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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2023-00265-01

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2023-00265-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 4 de julio de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el 4 de julio de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, preste la colaboración necesaria en materia técnica y administrativa al Departamento de Nariño y al Municipio de San Lorenzo para superar la situación de vulneración de los derechos e intereses colectivos de la comunidad de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de esa localidad. Asimismo, en caso de que el Departamento de Nariño presente el proyecto de construcción de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en la convocatoria para el cofinanciamiento con recursos del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, preste su colaboración, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, para la aprobación y ejecución del proyecto […]”. TERCERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 4 de julio de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01 “[…] SÉPTIMO: Conformar un Comité de Verificación de Cumplimiento de la sentencia, el cual estará integrado por la Magistrada Sustanciadora del Tribunal Administrativo de Nariño, quien lo presidirá, la Defensoría del Pueblo Regional Nariño como parte accionante; el Municipio de San Lorenzo, el Departamento de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2023-00265-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01
Actora: Defensoría del Pueblo Regional Nariño
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional, Departamento de Nariño
– Secretaría de Educación Departamental y Municipio de San Lorenzo

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Departamento
de Nariño contra la sentencia de 4 de julio de 20251, proferida por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Defensoría del Pueblo Regional Nariño presentó demanda2, en ejercicio
del respectivo medio de control, contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, Departamento de Nariño – Secretaría de Educación Departamental y
Municipio de San Lorenzo, con el objeto de que se protejan los derechos e

1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
8ED_Sentenciaprime_20230(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
2 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 6ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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intereses colectivos previstos en los literales g, j, y l3 del artículo 4 de la Ley 472 de
5 de agosto de 19984.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 1. PRIMERA: CONCEDER la protección de los derechos e intereses colectivos
consagrados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998: A la seguridad pública (literal g);
Acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (literal
j) y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
(literal l), de los cuales son titulares los integrantes de la comunidad educativa de la
I.E.M. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS del Municipio de San Lorenzo
(N), vulnerados por las entidades demandadas, por no adoptar medidas urgentes y
de emergencia tendientes a la solución del problema que está padeciendo la
comunidad educativa de la citada Institución Educativa, por las malas condiciones de
la infraestructura física y de suelos de las cuatro sedes donde funciona la citada
Institución, que pone en riesgo la vida e integridad personal de los estudiantes,
docentes, directivos docentes y padres de familia.

SEGUNDA: ORDENAR al Municipio de San Lorenzo (N), para que destine o
disponga de un bien inmueble fiscal o baldío en los términos del artículo 123 de la
Ley 388 de 1997, que cumpla los requisitos de uso de suelo establecidos por el
Esquema de Ordenamiento Territorial y los parámetros establecidos por el Ministerio
de Educación Nacional para la construcción de la infraestructura del nuevo proyecto
de la CIUDADELA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO; o en su
defecto, se adelante la actuación administrativa de negociación directa y/o
expropiación por vía administrativa o judicial de un lote de terreno idóneo y que
cumpla los requisitos de uso de suelo establecidos por el Esquema de Ordenamiento
Territorial y los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para
la construcción de la citada edificación.

TERCERA: ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional y al Departamento de
Nariño – Secretaria de Educación Departamental de Nariño, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias en materia de
infraestructura educativa, para que dentro del término de los cuatro (4) meses
siguientes a la notificación del fallo, adelante los trámites administrativos, financieros
pertinentes y los estudios previos de prefactibilidad y factibilidad, tendientes a lograr
que sobre el lote de terreno destinado por el Municipio de San Lorenzo se levante la
obra pública de infraestructura o construcción de la nueva Ciudadela Educativa del
Municipio de San Lorenzo.

4. CUARTA: Se condene en costas y agencias en derecho a las entidades
accionadas en el evento de prosperar las pretensiones de la demanda, en los
términos del art. 38 de la Ley 472 de 1998 […]”.

3 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas
[...]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 7ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que la sede de la Institución Educativa Sagrado
Corazón de Jesús del Municipio de San Lorenzo, en la que se presta el servicio
educativo a más de 230 estudiantes, presenta deterioro progresivo en su
infraestructura, lo que se agrava por problemas de humedad y filtraciones de agua.
Asimismo, señaló que en la sede Fátima de la misma institución no hay cocina para
preparar los alimentos del Programa de Alimentación Escolar – PAE, aún cuando
en esa sede se atienden a cerca de 110 niños, entre 5 y 7 años de edad.

4. La vía de ingreso a la institución presenta colapso del sistema de acueducto
y alcantarillado en época invernal, lo que generó que se abriera un hueco en la vía,
que causa peligro para la comunidad que transita por esa zona.

5. Adujo que en la sede principal de la institución vive la comunidad de las
Hermanas Bethlemitas, que también está afectada como consecuencia del deterioro
de un muro de la edificación que amenaza con derrumbarse porque presenta
fisuras, situación que se agrava por la temporada invernal.

6. Destacó que la infraestructura de la institución educativa genera amenaza a
la comunidad por las humedades, goteras, estado de muros y columnas, oxidación
de la estructura del coliseo y deterioro de pisos en los salones, entre otras
situaciones que implican un riesgo para la comunidad. Manifestó que, por parte del
colegio, se remitieron múltiples comunicaciones al Municipio de San Lorenzo
informando la situación en que se encuentra la infraestructura de la institución
educativa.

7. Afirmó que la comunidad educativa interpuso una acción de tutela por los
hechos expuestos en precedencia, la cual fue resuelta en sentencia de 24 de enero
de 2022 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Pasto
en el sentido de amparar el derecho fundamental a la educación de los estudiantes
de la Institución Educativa, ordenando al Departamento de Nariño y al Municipio de
San Lorenzo emitir un diagnóstico especializado sobre la seguridad del terreno y las
edificaciones de cada una de las sedes de la institución y que, de conformidad con
los resultados del diagnóstico, se adoptara, de ser necesario, un plan de
contingencia que garantizara la prestación del servicio educativo.

8. Finalmente, la parte actora afirmó que era necesaria la construcción de una
ciudadela educativa con el fin de integrar las diferentes sedes en las que funciona
la Institución Educativa.

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Contestaciones de la demanda

7. La Nación – Ministerio de Educación Nacional presentó escrito de 20 de
octubre de 20236, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, precisó
que la competencia recaía en el Departamento de Nariño, en razón a que la
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús estaba en un Municipio no
certificado en materia educativa, por lo que formuló las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva y genérica.

8. El Municipio de San Lorenzo presentó escrito de 20 de octubre de 20237,
en el que manifestó que ha realizado las gestiones a su cargo para garantizar los
derechos colectivos invocados y formuló las siguientes excepciones: “[…] los
hechos que sustentan la acción popular son hechos superados […]” e “[…]
innominada […]”.

9. El Departamento de Nariño presentó escrito de 23 de octubre de 20238, en
el que refirió las acciones que ha adelantado relacionadas con los hechos de la
demanda, afirmó que los recursos que recibe del Sistema General de
Participaciones se agotan con el pago al personal docente y administrativo de la
planta bajo su jurisdicción y carece de recursos propios para garantizar la
construcción del proyecto que se pretende con la acción popular de la referencia.
Aseguró que la Secretaría de Educación del Departamento puede coadyuvar y
prestar asistencia técnica al proyecto, sin embargo, reiteró que no puede ir más allá
por carencia de recursos.

Actuaciones en primera instancia

10. El Tribunal mediante auto de 4 de octubre de 2023 admitió la demanda9;
ordenó notificar a la parte demandada y al Ministerio Público, informar a la
comunidad sobre la existencia del proceso y concedió el amparo de pobreza a la
parte actora.

6 Cfr. Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 010

MinisterioEducaciónNacional(.pdf) NroActua 11 […]”.
7 Cfr. Índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 011

ContestaciónMunicipioSanLorenzo(.pdf) NroActua 12(.pdf) NroActua 12 […]”.
8 Cfr. Índice 14 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 014

ContestaciónSedNariño(.pdf) NroActua 14 […]”.
9 Cfr. Índice 8 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 007

AutoAdmiteDemanda(.pdf) NroActua 8 […]”.

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11. El Tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 13
de febrero de 202410, la cual se declaró fallida al no comparecer la totalidad de las
partes interesadas.

12. El Tribunal profirió auto de 22 de mayo de 202511, mediante el cual corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

13. La parte actora12, el Municipio de San Lorenzo13, el Ministerio de Educación
Nacional14 y el Departamento de Nariño15 presentaron escritos en los que reiteraron
los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la demanda,
respectivamente.

14. El Ministerio Público16 presentó concepto en el que solicitó acceder a las
pretensiones de la demanda.

Sentencia de primera instancia

15. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño profirió
sentencia el día 4 de julio de 202517 en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- Declarar falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-
Ministerio de Educación.

SEGUNDO.- Amparar los intereses colectivos relacionados con la seguridad y
salubridad pública; acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de la
comunidad educativa de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del
Municipio de San Lorenzo, vulnerados por el Departamento de Nariño y el Municipio
de San Lorenzo.

TERCERO.- Ordenar al Departamento de Nariño que adelante las siguientes
acciones:

a) Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente providencia,
adelantará las gestiones administrativas y presupuestales necesarias, tendientes a la
consecución de recursos para la construcción de la obra de la nueva sede de la
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del municipio de San Lorenzo.
Dichos recursos podrán provenir de cualquier mecanismo de financiación permitido

10 Cfr. Índice 29 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 23029

AudienciaPactoCumplimiento(.pdf) NroActua 29 […]”.
11 Cfr. Índice 50 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 044

AutoTrasladoalegatos(.pdf) NroActua 50(.pdf) NroActua 50(.pdf) NroActua 50 […]”.
12 Cfr. Índice 54 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 049

AlegatosConclusiónDte(.pdf) NroActua 54 […]”.
13 Cfr. Índice 52 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

Memorial__166Alegatos(.pdf) NroActua 118 […]”.
14 Cfr. Índice 53 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 047

AlegatosConclusiónMinEducación(.pdf) NroActua 53 […]”.
15 Cfr. Índice 55 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 050

AlegatosConclusiónDtoNariño(.pdf) NroActua 55 […]”.
16 Cfr. Índice 56 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 051

ConceptoMinisterioPúblico(.pdf) NroActua 56 […]”.
17 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
8ED_Sentenciaprime_20230(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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por la ley, como el Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías,
Cooperación Internacional, entre otros que el Departamento considere pertinentes.

b) Conseguidos tales recursos, de manera inmediata, conforme a los estudios
técnicos adelantados por el Municipio de San Lorenzo, que constituyen el proyecto
denominado “construcción de infraestructura nueva de la Institución Educativa
Sagrado Corazón de Jesús de San Lorenzo – Departamento del Putumayo” (sic) el
cual ya fue viabilizado por el Departamento de Nariño, y los demás que considere
pertinentes, analizará y determinará las obras a construir, priorizando a la población
estudiantil que se encuentra en los bloques con mayor afectación estructural, es decir,
los bloques Fátima, Santo Tomás y Parque.

c) Una vez se determine lo anterior, iniciará con las gestiones pre contractuales y
contractuales para la contratación de la obra de construcción de la nueva
infraestructura de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio
de San Lorenzo, teniendo en cuenta los estudios técnicos presentados por el
Municipio de San Lorenzo, u otro que considere necesarios para adelantar la obra
con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos y jurídicos, los cuales tendrá el
deber de adelantarlo.

Se advierte que la ejecución del contrato de obra que resulte de la licitación para la
construcción de la nueva sede de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús
no podrá sobrepasar la vigencia fiscal 2027.

CUARTO.- Ordenar al Municipio de San Lorenzo, que dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación del presente fallo, inicie las obras de arreglo y
mitigación en la infraestructura de los cuatro bloques que conforman la sede urbana
de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, realizando las reparaciones
que necesite y permita la infraestructura, como el arreglo de humedades y goteras,
reparación de techos, y demás arreglos que se requieran para la prestación segura
del servicio de educación.

Las reparaciones y arreglos deberán realizarse de manera continua, en la medida que
la infraestructura actual de la Institución Educativa Sagrado Corazón de San Lorenzo
lo requiera, hasta que sean habilitadas las nuevas instalaciones.

Igualmente, dentro del término anterior, en coordinación con las autoridades
ambientales, deberá adelantar estudios que determinen la viabilidad y la conveniencia
de la canalización de la quebrada que pasa por el bloque Parque de la Institución
Educativa Sagrado Corazón de San Lorenzo, considerando que se construirá la
nueva sede de la institución en un sector diferente al que actualmente se ocupa.

QUINTO.- Condenar en costas al Municipio de San Lorenzo y al Departamento de
Nariño, en partes iguales, a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, las cuales se liquidarán por
Secretaría en los términos de los artículos 365 y 366 del CGP.

SEXTO.- Exhortar al Ministerio de Educación para que en caso de que el
Departamento de Nariño presente el proyecto de construcción de la Institución
Educativa Sagrado Corazón de Jesús en la convocatoria para el cofinanciamiento con
recursos del Fondo de Financiamiento de Estructura, se dé prioridad al mismo y se
adelanten las gestiones para que se logre la materialización del proyecto.

SÉPTIMO.- Conformar un comité de vigilancia para que verifique el cumplimiento de
la presente providencia, el cual estará integrado por la Magistrada Ponente de la
presente providencia, la Defensoría del Pueblo regional Nariño como parte
accionante; el Municipio de San Lorenzo y Departamento de Nariño, como parte
accionada, y la Procuraduría General de la Nación, como representante del Ministerio
Público.

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OCTAVO.- Remitir por Secretaría a la Defensoría del Pueblo, copia del presente fallo,
para que sea incluido en el Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de
Grupo previsto en el artículo 80 de la ley 472 de 1998 […]”.

16. El Tribunal consideró que, de acuerdo con el material probatorio allegado al
proceso, podía concluirse que existe vulneración de los derechos colectivos
invocados, toda vez que se acreditó el mal estado de la infraestructura educativa de
los cuatro bloques de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del
Municipio de San Lorenzo. Al respecto, señaló que el resultado de las visitas
realizadas por la Secretaría de Educación del Departamento daba cuenta del mal
estado de la infraestructura del colegio, la cual no era apta para su uso pues se
evidenciaron fisuras en muros y pisos, grietas, levantamiento de pisos, muros en
malas condiciones, humedad en las edificaciones, situaciones, todas estas, que
demuestran la inestabilidad y las malas condiciones del terreno, lo que afecta no
solo a la comunidad educativa sino a los visitantes de la institución educativa oficial
de esa localidad.

17. Respecto a las entidades responsables de realizar las acciones para proteger
los derechos e intereses colectivos vulnerados, el Tribunal consideró que el
Ministerio de Educación Nacional no era responsable de la vulneración por cuanto
sus funciones son generales de dirección, vigilancia, regulación, definición y
reglamentación de la prestación del servicio educativo, lo que incluye la distribución
de recursos del Sistema General de Participaciones, sin que dicha entidad tenga a
su cargo el mantenimiento o construcción de proyectos de infraestructura educativa
a nivel local, máxime cuando el Departamento de Nariño era la entidad certificada
en materia educativa para la jurisdicción municipal de San Lorenzo.

18. Asimismo, reiteró que comoquiera que el Municipio de San Lorenzo no es
una entidad certificada en materia educativa, la competencia para proteger los
derechos colectivos invocados estaba en cabeza del Departamento de Nariño y del
Municipio de San Lorenzo, por lo que corresponde a estas entidades materializar
las medidas pertinentes y necesarias para superar la vulneración de los derechos
colectivos.

Recurso de apelación

19. El Departamento de Nariño presentó escrito de 22 de agosto de 202518 por
medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en
primera instancia con fundamento en que, a juicio de la entidad, el Tribunal no debió

18 Cfr. índice 62 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] 056

RecursoApelaciónDepartamentoDeNariño(.pdf) NroActua 62 […]”.

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declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación
Nacional, toda vez que esa cartera ministerial es la encargada de viabilizar y
financiar los proyectos que se presenten para obtener recursos del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa.

20. Señaló que la normativa contenida en el Decreto 1433 de 5 de noviembre de
2020, sobre la naturaleza jurídica, características y delimitación de funciones del
Fondo y de su Junta Administradora, permiten concluir que corresponde al
Ministerio de Educación Nacional viabilizar y financiar los proyectos.

21. Adujo que el Departamento de Nariño estudió el proyecto denominado “[…]
Construcción de Infraestructura Educativa Nueva Sede de la Institución Educativa
Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de San Lorenzo […]”, por valor de
$10.969.080.587, el cual tiene “Concepto de Viabilidad 2 Favorable” de 19 de
diciembre de 2024 emitido por el Departamento, por lo que informó que procederá
a radicarlo cuanto antes ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa.

22. Con fundamento en lo anterior, afirmó que correspondía al Ministerio de
Educación Nacional viabilizar y financiar el proyecto, en consecuencia solicitó la
revocatoria de la decisión de primera instancia que declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ministerio y, en su lugar, que se le imparta la orden
tendiente a que, una vez el Departamento radique el proyecto ante el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el Ministerio viabilice y financie su
ejecución.

Concesión del recurso de apelación

23. La magistrada sustanciadora del Tribunal profirió auto de 9 de septiembre de
202519, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el
Departamento de Nariño contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

24. El despacho sustanciador profirió auto de 15 de octubre de 202520 mediante
el cual admitió el recurso de apelación referido y ordenó notificar a las partes e
intervinientes.

19 Cfr. índice 63 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 057 AutoConcedeApelación(.pdf) NroActua 63 […]”.
20 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa202326501Defensor(.pdf) NroActua 4 […]”.

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25. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) las competencias del Ministerio de Educación Nacional en
materia de infraestructura educativa; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201921, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15022 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

28. Asimismo, de conformidad con los artículos 32023 y 32824 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201225, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el Departamento de
Nariño.

29. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

21 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
22 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.

23 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
24 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Problemas jurídicos

30. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

30.1. Si el Ministerio de Educación Nacional está legitimado en la causa por pasiva
para proteger los derechos e intereses colectivos en el caso concreto.

30.2. Si es plausible impartir órdenes al Ministerio de Educación Nacional con el
objeto de proteger los derechos e intereses colectivos amparados en la sentencia
proferida en primera instancia.

30.3. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 4 de julio de 2025 proferida por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Nariño.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

31. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

32. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

33. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.

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35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”26.

36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

Competencias del Ministerio de Educación Nacional en materia de
infraestructura educativa

37. La Sala destaca el siguiente marco normativo sobre las competencias del
Ministerio de Educación Nacional en materia de infraestructura en el sector
educativo:

38. El artículo 356 de la Constitución Política establece la distribución de los
recursos y competencias entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios
a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Específicamente, el inciso

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01

cuarto del artículo 356 señala que los recursos del SGP se destinarán, entre otros,
a la financiación de los servicios de la educación preescolar, primaria, secundaria y
media.

39. Adicionalmente, la norma constitucional establece que teniendo en cuenta
los principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad, corresponderá a
la ley señalar los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de
los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de
los departamentos, distritos y municipios.

40. Se trata de recursos que, en el marco de la prestación del servicio educativo
y en los términos del numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley 715 de 2001 27, podrán
ser destinados, entre otras actividades, a la “[…] [c]onstrucción de la infraestructura,
mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones
educativas […]”.

41. El artículo 5 de la Ley 715 de 2001, sobre las competencias de la Nación en
materia de educación, establece, que “[…] [s]in perjuicio de las establecidas en otras
normas legales, corresponde a la Nación [entre otras] ejercer las siguientes
competencias relacionadas con la prestación del servicio público de la educación
en sus niveles preescolar, básico y medio, en el área urbana y rural […]”: i) evaluar
la gestión financiera, técnica y administrativa del sector educativo en las entidades
territoriales y el impacto de su actividad en la sociedad, facultad que se podrá
delegar en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados; ii) “[…]
[p]restar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales,
cuando a ello haya lugar […]”; iii) “[…] [v]igilar el cumplimiento de las políticas
nacionales y las normas del sector en los distritos, departamentos, municipios,
resguardos indígenas y/o entidades territoriales indígenas […]”, facultad que puede
ser delegada en los departamentos, con respecto a los municipios no certificados;
y iv) podrá distribuir los recursos para educación del Sistema General de
Participaciones, conforme a los criterios establecidos en la ley y realizar las
acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del
Sistema General de Participaciones.

42. En relación con las funciones del Ministerio de Educación Nacional, el artículo
148 de la Ley 115 de 199428 establece que corresponde a dicho Ministerio, entre

27
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”
28 “Por la cual se expide la Ley General de Educación”.

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otras, en el marco del servicio público educativo, el ejercicio de las funciones
relacionadas con la “política y planeación”, “inspección y vigilancia”, “administración”
y “normativas”.

43. El Ministerio, en el marco de las funciones de “inspección y vigilancia”, debe:
i) velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos sobre educación; ii)
asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a los municipios en el
desarrollo de los procesos curriculares pedagógicos; iii) evaluar en forma
permanente la prestación del servicio educativo; iv) fijar los criterios para evaluar el
rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores, y
v) cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón Nacional Docente y por el
Estatuto Docente, de acuerdo con lo establecido en la ley.

44. En el marco de las funciones de “administración”, se establece que al
Ministerio le corresponde: i) dirigir la actividad administrativa en el sector educativo
y ejecutar la ley; ii) coordinar a través de las Secretarías de Educación, o de los
organismos que hagan sus veces, la ejecución de los planes de desarrollo educativo
en los departamentos, distritos y municipios; iii) establecer el sistema
descentralizado de información para la adecuada planeación y administración de la
educación y para ofrecer información oportuna a la sociedad y a los padres de
familia para que puedan elegir la mejor educación para sus hijos; y iv) coordinar
todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público
en todo el territorio nacional.

45. El Decreto 2269 de 29 de diciembre de 202329 dispone en el artículo 3, entre
otras cosas, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 3°. Funciones. Corresponde al Ministerio de Educación Nacional
cumplir, además de las funciones señaladas por la ley, las siguientes:

1. Formular políticas públicas que promuevan el goce efectivo del derecho a la
educación mediante un sistema educativo disponible, permanente, de calidad y
adaptativo.
2. Promover a través de políticas públicas el derecho fundamental a la
educación, mediante el sistema educativo que asegure el acceso, calidad,
pertinencia, permanencia en condiciones de equidad, igualdad, inclusión y
accesibilidad, en todos los niveles de la trayectoria educativa completa.
[…]
5. Ejercer las acciones de regulación, inspección, vigilancia y control para garantizar
el cumplimiento de los elementos esenciales y los principios del derecho fundamental
a la educación en todo el territorio nacional.
[…]
7. Generar directrices, efectuar seguimiento y apoyar a las Entidades
Territoriales para una adecuada gestión del servicio educativo, de conformidad

29 “Por el cual se adopta la estructura del Ministerio de Educación Nacional y se determinan las funciones de

sus dependencias”.

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con los elementos esenciales y los principios del derecho fundamental a la educación
[…]”. (Destacado fuera de texto).

46. El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación y
con la participación del Ministerio de Educación Nacional, aprobó el CONPES 3831
de 3 de junio de 2015 “[…] Declaración de importancia estratégica del Plan Nacional
de Infraestructura Educativa para la implementación de la jornada única escolar
[…]”. En este documento de política pública: i) se hace un diagnóstico de la situación
de infraestructura educativa en el país; ii) se define la política; iii) se adopta el plan
de acción; y iv) se establecen los instrumentos de seguimiento y financiamiento de
la política de infraestructura educativa.

47. Mediante el artículo 59 de la Ley 1753 de 9 de junio de 2015 30, modificado
por el artículo 184 de la Ley 1955 de 25 de mayo de 2019 31, se creó el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, como cuenta especial del
Ministerio de Educación Nacional, disposición normativa que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 59. FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA. El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura es una cuenta
especial del Ministerio de Educación Nacional sin personería jurídica, cuyo objeto
es la viabilización y financiación de proyectos para la construcción,
mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura
educativa física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar,
educación básica y media, en zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias
escolares en zonas rurales dispersas, así como los contratos de interventoría
asociados a tales proyectos.
Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, se asumirán los costos en que se incurra para el manejo y
control de los recursos y los gastos de operación del fondo.
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa será administrado
por una junta cuya estructura y funcionamiento serán definidos por el Gobierno
nacional.
Los recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para
educación inicial, preescolar, básica y media provendrán de las siguientes fuentes:
a) Los provenientes del recaudo establecido en el artículo 11 de la Ley 21 de 1982,
destinados al Ministerio de Educación Nacional.
b) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto Nacional y estén contenidas en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo.
c) Los rendimientos financieros derivados de la inversión de sus recursos.
Así mismo, los proyectos de infraestructura educativa que se desarrollen a través del
Fondo podrán contar con recursos provenientes de:

30 “[…] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 `Todos por un nuevo país´ […]”.
31 […] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 `Pacto por Colombia, Pacto por la

Equidad […]”.

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Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01

d) El Sistema General de Regalías destinados a proyectos específicos de
infraestructura educativa, para los casos en que el OCAD designe al Ministerio de
Educación Nacional como ejecutor de los mismos.
e) Los recursos de cooperación internacional o cooperación de privados que este
gestione o se gestionen a su favor.
f) Aportes de los departamentos, distritos y municipios y de esquemas asociativos
territoriales: regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y
gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las
asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación,
las asociaciones de municipio y la Región Administrativa de Planificación Especial
(RAPE).
g) Participación del sector privado mediante proyectos de Asociaciones Público-
Privadas.
h) Obras por impuestos.
En caso de que un proyecto priorizado por la Junta Administradora involucre
cualquiera de los recursos de que tratan los literales d), e), f), g) y h) del presente
artículo, con cargo al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa se
podrán constituir patrimonios autónomos que se regirán por normas de derecho
privado en donde podrán confluir todas las fuentes de recursos con las que cuenten
los proyectos. Dichos Patrimonios Autónomos, podrán celebrar operaciones de
crédito interno o externo a su nombre, para lo cual la Nación podrá otorgar los avales
o garantías correspondientes.
PARÁGRAFO 1o. Todo proyecto sufragado por el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa deberá contemplar obligatoriamente los ajustes razonables
para acceso a la población con discapacidad de que trata la Ley Estatutaria 1618 de
2013 o la que la modifique o sustituya.
PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Educación Nacional diseñará mecanismos para
fortalecer la gestión y gobernanza del Fondo, incluyendo la participación de
representantes de entidades territoriales en la Junta Directiva; mejorar la coordinación
y articulación con los territorios; definir criterios de priorización para la estructuración
y ejecución de proyectos, con énfasis en iniciativas de zonas rurales dispersas y
propender por un sistema adecuado de rendición de cuentas.
PARÁGRAFO 3o. El Fondo levantará la información y elaborará el diagnóstico
de la infraestructura educativa a nivel nacional.
PARÁGRAFO 4o. El régimen de contratación del Fondo de Financiamiento de
Infraestructura Educativa estará orientado por los principios que rigen la contratación
pública y las normas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción.
La selección de sus contratistas estará precedida de procesos competitivos, regidos
por los estándares y lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, los
cuales deberán incorporar condiciones tipo, así como elementos para evitar la
concentración de proveedores y para promover la participación de contratistas
locales. Los procesos de contratación deberán tener especial acompañamiento de los
órganos de control […]”. (Destacado fuera de texto).

48. El Ministerio de Educación Nacional expidió las Resoluciones 1349 de 10 de
febrero de 202232 y 13107 de 1 de agosto de 202433, en las que establece las reglas

32 “[…] Por la cual se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de las obras de
infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa y se derogan las
Resoluciones 10281 de 2016 y 12282 de 2019 […]”.
33 “[…] Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución No. 1349 de 2022 y se regula la destinación de los

recursos contemplados en el artículo 8 de la Ley 21 de 1982 […]”.

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de financiación, cofinanciación y ejecución de las obras de infraestructura educativa
en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Educativa. Entre otras cosas, la
normativa referida regula: las prioridades de inversión; las categorías de obras de
infraestructura y el procedimiento que debe seguirse para la financiación,
cofinanciación y ejecución de obras de infraestructura educativa.

49. El artículo 4 de la Resolución 1349 de 2022 establece lo siguiente:

“[…] Artículo 4. Convocatoria. El Ministerio de Educación Nacional realizará la
convocatoria para postulación de predios por parte de las entidades territoriales
para el desarrollo de obras de infraestructura educativa y actividades conexas a
las mismas en las categorías establecidas en el artículo 3 de esta Resolución.

La apertura de la convocatoria para postulación de predios se hará mediante acto
administrativo que adoptará la guía que establece las reglas aplicables para cada
convocatoria, así como el cronograma de actividades, su alcance y los plazos para
cada una de sus etapas. Luego de finalizada cada una de las etapas, no podrá ser
sujeta de modificaciones en sus plazos y condiciones […]”. (Destacado fuera de
texto).

50. El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1433 de 5 de noviembre de 2020 34
reglamentó la conformación y funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo
de Financiamiento para la Infraestructura Educativa para la educación preescolar,
básica y media. Esta norma regula la naturaleza jurídica y finalidad del fondo, las
características, las fuentes de los recursos, la integración y funciones de la Junta
Administradora del fondo, entre otras cosas.

51. Adicionalmente, la Sala considera pertinente referir el principio de
coordinación que rige la función administrativa. Así, el artículo 209 de la Constitución
Política dispone que “[…] las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado […]”.

52. El artículo 6 de la Ley 489 de 199835 prevé lo siguiente:

“[...] Artículo 6. Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y
colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales.

En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el
ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por
los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares [...]”.

34 “[…] Por el cual se reglamenta la conformación y el funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de

Financiamiento para la Infraestructura Educativa para la educación preescolar, básica y media – FFIE, en
desarrollo del artículo 184 de la Ley 1955 de 2019, y se modifica el Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación […]”.
35 “[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional,

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”

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53. El artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 establece que “[…] en virtud del
principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de
otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el
reconocimiento de sus derechos a los particulares […]”.

54. Los artículos 41, 42 y 44 de la Ley 489 de 1998, regulan los sectores
administrativos36 y la orientación, control, coordinación y evaluación de los sectores,
al señalar lo siguiente:

“[...] Articulo 41. Orientación y control. La orientación, control y evaluación general
de las actividades de los organismos y entidades administrativas corresponde al
Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los ministros, los directores de
departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y
los representantes legales de las entidades descentralizadas y sociedades de
economía mixta de cualquier nivel administrativo.

En el orden nacional, los ministros y directores de departamento administrativo
orientan y coordinan el cumplimiento de las funciones a cargo de las
superintendencias, las entidades descentralizadas y las sociedades de economía
mixta que les estén adscritas o vinculadas o integren el Sector Administrativo
correspondiente […]”.

“[…] Artículo 44. Orientación y coordinación sectorial. La orientación del ejercicio
de las funciones a cargo de los organismos y entidades que conforman un Sector
Administrativo está a cargo del Ministro o Director del Departamento Administrativo a
cuyo despacho se encuentran adscritos o vinculados, sin perjuicio de las potestades
de decisión, que de acuerdo con la ley y los actos de creación o de reestructuración,
les correspondan [...]”.

55. Sobre el particular, la Corte Constitucional al referirse a las facultades de
supervisión, coordinación y orientación de las autoridades administrativas, las
circunscribe en el marco del control administrativo que ejercen para constatar la
armonía de las decisiones de los órganos de las entidades con las políticas
administrativas generales adoptadas por el sector37.

56. Asimismo, esta Corporación38 ha considerado que la coordinación “[...] es la
concertación de medios y esfuerzos para llevar a cabo de manera coherente una
acción común, y se presenta cuando por disposición constitucional o legal hay
competencias comunes entre dos o más autoridades públicas [...]”.

36 El artículo 42 de la Ley 489, sobre los sectores administrativos, establece que: “[…] [e]l Sector Administrativo

está integrado por el Ministerio o Departamento Administrativo, las superintendencias y demás entidades que
la ley defina como adscritas o vinculadas a aquéllos según correspondiere a cada área […]”.
37 Corte Constitucional. Sentencia C-727 del 21 de junio de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
38 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil; concepto 2226 de 8 de junio de 2016; número único

de radicación 110010306000201500137-00; C.P. Germán Alberto Bula Escobar.

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Análisis del caso concreto

57. El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 4 de julio de
2025, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Educación Nacional y amparó los derechos e intereses colectivos a la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, con ocasión de la situación en que se encuentran las sedes de la
Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de San Lorenzo.

58. El Tribunal impartió órdenes al Departamento de Nariño y al Municipio de San
Lorenzo para la protección de los derechos e intereses colectivos amparados.
Asimismo, exhortó al Ministerio para que, en caso de que el Departamento presente
el proyecto de financiación, le dé prioridad para la viabilización y financiación del
proyecto.

59. Contra la sentencia proferida por el Tribunal, el Departamento de Nariño
presentó recurso de apelación en el que sostuvo que el Tribunal no debió declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional
y, en consecuencia, solicitó que se ordenara a la cartera ministerial que, una vez el
Departamento radique el proyecto ante el Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa, el Ministerio de Educación Nacional viabilice y financie su
ejecución.

60. La Sala considera que en el presente caso no existe controversia sobre la
vulneración de los derechos e intereses colectivos que fueron amparados en la
sentencia proferida en primera instancia. Asimismo, tampoco se evidencia que
exista un debate sobre un asunto de hecho que imponga a la Sala volver sobre la
valoración probatoria que hizo el Tribunal en la sentencia, razón por la cual
únicamente se hará referencia a las pruebas allegadas al expediente en la medida
de su necesidad para resolver el caso concreto, precisando que la controversia
planteada en el recurso de apelación está relacionada con la competencia del
Ministerio de Educación Nacional para la protección efectiva de los derechos
colectivos amparados y, específicamente, sobre la legitimación en la causa por
pasiva de esa entidad.

61. Por lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos en el recurso de
apelación interpuesto por el Departamento de Nariño en el siguiente orden: i) la
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional en el caso
concreto; y ii) la necesidad de impartir órdenes al Ministerio de Educación Nacional

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con el objeto de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos en
el caso concreto.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional
en el caso concreto

62. El apoderado del Departamento señaló que con el objeto de lograr la
protección de los derechos e intereses colectivos amparados era necesario revocar
la decisión de primera instancia, mediante la cual el Tribunal declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional y, en su
reemplazo, ordenar a la cartera ministerial que una vez el Departamento radique el
proyecto ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, viabilice
y financie su ejecución.

63. El Departamento fundamentó el recurso de apelación, principalmente en las
disposiciones normativas previstas en el Decreto 1433 de 2020, que regula la
naturaleza jurídica, características y delimitación de funciones del Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa y de su Junta Administradora, lo que
a juicio del apoderado del Departamento, permite concluir que corresponde al
Ministerio de Educación Nacional viabilizar y financiar los proyectos.

64. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Departamento de Nariño estudió el
proyecto denominado “[…] Construcción de Infraestructura Educativa Nueva Sede
de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de San Lorenzo
[…]”, el cual tiene concepto favorable emitido por el Departamento, por lo que
informó que procederá a radicarlo cuanto antes ante el Fondo de Financiamiento de
la Infraestructura Educativa.

65. El Tribunal consideró respecto a la responsabilidad del Ministerio de
Educación Nacional en el caso concreto lo siguiente:

“[…] En cuanto al Ministerio de Educación, se observa que conforme a lo dispuesto
en la Ley 715 de 2001, el ente ministerial tiene unas funciones generales de dirección,
vigilancia, regulación, definición y reglamentación de la prestación de los servicios de
educación, incluyendo la distribución de recursos del Sistema General de
Participaciones, sin que ello implique de manera directa sea la responsable de
efectuar el mantenimiento o construcción de proyectos de infraestructura de las
instituciones educativas, por lo tanto, esta entidad no es responsable de la vulneración
de los derechos colectivos de la comunidad educativa de la IE Sagrado Corazón de
Jesús de San Lorenzo […]”.

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66. La Sala resalta que en materia de falta de legitimación en la causa por pasiva,
esta Sección ha considerado lo siguiente39:

“[…] Sobre el particular, la Sala destaca que en materia de acciones populares el
estudio y análisis de esta excepción supone establecer la relación jurídica
material existente entre los extremos de la litis y, a partir de esta, determinar
quién tiene injerencia real en la causa o fuente del hecho constitutivo de la
trasgresión de los derechos colectivos.

Así entonces, están legitimados por activa y pasiva, según los artículos 13 y 14 de
la ley 472, las personas naturales o jurídicas que se vean perjudicados por la violación
o amenaza a los derechos e intereses colectivos y aquellas que con su accionar u
omisión, sean las que producen dicha violación o amenaza.

Lo expuesto da cuenta de que dicha excepción constituye, a su vez, un presupuesto
procesal que, de no acreditarse, conlleva a la imposibilidad del juez de emitir un
pronunciamiento de fondo respecto del sujeto procesal en quien recae la falta de
legitimación para concurrir al litigio, siendo procedente disponer su desvinculación del
proceso […]”.

67. De acuerdo con las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico al
Ministerio de Educación Nacional, la Sala considera que tienen relación con la
protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, así como a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de la comunidad educativa y de todas aquellas personas que tienen
relación con la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de
San Lorenzo que, como se acreditó en el proceso, presenta afectaciones en su
infraestructura debido a humedades, grietas en pisos y muros, inestabilidad en la
estructura del coliseo y en el terreno en el que se ubica el colegio.

68. Para la Sala, de conformidad con lo previsto en la normativa expuesta supra,
es relevante destacar que corresponde al Ministerio de Educación Nacional “[…]
[p]restar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales,
cuando a ello haya lugar […]” y distribuir los recursos para educación del Sistema
General de Participaciones, conforme a los criterios establecidos en la ley y realizar
las acciones necesarias para mejorar la administración de los recursos del Sistema
General de Participaciones.

69. De esta manera, y a diferencia de la conclusión a la que arribó el Tribunal, la
Sala considera que el Ministerio de Educación Nacional si está legitimado en la
causa por pasiva en el caso concreto, toda vez que, aún cuando no se demostró en
el proceso que con su actuación haya vulnerado los derechos e intereses colectivos

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de septiembre

de 2025, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 190012333000202100297-01.

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Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01

que se protegen en esta sentencia, su colaboración es indispensable en el presente
caso, por cuanto es la cabeza del sector educativo, es la entidad encargada de
prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales y, es la
entidad que lidera la política pública de infraestructura educativa y tiene a su cargo
el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE en el país.

70. En este orden de ideas, la Sala destaca que el Ministerio de Educación
Nacional tiene funciones de coordinación y de dirección del sector educativo, lo que
supone que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, debe contribuir a que cese la vulneración de los derechos e
intereses colectivos amparados, por lo que esa entidad está legitimada en la causa
por pasiva.

71. Al respecto, esta Sección en providencia del 11 de julio de 2024 consideró lo
siguiente40:

“[…] En esa misma línea, la Sala considera que el Ministerio de Educación
Nacional es la entidad rectora de la política pública educativa y constituye la
cabeza del sector. Asimismo, a esta se le han asignado funciones de
coordinación en el sector educativo, que buscan, entre otras, no solo el
establecimiento de políticas públicas sobre la materia, sino la articulación del sector
y el cumplimiento de la función de vigilancia y control de la prestación del
servicio de educación en todo el territorio nacional. Adicionalmente, el Ministerio
tiene como función orientar y asesorar a las entidades territoriales en la
ejecución de las acciones que les corresponde realizar para garantizar la
adecuada prestación del servicio público.
89. Ello implica que, aun cuando al Ministerio de Educación Nacional no le
corresponden en este caso precisas funciones en materia de infraestructura ni
mucho menos la obligación de “garantizar” en forma directa el “[…] suministro
inmediato y continuo de agua potable […] [ni] la adecuación segura e idónea de la
infraestructura […]” de la Institución Educativa Guacamayas, en tanto se trata de una
obligación que se encuentra principalmente en cabeza de los entes territoriales,
conforme se explicó supra, lo cierto es que sí le asiste al Ministerio la labor
vigilancia, control y asistencia a los entes territoriales, con el objeto de generar
un escenario de coordinación que materialice el cumplimiento de la orden contenida
en la medida cautelar y a ese ámbito debe circunscribirse el entendimiento de la
medida ordenada por el Tribunal […]”. (Destacado fuera de texto).

72. En conclusión, la Sala considera que, en este específico punto, le asiste
razón al apoderado judicial del Departamento de Nariño y, en consecuencia,
revocará el ordinal primero de la sentencia apelada que declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional, tal como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 11 de julio de 2024, CP.

Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 500012333000202300268-01. En el mismo sentido
se puede ver auto de 3 de marzo de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado, CP. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 200012333000202200120-01.

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Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01

Sobre la necesidad de impartir órdenes al Ministerio de Educación Nacional con el
objeto de garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos en el caso
concreto

73. En la sentencia proferida en primera instancia el Tribunal exhortó al Ministerio
de Educación Nacional para que en caso de que el Departamento de Nariño
presente el proyecto de construcción de la Institución Educativa Sagrado Corazón
de Jesús en la convocatoria para el cofinanciamiento con recursos del Fondo de
Financiamiento para la Infraestructura Educativa, se dé prioridad al mismo y se
adelanten las gestiones para que se logre la materialización del proyecto.

74. La Sala considera que es necesario impartir la orden al Ministerio en los
términos en los que el Tribunal hizo el exhorto y, adicionalmente, complementar la
orden precisando que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, debe prestar la
colaboración necesaria en materia técnica y administrativa al Departamento de
Nariño y al Municipio de San Lorenzo para superar la situación de vulneración de
los derechos e intereses colectivos de la comunidad de la Institución Educativa
Sagrado Corazón de Jesús de esa localidad.

Sobre el comité de verificación

75. La Sala considera que es necesario modificar el ordinal séptimo de la
sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de precisar que corresponde
a la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Nariño presidir el
Comité de Verificación. Asimismo, y atendiendo a que en esta providencia se
imparten órdenes al Ministerio de Educación Nacional, también se ordenará que un
representante del Ministerio haga parte del referido comité.

76. Igualmente, se precisará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco del
Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para
garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.

Conclusiones

77. La Sala revocará el ordinal primero de la sentencia proferida en primera
instancia, en razón a que el Ministerio de Educación Nacional está legitimado en la

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causa por pasiva en el caso concreto. Adicionalmente, modificará el ordinal sexto,
en el sentido de impartir una orden al Ministerio, y el ordinal séptimo, en el sentido
de precisar que corresponde a la Magistrada Sustanciadora del Tribunal presidir el
Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia y que el Ministerio hará
parte del referido comité.

78. En lo demás se confirmará la sentencia apelada.

79. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1 y 8 del
artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 4 de julio de
2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia proferida el 4 de julio de
2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] SEXTO: ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en el marco de
sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, preste la colaboración
necesaria en materia técnica y administrativa al Departamento de Nariño y al
Municipio de San Lorenzo para superar la situación de vulneración de los derechos e
intereses colectivos de la comunidad de la Institución Educativa Sagrado Corazón de
Jesús de esa localidad.

Asimismo, en caso de que el Departamento de Nariño presente el proyecto de
construcción de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús en la convocatoria
para el cofinanciamiento con recursos del Fondo de Financiamiento para la
Infraestructura Educativa, ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, preste su
colaboración, previo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, para
la aprobación y ejecución del proyecto […]”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 4 de julio de
2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

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Núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2023-00265-01

“[…] SÉPTIMO: Conformar un Comité de Verificación de Cumplimiento de la
sentencia, el cual estará integrado por la Magistrada Sustanciadora del Tribunal
Administrativo de Nariño, quien lo presidirá, la Defensoría del Pueblo Regional
Nariño como parte accionante; el Municipio de San Lorenzo, el Departamento de
Nariño, el Ministerio de Educación Nacional, como parte accionada, y el agente del
Ministerio Público que actúa ante el Tribunal.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo de Nariño, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye
todas las órdenes de la sentencia […]”.

CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el 4 de julio de 2025
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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