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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2021-00297-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2021-00297-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 32 Número único de radicación: 19001-23-33-000-2021-00297-01 Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, el cual quedará así: “[…] QUINTO.- ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de Cumplimiento de la sentencia que estará integrado, además de esta Corporación en cabeza del Magistrado Ponente de esta providencia, quien lo presidirá; por el accionante Procuraduría Provincial de Popayán, el alcalde municipal de Mercaderes, un delegado de EMPOMER S.A. E.S.P., un delegado de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., un delegado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C., un delegado de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – Regional Cauca y la representante del Ministerio Público ante esta Corporación […]”. TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 11 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2021-00297-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2021-00297-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

TESIS: EL ÁMBITO FUNCIONAL DEL GESTOR DEL PDA COMPRENDE
EL DEBER DE CONCURRIR CON RECURSOS TÉCNICOS Y
FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
INSFRAESTRUCTURA QUE REQUIERA EL SISTEMA DISPUESTO PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DEL AMBIENTE SANO Y AL ACCESO A LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la EMPRESA

CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A.

E.S.P.1 contra la sentencia de 11 de abril de 2024, proferida por el

Tribunal Administrativo del Cauca2.

1
En adelante EMCASERVICIOS.
2
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 19001-23-33-000-2021-00297-01
Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN –

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE POPAYÁN instauró demanda

en ejercicio de la acción popular contra la NACIÓN – MINISTERIO

DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO3, el DEPARTAMENTO

DEL CAUCA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL

CAUCA4, el MUNICIPIO DE MERCADERES5, la EMPRESA OFICIAL

DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MERCADERES6

y la EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. tendiente a la protección al goce

del ambiente sano y al acceso a los servicios públicos, y a que su

prestación sea eficiente y oportuna.

I.2.- Hechos

Indicó que la bocatoma y la Planta de Tratamiento de Agua Potable

(PTAP) del MUNICIPIO no cumple con las normas que regulan el

manejo y tratamiento del agua apta para el consumo humano.

3
En adelante el MINISTERIO.
4
En adelante al CRC.
5
En adelante el Municipio.
6
En adelante EMPOMER.

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3

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Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Expuso que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

trasladó al ente de control una queja radicada por un habitante del

MUNICIPIO acerca de la falta de potabilidad del agua suministrada

en su domicilio.

Afirmó que, ante sus requerimientos, el alcalde le informó que no ha

realizado ninguna intervención en el acueducto del municipio para

mejorar la potabilidad del agua.

Sostuvo que los resultados de una prueba de calidad realizada al

agua para consumo humano en el MUNICIPIO evidenciaron que

esta no se ajusta a la norma de cloro libre residual y turbiedad.

Adujo que EMPOMER puso de presente la necesidad de mejorar el

proceso de tratamiento y potabilización del agua, lo que exige

inversiones en infraestructura y equipos para el buen funcionamiento

de la planta de tratamiento.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó:

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Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

“[…] TERCERO: Ordenar al Municipio de Mercaderes – Cauca,
Gobernación Departamental del Cauca, Empresa Oficial de Servicios
Públicos Domiciliarios EMPOMER S.A. E.S.P., Empresa Caucana de
Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, que en un término perentorio y
razonable inicien todas las actuaciones administrativas de estudio,
planeación, financieras, presupuestales, correspondientes para
asegurar el correcto funcionamiento de la bocatoma y la Planta de
Tratamiento de Agua Potable de manera que cumplan con las
normas que regulan su manejo y tratamiento.

CUARTO: Ordenar al Municipio de Mercaderes – Cauca, Gobernación
Departamental del Cauca, Empresa Oficial de Servicios Públicos
Domiciliarios EMPOMER S.A. E.S.P., Empresa Caucana de Servicios
Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. y Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, que de manera inmediata adopten las medidas
técnicas, administrativas y presupuestales necesarias para mitigar
los efectos que se producen debido a la falta del servicio de agua
apta para el consumo humano y todas las medidas necesarias para
mitigar el impacto ambiental y la afectación a la salud de los
habitantes […]”.

I.4. Defensa

I.4.1 El MINISTERIO adujo que carece de competencia para

atender la problemática ventilada, pues la prestación del servicio de

acueducto no está a su cargo, sino de las alcaldías municipales.

Sostuvo que, aunque apoya técnica, administrativa y

financieramente a los municipios que radican proyectos en materia

de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, no financia los

estudios ni diseños de los proyectos.

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Propuso, en consecuencia, la excepción de falta de legitimación en la

causa por pasiva y, por tanto, solicito su desvinculación del proceso.

I.4.2. El DEPARTAMENTO argumentó que la vulneración de

derechos colectivos es atribuible al MUNICIPIO y

EMCASERVICIOS, de acuerdo con las normas constitucionales y la

Ley 142 de 1994.

Aseguró que ha brindado asistencia técnica al MUNICIPIO con el fin

de identificar el plan a seguir para el mejoramiento de la calidad del

servicio de acueducto; sin embargo, este ha omitido cumplir sus

obligaciones de cara a los derechos colectivos afectados y realizar la

intervenciones e inversiones que requiere el acueducto.

Propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por

pasiva, “ausencia de responsabilidad del departamento del cauca” y

la “innominada o genérica”.

I.4.3. La CRC enfatizó en que dentro de sus funciones tiene la

administración del medio ambiente y el otorgamiento de licencias

ambientales, permisos, concesiones y demás autorizaciones

ambientales, pero no la prestación del servicio de acueducto.

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Indicó que ha adelantado acciones sancionatorias contra EMPOMER

S.A. E.S.P. por incumplimiento de las obligaciones tendientes a

mitigar la problemática de desabastecimiento de agua en la cabecera

municipal, como la reforestación y restauración de la cuenca y

subcuenca del Río Sambingo – Hato Viejo.

Sostuvo que en el marco de sus competencias ha venido realizando

acciones de seguimiento y control en relación con la concesión

otorgada para el uso y aprovechamiento del río Hato Viejo, sin que

sea de su resorte asumir responsabilidad por asuntos propios de la

prestación del servicio público de acueducto.

Por consiguiente, propuso como excepción la falta de legitimación en

la causa por pasiva.

I.4.4. El MUNICIPIO negó haber incurrido en omisión respecto del

mantenimiento de la PTAP para brindar un servicio óptimo de

acueducto; por el contrario, adujo que suscribió contratos y

convenios con EMPOMER S.A. E.S.P. para ejecutar obras de

alcantarillado y construcción de plantas de tratamiento de aguas

residuales.

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Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Expuso que las muestras de agua de abril, julio y agosto de 2021

demostraron su potabilidad, de manera que los problemas sobre su

calidad son producto de intervenciones humanas como cultivos

ilícitos y erosión que destruyen la capa vegetal y, en todo caso,

destacó que EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. es la responsable de

administrar y ejecutar los recursos.

Formuló como excepciones falta de legitimación en la causa por

pasiva y la “innominada o genérica”.

I.4.5. La empresa EMCASERVICIOS adujo que, como gestor del

Plan Departamental de Aguas (PDA), ha cumplido con sus

obligaciones de acompañamiento técnico, por lo que, la inoperancia

del acueducto es atribuible al MUNICIPIO como responsable de la

prestación del servicio público, quien ha omitido acatar las

recomendaciones dadas al respecto.

Manifestó que realizó obras de optimización del sistema de acueducto

del MUNICIPIO, entregadas a la autoridad municipal y al gerente

de EMPOMER el 19 de abril de 2017.

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Actora: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Sostuvo que las causas de la deficiencia en el suministro de agua

radican en la destrucción de la cuenca abastecedora río Hato Viejo,

la falta de mantenimiento del sistema y su inadecuada operación.

Afirmó que en el año 2021 realizó reuniones con el MUNICIPIO y

EMPOMER para definir las acciones que debían realizar con miras a

resolver los problemas de abastecimiento de agua potable, lo que

evidencia el cumplimiento de sus funciones en materia de apoyo

técnico.

Solicitó su desvinculación del proceso porque en su criterio carece de

legitimación en la causa por pasiva respecto de los hechos que

sustentan la acción.

I.4.5. La empresa EMPOMER S.A. E.S.P. argumentó que la

responsabilidad recae en EMCASERVICIOS, como gestora del PDA,

y el MUNICIPIO.

Expuso haber realizado todas las acciones que están a su alcance

para mitigar el perjuicio, aportando los contratos suscritos con el

MUNICIPIO con tal finalidad.

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En consecuencia, propuso como excepciones que denominó

“ausencia de responsabilidad”, “falta de legitimación en la causa por

pasiva” y “la genérica”.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 3 de marzo

de 2023, declarándose fallida por la ausencia de fórmulas de acuerdo

entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 11 de abril de 2024, declaró la

vulneración de los derechos colectivos por parte del MUNICIPIO,

EMPOPER y EMCASERVICIOS, mientras que, respecto del

MINISTERIO, el DEPARTAMENTO y la CRC declaró probada la

falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en lo

siguiente:

Consideró que el principal responsable de la afectación es el

MUNICIPIO en virtud del marco normativo que le asigna la

competencia de garantizar la prestación oportuna y eficiente del

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servicio público de acueducto, de manera que su omisión en asegurar

la potabilidad del agua, a pesar de algunos esfuerzos contractuales,

demuestra una falla en el cumplimiento de ese deber fundamental.

Precisó que también EMPOMER, como empresa prestadora local del

servicio, es responsable de la vulneración de los derechos colectivos,

en tanto que según el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, esta entidad

es la encargada del recaudo, la gestión del acueducto municipal y la

operatividad de la infraestructura y equipos.

Manifestó que los informes de potabilidad evidenciaron los problemas

de los inyectores del sistema para la dosificación de cloro que

apuntan directamente a la responsabilidad operativa y a la falta de

mantenimiento adecuado de los equipos por parte de EMPOMER.

Atribuyó igualmente responsabilidad a EMCASERVICIOS, como

gestor del PDA, en razón a que persisten deficiencias en la prestación

del servicio que denotan una falla en su función de supervisión y

apoyo técnico.

En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:

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“[…] TERCERO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE MERCADERES, a
EMPOMER S.A. E.S.P. y a EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., que en
el término no mayor a un (1) año de ejecutoriada de esta
sentencia, deberán realizar todas las gestiones y acciones
necesarias de índole administrativo, técnico, financiero,
presupuestal y contractual según sus competencias, para asegurar
el correcto funcionamiento de la bocatoma y la Planta de
Tratamiento de Agua Potable que se surte del Río Hato Viejo
garantizando que el suministro del agua en la cabecera municipal
cumpla los estándares normativos de potabilidad y aptitud para el
consumo humano contenidos en la Resolución No. 2115 de 2007.

CUARTO.- Sin costas, por lo considerado.

QUINTO.- ORDENAR la conformación del Comité de Verificación
de Cumplimiento de la sentencia que estará integrado, además de
esta Corporación en cabeza del Magistrado Ponente de esta
providencia, por el accionante Procuraduría Provincial de Popayán,
el alcalde municipal de Mercaderes, un delegado de EMPOMER S.A.
E.S.P., un delegado de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., un delegado
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C., un
delegado de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – Regional Cauca y la
representante del Ministerio Público ante esta Corporación. […]”.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La empresa EMCASERVICIOS manifestó que la responsabilidad que

le fue atribuida estuvo precedida de una indebida valoración

probatoria por parte del Tribunal de sus acciones para mitigar la

problemática sobre la potabilidad del agua, como las obras de

optimización del sistema de acueducto en el MUNICIPIO, recibidas

a satisfacción por la entidad territorial mediante acta de 19 de abril

de 2017.

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Manifestó que no está en capacidad de cumplir lo ordenado por el

Tribunal porque se trata de actuaciones que corresponden a un

tercero, en tanto que dentro de sus funciones como Gestor del PDA

no está la prestación directa del servicio público domiciliario de agua

potable.

Sostuvo que la competencia para atender la situación expuesta en la

acción popular radica en el MUNICIPIO y EMPOMER como

prestadora del servicio afectado, por tanto, no le asiste

responsabilidad por la vulneración de los derechos.

Solicitó que se modifiquen los numerales 2º y 3º de la parte

resolutiva del fallo en lo que se refiere a las órdenes que le fueron

impuestas de cara a la protección de los derechos colectivos objeto

de agravio.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación solicitó

confirmar la sentencia impugnada precisando que la situación

demanda acciones coordinadas por parte de las entidades

involucradas y, en tal virtud, a EMCASERVICIOS como gestora del

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PDA, conforme con el Decreto 1425 de 2019 no solo le compete la

gestión y planeación de dicho instrumento, sino su implementación

y ejecución.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito

de 3 de septiembre de 20257, manifiesta que se declara impedido

para actuar dentro del proceso de la referencia, por cuanto su

hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES se desempeña

como Procurador Judicial II en la PROCURADURÍA GENERAL DE

LA NACIÓN, entidad que funge como parte actora en el proceso de

la referencia, por lo que estima que se encuentra incurso en la causal

de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

7
Cfr., índice 00020del expediente digital del Consejo de Estado.

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caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento

que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del

CPACA, la cual dispone:

“[...] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos: [...].

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo,
asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado. [...]” (Resaltado fuera del texto original).

Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto

similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto de

2023, consideró lo siguiente:

“[...] Los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA,
pues sus cónyuges están vinculadas a la Procuraduría General de
la Nación como procuradoras judiciales II.

[...]

La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que
la causal de impedimento se configure; no se requiere que el

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cónyuge tenga algún interés o relación con el asunto objeto del
proceso, por lo que basta con que esté probado el vínculo con la
entidad y el nivel jerárquico correspondiente.

En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores
judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional,
en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece
que son cargos del nivel directivo aquellos empleos que tienen
funciones de dirección, definición de políticas y de representación
del Procurador General. En el numeral 10 de ese artículo señala
como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10.
Intervenir como agentes del Ministerio Público, de conformidad con
lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que resulta congruente
con lo prescrito en los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en
tanto los procuradores judiciales II tienen la condición de agentes
del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones de
intervención judicial en representación del Procurador General de
la Nación, lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 416
del Decreto Ley 262 de 2000, de manera que la simple ubicación
formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede
tenerse en consideración para los efectos de esta decisión.

En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros
Yepes Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la
entidad demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual,
desde una perspectiva material y funcional, corresponde al nivel
directivo, ya que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce
funciones delegadas del Procurador General de la Nación en calidad
de agente del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal
de impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la
Sala de analizar las demás causales señaladas por el magistrado
Ibarra Martínez [...]”.

Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala

Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO

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OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez

que su hermano8, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES,

se desempeña actualmente como Procurador Judicial II, cargo de

nivel directivo, en la Procuraduría General de la Nación, entidad

demandante en la acción popular de la referencia9.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

8
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de
conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación o
conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas
por los vínculos de la sangre”.
9
El Tribunal mediante auto de 22 de septiembre de 2022 dispuso la vinculación del Procurador
Ambiental y Agrario del Tolima como tercero interesado.

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de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos invocados.

Problemas jurídicos

En consideración a los argumentados que sustentan el recurso de

apelación, la Sala determinará los siguientes problemas jurídicos:

i) ¿EMCASERVICIOS está legitimado en la causa por pasiva?

ii) ¿El Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al

atribuir responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos

a EMCASERVICIOS?

iii) ¿EMCASERVICIOS es competente para ejecutar las órdenes

impartidas por el Tribunal de primera instancia?

De la falta de legitimación en la causa por pasiva

Sobre el particular, la Sala destaca que en materia de acciones

populares el estudio y análisis de esta excepción supone establecer

la relación jurídica material existente entre los extremos de la litis y,

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a partir de esta, determinar quién tiene injerencia real en la causa o

fuente del hecho constitutivo de la trasgresión de los derechos

colectivos.

Así entonces, están legitimados por activa y pasiva, según los

artículos 13 y 14 de la ley 472, las personas naturales o jurídicas que

se vean perjudicados por la violación o amenaza a los derechos e

intereses colectivos y aquellas que con su accionar u omisión, sean

las que producen dicha violación o amenaza.

Lo expuesto da cuenta de que dicha excepción constituye, a su vez,

un presupuesto procesal que, de no acreditarse, conlleva a la

imposibilidad del juez de emitir un pronunciamiento de fondo

respecto del sujeto procesal en quien recae la falta de legitimación

para concurrir al litigio, siendo procedente disponer su desvinculación

del proceso.

Precisado lo anterior, y una vez revisados en su integridad los

supuestos fácticos de la demanda como las pretensiones de la

misma, surge con claridad que los asuntos ventilados en esta acción

constitucional están relacionados con las funciones atribuidas a

EMCASERVICIOS en su rol de Gestora del PDA del

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DEPARTAMENTO y su injerencia en el suministro de agua potable a

la población del MUNICIPIO.

Distinto es que, en el marco del juicio de responsabilidad que

corresponde adelantar luego de dilucidar si existe o no vulneración

de tales derechos colectivos, eventualmente se advierta la ausencia

de una acción u omisión de EMCASERVICIOS susceptible de

calificarse como causa determinante de la transgresión que motivó

esta acción constitucional.

Bajo tal entendido, para la Sala resulta claro que lo expuesto por la

citada empresa como argumento para solicitar su desvinculación del

proceso, no tiene vocación de prosperidad y, por consiguiente, este

cargo será denegado.

• De la indebida valoración probatoria

Para efecto de resolver, la Sala se referirá a los hechos relevantes

que fueron acreditados en el expediente respecto de las acciones

desplegadas por EMCASERVICIOS para atender la problemática

que suscitó esta acción popular, a saber:

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En el año 2010 EMCASERVICIOS suscribió el contrato núm. 10 el

10 marzo de 2010 con el objeto de elaborar los estudios y diseños

para optimizar el sistema de acueducto de la cabecera municipal de

Mercaderes, habida cuenta que ya había cumplido su vida útil.

Los resultados de dichos estudios fueron avalados por la interventoría

y, posteriormente, sometidos al estudio de viabilidad por parte del

Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y

Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

quien emitió concepto favorable.

En vista de lo anterior, el 25 de noviembre de 2013,

EMCASERVICIOS suscribió el contrato núm. 82 para la construcción

de la primera fase del proyecto de optimización del sistema de

acueducto de Mercaderes, vigente entre el 20 de marzo de 2014 y el

8 de enero de 201610, cuyas obras fueron entregadas a la

Administración Municipal el 19 de abril de 201711.

10
Fls. 36 a 53, archivo “031ContestacionEMCASERVICIOS.pdf”, expediente digital descargado del
aplicativo SAMAI.
11
Fls. 34 y 35, ídem.

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Ahora, de la Escritura Pública núm. 1845 de 11 de agosto de 200912,

contentiva del acta de constitución13 de EMCASERVICIOS, se

destacan las siguientes funciones y su objeto social:

“[…] 4.33. Prestar apoyo y asistencia a las entidades territoriales y
personas prestadoras de servicios públicos en aspectos técnicos y
jurídicos, de planeación, financieros, institucionales y administrativos
atinentes a la prestación actual de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades
complementarias.

[…] 4.42. Prestar asistencia integral a todos los participantes del PDA
en aspectos técnicos, institucionales, legales, ambientales,
financieros y administrativos […]”.

Por otra parte, durante el primer semestre del año 2021,

EMCASERVICIOS llevó a cabo varias mesas de trabajo con el

MUNICIPIO, EMPOMER y la comunidad para tratar la problemática

y coordinar las acciones requeridas, asimismo, expuso alternativas

de solución, realizó visitas técnicas para evaluar el estado de las

infraestructuras, gestionó maquinaria para el dragado del río Hato

Viejo afectado por sedimentación y efectuó estudios topográficos y

cálculos hidráulicos para fundamentar las intervenciones propuestas.

12
Fls. 69 a 116, ídem.
13
Fls. 117 a 155, ídem.

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Adicional a lo anterior, en colaboración con docentes universitarios y

entidades ambientales, EMCASERVICIOS ajustó y socializó

propuestas para mejorar la captación y proteger la cuenca

abastecedora y, finalmente, hizo entrega de la memoria técnica con

las alternativas de solución para la revisión por parte de EMPOMER

En este escenario probatorio, la Sala advierte que si bien es cierto

EMCASERVICIOS, en calidad de Gestora del PDA, ha realizado

gestiones de orden contractual encaminadas a determinar

técnicamente la solución adecuada para subsanar las fallas del

sistema dispuesto para el suministro de agua potable a la población

del casco urbano del MUNICIPIO y, asimismo, ha ejecutado una

serie de obras con miras a la optimización de la infraestructura

existente para la prestación del servicio de acueducto, también lo es

que se trata de medidas parciales de cara a la superación definitiva

de las causas de la vulneración.

En efecto, la misma recurrente admitió en su contestación de la

demanda14 haber ejecutado la fase I de las obras que arrojó la

14
“[…] En este punto, señor Juez, es de vital importancia aclarar que el contrato 82N de 2013 fue
construido y priorizado como primera fase del proyecto, ya que el mismo requería de una nueva planta
de tratamiento, para que el agua llegue por gravedad, complementación de la red de distribución y la
micro medición para que el sistema de acueducto sea óptimo y sostenible, aspectos que no abarcó el
contrato en cuestión.

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consultoría, encontrándose pendiente, entre otras actividades, la

construcción de la PTAP, parte esencial en la solución integral

requerida para la prestación óptima y eficiente del servicio.

Sobre el particular, indicó:

“[…] Por consiguiente, Emcaservicios S.A. E.S.P., en cumplimiento de
su función de Gestor del PDA, presentará ante la Ventanilla Única
Regional del Cauca el Proyecto denominado “Optimización, Captación,
Desarenador, Prefiltros, Líneas de Aducción y Conducción del Sistema
de Acueducto, cabecera municipal de Mercaderes, Departamento del
Cauca” en el cual se pretende:

• Optimizar el sistema de captación
• Construir un desarenador
• Optimizar los prefiltros existentes
• Dotar de Ventosas y Purgas a la red de conducción.

Adicionalmente debe Emcaservicios S.A. E.S.P. propender porque las
pérdidas en el sistema se reduzcan en el 25% como máximo, las
acciones que debe ejecutar serían:
1. Poner en funcionamiento los micromedidores y macromedidores
instalados.
2. Poner en marcha el programa de uso eficiente del agua.
3. Continuar con el proyecto en su segunda fase, el cual consistiría
en el estudio y diseños para la construcción de la planta de
tratamiento y la optimización de las redes de distribución […]”.

Así las cosas, es claro que las intervenciones hasta ahora

adelantadas por EMCASERVICIOS para atender la problemática

fundante de esta acción popular se tornan insuficientes, sin que,

El objetivo primordial en la primera etapa, fue suministrar agua a la PTAP de tal manera que se contara
con el insumo para que esta sea tratada y de esta manera se prestara un eficiente servicio de acueducto.
Actualmente el caudal máximo diario para todo el acueducto construido (cabecera y veredas aledañas)
es de 24.72 l.p.s, hoy en día el caudal entrante a la planta de tratamiento oscila entre 22 y 27 l.p.s,
caudal mayor a lo contemplado en los estudios y diseños para abastecer a la cabecera municipal en el
año meta del proyecto 2035 […]”.

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a la fecha, obren elementos de convicción adicionales que den

cuenta de la efectiva ejecución de las intervenciones y obras que

la misma recurrente estimó necesarias en su contestación.

Los anteriores razonamientos desvirtúan con suficiencia el

cuestionamiento acerca de la indebida valoración del material

probatorio con fundamento en la cual se declaró su

responsabilidad. Contario a lo expuesto por la recurrente, la Sala

vislumbra que tal decisión se fundó en el análisis racional e

integral de las pruebas aportadas, razón suficiente para que el

cargo en mención no esté llamado a prosperar.

• De la competencia de EMCASERVICIOS para dar

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal

El Tribunal en la sentencia apelada ordenó a la recurrente lo

siguiente:

“TERCERO.- ORDENAR al MUNICIPIO DE MERCADERES, a
EMPOMER S.A. E.S.P. y a EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., que
en el término no mayor a un (1) año de ejecutoriada de esta
sentencia, deberán realizar todas las gestiones y acciones
necesarias de índole administrativo, técnico, financiero,
presupuestal y contractual según sus competencias, para

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asegurar el correcto funcionamiento de la bocatoma y la Planta
de Tratamiento de Agua Potable que se surte del Río Hato Viejo
garantizando que el suministro del agua en la cabecera
municipal cumpla los estándares normativos de potabilidad y
aptitud para el consumo humano contenidos en la Resolución
No. 2115 de 2007”.

Teniendo en cuenta lo anterior y comoquiera que EMCASERVICIOS

ostenta la calidad de Gestora del PDA del DEPARTAMENTO, la Sala

se referirá al marco normativo referente a sus competencias en el

desarrollo de dicha estrategia, definida en el artículo 1º del Decreto

1425 de 6 de agosto de 2019, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 2.3.3.1.1.2. Definición de los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios
de Agua y Saneamiento (PDA). Son un conjunto de estrategias de
planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas
con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la
implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen
el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta
las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas
de regionalización y asociativos comunitarios […]”.

Dentro de la estructura operativa prevista para los PDA, la normativa

reglamentaria en cita previó la figura del Gestor como eje articulador

de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los

objetivos del PDA y la sostenibilidad en la prestación de los servicios

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públicos de agua potable, alcantarillado y aseo, como se advierte de

las funciones previstas en el artículo 12 ídem, a saber:

“[…] ARTÍCULO 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones
del Gestor:

1. Desarrollar las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento
de los objetivos de la política del sector de agua potable y
saneamiento básico: la observancia de los principios y el
cumplimiento de los objetivos y las metas de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento (PDA).

2. Gestionar a nivel departamental los asuntos relacionados con el
sector de agua potable y saneamiento básico como representante del
Gobernador cuando el departamento lo requiera, así como, prestar
asistencia a los municipios y distritos del departamento, vinculados a
los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), en los temas relacionados
con el acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico en la
zona urbana y rural.

[…]

7. Promover, estructurar y adelantar las acciones necesarias para
apoyar a los municipios y distritos en su competencia de asegurar la
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico,
entre otras:

7.1. La asistencia administrativa, financiera, comercial, técnica,
operativa, social y jurídica para la implementación por parte de los
municipios y distritos de los esquemas que permitan el aseguramiento
en la prestación de los servicios en un municipio o grupo de
municipios o distritos del departamento, de acuerdo con lo aprobado
por el Comité Directivo del que trata el artículo 2.3.3.1.2.4. del
presente capítulo.

7.2. Informar por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, los resultados de los planes de aseguramiento una vez
finalice la ejecución de cada fase.

[…]

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9. Gestionar e implementar directamente o en conjunto con los
participantes, alternativas de financiación de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento (PDA).

10. En concordancia con la naturaleza jurídica de los instrumentos de
financiación, estructurar e implementar instrumentos financieros para
el apalancamiento de recursos, o gestionar y tomar créditos para la
ejecución e implementación de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)
con cargo a los recursos comprometidos por los participantes.

[…]

17. Las demás que, de acuerdo con su naturaleza jurídica, le estén
autorizadas por la normativa vigente […]”.

De igual forma, en el acto de constitución de EMCASERVICIOS se

fijaron como funciones inherentes al desarrollo de su objeto social,

entre otras, las siguientes:

“[…] 33. Prestar apoyo y asistencia a las entidades territoriales y
personas prestadoras de servicios públicos en aspectos técnicos y
jurídicos, de planeación, financieros, institucionales y administrativos
atinentes a la prestación actual de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades
complementarias.

[…]

4.42. Prestar asistencia integral a todos los participantes del PDA en
aspectos técnicos, institucionales, legales, ambientales, financieros y
administrativos […].

Conforme con el marco normativo reseñado es dable concluir que

EMCASERVICIOS debe concurrir no solo desde el punto de vista de

asesoría y apoyo técnico, sino financiero, pues su intervención es

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necesaria para el cumplimiento de los objetivos que subyacen al

programa, valga aclarar, con cargo a los recursos aportados por las

entidades territoriales que se han vinculado a la estrategia, cuya

administración y gestión es del resorte de la Gestora del PDA del

Cauca, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1425 de 2019 en

cuanto al presupuesto y los esquemas de financiación dispuestos

para el desarrollo de los PDA y la implementación de los programas

y proyectos que el funcionamiento óptimo de los planes demanda.

Así las cosas, la concurrencia de EMCASERVICIOS en las acciones

ordenadas por el Tribunal como medidas para restablecer los

derechos conculcados, tienen por sustento la naturaleza que reviste

la figura jurídica del Gestor y el alcance de la gestión que le ha sido

atribuida legalmente, es decir, el que la citada empresa fuera o no

la prestadora directa del servicio público de alcantarillado no fue el

factor determinante de dicha decisión, como fue asumido en el

recurso de apelación.

Sobre el particular, la Sala considera pertinente destacar que en

reiteradas oportunidades15 se ha referido al deber que le asiste a

15
Sentencia de 25 de abril de 2024, radicado: 63001-23-33-000-2022-00085-01, sentencia de 3 de
octubre de 2024, radicado: 200012333000201800087-02, sentencia de trece (13) de marzo de dos mil
veinticinco (2025), radicado: 50001-23-33-000-2018-00189-01.

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quien funge como gestor del PDA de aportar recursos financieros

para la materialización de las soluciones técnicas que requiere la

debida prestación de los servicios público de acueducto,

alcantarillado y saneamiento básico.

Así, en sentencia de 23 de mayo de 202416, se consideró:

“[…]

106. El ente gestor puede ser “[…] una empresa de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden
departamental […] [cuyos] estatutos permitan la vinculación como
socios de los municipios y/o distritos del departamento que lo
soliciten; o el departamento […]”. Este ente, “[…] [e]s el responsable
de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-
PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento
básico en el departamento […]”78.

107. Otras funciones que se destacan del ente gestor en punto de
articulación interadministrativa están asociadas: a coordinar las
acciones de los participantes del programa; a ser el interlocutor entre
los participantes del programa; a concertar con el departamento y los
municipios las propuestas de elaboración de los distintos
instrumentos de planificación del programa; a vincular al programa a
los municipios, a las autoridades ambientales competentes y demás
participantes con la ayuda del departamento, y a gestionar junto con
los demás participantes del programa alternativas de financiación de
proyectos[…]”.

Sin perjuicio de lo anterior, nada obsta para que el MUNICIPIO

como garante de la prestación eficiente del servicio de suministro de

agua potable en su jurisdicción, gestione la obtención del

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, magistrado ponente
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 23 de mayo de 2024, expediente núm. 15001-23-33-000-
2019-00147-01.

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presupuesto necesario para culminar las obras que requiere el

funcionamiento óptimo del sistema de acueducto existente,

mediante las estrategias de financiación previstas legalmente en

materia de agua potable, como en efecto lo estableció la Sala en

sentencia de 25 de abril de 202417, al destacar la relevancia de, entre

otros, el Sistema General de Participaciones previsto en los artículos

356 y 357 de la Constitución y desarrollado por la Ley 1176 de 2007,

reglamentada por el Decreto 1484 de 2014; y el Sistema General de

Regalías previsto en los artículos 360 y 361 de la Constitución.

Bajo los anteriores razonamientos no existe mérito para acceder a

la revocatoria de la sentencia en lo atinente a la responsabilidad que

le asiste a EMCASERVICIOS con miras a la protección efectiva de

los derechos e intereses colectivos al goce del ambiente sano y al

acceso a los servicios públicos y, en tal virtud, la decisión apelada se

mantendrá incólume.

• Del comité de verificación

17
Dentro del radicado: 63001-23-33-000-2022-00085-01

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La Sala advierte que el Tribunal en el fallo objeto de este omitió

indicar a quién correspondería presidir el Comité de Verificación

encargado de hacer seguimiento a las órdenes impartidas en la

sentencia.

Por consiguiente, la Sala atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la

jurisprudencia de la Sección, modificará el numeral quinto de la parte

resolutiva del fallo en el sentido de establecer que corresponderá al

Magistrado Ponente del fallo de primera instancia presidir el Comité

de Verificación en referencia, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

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32

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SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la parte resolutiva de

la sentencia apelada, el cual quedará así:

“[…] QUINTO.- ORDENAR la conformación del Comité de
Verificación de Cumplimiento de la sentencia que estará
integrado, además de esta Corporación en cabeza del
Magistrado Ponente de esta providencia, quien lo presidirá; por
el accionante Procuraduría Provincial de Popayán, el alcalde
municipal de Mercaderes, un delegado de EMPOMER S.A.
E.S.P., un delegado de EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., un
delegado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CAUCA C.R.C., un delegado de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO –
Regional Cauca y la representante del Ministerio Público ante
esta Corporación […]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 11 de abril de

2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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33

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

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