Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2018-00087-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2018-00087-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 20001-23-33-000-2018-00087-02
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
Demandante: Personería Municipal de Gamarra
Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Corporación
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR; Departamento del Cesar; Aguas
del Cesar S.A. ESP.; Municipio de Gamarra; Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Gamarra Cesar S.A.S. ESP -
EMPUGAM1
Coadyuvante: Alfredo Escudero Cardona2
Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el
Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y Aguas del Cesar S.A. ESP
contra la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. La Personería Municipal de Gamarra presentó demanda3 contra la Nación –
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Corporación Autónoma Regional del
Cesar – CORPOCESAR; el Departamento del Cesar; Aguas del Cesar S.A. ESP;
1 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2.
2 Vinculado en audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el día 23 de enero de 2019. Cfr. índice 2 del
sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_05EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2.
Páginas 2-6.
3 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf)
NroActua 2. Páginas 1-95.
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Municipio de Gamarra; y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado de Gamarra Cesar S.A.S. ESP – EMPUGAM; en
ejercicio del respectivo medio de control, con el objeto de obtener la protección de
los derechos e intereses colectivos: i) a la defensa del patrimonio público; ii) al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; iii) a
la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; iv) al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; v) a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y vi) al goce de un
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Declare vulnerados por parte de la NACIÓN MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO, LA CORPORACI[Ó]N AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL
CESAR CORPOCESAR, EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, AGUAS DEL
CESAR S.A. E.S.P, EL MUNICIPIO DE GAMARRA Y EMPUGAM S.A. E.S.P, los
derechos colectivos de los habitantes de Gamarra Cesar al goce de un ambiente
sano; a la existencia del equilibrio ecológico; Derecho a la defensa del
patrimonio público; a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes; al acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la
seguridad pública al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
SEGUNDO: ORDENE como medida de protección de los derechos colectivos
quebrantados por la NACIÓN - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO B[Á]SICO, LA
CORPORACI[Ó]N AUT[Ó]NOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR, EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR, AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P, EL MUNICIPIO
DE GAMARRA Y EMPUGAM S.A. E.S.P, a adoptar las medidas necesarias y
efectivas tendientes a superar la situación planteada, garantizando un adecuado
funcionamiento del Servicio Público de alcantarillado Municipal y el correcto manejo
de los vertimientos de las aguas residuales.
Para tal efecto: en un término máximo fijado por el despacho, adelanten las
gestiones administrativas, técnicas y presupuestales pertinentes para la ejecución
de las obras que se requieran a fin de brindar una solución definitiva, poner en buen
funcionamiento la red de alcantarillado, ampliar su cobertura a los hogares que lo
necesiten y garanticen el adecuado manejo de las aguas residuales del Municipio
de Gamarra Cesar, Vr Gr, mediante la ejecución del proyecto materia del contrato
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número 059 del 2011, suscrito entre Aguas del Cesar E.S.P. S.A[.] y el ingeniero
consultor Miguel López Camargo, con el objeto de realizar los ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LOS MUNICIPIO DE LA PAZ Y
SAN ALBERTO, DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE
GAMARRA Y DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LOS MUNICIPIOS DE GONZALES, RIO DE ORO Y GAMARRA
DEPARTAMENTO DEL CESAR; La puesta en funcionamiento y operación de la
Planta de Tratamiento de Aguas residuales ubicada en el Barrio Capulco Nuevo, la
Reubicación de la Planta Compacta ubicada en la Urbanización Brisas del Cesar en
un lugar que no perjudique a la comunidad y la implementación de un sistema de
tratamiento de las aguas residuales en la Estación de Bombeo del Municipio de
Gamarra Cesar, y/o cualquier otra medida procedente para solventar el problema y
amparar constitucionalmente los derechos colectivos cercenados.
TERCERO: exhorte al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, A
CORPOCESAR, AL DEPARTAMENTO DEL CESAR Y A AGUAS DEL CESAR S.A
E.S.P para que en ejercicio de sus competencias, y por intermedio de las
dependencias que correspondan, entre ellas, el Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, realicen el acompañamiento y asesoramiento necesarios al
MUNICIPIO DE GAMARRA Y A EMPUGAM S.A E.S.P para la puesta en marcha
del funcionamiento de las PTAR, así como la gestión y disposición del Gobierno
Nacional y Departamental de los recursos que sean necesarios para la optimización
y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el Municipio de Gamarra Cesar.
CUARTO: Ordene a CORPOCESAR, en su calidad de máxima autoridad ambiental
en el Departamento, que dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la
Sentencia, adopte e inicie las medidas ambientales necesarias tendientes a lograr
la reducción de los efectos contaminantes que produce el vertimiento de las aguas
residuales del Municipio de Gamarra en el Caño Rabón y demás cuerpos de aguas
afectados y proceder en conjunto con los demás accionados a descontaminarlas.
QUINTO: En todo caso, previendo la posibilidad de requerirse recursos adicionales
por parte del Sistema General de regalías, se ordene que en caso de ser necesarios
dichos recursos, los cuales son administrados por el OCAD Regional del Cesar, o
por parte del OCAD Departamental, se otorgue curso prioritario a los proyectos
formulados por cualquiera de los demandados a efecto del mejoramiento del sistema
de alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales del Municipio de Gamarra
Cesar, por lo que se deberá realizar su estudio y aprobación, sin dilaciones o trabas
de ninguna índole; lo anterior, en cumplimiento de su función constitucional y legal,
lo mismo que en la materialización de los principios que rigen la función pública y de
colaboración armónica entre los distintos órganos y entidades del estado, en aras
de lograr una adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos.
QUINTO: (sic) Se conforme un comité de seguimiento en el que se incluya a la
PERSONERÍA MUNICIPAL DE GAMARRA CESAR y a los coadyuvantes, con el fin
de que se pueda hacer un seguimiento permanente para el cumplimiento de las
decisiones que se adopten en el fallo judicial […]”4.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
4 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf)
NroActua 2. Páginas 80-82.
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3.1. Manifestó que el Municipio de Gamarra no cuenta con un sistema de
alcantarillado sanitario óptimo y posee dificultades en la operación de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales.
3.2. Mencionó que en Oficio DG 0999 de 11 de agosto de 2017, expedido por la
Corporación Autónoma Regional del Cesar, se señaló que durante una visita
evidenciaron que la laguna de oxidación del Municipio no se encontraba operando
en las condiciones adecuadas, observaron exceso de vegetación flotante y no se
visualizaba un espejo de agua. Asimismo, en dicha visita se evidenció que la planta
de tratamiento compacta no se encontraba en funcionamiento, generando
vertimiento de forma directa al caño Largo y al suelo.
3.3. Manifestó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en
terrenos de la Urbanización Brisas del Cesar construida por ejecución del Contrato
de Obra núm. 11 de 5 de agosto de 2013, se encuentra en desuso, total abandono,
cubierta de maleza, con materia orgánica flotante y líquido de color verde en la
superficie que genera olores ofensivos, su tubería está destruida y sus tanques
sumergidos en más de la mitad. De igual manera, su ubicación no cumple con la
distancia reglamentaria de las viviendas de la Urbanización, por lo cual los
habitantes sufren a diario los fuertes olores que emanan de allí y exigen su
reubicación.
3.4. Indicó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el barrio
Capulco Nuevo no presta ningún servicio, se compone de siete (7) tanques, varios
de ellos se encuentran rasgados, la tubería que los conecta está destrozada y no
cuenta con fuente de energía. Además, las aguas residuales sin tratamiento se
vierten en la ciénaga La Teresa.
3.5. Advirtió que la estación de bombeo del sistema de alcantarillado del Municipio
de Gamarra queda ubicada en la parte noroccidental del Municipio y que solo
funciona para descargar las aguas sin tratamiento a uno de los brazos del río
Magdalena, desagüe que ocurre a la altura de la estación de ferri del Municipio.
3.6. Señaló que los cuerpos de agua que han sido contaminados con ocasión al
vertimiento directo de aguas residuales son el caño Rabón, la ciénaga La Teresa,
la ciénaga de Baquero, la ciénaga Los Aceitunos o Poza el Cantil, el canal de aguas
o cárcava de la Urbanización Divino Niño y la ciénaga de Cascajal.
3.7. Adujo que, a pesar de la deficiente condición del sistema de alcantarillado,
ninguna de las entidades ha surtido actividades en el marco de materializar lo
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señalado en los estudios y diseños contratados por el gestor del Plan Departamental
de Aguas del que hace parte el Municipio de Gamarra.
3.8. Agregó que, al requerir a las entidades accionadas, mediante oficios de 8 de
septiembre de 2017, a lo que algunas de ellas dieron respuesta así:
3.8.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio afirmó que el Municipio es el
encargado de la prestación del servicio.
3.8.2. El Municipio señaló que ha adoptado las medidas necesarias y efectivas
tendientes a la garantía de la prestación de un servicio público idóneo, por lo cual
suscribió Convenio Interadministrativo núm. 006 de 2017 con la empresa prestadora
del servicio en el Municipio, cuyo objeto es “[…] [a]unar esfuerzos para la
adecuación, limpieza y mantenimiento de la Estación de Bombeo de Aguas
Residuales y Construcción de un tramo de Alcantarillado Sanitario en el Barrio los
Aceitunos en el Área Urbana del Municipio […]”.
3.8.3. El Departamento indicó que cuenta con una estrategia específica para el
desarrollo del Plan Departamental de Aguas con cuatro componentes: i) inversiones
en infraestructura; ii) modernización empresarial; iii) protección ambiental a fuentes
de agua; y iv) gerencia e interventoría.
3.8.4. Aguas del Cesar S.A. ESP manifestó que el proyecto no ha sido ejecutado
debido a que el Municipio no adelantó las gestiones administrativas para adquirir los
predios necesarios donde se proyectó la construcción del Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales – STAR.
Contestaciones de la demanda
4. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio5 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos6:
4.1. Señaló que es el director estratégico en el marco de los lineamientos de
organización territorial y calidad de vida, además, es generador de políticas públicas
puntuales que propenden por el desarrollo del sector para lo cual existe el
viceministerio de agua y saneamiento básico. En ese sentido, no es lógico que se
le ordene adoptar medidas para la garantía del adecuado funcionamiento del
5 Por intermedio de apoderado.
6 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf)
NroActua 2. Páginas 3-11 y 38-46.
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servicio público de alcantarillado y correcto manejo de los vertimientos de aguas
residuales a nivel nacional, ni que se declare como transgresor de derechos e
intereses colectivos de los habitantes del Municipio de Gamarra.
4.2. Adujo que el Municipio es responsable de garantizar que los recursos sean
invertidos en los proyectos y realizar las acciones tendientes a la solución de las
necesidades, para lo cual tiene herramientas jurídicas que puede aplicar, puede
solicitar de manera directa al Ministerio un acuerdo de cooperación para el diseño
estratégico y asesoramiento en los procesos de agua, alcantarillado y saneamiento
básico, al ser esa la misión, para lo cual se deben agotar los canales fijados para
lograr dichos acuerdos, sin que sea necesario acudir a estas instancias, al no haber
agotado todas las posibilidades para lograrlo.
4.3. Manifestó que no está llamado a ser sujeto pasivo en el proceso en tanto no
ha realizado actividad alguna que causara daño, en razón al vertimiento de aguas
servidas sin tratamiento alguno sobre los afluentes acuíferos que estén afectando a
la urbanización Divino Niño, destacando que realizar vertimientos de aguas servidas
no está dentro de sus funciones.
4.4. Mencionó que puede colaborar con asistencia técnica y apoyo financiero.
Asimismo, señaló que el accionante debió generar los medios que permitieran dicha
asistencia técnica, solicitando al Municipio de Gamarra un acuerdo
interadministrativo con el Ministerio para recibir el apoyo sin erogación económica
alguna para las partes.
4.5. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“responsabilidad a cargo de entes territoriales”.
5. La Corporación Autónoma Regional del Cesar - CORPOCESAR7 contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los
siguientes argumentos8:
5.1. Manifestó que los municipios son las entidades encargadas de asegurar que
se preste eficientemente el servicio público domiciliario de alcantarillado, a
diferencia de las corporaciones autónomas regionales que, de conformidad con el
artículo 30 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 19939, tienen funciones de ejecución
7 Por intermedio de apoderado.
8 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf)
NroActua 2. Páginas 52-56.
9 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
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de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos
naturales renovables.
5.2. Señaló que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del
Municipio de Gamarra fue aprobado mediante Resolución 358 de 26 de marzo de
2010; sin embargo, el Municipio no está cumpliendo dicho Plan debido a que los
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales – STAR de su área urbana no están
en funcionamiento. En atención a ello, la autoridad ambiental ha adelantado
procesos sancionatorios ambientales y ha impuesto sanciones pecuniarias.
5.3. Afirmó que ha suscrito varios convenios con el Municipio para el
mantenimiento de vías fluviales y gestión de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico a través de la optimización del STAR del Municipio.
5.4. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y
“Corpocesar como entidad responsable de los derechos colectivos infringidos”.
6. El Departamento del Cesar10 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos11:
6.1. Aseveró que carece de competencia para la construcción de las obras
necesarias para la puesta en funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales toda vez que la función la tiene directamente el Municipio, el
Departamento solo tiene funciones de apoyo y coordinación.
6.2. Manifestó que ha cumplido con su deber de apoyar a los municipios,
evidenciado en la suscripción de los convenios interadministrativos núms. 238 y 358
de 2009 con Aguas del Cesar S.A. ESP, en virtud de los cuales se realizó la
contratación de obras necesarias para la instalación de redes de acueducto y
alcantarillado en el Municipio de Gamarra, lo que demuestra el compromiso de la
entidad con el desarrollo de infraestructura básica para la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
6.3. Señaló que realizó gestiones para mejorar las condiciones de vida de la
población, aunque la supervisión del Convenio núm. 238 de 2009 identificó fallas
que obligaron al Departamento a liquidarlo unilateralmente, debido a que surgieron
observaciones técnicas.
10 Por intermedio de apoderado.
11 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 95-104.
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6.4. Aclaró que el Contrato de Obra núm. 059 de 2011, relacionado con estudios
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se encuentra suspendido desde
enero de 2016 por la falta de permisos necesarios por parte de Aguas del Cesar
S.A. ESP, situación que impide avanzar en la ejecución de los proyectos que
beneficiarían a los municipios involucrados.
6.5. Afirmó que poner en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales en el barrio Capulco Nuevo es inviable debido a cuestionamientos
técnicos sobre su funcionalidad. Informó que la planta no cumple con el Reglamento
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que imposibilita su operación,
según lo indicado en informes del Secretario de Infraestructura.
6.6. Indicó que no ha vulnerado los derechos e intereses colectivos de los
habitantes del Municipio, ni se presentaron pruebas concretas de la supuesta
afectación. La falta de ejecución de los proyectos se debe a la inactividad de la
administración municipal, responsable de garantizar los servicios públicos en su
territorio.
6.7. Propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Cesar” e “inexistencia de la vulneración de los derechos
colectivos señalados como infringidos por no allegarse material probatorio alguno
que así lo indique”.
7. Aguas del Cesar S.A. ESP12 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos13:
7.1. Indicó que el Contrato de Consultoría núm. 59 de 2011, cuyo objeto consiste
en “estudios y diseños de las líneas de conducción de los municipios de La Paz y
San Alberto, del sistema de alcantarillado sanitario de Gamarra y de los sistemas
de tratamiento de aguas residuales de los Municipios de González, Río de Oro y
Gamarra Departamento del Cesar” fue plenamente ejecutado y liquidado el 27 de
junio de 2016.
7.2. Adujo que del citado Contrato se obtuvieron parámetros del sistema de aguas
residuales del Municipio de Gamarra relacionadas con diseño, especificaciones
técnicas, memorias técnicas, descripción y diagnóstico de la infraestructura
existente, manual de operación y mantenimiento, presupuesto de obra de
12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 62-68.
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alcantarillado, planos del sistema con localización, perfiles, detalles de pozos,
lagunas facultativas y de maduración.
7.3. Señaló que, de conformidad con el Convenio 275 de 25 de octubre de 2009
suscrito entre Aguas del Cesar S.A. ESP y el Departamento del Cesar, la empresa
funge como gestora del Plan Departamental de Aguas y tiene como función principal
la contratación y supervisión de los proyectos que en materia de saneamiento
básico y agua potable prioricen el comité directivo del PDA o el comité técnico
departamental; es decir, la empresa no tiene voto en dichos órganos y no puede
determinar los proyectos a ejecutar.
7.4. Manifestó que en ejercicio de sus funciones suscribió el Contrato de Obra
núm. 60 de 2010 mediante el cual se construyó la red de alcantarillado sanitario y
de acueducto de las Etapas 1, 2 y 3 de la urbanización Puerto Capulco, dicha obra
fue recibida por el Municipio para asumir la operación del sistema construido.
7.5. Afirmó que es un abuso de las vías procesales que se hubiera interpuesto
esta acción popular sin determinar previamente si la empresa estaba facultada por
ley para garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.
7.6. Propuso las excepciones de “falta de legitimidad por pasiva”, “obrar en
cumplimiento de un deber legal y buena fe de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.” y “abuso
de las vías procesales”.
Audiencia de pacto de cumplimiento
8. El Tribunal Administrativo del Cesar celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 23 de enero de 201914 sin que existiera acuerdo, por lo cual
declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 27 de enero de
2022, resolvió:
“[…] PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar decretada por esta Corporación a
través de auto del 12 de julio de 2018; por las razones esbozadas en precedencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la
existencia a un equilibrio ecológico; defensa del patrimonio público; realización de
14 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_05EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 2-6.
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construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes; acceso a una infraestructura de servicios que garanticen la
seguridad pública; acceso a los servicios públicos, con una prestación eficiente y
oportuna, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los
habitantes del Municipio de Gamarra- Cesar, quebrantados con ocasión del
vertimiento directo de las aguas residuales a los cuerpos de agua y al suelo, sin previo
tratamiento, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al DEPARTAMENTO
DEL CESAR, AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P., MUNICIPIO DE GAMARRA y
EMPUGAM S.A. E.S.P., que procedan a ejecutar de manera definitiva, dentro del
plazo máximo de 6 meses, los actos necesarios para i) poner en funcionamiento y
operación, alguna de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
de Gamarra Cesar, que no afecte a la comunidad aledaña; ii) erradicar los fuertes
olores y efectuar el manejo ambiental que permita el control de vectores que emanan
de las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, en especial la ubicada en la
Urbanización Brisas del Cesar; iii) implementar un procedimiento que permita el
tratamiento de las aguas residuales en la estación de bombeo del sistema de
alcantarillado; iv) ejecutar las obras de optimización del sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, cuyos estudios y diseños fueron producto del
Contrato Número 059 del 2011, suscrito entre Aguas del Cesar E.S.P. S.A y el
ingeniero consultor Miguel López Camargo, en aras de proteger los derechos
colectivos amparados.
CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Cesar -
CORPOCESAR, como máxima autoridad ambiental de esta jurisdicción, que continúe
con su función de control y vigilancia, garantizando la reducción de los efectos
contaminantes que produce el vertimiento de las aguas residuales del Municipio de
Gamarra a ríos, caños, ciénagas, canales, y demás cuerpos de agua afectados, y, en
caso de ser necesario, se impongan las sanciones que sean pertinentes contra las
autoridades responsables, de continuarse afectando el servicio púb[l]ico domiciliario
de saneamiento ambiental en el Municipio de Gamarra - Cesar.
QUINTO: En cuanto a la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, si bien no es posible que recaiga orden
alguna, en aras de hacer cesar el peligro o amenaza del recurso ambiental en el
Municipio de Gamarra - Cesar, esta entidad si podrá, de ser el caso, dar curso
prioritario a los proyectos que le sean presentados en materia de los servicios públicos
de saneamiento básico correspondiente al Municipio de Gamarra – Cesar, por las
razones aducidas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por: a) La Personería Municipal de Gamarra –
Cesar (quien actúa como Ministerio Público en el municipio) y su coadyuvante, como
parte actora en el asunto, b) El Alcalde Municipal de Gamarra – Cesar o su delegado,
c) El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y
Alcantarillado de Gamarra – Cesar – EMÚGAM S.A E.S.P, d) El Gobernador del
Departamento del Cesar o su delegado, e) El Gerente de la empresa Aguas del Cesar
S.A E.S.P y f) El Gerente de la Corporación Autónoma Regional del Cesar –
CORPOCESAR.
SÉPTIMO: Sin costas en esta instancia.
OCTAVO: En firme esta providencia, archívese el expediente […]”15.
15 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_40FALLO(.pdf) NroActua 2.
Páginas 47-48.
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Consideraciones del Tribunal
10. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] [D]eterminar, si en el presente asunto, la Nación – Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR,
el Departamento del Cesar, Aguas del Cesar S.A. E.S.P., el Municipio de Gamarra
y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de
Gamarra – EMPUGAM S.A. E.S.P. se encuentran vulnerando los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano; la existencia a un equilibrio ecológico;
defensa del patrimonio público; realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y,
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; acceso a una
infraestructura de servicios que garanticen la seguridad pública; acceso a los
servicios públicos, con una prestación eficiente y oportuna, y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del Municipio
de Gamarra- Cesar, causado con ocasión del vertimiento directo de las aguas
residuales a los cuerpos de agua y al suelo, sin previo tratamiento […]”16.
11. El Tribunal advirtió que, para el adecuado servicio público de saneamiento
en el Municipio de Gamarra, se cuenta con un sistema de tratamiento de aguas
residuales contentivo de una laguna de oxidación, una estación de bombeo y
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en el área urbana, en la
Urbanización Capulco Nuevo -antes Puerto Capulco-, Brisas del Cesar y Divino Niño,
además, existe un sistema de alcantarillado el cual no presta el servicio al 100% de
la población.
12. El Tribunal precisó que la empresa Aguas del Cesar S.A. ESP empezó a
fungir como gestora y ejecutora del Plan Departamental de Aguas en el Cesar, a
partir de la suscripción del Convenio Interadministrativo 275 de 5 de octubre de
2009, cuyo objeto fue “[…] [e]stablecer la reglamentación que regirá la planeación,
promoción, estructuración, gestión, financiación, ejecución y control de las
inversiones, implementación y seguimiento del Plan Departamental de Agua y
Saneamiento PDA del Cesar […]”.
13. Indicó que, en consecuencia de lo anterior, la empresa suscribió una serie de
contratos que permitieron la construcción de varias PTAR, así: i) el Contrato de
Consultoría 059 de 2011, cuyo objeto fue “[…] [e]studios y diseños de las líneas de
conducción de los municipios de La Paz y San Alberto, del sistema de alcantarillado
sanitario de Gamarra, y de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de los
Municipios de González, Río de Oro y Gamarra, en el Departamento del Cesar […]”,
del cual surgió la PTAR de Capulco Nuevo, así como la implementación del sistema
de alcantarillado sanitario en el Municipio; ii) el Contrato de Obra 026 de 2017, cuyo
16 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_40FALLO(.pdf) NroActua 2.
Páginas 8-9.
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objeto fue la construcción de la PTAR de la Urbanización Divino Niño, cuyo proyecto
aún está en ejecución; y iii) el Contrato de Obra 011 de 5 de agosto de 2013, con el
objeto de realizar “[…] [l]a construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales del casco urbano del Municipio de Gamarra – Cesar […]”, lo que permitió
la construcción de la PTAR ubicada en la Urbanización Brisas del Cesar.
14. Agregó que la Corporación Autónoma Regional del Cesar celebró con el
Municipio de Gamarra el Convenio Interadministrativo 19-6-0080-0-2012 de 16 de
octubre de 2012 con el objeto de gestionar los sistemas de agua potable y
saneamiento básico en el Departamento del Cesar, a través de la optimización del
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR del Municipio de Gamarra.
15. Advirtió que el Municipio fue incluido en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, tanto en el componente urbano como en el rural, establecido mediante
Resoluciones núms. 358 de 26 de marzo de 2010, 1620 de 6 de diciembre de 2010
y 0739 de 19 de junio de 2014, expedidas por la Corporación Autónoma Regional
del Cesar.
16. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad ambiental realizó visitas de
inspección y seguimiento ambiental, tanto a la empresa prestadora de servicios
como al Municipio, siendo reiterativo en cada una de las visitas acerca de varios
puntos como: i) la laguna de oxidación no estaba operando en condiciones
adecuadas debido a la presencia de maleza y exceso de vegetación flotante; ii) las
PTAR no estaban funcionando correctamente, sus estructuras estaban averiadas y
se desbordaban al no ser suficientes respecto a la población, lo que generaba el
vertimiento directo de las aguas residuales al suelo o diferentes fuentes de agua sin
ningún tratamiento; iii) la planta de tratamiento ubicada en Brisas del Cesar no
funcionaba; y iv) la estación de bombeo depositaba las aguas residuales a varios
cuerpos de aguas, sin ningún tipo de tratamiento, como el Caño Rabón, Ciénagas
El Vaquero y Los Aceitunos.
17. Adujo que el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra, la empresa
prestadora del Municipio y la empresa prestadora del Departamento se
comprometieron a realizar un diagnóstico, rediseño y presupuesto de las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales de Brisas del Cesar y Capulco Nuevo; sin
embargo, no se demostró que se hubiere realizado.
18. Agregó que el Departamento del Cesar insistentemente manifestó que la
PTAR ubicada en la Urbanización Capulco Nuevo no cumplió con las
especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento Técnico del Sector de
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Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, desde que fue entregada por parte
de Aguas del Cesar S.A. ESP, por lo que su operación y adecuación se hacía
imposible; no obstante, indicó que las dificultades advertidas no son razón suficiente
para no garantizar la prestación del servicio público de saneamiento básico, que
puede prestarse a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o
alternativa para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas.
19. Encontró probado que no existe una correcta implementación y optimización
del sistema de tratamiento de aguas residuales, ni de alcantarillado, motivo por el
cual, las aguas son vertidas al suelo y a diferentes cuerpos de agua sin ningún tipo
de tratamiento, lo que está generando contaminación al medio ambiente.
20. Aunque algunas entidades accionadas demostraron haber adelantado
gestiones para intentar solventar la problemática derivada del inadecuado e ineficaz
tratamiento del sistema de alcantarillado, no encontró probado que las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales se hayan puesto en funcionamiento, ni que se
realice un vertimiento correcto de las aguas residuales.
21. En ese sentido, consideró que la vulneración de los derechos e intereses
colectivos permanecía comoquiera que no se comprobó que existiera un sistema
idóneo y completo para el manejo de aguas residuales, así como no ha sido posible
que en el Municipio se implemente un sistema de tratamiento de aguas residuales
y alcantarillado integral. Por ello, levantó la medida cautelar y, en su lugar, dispuso
que tales medidas fueran definitivas.
22. Respecto a la competencia de las entidades accionadas determinó que la
Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tiene competencias
relacionadas con hacer cesar el peligro o amenaza del recurso ambiental; sin
embargo, podría, de ser el caso, dar curso prioritario a los proyectos que le sean
presentados en materia de saneamiento básico en el Municipio de Gamarra.
23. Asimismo, debido a que la Corporación Autónoma Regional del Cesar es
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, le ordenó continuar ejerciendo su
función de control y vigilancia, garantizando la reducción de los efectos
contaminantes que produce el vertimiento de las aguas residuales del Municipio de
Gamarra a ríos, caños, ciénagas, canales y demás cuerpos de agua afectados, así
como, en caso de ser necesario, imponga las sanciones que sean pertinentes.
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Recursos de apelación
24. El Municipio de Gamarra17 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó la revocatoria de los
numerales “i)” y “iv)” del ordinal tercero de la parte resolutiva, con fundamento en
los siguientes argumentos:
24.1. Señaló que el Tribunal se apartó de lo probado debido a que el Tribunal
ordenó que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Capulco, luego
Capulco Nuevo, se pusiera en funcionamiento y operación a pesar de haber
señalado que presenta graves problemas de ubicación y construcción, además,
“[…] no cumple con las especificaciones técnicas […]” que le eran exigibles.
24.2. Advirtió que algo similar ocurre con la PTAR de Brisas del Cesar debido a
que en la sentencia se señaló que la misma se encuentra en desuso, en total
abandono y que “[…] por su ubicación no cumple con la distancia reglamentaria
frente a las viviendas que componen la Urbanización Brisas del Cesar […]”; en ese
sentido, no puede ser puesta en funcionamiento, sobre todo teniendo en cuenta que
“[…] funcionarios que participaron en la contratación de esta obra y los contratistas
actualmente se encuentran judicializados con escrito de acusación el cual se anexa
a este escrito que dan cuenta de las múltiples falencias en la construcción de esta
obra (Radicado 11-001-60-00000-2020-01690) […]”.
25. El Departamento del Cesar18 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
25.1. Señaló que la responsabilidad de prestar adecuada y eficientemente los
servicios domiciliarios de acueducto y alcantarillado está a cargo del Municipio de
Gamarra, a través del ente descentralizado Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Gamarra Cesar S.A.S. ESP –
EMPUGAM.
25.2. Advirtió que los Departamentos tienen funciones de apoyo y coordinación
para asegurar dicha prestación, las cuales han sido asumidas a cabalidad por la
entidad de orden departamental, quien ha brindado apoyo económico, técnico y
administrativo al Municipio respecto al funcionamiento adecuado del sistema de
17 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_46ANEXO1ESCRITOAPELA(.pdf) NroActua 2.
18 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_44ANEXO1ESCRITOAPELA(.pdf) NroActua 2.
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alcantarillado municipal y el manejo correcto de los vertimientos de aguas
residuales. Ello se comprueba teniendo en cuenta la suscripción de los siguientes
convenios interadministrativos con la empresa Aguas del Cesar S.A. ESP:
25.2.1. Convenio núm. 238 de 1 de septiembre de 2009, por un valor inicial de
$1.631.797.076.00 con un plazo de ejecución de 365 días, consistente en la
instalación de redes de acueducto en tubería PVC y pozos de inspección en
concreto que permitirían conducir las aguas residuales domésticas a una planta de
tratamiento para verterlas a una fuente receptora. De allí se permitió la suscripción
del Contrato de Obras núm. 060 de 7 de octubre de 2010 para construir las redes
de alcantarillado sanitarios y redes de acueducto de la urbanización Puerto Capulco
Etapa 1,2 y 3 del Municipio de Gamarra, liquidando el Convenio 238 de 2009.
25.2.2. Convenio núm. 358 de 2009, por un valor inicial de $37.053.241.159,
suspendido el 4 de enero de 2016 hasta que Aguas del Cesar S.A. ESP no obtuviera
los permisos y servidumbres para culminar el Contrato de Consultoría núm. 059 de
2011, cuyo objeto era “[…] el estudio y diseño de las líneas de conducción de los
municipios de la paz y san Alberto como también del sistema de alcantarillado de
gamarra y de los sistema[s] de tratamientos de agua residuales de los municipios
de Gonzales, [R]io de [O]ro y [G]amarra […]”, sin que se haya allegado el avance
actual del contrato.
26. Aguas del Cesar S.A. ESP19 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:
26.1. Señaló que no todos los municipios, corregimientos y veredas gozan de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado debido a que dependen de la
capacidad presupuestal de las entidades territoriales de orden nacional,
departamental y municipal que para el caso concreto no son suficientes para
garantizar la cobertura de todas las necesidades básicas insatisfechas.
26.2. Adujo que la competencia de la prestación de los servicios públicos
mencionados recae exclusivamente en manos del Municipio de Gamarra, a través
de su empresa prestadora, y que la función de los departamentos es de
coordinación, en ese sentido puede prestar ayuda técnica y asistencia al Municipio.
19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_52ANEXO1IMPUGNASENTE(.pdf) NroActua 2.
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26.3. Manifestó que una vez ejecutados los contratos entregó a la empresa
prestadora del Municipio para que opere, realice el mantenimiento, preste el servicio
a la comunidad y cobre por dicha prestación; en ese sentido aclaró que Aguas del
Cesar S.A. ESP no presta servicios públicos directamente.
26.4. Afirmó que no cuenta con presupuesto autónomo para desarrollar esta
actividad, únicamente lleva a cabo los planes departamentales de aguas de acuerdo
con los convenios, suscritos entre el Departamento y la empresa departamental,
que señalan cuales son los proyectos a ejecutar y con cuánto presupuesto se
cuenta. Así, Aguas del Cesar S.A. ESP y los municipios priorizan, viabilizan, le
asignan presupuestos y ejecutan los proyectos que se entregan a la empresa
prestadora del municipio para que la misma continúe con su correspondiente
gestión.
26.5. Informó que no puede ejecutar planes con un dinero distinto al asignado
para los planes departamentales de agua, distinto escenario para quienes reciben
el dinero de la Nación, a través del Sistema General de Participación, que son los
municipios.
Actuaciones en segunda instancia
27. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar profirió auto
de 3 de marzo de 202220 mediante el cual se concedieron, en efecto suspensivo,
los recursos de apelación interpuestos por el Departamento del Cesar, el Municipio
de Gamarra y Aguas del Cesar S.A. ESP contra la sentencia proferida, en primera
instancia.
28. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 1.° de
agosto de 202221 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación interpuestos por el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y
Aguas del Cesar S.A. ESP contra la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida, en
primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Cesar.
29. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 2 de
septiembre de 202222 mediante el cual admitió los recursos de apelación
20 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_54AUTOCONCEDEAPELACI(.pdf) NroActua 2.
21 Cfr. índice 9 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEREVOCAOCORRIGELADECISION(.pdf) NroActua 4.
22 Cfr. índice 9 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 9.
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presentados por el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y Aguas del
Cesar S.A. ESP.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
30. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; vi) el marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el
saneamiento básico; vii) el marco normativo sobre las competencias de las
autoridades en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado; viii) el marco normativo sobre los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento y ix) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
31. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201923, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15024 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer de los recursos de apelación que se presenta
contra la sentencia proferida en primera instancia, por los Tribunales Administrativos
en el trámite de las acciones populares.
32. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
33. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y
Aguas del Cesar S.A. ESP en los recursos de apelación interpuestos contra la
23 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
24 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se
reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se
dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar,
de conformidad con los artículos 32025 y 32826 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201227, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472.
Problemas jurídicos
34. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:
34.1. Si el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y Aguas del Cesar
S.A. ESP son o no responsables de la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos ocasionada por el estado en el que se encuentra el sistema de
alcantarillado del Municipio de Gamarra; y, consecuencialmente, si estas entidades
son o no competentes para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia proferida,
en primera instancia, orientadas a la superación de la situación de vulneración de
los derechos e intereses colectivos.
34.2. Si la falta de recursos económicos y la gestión realizada hasta el momento,
en los términos argumentados por los recurrentes, constituye o no razón suficiente
para modificar las órdenes impartidas en primera instancia.
35. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
36. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
25 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
26 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
27 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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37. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
38. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
39. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
40. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”28.
41. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
42. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública
43. Vistos los artículos 2.°, 24 y 366 de la Constitución Política sobre el deber del
Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala que
“[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.
44. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.
45. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:
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“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.
Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]
El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado29.
Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la
posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.
Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”30 (Destacado fuera de texto).
46. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”31.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).
31 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000
201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
47. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
48. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”32
(Destacado fuera de texto).
49. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente33, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
32 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
33 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333
000201800493-01.
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Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico
50. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
51. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 de 11 de julio de 199434
señala que el Estado intervendrá en los servicios públicos para garantizar la
atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua
potable y saneamiento básico.
52. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 prevé que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
53. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios
de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.
Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado
54. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.
34 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
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55. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en
los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155135, la
norma señala lo siguiente:
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)
56. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”36; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
35 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó
la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
36 Artículo 8.4.
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servicios […]”37; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y
municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”38.
57. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
58. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.
59. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.
60. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.
37 Artículo 8.5.
38 Artículo 8.6.
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61. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º., 3.º y 6.º del artículo 5.° señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.
62. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18
de julio de 199739, sobre la acción urbanística, la función pública del ordenamiento
territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran localizar y señalar
las características de la infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos, así
como los equipamientos de servicios de interés público y social como centros
docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura
para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad pública o por
entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.
63. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
64. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar
la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
39 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.
65. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:
“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
66. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
67. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10.°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.
68. En relación con la competencia de los departamentos, el artículo 298 de la
Constitución Política también dispuso que: “[…] [l]os departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y
promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio […]”. Además,
“[…] ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de
la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”.
Adicionalmente, les asisten funciones de apoyo y coordinación en materia de
servicios públicos, en los términos del artículo 367 de la Constitución.
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69. Con base en tales atribuciones, los artículos 7.° de la Ley 142 y 74 40 de la
Ley 715 de 21 de diciembre de 200141, establecen, entre sus responsabilidades, los
deberes de apoyo financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.
70. Sobre las competencias de los municipios, el artículo 311 de la
Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de la división
político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.
71. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en sus
respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios y, por
esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad de
todos sus habitantes.
72. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete, entre otras, i) promover el desarrollo de su
territorio y construir las obras que demande el progreso municipal; ii) procurar la
solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente
territorial; y iii) garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico a los habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan
los servicios públicos domiciliarios.
40 “[...] Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son
promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios
y de prestación de los servicios. Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias: […] 74.1. Planificar y orientar las políticas de
desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
[…] 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental […] 74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando
la tengan […] 74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento
y con la Nación […] 74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a
las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando
a ello haya lugar […] 74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la
prestación de los servicios a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación,
autoridades locales y a la comunidad [...]”.
41 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
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73. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º, 3.º y 6.º del artículo 5.° señala que
es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios públicos:
i) asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, directa o
indirectamente, los servicios públicos domiciliarios; ii) disponer el otorgamiento de
subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del
municipio; y iii) apoyar con inversiones y otros instrumentos a las empresas de
servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar
actividades de su competencia.
74. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18
de julio de 199742, la función pública del ordenamiento territorial se ejerce mediante
la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las
decisiones administrativas y a las actuaciones que les son propias, entre las cuales
se encuentran el señalamiento de las características de la infraestructura para los
servicios públicos domiciliarios y el direccionamiento en la ejecución de obras de
infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la ley.
75. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos
deben promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial
realizar la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
76. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.
77. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
42 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”43
(Destacado fuera del texto).
78. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.
79. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 44.
80. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere
el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero de
2020 con núm. único de radicación 050012333000201502436-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
44 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación
190013331005201100294-01 (AP), C. P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”45
(Destacado fuera del texto).
Marco normativo sobre los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
81. Visto el artículo 1° del Decreto 1425 del 6 de agosto de 201946, que establece
un marco actualizado para los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, dichos planes se conciben como el
“[…] conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos
y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso
a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales,
la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de
los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva
de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios […]”.
82. Esta normativa es aplicable a “[…] todos los participantes en la
planeación, coordinación y ejecución interinstitucional de los […] PDA, y a los
instrumentos de administración de los recursos, que en virtud de la Ley 1176 de
2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1530 de 2012 y Ley 1753 de 2015 o las normas que
las modifiquen, complementen o sustituyan, pueden y deben ejecutarse a través de
los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento […]”.
83. La misma regulación establece que las autoridades deben actuar de manera
articulada para planificar, diseñar, programar y ejecutar las estrategias necesarias
en los servicios de acueducto y saneamiento ambiental, asegurando una
colaboración eficaz entre entidades de distintos niveles. En relación con las
entidades municipales, el alcalde y las empresas prestadoras de servicios son
los encargados de la ejecución de las obras y la prestación continua de los servicios.
En el ámbito departamental, el gobernador asume un rol central en la dirección del
PDA, encabezando el Comité Directivo y coordinando actividades entre las
diferentes entidades involucradas. A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio establece las directrices técnicas y supervisa la correcta
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
46 “[…] Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento […]”
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implementación de los PDA. Además, el Departamento Nacional de Planeación
realiza evaluaciones financieras y técnicas, orientadas a asegurar que los proyectos
sean sostenibles y cumplan con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
84. En esa misma línea, las Corporaciones Autónomas Regionales, como
autoridades ambientales tienen la responsabilidad de asegurar que los proyectos
ejecutados en el marco de los PDA cumplan con la normativa ambiental vigente,
protegiendo las fuentes hídricas y asegurando la sostenibilidad ambiental de las
actividades relacionadas con la gestión del agua y el saneamiento.
85. Dentro de la cooperación administrativa, se destacan las “estructuras
operativas”, que, según el Decreto mencionado, estarán integradas por un comité
directivo y un ente gestor.
86. El ente gestor puede ser “[…] el departamento o las empresas de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, siempre que
sus estatutos permitan la vinculación como socios a los municipios y distritos del
respectivo departamento que así lo soliciten […]”. Este ente “[…] es el responsable
de la gestión, planeación, implementación, ejecución de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento
básico en el departamento […]”.
87. Las funciones del ente gestor son múltiples y abarcan, entre otras, i) la
coordinación de las acciones de los distintos participantes en el programa; ii) la
provisión de asistencia técnica y administrativa a los municipios; iii) la planificación
y priorización de inversiones; iv) la estructuración de proyectos; y v) la búsqueda de
fuentes de financiación. Además, es su deber supervisar los procesos de
contratación, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales y la
transparencia en la selección de oferentes. Igualmente, debe rendir cuentas de
manera periódica al Comité Directivo y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
a través de informes detallados que describan los avances y la utilización de los
recursos; y llevar a cabo audiencias públicas para asegurar la transparencia y el
control social.
88. Si la gestión es realizada por empresas de servicios públicos, estas deben
formalizar contratos específicos que detallen sus obligaciones y la remuneración por
los servicios prestados.
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89. El gestor debe coordinar las actividades del PDA bajo la dirección del Comité
Directivo, el cual es definido como “[…] la instancia encargada de aprobar el
ejercicio de planificación y seguimiento para el desarrollo de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA […] incorporando un análisis de necesidades, recursos
disponibles, metas e indicadores definidos por el departamento, el Gestor y los
municipios y distritos […]”.
90. Este comité está compuesto por: i) el gobernador del departamento, quien lo
preside; ii) un secretario departamental; iii) dos alcaldes en representación de los
municipios y distritos participantes; iv) un representante del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio; v) un delegado de la autoridad ambiental competente; vi) un
representante del Departamento Nacional de Planeación; y vii) el ente gestor, que
ejerce la secretaría técnica.
91. Entre otras funciones, este comité tiene la responsabilidad de aprobar los
instrumentos de planeación, la revisión y ajuste de las metas según las fuentes de
financiación disponibles, y la articulación con las autoridades ambientales.
92. La participación de las entidades territoriales y las autoridades ambientales
en los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento - PDA está condicionada al cumplimiento de una serie de
requisitos en cabeza de:
92.1. Los departamentos, quienes deben de suscribir un convenio con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, comprometiéndose a adoptar los
lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los PDA e implementar el
instrumento para el manejo de recursos y aportar los recursos necesarios para
cerrar financieramente los proyectos dentro de los PDA. Asimismo, tienen la
obligación de facilitar la implementación, asegurar la ejecución efectiva de los PDA
y realizar el seguimiento a los gestores, en especial cuando estos sean empresas
prestadoras de servicios públicos.
92.2. Los municipios y distritos que deseen participar deben celebrar un
convenio interadministrativo con el gestor y el departamento, comprometiéndose a
adoptar los lineamientos, principios y objetivos sectoriales de los PDA. Sumado a lo
anterior, deberán asegurar la implementación del instrumento para el manejo de
recursos y esquemas, así como autorizar el giro de los aportes de los recursos
financieros necesarios para garantizar la prestación continua de los servicios.
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92.3. Las autoridades ambientales, con jurisdicción en los municipios y distritos
involucrados, deben suscribir un convenio con el departamento, precisando las
actividades que se comprometen a desarrollar, los recursos que destinarán y los
mecanismos de articulación con los PDA. En los casos en que las autoridades
ambientales hayan firmado el Convenio Marco de Vinculación serán consideradas
participantes activos de los PDA durante la vigencia de dicho convenio.
93. Agregado a lo anterior, otros participantes de los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA son el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
94. Al respecto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como autoridad
nacional, participará en los Comités Directivos de dichos Planes bajo los siguientes
términos:
“[…] 1.1. Nivel Alto. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el
Nivel Alto, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no hará parte del Comité
Directivo del respectivo Plan Departamental.
1.2. Nivel Medio. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el Nivel
Medio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hará parte del Comité Directivo
del respectivo Plan Departamental con voz y voto para la aprobación y modificación
de los instrumentos de planeación a que hace referencia la Sección 5 del presente
capítulo.
1.3. Nivel Bajo. Para aquellos departamentos que resulten clasificados en el Nivel
Bajo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hará parte del Comité Directivo
del respectivo Plan Departamental con voz y voto para la aprobación y modificación
de los instrumentos de planeación a que hace referencia la Sección 5 de este
capítulo y verificará la estructura interna del Gestor con el fin de realizar
recomendaciones al Gobernador, sin que ello implique corresponsabilidad en la
supervisión a las labores que este desarrolla […]”47.
95. El Ministerio participará en los Comités Directivos con voz y voto para la
aprobación y modificación de los instrumentos de planeación en los niveles medio
y bajo, igualmente apoyará en la formulación del Plan Ambiental, asegurando que
los planes, programas y proyectos de agua y saneamiento básico se articulen con
los lineamientos ambientales definidos por la respectiva corporación autónoma
regional. Asimismo, el Ministerio formulará acciones y prestará asistencia técnica
diferenciada basada en la medición del desempeño, la cual se brindará en todos los
niveles de clasificación.
96. Es de agregar que el Departamento Nacional de Planeación, en el marco
de sus competencias, tiene la función de aprobar los instrumentos de planeación,
47 Artículo 2.3.3.1.3.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
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aunque no se requiere su participación para su modificación. Asimismo, es
responsable de medir la capacidad institucional y los resultados de los PDA,
utilizando índices desarrollados a partir de información nacional y de los reportes
proporcionados por los gestores. Esta medición permite clasificar a los gestores en
niveles alto, medio o bajo, con el fin de orientar mejor las acciones de supervisión y
apoyo.
97. El Decreto 1425 de 2019 integra en el Plan Estratégico de Inversiones -
PEI las metas de operación y servicio para la ejecución de los proyectos. El PEI se
elabora a partir de un diagnóstico detallado de las necesidades locales y regionales
en términos de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento
básico. Este plan debe ser actualizado anualmente para adaptarse a las
circunstancias cambiantes, asegurando así un uso eficiente de los recursos y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos del PDA.
98. En ese sentido, otro de los instrumentos de planificación del PDA, es el Plan
de Aseguramiento de la Prestación, que se enfoca en garantizar la sostenibilidad
a mediano y largo plazo de los servicios de agua y saneamiento. Para su
elaboración es necesario agotar tres fases:
“[…] 1. Fase 1: Diagnóstico y prefactibilidad. Con base en un análisis de la
situación actual se elaborará un diagnóstico desde el punto de vista institucional,
legal, financiero, comercial, social, administrativo y técnico operativo de la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en cada
municipio o distrito, de tal manera que se pueda determinar la línea base de los
indicadores de la prestación, así como, los riesgos financieros y operacionales
del prestador de los servicios, con arreglo a los indicadores y a la metodología
de identificación y valoración de riesgos sectoriales, conforme a la normativa
vigente.
Con base en el diagnóstico se definirá la viabilidad del prestador y se
determinarán las acciones a seguir para garantizar el aseguramiento de la
prestación de los servicios, enmarcadas en alguna de las siguientes estrategias:
a) fortalecimiento institucional, b) transformación empresarial (incluye
vinculación de operadores o creación de empresas) o c) revisión de contratos de
operación, estrategia que deberá ser concertada con la entidad territorial.
2. Fase 2: Definición de la estrategia a seguir para el aseguramiento de la
prestación del servicio. A partir del resultado de la Fase 1, se deberán formular
las actividades, productos, cronograma y presupuesto a seguir en cada
municipio o distrito, según la estrategia seleccionada, las cuales deberán estar
alineadas con las metas establecidas en el Plan Estratégico de Inversiones (PEI)
y con la mitigación de los riesgos financieros y operacionales del prestador de
los servicios públicos.
3. Fase 3: Puesta en marcha de la estrategia establecida en la Fase 2.
Ejecución y seguimiento de las actividades y productos propuestos en la Fase 2
y verificación de su cumplimiento de conformidad con el cronograma definido y
el presupuesto asignado […]”48.
48 Artículo 2.3.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015.
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99. Adicionalmente, el Plan Ambiental tiene como objetivo asegurar que el
desarrollo de los proyectos no comprometa la sostenibilidad de los recursos
naturales en las regiones donde se implementan los PDA; por lo cual, tanto el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como el ente gestor realizaran
seguimiento cada seis meses. Este plan deberá incluir:
“[…] 1. Marco de la Planificación Ambiental, el cual deberá contemplar como
mínimo una caracterización ambiental asociada a los Planes Departamentales para
el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA;
requerimientos ambientales para los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
previstos en los Planes Departamentales; criterios para la priorización de proyectos
de saneamiento, los cuales deben ser articulados a los instrumentos de planificación
de cada autoridad ambiental; y criterios para la priorización de proyectos de
conservación.
2. Marco Económico y Financiero del Componente Ambiental, deberá tener
previstas las fuentes de financiación de ley asociadas a este componente de los
entes territoriales, autoridades ambientales cuando estas sean participantes de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA; empresas de servicios públicos, exenciones tributarias;
recursos de cooperación internacional; mecanismos de crédito y financiación, y
recursos de banca multilateral, entre otros.
3. Concertación de Obras e Inversiones entre el departamento, el Gestor y las
Autoridades Ambientales cuando estas sean participantes de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento - PDA con base en el diagnóstico del sector; priorización de proyectos
y las inversiones disponibles […]”49.
100. El Plan de Gestión Social busca que los diferentes actores con competencia
en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
promuevan la participación activa de las comunidades en la planificación y ejecución
de los proyectos del PDA. Este plan tiene como objetivo implementar las siguientes
tres líneas de trabajo: i) participación ciudadana; ii) comunicación; y iii) capacitación,
con el objetivo de que, a través de estos procesos participativos, las comunidades
pueden involucrarse directamente en el diseño y la supervisión de las obras,
garantizando que los proyectos respondan a las demandas locales y fomentando la
apropiación social de los servicios de agua y saneamiento.
101. Finalmente, el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial se enfoca en identificar
y gestionar los riesgos asociados con la prestación de los servicios de agua y
saneamiento. Este plan incluye una evaluación de los riesgos financieros, técnicos
y operacionales, y propone medidas de mitigación para asegurar la continuidad de
los servicios en situaciones de contingencia. Además, establece mecanismos de
49 Artículo 2.3.3.1.5.7. ibidem.
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monitoreo y revisión periódica para ajustar las estrategias de mitigación en función
de la evolución de los riesgos.
102. Es de agregar que la Nación está llamada a apoyar el sector de agua y
saneamiento básico con aportes financieros provenientes del Presupuesto General
de la Nación en el marco de los PDA, a través de bolsas de apoyo financiero que
serán asignados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a las entidades
territoriales.
103. En síntesis, el cumplimiento adecuado de las competencias mencionadas de
manera armónica por todas las entidades competentes habrá de verse reflejado en
el logro de los objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento
básico, y de las metas de los PDA.
104. Así las cosas, la Sala considera que los PDA no solo comprenden la
materialización de obras de infraestructura asociadas a los servicios públicos de
acueducto y saneamiento básico, sino que dicho instrumento está asociado a
múltiples estrategias que puedan generar valor en materia de los servicios
mencionados, teniendo como punto de partida inexcusable la actividad planificadora
en la que participan todos los sectores de la administración, antes mencionados.
Análisis del caso concreto
105. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
106. El Tribunal Administrativo del Cesar amparó los derechos e intereses
colectivos: i) al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley; ii) a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; iii) al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; iv) al acceso
de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y v) a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en lo que respecta al
Municipio de Gamarra. Lo anterior, luego de considerar que se probó su vulneración
con la falta de funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
y vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, circunstancia generada como
consecuencia de la ausencia de una red de alcantarillado adecuada para la
disposición de aguas.
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107. Contra esta decisión el Departamento del Cesar, el Municipio de Gamarra y
Aguas del Cesar S.A. ESP interpusieron recursos de apelación que fundamentaron
en que: i) no se pueden cumplir las órdenes, impartidas por el Tribunal, relacionadas
con poner en funcionamiento y operación alguna de las Plantas para el Tratamiento
de Aguas Residuales; ii) no se cuenta con la cantidad suficiente de recursos
económicos; y iii) si tienen o no responsabilidad y competencia en torno a las
medidas ordenadas para la superación de la situación de vulneración de los
derechos e intereses colectivos.
108. Ahora bien, la Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, son las siguientes50:
108.1. Copia del Convenio Interadministrativo 275 de 5 de octubre de 200951,
suscrito entre el Departamento del Cesar y Aguas del Cesar S.A. ESP, cuyo objeto
es “[…] [e]stablecer la reglamentación que regirá la planeación, promoción,
estructuración, gestión, financiación, ejecución y control de las inversiones,
implementación y seguimiento del Plan Departamental de Agua y Saneamiento PDA
del Cesar […]”.
108.2. Copia de la Resolución 358 de 25 de marzo de 201052, expedida por la
Corporación Autónoma Regional del Cesar, “[…] [p]or medio de la cual se aprueba
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- del Municipio de
Gamarra – Cesar en su componente urbano […]”. Allí se registraron ciertas
obligaciones a cargo del Municipio dentro de las cuales se encontró “[…] 11.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que
conforman el sistema de recolección de aguas residuales en el municipio,
garantizando la eliminación de un porcentaje de coberturas erradas […]”.
108.3. Copia del informe final del Contrato 059 de junio de 201253, cuyo objeto es
realizar los “[…] [e]studios y [d]iseños de las líneas de conducción de los Municipios
de La Paz y San Alberto, del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Gamarra y de
los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Gonzales,
Río de Oro y Gamarra Departamento del Cesar […]”, suscrito por un ingeniero
consultor en junio de 2016.
50 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: EXPEDIENTE DIGITAL.
51
Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 69-79.
52 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03ANEXOS1(.pdf) NroActua
2. Páginas 142-150.
53 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivos denominados:
ED_05EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2, ED_06EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2 y
ED_07EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 37-104.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
108.3.1. En dicho documento se plasmaron los análisis que se realizaron en
ejecución de dichos estudios: i) se revisó la ubicación del Municipio; ii) se realizó el
estudio de población, con su capacidad económica, la definición de nivel medio en
complejidad del sistema y la demanda de agua; iii) se analizaron los parámetros de
diseño del sistema de alcantarillado; iv) se incluyeron las especificaciones técnicas;
v) se describieron las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales proyectadas, las
cuales tendrían una rejilla, una canaleta Parshall, dos lagunas facultativas y dos
lagunas de maduración; vi) se agregó la descripción y diagnóstico de la
infraestructura existente del sistema actual de alcantarillado del Municipio de
Gamarra.
108.3.2. El diagnóstico del sistema actual indicó que “[…] cuenta con un sistema
de tubería en PVC, con diámetros que desde 6 pulgadas hasta 16 pulgadas. Sin
embargo[,] a pesar de poseer tramos de la red ya instalados, la cobertura es del
32%, y de este porcentaje el 8.4% arrojas sus aguas servidas a los cuerpos de
agua sin ningún tratamiento y la mayoría de usuarios que tienen conexión
domiciliaria a este sistema, lo han hecho de forma fraudulenta, convirtiendo estos
en focos de contaminación. Los pozos de inspección existentes no están
conectados entre sí en su totalidad, y no están impermeabilizados lo que constituye
un problema debido al alto nivel freático de la zona el cual aumenta
considerablemente durante las épocas de invierno […]”.
108.4. Copia de la certificación realizada el 19 de junio de 2012 por el alcalde del
Municipio de Gamarra54, mediante el cual acreditó que, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Contrato de Obra núm. 060 de 2010, el Consorcio Gamarra realizó
una capacitación teórico-práctica y entregó el Manual de Operaciones y
Mantenimiento.
108.5. Copia del acta de entrega de obra al Municipio de Gamarra con fundamento
en el Contrato de Obra núm. 060 de 201055, suscrita el 19 de octubre de 2012, en
la cual se indicó que “[…] [l]a Alcaldía Municipal de Gamarra hace constar que recibe
a satisfacción las obras ejecutadas por la empresa AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P.
y se hace responsable de la operación y mantenimiento de las obras entregadas
como infraestructura a partir de la fecha de la presente acta […]”.
54 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Página 94.
55 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03ANEXOS1(.pdf) NroActua
2.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
108.6. Copia de la Resolución núm. 001966 de 16 de junio de 2014 56, expedida
por el Departamento del Cesar, mediante la cual se decretó la liquidación unilateral
del Convenio Interadministrativo de Concurrencia núm. 238 de 1 de septiembre de
2009 celebrado entre el Departamento del Cesar y Aguas del Cesar S.A. ESP
debido a que no se realizó a tiempo la adición del Convenio. En el ítem sobre el
desarrollo del Convenio, la Resolución informó que de allí surgieron dos contratos
de obra: i) el Contrato de Obra núm. 060 de 7 de octubre de 2010, suscrito entre
Aguas del Cesar S.A. ESP y el Consorcio Gamarra, para construir las redes de
alcantarillado sanitario y acueducto de las etapas 1, 2 y 3 de la urbanización Puerto
Capulco; y ii) el Contrato de Obra núm. 059 de 1 de octubre de 2010, suscrito entre
Aguas del Cesar S.A. ESP y Darío Rafael Zalabata Vega, para realizar la
interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social de la
construcción de las redes mencionadas.
108.6.1. En el mismo documento se relacionaron varios conceptos de supervisión
en los cuales, por un lado, se manifestó que “[…] [d]urante la operación de la PTAR;
en ocasiones, manifiesta el operador, toca cerrar la compuerta y hacer vertimiento
directo de las aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a la Ciénaga, en
periodos de tiempo comprendido entre cuatro (4) horas y ocho (8) horas, lo que
indicaría que la capacidad de la planta está presentando serias deficiencias […]”.
108.6.2. Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación indicó que “[…] a
pesar que la planta se encuentra en funcionamiento, el servicio prestado por éste,
se está prestando de forma inadecuada; debido a que el volumen de las aguas
servidas producidas por la población beneficiada está siendo mayor que la
capacidad de la planta de tratamiento, lo cual se puede evidenciar porque la
estructura de pre tratamiento en ocasiones se desborda por lo limitado de su
capacidad, y además que al momento de bombear las aguas residuales desde los
tanque[s] de igualación hacia el tanque con filtro anaeróbico para continuar el
proceso de tratamiento de estas, se hace necesario cerrar la compuerta de acceso
a la planta, durante un lapso de tiempo que puede durar entre 4 y 8 horas […]
causando con ello el vertimiento directo de las aguas residuales a la ciénaga que
colinda con la Urbanización Puerto Capulco, sin ningún tipo de tratamiento, después
que se reciben del colector final […]”.
108.6.3. Aun así, el DNP adujo que “[…] las obras fueron recibidas a satisfacción,
por parte de Aguas del Cesar S.A. ESP con un porcentaje de ejecución del 100% y
56 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 113-120.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
liquidado a paz y salvo entre las partes el 12 de diciembre de 2011, quedando un
saldo sin ejecutar de $10.684.800,00 a pesar que solo hasta el 19 de mayo de 2012
entró en funcionamiento la planta. […] No hay claridad por parte de la Entidad Aguas
del Cesar S.A. ESP respecto a los diseños finales y las especificaciones de la planta
de tratamiento, con los cuales se contrat[ó] las obras, lo que no permite determinar
si finalmente se construyó lo contratado […]”.
108.6.4. Igualmente, el Municipio de Gamarra anunció que la PTAR “[…] reporta
una serie de problemas de calidad y resalta el hecho de que esta obra solo tiene un
año en funcionamiento […]”.
108.7. Copia de Formatos de Acta de Diligencia de Control y Seguimiento
Ambiental57, expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, con el fin
de verificar las obligaciones impuestas en las Resoluciones 358 de 26 de marzo de
2010, 1620 de 6 de diciembre de 2010 y 0739 de 19 de junio de 2014; en los cuales
se señaló que en el Municipio se contaba con una laguna de oxidación que en esa
fecha estaba en funcionamiento y también se contaba con una planta compacta
ubicada en el Barrio Brisas del Cesar, la cual no estaba en funcionamiento por fallas
estructurales, y que la administración municipal estaba tomando las medidas para
poner en funcionamiento dicha planta.
108.7.1. Allí también se señaló que las PTAR se encontraban a cargo el Municipio
a través de la Secretaría de Planeación y cuando se visitó la laguna de oxidación
del municipio no estaba en óptimas condiciones, presentaba vegetación flotante y
exceso de maleza a su alrededor.
108.8. Copia del acta de liquidación del Contrato de Consultoría 059 de 201158,
suscrita el 27 de junio de 2016, en la cual se señaló que “[…] [d]urante la ejecución
del Contrato de Consultoría N° 059 de 2011, no se impusieron sanciones por
incumplimiento del mismo, toda vez que las obras se ejecutaron de manera
satisfactoria de acuerdo al Acta de Entrega y Recibo Final de Consultoría firmada
por la entidad contratante […] la Entidad Contratante recibió a satisfacción previa
verificación de la Interventoría, los Estudios y Diseños, objeto del contrato dentro
del plazo contractual […]”.
57 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_07EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 109-147.
58 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_04EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 80-86.
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108.9. Copia de la denuncia presentada el 12 de octubre de 201759 a la Inspección
de Policía del Municipio de Gamarra, por la representante legal y la secretaría de la
Asociación para el Desarrollo Social de Gamarra – ASODESGAM contra el Alcalde
Municipal de Gamarra, el Gobernador del Departamento del Cesar y Aguas del
Cesar S.A. ESP; debido a que se construyó una PTAR muy cerca a unas viviendas
en los predios que le pertenecen a la Asociación, además que se iba a construir un
proyecto de recolección de aguas residuales a no más de 200 metros de donde se
encontraba la PTAR.
108.10. Copia del Oficio DG 0999 de 11 de agosto de 201760, expedido por la
Corporación Autónoma Regional del Cesar, por medio del cual dio respuesta a la
petición presentada por la Personería Municipal de Gamarra, en los siguientes
términos:
“[…] PRIMERO: Informe si el [M]unicipio de Gamarra cuenta con plantas de
tratamiento de aguas residuales, en el evento positivo, indique si se encuentra
en funcionamiento, la cual es la población beneficiada con ella, su porcentaje
de cobertura y su ubicación.
R/ta: Para el tratamiento de las aguas residuales generadas en su área, el municipio
de Gamarra cuenta con una laguna facultativa y una planta compacta; sin embargo,
es pertinente expresarle lo siguiente:
Laguna de Oxidación: En el informe fechado el 23 de diciembre de 2016, producto
de la diligencia de control y seguimiento ambiental del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –PSMV, ordenada por esta entidad, contempla que: durante
la visita se evidenció que la laguna de oxidación del municipio no se encuentra
operando en las condiciones adecuada[s], se observa exceso vegetación flotante,
exceso de malezas alrededor de la misma, no se evidencia espejo de agua.
Planta de tratamiento Compacta: Realizada la diligencia de inspección se constató
la existencia de una planta compacta, sin embargo, esta no se encuentra en
funcionamiento, generando vertimiento de forma directa.
SEGUNDO: Informe si todas las aguas servidas de las redes de alcantarillado
del sector urbano del municipio de Gamarra, son tratadas en la PTAR, en caso
negativo informe que barrios no gozan de dicho servicio y en cuales lugares
(cuerpo de agua) desembocan los residuos líquidos.
R/ta: En la diligencia de inspección, se verificó que el municipio de Gamarra no
cuenta con una cobertura de alcantarillado sanitario del 100% ya que a la fecha
faltan tramos del casco urbano por conectar al sistema de alcantarillado.
TERCERO: Informe si en municipio de Gamarra se está vertiendo aguas
residuales de forma directa o sin ser filtradas en su integridad, al Rio
Magdalena o Ciénagas, en el evento positivo indique en cuales y explique el
motivo de ello.
R/ta: Dentro del informe resultante de la diligencia de inspección, se establece que
las aguas residuales del área urbana del [M]unicipio de Gamarra están siendo
59 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_03EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 179-180.
60 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_03EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 134-141.
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vertidas al Caño Largo y al suelo sin tratamiento previo, debido al estado en que se
encuentran los sistemas implementados para el tratamiento de las aguas residuales.
[…]
QUINTO: Informe si al municipio de Gamarra le fue impuesta alguna sanción
por parte de la autoridad ambiental, por motivo de vertimiento de aguas
residuales a las ciénagas al Rio Magdalena, en caso positivo, expida copia de
dicho acto administrativo.
R/ta: Una vez revisados los archivos de la entidad, no se encontró sanción alguna
en contra del Municipio de Gamarra Cesar, por vertimientos de aguas residuales a
las ciénagas al rio Magdalena. Sin embargo, existen procesos sancionatorios en
curso, uno de ellos, por vertimientos de aguas residuales a la Ciénaga La Teresa,
provenientes del sistema de alcantarillado de las urbanizaciones Capulco 1 y 2 de
dicha municipalidad.
[…]
D[É]CIMO: Indique si el Municipio de Gamarra, cuenta con Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, en evento positivo suministre copia del mismo.
R/ta: El Municipio de Gamarra no cuenta con un plan maestro de acueducto y
alcantarillado […]”.
108.11. Copia del acta de visita especial de 23 de marzo de 201861, realizada por la
Personería Municipal de Gamarra a las instalaciones de las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales ubicadas en las urbanizaciones Brisas del Cesar y Capulco
Nuevo, así como a la Estación de Bombeo, en donde se advirtió lo siguiente:
“[...] A las 10:15 ingreso a la PTAR del Barrio Brisas del Cesar, evidenciando que se
encuentra en desuso, en total abandono, cubierta de maleza, con materia orgánica
flotante y liquido color [v]erde que emana olor fétido, [t]ubería destruida, sus tanques
sumergidos en más del 50% y en pésimo estado[.] […] De igual manera, por su
ubicación no cumple con la distancia reglamentaria frente a las viviendas que
componen la Urbanización Brisas del Cesar, razón por la cual sus habitantes deben
sufrir a diario con los fuertes olores que emanan del lugar y exigen que esta sea
retirada u reubicada en otro sitio que no les perjudique, puesto que afecta la salud
de los hogares y se constituye en uno de los motivos por los cuales no ha sido
posible continuar con el proyecto de vivienda.
[…]
Se procede a tomar registro fílmico con el objeto de guardar evidencia frente a la
circulación de las Aguas Negras proveniente de dicha Planta, las cuales transitan
en un caño perpendicular al Canal de Aguas de la Urbanización divino Niño,
uniéndose a este antes de llegar al Box culvert, aguas residuales que continúan su
rumbo por un feudo vecino y desemboca en la Ciénega la Teresa […].
[…]
A las 3.15 PM, me desplacé a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Ubicada en el barrio Capulco Nuevo, donde se evidenció que esta PTAR se
compone de 7 tanques, varios de ellos rasgados, interconectados con tubería
destrozada, en pésimo estado que lo convierte en inutilizable, carente de fuente de
energía, pues al parecer fue materia de vandalismo, sus aguas residuales son
61 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
ED_03EXPEDIENTEDIGITALC(.pdf) NroActua 2. Páginas 181-206.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
vertidas en la Ciénaga la Teresa, tal como en varias ocasiones lo ha [m]anifestado
CORPOCESAR.
[…]
Continuando con la diligencia, a las 3:40 PM me dirijo al barrio los Aceitunos, donde
se encuentra ubicada la Estación de Bombeo […] las aguas que provienen del
sistema de Alcantarillado son vertidas sin tratamiento alguno a un brazo del R[Í]O
MAGDALENA, pues a unos 100 Mts Aproximadamente se encuentra ubicada la
Estación del Ferry que permite cruzar los vehículos al otro lado del Rio donde se
ubican Municipios pertenecientes al Departamento de Bolívar.
Al momento de la inspección se delató la existencia de dos tubos que provienen de
la estación de Bombeo que llegan a un tanque de concreto (desarenador) y de allí
continua la tubería unos 4 metros hasta desembocar los residuos líquidos que
manan un fuerte olor fétido al brazo del Rio Magdalena […].
[…]
En conclusión, la Estación de bombeo solo funciona para descargar las aguas sin
tratarlas, realizando la disposición final de los vertimientos al R[í]o Magdalena a unos
cuantos metros de la Estación del Ferri del Municipio, lugar que es frecuentado por
Turistas y el tránsito de vehículos que se dirigen hacia el sur de Bolívar […]”
(Destacado fuera de texto).
109. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con las
reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.
Solución a los problemas jurídicos
110. La Sala limitará su pronunciamiento a los precisos argumentos expuestos por
las entidades apelantes, con la claridad de que no se abordarán asuntos o materias
que no fueron controvertidas, entre ellas, la situación de existencia de una
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos invocados, con
ocasión de la problemática planteada.
De la responsabilidad y competencia de las autoridades apelantes, en el caso
concreto
111. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
recurrentes con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la superación
de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En ese orden
y en armonía con el problema jurídico planteado, se determinará si son procedentes
o no las medidas impartidas por el Tribunal y si esas autoridades son o no
competentes para cumplir las órdenes.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
Responsabilidad del Departamento del Cesar, en el caso concreto
112. Como contribución de los departamentos a las actividades de las entidades
territoriales municipales, vale anotar lo señalado en el artículo 63 de la Ley 99 sobre
el principio de armonía regional, en el siguiente sentido: “[…] Los Departamentos,
los Distritos, los Municipios, […] ejercerán sus funciones constitucionales y legales
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las
directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado,
racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente
físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).
113. Como se observa, teniendo en cuenta lo indicado supra, los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus
competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio
o en la conservación del entorno natural involucrado en ese servicio público.
114. Si bien es cierto, como se indicó en el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial supra, los municipios son los principales obligados a garantizar la
prestación de servicios públicos en su jurisdicción, para efectos de ello pueden
evaluar la necesidad de gestionar el apoyo de las entidades de los órdenes
departamental y nacional, con el propósito de lograr la adopción de medidas
orientadas a garantizar la prestación y consecuencialmente proteger los derechos
e intereses colectivos relacionados con los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, los de acueducto y alcantarillado.
115. En este caso, el Municipio de Gamarra se vinculó al Plan Departamental de
Aguas – PDA del Cesar mediante Convenio núm. 008 de 22 de noviembre de 2006.
116. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, dada la vinculación del
Municipio de Gamarra al Plan Departamental de Aguas de Cesar, el Departamento
adquiere precisas competencias de apoyo directo, en los términos de los artículos
2.3.3.1.2.1. y subsiguientes del Decreto 1077 de 201562, en el marco del respectivo
Plan, sobre integración del Comité Directivo, recursos y participación de los
Departamentos en el PDA; lo cual implica la adopción de acciones conjuntas en
aras de garantizar la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, que puede incluir la construcción o mantenimiento de una Planta de
62 Subrogado por Decreto 1425 de 6 de agosto de 2019.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR o de una Planta de Tratamiento de Agua
Potable – PTAP.
117. En ese sentido, la Sala advierte que el Departamento deberá intervenir,
dentro del marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
en el trámite de gestión para la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado conforme a lo expuesto en esta sentencia y en los términos del
respectivo PAP-PDA.
118. En este punto, y en iguales circunstancias a lo planteado anteriormente, la
Sala considera que las órdenes impartidas al Departamento no obedecen a la
determinación de la existencia de una acción u omisión que implique amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados por parte de esa
entidad, en tanto, se reitera, el municipio es el principal responsable de la gestión
de los servicios públicos en su jurisdicción; sino que el Departamento, por su
condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el
interés colectivo afectado […]”63 y por la importancia de la acción coordinada,
concurrente, subsidiaria, complementaria y armónica entre los órdenes municipal y
departamental, en este caso, en la superación de la situación evidenciada en torno
a los derechos e intereses colectivos objeto de pronunciamiento.
119. La Sala reitera que, en el marco de los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad y armonía regional, el Municipio de Gamarra y la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de
Gamarra Cesar S.A.S. ESP - EMPUGAM, al ser prestadores de servicios públicos
domiciliarios deben trabajar articuladamente con las entidades departamentales, en
el ejercicio de sus competencias propias, y propender por la solución de la
problemática planteada en el caso concreto relacionada con la deficiencia en el
sistema de alcantarillado del Municipio.
120. De esa forma, se confirmará la inclusión del Departamento del Cesar en este
aspecto de la sentencia proferida, en primera instancia.
Responsabilidad de Aguas del Cesar S.A. ESP, en el caso concreto
121. En el artículo 365 de la Constitución Política se estableció que “[…] los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
63 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
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Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional
[…]”, los cuales podrán ser prestados de forma directa o indirecta, por comunidades
organizadas, o por particulares.
122. En ese orden, mediante escritura pública 1203 de 22 de noviembre de 2006
se constituyó la sociedad Aguas del Cesar S.A. ESP teniendo como objeto social
“[…] la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo, así como la realización de las actividades que la [L]ey 142 de 1994 considera
como complementarias, en los municipios accionistas de la sociedad […]”.
123. En el certificado de existencia y representación se especifica, dentro de sus
funciones, que podrá “[…] adelantar la construcción, la administración, la operación,
el mantenimiento y la reparación de todo tipo de infraestructura para la prestación
de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico […]”; sin embargo, se
encontró probado con acta de entrega de obra al Municipio de Gamarra con
fundamento en el Contrato de Obra núm. 060 de 201064, suscrita el 19 de octubre
de 2012, que “[…] [l]a Alcaldía Municipal de Gamarra hace constar que recibe a
satisfacción las obras ejecutadas por la empresa AGUAS DEL CESAR S.A.
E.S.P. y se hace responsable de la operación y mantenimiento de las obras
entregadas como infraestructura a partir de la fecha de la presente acta […]”
(Destacado fuera de texto).
124. Asimismo, la misma sociedad manifestó que “[…] es una empresa
simplemente ejecutora de los planes departamentales de agua, el departamento
con los municipios priorizan los proyectos, viabilizan los mismos y le asignan los
presupuestos y Aguas del Cesar S.A. E.S.P., lo ejecuta y una vez ejecutado son
entregados a la entidad territorial favorecida para que ella a través de su empresa
de acueductos municipales, la opere o lo ponga en funcionamiento […]”.
125. Para la Sala es evidente que Aguas del Cesar S.A. ESP ha adelantado
gestiones en el sentido de dar cumplimiento a las responsabilidades que ha
adquirido en virtud de su rol como gestor del Plan Departamental de Aguas,
designado como tal mediante Comité Directivo de 2 de julio de 2008, en tanto su
compromiso consiste en desarrollar las acciones necesarias con el fin de
implementar y consolidar los proyectos para alcanzar las metas de cobertura,
calidad y continuidad de las zonas urbanas y rurales en los Municipios miembros
del PDA y es que, se reitera, como se explicó al desarrollar la responsabilidad del
64 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: ED_03ANEXOS1(.pdf) NroActua
2.
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Departamento, en este caso concreto, por un lado, está probado que el Municipio
de Gamarra se vinculó al Plan Departamental de Aguas – PDA del Cesar mediante
Convenio núm. 008 de 22 de noviembre de 2006; por el otro, que teniendo en cuenta
la precitada vinculación al Plan Departamental de Aguas del Cesar, el gestor
adquiere precisas competencias de apoyo directo, como integrante del comité
directivo de integración y como responsable de la gestión, planeación,
implementación, ejecución de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de los asuntos relacionados
con agua potable y saneamiento básico, en los términos de los artículos 2.3.3.1.2.2,
2.3.3.1.2.4 y 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1425 de 2019. En especial, el artículo 2.3.1.2.3,
sobre funciones del gestor, establece las siguiente:
“[…] ARTÍCULO 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:
1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los
objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico: la
observancia de los principios y el cumplimiento de los objetivos y las metas de
los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de
Agua y Saneamiento (PDA).
2. Gestionar a nivel departamental los asuntos relacionados con el sector de
agua potable y saneamiento básico como representante del Gobernador
cuando el departamento lo requiera, así como, prestar asistencia a los
municipios y distritos del departamento, vinculados a los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA), en los temas relacionados con el acceso sostenible a agua
potable y saneamiento básico en la zona urbana y rural.
3. Coordinar las acciones de los participantes de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)y adelantar, junto
con el Gobernador del respectivo departamento, el proceso de vinculación de los
municipios y distritos, autoridades ambientales y demás participantes de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PDA).
4. Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Directivo del que trata el artículo 2.3.3.
1.2.4. del presente capítulo y en tal condición convocar con anticipación a las sesiones
de los Comités, elaborar actas de cada una de las sesiones de los mismos y custodiar
y mantener el archivo de dichas actas. De igual forma, deberá preparar y recopilar la
totalidad de los documentos que se requieran para las sesiones y remitirlos con la
debida antelación a los integrantes del Comité.
5. Elaborar y concertar con el departamento las propuestas de los instrumentos de
planeación y sus modificaciones, soportadas técnica, económica y legalmente, para
ser presentados al Comité Directivo del que trata el artículo 2.3.3.1.2.4. del presente
capítulo.
6. Ejecutar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al contenido de los
instrumentos de planeación aprobados por el Comité Directivo del que trata el artículo
2.3.3.1.2.4. del presente capítulo, acatar las instrucciones dadas por el Comité y tomar
las medidas necesarias para su cumplimiento.
7. Promover, estructurar y adelantar las acciones necesarias para apoyar a los
municipios y distritos en su competencia de asegurar la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico, entre otras:
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7.1. La asistencia administrativa, financiera, comercial, técnica, operativa,
social y jurídica para la implementación por parte de los municipios y distritos
de los esquemas que permitan el aseguramiento en la prestación de los
servicios en un municipio o grupo de municipios o distritos del departamento,
de acuerdo con lo aprobado por el Comité Directivo del que trata el artículo
2.3.3.1.2.4. del presente capítulo.
7.2. Informar por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
resultados de los planes de aseguramiento una vez finalice la ejecución de cada fase.
7.3. Apoyar al departamento en su tarea de promover y adelantar, las gestiones
necesarias para que los prestadores de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo que operan en los municipios o distritos vinculados a los Planes
Departamentales para el Manejo empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PDA), reporten la información al Sistema Único de Información (SUI), o el que haga
sus veces, con la oportunidad y calidad que establezca la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, así como también a los demás sistemas de
información que se implementen.
7.4. Asistir a las entidades territoriales en la implementación de la estrategia de
monitoreo, seguimiento y control establecida en el Decreto Ley 028 de 2008 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya y apoyar a los departamentos en lo
dispuesto en la Ley 1977 de 2019.
8. Dar las instrucciones necesarias al instrumento para el manejo de recursos, en los
eventos en que haya sido delegado y en los términos y condiciones previstos en el
respectivo contrato, para que realice los pagos necesarios para la ejecución de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
9. Gestionar e implementar directamente o en conjunto con los participantes,
alternativas de financiación de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
10. En concordancia con la naturaleza jurídica de los instrumentos de financiación,
estructurar e implementar instrumentos financieros para el apalancamiento de
recursos, o gestionar y tomar créditos para la ejecución e implementación de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) con cargo a los recursos comprometidos por los participantes.
11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del sector
agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y presentación de los
proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así como, las correcciones o
modificaciones necesarias de los mismos. No obstante lo anterior, los municipios y
distritos podrán presentar los proyectos ante el mecanismo nacional o departamental
de viabilización de proyectos.
12. Adelantar procesos de contratación con cargo a los recursos de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento
(PDA) una vez los proyectos hayan sido viabilizados cuando aplique, de acuerdo con
lo previsto en el presente capítulo, el Manual Operativo señalado en el artículo
2.3.3.1.5.2., el Plan Estratégico de Inversiones señalado en el artículo 2.3.3.1 .5.3. y
el Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios 2.3.3.1.5.4, velando por
la pluralidad de oferentes y la publicidad de dichos procesos y de acuerdo con la
normatividad contractual aplicable.
13. Preparar, convocar y desarrollar audiencias públicas de rendición de cuentas para
el seguimiento a los avances de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), así como suministrar la
información requerida por los órganos de control.
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14. Remitir informes al Comité Directivo y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, sobre la ejecución de los instrumentos de planeación así:
14.1. Informe sobre el estado y avance del aseguramiento de la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico de cada uno de los municipios y
distritos que conforman el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento de su jurisdicción, con la metodología y periodicidad
que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
14.2. Informe bimestral de la ejecución y seguimiento del Plan Departamental para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y de sus instrumentos
de planeación, de acuerdo con el formato y medios que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio determine para tal fin. En el informe también se señalará el avance
del Plan Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas
allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución
y de los procesos de contratación.
15. Reportar y mantener actualizado el diagnóstico técnico base en el sistema de
información que facilite el seguimiento a los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), en los términos en que
lo señale el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y los indicadores para el sector
de agua potable y saneamiento básico establecidos por el Gobierno nacional.
Asimismo, realizar el cargue de los instrumentos de planeación en el sistema de
información que determine ese ministerio.
[…]
17. Las demás que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, le estén autorizadas por
la normativa vigente.
PARÁGRAFO. Cuando los Gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) sean empresas de
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental,
deberá celebrarse un contrato o convenio entre el departamento y dicha empresa en
el que se estipulen las obligaciones a cargo de la misma en condición de Gestor de
acuerdo con lo aquí previsto, así como, aquellas que se consideren necesarias según
cada caso concreto para atender otras necesidades del departamento dentro del
marco del Plan Departamental. En dicho contrato, se establecerá la remuneración
que recibirá el Gestor por las labores que deberá cumplir y ajustada a las condiciones
del mercado.
Si las funciones de Gestor las realiza el departamento directamente, los costos
inherentes a la ejecución de los productos que se desarrollen en cumplimiento de sus
actividades como gestor, podrán ser computables como gastos inherentes a los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA) […]”.
126. Por último, como se indicó en relación con el Departamento del Cesar, la
vinculación y órdenes impartidas a la Empresa Gestora no obedecen a la
determinación de la existencia de una acción u omisión que implique amenaza o
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados porque, se reitera, si
bien la Empresa Gestora construyó las PTAR que constituyen la génesis de la
problemática abordada en este caso concreto, está probado que estas plantas de
tratamiento fueron recibidas por el Municipio de Gamarra, a satisfacción, para
operarlas y realizar los respectivos mantenimientos.
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127. En ese sentido, el Gestor en este caso no es responsable ni por acción ni por
omisión de la vulneración o amenaza, sino que su vinculación a las órdenes deviene
de su condición de entidad administrativa encargada de proteger el derecho o el
interés colectivo afectado, en el marco de una acción coordinada que se deriva de
la normativa anteriormente indicada, relacionada con el Plan Departamental de
Aguas y el Convenio Marco Interadministrativo suscrito entre el Departamento del
Cesar y Aguas del Cesar S.A. ESP.
128. Es por lo mencionado que se confirmará la sentencia proferida, en primera
instancia, en lo relacionado con la inclusión de Aguas del Cesar S.A. ESP en las
órdenes allí impartidas.
Responsabilidad del Municipio de Gamarra, en el caso concreto
129. Entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar “[…]
[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población […]”.
En esa línea, dentro de sus obligaciones debe asegurar las condiciones mínimas
que faculten la vida en comunidad de forma óptima, es una responsabilidad ligada
con suministrar agua potable y evitar situaciones de índole sanitario que sean foco
de contaminación, epidemias u otras circunstancias que afecten el estado de
sanidad comunitaria.
130. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Asimismo, constituye un
objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las necesidades
básicas insatisfechas en materia de, entre otras, acueducto y saneamiento básico,
porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de 2014, la
prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.
131. Asimismo, en la Constitución Política65 se ha señalado que los Municipios, en
ejercicio de la descentralización territorial y administrativa, en forma directa o
indirecta, son responsables primarios en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la promoción del
desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la solución de las
necesidades básicas de la población de su territorio. De la misma forma son
65 Artículo 311.
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responsables de la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura para la prestación de los servicios, en orden a garantizar su eficiente
y oportuna prestación.
132. En el caso concreto, atendiendo a los criterios de categorización de los
municipios, sobre la base del número de habitantes y los ingresos corrientes de libre
destinación, se clasificó al Municipio de Gamarra como municipio de sexta
categoría. Lo anterior evidencia que, para el correcto ejercicio de su función como
prestador de los servicios públicos domiciliarios, es posible que el Municipio tenga
la necesidad de gestionar apoyo financiero o técnico acudiendo a autoridades de
orden departamental o nacional, máxime si se tiene en consideración que se trata
de un Municipio vinculado al respectivo Plan Departamental de Aguas.
133. En esa misma evaluación, la entidad apelante formuló reparo concreto en su
recurso de apelación indicando que el Tribunal no tuvo en cuenta lo probado con
relación a activar la operación, por un lado, de la Planta de Tratamiento “[…] del
barrio Puerto Capulco etapas 1, 2 y 3 en el Municipio de Gamarra, [la cual] no
cumple con las especificaciones técnicas, y aun así, ordena ponerla en
funcionamiento […]” y, por el otro, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de Brisas del Cesar que, a su juicio, “[…] no puede ser puesta en funcionamiento
por cuanto la misma fue construida sin observar los principios de la función
administrativa de planeación, econom[í]a etc., por tanto, sería más gravoso para la
comunidad poner en funcionamiento dicha planta de tratamiento, es más
funcionarios que participaron en la contratación de esta obra y los contratistas
actualmente se encuentran judicializados con escrito de acusación […]”
134. En ese sentido se reitera que el Municipio de Gamarra cuenta con Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por la autoridad ambiental
además ha recibido las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, así como se
ha comprometido a hacerse cargo de su mantenimiento, funcionamiento y
operación. Dicha circunstancia no se ha visto probada en el presente proceso sino,
por el contrario, se ha evidenciado que “[…] se encuentran colapsadas, por lo tanto,
las aguas residuales que llegan a estos sistemas son vertidas de manera directa sin
tratamiento previo, generando una posible contaminación al suelo, agua y alteración
paisajística […]”.
135. Asimismo, la degradación de las condiciones en las cuales se encuentran las
plantas de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Gamarra no responde
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únicamente al paso del tiempo, sino también a la falta de actividades de limpieza y
mantenimiento por parte de la entidad territorial como autoridad responsable.
136. En consecuencia, la Sala considera apropiadas las medidas ordenadas por
el Tribunal, con la claridad de que para emprender las acciones allí ordenadas, se
debe, en primera medida, realizar una evaluación de las condiciones actuales en
las cuales se encuentran las plantas de tratamiento de aguas residuales para así
determinar, no solamente si es viable su recuperación mediante la implementación
de tecnologías o medidas, que permitan garantizar una eficiente y oportuna
prestación del servicio de alcantarillado, respetuosas de la normativa, de la
comunidad beneficiaria y del medio ambiente, o si, por el contrario, se debe
proceder a su desmantelamiento por las condiciones probadas y, por ende, a la
adopción de un nuevo sistema de tratamiento que garantice la protección de los
derechos e intereses colectivos.
137. En ese orden, se ordenará: i) a la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Gamarra Cesar S.A.S. ESP., como
prestador directo del servicio público; ii) al Municipio de Gamarra, como receptor de
las obras y primer responsable de garantizar la prestación de los servicios públicos;
iii) a Aguas del Cesar S.A. ESP. como gestor del Plan Departamental de Aguas del
Cesar; y iv) al Departamento del Cesar, de conformidad con sus funciones de apoyo
y cooperación; realicen una actualización de los estudios y diseños sobre el estado
del sistema de alcantarillado del Municipio de Gamarra de la cual sea posible
determinar la viabilidad del funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales que se encuentran ubicadas en el Municipio, de que trata el caso
concreto, teniendo en cuenta que en el mismo estudio se debe plasmar con claridad
un análisis de los factores jurídicos, de infraestructura, técnicos, ambientales y los
demás que se consideren necesarios en aras de identificar si las condiciones de las
PTAR permiten su recuperación y, posterior, puesta en operación o si, por el
contrario, es necesario proceder al desmantelamiento de las mismas.
138. Bajo el escenario de tener que desmontar alguna de las Plantas, las mismas
entidades mencionadas supra deberán estructurar un plan específico que permita
la realización de un nuevo punto de tratamiento de aguas residuales, en aras de
reemplazar el rol de aquel que no pueda operar en virtud de los factores
anteriormente indicados, y poner en funcionamiento un nuevo sistema de
tratamiento que garantice la prestación eficiente y oportuna del servicio de
alcantarillado.
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139. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en este caso se deben
modificar los plazos otorgados para dar cumplimiento a las órdenes impartidas; por
lo tanto, la Sala considera que el estudio técnico mencionado deberá realizarse
dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y, en el
evento en que los estudios arrojen la posibilidad de poner en funcionamiento las
PTAR, las entidades deberán realizar las actuaciones necesarias con el objeto de
ponerlas en funcionamiento, dentro de los ocho (8) meses siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia.
140. En el evento en que los estudios técnicos arrojen la imposibilidad de
activación y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las
autoridades deberán adelantar las gestiones necesarias con el propósito de
determinar, dentro de los tres (3) meses siguientes, el nuevo mecanismo o sistema
que permita la prestación adecuada del servicio público, el cual se deberá construir
y ejecutar dentro de los doce (12) meses siguientes al vencimiento del plazo
anterior.
141. En este punto, con relación a la observación del Municipio frente a que hay
funcionarios que estuvieron vinculados en la contratación de la construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Brisas del Cesar bajo investigación
penal, es importante resaltar que, por un lado, no constituye prueba sobre la
vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados en esta acción
popular; y, por el otro, que mientras en dichos procesos penales se pretende
determinar si se cometió o no una conducta punible, en el presente medio de control
lo pretendido es demostrar la vulneración o amenaza a los derechos e intereses
colectivos.
142. Respecto a todo lo mencionado, la Sala precisa que tanto la comparecencia
de la entidad apelante al proceso como las órdenes impartidas se fundamentan en,
por un lado, su condición de “[…] entidad administrativa encargada de proteger el
derecho o el interés colectivo afectado […]”66; y, por el otro, en que el ejercicio de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, en los términos
explicados, son “[…] necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo […]”67 o, al menos, superar la
situación evidenciada en torno a los derechos e intereses colectivos objeto de
66 En los términos del inciso final del artículo 21 de la Ley 472, sobre notificación del auto admisorio de la
demanda, que establece que el trámite se comunicará y, por ende, se vinculará a “[…] la entidad administrativa
encargada de proteger el derecho o el interés colectivo afectado […]”.
67 Así lo establece el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia. Asimismo, la norma establece en su inciso
final que “[…] [t]ambién comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de
su competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]”.
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pronunciamiento, en especial, los relativos al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna y al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias.
143. En razón de ello, la Sala comparte la orden proferida por el Tribunal en el
sentido de concluir que es necesario que el Municipio, como entidad responsable
de la prestación y garantía de los servicios públicos en su jurisdicción, emprenda
acciones conducentes en torno a la superación de la situación de amenaza y
vulneración de los derechos e intereses colectivos con el objeto de garantizar una
adecuada conducción de las aguas residuales que transitan por el sistema de
alcantarillado y se realice la gestión pertinente para que dichas aguas sean tratadas
para finalmente ser depositadas en las fuentes hídricas.
144. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala observa que en el acápite iv) del ordinal
tercero se ordenó “[…] ejecutar las obras de optimización del sistema de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, cuyos estudios y diseños fueron
producto del Contrato Número 059 del 2011, suscrito entre Aguas del Cesar E.S.P.
S.A. y el ingeniero consultor Miguel López Camargo, en aras de proteger los
derechos colectivos amparados […]”.
145. Al respecto, la Sala considera que, en este caso, es necesario determinar la
condición actual del sistema de alcantarillado del Municipio de Gamarra debido a
que dichos estudios fueron entregados en el año 2016, para lo cual se modificará el
respectivo acápite indicando que, en los primeros dos (2) meses del término allí
otorgado y en caso de que no se haya hecho, se deberán actualizar los estudios y
diseños realizados inicialmente en cumplimiento del Contrato 059 de 2011.
146. Es por lo indicado que se modificará el numeral iv) del ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, y se confirmará lo
relacionado con la inclusión del Municipio de Gamarra para la ejecución de las
órdenes allí impartidas.
Sobre el argumento de falta de recursos para la protección de los derechos e
intereses colectivos, en el caso concreto
147. Aguas del Cesar S.A. ESP manifestó que “[…] la precariedad de los recursos
económicos del municipio de Gamarra y del departamento del Cesar, hacen
imposible el cumplimiento de todas las coberturas de esas necesidades básicas
insatisfechas […]”, resaltó que no cuenta con presupuesto autónomo, su actividad
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se desarrolla en atención a “[…] convenios que realiza el departamento con ella y
en ese convenio le señala cuales son los proyectos a ejecutar y el presupuesto con
que cuenta cada proyecto […]”.
148. En ese sentido, la Sala destaca que, aunque las autoridades consideren que
pueden verse superadas en su capacidad de gestión debido a la magnitud de las
circunstancias a proteger, lejos de constituir un motivo para negarse a desarrollar la
actividad correspondiente a garantizar la prestación del servicio público domiciliario,
a pesar que la prestación del mismo inicialmente se encuentra en cabeza de la
entidad territorial, deviene en un apremio a fin de satisfacer con mayor diligencia y
cuidado las necesidades e intereses de los habitantes, más aún en aquellos casos
en que se advierte la existencia de falencias en la prestación de servicios públicos
esenciales como los de acueducto y alcantarillado.
149. En relación con la falta de recursos económicos, esta Sección reiteró, en
sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, que las autoridades no pueden excusar
el incumplimiento de una orden judicial o la garantía de los derechos con
fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se precisó lo siguiente:
“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.
83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”68 (Destacado fuera de texto).
150. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de
2019, núm. único de radicación 170012333000201700452-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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151. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto
152. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal sexto, lo siguiente:
“[…] SEXTO: CONFORMAR un Comité de Vigilancia que verifique el cumplimiento
de esta sentencia, el cual estará integrado por: a) La Personería Municipal de
Gamarra – Cesar (quien actúa como Ministerio Público en el municipio) y su
coadyuvante, como parte actora en el asunto, b) El Alcalde Municipal de Gamarra –
Cesar o su delegado, c) El Gerente de la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de Gamarra – Cesar – EMÚGAM S.A
E.S.P, d) El Gobernador del Departamento del Cesar o su delegado, e) El Gerente
de la empresa Aguas del Cesar S.A E.S.P y f) El Gerente de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR […]”.
153. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en lo
relacionado con la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento, en el
sentido de precisar que: i) el Magistrado Ponente del Tribunal deberá presidir el
comité de verificación; y ii) los representantes de las autoridades obligadas a
adoptar las medidas de la parte resolutiva deberán allegar informes al comité de
verificación, cada dos (2) meses, de los avances gestionados frente a lo que a cada
una corresponde, como se señalará en la parte resolutiva de la sentencia.
154. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de precisar que
en el evento de que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Cesar, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones de la Sala
155. En suma, la Sala considera que las autoridades apelantes tienen
competencia y responsabilidad de dar cumplimiento a las órdenes impartidas en la
presente sentencia, teniendo en cuenta que su participación es valiosa para
garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios, resaltando que no se ha
demostrado el cumplimiento de lo ordenado.
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156. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 27 de enero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia de
27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
TERCERO: Se ORDENA al Departamento del Cesar, a Aguas del Cesar S.A. ESP,
al Municipio de Gamarra y a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado de Gamarra Cesar S.A.S. ESP – EMPUGAM que, en
caso de que no se haya hecho y en el marco de sus competencias constitucionales,
legales, reglamentarias y contractuales:
3.1. Realicen, en los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, una
actualización de los estudios y diseños sobre el estado del sistema de alcantarillado
del Municipio de Gamarra, con fundamento en el producto obtenido del cumplimiento
del Contrato núm. 059 del 2011, de la cual sea posible determinar la viabilidad del
funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que se
encuentran ubicadas en el Municipio, teniendo en cuenta que en el mismo estudio se
debe plasmar con claridad un análisis de los factores jurídicos, de infraestructura,
técnicos, ambientales y los demás que se consideren necesarios en aras de identificar
si las condiciones de las PTAR permiten su recuperación y, posterior, puesta en
operación o si, por el contrario, es necesario proceder al desmantelamiento de las
mismas, caso en el cual se deberá determinar cuál es el nuevo mecanismo o sistema
que permita la prestación adecuada del servicio público.
3.2. Para aquellas PTAR que sí tengan viabilidad de funcionamiento, las entidades
deberán activar su operación dentro de los ocho (8) meses siguientes, contados a
partir de la entrega de la actualización de los estudios mencionados, ejecutando las
obras de optimización del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
necesarias para proteger los derechos e intereses colectivos amparados.
3.3. En caso de que los estudios determinen que alguna de las PTAR debe ser
desmontada, las autoridades, en el marco de sus competencias, deberán, dentro de
los doce (12) meses a partir de la entrega de la actualización de los citados estudios,
estructurar un plan específico que permita la realización de un nuevo punto de
tratamiento de aguas residuales o la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema
de tratamiento de aguas residuales que garantice la prestación eficiente y oportuna
del servicio de alcantarillado.
3.4. Erradiquen los fuertes olores y efectuar el manejo ambiental que permita el
control de vectores que emanan de las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales,
en especial la ubicada en la Urbanización Brisas del Cesar, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.
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3.5. Implementen un procedimiento que permita el tratamiento de las aguas
residuales en la estación de bombeo del sistema de alcantarillado.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia de
27 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
SEXTO: CONFORMAR un comité de verificación de cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por: i) la parte actora; ii) el coadyuvante de la
parte actora; iii) el alcalde del Municipio de Gamarra o su delegado; iv) el gerente de
la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado de
Gamarra Cesar S.A.S. ESP - EMPUGAM o su delegado; v) el gobernador del
Departamento del Cesar o su delegado; vi) el gerente de la Empresa Aguas del
Cesar S.A. ESP o su delegado; vii) el gerente de la Corporación Autónoma Regional
del Cesar – CORPOCESAR o su delegado; y viii) el Magistrado Ponente, quien
deberá presidir el Comité.
Los representantes de las autoridades obligadas a adoptar las medidas de la parte
resolutiva allegarán informes, cada dos (2) meses, al comité de verificación sobre
los avances gestionados frente a lo que a cada una corresponde.
En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Cesar, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.
TERCERO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 27 de enero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Núm. único de radicación: 200012333000201800087-02
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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