento de los entes territoriales de las obligaciones previstas en el artículo
17 de la Ley 65, en efecto se consideró:
“[…] En el caso sub examine, se advierte que la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el fallo de 17 de noviembre 2017,
encontró probado que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Departamento de Risaralda y el
Municipio de Pereira, incurrieron en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos relacionados con la salubridad y seguridad públicas y el goce de un medio
ambiente sano. Lo anterior, por cuanto encontró probadas y acreditadas las
precarias y deficientes condiciones de infraestructura, así como el hacinamiento
carcelario, que soportan en la actualidad los tres (3) centros de reclusión de
Risaralda […]. En efecto, dentro del expediente, se encuentra plenamente
acreditada la vulneración de las garantías colectivas arriba referidas, con ocasión
de la omisión de las entidades accionadas en lo que a la falta de adopción de
medidas de tipo administrativo y presupuestal se refiere; en aras de dar una solución
palpable a la problemática que aquí se zanja […]”.
80. De igual forma en sentencia proferida por la Sección del 14 de septiembre de
2020, se ampararon los derechos e intereses colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la seguridad y
salubridad públicas de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira “Cárcel 40”, del Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y del Centro de Reclusión de
Varones de Santa Rosa de Cabal, que estimó vulnerados por el municipio de Pueblo
Rico. La decisión se fundamentó en que la problemática de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del Departamento de Risaralda debe combatirse de
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manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de
esos establecimientos.
81. El artículo 12 de Ley 1709 77, que modificó el artículo 21 de la Ley 65,
estableció que las cárceles y pabellones de detención preventiva son
establecimientos con un régimen de reclusión cerrado; es decir, aquellos espacios
en los que se limitan, privan o restringen derechos fundamentales . Como lo ha
manifestado la Corte Constitucional 78, la relación de sujeción de las personas
privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades,
obligaciones de protección de sus derechos, como las siguientes: el derecho a tener
condiciones dignas de detención; en el aspecto de infraestructura, se ha destacado
que los locales frecuentados por las personas privadas de la libertada deben estar
mantenidos en debido estado y limpios, los sitios de habitación deben estar en
condiciones adecuadas e higiénicas, las celdas deben contar con buena ventilación
y con acceso suficiente a la luz natural o artificial, no sometimiento a temperaturas
extremas, la reclusión libre de hacinamiento, entre otras.
82. En ese entendido, se probó que el Municipio de Guática no tiene un
establecimiento carcelario de detención preventiva para sindicados y tampoco de
las pruebas aportadas al proceso se demostró que tuviera algún convenio, contrato
o certificado de integración de servicios con otras entidades y entes territoriales para
el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centro de reclusión
del Departamento de Risaralda en relación con el recibo de presos departamentales
o municipales.
83. Para la Sala la omisión legal por parte del Municipio de Guática contribuye
una amenaza de aumento de la situación de hacinamiento del Departamento de
Risaralda, ya reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación. Se probó que
tiene una sala de detención en la unidad policial adscrita al Departamento y tiene
capacidad para albergar dos detenidos, lo que es insuficiente para la atención de la
situación.
84. En orden a lo anterior, para la Sala, el Municipio de Guática, por su omisión,
es responsable a título de amenaza de la situación de hacinamiento carcelario de
los 3 centros de reclusión del Departamento de Risaralda, por lo que se le ordenará
que coadyuve al cumplimiento de las ordenes contenidas en la sentencia proferida
77 Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley
55 de 1985 y se dictan otras disposiciones.
78 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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el proceso identificado con el NUR 660012333000201600526-01, teniendo en
cuenta que se debe verificar el estado actual de las mesas de trabajo integradas por
las entidades referidas en el numeral segundo de la parte resolutiva de esa
sentencia.
85. Finalmente, la Sala no condenará en costas, en esta instancia, por cuanto no
se encuentra probada su causación.
Conclusiones
86. La Sala considera que se encuentra probado que el Municipio de Guática
incurrió en el incumplimiento de la disposición legal prevista en el artículo 17 de la
Ley 65, al no contar con la infraestructura necesaria para atender a la población
sindicada, sujeta a detención preventiva, y con ello contribuir en el aumento del
índice de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento de Risaralda; por tal razón, la Sala revocará la sentencia de 31 de
mayo de 2019 proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda y en su lugar, dispondrá el amparo de los derechos colectivos a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la seguridad y
salubridad pública en los términos expuestos.
87. La Sala estima pertinente que en relación con la exigencia de las autoridades
que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de
trabajo establecidas por la sentencia del 11 de julio de 2019, en lo que tiene que ver
con el aporte del Municipio de Guática para solucionar la problemática de
hacinamiento carcelario del departamento, deberán tener en cuenta en su
ponderación el promedio de detenidos a cargo del municipio y la población que
habita en él, esto respecto de los demás entes territoriales que la integran.
88. La Sala ordenará igualmente al Municipio de Guática que, en el término de
(8) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicite a las entidades
que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de
2019 su inclusión a las mismas para garantizar la superación de la situación.
89. Se ordenará la notificación de esta sentencia al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al INPEC, la USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al Gobernador
del Departamento de Risaralda, a la Defensoría Pública del Pueblo – Regional
Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos, entidades que
conforman las mesas de trabajo en mención, para efecto de que se dé cabal
cumplimiento a esta sentencia.
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90. La Sala se abstendrá de emitir orden alguna respecto del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Departamento de Risaralda, la USPEC y el INPEC, por
cuanto dichas entidades ya son destinatarias de órdenes concretas en la sentencia
de 11 de julio de 2019, que propenden por solucionar el hacinamiento carcelario en
el Departamento; y de conformar un comité de verificación de esta providencia, por
cuanto lo dispuesto en la sentencia en mención, resulta suficiente para efectuar el
seguimiento de lo decido en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, AMPARAR los derechos
colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la seguridad y salubridad públicas de la población carc elaria del
municipio de Guática y del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio
de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones
de Santa Rosa de Cabal, amenazados por el municipio de Guática, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Guática que, respecto de los
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira –
EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira –
“Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal”,
coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales primero, segundo
y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de 2019, proferida por
esta Sección dentro del expediente AP-660012333000201600526-01, en los
términos que indicados en la parte motiva de esta sentencia.
Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran
las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019, a efectos
de exigir el aporte del Municipio de Guática para solucionar la problemática de
hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos
preventivamente que se encuentren a cargo de dicho Municipio.
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El Municipio de Guática deberá solicitar a las entidades que conforman las mesas
de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019, dentro de los ocho (8)
días siguientes a la notificación de esta sentencia, su inclusión a las mismas para
efecto de contribuir a la solución de la problemática.
TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al
Gobernador del Departamento de Risaralda, a la Defensoría Pública del Pueblo
Regional de Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos; entidades
que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de
2019 proferida por esta Sección dentro del expediente AP-
660012333000201600526-01, para efecto de que se dé cumplimiento a esta
providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: No condenar en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Risaralda, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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