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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00284-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00284-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] Cuarto. ORDENAR al Municipio de Málaga que, en aras de superar la vulneración de los derechos colectivos amparados, a partir de la ejecutoria de la sentencia, debe: i) En el término de 3 meses, realizar un estudio para, por un lado, determinar el estado actual del Aeródromo Jerónimo de Aguayo, con la finalidad de señalar los problemas estructurales y operacionales, para el efecto podrá apoyarse en la Aeronáutica Civil, y por el otro, establecer las medidas tendientes a superar las falencias identificadas y la determinación de los medios para realizar las acciones administrativas, contractuales y presupuestales que se requieran, lo que incluye entre otros, la realización de un proyecto y la consecución de los recursos para la superación de la situación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Núm. único de radicación: 680012333000201900284-01 ii) En el mismo término, debe adoptar las medidas de urgencia que considere necesarias para garantizar la prestación del servicio en los escenarios que estime pertinente. iii) Al finalizar el término indicado, debe presentar un informe ante el Comité de Verificación de la Sentencia en el que indicará las gestiones realizadas. Posteriormente, debe iniciar las gestiones para lo cual se otorga un término de 2 años, en el cual informará trimestralmente las actividades realizadas o por realizar. Para la ejecución de las obras y adecuaciones se otorga un plazo máximo de 1 año al finalizar el término anterior. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2019-00284-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 680012333000201900284-01
Actor: Danil Román Velandia Rojas
Demandados: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE; Nación - Ministerio de Transporte; Instituto Nacional de Vías – INVÍAS;
Fondo de Adaptación – FA; Nación - U.A.E. Aeronáutica Civil; Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI; Municipio de Málaga; Nación – Ministerio de Hacienda
Coadyuvantes: Edgar Leonardo Velandia Rojas y Edilberto Rojas

Tema: Derechos e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; Aeródromo; servicio público de transporte
aéreo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el actor popular y el
Municipio de Málaga contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Santander.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Danil Román Velandia, en ejercicio del respectivo medio de control, presentó
demanda1 contra el Presidente de la República de Colombia, el Ministerio de
Transporte, el Instituto Nacional de Vías; el Fondo de Adaptación, la Aeronáutica
Civil, Aeropuertos del Oriente S.A.S, la Agencia Nacional de Infraestructura – Ani;

1 Presentada el 10 de abril de 2019.

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con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses constitucionales
colectivos al goce de un ambiente sano con el goce del espacio público, la utilización
y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos viales nacionales respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes de los Municipios de la Provincia de García Rovira
capital Málaga.

Pretensiones

2. El actor formuló las siguientes pretensiones de la demanda:

“[…] Primera. Que se declare a los Demandados responsables solidariamente
Presidente República De Colombia representado por el presidente de la República
y/o quien haga sus veces al momento de la notificación, la Ministra De Transporte
representada por la señora Ministra o quien haga sus veces, al Director De Invias
representado por el señor director o quien haga sus veces, al Gerente Fondo De
Adaptación o quien haga sus veces, A la Aeronáutica Civil representada por el señor
director o quien haga sus veces y, Aeropuertos Del Oriente S.A.S quien se
encuentra representada por el representante legal o quien haga sus veces, del
Alcalde Municipal de Málaga - Santander, quien se encuentra representado por el
señor Alcalde Oscar Joya o quien haga sus veces, y en contra del señor Ministro de
Hacienda y Crédito Público-o quien haga sus veces, quienes han cometidos por
acción y omisión respectivamente la violación de los derechos constitucionales
colectivos AL ACCESO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y QUE SU PRESTACION
SEA OPORTUNDA Y EFICIENTE EN EL SERVICIO AEREO, de manera ordenada,
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de los
Municipios de la Provincia de García Rovira capital Málaga -Sdr y los municipios
colindantes.

Segunda. Que, de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a los demandados
Sírvase decretar y proceder a Habilitar en condiciones dignas el Aeropuerto
Jerónimo de Aguayo ubicado en Málaga - Santander de la Provincia de García
Rovira.

Tercera. Como consecuencia de lo anterior, Ordenar a realizar los
siguientes:

• UNA PISTA EN BUENAS CONDICIONES, HABILITADA CON LUZ,
• UN CENTRO DE CONTROL O TORRE DE CONTROL,
• UN LUGAR DE DESCANSO Y UNA PISTA ILUMINADA, YA QUE LA VÍA
CUROS – MÁLAGA, ES UN LUGAR DE HACER POLÍTICA Y DEJAR
SIEMPRE ABANDONADA A ESTA REGIÓN DE PAÍS, QUE CADA DÍA
PARECE PERTENECER MÁS A VENEZUELA O AFRICA QUE A
COLOMBIA.

Cuarta. Que se me reconozca en caso de ser condenados a los demandados
a tasar v ordenar a Pagar la Recompensa que trata el Artículo 45 de la 472
de 1998, En concordancia del Artículo 1005 del Código Civil por remisión
expresa de la Ley 9 de 1989, así como el Decreto 2303 de 1989, Ia Sentencia
C- 215 de 1999 de la Corte Constitucional y en virtud del por el principio "Lex
posterior generalis non derogat legi speciali priori", al no estar derogado y no
ser incompatible por el artículo 2 de la ley 1425 de 2010.
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Quinta. Que se condene a los demandados a costas y agencias en derecho
[…]”2.

Presupuestos fácticos

3. El actor indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

3.1. El Municipio de Málaga - Santander, es la capital de la Provincia de García
Rovira, la cual abarca trece municipios. Esta región es reconocida por su ganadería,
piscicultura, productos lácteos y derivados, así como por su agricultura. Estos
aspectos constituyen los pilares básicos de su economía y desarrollo local.

3.2. La vía terrestre Los Curos - Málaga es famosa por una acción popular y por
el Puente Hisgaura, una obra valuada en 100 mil millones de pesos, que debía estar
operativa desde el 31 de agosto de 2019. Presuntamente, la obra está influenciada
por intereses políticos y, además, otras dos obras relacionadas no se han
construido.

3.3. La vía Los Curos - Málaga, fue construida hace más de 70 años y
pavimentada hace más de 20 años. Los 124 kilómetros de vía destapada en un
75%, tiene una duración en tiempo de viaje de 7 a 12 horas, dependiendo del clima
y mantenimiento, lo cual la convierten en un verdadero desafío.

3.4. El Aeropuerto Jerónimo de Málaga, con una sola pista de aterrizaje, carece
de seguridad, de lugar de arribo e iluminación para emergencias médicas, lo que lo
convierte en un lugar potencialmente inseguro. Esta situación refleja las difíciles
condiciones de transporte en la región.

3.5. La Provincia de García Rovira, es un lugar recóndito frecuentado por políticos
durante campañas, pero ignorado en términos de inversión y desarrollo. Comparado
con otras regiones del país, sigue siendo el último lugar en recibir inversiones para
mejorar las oportunidades en salud, turismo y crecimiento económico.

2 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 015

ReformaDemanda.
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Contestaciones de la demanda3

4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE contestó la demanda y su reforma, se opuso a las pretensiones formuladas
en la demanda, así:

4.1. Se debe desvincular a la Presidencia de la República, toda vez que no se
encuentra legitimada en la causa para actuar como parte demandada, porque no es
la autoridad competente para responder por las pretensiones de la demanda por
falta de competencia funcional.

4.2. No existe acción u omisión por parte de la Presidencia de la República que
conlleve a la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
mencionados por el demandante, frente a la ausencia de peligro, agravio o daño
contingente, no hay lugar a disponer de su protección y deberá declararse la
improcedencia de la acción.

4.3. Solicitó su desvinculación del proceso o en su defecto se denieguen las
pretensiones de la demanda.

4.4. Presentó como razones de defensa las que denominó: “Falta de legitimación
en la causa por pasiva material de la Presidencia de la República”; “Inexistencia de
vulneración de derechos e intereses colectivos por parte de la Presidencia de la
República”; “Insuficiencia probatoria”; y “Ausencia de responsabilidad frente a la
presunta vulneración de derechos colectivos”.

5. La Nación - Ministerio de Transporte contestó la demanda y su reforma,
se opuso a las pretensiones formuladas, así:

5.1. Dentro de sus funciones no se encuentra el mantenimiento, construcción,
rehabilitación y señalización de la infraestructura aeroportuaria y en consecuencia
no puede responder por ninguna de las pretensiones.

5.2. Propuso como excepciones las que denominó: “Falta de legitimación material
en la causa por pasiva”; y “Ausencia de pruebas que demuestren la vulneración de
los derechos colectivos invocados”.

3 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal. Índice 00002.

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6. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, contestó la demanda y su
reforma, se opuso a las pretensiones formuladas, así:

6.1. Propuso como excepciones las que denominó: “Ineptitud sustantiva de la
demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad contemplado en el
inciso tercero del artículo 144 del CPACA”; “Falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Agencia Nacional de Infraestructura (Aeropuerto de Málaga –
Santander no es concesionado)”; “Inexistencia de la afectación de los derechos
colectivos invocados”; y “Incumplimiento del principio procesal de onus probandi
incumbit actori -al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que
funda su acción”.

7. El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, contestó la demanda y su reforma,
se opuso a las pretensiones formuladas, así:

7.1. Su vinculación al proceso no tiene ningún fundamento en consideración a
que el Aeropuerto Jerónimo, ubicado en Málaga – Santander, no es de su
competencia. En ese entendido, existe una falta de legitimación en la causa por
pasiva.

7.2. En relación con el mantenimiento y readecuación del aeropuerto objeto de
examen, sin que ello implique aceptar que las obras solicitadas sean viables
técnicamente, no se probó la viabilidad o procedencia técnica de las mismas.

7.3. Propuso como excepciones las que denominó: “La genérica”; “La protección
de derechos colectivos y el decreto de obras públicas”; “De la inexistencia de la
prueba que conlleve a la legitimación en la causa por pasiva”; “Improcedencia de la
acción popular por haber utilizado la herramienta constitucional como una sexta
instancia respecto del carreteable Curos – Málaga”; “De la cosa juzgada en el
evento que los hechos segundo, tercero, cuarto y sexto puedan configurar una
eventual pretensión”; y “De la falta de legitimación en la causa por pasiva del
INVIAS”.

8. El Fondo de Adaptación, contestó la demanda y su reforma, se opuso a las
pretensiones formuladas, así:

8.1. Consultadas las bases de postulaciones presentadas ante el Fondo de
Adaptación, no se evidenció que, con el objeto de construir un aeropuerto en el

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Municipio de Málaga, no se presentó ninguna postulación, razón por la cual la
entidad no tienen competencia respecto de lo solicitado en la acción popular.

8.2. En la acción popular de la vía Curos – Málaga, tramitada bajo el radicado
2015-00847 e iniciada por el mismo actor popular del presente proceso, se
estableció que la competencia del Fondo Adaptación se limita exclusivamente a la
tercera fase de atención a la emergencia, atinente a la recuperación y
reconstrucción de las zonas afectadas por causa del fenómeno de la niña 2010-
2011, ello en virtud del artículo 1° del Decreto 4819 de 2010.

8.3. El actor popular ya conoce la competencia del Fondo Adaptación, de la que
se desprende que no es competente frente a las pretensiones de la presente acción,
toda vez que las gestiones en el aeropuerto de Málaga, nada tienen que ver con el
obrar y las funciones del Fondo Adaptación, ni con las afectaciones que produjo la
ola invernal del fenómeno de la niña 2010 – 2011.

8.4. Frente a la pretensión relacionada con el pago de la recompensa, el actor
popular desconoce el precedente judicial aplicable, porque a través de dicha
recompensa se pretende la satisfacción de intereses subjetivos de carácter
particular y no colectivos, además de indicar, que los incentivos de los artículos 39
y 40 de la Ley 472 de 1998 fueron derogados por el artículo 1° de la Ley 1425 de
2010.

8.5. Propuso como excepciones las que denominó: “Carencia de objeto de la
acción popular ante su improcedencia para reclamar derechos de carácter particular
de contenido subjetivo”; “Inexistencia de derechos colectivos vulnerados que sean
objeto de protección con esta acción popular”; “Falta de legitimación por pasiva del
Fondo de Adaptación”; “La ejecución de obras de infraestructura aeroportuaria no
es un derecho colectivo y menos aún se aportó prueba alguna que demuestre que
existe riesgo, amenaza o vulneración evidente y real de un derecho colectivo”; y
“excepción genérica”.

9. La Nación – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil,
contestó la demanda y su reforma, se opuso a las pretensiones formuladas, así:

9.1. El aeropuerto es propiedad del municipio, razón por la cual le corresponde el
mantenimiento de sus instalaciones. Sin embargo, realizó visita técnica de vigilancia
con el fin de verificar las condiciones de operación y determinar las no

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conformidades que deben ser corregidas por el municipio de a cuerdo con la
categoría del aeropuerto. Además, señaló que no es la explotadora de sus
instalaciones, equipos y servicios.

9.2. El artículo 14.3.1.2.1 del Reglamento Aeronáutico de Colombia – RAC 14
permite que la Aeronáutica Civil preste apoyo técnico a través de la Secretaría de
Sistemas Operacionales en lo concerniente al desarrollo de las obras que se
pretendan adelantar por solicitud del municipio.

9.3. La Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil de la unidad
tiene funciones de inspección y vigilancia en el cumplimiento de estándares técnicos
definidos para la operación de aeródromos, aeropuertos y helipuertos establecidas
en el artículo 16 de Decreto 823 de 16 de mayo de 2017.

9.4. Los explotadores de aeródromos -artículo 1816 del Código de Comercio- son los
dueños de las instalaciones, equipos y servicios. Identificó que el aeródromo se
encuentra dentro de la categoría de no controlado, al no contar con personal en la
torre de control que coordine las llegadas y salidas de las aeronaves en su área,
pero no significa que esté fuera de servicio. Que de acuerdo con la OACI existen
procedimientos para la operación de manera segura de los aeródromos no
controlados y se ha efectuado visitas para verificar el cumplimiento de los
estándares técnicos exigibles y a la fecha de presentación de la demanda existen
no conformidades informadas a la Alcaldía de Málaga.

9.5. En suma, la aeronáutica ejerce funciones de autoridad en materia de
inspección y vigilancia y no en materia de prestación de servicios aeroportuarios y
ha cumplido con esa labor.

9.6. Propuso como excepción las que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”; y “Inexistencia de vulneración de derechos colectivos”;
“Inexistencia de responsabilidad y nexo causal”.

10. La Nación - Ministerio de Hacienda, contestó la demanda y su reforma, se
opuso a las pretensiones formuladas, así:

10.1. Se encuentra en imposibilidad de realizar un pronunciamiento sobre la
veracidad de estos. En efecto, no tiene dentro de sus funciones, competencias
relacionadas con la prestación del servicio aeronáutico ni garantiza la seguridad vial

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terrestre o aérea, ni la planeación, diseño o implementación de sistemas de
transporte público. Por esa razón, desconoce las condiciones en las que se
encuentra la vía terrestre los Curos – Málaga o el Aeropuerto Jerónimo de Aguayo.

10.2. Como razones de defensa, indicó que el ministerio no puede intervenir en
funciones que corresponden a otras entidades que cuentan con autonomía e
independencia. Se refirió al principio de especialización presupuestal.

10.3. Propuso como excepciones las que denominó: “Falta de legitimación en la
causa por pasiva”; y “Redundante representación de la Nación”.

11. El Municipio de Málaga, no contestó la demanda y su reforma.

La audiencia de pacto de cumplimiento

12. El Tribunal, mediante audiencia de 20 de abril de 2022, realizó la audiencia
especial de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes4.

Sentencia proferida, en primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de 23 de agosto de
2024, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto del Fondo Adaptación – FA, el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo. Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la Aeronáutica Civil – Aerocivil, Ministerio de Hacienda, la
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI y el Ministerio de Transporte de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero. Declarar probada la vulneración de los derechos intereses colectivos al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así
como a la utilización y defensa de los bienes de uso público por parte del Municipio
de Málaga, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

Cuarto. En consecuencia, Ordenar al municipio de Málaga la ejecución de las
siguientes actividades, en aras de superar la violación de los derechos colectivos
amparados, para lo cual se le concederá un término de doce (12) meses, contados
a partir de la notificación de esta providencia:

1) Realizar todas las acciones administrativas, contractuales, presupuestales y
jurídicas necesarias para garantizar que se efectúen los arreglos, obras y
adecuaciones que garanticen las condiciones mínimas de seguridad y la

4 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal. Índice 00028.

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operatividad del servicio de transporte aéreo del Aeródromo Jerónimo de Aguayo.
Para el efecto anterior deberá acudir al apoye técnico de la Aeronáutica Civil y
adoptar las directrices señaladas en los informes de vigilancia y control.

2) En caso de que no lo hubiere hecho ya, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la notificación de está providencia, de curso a las acciones policivas y demás
gestiones jurídicas pertinentes, con miras a realizar el desalojo de quienes se
encuentren ocupando el predio donde se encuentra ubicado el Aeródromo Jerónimo
de Aguayo, pues se trata de un bien imprescriptible por ser de propiedad del Estado
en cabeza del municipio de Málaga.

En todo caso, durante el trámite del procedimiento policivo de desalojo para
recuperar el espacio público, las autoridades locales y de policía deberán
implementar medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales
de los(as) afectados(as), particularmente el debido proceso verificando si se trata
de sujetos de especial protección.

Quinto. Ordenar a la Aeronáutica Civil para que, en el marco de sus competencias,
y en el término de cuatro (04) meses brinde el apoyo necesario a la entidad
territorial, en el sentido de indicar de manera detallada cuáles son las obras de
mantenimiento y adecuación que se deben efectuar para permitir la operatividad y
levantar la suspensión del permiso de operación.

Sexto. Instar a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Ministerio de
Transporte y al Ministerio de Hacienda, para que en el marco de sus funciones
apoyen al municipio de Málaga en el desarrollo de las obras a realizar en el
aeródromo Jerónimo de Aguayo.

Séptimo. Ordenar al Municipio de Málaga que en el término de seis (6) meses
siguientes a la notificación de esta providencia, adelante campañas de
concientización y de sensibilización para que la comunidad se abstenga de realizar
conductas que atenten contra la infraestructura del Aeródromo y desarrollar
actividades en sus instalaciones, ello con miras a minimizar los riesgos contra su
integridad y preservar la seguridad operacional del aeródromo. Lo anterior sin
perjuicio de las acciones sancionatorias a las que hubiere lugar.

Octavo: Ordenar la conformación del Comité de verificación que deberá estar
integrado el actor popular, un representante del municipio de Málaga y un
representante de la Aeronáutica Civil.

Noveno: Condenar en costas al municipio de Málaga a favor del actor populares.
Su liquidación se hará por intermedio de la Secretaría de esta Corporación, de
acuerdo con las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.

Décimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Décimo primero. Envíese copia de la sentencia a la Defensoría del Pueblo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Décimo segundo. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias,
previas las constancias y anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI. […]”5.

Consideraciones del Tribunal

14. El Tribunal consideró como problema jurídico el siguiente: “[…] determinar si
la falta de obras de construcción, mantenimiento y habilitación del Aeródromo

5 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002, archivo denominado:
007ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2.
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Jerónimo de Aguayo del municipio (sic) de Málaga, vulnera o amenaza los derechos
colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, así como el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público de los habitantes del Municipio y de la provincia de García
Rovira. De ser afirmativa la respuesta deberá establecerse la responsabilidad de
las entidades demandas en la afectación de los derechos e intereses colectivos
mencionados […]”.

14.1. Como tesis señaló que conforme a las pruebas se determinó que la falta de
mantenimiento y adecuaciones en el aeródromo constituye una vulneración del
derecho al acceso a servicios públicos eficientes, en particular el transporte aéreo,
crucial para la región debido a las malas condiciones de la vía terrestre Curos-
Málaga. Este deterioro también afecta el derecho a la salud y la vida, ya que el
transporte aéreo es vital para trasladar pacientes de Málaga a Bucaramanga, donde
hay servicios médicos de mayor complejidad.

14.2. Evidenció que, el aeródromo se encuentra en un estado crítico, con graves
deficiencias estructurales y operativas, lo que ha llevado a la Aeronáutica Civil a
suspender su permiso de operación.

14.3. En cuanto a las responsabilidades de las entidades demandadas determinó
que el Municipio de Málaga es responsable por la omisión en el mantenimiento de
la terminal aérea. Frente a la Aeronáutica Civil si bien se considera que no vulnera
derechos e intereses colectivos, conforme a las competencias de ley se ordena
brindar el apoyo técnico necesario a la entidad territorial, en el sentido de indicar de
manera detallada cuáles son las obras de mantenimiento y adecuación que se
deben efectuar para permitir la operatividad y levantar la suspensión del permiso de
operación. Instó a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, Ministerio de
Transporte y al Ministerio de Hacienda, para que en el marco de sus funciones
apoyen al Municipio de Málaga en el desarrollo de las obras a realizar en el
aeródromo Jerónimo de Aguayo.

14.4. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa respecto
de legitimación en la causa por pasiva respecto del Fondo Adaptación – FA, el
Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República.

14.5. Analizó el marco normativo y jurisprudencial de los derechos colectivos
invocados como demandados.

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14.6. Encontró probado que: i) el mal estado y los problemas estructurales de la
pista; ii) la necesidad de realizar obras de mantenimiento y reconstrucción para
adecuar la pista con los requisitos de una pista clave 2ª operativa en horario diurno;
iii) la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, en razón a que el transporte aéreo es un
servicio público esencial y el Estado tiene el deber de garantizar su prestación
integral; iv) el transporte aéreo, al ser un servicio público esencial, también garantiza
otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida; v) no está probada la
vulneración del derecho colectivo a la buena calidad de bienes y servicios, dado que
el aeródromo no presta actualmente ningún servicio debido a la suspensión de su
permiso de operación. No existe entonces una relación de consumo ni prestación
del servicio que permita evaluar su calidad, por lo que no se puede alegar la
vulneración de este derecho colectivo en los hechos presentados; vi) encontró
probado el derecho colectivo a la utilización y defensa de los bienes de uso público,
pues se encuentra demostrado que el Aeródromo Jerónimo de Aguayo es propiedad
del Municipio de Málaga, como fue expuesto en el informe de la Aeronáutica Civil y
como fue reconocido por el mismo Municipio mediante documento del 11 de enero
de 2021 en respuesta al requerimiento probatorio; y debido a que la jurisprudencia
del Consejo de Estado ha reconocido que este tipo infraestructura aeroportuaria
propiedad del Estado, constituye un bien de uso público.

14.7. En relación con la responsabilidad de las entidades demandadas, Municipio
de Málaga es propietario del Aeródromo Jerónimo de Aguayo, en consecuencia es
su explotador y es responsable de su administración y mantenimiento; Aeronáutica
Civil tiene como función la supervisión y sanción en relación con la prestación de
servicios aeroportuarios, se probó que actuó en debida forma y por ello no se le
señaló como responsable; Fondo de Adaptación, se declaró su falta de legitimación
en la causa por pasiva; Agencia Nacional de Infraestructura, tiene competencia para
proponer iniciativas de concesión en proyectos de infraestructura de transporte,
pero no se le señaló como responsable.

14.8. En cuanto al Instituto Nacional de Vías, declaró la falta de legitimación en la
causa porque no tiene competencias relacionadas con la infraestructura
aeroportuaria; Ministerio de Transporte, no se declaró la prosperidad de la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y tampoco se señaló como
responsable; Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus
funciones no se vinculan a la entidad con los hechos que son objeto del presente
asunto; Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le asiste interés en el asunto

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porque es una entidad que se encarga de apropiar y delegar el presupuesto de
inversión de las obras públicas y es necesaria su colaboración para apropiar los
recursos.

Recurso de apelación presentado por el actor popular6

15. El actor popular presentó escrito por medio del cual interpuso el recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes
términos:

15.1. Indicó que los recursos del municipio son insuficientes para cumplir con la
orden judicial y por esa razón, consideró que el encargado del servicio público es la
Aerocivil y no el Municipio de Málaga, el cual busca el medio físico para facilitar el
uso del sistema aéreo, pero no está como objeto misional. Que se requiere del
apoyo financiero y técnico por parte del Ministerio de Transporte.

15.2. Señaló que en aplicación del principio de solidaridad es necesaria la
vinculación para el cumplimiento de las órdenes, de las entidades como el Ministerio
de Transporte, la Aerocivil y el Ministerio de Hacienda para que contribuyan en el
marco de sus obligaciones a la construcción de un proyecto que permita el servicio
aéreo en la provincia de García Rovira y su capital Málaga – Santander. Resaltó
que se debe tener en cuenta que es un municipio de Sexta Categoría, el cual no
tiene recursos para llevar a cabo las obras que se requieren.

15.3. Solicitó que en relación comité de verificación de la sentencia, debe estar
integrado por el magistrado ponente o el procurador delegado para que rinda el
informe el alcalde del municipio, el ministro de Transporte, el Ministerio de Hacienda,
el director general de Aerocivil, el director o presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura y el actor popular.

15.4. Requirió la publicación de una valla en donde se indique el sentido del fallo,
el radicado y la entidad que debe cumplir; con la finalidad de que no sea usada la
decisión judicial como un “producto de índole político”.

15.5. Solicitó que se ordene y condene de manera solidaria al Ministerio de
Transporte, Aerocivil, ANI, Municipio de Málaga – Santander y al Ministerio de
Hacienda presentar un cronograma en el término de 3 meses a la fecha de
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia para que se indique: i) entrega de

6 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal. Índice 00054.

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copia del proyecto de construcción, mejora y habilitación del aeródromo de Málaga
– Jerónimo Aguayo, indicando la fecha de inicio y terminación de las obras
definitivas; ii) presenten un proyecto provisional de inversiones para habilitar el uso
del aeródromo, incluyendo el cerramiento arreglo de pista, el cual no podrá ser
superior a 6 meses; y iii) la realización de campañas preventivas para el uso
adecuado del aeródromo.

15.6. Por último, solicita la condena en costas y agencias en derecho.

Recurso de apelación presentado por el Municipio de Málaga - Santander7

16. El Municipio de Málaga presentó escrito por medio del cual interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los
siguientes términos:

16.1. Indicó que es un municipio que se encuentra clasificado en la sexta categoría,
el cual cuenta con una capacidad presupuestal anual alrededor de los
$30.000.000.000 de la cual tiene destinación especifica para garantizar el
funcionamiento, inversión y deuda pública. Que, si bien es cierto, el aeródromo es
propiedad del Municipio de Málaga – Santander, no es posible ni presupuestal ni
funcionalmente dar cumplimiento a los requerimientos que en materia legal le
corresponde a la aeronáutica civil.

16.2. Expresó que el encargado del servicio público aéreo es la Aerocivil no el
Municipio de Málaga, por cuanto en lo que respecta, facilita el medio físico para el
uso del sistema aéreo, pero no tiene como objeto misional y funcional garantizar el
servicio, por el contrario; le compete mejorar la facilidad del uso público, de tener
sistemas para atender las necesidades de la capital de la Provincia de García
Rovira.

16.3. Manifestó que no basta solo con el apoyo técnico o de conocimiento por parte
de la Aeronáutica Civil, pues los recursos que se requieren para el aeródromo son
mas o menos 80 mil millones de pesos, en donde el municipio no cuenta con la
capacidad financiera, ni la posibilidad de empréstitos para atender el fallo judicial.

16.4. Consideró que, en concordancia con el principio de solidaridad, es el estado
en cabeza del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, la

7 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI del Tribunal. Índice 00055.

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Aeronáutica Civil y el Ministerio de Hacienda, los que garantizan y suministran los
recursos para atender obras como estas.

16.5. Señaló que en relación con la vía los Curos – Málaga, se tramitó un proceso
que a pesar de tener una doble instancia en el Tribunal Administrativo de Santander
desde el año 2019 cuenta con 60 kilómetros sin pavimentar y mas de 11 puntos
críticos sin atender.

16.6. Señaló que, respecto de la Aeronáutica Civil, es la entidad responsable de
poner en funcionamiento los aeródromos, al contar con competencia estatal para
realizar ese tipo de proyectos. Resaltó que el municipio dentro del marco de sus
capacidades financieras y de endeudamiento, realiza unas acciones mínimas para
la prestación del servicio aéreo. Sin embargo, ante la necesidad de otro medio
alternativo diferente al corredor vial, solo existe la posibilidad de mejorar la
capacidad del aeródromo, por lo que es necesaria la participación de las entidades
para contribuir en el cumplimiento de la sentencia.

16.7. Solicitó por un lado, la revocatoria de la sentencia proferida en primera
instancia, y por el otro, de manera subsidiaria la modificación de la sentencia para
ordenar al Ministerio de Transporte, Aerocivil, Agencia Nacional de Infraestructura
y Ministerio de Hacienda, presentar un cronograma y disponibilidad presupuestal a
efectos de que informen y ejecuten el proyecto de construcción, mejora y
habilitación del aeródromo de Málaga, indicando fecha de inicio y terminación y su
apertura provisional.

Actuaciones en segunda instancia

17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 20258, admitió
los recursos de apelación. El Ministerio Público no rindió concepto, ni las partes se
pronunciaron en relación con los recursos de apelación.

18. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes9
manifestó impedimento en los términos del numeral 3.° del artículo 130 de la Ley
1437 de 18 de enero de 201110.

8 Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00004.
9
Escrito de 5 de marzo de 2025.
10
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

19. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos, y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

20. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 199811, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 1312 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201913, sobre la distribución
de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el artículo 15014 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201115, sobre competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

21. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por las partes en sus recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia de 23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, de conformidad con los artículos 32016 y 32817 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201218, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472.

11 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
12 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90.
13 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]” Modificado por el artículo
1° del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024, “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y
82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
14 Modificado por las leyes 1564 y 2080 y en concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de
2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos
que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
15 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
17 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
18 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito
de 5 de marzo de 202519, invocando para ello la causal prevista en el numeral 3.°
del artículo 130 de la Ley 1437, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos:
[…]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]” (Destacado
fuera de texto).

23. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3 por cuanto: “[…] la señora Margarita María Revelo
Ramírez, compañera permanente del señor Carlos Alberto Osorio Cifuentes,
hermano del suscrito, actualmente se encuentra vinculada en el cargo de Asesora
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, parte
demandada en el proceso de la referencia […]”.

24. Vistos los artículos: i) 130, numeral 3.°; y 13120, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

25. Asimismo, visto: i) el artículo 35 del Código Civil21, sobre el parentesco por
consanguinidad; ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad; y iii)
el artículo 47 Código Civil22, que dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre […]”.

“[…] Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre
dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en
segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto
grado de consanguinidad entre sí […]”

19
Cfr. índice 00016 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.
20 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
21 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.
22 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.

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“[…] Artículo 47. Afinidad legítima. Afinidad legítima es la que existe entre una
persona que está o ha estado casada y los consanguíneos legítimos de su marido o
mujer. La línea o grado de afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de
su marido o mujer, se califica por la línea o grado de consanguinidad legítima de dicho
marido o mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de
afinidad legítima, en la línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior
matrimonio; en segundo grado de afinidad legítima, en la línea transversal, con los
hermanos legítimos de su mujer […]”.

26. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los
administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

27. La Corte Constitucional23 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

28. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la ley 1437, la Sala resalta que esta
Sección, mediante autos de 15 de diciembre de 202324 y, en especial, de 9 de mayo
de 202425, consideró lo siguiente:

“[…] Ahora bien, el hecho que soporta la manifestación de impedimento consiste en
que la señora Margarita María Revelo Ramírez, compañera permanente de Carlos
Alberto Osorio Cifuentes, quien es hermano del Consejero de Estado Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, se encuentra vinculada al DAPRE como asesora.

Respecto a la causal de impedimento invocada, numeral 3.° del artículo 130 del
CPACA, la Sala ha sostenido que para que se configure dicha causal deben concurrir
dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) su condición de servidor público de una
entidad pública que intervenga en el respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado.

Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos establecidos
en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que al presente proceso fue
vinculado el DAPRE como entidad de la rama ejecutiva del poder público y el
Consejero Osorio Cifuentes tiene una relación en el segundo grado de afinidad con
la señora Revelo Ramírez, que ostenta la condición de servidora pública del nivel
asesor en la comentada parte demandada en el proceso de la referencia.

23 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; medio de control de nulidad

identificado con el NUR. 110010324000202300027-00. Consejera Ponente, doctora Nubia Margoth Peña
Garzón.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; proceso de acción popular

identificado con el NUR. 470012333000202200173-02. Consejero Ponente, doctor Oswaldo Giraldo López.
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En consecuencia, se declarará fundado el impedimento, pues se configura la causal
dispuesta en el numeral 3° del artículo 130 del CPACA […]”.

29. Siguiendo el criterio de la Sección Primera y atendiendo a que, en el presente
caso, la señora Margarita María Revelo Ramírez es compañera permanente del
señor Carlos Alberto Osorio Cifuentes, quien es hermano del Consejero de Estado,
doctor German Eduardo Osorio Cifuentes, la Sala considera que entre la señora
Revelo Ramírez y el Consejero de Estado, doctor German Eduardo Osorio
Cifuentes, existe una relación en el segundo grado de afinidad y, en consecuencia,
al estar nombrada en una de las entidades demandadas, en un cargo del nivel
asesor, en este caso, se configura la causal de impedimento invocada.

30. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numerales 3.° del artículo 130 de la Ley 1437,
conforme se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al
Consejero de Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.

Los problemas jurídicos

31. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación resolver:

31.1. Si el Municipio de Málaga es responsable del mantenimiento y
funcionamiento del Aeródromo Jerónimo Aguayo.

31.2. Si es procedente ordenar al Ministerio de Transporte, a la U.A.E. Aeronáutica
Civil, a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Hacienda, en el
marco de sus competencias legales, constitucionales y reglamentarias, que en
concurrencia con el Municipio de Málaga – Santander, realicen un proyecto de
construcción, mejora y habilitación del aeródromo de ese municipio.

31.3. Si es procedente la publicación de una valla física y virtual de las órdenes
impartidas en la sentencia proferida en primera instancia.

31.4. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, en primera instancia.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

32. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

32.1. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

32.2. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.

32.3. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.

32.4. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”26.

32.5. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de

2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
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tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

33. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante […]”.

33.1. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 27, ha
considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes de
hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de
las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración

27 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
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del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34
Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos
vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

33.2. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]28”.

Análisis del caso concreto

34. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
referidos en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

35. El Tribunal concluyó que: i) la falta de mantenimiento y adecuaciones en el
aeródromo constituye una vulneración del derecho al acceso a servicios públicos
eficientes, en particular el transporte aéreo, el cual es importante para la región
debido a las malas condiciones de la vía terrestre Curos – Málaga; ii) el aeródromo
se encuentra en un estado crítico con graves deficiencias estructurales y operativas
lo que llevó a la Aeronáutica Civil a suspender su permiso de operación; iii) el
Municipio de Málaga es responsable por la omisión en el mantenimiento y se
requiere del apoyo técnico de la Aeronáutica Civil para la identificación de las obras
de mantenimiento y adecuación que se deben realizar para permitir la operatividad
y el levantamiento de la suspensión del permiso de operación; iv) se exhortó a las
entidades que en el marco de sus funciones apoyen al Municipio de Málaga en el
desarrollo de las obras a realizar; y v) se declaró probada la falta de legitimación en
la causa respecto de la legitimación en la causa por pasiva respecto del Fondo de
Adaptación, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.

36. En los recursos de apelación, por un lado, el presentado por el actor popular
se discute sobre la concurrencia de algunas entidades demandadas para que
solidariamente junto con el Municipio de Málaga realicen el proyecto de
construcción, mejora y habilitación del aeródromo de ese municipio, y por el otro, el
Municipio de Málaga, considera que el encargado del servicio público aéreo es la

28 Ibidem.

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Aeronáutica Civil y por esa razón no solo basta con su conocimiento técnico sino
financiero para garantizar el servicio de transporte aéreo.

37. En el caso sub examine no se discute sobre la vulneración o amenaza de los
derechos colectivos invocados, en efecto, de los recursos de apelación se deriva el
reconocimiento por parte del Municipio de Málaga en relación con el estado del
aeródromo, el cual no tiene esquema de seguridad y tampoco de iluminación,
además no cuenta con malla y las personas transitan sin restricción, lo cual genera
un peligro para sus vidas, entre otros factores que hacen necesaria su adecuación
y posterior uso para la comunidad. Además de la suspensión del permiso de
operaciones otorgado por la Aeronáutica Civil al considerar que no cumple con las
condiciones mínimas de seguridad operacional.

38. El Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia, determinó la
necesidad del transporte aéreo “[…] al ser un servicio público esencial, también
garantiza otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida. El servicio
aéreo es crucial para el traslado de pacientes del Hospital Regional de García
Rovira en Málaga a hospitales de mayor complejidad […]”. Se probó con el informe
realizado por el Hospital Regional que “[…] entre julio de 2022 y 2023 realizaron 714
traslados de pacientes a mayor nivel de complejidad, y afirma que el servicio aéreo
es una necesidad esencial para garantizar el traslado de pacientes médicos a
Bucaramanga, pues el hospital de Málaga es de segundo nivel y los hospitales de
municipios cercanos como pamplona (Norte de Santander) y Soata (Boyacá) tienen
el mismo nivel de complejidad que el Hospital de Málaga, por lo que Bucaramanga
es el municipio más cercano que tiene la posibilidad de prestar servicios de tercer y
cuarto nivel de complejidad […]”.

39. Además, concluyó que “[…] el mal estado de la vía terrestre Curos – Málaga
(que comunica con Bucaramanga) conlleva un traslado de 5 a 6 horas y cuando
está cerrada dicha vía, los pacientes deben acceder por la vía Málaga – Pamplona
– Bucaramanga incrementando su recorrido a 9 horas. En contraste, el transporte
aéreo permite un traslado de aproximadamente 90 minutos […]”. En ese sentido, se
resaltó la necesidad y la urgencia de disponer de un servicio aéreo eficiente para el
traslado rápido y seguro de los pacientes críticos.

40. El actor popular y el Municipio de Málaga coinciden en sus argumentos de
apelación en que: i) el Municipio de Málaga no es el encargado del servicio público
aéreo sino la U.A.E. Aeronáutica Civil y ii) los recursos públicos del municipio son

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“insuficientes para cumplir la orden judicial”, por esa razón consideran necesaria la
vinculación de manera solidaria de las entidades demandadas – Ministerio de
Transporte, U.A.E Aeronáutica Civil, Agencia Nacional de Infraestructura y Ministerio de
Hacienda.

41. En consecuencia, se analizará lo relacionado con las competencias de las
entidades mencionadas para efectos de verificar su concurrencia para el
cumplimiento de las órdenes proferidas en la sentencia de primera instancia,
además, en relación con el Municipio de Málaga, se definirá su responsabilidad, por
cuanto considera que las demás entidades demandadas deben presentar el
proyecto de construcción, mejora y habilitación del aeródromo.

42. Adicionalmente, se analizará si las órdenes impartidas en la sentencia
proferida en primera instancia cumplen con el fin de proteger el derecho o el interés
colectivo amenazado o vulnerado.

43. La Sala destaca que, en sentencia de 28 de junio de 2017, el Tribunal
Administrativo de Santander amparó los derechos colectivos a la seguridad pública
y a la prevención de desastres previsibles técnicamente en la vía Los Curos -
Málaga. El Tribunal consideró que: “[…] (i) existen unos hechos que demuestran
que el tránsito por la vía entre Los Curos – Málaga es riesgoso por: a) carecer de
pavimento, especialmente en las zonas cuyo suelo es arcilloso, b) existir taludes
que por las mismas condiciones ambientales y geológicas pueden derrumbarse o
generar deslizamientos, c) tener el suelo de la vía unas propiedades que permiten
su movimiento o deslizamiento, y d) hay muchos aspectos pendientes en la vía por
mejorar, (ii) todo lo cual configura un daño contingente frente a los derechos a la
seguridad pública y prevención de desastres previsibles técnicamente, ya que las
características en la vía generan riesgo de accidentalidad para quienes transitan por
ella. Se acredita entonces, el primero de los supuestos necesarios para proferir una
sentencia que proteja derechos colectivos […]”.

44. En ese caso, se ordenó al INVIAS que, dentro de los 3 meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, formule un proyecto para la gestión del riesgo que
actualmente muestra la vía denominada Los Curos – Málaga, determine el
cronograma de ejecución y fecha de culminación de su pavimentación total.

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45. Por su parte, esta Sección en sentencia de 6 de junio de 2019 29, al resolver
los recursos de apelación interpuestos por el actor popular, el Instituto Nacional de
Vías y el señor Edgar Leonardo Velandia Rojas, en contra de la mencionada
sentencia, determinó como problema jurídico a resolver si: “[…] ¿hubo vulneración
de los derechos colectivos invocados como transgredidos, con ocasión de que el
INVÍAS no ha dado un cabal cumplimiento a las funciones que por ley le
corresponde, en lo atinente a la gestión del riesgo que actualmente muestra la vía
denominada Los Curos – Málaga y a la entrega de la pavimentación total de la
misma, si se tiene en cuenta que la normativa que reglamenta lo concerniente a la
red vial nacional primaria impone, a cargo de dicho ente, los deberes y obligaciones
de construcción, reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación, conservación y
atención de emergencias? […]”.

46. Por lo anterior, el caso que se estudió en esa oportunidad se trataba del
estado de la vía Los Curos – Málaga, ahora bien, el caso sub examine, tiene que
ver con el Aeródromo Jerónimo de Aguayo en el Municipio de Málaga. En ese
entendido, la Sala constata que ambos casos tratan de asuntos diferentes tanto en
sus pretensiones como en el sustento fáctico. Aclarado lo anterior, se procederá a
resolver el caso concreto.

En relación con la Responsabilidad del Municipio de Málaga – Santander en el
caso concreto

47. Es imperativo en esta instancia precisar, quien es el responsable de la
operación y mantenimiento del aeródromo. En línea con lo probado, el predio donde
se encuentra construido es de propiedad del Municipio de Málaga, de acuerdo con
la escritura pública número 618 del 22 de diciembre de 2015 de la Notaría Segunda
de Málaga. Además, cuenta con permiso de operación, otorgado mediante la
Resolución núm. 0011 del 9 de enero de 1968 “Por la cual se renueva el permiso
de operación a varios Aeródromos del territorio nacional”.

48. Los aeródromos se definen como un área determinada en tierra o agua (que
incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos) destinada total o
parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves 30. El

29
Modificada y adicionada por la sentencia de 6 de junio de 2018, NUR 68001-23-33-000-2015-00847-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
30 Artículo 14.1 del Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14 “Aeródromos, aeropuertos y helipuertos”.

Adoptado mediante Resolución núm. 01092 del 13 de marzo de 2007 “Por la cual se adoptan unas normas

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reglamento aeronáutico también precisa que un aeródromo certificado, es aquel que
ha sido objeto de inspección y, en consecuencia, se le ha emitido a su explotador la
correspondiente certificación, previa comprobación de los requisitos técnicos
establecidos en los reglamentos.

49. En relación con el mantenimiento de los aeródromos, el artículo 14.3.10.1 del
RAC señala que: “[…] El explotador de un aeropuerto abierto a la operación pública
debe establecer un plan de mantenimiento, incluyendo cuando sea apropiado
un programa de mantenimiento preventivo, para asegurar que las
instalaciones, los sistemas de iluminación, las ayudas visuales, el área de
maniobras, las zonas de seguridad se conserven en condiciones tales que no
afecten desfavorablemente a la seguridad, regularidad o eficiencia de la
navegación aérea […]” (Destacado fuera de texto).

50. Se resalta que ningún aeródromo puede ser utilizado sin permiso de
operación otorgado por la Aeronáutica Civil31, que es la autoridad en materia
aeronáutica en todo el territorio nacional y tiene como competencia regular,
certificar, vigilar y controlar a los prestadores de servicios a la aviación civil, el uso
del espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello 32.

51. Respecto del permiso de operación del aeródromo, el artículo 1822 del
Código de Comercio establece unos eventos en los que procede su cancelación o
suspensión: i) cuando desde el aeródromo se atente contra la seguridad del Estado;
ii) cuando no se cumpla lo dispuesto en el artículo 1812, o en cualquier otra forma
se abuse del aeródromo; iii) cuando se autorice, a solicitud del propietario. Si el
explotador fuere persona distinta, se requerirá su asentimiento; iv) cuando se
deteriore en forma peligrosa para las maniobras; y v) cuando no se lleve el registro
de aeronaves que toquen en el aeródromo o no se cumplan las órdenes y los
reglamentos de la autoridad.

52. Igualmente corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 105 de 1993 sancionar
administrativamente a los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas

sobre Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos y se adicionan como Parte Décimo Cuarta a los Reglamentos
Aeronáuticos de Colombia” expedida por El Director General de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil.
31 Artículo 1813 del Código de Comercio.
32 Decreto 1294 de 14 de octubre de 2021 “Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa

Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)”.
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con el sector por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas
que regulan las actividades aeronáuticas.

53. Esta Sección ha considerado en casos similares que: “[…] al MUNICIPIO es
a quien le compete adelantar todas aquellas gestiones necesarias de
mantenimiento para asegurar que las instalaciones, los sistemas de iluminación, las
ayudas visuales, el área de maniobras y las zonas de seguridad se conserven en
condiciones tales que no afecten desfavorablemente la seguridad, regularidad o
eficiencia de la navegación aérea, aspectos que no fueron atendidos en debida
forma por parte del ente territorial demandado […]”33.

54. En consecuencia, el aeródromo es de propiedad del Municipio de Málaga al
encontrarse en un predio de su propiedad y en efecto está a cargo de su
administración, explotación y mantenimiento.

55. Se resalta que, el transporte aéreo es, por mandato de la ley, un servicio
público esencial, lo que significa que es regulado por el Estado bajo su control y
vigilancia. La ley 105 de 1993, define el transporte público como “[…] una industria
encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de
vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector […]”, y califica
su operación como “[…] un servicio público, regulado por el Estado y bajo su control
y vigilancia en aras de su calidad, oportunidad y seguridad […]”34 La ley 336 de 1993
establece una especial protección estatal para el transporte; señala que “[…] como
servicio público continúa bajo la dirección, regulación y control del Estado […]”;
dispone que el transporte público por “[…] tener el carácter de esencial y regulado,
implica la prelación del interés general sobre el particular […]”; y también define la
“actividad transportadora” como “un conjunto organizado de operaciones” que
permite llevar a las personas y a las cosas de un lugar a otro, utilizando uno o varios
modos y de acuerdo con las regulaciones de las autoridades competentes35.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022,

NUR 25000-23-41-000-2015-00582-01, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
34 Ley 105 de 1993 (diciembre 30), “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se

redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación
en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.” Art. 3º. “Principios del transporte público. El transporte
público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos
apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y
seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: /
1. Del acceso al transporte…/ 2. Del carácter de servicio público del transporte. / La operación del transporte
público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia
necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad. / (…).
35 Ley 336 de 1996 (diciembre 20) “Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte”. Art. 4º. “El transporte

gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las
disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan nacional de desarrollo y como servicio
público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda
serle encomendada a los particulares.” Art. 5º. “El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del

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56. La Ley 105 en el artículo 19 dispone que corresponde a la Nación y a las
entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los
componentes de su propiedad relacionados con la infraestructura de transporte.

57. El Municipio de Málaga argumentó que, el encargado del servicio público
aéreo es la Aerocivil, no el municipio. Del recuento normativo supra, dentro de las
competencias de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se tiene;
por un lado, que es la encargada de regular, certificar, vigilar y controlar a los
proveedores de servicios de la aviación civil, y por el otro, opera, explota y provee
los servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo. En el caso concreto al
ser un aeródromo a cargo del municipio, este tiene deberes al ser su explotador, de
mantener las condiciones de seguridad, servicio y mantenimiento para las
instalaciones, además se resalta que, en cuanto a la prestación de los servicios
públicos, en específico de transporte, es inherente a la finalidad social del Estado y
está sujeto a intervención y reglamentación de las autoridades competentes. En ese
entendido, no se despachará favorablemente ese punto de la apelación.

58. Si bien para el caso concreto el principal responsable y tal como se determinó
en la sentencia proferida en primera instancia, es el Municipio de Málaga, la
Aeronáutica Civil tiene un papel importante en la protección de los derechos
colectivos invocados, toda vez que, es la encargada de vigilar las condiciones del
aeródromo y controlar su operatividad. Además, brinda asistencia técnica
aeronáutica a las entidades territoriales propietarias de aeropuertos y aeródromos
en el marco de sus funciones, dentro de las cuales se destacan, “[…] [d]irigir,
organizar y coordinar el desarrollo del transporte aéreo en Colombia […]”; “[…]
[b]rindar o recibir asistencia técnica nacional o internacional bajo acuerdos de
cooperación bilateral o multilateral […]” y ”[…] [a]tender las necesidades del sector
mediante la gerencia de proyectos, la analítica avanzada y la digitalización y
automatización de procesos, para el desarrollo en infraestructura, mejora de
servicios, gestión de riesgos, toma de decisiones, desarrollo y capacitación del
talento humano, gestión del conocimiento, entre otros […]”.

Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del
interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la
protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo.
/ El servicio privado de transporte es aquel que tiende a satisfacer necesidades de movilización de personas o
cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas. (…).”Art. 6º. “Por
actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado
de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de
conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los reglamentos
del Gobierno Nacional.”/ [Los modos de transporte corresponde al terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, férreo.]
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59. La Sala considera que, en relación con las órdenes impartidas a la
Aeronáutica Civil, estas son adecuadas y se encuentran en concordancia con sus
funciones.

En relación con el argumento de apelación denominado: “principio de
solidaridad para los campos fiscales”

60. El actor popular considera que: “[…] en concordancia con el principio de
solidaridad para los campos fiscales, técnicos, se hace necesario que en virtud del
marco de sus funciones, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, LA AEROCIVIL, EL
MINISTERIO DE HACIENDA, CONTRIBUYAN EN EL MARCO DE SUS
OBLIGACIONES, para ayudar a CONSTRUIR UN PROYECTO, que permita
cumplir con los lineamientos de la sentencia judicial […]”.

61. El mencionado principio ha sido definido por la Corte Constitucional como:
“[…] un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al
conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad
en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. La dimensión de la
solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de
coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime
cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su
condición económica, física o mental […]”36.

62. La Sala interpretará el argumento de apelación en el entendido que lo que se
aduce es la aplicación del principio de subsidiariedad de competencias entre la
Nación y los entes territoriales, el cual implica que “[…] por una parte, […] el Estado
no requiere intervenir cuando los individuos se basten a sí mismos. El apoyo del
Estado se requiere allí en donde se hace imposible o demasiado difícil poder
satisfacer de manera eficaz las necesidades básicas. No se puede proyectar el
principio de subsidiariedad sobre el tema de distribución de competencias entre la
Nación y las Entidades Territoriales de manera simplista. Bien sabido es, que así
como existen municipios relativamente autosuficientes existen otros sumidos en la
absoluta pobreza y precariedad. En vista de que no existe una forma única y mejor
de distribuir y organizar las distintas competencias y dada la presencia de profundos
desequilibrios y enormes brechas presentes en las distintas Entidades Territoriales,
la distribución y organización de competencias significa un proceso continuo […]”37.

36 Corte Constitucional, sentencia C-767 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
37 Corte Constitucional, Sentencia C-983 de 2005, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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63. Al respecto la Corte también ha considerado que la prestación de los
servicios públicos es compartida entre la Nación y las Entidades Territoriales y se
distribuye según los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El
Estado, sea nacional o territorial, tiene importantes responsabilidades en materia de
prestación de servicios públicos, se reitera, los servicios públicos son inherentes a
la finalidad social del Estado y se debe garantizar una prestación eficiente de los
servicios a todos los habitantes del territorio nacional.

64. En el ordinal quinto de la sentencia proferida en primera instancia, se ordenó
a la Aeronáutica Civil, que brindara apoyo necesario a la entidad territorial para que
indicara de manera detallada cuales son las obras de mantenimiento y adecuación
que se deben efectuar para permitir la operatividad y así levantar la suspensión del
permiso de operación. Por su parte en el ordinal sexto, se instó a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de
Hacienda, para que en el marco de sus funciones apoyaran al Municipio de Málaga
en el desarrollo de las obras a realizar en el aeródromo Jerónimo de Aguayo.

65. La Sala considera que las órdenes mencionadas materializan la aplicación
del principio de subsidiariedad que rige las relaciones entre los distintos niveles de
gobierno para garantizar la intervención de la Nación cuando se compruebe la
necesidad y la concurrencia de las competencias de las entidades, las cuales fueron
determinadas en la sentencia proferida en primera instancia. En relación con
Ministerio de Transporte, tiene como función apoyar y prestar colaboración técnica
a los organismos estatales en los planes y programas que requieran asistencia
técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura física 38; Agencia
Nacional de Infraestructura, tiene como función la identificación, evaluación y
proposición de iniciativas de concesión para desarrollar infraestructura de transporte
y además funciones de asesoría a las entidades territoriales39.

66. En cuanto al Ministerio de Hacienda, tiene funciones relacionadas con la
apropiación de presupuesto para inversión de obras públicas y en esa medida
puede colaborar si es del caso al municipio.

67. La Sala considera que, en caso de requerirlo, en virtud de los principios de
concurrencia, subsidiariedad y coordinación, el Municipio de Málaga puede acudir

38 Decreto 87 del 17 de enero de 2011, artículo 2.
39 Decreto 87 del 17 de enero de 2011, artículo 4.

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30

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al Departamento de Santander para solicitar de su colaboración y apoyo en las
gestiones que requiera.

68. Por esa razón, no se despachará favorablemente la solicitud del actor popular
en relación con este punto del recurso de apelación.

En relación con la falta de recursos del Municipio de Málaga, en el caso
concreto

69. La Sala considera que la insuficiencia de recursos públicos para la protección
de los derechos e intereses colectivos no constituye una justificación compatible con
los postulados constitucionales.

70. Esta Sección, en la sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que
las autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial de
protección de derechos e intereses colectivos en la falta de recursos. En esa
oportunidad, se precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos colectivos
garantizados por la Constitución y la ley demandan atención prioritaria de las
autoridades administrativas, y si su actuación no colma las exigencias de
protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del Juez
Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea debidamente
atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”40. (Destacado fuera de texto).

71. La tesis indicada supra, ha sido sostenida por esta Corporación de forma
reiterada. En efecto, en sentencia proferida el 25 de octubre de 2001, se señaló que:

“[…] La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en
manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el
fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que
sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular […]”41.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 25 de

octubre de 2001, C.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, proceso identificado con número único de
radicación 2000-0512-01(AP).
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31

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72. En el mismo sentido, la Sección Primera, mediante sentencia proferida el 5
de septiembre de 2002, con ocasión de una demanda en la que se pretendía la
construcción de la infraestructura de alcantarillado en el Barrio El Salvador del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, afirmó:

“[…] Se reitera que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción
ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección
se instauró. Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar
a las autoridades municipales que efectúen las gestiones administrativas y
financieras necesarias para obtenerlos […]”42 (Destacado fuera de texto).

73. En esta misma línea, en providencia proferida el 6 de julio de 2006, se
consideró lo siguiente:

“[…] la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la
demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección aquella
se instauró, y que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades
públicas que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para
obtener los recursos necesarios.

[…] es deber de las autoridades públicas adelantar las actuaciones de orden
administrativo, presupuestal y financiero que permitan la consecución de los
recursos necesarios para adelantar las obras ordenadas, aclarándose, en todo
caso, que si bien dichas gestiones no pueden ser inmediatas, tampoco pueden
prolongarse en el tiempo, ya que en modo alguno pueden los entes públicos dilatar
indefinidamente las soluciones a las necesidades colectivas ni permanecer
indiferentes ante los riesgos que amenacen los derechos y la seguridad de los
ciudadanos […]”43 (Destacado fuera de texto).

74. En relación con la falta de recursos económicos, esta Sección reiteró, en
sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, que las autoridades no pueden excusar
el incumplimiento de una orden judicial o la garantía de los derechos con
fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 5 de

septiembre de 2002, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, proceso identificado con núm. único de radicación 2001-
0303-01(AP-531)
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 6 de julio

de 2006, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, proceso identificado con núm. único de radicación 680012315
000200200489 010, citada en sentencia de 3 de octubre de 2024, NUR 200012333000201800087-02, C.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
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primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”44 (Destacado fuera de texto).

75. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado que la falta de capacidad presupuestal de las entidades que deben
cumplir una orden judicial para la protección o el restablecimiento de los derechos
e intereses colectivos no es un motivo suficiente para revocar la sentencia o para
evitar una obligación a cargo de la parte demandada toda vez que ello desconoce
que el Estado Social de Derecho tiene como fin garantizar la efectividad de los
derechos y principios constitucionales, así como la vigencia de un orden justo.

76. En efecto, el legislador facultó al juez para que en una acción popular pueda
proferir órdenes de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se
haya causado un daño al derecho o interés colectivo y a favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a cargo y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior cuando sea físicamente posible45.

77. En el caso sub examine, la sentencia proferida, en primera instancia, es
razonable y proporcional en la medida que atiende a las necesidades de la
comunidad, de acuerdo con lo probado en el proceso, y se encuentra en el marco
de las competencias constitucionales, legales y reglamentarias del Municipio de
Málaga y de las demás entidades que deben concurrir en el cumplimiento de la
sentencia.

78. Las órdenes judiciales para la protección de los derechos e intereses
colectivos llevan inmersa la obligación de adelantar las gestiones necesarias ante
las entidades del orden territorial o nacional para la consecución de recursos
públicos o la financiación de proyectos para el mantenimiento y el cumplimiento de
las condiciones para el levantamiento de la suspensión del permiso de
funcionamiento.

79. La Sala observa que las órdenes impartidas son pertinentes y razonables.
Por lo tanto, no es aceptable la excusa de falta de recursos económicos para su
ejecución y no se resolverá favorablemente el recurso de apelación en este punto.

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo de

2019, núm. único de radicación 170012333000201700452-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
45 Artículo 34 de la Ley 472

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En relación con las medidas ordenadas en la sentencia proferida en primera
instancia para garantizar la protección de los derechos colectivos en el caso
concreto

80. Tanto el actor popular como el Municipio de Málaga coinciden en la
modificación de las medidas impartidas para la protección de los derechos
colectivos, las cuales, según su recurso de apelación deberían encaminarse, por
una parte a la “[…] presentación de un cronograma y disponibilidad presupuestal
[…]” para la ejecución del proyecto de construcción, mejora y habilitación del
aeródromo de Málaga, indicando la fecha de inicio, terminación y la apertura
provisional, y por la otra, “[…] presentar un CRONOGRAMA EN EL TÉRMINO DE
TRES (3) MESES, a la fecha de ejecutoria de la segunda instancia a efectos de que
indique: 2.1 entreguen copia del proyecto de construcción, mejora y habilitación del
aeródromo de Málaga – jerónimo aguayo, indicando fecha de inicio, fecha de
terminación de las obras definitivas. 2.2. procedan a presentar un proyecto
provisional de inversiones, para habilitar el uso del aeródromo, incluyendo el
cerramiento arreglo de pista, el cual no podrá ser superior a seis (6) meses contados
a partir de la ejecutoria […]”. Adicionalmente el actor popular requiere de la
realización de campañas preventivas, para el uso adecuado del aeródromo y la
publicación de una valla física y virtual.

81. La Sala considera pertinente pronunciarse previamente en relación con las
dos últimas solicitudes antes de entrar a resolver el punto sobre las medidas. Al
respecto, el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida ordenó
al “[…] Municipio de Málaga que en el término de seis (6) meses siguientes a la
notificación de esta providencia, adelante campañas de concientización y de
sensibilización para que la comunidad se abstenga de realizar conductas que
atenten contra la infraestructura del Aeródromo y desarrollar actividades en sus
instalaciones, ello con miras a minimizar los riesgos contra su integridad y preservar
la seguridad operacional del aeródromo. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
sancionatorias a las que hubiere lugar […]”. La mencionada orden satisface la
solicitud del actor popular y por esa razón se confirmará en su integridad.

82. Ahora bien, en relación con la solicitud de la “valla física y virtual”, la Sala
considera que no es suficiente el argumento “de que no sea utilizado el fallo como
un producto de índole político” para proceder a su despacho favorable, por cuanto
el cumplimiento de las medidas no depende de esa situación sino de la actividad de

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verificación del comité integrado por las partes y precedido por el Magistrado
Ponente, el cual será conformado nuevamente por esta Sala.

83. Entrando en materia, la Sala considera que, para garantizar la eficacia de los
derechos vulnerados, el juez popular tiene unas facultades para adoptar las
medidas que sean conducentes y pertinentes con la finalidad de proteger el derecho
o interés colectivo y prevenir que se vuelva a incurrir en acciones u omisiones que
puedan dar lugar a la realización de otra situación de amenaza o vulneración. En
consecuencia, la Sala modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida en primera instancia, en los siguientes términos:

84. Se ordenará al Municipio de Málaga que, en aras de superar la vulneración
de los derechos colectivos amparados, a partir de la ejecutoria de la sentencia,
deberá:

i) En el término de 3 meses, realizar un estudio para, por un lado,
determinar el estado actual del Aeródromo Jerónimo de Aguayo, con la
finalidad de señalar los problemas estructurales y operacionales, para el
efecto podrá apoyarse en la Aeronáutica Civil, y por el otro, establecer las
medidas tendientes a superar las falencias identificadas y la
determinación de los medios para realizar las acciones administrativas,
contractuales y presupuestales que se requieran, lo que incluye entre
otros la realización de un proyecto y la consecución de los recursos para
la superación de la situación.

ii) En el mismo término, deberá adoptar las medidas de urgencia que
considere necesarias para garantizar la prestación del servicio en los
escenarios que estime pertinente.

iii) Al finalizar el término indicado, deberá presentar un informe ante el
Comité de Verificación de la Sentencia en el que indicará las gestiones
realizadas. Posteriormente, deberá iniciar las gestiones para lo cual se
otorgará un término de 2 años, en el cual informará trimestralmente las
actividades realizadas o por realizar. Para la ejecución de las obras y
adecuaciones se otorgará un plazo máximo de 1 año al finalizar el término
anterior.

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iv) En caso de que no lo hubiere realizado, dentro de los 6 meses siguientes
a la notificación de está providencia, de curso a las acciones policivas y
demás gestiones jurídicas pertinentes, con miras a realizar el desalojo de
quienes se encuentren ocupando el predio donde se encuentra ubicado
el Aeródromo Jerónimo de Aguayo, pues se trata de un bien
imprescriptible por ser de propiedad del Estado en cabeza del municipio
de Málaga. En todo caso, durante el trámite del procedimiento policivo de
desalojo para recuperar el espacio público, las autoridades locales y de
policía deberán implementar medidas adecuadas para la protección de
los derechos fundamentales de los(as) afectados(as), particularmente el
debido proceso verificando si se trata de sujetos de especial protección.

85. En consecuencia, se modificará el ordinal quinto para ordenar a la
Aeronáutica Civil que, en el marco de sus competencias, y en el término 3 meses
brinde el apoyo necesario a la entidad territorial, en el sentido de indicar de manera
detallada cuáles son las obras de mantenimiento y adecuación que se deben
efectuar para permitir la operatividad y levantar la suspensión del permiso de
operación. De acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

Del Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia

86. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal octavo, lo siguiente:

“[…] Octavo: Ordenar la conformación del Comité de verificación que deberá estar
integrado el actor popular, un representante del municipio de Málaga y un
representante de la Aeronáutica Civil. […]”.

87. La Sala considera que se debe modificar el ordinal octavo de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2024 por el Tribunal
administrativo de Santander, en lo relacionado con la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar que corresponderá al
Magistrado sustanciador del Tribunal, en primera instancia, la labor de presidir el
Comité.

88. Asimismo, se clarificará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco
del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias
para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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89. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

Conclusiones

90. La Sala modificará los ordinales cuarto, quinto y octavo de la parte resolutiva
de la sentencia de 23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, por cuanto amparó los derechos colectivos previstos en el artículo 4° de
la Ley 472 de 1998, relacionados con acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, así como a la utilización y defensa de los bienes
de uso público con ocasión de la falta de mantenimiento y adecuación del
Aeródromo Jerónimo de Aguayo, lo cual impide que esté en condiciones apropiadas
para ofrecer el servicio de trasporte aéreo, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] Cuarto. ORDENAR al Municipio de Málaga que, en aras de superar la
vulneración de los derechos colectivos amparados, a partir de la ejecutoria de la
sentencia, debe:

i) En el término de 3 meses, realizar un estudio para, por un lado, determinar el
estado actual del Aeródromo Jerónimo de Aguayo, con la finalidad de señalar
los problemas estructurales y operacionales, para el efecto podrá apoyarse en
la Aeronáutica Civil, y por el otro, establecer las medidas tendientes a superar
las falencias identificadas y la determinación de los medios para realizar las
acciones administrativas, contractuales y presupuestales que se requieran, lo
que incluye entre otros, la realización de un proyecto y la consecución de los
recursos para la superación de la situación.

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ii) En el mismo término, debe adoptar las medidas de urgencia que considere
necesarias para garantizar la prestación del servicio en los escenarios que
estime pertinente.

iii) Al finalizar el término indicado, debe presentar un informe ante el Comité de
Verificación de la Sentencia en el que indicará las gestiones realizadas.
Posteriormente, debe iniciar las gestiones para lo cual se otorga un término de
2 años, en el cual informará trimestralmente las actividades realizadas o por
realizar. Para la ejecución de las obras y adecuaciones se otorga un plazo
máximo de 1 año al finalizar el término anterior.

iv) En caso de que no lo hubiere realizado, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de está providencia, de curso a las acciones policivas y demás
gestiones jurídicas pertinentes, con miras a realizar el desalojo de quienes se
encuentren ocupando el predio donde se encuentra ubicado el Aeródromo
Jerónimo de Aguayo, pues se trata de un bien imprescriptible por ser de
propiedad del Estado en cabeza del Municipio de Málaga. En todo caso, durante
el trámite del procedimiento policivo de desalojo para recuperar el espacio
público, las autoridades locales y de policía deberán implementar medidas
adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados,
particularmente el debido proceso verificando si se trata de sujetos de especial
protección […]”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] Quinto. Ordenar a la Aeronáutica Civil para que, en el marco de sus
competencias, y en el término de 3 meses brinde el apoyo necesario a la entidad
territorial, en el sentido de indicar de manera detallada cuáles son las obras de
mantenimiento y adecuación que se deben efectuar para permitir la operatividad y
levantar la suspensión del permiso de operación […]”.

CUARTO: MODIFICAR el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia de
23 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] Octavo: Ordenar la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento
de esta sentencia, el cual estará integrado por: i) el Magistrado Ponente –quien lo
presidirá-; ii) el actor popular; iii) un representante o delegado del Municipio de
Málaga – Santander; iv) un representante o delegado de la Aeronáutica Civil; y v) el
Procurador Judicial de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente
decisión.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo de Santander, en el marco del Comité de Verificación,
podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su
cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

QUINTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 23 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

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Núm. único de radicación: 680012333000201900284-01

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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