Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2016-00520-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2016-00520-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2016-00520-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 660012333000201600520-02
Actor: Defensoría del Pueblo Regional Risaralda
Coadyuvante: Javier Elías Arias Idárraga
Demandados: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento de
Risaralda y Municipio de Mistrató
Vinculados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC
Asunto: Resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA, EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del Pueblo
Regional de Risaralda, en adelante la parte actora, contra la sentencia de 8 de
noviembre de 2019 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
1. La parte actora presentó1 demanda en ejercicio del respectivo medio de
control contra el Municipio Mistrató; el Departamento de Risaralda; y la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, con el objeto de lograr la protección de los
derechos e intereses colectivos a: i) a la moralidad administrativa; ii) seguridad y
1 Cfr. Folio 1 a 21 del Cuaderno 1
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salubridad públicas; y iii) el acceso a una infraestructura de servicios que garantice
la salubridad pública.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] PRIMERO: Declarar que el MUNICIPIO DE MISTRATÓ, el DEPARTAMENTO
DE RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO;
vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos del municipio de Mistrató;
relacionados con la moralidad administrativa, la seguridad como el acceso a la
infraestructura de servicios que garantice la seguridad y la salubridad públicas.
SEGUNDO: Ordenar al MUNICIPIO DE MISTRATÓ, el DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, y la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, que
en el término de un (01) mes o en el término máximo fijado por el Despacho,
contado a partir de la ejecutoria de la Sentencia, si a dicha fecha no se hubiere
efectuado, adopten las medidas necesarias y técnicamente viables con el fin de
hacer cesar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad, la moralidad
administrativa, el goce a un ambiente sano, y en general los que sean necesarios,
de conformidad con los hechos descritos en la presente demanda, y las
recomendaciones que dentro de la misma se llegaren a concluir, tendientes a
conjurar los referidos riesgos y/o desastres técnicamente previsibles, garantizando
los recursos y los instrumentos necesarios para facilitar la creación, fusión o
supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las
cárceles para las personas detenidas preventivamente, conforme lo ordena la Ley
65 de 1993.
TERCERA: Que las entidades demandadas acaten inmediatamente la orden que
su despacho le imparta, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Que las entidades demandas (sic) sean condenadas en costas a favor
de la Defensoría del Pueblo – Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos […]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1 Afirmó que desde la entrada en vigencia de la Ley 65 de 19 de agosto de
19933, “[…] Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario […]”, existe
un marco legal establecido por los artículos 17, 18 y 19, que asigna a las entidades
territoriales competencias y obligaciones expresas en materia carcelaria, y que, se
mantienen vigentes aun con la entrada de la Ley 1709 de 20 de enero de 20144.
3.2 Indicó que el artículo 17 de la Ley 65 contiene un mandato legal dirigido a
las entidades territoriales, que consiste en la asignación en el presupuesto
2 Cfr. Folio 1 a 21 del Cuaderno 1
3
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
4 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones […]”
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municipal y departamental de las partidas necesarias para los gastos en las
cárceles
3.3 Señaló que de acuerdo con el artículo 19A de la misma Ley 65, además de
las funciones definidas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489
de 29 de diciembre de 19985 y en las demás leyes, el Ministerio de Justicia y del
Derecho tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento
CONPES6 para garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.
3.4 Manifestó que es de público conocimiento los altos índices de hacinamiento
que se presentan en el sistema penitenciario de orden nacional y, en especial, los
que se presentan en los tres centros de reclusión de Risaralda; Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -EPMSCPI- “Cárcel
La 40”; Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea”; y
Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal.
3.5 Resaltó que corresponde a las entidades accionadas, cumplir la normativa
mencionada y garantizar los recursos e instrumentos necesarios para facilitar la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente, para concretar las condiciones mínimas que garanticen la vida
digna de las personas.
3.6 Afirmó que, con la ausencia de edificaciones para las personas detenidas
preventivamente, las entidades territoriales incurren en una omisión de una
obligación que no es opcional o facultativa. Dicha vulneración amerita el amparo
de los derechos colectivos invocados.
3.7 Precisó que la Defensoría del Pueblo, por medio de Oficio núm. 1411 de 15
de abril de 2015, requirió al Municipio de Mistrató, solicitando que informara si
contaba con el espacio para el funcionamiento de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente, el cual respondió con Oficio de 30 de abril de 2015.
3.8 Mencionó que la Defensoría del Pueblo, por medio de Oficio 1194 de 6 de
abril de 2016, requirió al Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitando se
informara si en esa municipalidad se contaba con el espacio para el funcionamiento
5 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en
los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.”
6 Consejo Nacional de Política Económica y Social.
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de las cárceles para las personas detenidas preventivamente, el cual fue
contestado con el oficio OFI 16-0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016.
3.9 Expuso que la Defensoría del Pueblo, por medio de oficios núms. 1412 de
15 de abril de 2015 y de 25 de mayo de 2016, requirió al Departamento de
Risaralda para que informara si en esa municipalidad se contaba con el espacio
para el funcionamiento de las cárceles para las personas detenidas
preventivamente. El Departamento de Risaralda contestó mediante Oficio núm.
13762 del 11 de julio de 2016.
Contestaciones de la demanda
4. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho presentó escrito de
contestación7, mediante apoderada, en el que se opuso a las pretensiones de la
parte demandante. Propuso la excepción que denominó: “falta de legitimación
material en la causa por pasiva”. Manifestó que no tiene competencia funcional
especifica por no tener asignadas las atribuciones para cumplir o solucionar
directamente conflictos en materia de sanidad, infraestructura puntual y
administración de un establecimiento penitenciario y carcelario, sobre todo, cuando
son de detención preventiva. Por ello aclara que las competencias legales y
reglamentarias están determinadas en el Decreto 2897 de 20118. Indicó que en
materia penitenciaria y carcelaria no es competente para adoptar las medidas
administrativas tendientes a atender asuntos al interior de los centros
penitenciarios y carcelarios.
4.1 Propuso la excepción que denominó “Inexistencia de incumplimiento de las
obligaciones a su cargo ni vulneración de derechos e intereses colectivos por parte
del Ministerio de Justicia y del Derecho”. Adujo que no es la entidad encargada
directamente de satisfacer los servicios a los internos recluidos en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios porque dentro del ámbito de sus
atribuciones ha realizado sus obligaciones de coordinación, seguimiento y fijado
los lineamientos de política criminal y penitenciaria que le competen frente a la
problemática carcelaria.
4.2 Resaltó que, en el marco de su competencia de diseñar, hacer seguimiento
y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y penitenciaria y con el ánimo
de superar la problemática del sistema penitenciario y carcelario, ha estado al tanto
7 Cfr. Folio 42 a 52 del Cuaderno 1
8 “[…] Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia
y del Derecho y se integran el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho […]”
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del plan de construcción y refacción carcelaria tendiente a garantizar a los reclusos
condiciones de vida digna y presentó el proyecto de reforma al Código
Penitenciario y Carcelario. Recordó que, en cumplimiento de lo ordenado por la
Corte Constitucional, el Gobierno Nacional a partir del año 2000, inició un proceso
de transformación del sistema penitenciario con una infraestructura programada a
partir de estudios y diseños. De igual manera manifestó que con el objeto de
garantizar condiciones de reclusión dignas y la efectiva resocialización en materia
de infraestructura, el Ministerio, junto con la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC, viene trabajando en la ampliación de cupos y en la
construcción de 6 establecimientos que permita la ampliación den cifra cercana a
los 26.000 cupos nuevos.
4.3 Señaló que el Gobierno Nacional no es el único responsable en materia de
infraestructura carcelaria, también los gobernadores y alcaldes deben asumir su
responsabilidad en la construcción y mantenimiento de los centros de detención
preventiva, especialmente porque el número de personas condenadas es similar
al número de cupos existentes en el sistema penitenciario y carcelario; es decir, la
sobrepoblación estaría dada por las personas en condición de detención
preventiva.
4.4 Propuso además las excepciones que denominó “Imposibilidad de
imputación jurídica eficiente de responsabilidad en cabeza del Ministerio de
Justicia y del Derecho (ausencia de nexo causal)” y “Improcedencia de imputación
de responsabilidad por falla relativa del servicio”.
5. El Municipio de Mistrató, a través de su apoderado, presentó un escrito9
de oposición a las pretensiones de la demanda, basado en la Constitución Política,
la Ley 472 de 5 de agosto de 199810, la Ley 1437 de 18 de enero de 201111 y la
Ley 1564 de 12 de julio de 201212, para lo cual propuso las siguientes excepciones
denominadas: i) “Inepta Demanda; ii) “Insuficiencia probatoria de la violación o
puesta en peligro de derechos colectivos”; “iii) Inadecuación de la acción” ; iv) “Falta
de necesidad” ; y v) “Estado de cosas inconstitucionales”.
5.1 En primer lugar, argumentó que no se cumplió con el requerimiento previo
del inciso 3° del artículo 144 de la Ley 1437, que exige solicitar a la autoridad
competente la adopción de medidas necesarias para proteger el derecho o interés
9 Cfr. Folio 53 a 70 del Cuaderno 1
10 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio
de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
11 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
12 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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colectivo amenazado o vulnerado. Asimismo, alegó que no se acreditó
adecuadamente la violación del principio de legalidad, indispensable para
establecer la vulneración de la moralidad administrativa. En relación con la
“seguridad como acceso a la infraestructura que garantice la salubridad y la
salubridad pública”, el demandante no demostró el hecho supuesto conforme al
artículo 167 de la Ley 1564 en conjunto con el artículo 30 de la Ley 472.
5.2 Además, el Municipio sostuvo que la finalidad buscada es cumplir con el
artículo 17 de la Ley 65, más que proteger los derechos colectivos invocados, lo
cual contraría el propósito de las acciones populares según el artículo 2 de la Ley
472.
5.3 En cuanto a la falta de financiamiento y priorización del gasto, destacó que,
aunque el Ministerio de Justicia y del Derecho promovería un CONPES para
financiar las obligaciones de la Ley 65 a cargo de las entidades territoriales, los
municipios de menor categoría tienen un presupuesto limitado para la ejecución de
diversos programas, por lo que el Municipio de Mistrató no cuenta con recursos
suficientes para mantener una cárcel sin afectar otros programas sociales.
5.4 También subrayó que no existe una urgencia real y actual para la
construcción de centros penitenciarios, dada la baja tasa de criminalidad en el
municipio.
5.5 Finalmente, citó la sentencia T-153 de 1998, que declaró la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en las prisiones, junto a la sentencia T-388 de
2013, que reconoció los esfuerzos en la construcción de infraestructura
penitenciaria para ampliar la cobertura, posición reiterada en la sentencia T-762 de
2015.
5.6 Para constatar lo indicado solicitó la declaración del señor William de Jesús
Nayasa Enebia, Secretario de Gobierno, Administrativo y de Educación del
municipio, y del intendente Henry Cabrera Agudelo, comandante de la Estación de
Policía de Mistrató.
6. El Departamento de Risaralda presentó escrito13, mediante apoderado,
en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Se
pronunció en relación con los hechos y pretensiones de la demanda y, en especial,
señaló que no se contempla en la Constitución Política, ni en la ley que el
13 Cfr. Folio 71 a 92 del Cuaderno 1
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Departamento de Risaralda tenga a su cargo la construcción, la administración, la
custodia y seguridad de las cárceles para personas detenidas preventivamente o
condenados y sindicados por contravenciones.
6.1 Afirmó que, por medio de la Ley 65 se creó el Sistema Nacional Penitenciario
y Carcelario, modificado por la Ley 1709; el Decreto 407 de 1994 estableció el
régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; el Decreto
2897 de 2011, define al instituto como entidad adscrita, vinculada al Ministerio de
Justicia y del Derecho, creado mediante el Decreto 2160 de 1992, resultante de la
fusión de la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Justicia. La Ley 65 creó el Consejo Superior de Política
Criminal y agregó que de él no hacen parte los departamentos y no han sido
creados a nivel territorial, como los Comités Territoriales de Seguimiento al
Sistema Penal Acusatorio.
6.2 Resaltó que, dentro de las funciones del Consejo Nacional de Política
Carcelaria y Penitenciaria, está la de hacer seguimiento de la problemática del
sistema penitenciario y carcelario colombiano.
6.3 Concluyó en síntesis que, a pesar de no estar obligado por la norma, si ha
dado cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en diversas
sentencias contribuyendo con el instituto cediendo el lote de terreno de propiedad
del departamento denominado “El Pílamo” ubicado en la vereda La Honda del
Municipio de Pereira, en el cual se construirá el establecimiento penitenciario y
carcelario de mediana seguridad de Pereira como consta en la Escritura Pública
núm. 1977 de 2014.
6.4 Manifestó que ha incluido en su presupuesto una partida para atender los
requerimientos de las entidades competentes en materia penitenciaria y carcelaria
con el fin de colaborar con la solución de la crisis carcelaria. Propuso las
excepciones que denominó: i) “La falta de legitimación en la causa por ser ésta
pasiva”; y ii) “Existencia de precedente en materia carcelaria y penitenciaria y cosa
juzgada”.
6.5 Solicitó la vinculación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC; y la acumulación de los procesos en los que la Defensoría del Pueblo
Regional Risaralda es el actor contra los siguientes municipios: i) Belén de Umbría,
con número de radicado 2016-00517-00; ii) Quinchía, con número de radicado
2016-00525-00; y iii) Pueblo Rico, con número de radicado 2016-00524-00, dado
que todos comparten la misma petición.
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7. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- en su escrito de
contestación14, presentado por intermedio de su apoderada, manifestó que “[…]
Coadyuvo las pretensiones de la parte demandante, habida consideración es
demostrativo que su acción va encaminada a las entidades que por mandato legal
deben cumplir con la obligación de GARANTIZAR LOS RECURSOS Y LOS
INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA CREACIÓN, FUSIÓN O SUPRESIÓN,
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SOSTENIMIENTO Y
VIGILANCIA DE LAS CÁRCELES PARA LAS PERSONAS DETENIDAS
PREVENTIVAMENTE, CONFORME LO ORDENA LA LEY 65 DE 1993 […]”.
7.1 En cuanto a las excepciones, el INPEC formuló dos principales, primero, la
“Inexistencia del hecho dañino”, argumentando que no tiene responsabilidad sobre
los hechos narrados, ya que la obligación de crear y mantener los centros
penitenciarios recae sobre los entes territoriales, según lo dispuesto en la Ley 65,
modificada por la Ley 1709; y la “Falta de legitimación en la causa por pasiva”,
sosteniendo que el accionante no reconoció adecuadamente al INPEC como parte
del proceso debido a su falta de competencia legal y constitucional para adoptar
medidas destinadas a cesar la violación de los derechos e intereses colectivos.
7.2 Indicó que sus funciones recaen sobre la inspección y vigilancia de las
cárceles de las entidades territoriales, no obstante, estos centros penitenciarios
“[…] no existen en el departamento de Risaralda y las que existieron fueron
cerradas, trasladando la responsabilidad al INPEC del personal con detención
preventiva […]”.
7.3 Resaltó la relevancia de diferenciar entre sindicados y condenados,
señalando que la reclusión de personas sindicadas o detenidas preventivamente
corresponde a los entes territoriales, mientras que la de los condenados es
competencia del INPEC, ante la omisión de los entes territoriales, es el INPEC el
que se ve obligado a asumir dicha carga.
7.4 Mencionó que conforme al artículo 12 de la Ley 65, es obligación de los
entes territoriales crear establecimientos para las personas detenidas
preventivamente, siendo esta “[…] una responsabilidad continua que implica tener
una política penitenciaria no solo para albergar a las personas investigadas
penalmente, sino también para prevenir el delito. […]”
14 Cfr. Folio 130 a 156 del Cuaderno 1
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7.5 Aunado a lo anterior, conforme al artículo 17 ibidem existe un mandato legal
que obliga a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y el distrito
capital a hacerse cargo de la creación, fusión, supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para personas detenidas
preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de
libertad, advirtiendo que esta responsabilidad no es opcional, sino una obligación
legal expresa.
7.6 Informó sobre el proyecto de construcción del establecimiento carcelario
denominado "El Pilamo" en el Departamento de Risaralda, el cual actualmente se
encuentra en etapa de licitación y es gestionado por la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC; además precisó que este está siendo objeto
de una acción popular con el radicado 66001-23-33-0003-2017-00646-00.
7.7 Manifestó que mediante el Decreto 41450 de 2011 se da vida jurídica a la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, “[…] siendo una entidad
independiente y autónoma del INPEC con personería y patrimonio propios con la
obligación y facultad de proveer la alimentación, el servicio de Salud al personal
interno, de la infraestructura de los Establecimientos Penitenciarios del orden
nacional […]”.
8. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- presentó
escrito de contestación15 el que se opuso a todas y cada una de las pretensiones
de la demanda, en tanto conforme a los hechos narrados no es responsable ni por
acción ni omisión sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados.
8.1 Precisó que los proyectos que se ejecutan se limitan por el presupuesto
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público conforme al inciso 4° del
artículo 116 de la Ley 65 de 1998, modificada por la Ley 1709 de 2014.
8.2 Afirmó que de conformidad con el artículo 17 ibidem, es competencia de los
departamentos, municipios y áreas metropolitanas, la dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen la
privación de la libertad; en todo caso, indicó que es el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario quien ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles
de las entidades territoriales porque le asiste una posición de garante en todos los
15 Cfr. Folio 210 a 222 del Cuaderno 2
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casos que, en virtud de una orden judicial, una persona deba permanecer privada
de la libertad.
8.3 Resaltó que para definir las necesidades de los establecimientos carcelarios
que requieren atención, se ha atendido lo determinado en el numeral 16 del artículo
2° del Decreto Ley 4151 de 2011 así: el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
determina las necesidades en materia de infraestructura, bienes y servicios para
cumplir con sus objetivos y funciones, y requerir su suministro a la Unidad. En ese
sentido, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, por medio de las
visitas de la Dirección de Infraestructura, verifica con los directores de los
establecimientos las áreas más urgentes por atender y proyecta la definición de
los criterios de priorización para su intervención en materia de mantenimiento y
adecuación, así como de generación de cupos en los diferentes establecimientos
a nivel nacional.
8.4 Propuso la excepción que denominó: falta de “Legitimación en la causa por
activa”, reiterando que la USPEC carece de competencia en el asunto en
referencia, por lo indicado previamente.
9. El señor Javier Elías Arias Idarraga16 pidió que se le reconociera como
coadyuvante en el proceso de la referencia, solicitó que se acumulen todos los
procesos sobre la materia, se dé amplia difusión y celeridad al proceso.
La audiencia de pacto de cumplimiento
10. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 29 de
noviembre de 201817, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio.
Sentencia proferida, en primera instancia
11. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Risaralda
profirió sentencia18 el 8 de noviembre de 2019, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] VI. FALLA
1. Declarar no probada las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, propuestas por el departamento de Risaralda, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el INPEC y la USPEC.
2. Se NIEGAN las súplicas de la demanda.
16 Cfr. Folio 28 del Cuaderno 1.
17Cfr. Folio 165 a 167 del Cuaderno 1
18 Cfr. Folio 267 a 281 del Cuaderno 2
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3. No habrá condena en costas, ni reconocimiento de incentivo económico, por lo
expuesto en la motiva.
4. De conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría envíese
copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de la presente sentencia a
la Defensoría Regional del Pueblo.
5. Expídanse por Secretaría y a costa de la parte procesal interesada, las copias
que sean solicitadas sobre este expediente […]”.
Consideraciones del Tribunal
12. El Tribunal consideró el problema jurídico en los siguientes términos “[…]
si las entidades accionadas transgreden los derechos e intereses colectivos a la
moralidad administrativa y la seguridad como el acceso a la infraestructura de
servicios que garantice la salubridad y la salubridad pública, por la presunta
omisión en sus funciones de creación, fusión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles en los términos que
establece el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 […]”.
12.1 El Tribunal, luego de establecer el alcance normativo y jurisprudencial de
la procedencia de la acción popular, resolvió sobre las excepciones: “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”; y “Existencia de precedente y efecto de cosa
juzgada”, en relación con las cuales declaró su no prosperidad. En relación con la
primera, estimó que el Departamento de Risaralda, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios tienen la vocación procesal de comparecer al
presente proceso para recibir una sentencia en relación con la vulneración de los
derechos colectivos que les ha sido imputada. En lo que tiene que ver con la
segunda excepción propuesta, no se configura la existencia de cosa juzgada
porque el objeto entre los procesos no es el mismo. Explicó que, si bien, las
acciones referidas están relacionadas con las condiciones de reclusión de las
personas privadas de la libertad en algún centro de reclusión del Departamento
de Risaralda, las causas legales y puntuales son diferentes a la de la acción
popular que se analiza.
12.2 Resaltó en relación con el derecho colectivo a la moralidad administrativa,
que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario es competente para prestar el
servicio de tratamiento penitenciario, atención básica y seguridad en todos los
establecimientos carcelarios del país y, en el orden territorial, los departamentos,
distritos y municipios tienen la facultad de crear, fusionar, suprimir, dirigir,
organizar administrativamente, sostener y vigilar las cárceles para las personas
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detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones, en los términos
del artículo 17 de la Ley 65.
12.3 Delimitó el objeto de la acción popular, el cual es, la creación, construcción
o adecuación de las cárceles para las personas con detención preventiva o
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden
de autoridad policiva, que son responsabilidad legal de los municipios,
departamentos y áreas metropolitanas. Estimó que las cárceles a cargo de los
entes territoriales, departamentales y municipales, disponen de opciones
relacionadas con la posibilidad de integración entre municipios, o la posibilidad de
establecer convenios interadministrativos con el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario para recibir a sus presos. Concluyó que la obligación a cargo de los
departamentos y municipios no está condicionada a la creación y construcción de
cárceles, sino que la norma brinda otras opciones.
12.4 No obstante, aclaró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
continúa teniendo la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad,
así tengan la condición de detenidos preventivamente.
12.5 Dilucidó que, en materia de infraestructura y dotación, en los términos del
Decreto 204 de 2016, se determina que la infraestructura para la efectiva
vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad,
incluyendo la dotación de saneamiento básico (elementos y las condiciones
necesarias para garantizar la higiene y salubridad dentro de los establecimientos
de reclusión), y todos los bienes y servicios que se requieran para el
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, estará a cargo de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
12.6 Agregó que no se vulnera el principio de legalidad porque, aunque el
municipio carece de infraestructura carcelaria para detenciones preventivas o
condenas menores, existen mecanismos alternativos mediante acuerdos
contractuales con el INPEC para alojar a las personas privadas de la libertad.
12.7 Tras analizar el material probatorio, se concluyó que no se demostró la
afectación de los bienes jurídicos mencionados ni que el aumento de personas en
detención preventiva bajo la custodia del Municipio de Mistrató esté contribuyendo
al hacinamiento en las cárceles de orden nacional en Risaralda. Además, el
Tribunal determinó que “[…] la Defensoría del Pueblo Regional de Risaralda, no
demostró la cantidad de personas que están recluidas en un Establecimiento
Carcelario del Orden Nacional y que funcione en el departamento de Risaralda y
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que estén con detención preventiva por la comisión de algún delito que las mismas
estén a cargo del municipio de Mistrató, y que además este número incide
notablemente en el incremento negativo de la tasa de hacinamiento que se
presenta […]”.
12.8 Concluyó que no es procedente ordenar a un municipio de sexta categoría
como Mistrató, que construya una cárcel en los términos del artículo 17 de la Ley
65, porque implicaría un despliegue presupuestal sin necesidad administrativa.
12.9 Por último, consideró que no era procedente la condena en costas a la parte
actora porque no se demostró la temeridad o mala fe19.
Recurso de apelación presentado por la parte actora
13. La parte actora presentó escrito20 por medio del cual interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
13.1 Afirmó que el Tribunal adujo la falta de carga probatoria en el proceso, pese
a que es de conocimiento generalizado el tema de la crisis carcelaria a nivel
regional.
13.2 Argumentó que se demostró la inexistencia de un complejo de detención
preventiva en el cual se ubique a las personas que se encuentren en proceso de
judicialización por la comisión de algún tipo penal. Lo anterior, teniendo en cuenta
que la finalidad del medio de control es garantizar la protección del derecho
colectivo invocado en futuras situaciones.
13.3 Indicó que en las pruebas documentales aportadas al proceso se hace
referencia de manera generalizada a las personas que se registran al sistema
penitenciario, sin indicar su procedencia de otras regiones ni del Departamento de
Risaralda.
13.4 Estimó pertinente realizar nuevamente el análisis de la Ley 1709 de 201421
porque no diferencia el origen de la detención preventiva.
13.5 Refirió los beneficios que trae la creación del sistema de detención
preventiva porque permite una disminución del hacinamiento del sistema
19 Ley 472 de 1998 – artículo 38.
20 Cfr. Folio 283 a 290 del Cuaderno 2
21 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 de 2000, la Ley
55 de 1985 y de dictan otras disposiciones […]”
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penitenciario y carcelario y agrega que si bien su implementación genera una carga
presupuestal alta, ello no constituye un fundamento para negar las pretensiones
de la acción popular, no solo porque la falta de recursos no es pretexto para la
protección de los derechos colectivos, sino porque se trata de una medida en
detrimento de los derechos de las personas detenidas preventivamente.
13.6 Señaló que conforme el artículo 19A de la Ley 65, la Constitución Política y
el artículo 59 de la Ley 489 y demás leyes, el Ministerio de Justicia y del Derecho
tienen a su cargo la promoción de la aprobación de un documento CONPES para
garantizar la financiación de las cárceles de detención preventiva.
13.7 Mencionó que son de público conocimiento los altos índices de
hacinamiento presentados en el sistema penitenciario de orden nacional, y en
especial los que se presentan en los 3 centros de reclusión de Risaralda;
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira -
EPMSCPEI- “Cárcel La 40”; Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira
“Cárcel la Badea”; y Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de Cabal. Así
pues, explica que si se cumpliera la obligación a cargo de las entidades territoriales,
en relación con la población privada de la libertad en ejecución de una medida de
aseguramiento de detención preventiva, los porcentajes de hacinamiento se
reducirían notablemente.
13.8 Adujo que la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para
las personas detenidas preventivamente, implica que las entidades territoriales
incurren en una omisión que se viene registrando desde la promulgación de la Ley
65.
13.9 Concluyó que, en aplicación del principio pro homine, se debe revocar la
sentencia proferida, en primera instancia.
Actuaciones en segunda instancia
14. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante auto de 19 de noviembre
de 201922, concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia de 8 de noviembre de 2019, proferida, en
primera instancia.
22 Cfr. Folio 292 del Cuaderno 2
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14.1 El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de febrero de 202023,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
II. CONSIDERACIONES
15. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las
facultades del juez popular; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre
el derecho colectivo a la seguridad y salubridad pública; vi) el desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el
hacinamiento carcelario en el Departamento de Risaralda; vii) el marco normativo
y jurisprudencial sobre el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; viii) el marco normativo de las
obligaciones de los Entes territoriales en relación con la Ley 65 de 19 de agosto
de 1993; y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia
16. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de
las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201924, sobre la distribución de asuntos entre las secciones
del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15025 de la Ley 1437, sobre competencia
del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para
conocer de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas en primera instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de
las acciones populares.
17. Vistos los artículos 32026 y 32827 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201228,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
23 Cfr. Folio 298 del Cuaderno 2
24 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
25 De acuerdo con el inciso cuarto del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 sobre el régimen de vigencia y
transición normativa, los recursos interpuestos se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos. El recurso se interpuso en la fecha 12 de noviembre de 2019 la norma vigente para ese momento
es la norma anterior a la modificación establecida por la Ley 2080.
26 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
27 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
28 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae el recurso interpuesto por la parte demandante.
18. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la
Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.
Problemas jurídicos
19. La Sala deberá determinar si se encuentra probada o no la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados con ocasión de
ausencia de un complejo de detención preventiva en el Municipio de Mistrató del
Departamento de Risaralda.
20. En este orden de ideas, la Sala determinará si se debe confirmar, modificar
o revocar la sentencia de 8 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Primera
del Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
21. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
22. Visto el artículo 2. ° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
23. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite
del proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
24. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
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intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u
omisión y la afectación de los derechos e intereses.
25. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma
y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica,
sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción
popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los
términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”29.
26. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados
por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos
y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una
27. acción pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por
lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es
una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de
aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la
sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control
judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual
violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una
ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones
pertinentes.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular
28. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa
la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante
[…]”.
28.1 La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia30,
ha considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes
de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir,
condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la
realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a
la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente
posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia
de los derechos vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.
28.2 A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]31”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho colectivo a la
seguridad y salubridad pública
La seguridad pública
29. Visto el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública.
30. El Preámbulo de la Constitución Política señala que la Asamblea
Constituyente, en ejercicio de su poder soberano, asegura la vida, la convivencia
y la paz.
30 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
31 Ibidem.
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31. El artículo 2.° ibidem establece como fines esenciales del Estado “[…]
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.
32. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional32 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii)
es un derecho colectivo, y (iii) es un derecho fundamental.
33. En relación a su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional33
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad
y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.
34. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho
a la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican
como constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a
proteger por parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la
ausencia de riesgos de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos
tipos y de flagelos humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes
de tránsito, etc., lo mismo que como la prevención de atentados contra la
seguridad del Estado34 […]”.
La salubridad pública
35. Vistos: i) el artículo 49 de la Constitución Política referente a la prestación
de los servicios de salud como un servicio público a cargo del Estado; ii) el artículo
366 de la Constitución Política sobre la solución de necesidades insatisfechas en
materia de salud como una finalidad del Estado; iii) el artículo 46 de la Ley 715, el
artículo 32 de la Ley 1222 de 9 de enero de 200735 y el numeral 4.º del artículo 6.º
de la Ley 1801 de 29 de julio de 201636, relativos a la salud pública; iv) el artículo
24 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201537, referente al deber de
32 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
33 Corte Constitucional, sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
34 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado número: 54001-23-
31- 000-2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado número: 73001-23-
31- 000-2003-01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado número: 19001-23-31-000-2005-00988-
01(AP)
35 “[…] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones […]”
36 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. […]”.
37 “[…] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. […]”
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garantizar la disponibilidad de los servicios de salud en zonas marginadas; y, v)
el literal b del artículo 4° del Decreto 3842 de 1949 sobre los Centros de Salud y
el personal que lo debe integrar.
36. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud
es un servicio público a cargo del Estado. Y en tal sentido, debe garantizar a todas
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación
de la salud. Al respecto, le asigna una importante función de “organizar, dirigir y
reglamentar” la prestación de los servicios de salud de los habitantes. Para lo cual,
debe establecer las políticas para la prestación de servicios de salud, ejercer su
vigilancia y control, así como, determinar las competencias entre la Nación, las
entidades territoriales y los particulares.
37. El artículo 366 de la Constitución Política establece como uno de los fines
del Estado el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Además, prevé
como un objetivo prioritario de las autoridades la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud.
38. Respecto de este derecho colectivo, la Sección Primera de esta
Corporación38 ha considerado lo siguiente:
“[…] La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública
y del derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a
sostener que:
“(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones
mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general
implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las
contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de
determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria39[…]”.
39. En tal escenario, la Sala resalta que este derecho colectivo se encuentra
relacionado con la conservación del orden público y la garantía del bienestar de
la comunidad que exige la adopción de medidas tendientes a evitar su alteración.
Igualmente, en relación con el tema del hacinamiento carcelario, este derecho
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, radicación número: 250002324000201000609-01, criterio reiterado por
esta Sección en el expediente con número de radicación: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre
de 2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01.
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colectivo garantiza a las personas detenidas el respeto a la dignidad humana al
exigirse mejores condiciones de infraestructura y atención sanitaria.
Desarrollo jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en
relación con el hacinamiento carcelario en el Departamento de Risaralda
40. Esta Sección en relación con el alto índice de hacinamiento en el sistema
penitenciario del departamento de Risaralda, respecto de sus tres centros de
reclusión, a saber: el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, Establecimiento Reclusorio de
Mujeres de Pereira – “Cárcel La Badea” y el Centro de Reclusión de Varones de
Santa Rosa de Cabal, ha considerado que es necesaria la protección de los
derechos e intereses colectivos invocados cuando se prueba la inexistencia de
edificaciones e infraestructura apropiada para que se ejecuten las medidas de
privación preventiva de la libertad de las personas sindicadas y detenidas
preventivamente.
41. De igual manera, ha determinado que la problemática que afronta el
Departamento de Risaralda, en materia penitenciaria y carcelaria, debe
combatirse de manera sistemática y con la colaboración de todos los municipios
que se sirven de estos establecimientos, teniendo en cuenta que el análisis de la
situación de hacinamiento debe hacerse de forma general.
42. Adicionalmente, se ha considerado que, aunque en algunos casos no se
demuestra que en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento mencionado se encuentren recluidas personas en calidad de
sindicados, bajo la medida de detención preventiva, también se ha explicado que
la superación de la problemática se debe realizar con la colaboración de todos los
municipios.
43. Por ejemplo, en sentencia del 11 de julio de 201940 se estableció que las
entidades demandadas incurrieron en una omisión legal de los mandatos
contenidos en la Ley 65, al no contar con “[…] [e]dificaciones e infraestructura
apropiada y necesaria donde funcionan las cárceles para las personas sindicadas
y detenidas preventivamente, si se tiene en cuenta que dicha obligación, es de
naturaleza imperativa y no optativa […]”. En relación con la situación de
hacinamiento carcelario se determinó, por medio del recaudo probatorio, que “[…]
[l]os documentos […] permiten denotar y enseñar con veracidad los altos índices
40 NUR 660012333000201600526-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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de hacinamiento presentados, y que soportan en la actualidad, los centros de
reclusión de Risaralda […]. Aunado a ello, es posible corroborar las precarias
condiciones en lo que a la seguridad y salubridad públicas se refiere; si además
se tiene en cuenta que, no se cuenta en la actualidad con la infraestructura, el
personal y los medios suficientes para atender las apremiantes necesidades de la
población reclusa y/o privada de la libertad. […]”.
43.1 Se resaltó que, aunque el Departamento de Risaralda en coadyuvancia con
otros entes y autoridades ha realizado acciones para mitigar el hacinamiento
carcelario, “[…] es posible concluir que, aun son apremiantes, las necesidades de
quienes se encuentran cautivos en dichos centros de reclusión; y en ese orden de
ideas, la problemática que aquí se suscita, no puede ni debe escapar de la órbita
de éste Juez Constitucional, quien ciertamente debe tomar las medidas
pertinentes en el asunto de la referencia […]”. Igualmente se consideró que, “[…]
[D]icho apoyo técnico efectuado por las distintas autoridades y entidades resulta
a todas luces insuficiente, de cara a la realidad que se padece en los centros de
reclusión antes referidos, pues sólo permite generar un diagnóstico y/o mapeo
general del panorama actual, mas sin embargo, no ofrece una verdadera solución
palpable en derecho para superarlo a plenitud […]”.
43.2 Se precisó en relación con la escasez de recursos económicos como
impedimento para la protección de los derechos e intereses colectivos de la
población privada de la libertad que, “[…] el hecho de que sea necesario surtir
unas etapas presupuestales para obtener los recursos requeridos por dichas
obras […] no justifican la desprotección de los derechos colectivos de los internos
y detenidos, cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de fundamento a
la acción popular […]”.
44. De igual manera, en la sentencia del 14 de septiembre de 202041, se
consideró la problemática de hacinamiento carcelario declarada por la Corte
Constitucional de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país; las
obligaciones de los entes territoriales en materia carcelaria y las decisiones
tomadas por la Sala en relación con la situación de hacinamiento del
departamento de Risaralda. Se determinó que el municipio demandado, presta el
servicio penitenciario y carcelario a través de la modalidad prevista en el artículo
19 de la Ley 65, por medio de la contratación con el INPEC para el recibo de sus
presos y se determinó que, “[…] si bien en el presente caso no se demostró que
el número de mujeres en calidad de detención preventiva en Establecimiento
41 NUR 660012333000201600517-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” a cargo del Municipio de
Belén de Umbría, incida notablemente en el incremento de la tasa de
hacinamiento, no obstante, a juicio de la Sala, la problemática en los EPC del
Departamento debe combatirse de manera sistémica y con la colaboración de
todos los municipios que se sirven de estos establecimientos, pues cada uno
aporta una cuota de detenidos que, bajo una perspectiva global, constituyen la
causa del hacinamiento carcelario en el Departamento de Risaralda, razón por la
que la incidencia no puede analizarse desde cada caso particular, sino respecto
de una generalidad […]”.
44.1 En ese entendido, se concluyó que, aunque el municipio demostró que
presta el servicio penitenciario, “[…] lo cierto es que se deben adoptar medidas
mas contundentes para superar la vulneración de los derechos colectivos de la
población de los tres EPC del Departamento de Risaralda […]”. En consecuencia,
se estimó que el municipio demandado también era responsable de la vulneración
de los derechos colectivos de la población carcelaria de Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” y por lo tanto se le ordenó
que coadyuvara con el cumplimiento de las ordenes contenidas en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de
2019.
45. También en la sentencia del 14 de septiembre de 202042, se consideró
que, “[…] [L]a problemática en los EPC del Departamento debe combatirse de
manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios que se sirven de
estos establecimientos, pues cada uno aporta una cuota de detenidos que, bajo
una perspectiva global, constituyen la causa del hacinamiento carcelario en el
Departamento de Risaralda, razón por la que la incidencia no puede analizarse
desde cada caso particular, sino respecto de una generalidad […]”. Por lo tanto,
se determinó que el municipio es igualmente responsable de la vulneración de los
derechos colectivos de la población carcelaria de los establecimientos del
departamento de Risaralda y se ordenó que “[…] Las autoridades que encabezan
el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran las mesas de trabajo
dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019, a efectos de exigir el aporte del
Municipio de Pueblo Rico para solucionar la problemática de hacinamiento en
Risaralda, deberán ponderar el promedio de detenidos preventivamente que se
encuentren a cargo de dicho Municipio, por cuanto este número, en comparación
42 NUR 660012333000201600524-02, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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con los detenidos que aporta el Municipio de Pereira, debe ser mucho menor si
se tiene en cuenta, como mínimo, la población en uno y otro ente territorial […]”.
46. Por último, en la sentencia de 28 de septiembre de 202343, se refirió al
estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario declarado
por la Corte Constitucional con ocasión de la crisis de hacinamiento en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios; las obligaciones de los entes
territoriales contenidas en la Ley 65 de 1993; y, las decisiones proferidas por la
Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el hacinamiento carcelario
en el Departamento de Risaralda. Se consideró que “[…] [E]l municipio de Balboa
no cuenta con un establecimiento carcelario para las personas detenidas
preventivamente, sino sólo con una “sala de capturados en unas condiciones
mínimas de dignidad y seguridad”, la cual está ubicada en la estación de policía
del mismo municipio y que solo puede albergar hasta dos detenidos, lo que
constituye una omisión a la obligación legal contenida en el artículo 17 de la Ley
65 de 1993 consistente en que a los municipios les corresponde la creación, fusión
o supresión, dirección, organización, administración y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente […]”.
46.1 Estimó que, aunque no está acreditado que el número de personas
detenidas preventivamente a cargo de ese municipio se encuentren en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda y que
esa situación incida en la tasa de población carcelaria, “[…] [L]a problemática de
hacinamiento debe solucionarse de manera articulada y con la colaboración de
todos los municipios que se sirven de los tres establecimientos carcelarios del
departamento de Risaralda […]”.
46.2 Se concluyó que teniendo en cuenta el precedente establecido en la
sentencia del 11 de julio de 2019 en la que “[…] los tres establecimientos
penitenciarios y carcelarios del departamento de Risaralda presentan graves
condiciones de hacinamiento, causadas, en gran parte, por el incumplimiento de
los entes territoriales de las obligaciones de la Ley 65 de 1993, la omisión del
municipio de Balboa sí vulnera los derechos colectivos de la población carcelaria
de los tres establecimientos carcelarios del departamento […]”. Por lo cual, se
ordenó al municipio de Balboa coadyuvar al cumplimiento de las órdenes
contenidas en los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de
la sentencia mencionada.
43 NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López.
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Marco normativo y jurisprudencial sobre el derecho colectivo al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
47. Vistos: i) el artículo 365 de la Constitución Política sobre la prestación
eficiente de los servicios públicos; y ii) el literal g del artículo 6.° y el artículo 13 de
la Ley 1751 sobre la progresividad del derecho de acceso a los servicios y
tecnologías de salud, que implica la ampliación de la capacidad instalada; y las
redes de servicios de salud.
48. El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. De allí, su deber de
asegurar la prestación eficiente a los habitantes de todo el territorio nacional.
49. Sobre el concepto de salubridad pública, la Sección Primera ha indicado
que alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
de la salud e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido
en los siguientes términos:
“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el
ecosistema.
Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en
especies animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce
indirectamente a la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra
forma de transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.
[…]
Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”44
50. La jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás viene
considerando que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública consiste en una prerrogativa, según la cual, la
comunidad puede acceder a las infraestructuras que sirven para “la buena gestión
de la salubridad pública”, que integra el conjunto de elementos y servicios
propicios para garantizar la salud.
44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-
31- 000-2012-00485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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51. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así
mismo, en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de
amparo a través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de
1998, se consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones
que velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en
la estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del
mismo.
[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es
decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado.
Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o
servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de
beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención,
buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en
un espacio de tiempo determinado […]”45
52. Del mismo modo, la Sección Primera –en decisiones posteriores– ha
reiterado que la protección de “[…] este derecho o interés colectivo se obtendrá a
través de órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios
[…]”46.
53. Luego, la Sala en distintos pronunciamientos, ha considerado que este
derecho implica el acceso a la infraestructura (instalaciones, construcciones y
edificaciones) y servicios para garantizar la salubridad pública. Al respecto ha
señalado lo siguiente:
“[…] [L]a comunidad puede acceder a instalaciones y organizaciones que
procuren la salud, esto es, que se las construcciones y edificaciones estén
adaptadas de tal forma que eviten a las personas contraer enfermedades o, que
se generen focos de contaminación o epidemias que afecten o amenacen el
estado de sanidad comunitaria, ello también incluye los elementos y servicios que
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios
46 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, radicación número: 44001-23-
31- 000-2005-00328-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso.
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se estimen indispensables para la creación y funcionamiento adecuado de la
gestión de la salubridad pública […]”47
54. En suma, tanto el sector Nación como las entidades territoriales, tienen el
deber de garantizar a los ciudadanos una infraestructura de servicios que proteja
su derecho a la salud, de lo que se sigue que este derecho colectivo está
íntimamente relacionado con la vida en condiciones dignas y por ende que el
Estado debe realizar acciones afirmativas para su consecución, por medio de las
cuales se otorguen a las personas los medios necesarios para la satisfacción de
las necesidades básicas relacionadas con la salubridad pública.
Marco normativo de las obligaciones de los Entes territoriales en relación
con la Ley 65 de 19 de agosto de 1993
55. Visto el artículo 15 de la Ley 65, “[…] Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario […]”, modificada por la Ley 1709, el cual establece la
integración del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario, así:
“[…] Ministerio de Justicia y del Derecho; el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec),
como, adscritos al Ministerio de Justicia y del Derecho con personería jurídica,
patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de
reclusión que funcionan en el país; por la Escuela Penitenciaria Nacional; por el
Ministerio de Salud y Protección Social; por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y por las demás entidades públicas que ejerzan funciones
relacionadas con el sistema. […]”.
56. El artículo 16 ibidem determina, en relación con los establecimientos de
orden nacional, que estos serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y
vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, y que en
compañía de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
determinará los lugares donde funcionan los establecimientos.
57. El artículo 17 de la mencionada norma estableció que: i) corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé
de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, y organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva; ii) los castigados por
contravenciones serán alojados en pabellones especiales. El Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las
entidades territoriales; iii) en los presupuestos municipales y departamentales, se
47 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-
000- 2015-00848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 85001-23-33-000-2014-00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de
empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y
viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios; y iv)
previó la posibilidad de que la Nación y las entidades territoriales celebren
convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura
y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y
carcelario.
58. El artículo 19 ibidem indicó a los departamentos o municipios ante la
carencia de sus respectivas cárceles la posibilidad de contratar con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para el recibo de sus presos
mediante el acuerdo contractual en donde se establezca el reconocimiento de
unos factores relacionados con la prestación del servicio.
59. El artículo 21 de la Ley 65, determinó la naturaleza de las cárceles y
pabellones de detención preventiva y que están a cargo de las entidades
territoriales. Además, se estableció la posibilidad de la existencia de esos
pabellones en un establecimiento penitenciario para condenados, siempre y
cuando se encuentren separados. También, se otorgó competencia para que las
entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de
la Judicatura realicen las gestiones para la construcción de ciudadelas judiciales
con un centro de detención preventiva anexo a sus instalaciones.
60. La Ley 1955 de 25 de mayo de 201948 en el artículo 133 estableció la
estrategia de cárceles del orden nacional, por medio de la cual la Nación podrá
adelantar gestiones para la creación, fusión, supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de cárceles para personas detenidas
preventivamente; sin perjuicio de la responsabilidad que hoy les asiste a las
entidades territoriales, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 65. Para el efecto,
señaló que se debían tener en cuenta las siguientes disposiciones:
“[…] a) Las entidades territoriales identificarán predios para la localización de las
cárceles, sobre los cuales la USPEC y el INPEC realizarán una evaluación a fin de
establecer la viabilidad operativa de los mismos. Los predios identificados como
viables deberán ser incorporados a los instrumentos de planeación territorial que
correspondan con el uso del suelo requerido para la localización del equipamiento.
b) Las entidades territoriales podrán identificar, adquirir, habilitar y ceder a título
gratuito al INPEC, el suelo con urbanismo y servicios públicos para la construcción
de los establecimientos de reclusión nacionales, sin perjuicio de la facultad que les
asiste para construir, administrar y operar cárceles del orden territorial.
48 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”
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c) Las entidades territoriales podrán convenir entre ellas la habilitación de suelo
para la construcción de establecimientos de reclusión, así como su operación y
mantenimiento conjunto. Igualmente, podrán celebrar convenios con la USPEC
para la construcción, operación y mantenimiento de centros de reclusión.
d) Habilítese a la USPEC a realizar gestiones para la construcción conjunta de
ciudadelas judiciales, establecidas en el artículo 21 de la Ley 65 de 1993.
PARÁGRAFO 1o. Las disposiciones establecidas en el presente artículo, podrán
desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado, concesión u
otras formas de contratación establecidas en la ley.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional tendrá en cuenta el análisis de impacto
fiscal que se genera con la implementación de la medida y señalará la
correspondiente fuente sustitutiva
PARÁGRAFO 3o. Con el fin de garantizar la financiación de la política carcelaria
para personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, las entidades territoriales podrán crear un fondo
de infraestructura carcelaria con ingresos provenientes de las siguientes fuentes:
1. Contribución especial de obra pública establecida en el artículo 6o de la Ley
1106 de 2006.
2. Las tasas y sobretasas de seguridad de que trata el artículo 8o de la Ley 1421
de 2010 […]”
Análisis del caso concreto
61. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera
instancia, el 8 de noviembre de 2019.
62. En efecto, las pruebas relevantes para resolver el caso concreto,
relacionadas con los supuestos a probar conforme se indicó supra, son las
siguientes:
63. Oficio núm. 0010491-DCP-3200 de 26 de abril de 2016 con asunto:
“Cárceles y Pabellones de Detención Preventiva”49, suscrito por la Directora de
Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que
se indicó:
“[…] De esta manera el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 contiene un mandato
legal dirigido a las entidades territoriales, que consiste en estricto sentido en
hacerse cargo de las personas sindicadas privadas de la libertad en las “Cárceles
de detención preventiva” que son de su competencia exclusiva.
49 Cfr. Cuaderno Principal parte 1 Fol. 15
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El ese sentido el documento Conpes 3828 de 2015 de “Política Penitenciaria y
Carcelaria en Colombia” llega en su parte diagnóstica a dos conclusiones
fundamentales en el tema propuesto50.
En primer lugar, en relación con el cumplimiento de las obligaciones por parte de
las entidades territoriales el Conpes establece que “…Del seguimiento al sistema
penitenciario y carcelario, se puede observar que la mayoría de los entes
territoriales no se encuentran cumpliendo lo establecido en la Ley, y por ende, no
gestionan ni destinan presupuesto para administrar, crear y organizar las cárceles
para las personas detenidas preventivamente…”
En segundo lugar, en relación con los efectos de cumplimiento de dichas
obligaciones el documento es concluyente en cuanto “…El cumplimiento de la
referida disposición índice en la sobrepoblación de los establecimientos del orden
nacional (…) Lo anterior, muestra que el hacinamiento del sistema penitenciario y
carcelario es causado por las personas que se encuentran en calidad de
sindicados…”.
A lo anterior agrega que “…Al comparar el número de personas sindicadas y
condenadas en valores absolutos, se evidencia que la sobrepoblación existente
en los establecimientos penitenciarios y carcelarios es equivalente al número de
personas detenidas preventivamente. Lo anterior, permite inferir que si las
entidades territoriales dieran cumplimiento a los mandatos legales que les
imponen la obligación de atender a la población sindicada privada de la
libertad, se tendría un impacto positivo en los índices de sobrepoblación
penitenciaria…”
De efectuarse el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades
territoriales en relación con la población privada de la libertad en ejecución
de una medida de aseguramiento de detención preventiva, los porcentajes
de hacinamiento se reducirían de forma tal que lograrían la superación de
dicha dificultad del Sistema Penitenciario y Carcelario […]” (Destacado fuera
de texto).
63.1 De igual forma se indicaron los mecanismos para el cumplimiento de las
obligaciones carcelarias a cargo de las entidades territoriales, así:
“[…] el documento Conpes 3828 considera algunas otras formas de financiación
que pueden tomar en cuenta las entidades territoriales. Especialmente, “…con dos
posibilidades: por un lado, la creación de estampillas. Por el otro, los fondos de
seguridad…”
Finalmente hay que decir, que el documento Conpes 3828 anota que las
entidades territoriales “… podrán participar en la construcción de creación, función
o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
las cárceles para personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, mediante el Sistema
General de Participaciones…
En todo caso “La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios
de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario…”,
en los términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993 […]”.
50 Cfr. Conpes 3828 de 2015, “Política Penitenciaria en Colombia” Pp. 50. Para consulta en:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/Pol%C3%ADtica%20penitenciaria%20y
%20carcelaria.pdf
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64. Oficio núm. 000501-13762 de 11 de julio de 201651, con asunto: “Cárceles
y Pabellones de Detención Preventiva (RAJ-AP-50100-2015-25333. Radicado
No. 13390”51, suscrito por el Secretario de Gobierno del Departamento de
Risaralda, en el que se observa que el Municipio de Mistrató respondió a la
solicitud remitida informando que:
“[…] el municipio no tiene dispuesto un espacio para el funcionamiento de
CÁRCELES Y /O PABELLONES DE DETENCIÓN PREVENTIVA, tan solo cuenta
con una sala de capturados en la estación de policía del municipio donde se
conducen a las personas infractoras de la ley penal mientras son puestas a
disposición de la autoridad competente (capturados por orden judicial y/o en
flagrancia), dicha información fue consultada con la estación de policía de
Mistrató. […]”52
65. Certificación de 14 de agosto de 201853 suscrita por la Directora Regional
Viejo Caldas INPEC, en el que se informa respecto a la población privada de la
libertad en los establecimientos del orden nacional en el Departamento de
Risaralda, lo siguiente:
“[…] RECLUSIÓN DE MUJERES PEREIRA (La Badea) Capacidad 305.
MUJERES: 334 Sindicadas 143 mujeres, condenadas 191 TOTAL 334
EPMSC PEREIRA: Capacidad 676, Hombres: 1264, Sindicados 359, condenados
905. TOTAL: 1.264.
EPMSC SANTA ROSA DE CABAL: Capacidad 159, Hombres: 231, Sindicados:
74, Condenados 157. TOTAL: 231
TOTAL SINDICADOS DEPARTAMENTO RISARALDA: HOMBRES 433 Y
MUJERES 143 […]”.
66. El Acta núm. 1845 de 31 de octubre de 201454, expedida por el director del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira, en
la que se procede a la “[…] Entrega material del inmueble identificado con la
matricula inmobiliaria No 290-161205 y ficha catastral No 00-10-0008-0073-0000.
“EL PILAMO” […]”.
67. Copia de la escritura pública55 núm. 1977 del 23 de octubre de 2014
otorgada en la Notaría Sexta de Pereira, por la cual el Departamento de Risaralda
hizo cesión a título gratuito del lote denominado “El Pílamo” vereda La Honda de
Pereira para la Construcción del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Mediana Seguridad de Pereira, el cual se encuentra en etapa contractual por parte
de la USPEC.
51 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 19.
52 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 20.
53 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 155.
54 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 91.
55 Cfr. Cuaderno principal parte 1, Fol. 85.
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68. La Sala considera que, de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, es posible concluir lo siguiente:
68.1 El artículo 17 de la Ley 65 ordena a los municipios la creación, fusión o
supresión, dirección, y organización, administración, sostenimiento y vigilancia de
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por
contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad
policiva. Para la Sala, del análisis probatorio, se determinó que el Municipio de
Mistrató no cuenta con un establecimiento carcelario que cumpla con el
requerimiento legal supra, como lo demuestra la respuesta del Comandante de
Policía del Departamento de Risaralda, en la que se indica que el municipio tiene
una sala con capacidad para 2 detenidos y para la fecha de los hechos que
convocan este medio de control, la ocupación de la misma era 0.
68.2 Por otro lado, para esta Sala llama la atención respecto de la interpretación
sistemática del artículo 17 de la Ley 65 y la interpretación que ha hecho la Corte
Constitucional sobre las obligaciones a nivel nacional y territorial en el Sistema
Penitenciario y Carcelario.
68.3 En ese sentido, la misma disposición normativa ordena incluir las partidas
necesarias en los presupuestos departamentales y municipales para garantizar la
custodia de la población privada de la libertad bajo detención preventiva.
Igualmente, otras disposiciones de la Ley 65 desarrollan la obligación
mencionada. Por lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que:
“[…] la ley y la jurisprudencia establecen con claridad cuál es el tratamiento de las
personas privadas de la libertad bajo detención preventiva. Las reglas
jurisprudenciales descritas demuestran, por una parte, que el Sistema Nacional
Penitenciario y Carcelario no solo depende del cumplimiento de funciones de
entidades nacionales, como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Inpec y la
Uspec, principalmente; sino que también exige de la concurrencia y
coordinación de las competencias de las entidades territoriales, quienes
deben colaborar con las personas que se encuentran privadas de la libertad
bajo detención preventiva […]”62 (Destacado fuera de texto).
68.4 Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia C- 471 de 1995,
destacó apartes de la exposición de motivos56 del proyecto de ley presentado al
Congreso, que culminó con la promulgación de la Ley 65, y resaltó lo siguiente:
“[…] Los establecimientos penales de la nación presentan el fenómeno de la
promiscuidad y el hacinamiento. En épocas anteriores esto era dantesco pero
ahora con las vigentes normas penales y procedimentales, la población carcelaria
ha disminuido notablemente. De todas maneras en ciudades como Medellín,
Cali y Cartagena, ante la ausencia de cárceles municipales los
contraventores son enviados a los establecimientos nacionales.
56 Gaceta del Congreso del jueves 29 de octubre de 1992, página 3.
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Esto da origen al hacinamiento y de manera muy particular a la violación de
las reglas mínimas que establecen la separación entre condenados,
sindicados y contraventores.
La razón es que la pena de arresto tiene la exclusiva función de ser
retributiva y a lo más, correctiva. Como nuestras cárceles crean estigmas
sociales, mandar a una persona a un centro de reclusión es imprimirle una
marca denigrante y sobre todo, es involucrarlo en un ambiente dañino y
peligroso.
Sin embargo, en ausencia de cárceles municipales y departamentales la
Nación ofrece a estos entes, alojar a sus contraventores en las cárceles
nacionales con el requisito de firmar un contrato, en el cual se fijan las
obligaciones que hagan menos onerosa la carga del Estado. En efecto, los
municipios y departamentos deben pagar entre otras cosas, la alimentación
de los arrestados, la dotación de los elementos y recursos necesarios para
ellos y un sobresueldo a los funcionarios de la cárcel, por la razón justa, de
que a ellos, se les recargan con exceso las funciones.
Desde luego lo ideal es que municipios y departamentos tengan sus propias
cárceles […]” (Destacado fuera de texto).
69. Adicional a lo anterior, la Sala tendrá en cuenta las consideraciones
expuestas por esta Sección en sentencias indicadas en el acápite “Desarrollo
jurisprudencial de la Sección Primera del Consejo de Estado en relación con el
hacinamiento carcelario en el departamento de Risaralda” supra, de esta
providencia, en especial, la sentencia de 28 de septiembre de 2023 57, sobre el
estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario
declarado por la Corte Constitucional con ocasión a la crisis de hacinamiento de
los establecimientos penitenciarios y carcelarios en el Departamento de Risaralda
y las obligaciones de los entes territoriales en la materia, para superar dicha
situación.
70. El estado de cosas inconstitucional fue declarado por la Corte
Constitucional por medio de las sentencias T-153 de 199858, T-388 de 202359, T-
762 de 201560 y SU-122 de 202261. En ellas, se expusieron las principales causas
de la violación a los derechos de las personas privadas de la libertad:
“[…] En la sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional en sede de tutela,
buscó determinar si las condiciones en las que estaban albergados los internos
de las cárceles nacionales Modelo de Bogotá y Bellavista en Medellín, constituían
la violación de sus derechos fundamentales. A partir del análisis de la situación de
hacinamiento en ambas cárceles, evaluó la sobrepoblación carcelaria en el país,
para declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional, afirmando que
la sobrepoblación carcelaria iba en contravía de los objetivos del sistema
penitenciario que busca la resocialización del infractor de la ley penal y sostuvo
57 Consejo de Estado, Sección primera; NUR 660012333000201600518-02, C.P. Oswaldo Giraldo López
58 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
59 Corte Constitucional. Sentencia T-388 del 28 de junio de 2913, M.P. María Victoria Calle Correa.
60 Corte Constitucional. Sentencia T-762 del 16 de diciembre de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
61 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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con apoyo en nutrida jurisprudencia constitucional62, que a los reclusos pese a
soportar un vínculo de sujeción para con el Estado que les limita algunos
derechos63, se les debe mantener incólumes los derechos a la vida, a la integridad,
a la dignidad, la igualdad, a la libertad religiosa, a la salud y al debido proceso.
En esta sentencia, la Corte ordenó notificar la existencia del estado de cosas
inconstitucional a las autoridades competentes; revocar las sentencias que
denegaron las tutelas; y al INPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al
Departamento Nacional de Planeación elaborar un plan de construcción y
refacción carcelaria, que debería cumplirse totalmente en un término perentorio,
con miras a garantizar a los internos de los centros de reclusión condiciones
mínimas de dignidad; separar los internos sindicados de los condenados en las
prisiones; tomar medidas necesarias para resolver carencias de personal
especializado; y a las entidades territoriales adoptar medidas necesarias para
cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.
En la sentencia T-388 de 2013 La Corte en este fallo determinó que las
autoridades demandadas vulneraban los derechos a la dignidad humana, a la
vida, a la salud y a la resocialización de los internos, por las lamentables
condiciones de reclusión y en especial, por el grave hacinamiento que
atravesaban los centros penitenciarios objeto de la acción de tutela64.
La Corte aseveró que el sistema penitenciario y carcelario se encontraba
nuevamente en un estado de cosas inconstitucional65 causado por fallas
estructurales de la política criminal a lo largo de todas sus etapas66 y refirió que el
exceso del castigo penal y el encierro generaba una demanda de cupos para la
privación de la libertad y de condiciones deplorables que era insostenible para el
Estado, imponiendo órdenes específicas a los establecimientos y autoridades
carcelarias objeto de las acciones de tutela interpuestas por los reclusos67.
Ordenó que a raíz del estado de cosas inconstitucional que declaró, el Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho y del INPEC, debía
convocar en un término perentorio al Consejo Superior de Política Criminal para
continuar adoptando las medidas necesarias para superarlo, así como remitir los
informes de verificación a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría
del Pueblo para constatar el cumplimiento de la sentencia frente a las órdenes
específicas dadas.
En la sentencia T-762 de 2015. La Corte Constitucional puso de presente que la
situación en los centros de reclusión seguía siendo contraria a la Constitución de
1991, por lo que reiteró el estado de cosas inconstitucional en el Sistema
62 Las sentencias T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero;
T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-273 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
63 A los reclusos se les suspenden los derechos de libertad física, locomoción y derechos políticos y restringe
los derechos de la intimidad, de reunión o asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de
expresión.
64 Evaluó 9 expedientes de tutelas presentadas por personas privadas de la libertad en 6 diferentes centros
penitenciarios así: la cárcel de Cúcuta, la Tramacúa de Valledupar, la Modelo de Bogotá, Bellavista de
Medellín, San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja.
65 Pese a las cuantiosas inversiones efectuadas con ocasión de la observancia a las órdenes impartidas en
la sentencia T-153 de 1998 del Tribunal Constitucional, lo cual permitía considerar la superación de la
problemática.
66 Normativa, investigación y judicialización procesal y de ejecución de pena (política carcelaria).
67 El estado de cosas inconstitucional se generó “[…] por cuanto (i) los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada; (ii) las obligaciones de
respeto, protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii)
el Sistema ha institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su funcionamiento
cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que se
requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas estructurales compromete la intervención de varias
entidades, que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas
privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran acciones de tutela (u
otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas
acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo.[...]”
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Penitenciario y Carcelario, declarado en la sentencia T-388 de 2013, “[…] como
consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas
directamente con la Política Criminal adoptada por el legislador, derivando el
compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se
desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de
reclusión sobre los que versa el presente análisis […]”.
Las problemáticas estructurales identificadas por la Corte Constitucional en la
sentencia previamente citada fueron: i) la desarticulación de la política criminal y
el estado de cosas inconstitucional; ii) hacinamiento y otras causas de violación
masiva de derechos; iii) reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas.
Falta de articulación de las entidades territoriales y el Ministerio de Justicia y del
Derecho; iv) sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país, y v)
las condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano
propiciado por el Estado.
Frente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, resaltó que
a pesar de las órdenes emitidas desde 1998 dirigidas a las diferentes entidades
estatales para lograr separar a los condenados de los sindicados, éste sigue
siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema penitenciario y
carcelario del país. Sostuvo que según lo informado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho “[…] a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la población,
es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente (sindicados) […]”.
Recordó que, conforme con lo dispuesto en los artículos 17 a 22 de la Ley 65 de
1993 modificados y/o adicionados por la Ley 1709 de 2014, las entidades
territoriales (departamentos, municipios, áreas metropolitanas y distritos) son
competentes para crear, fusionar, suprimir, dirigir, organizar, administrar, sostener
y vigilar las cárceles para las personas detenidas preventivamente, por lo que le
solicitó al Ministerio de Justicia y del Derecho llamar a los entes territoriales para
que se involucren al proceso de formación y adecuación que está adelantando
esa cartera ministerial y dispongan todas las acciones administrativas,
presupuestales y logísticas para así dar cumplimiento con las obligaciones
impuestas por la Ley 65 de 1993 y sus modificaciones.
Sobre el particular, la Corte Constitucional indicó:
“[…] 86. A pesar de las órdenes emitidas desde 1998, dirigidas a diferentes
entidades estatales para lograr separar los condenados de los sindicados,
éste sigue siendo un problema grave que influye en la crisis del sistema
penitenciario y carcelario del país. Según el Ministerio de Justicia y del
Derecho, “a nivel nacional, de las 119.378 personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios a cargo del INPEC, el 38% de la
población, es decir 44.322 internos, son detenidos preventivamente
(sindicados)”. Para el caso concreto, la Defensoría realizó un informe
detallado que da cuenta de la proporción entre sindicados y condenados
en los 16 centros de reclusión que aquí se estudian. Ese informe se puede
sintetizar en el siguiente cuadro:
Tabla 1. Población recluida sindicada y condenada en los
establecimientos de reclusión accionados
[…]”. (Negrillas del original).
Con el propósito de contener la grave situación que se presenta en el
Sistema Penitenciario y Carcelario del país y detener la vulneración de los
derechos de la población privada de la libertad, la Corte profirió unas
órdenes de carácter general o estructural para dar forma y dinamismo al
estado de cosas inconstitucionales declarado en el 2013.
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Así, creo una delegación encargada del seguimiento del estado de cosas
inconstitucionales en materia carcelaria en la que el liderazgo del
seguimiento lo sumiría la Defensoría del Pueblo, la vigilancia del
cumplimiento de la sentencia estaría a cargo de la Procuraduría General
de la Nación y la “articulación de las entidades concernidas” estaría a cargo
del Ministerio de la Presidencia de la República.
La Corte Constitucional fijó unas condiciones para la superación del estado
de cosas inconstitucionales y estableció unos criterios generales y
específicos para determinar la posibilidad de su levantamiento. Frente a
los criterios generales señaló que su declaratoria perdurará mientras no se
verifique que las medidas asumidas por la administración para llegar a
superarlo, hayan impactado en forma favorable a los reclusos, y que tal
impacto tenga vocación de progresividad y sea sostenible en el tiempo. En
cuanto a los criterios específicos precisó que se deben consolidar metas
que se impondrán respecto de todas las problemáticas analizadas en la
sentencia, específicamente, en lo que atañe al carácter masivo del
desconocimiento de los derechos fundamentales sostuvo que tendrá
varias etapas: una fase inicial en la que las medidas de política pública
empezarán su implementación; una fase intermedia hacia la renovación de
la política criminal; una tercera fase intermedia hacia la renovación de la
política criminal y, finalmente, una cuarta fase de superación del carácter
masivo del compromiso de derechos.
Sobre el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y
condenadas, aspectos relevantes en el presente proceso, señaló que la
situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la
indefinición de su participación o de la comisión de una conducta punible,
pues aún en ese estadio, no se ha hecho declaración de culpabilidad
alguna; no obstante, se encuentran condenados y sindicados en un mismo
establecimiento penitenciario.
En esa medida, la Corte Constitucional sostuvo que las personas
sindicadas debían estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente
al dispuesto para la privación de la libertad de las personas que han sido
condenadas por algún crimen. Afirmó que lo anterior permitirá efectuar
sistemas de disciplina y seguridad particulares, que propendan por la
convivencia de los sindicados, pero en el entendido de que como quiera
que no han sido declarados culpables de ningún delito, no puede
tratárseles como tales; los programas de resocialización, entonces no
resultan congruentes con su situación, y el tiempo deberá emplearse en
otros menesteres68.
En la sentencia T-762 de 2015, además de las órdenes generales
previamente reseñadas para la superación del estado de cosas
inconstitucionales, se dispuso lo siguiente, frente a los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del municipio de Pereira y Santa Rosa de
Cabal:
“[…] SEXTO: En el expediente T-3987203, Cárcel “La 40” de Pereira,
REVOCAR el fallo proferido el 5 de junio de 2013, por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Pereira, que en su momento revocó el proferido
el 17 de abril de 2013, por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Pereira. En
su lugar, TUTELAR los derechos a la dignidad humana, la integridad
personal, la vida digna y la salud de los reclusos de los patios tercero,
cuarto y quinto del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad EPMSC, Cárcel La 40 de Pereira.
SÉPTIMO: En el expediente T-3989532, EPMSC de Santa Rosa de Cabal,
REVOCAR el fallo de segunda instancia, proferido el 17 de junio de 2013,
68 Pág. 178 ibidem.
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por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, que en su
momento revocó el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa
Rosa de Cabal, el 6 de mayo de 2013. En su lugar, TUTELAR los derechos
a la dignidad humana, la integridad personal, la vida digna y la salud de los
reclusos del EPMSC de Santa Rosa de Cabal.
(…)
Órdenes particulares
VIGÉSIMO TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho,
con apoyo del Ministerio del Interior, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces, que en el término de un (1) mes contado a
partir de la notificación de esta sentencia, que integre, si aún no lo ha
realizado, a los entes territoriales involucrados en las presentes acciones
de tutela, al proceso de formación y adecuación que está adelantando ese
Ministerio, de acuerdo a lo establecido en la Ley 65 de 1993 y sus
reformas. Los entes territoriales a los que se refiere esta orden son: los
Municipios de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín,
Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira,
Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y Villavicencio; y los Departamentos
de Santander, Risaralda, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Valle del
Cauca, Caquetá y Meta.
VIGÉSIMO CUARTO: INSTAR a los Municipios de Bucaramanga, Pereira,
Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de
Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Itagüí, Apartadó, Roldanillo y
Villavicencio; y a los Departamentos de Santander, Risaralda, Antioquia,
Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca, Caquetá y Meta, por
intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para
que emprendan todas las acciones administrativas, presupuestales y
logísticas necesarias para involucrarse efectivamente en el proceso
seguido, por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, para cumplir
con las obligaciones consagradas en la Ley 65 de 1993, sus
modificaciones y las órdenes que surjan de esta providencia […]”.
(Negrillas del original).
Finalmente, en la sentencia SU- 122 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo “(…)
mientras que en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, la Corte declaró
que el estado de cosas existente en el Sistema Penitenciario y Carcelario y en la
política criminal era contrario a la Constitución, los hechos analizados en este
proceso demuestran que la situación de los llamados centros de detención
transitoria es supremamente grave y pone a prueba, día a día, la capacidad del
Estado para respetar la dignidad de las personas que tiene bajo su custodia. De
este modo, el estado de cosas inconstitucional cubre a las personas privadas de
la libertad en los referidos lugares transitorios. La situación descrita exige que el
Estado adopte un marco de actuación estructural, así como medidas urgentes y
efectivas para que en estos lugares rijan los estándares constitucionales de
garantía y respeto al ser humano […]”
71. Por lo tanto, para solventar la situación de hacinamiento carcelario se
requiere de la participación de todos los entes territoriales por tener la custodia de
las personas detenidas preventivamente y estar obligados legalmente a la
creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración,
sostenimiento y vigilancia de las cárceles.
72. La Sala destaca el inciso final del artículo 17, el artículo 18 y el 19 de la Ley
65, los cuales contienen un marco legal de opciones para garantizar el
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cumplimiento de la obligación por parte de los departamentos, municipios, áreas
metropolitanas y distritos. En ese orden: i) “[…] [l]a Nación y las entidades
territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el
mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión
del sistema penitenciario y carcelario. […]”; ii) “[…] [l]os municipios podrán
convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de los
establecimientos de reclusión. […]”; iii) “[…] [l]os departamentos o municipios que
carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se
consagrará en las cláusulas contractuales […]”.
73. Las anteriores vías legales abren la posibilidad de contratar, celebrar
convenios de integración de servicios y convenir la creación de establecimiento
de reclusión para garantizar el cumplimiento de la carga y ayudar a la superación
del hacinamiento carcelario y penitenciario. No se acompasa con el argumento
del Tribunal relacionado con el alto despliegue presupuestal que implicaría la
construcción de una cárcel, sin tener presente las alternativas dispuestas para
afrontar la crisis.
74. Sin embargo, del análisis probatorio efectuado no se encuentra en el
proceso prueba que indique que el Municipio tenga algún convenio, contrato o
constancia de unión con otros entes territoriales para la creación de un
establecimiento carcelario o para la integración de servicios por medio de
cláusulas contractuales.
75. Para la Sala de acuerdo con el marco normativo definido en líneas
precedentes, el antecedente jurisprudencial de esta Sección y el desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional se considera igualmente que la solución
al problema es la articulación y colaboración de todos los municipios que de
alguna manera se pueden beneficiar de los establecimientos de reclusión de
orden nacional que se encuentran en el Departamento de Risaralda para afrontar
la crisis carcelaria que se está presentando.
76. Si bien no está acreditado que las personas detenidas preventivamente y
que pertenezcan al fuero de competencia del Municipio de Mistrató estén en
efecto recluidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento de Risaralda y que esta situación incida consecuencialmente en el
aumento del índice de hacinamiento de ese departamento, ello no es óbice en
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estos casos para ordenar la protección de los derechos colectivos, en los eventos
en que la situación pueda constituir una amenaza.
77. En ese entendido, la Corte Constitucional69 ha sido enfática en establecer
que el ingreso de un sindicado o condenado a un establecimiento de reclusión
genera el surgimiento de una relación de especial sujeción, que se traduce en un
vínculo jurídico- administrativo, en el que el Estado ostenta la posición de garante,
representado por las autoridades penitenciarias y carcelarias, en la cual se
suspenden o restringen ciertos derechos fundamentales. En ese entendido,
surgen deberes de preservar la eficacia del poder punitivo, el cumplimiento de
protocolos de seguridad, la garantía de las condiciones de existencia y aquellas
relacionadas con los fines de la pena, todo ello dentro del marco de los principios
de razonabilidad, utilidad, necesidad y proporcionalidad.
78. Por lo tanto, y en relación con el argumento del apelante, para la Sala, por
un lado, “[…] con la ausencia de edificaciones donde funcionen las cárceles para
las personas detenidas preventivamente, las entidades territoriales incurren en
una omisión […]”; y, por el otro, el incumplimiento por parte de las entidades
territoriales en relación con la orden impartida por la norma si vulnera o amenaza
los derechos colectivos de las personas detenidas preventivamente y condenadas
por contravenciones al no contar con una infraestructura adecuada y pabellones
que brinden condiciones dignas y sin hacinamiento.
79. De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de esta sección referenciado
supra, en sentencia de 11 de julio de 2019 se determinó como elemento relevante
que los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de
Risaralda presentan graves condiciones de hacinamiento ocasionadas por la
omisión o el incumplimiento de los entes territoriales de las obligaciones previstas
en el artículo 17 de la Ley 65, en efecto se consideró:
“[…] En el caso sub examine, se advierte que la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda, en el fallo de 17 de noviembre 2017,
encontró probado que la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Departamento de Risaralda y el
Municipio de Pereira, incurrieron en la vulneración de los derechos e intereses
colectivos relacionados con la salubridad y seguridad públicas y el goce de un
medio ambiente sano. Lo anterior, por cuanto encontró probadas y acreditadas
las precarias y deficientes condiciones de infraestructura, así como el
hacinamiento carcelario, que soportan en la actualidad los tres (3) centros de
reclusión de Risaralda […]. En efecto, dentro del expediente, se encuentra
plenamente acreditada la vulneración de las garantías colectivas arriba referidas,
con ocasión de la omisión de las entidades accionadas en lo que a la falta de
69 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo
Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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adopción de medidas de tipo administrativo y presupuestal se refiere; en aras de
dar una solución palpable a la problemática que aquí se zanja […]”.
80. De igual forma en sentencia proferida por la Sección del 14 de septiembre
de 2020, se ampararon los derechos e intereses colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y la seguridad y
salubridad públicas de la población carcelaria del Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad y Carcelario de Pereira “Cárcel 40”, del Establecimiento
Reclusorio de Mujeres de Pereira “Cárcel La Badea” y del Centro de Reclusión de
Varones de Santa Rosa de Cabal, que estimó vulnerados por el municipio de
Pueblo Rico. La decisión se fundamentó en que la problemática de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del Departamento de Risaralda debe
combatirse de manera sistémica y con la colaboración de todos los municipios
que se sirven de esos establecimientos.
81. El artículo 12 de Ley 170970, que modificó el artículo 21 de la Ley 65,
estableció que las cárceles y pabellones de detención preventiva son
establecimientos con un régimen de reclusión cerrado; es decir, aquellos espacios
en los que se limitan, privan o restringen derechos fundamentales. Como lo ha
manifestado la Corte Constitucional71, la relación de sujeción de las personas
privadas de la libertad con el Estado genera, en cabeza de las autoridades,
obligaciones de protección de sus derechos, como las siguientes: el derecho a
tener condiciones dignas de detención; en el aspecto de infraestructura, se ha
destacado que los locales frecuentados por las personas privadas de la libertad
deben estar mantenidos en debido estado y limpios, los sitios de habitación deben
estar en condiciones adecuadas e higiénicas, las celdas deben contar con buena
ventilación y con acceso suficiente a la luz natural o artificial, los reclusos no deben
ser sometidos a temperaturas extremas y la reclusión no debe ser en condiciones
de hacinamiento, entre otras.
82. En ese entendido, se probó que el Municipio de Mistrató no tiene un
establecimiento carcelario de detención preventiva para sindicados y tampoco de
las pruebas aportadas al proceso se demostró que tuviera algún convenio,
contrato o certificado de integración de servicios con otras entidades y entes
territoriales para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los
centros de reclusión del Departamento de Risaralda en relación con el recibo de
presos departamentales o municipales.
70 “[…] Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de
la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones. […]”
71 Corte Constitucional; sentencia SU-122 de 31 de marzo de 2022; M.P. Diana Fajardo Rivera, Cristina
Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas.
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83. Para la Sala la omisión legal por parte del Municipio de Mistrató contribuye
una amenaza de aumento de la situación de hacinamiento del Departamento de
Risaralda, ya reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación. Se probó que
tiene una sala de detención en la unidad policial adscrita al Departamento y tiene
capacidad para albergar dos detenidos, lo que es insuficiente para la atención de
la situación.
84. En orden a lo anterior, para la Sala, el Municipio de Mistrató, por su omisión,
es responsable a título de amenaza de la situación de hacinamiento carcelario de
los 3 centros de reclusión del Departamento de Risaralda y por ende, de los
derechos e intereses colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública y a la seguridad y salubridad públicas, por lo que
se le ordenará que coadyuve al cumplimiento de las ordenes contenidas en la
sentencia proferida el proceso identificado con el NUR 660012333000201600526-
01, teniendo en cuenta que se debe verificar el estado actual de las mesas de
trabajo integradas por las entidades referidas en el numeral segundo de la parte
resolutiva de esa sentencia.
85. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo invocó entre
los derechos vulnerados y amenazados el relativo a la moralidad administrativa,
la Sala reitera que este derecho ha sido entendido como un concepto jurídico
indeterminado, que se relaciona “[…] con el ejercicio eficiente de la función pública
y, en especial, con el manejo correcto de los bienes y dineros públicos. Sin
embargo, para que se configure la vulneración de este derecho colectivo deben
concurrir dos elementos […]” el objetivo y el subjetivo.
85.1 El primero, exige probar el “[…] quebrantamiento del ordenamiento jurídico
[…]” y el segundo “[…] la demostración de conductas amañadas, corruptas,
arbitrarias o alejadas de la correcta función pública […]”, tal y como lo señala la
sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado proferida el 1 de diciembre de 201572.
85.2 La Sala considera que, en el caso concreto, no se encuentra probada la
vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa toda vez que no se probó la configuración de los elementos objetivo
y subjetivo para entenderlo trasgredido; concretamente, no se advirtió la
existencia de una conducta que atentara contra los principios de la función pública
72 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2023, número único de
radicación: 050012333000202101966-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
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y menos se probó la existencia de conductas amañadas, corruptas, o arbitrarias,
más allá de la simple mención que realiza la parte actora. En ese orden de ideas,
se negará el amparo del precitado derecho.
86. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su
causación.
Conclusiones de la Sala
87. La Sala considera que se encuentra probado que el Municipio de Mistrató
incurrió en el incumplimiento de la disposición legal prevista en el artículo 17 de
la Ley 65, al no contar con la infraestructura necesaria para atender a la población
sindicada, sujeta a detención preventiva, y con ello contribuir en el aumento del
índice de hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del
Departamento de Risaralda; por tal razón, la Sala revocará la sentencia de 8 de
noviembre de 2019 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda y en su lugar, dispondrá el amparo de los derechos
colectivos a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y
la seguridad y salubridad pública en los términos expuestos.
88. En relación con el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa,
la Sala negará su amparo en atención a que no está probada ni su vulneración ni
su amenaza.
89. La Sala estima pertinente que en relación con la exigencia de las
autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que integran
las mesas de trabajo establecidas por la sentencia del 11 de julio de 2019, en lo
que tiene que ver con el aporte del Municipio de Mistrató para solucionar la
problemática de hacinamiento carcelario del Departamento, deberán tener en
cuenta en su ponderación el promedio de detenidos a cargo del Municipio y la
población que habita en él, esto respecto de los demás entes territoriales que la
integran.
90. La Sala ordenará igualmente al Municipio de Mistrató que, en el término de
(8) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, solicite a las
entidades que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11
de julio de 2019 su inclusión a las mismas para garantizar la superación de la
situación.
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91. Se ordenará la notificación de esta sentencia al Ministerio de Justicia y del
Derecho, al INPEC, la USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al Gobernador
del Departamento de Risaralda, a la Defensoría Pública del Pueblo – Regional
Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos, entidades que
conforman las mesas de trabajo en mención, para efecto de que se dé cabal
cumplimiento a esta sentencia.
92. La Sala se abstendrá de emitir orden alguna respecto del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Departamento de Risaralda, la USPEC y el INPEC, por
cuanto dichas entidades ya son destinatarias de órdenes concretas en la
sentencia de 11 de julio de 2019, que propenden por solucionar el hacinamiento
carcelario en el Departamento; y de conformar un comité de verificación de esta
providencia, por cuanto lo dispuesto en la sentencia en mención, resulta suficiente
para efectuar el seguimiento de lo decido en esta oportunidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda y, en su lugar, AMPARAR los derechos
colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y a la seguridad y salubridad públicas de la población carcelaria del
Municipio de Mistrató y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana
Seguridad de Pereira – EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio
de Mujeres de Pereira – “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones
de Santa Rosa de Cabal, amenazados por el Municipio de Mistrató, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Mistrató que, respecto del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Pereira –
EPMSCPEI – “Cárcel 40”, del Establecimiento Reclusorio de Mujeres de Pereira
– “Cárcel la Badea” – y del Centro de Reclusión de Varones de Santa Rosa de
Cabal”, coadyuve al cumplimiento de la orden contenida en los numerales
primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 11 de julio de
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2019, proferida por esta Sección dentro del expediente AP-
660012333000201600526-01, en los términos indicados en la parte motiva de
esta sentencia.
Las autoridades que encabezan el Sistema Penitenciario y Carcelario y que
integran las mesas de trabajo dispuestas en la sentencia de 11 de julio de 2019,
a efectos de exigir el aporte del Municipio de Mistrató para solucionar la
problemática de hacinamiento en Risaralda, deberán ponderar el promedio de
detenidos preventivamente que se encuentren a cargo de dicho Municipio.
El Municipio de Mistrató deberá solicitar a las entidades que conforman las
mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11 de julio de 2019, dentro de los
ocho (8) días siguientes a la notificación de esta sentencia, su inclusión a las
mismas para efecto de contribuir a la solución de la problemática.
TERCERO: NOTIFICAR esta sentencia al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, al Alcalde del Municipio de Pereira, al
Gobernador del Departamento de Risaralda, a la Defensoría Pública del Pueblo
Regional de Risaralda y a la Procuraduría para Asuntos Administrativos;
entidades que conforman las mesas de trabajo ordenadas en la sentencia de 11
de julio de 2019 proferida por esta Sección dentro del expediente AP-
660012333000201600526-01, para efecto de que se dé cumplimiento a esta
providencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: No condenar en costas en esta instancia, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
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Número único de radicación: 660012333000201600520-02
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala, en la sesión del día.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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